La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
La Gobernación de Antioquia declaró la calamidad pública para las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Suroeste. En el departamento hay más de 9.000 familias afectadas y 11 puentes dañados por las fuertes lluvias de los últimos días.El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres declaró la calamidad pública luego de las intensas precipitaciones en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Suroeste antioqueño. Hasta ahora, los reportes de las autoridades indican que las lluvias dejan 13 municipios gravemente afectados.La llegada de diferentes entidades a las zonas damnificadas deja un saldo de 9.160 familias afectadas, 25 vías dañadas, cuatro acueductos veredales pendientes de reparación, 11 puentes golpeados por las precipitaciones y más de 22.000 estudiantes que permanecen en semiescolaridad.Daniel Galeano, director (e) del DAGRAN, mencionó que ya se han enviado más de 5.000 ayudas humanitarias a los 24 albergues habilitados para los damnificados en el departamento.“Nos permitirá aportar de manera eficiente y oportuna a las más de 9.160 familias en temas como educación, vivienda, infraestructura y servicios públicos y, sobre todo, mantener la entrega de las ayudas humanitarias, como lo hemos hecho desde el primer momento”, indicó.Los municipios que han reportado afectaciones en Antioquia son Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Murindó, Vigía del Fuerte, El Bagre, Zaragoza y Urrao, donde se espera atención urgente a las comunidades golpeadas por las lluvias.Con la declaratoria de calamidad pública, el departamento de Antioquia podrá hacer inversiones para atender a las familias, así como disponer de los recursos necesarios para la infraestructura vial, las viviendas y otros daños, como los registrados en los cultivos.
Aunque las autoridades en el departamento de Antioquia mantienen la atención puesta en las graves consecuencias que ha dejado la ola invernal en 13 municipios, el orden público no deja de ser un dolor de cabeza para la Fuerza Pública, que enfrenta una situación alarmante en Yondó.Siguen las repercusiones tras los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en el corregimiento de Puerto Matilde. El reporte entregado por la Gobernación de Antioquia dejó en evidencia que la disputa entre grupos criminales en zona rural dejó cerca de 17 familias desplazadas hace dos semanas, las cuales huyeron hasta el casco urbano para salvaguardar su integridad.Luego de que incluso se atacaran con drones algunas viviendas en la vereda San Francisco, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que todas las personas desplazadas continúan siendo atendidas con ayuda institucional, mientras la Fuerza Pública intenta llegar al territorio para recuperar el control de la zona.“Alrededor de 50 personas. La Gobernación de Antioquia, de la mano con la Alcaldía de Yondó, les está prestando toda la asistencia humanitaria, y el Ejército va avanzando hacia el corregimiento de Puerto Matilde para hacer presencia allí”, aseguró.Mientras se espera la llegada del Ejército Nacional a esta zona del Magdalena Medio antioqueño y que así las más de 50 personas damnificadas por la violencia puedan regresar a sus hogares, las autoridades locales insisten en la presencia activa de grupos armados que complican día a día la seguridad del municipio.Cabe mencionar que hace tres semanas fue hallado un cilindro con letras alusivas a las FARC, lo que encendió las alarmas no solo por la presencia de las disidencias, sino también por la ya conocida del ELN y el Clan del Golfo, que estarían detrás de los mencionados enfrentamientos que posteriormente generaron los desplazamientos.
Estos fueron los temas tratados y debatidos en El Andén este viernes, 6 de febrero de 2026:El politólogo y asesor político Juan Sebastián Pérez, el activista del Pacto Histórico Juan Diego Sanabria y el candidato a la Cámara Cristian Gómez se subieron a El Andén para debatir hacia dónde va el Frente por la Vida sin Iván Cepeda tras la decisión del CNE.Escuche el programa completo aquí:
La Asociación de Distribuidores de Gasolina del Suroccidente emitió un comunicado en el que asegura que las estaciones de gasolina en los departamentos del Valle y Cauca, que son más de 300, han asumido una conducta responsable y coherente en la aplicación de la normativa reguladora de precios.En el documento se explica que en esta región se están aplicando dos regímenes. En primer lugar, en las ciudades de Cali, Palmira, Tuluá, Cartago y Popayán rige la libertad vigilada, donde los márgenes del distribuidor minorista de combustible son fijados libremente. En los demás municipios aplica el régimen de libertad regulada, que establece un tope máximo de venta al público.La asociación aclaró que actualmente el precio promedio de la gasolina en la región está alrededor de los 16.100 pesos, pese a que el precio de referencia fija un margen de 16.502 pesos.“En aplicación estricta de esta normativa, las estaciones de servicio del suroccidente colombiano han asumido una conducta responsable y coherente con el interés general. A pesar de los incrementos sostenidos en el precio de referencia, los distribuidores minoristas han optado por no trasladar la totalidad de estos ajustes al consumidor, manteniendo precios por debajo del valor de referencia oficial”, indica el comunicado.Mientras tanto, las autoridades en Cali han iniciado varios recorridos para verificar la realidad en las estaciones de la ciudad, luego de recibir varias denuncias en las que se indicaba que algunas de ellas no habrían ajustado los precios con la reducción de 500 pesos. Si bien se tienen algunas estaciones de combustible previamente identificadas, las visitas se realizarán de manera aleatoria.
Hacia las 11:24 de la noche comenzó el ataque perpetrado por la guerrilla del ELN en contra del Batallón de Infantería N.º 15, General Francisco de Paula Santander, ubicado en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. Varios explosivos fueron lanzados contra la unidad militar desde un vehículo tipo volqueta, que fue ubicado en la vía nacional que comunica esa ciudad con los municipios de Ábrego y Cúcuta.En total, cuatro suboficiales, entre ellos tres hombres y una mujer, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Emiro Quintero Cañizares. Además, uno de los responsables del lanzamiento de los explosivos fue dado de baja y otro más resultó herido y fue capturado.Tras la revisión minuciosa realizada por las autoridades y los organismos de socorro, se constató que varios artefactos explosivos quedaron sin detonar al interior de la unidad militar. Ahora se espera que un grupo experto en explosivos adelante los protocolos necesarios para retirarlos del sitio.El ataque también dejó sin servicio de energía eléctrica a gran parte del municipio de Ocaña. Las imágenes que comenzaron a circular minutos después del atentado reflejan que la afectación principal se presentó en el Casino de Suboficiales y en instalaciones aledañas a este lugar. En ese sector también se encuentran varias casas fiscales.Este es el segundo ataque de esta índole que se presenta contra el Batallón Santander. El último de ellos causó afectaciones en el helipuerto y, de manera simultánea, fueron atacadas varias estaciones de Policía en el Catatumbo. Los responsables son integrantes de la guerrilla del ELN, como retaliación al último bombardeo realizado por las Fuerzas Militares en zona rural entre los municipios de Tibú y El Tarra.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
El antiguo secretariado de las Farc publicó una carta en la que le pedían al presidente Gustavo Petro una reunión para abordar el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Para los excomandantes de la extinta guerrilla este tribunal no está cumpliendo con lo acordado en La Habana, durante las negociaciones con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Los exjefes de las extintas Farc aseguran que esta situación podría llevarlos a apartarse de algunas decisiones que tome la JEP.La organización Abogados Sin Fronteras publicó una carta dirigida al fiscal Karim Khan, de la Corte Penal Internacional, en la que piden hacer seguimiento a esta situación en Colombia, teniendo en cuenta que el antiguo secretariado también ha propuesto un tribunal de cierre del conflicto."Si bien la propuesta no tiene realidad jurídica aún, manteniéndose intacta la arquitectura institucional de la JEP, si establece un antecedente preocupante, pues se apunta en la dirección de su eliminación. En este sentido, se considera pertinente que la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (fiscal de la CPI) tome nota de este asunto y lo haga objeto de monitoreo en concordancia con el Acuerdo de Cooperación suscrito en octubre del 2021", señala la carta de la organización.Para Abogados Sin Fronteras la labor de la JEP no puede ser obstruida, pero, además, advierten que la propuesta del tribunal de cierre no solo haría más engorroso el cumplimiento del derecho a la justicia de las víctimas, sino que también podría llevar a la intervención del Fiscal de la CPI."Se debe recordar que la JEP trabaja actualmente sobre once (11) macrocasos con una multiplicidad de víctimas de diferentes orígenes culturales, identitarios y étnicos. Asimismo, se encuentran vinculados a su jurisdicción miles de comparecientes que habrían tenido participación y responsabilidad en las conductas criminales. De manera que, proponer la sustitución de la JEP por un “tribunal de cierre” como lo hacen los máximos jefes de las extintas Farc, generaría un enorme impacto en la seguridad jurídica de los propios comparecientes y en las víctimas que verían burlada su expectativa y esperanza en la acción de la justicia en cabeza de la JEP", señala el documento enviado al fiscal Khan.
Durante el último ciclo de diálogos en La Habana, Cuba, se prorrogó el cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el ELN, hasta el próximo 3 de agosto. En esta ronda de conversaciones se firmó el protocolo de las acciones específicas que están prohibidas mientras el cese esté vigente.En el punto 14 de este protocolo se hace claridad acerca de “no utilizar de manera alguna a menores de 15 años de edad en el conflicto armado, conforme con el Derecho Internacional Humanitario, incluyendo acciones de inteligencia y bélicas”, según se lee en el texto.El senador Iván Cepeda, quien hace parte de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN, se refirió a los alcances de este acuerdo haciendo claridad de que en ningún momento significa que el grupo tenga un aval o autorización para reclutar o utilizar menores de 18 años."Lo que ha ocurrido en realidad es que hay un compromiso con relación a un aspecto del Derecho Internacional Humanitario pero eso no significa que el ELN no esté obligado a cumplir con normas que establecen que no puede reclutar personas que sean menores de 18 años, eso es absolutamente claro", señaló Cepeda.En el mismo sentido aseguró que los acuerdos logrados permiten proteger la vida de las personas en las comunidades y en especial de los menores de edad."Ahora bien esos avances en materia del cese al fuego permiten salvar vidas, proteger personas, como es el caso de menores de edad, e intentar hacerle daño al cese al fuego es por su puesto de alguna manera cohonestar con que se sigan presentando esos hechos de violencia y de violación de los derechos de las personas", explicó el senador Cepeda.
Este 9 de marzo sobre las 8:00 de la mañana arrancaron los diálogos regionales de paz en Nariño, en los que se incluye la participación de un frente del Ejército de Liberación Nacional que hace presencia en la zona y se autodenomina Comuneros del Sur; sin embargo, Antonio García, comandante de esa guerrilla, denunció esta mañana que dichas conversaciones son un show mediático del gobierno para presentar a un ELN dividido.“Hoy se sabe que los supuestos guerrilleros de “Comuneros del Sur” con quienes el Gobierno quiere montar un Show mediático en Nariño, están siendo protegidos por la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP. También están protegidas en el entorno por dos unidades de las Fuerzas Militares del Estado”, escribió el comandante en su cuenta de X.Agrega el comandante que tanto el comisionado de paz, Otty Patiño, como el presidente Gustavo Petro, conocen lo que él califica como un plan para mostrar una supuesta desmovilización del ELN. “El Presidente y Otty conocieron de relaciones "avanzadas" con dicha estructura por informe directo de Álvaro Jiménez, quien es operador de la inteligencia militar. Conociendo esta situación, el Gobierno decidió seguir con dicho plan: montar un Show con una supuesta desmovilización, para presentar a un ELN dividido”, agregó.Estas conversaciones fueron anunciadas por la Gobernación de Nariño, y se realizan en Samaniego, municipio anfitrión del primer Diálogo Regional para La Paz.
Una jueza ordenó este lunes que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sea dejado en libertad por un periodo "de prueba" de cuatro años, aunque esto dependerá de lo que ordenen los otros tribunales en los que debe comparecer."Se concederá al postulado condenado Salvatore Mancuso Gómez la libertad a prueba por un periodo de prueba de cuatro años", aseguró la jueza Luz Marina Zamora en la audiencia en la jurisdicción especial Justicia y Paz en la que se definía si el exjefe paramilitar sería dejado en libertad.Mancuso, que fue designado "gestor de paz" por el presidente Gustavo Petro para mediar con el Clan del Golfo, grupo heredero de las AUC con el que el Gobierno intentó comenzar unos diálogos de momento frustrados, llegó el martes pasado a Bogotá procedente de EEUU, de donde fue deportado tras cumplir una condena por narcotráfico.La noticia no ha caído bien en las víctimas, quienes alegan que, una vez sea dejado en libertad, su aporte no será completo ni cumplirá con las expectativas de quienes por años han esperado la verdad de sus victimarios. En diálogo con Mañanas Blu, Juan David Díaz, hijo del alcalde del municipio de El Roble, en el departamento de Sucre Eudaldo Díaz, quien fue asesinado por orden de Mancuso en abril de 2003, habló sobre la percepción que tiene frente a la libertad y el nombramiento del exjefe paramilitar como gestor de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro.Díaz calificó la libertad de Mancuso como preocupante y como un motivo para que no diga la verdad sobre los hechos de guerra que rodean a los paramilitares. Reiteró que acciones como estas, hacen que la violencia no acabe y la historia se siga repitiendo con el pasar de los años. "Con el hecho de liberarlo, ya lo van a desestimular con lo que quería decir. Salvatore Mancuso es la última oportunidad que tenemos las víctimas para conocer la verdad dejándolo en libertad se va a otra parte, él no va aganarse a enemigos. Y eso se va a quedar así", reiteró. Finalmente y de acuerdo con lo que dijo el abogado de Mancuso Jaime Paeres, quien aseguró que su defendido había entregado bienes para la reparación de víctimas, Juan David Díaz, lo desmintió y contó que tal reparación económica nunca se ha dado. Mancuso ha sido investigado en Colombia por más de 75.000 crímenes, por lo que su deportación al país, que estuvo parada casi cuatro años por la pandemia de COVID-19 tras haber cumplido su pena en 2020, era esperada por sus víctimas.El exjefe paramilitar sigue recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá; la jueza aseguró que la boleta de libertad de Mancuso dependerá de que no sea requerido por otras autoridades.Por eso el excomandante de las AUC permanecerá en prisión hasta que las salas de Justicia y Paz de Barranquilla y Bogotá, con las que tiene cuentas pendientes, decidan su suerte.Escuche aquí la entrevista en Mañanas Blu:
Salvatore Mancuso ha hecho una “excelente reparación”, según dijo uno de sus abogados, Jaime Paeres, quien, además, aseguró que cuando el exjefe paramilitar fue extraditado lo despojaron de todo con el fin de “reconstruir verdad”. Ahora, luego de una pena de 16 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, será gestor de paz en el Gobierno de Gustavo Petro, a lo que algunas víctimas se oponen al considerar que no hay suficiente reparación por sus crímenes. En ese momento, contó el abogado, Mancuso “devolvió” más de 400 bienes inmuebles ubicados en Norte de Santander y otras regiones, avaluados en más de 100 millones de dólares. Según precisó, eso se entregó al Estado colombiano y luego a las víctimas de conflicto.Justicia y PazFue la jueza de ejecución de penas de Justicia y Paz Luz Marina Zamora quien dejó en libertad por un periodo de cuatro años a Salvatore Mancuso, pero, condicionado, pues no podrá desplazarse a ciertas zonas del país. Sobre su labor ahora, Paeres reveló que está trabajando en una ley o tribunal de cierre en este organismo, el cual podría, incluso, estar por encima de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como lo plantearon las extintas Farc.De acuerdo con el abogado Paeres, buscarán una forma de que “esa verdad se narre” y que esté en “un punto final en términos lógicos”.Cabe recordar que el exjefe paramilitar se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004, como máximo comandante del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al igual que el grueso de los integrantes de este grupo, responsable de la mayoría de los crímenes cometidos durante el conflicto armado en el país, según la Comisión de la Verdad.Luego de muchos procesos y su extradición, Mancuso llegó el pasado martes a Bogotá procedente de los Estados Unidos y al llegar al país aseguró que acatará "las condiciones restrictivas" que le imponga la justicia.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
El pasado 24 de enero las comunidades de La Plata, en Bahía Málaga, Buenaventura, denunciaron una incursión en horas de la noche por parte de un grupo armado. Los pobladores de la zona advirtieron que estaban confinados después de que la estructura ilegal intentara tomar el control de la zona.Blu Radio llegó a Bahía Málaga para hablar con las comunidades, quienes desarrollan un proyecto de ecoturisimo, teniendo en cuenta que en esa zona hay siete especies de manglares, de los nueve que se encuentran en el Pacífico.Las comunidades también utilizan la Piangua, un molusco, en diferentes platos, desde empanadas hasta ceviches y arroz.Cerca a esa zona hay presencia de algunos grupos ilegales, sin embargo, los líderes aseguran que por medio de sus proyectos relacionados con el turismo buscan resistir a la guerra y seguir siendo un territorio de paz.“Los acuerdos de paz que viene impulsando el Gobierno deben estar enfocados en los territorios, y que se puedan traer a las comunidades, pero también la paz es una realidad cuando las inversiones sociales y estructurales llegan a las comunidades a acompañar nuestros planes de desarrollo comunitario, si esas inversiones no llegan a las comunidades pues los jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar y generar oportunidad de ingreso las oportunidades que van a ver es la delincuencia”, señaló Saúl Valencia, representante del consejo comunitario de las comunidades negras de Bahía La Plata Málaga.Sin embargo, las comunidades también han sido claras en que no van a permitir que ningún grupo armado entre a su territorio.“Nosotros en los territorios hemos vivido de prácticas tradicionales y las actividades diarias las hemos transformado en un atractivo turístico y eso hace parte de la protección a las familias que viven en el territorio, pero también ayudamos a que los recursos naturales se mantengan en el tiempo”, explicó Miller Valencia, quien hace parte del consejo comunitario.Por otro lado, en la comunidad quieren desarrollar un proyecto de energía solar, para ello piden apoyo del Estado, pues aseguran que además de incentivar el turismo están ayudando a conservar los manglares.“Los actores armados deben entender que las vidas de las comunidades se respetan, que no se puede molestar las comunidades y mucho menos las comunidades que viven del sustento de sus lugares donde viven. Acá no solo es un sitio para vivir, es un sitio para laborar, los actores armados deben respetar a las personas”, señaló el representante Alejandro Ocampo, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con las bandas que tienen presencia en Buenaventura.Las comunidades en las zonas rurales de Buenaventura ven con esperanza los diálogos, pero también hacen un llamado al Estado para superar el abandono y a los grupos para que respeten sus proyectos de vida.En esta zona del país hay presencia de dos bandas, Shottas y Espartanos, que se encuentran en un proceso de diálogo con el Gobierno, también, en la zona rural, hay presencia del ELN y las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’. Los índices de violencia en los últimos meses han disminuido.