Desde la Escuela José Maria Córdova, el presidente Gustavo Petro se refirió al balance de las Fuerzas Militares durante este año. El mandatario aseguró que la guerra se ha modificado y ahora los ataques vienen desde herramientas tecnológicas como el uso de drones, reconoció que la fuerza pública no ha tenido la capacidad para responder.“Ahora ha cambiado la guerra, es una guerra de drones y antidrones. Llevo tres años pidiendo antidrones. Un muerto y diez heridos de la Armada, 36 de la Policía, aquí ajustando, casi 300 heridos y 58 muertos por fuego de drones. Aquí estamos ante la ventaja que tenía el Ejército y las fuerzas militares, que era aérea, ahora es al revés, la tiene el narcotráfico que puede comprar eso en efectivo y por miles y nuestro aparato administrativo no lo hace”, dijo.En respuesta el general Hugo López, comandante de las FFMM, aseguró que este año se destinaron 800.000 millones para adquirir antidrones. “Tenemos más o menos 1.500 equipos por todo el territorio nacional. De acuerdo a la instrucción del presidente, asignó 800.000 al Ejército para este año para que cada pelotón y unidad táctica tenga la capacidad de protegerse. Para el año 2026 hay asignado 1 billón para fortalecer la inteligencia, dron y antidrones”.Cabe mencionar que las finanzas del sector de Defensa se verá afectadas por el aumento del salario mínimo pues el Gobierno prometió pagar este monto a uniformados por lo que los cálculos con los que se hizo el presupuesto para el 2026 no son correctos. El presidente Gustavo Petro pidió una reunión de los ministros de Hacienda y Defensa para evaluar modificaciones y mencionó que utilizaría la emergencia económica para hacer los ajuste
El aumento del salario mínimo para 2026 fue celebrado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Su presidente, Fabio Arias, aseguró que la organización sindical está “de fiesta” tras la decisión del Gobierno Nacional, al considerar que se trata de un hecho histórico que responde a una demanda sostenida de la clase trabajadora en Colombia.En declaraciones a Recap de Blu Radio, Arias afirmó que el incremento marca un punto de quiebre frente a gobiernos anteriores. “Para nosotros es estar de fiesta: recibir muy positivamente que un Gobierno, por primera vez de manera importante, reciba el clamor de la clase trabajadora”, señaló el dirigente sindical, quien recordó que en el pasado las decisiones se alineaban, principalmente, con las posiciones de los sectores empresariales.El presidente de la CUT insistió en que el actual Ejecutivo ha mostrado voluntad política para mejorar los ingresos laborales. “Está bien que un Gobierno esté respaldando acciones para mejorar los ingresos de los trabajadores, que es a los que está favoreciendo”, afirmó, al destacar que el salario mínimo impacta directamente a millones de hogares en el país.Durante la concertación, Arias resaltó el peso de los datos técnicos presentados por el DANE. Según explicó, los gremios no lograron controvertir las cifras oficiales. “En la concertación el DANE llevó cifras y los gremios no pudieron refutarlas, porque dato mata relato”, aseguró, defendiendo el sustento técnico del incremento aprobado.El dirigente sindical también enfatizó en el efecto económico del aumento del salario mínimo para 2026. “El comercio, al tener trabajadores con más ingresos, hace que demanden más bienes y servicios”, explicó, al señalar que esto se traduce en un crecimiento del consumo interno de los hogares. En esa línea, reiteró: “Creemos que con este incremento los trabajadores van a tener más dinero y vamos a consumir mucho más”.Arias subrayó que el fortalecimiento del consumo contradice los argumentos que advierten impactos negativos sobre la economía. “Incrementando los salarios se incrementa la capacidad de consumo de los hogares”, insistió, reiterando que los datos respaldan esta afirmación.Finalmente, el presidente de la CUT planteó el aumento del salario mínimo como un paso hacia una mayor equidad. “El empresario se ha venido quedando con la mayor parte de la producción; es benéfico que nos den un poquito más a los trabajadores”, dijo, al recordar que “Colombia es uno de los países más desiguales del planeta”. Para el sindicalismo, este ajuste empieza a marcar un camino para reducir brechas sociales y avanzar hacia una distribución más justa del ingreso.
Finalmente, se confirmó el aumento del salario mínimo para el 2026 por parte del Gobierno nacional. El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro confirmando un incremento del 23 %, es decir, un monto de 1.750.905 pesos y de $2.000.000 con subsidio de transporte.No obstante, algunos sectores han expresado cierta preocupación en torno a este anuncio por parte del Gobierno; por ejemplo, según la presidenta de Acopi, María Elena Ospina, en diálogo con Recap de Blu Radio, esto también afecta el crecimiento empresarial al aumentar el costo y lo difícil que puede llegar a ser mantener algunas nóminas."Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que de manera urgente, además, que se adopten políticas complementarias que mitiguen el impacto del incremento salarial sobre las MiPymes, que promuevan la productividad y que eviten efectos adversos sobre el empleo formal. Esto, yo pienso que aquí tienen que haber unas líneas de crédito especiales para las MiPymes, entre otras cosas, tiene que haber unas políticas complementarias, como por ejemplo, tarifas diferenciales de renta. La otra cosa es alivios tributarios. Pueden suceder, lo que pasa es que no vemos la voluntad de este Gobierno para hacerlo", indicó.Al igual que dijo el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, que pone en riesgo la economía de miles familias colombianas para el 2026 y el impacto sobre el consumo de la canasta familiar."En nuestro caso, resulta complejo poner este tema sobre la mesa, teniendo en cuenta que la Sociedad de Agricultores de Colombia agrupa a 21 sectores productivos. Además, es importante recordar que la tasa de informalidad laboral en el campo supera el 83 %. Por esta razón, cualquier medida que termine alejando a las personas de la formalidad laboral no solo afecta al sector, sino que perjudica directamente a los trabajadores. Por otro lado, también es necesario analizar lo que ocurre con los sectores que dependen del mercado internacional", dijo.Por otro lado, sectores políticos se han pronunciado en torno a este anuncio. Por ejemplo, cercanos al presidente como el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebraron la noticia al asegurar que "la gente podrá comer" gracias a esta decisión del Gobierno. Mismo apoyo que manifestó Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, al decir que es un desarrollo para las familias colombianas."Salario mínimo en 2 millones de pesos porque la canasta familiar vale 3.2 millones de pesos. Luego es un salario mínimo vital para que la gente pueda comer. Felicitaciones a la clase trabajadora y obrera de este país. @petrogustavo es un berraco! #SalarioVitalDigno", dijo el ministro del Interior.Sin embargo, otros mostraron preocupación, como la Andi que ve como un riesgo este incremento en el futuro del empleo en Colombia y la sostenibilidad de las empresas. "Se generan riesgos significativos para los hogares colombianos y para la economía del país, particularmente en lo relacionado con el aumento de la inflación y de los precios de múltiples bienes y servicios, el impacto sobre el empleo y las finanzas públicas. La inflación, sin duda, es una de las variables que más afecta a los ciudadanos en condición de mayor vulnerabilidad", expresaron.
Luego de varias semanas de especulación, en las que las centrales obreras y las agremiaciones empresariales no lograron un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo para 2026, este lunes 29 de diciembre el Gobierno de Gustavo Petro confirmó que el alza será del 23 %. La decisión se tomó por decreto y fija el salario mínimo en $1,750,905 a partir del 1 de enero.Por su parte, el auxilio de transporte quedó establecido en $249.095, para un total de $2.000.000. Cabe recordar que este subsidio, por ley, se entrega a los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos.El anuncio se dio durante una alocución presidencial a las 7:00 de la noche, en la que el presidente Petro confirmó el porcentaje definitivo, luego de que a comienzos de mes se hablara de un incremento del 12 % y, posteriormente, de una cifra cercana al 19 %. Con esta decisión, se pone fin a la incertidumbre que marcó la recta final de las negociaciones.Ahora, los trabajadores que dependen directamente del salario mínimo, que representan poco más del 10 % de la población ocupada del país, podrán ajustar sus cuentas de cara al próximo año. No obstante, el aumento también traerá consigo incrementos en bienes y servicios que suelen ajustarse desde el primero de enero.Del lado empresarial, las compañías deberán recalcular sus presupuestos para asumir el aumento en nóminas, así como los mayores costos asociados a seguridad social, primas, vacaciones y cesantías, que se liquidan con base en el salario mínimo.Aumento del salario mínimo amplía beneficiados con auxilio de transporteCon el nuevo salario mínimo, algunos trabajadores que antes no recibían el auxilio de transporte ahora sí podrán acceder a este beneficio. Esto aplica para quienes en 2025 ganaban más de dos salarios mínimos, pero que con el nuevo ajuste quedan por debajo del nuevo tope.Por ejemplo, una persona que actualmente percibe $2.847.000 mensuales empezará a recibir el auxilio de transporte desde enero de 2026.¿Por qué el salario mínimo subió 23 % en 2026?Según explicó el Gobierno Nacional, el incremento del 23 % responde a la intención de avanzar hacia el llamado Salario Mínimo Vital, un concepto que se incluyó por primera vez de manera formal en la discusión salarial. La medida busca reducir la brecha entre los ingresos reales de los trabajadores y el salario que permitiría cubrir las necesidades básicas.De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario debe ser suficiente para garantizar condiciones mínimas de bienestar a los trabajadores y sus familias. Bajo ese cálculo, el Gobierno señaló que el salario mínimo debería ubicarse en $1.826.190 sin auxilio de transporte.Sin embargo, la administración aclaró que alcanzar ese nivel debe hacerse de forma progresiva y no mediante un solo ajuste anual, razón por la cual el aumento del 23 % se plantea como un primer paso en esa dirección.
El departamento de Antioquia sigue liderando la lista de personas quemadas con pólvora y, lo más preocupante, es que cada día la cifra aumenta de manera alarmante para las autoridades que ya tienen el registro de 136 lesionados con elementos pirotecnia o lo que sería lo mismo, 30 casos más o un 28,3 % de incremento en comparación con el año inmediatamente anterior.El reporte más reciente entregado por la Gobernación de Antioquia muestra que, de los 136 quemados: 13 personas han necesitado amputación, mientras que 41 menores de edad han resultado heridos. El municipio más afectado es Medellín con 61 reportes, seguido por Itagüí con 9 casos y Bello con 5 personas lesionadas.La secretaria de Salud de Antioquia, Martha Ramírez, alertó sobre el uso de pólvora teniendo en cuenta que se acerca una de las fechas en donde las personas suelen quemar más pólvora en el departamento."Sin duda, la noche del 31 de diciembre para amanecer del 1 de enero es el pico más alto, muy superior al 24 de diciembre. Eso nos preocupa. Y hay una población que de verdad está siendo muy vulnerable, son los jóvenes, entre catorce y diecisiete años. Están apropiando de una práctica peligrosa, jugar con voladores", destacó la funcionaria.Según las cifras entregadas por las autoridades departamentales, más de 80 personas han resultado quemadas con elementos pirotécnicos en el Valle de Aburrá, siendo la subregión antioqueña más golpeada por la problemática. Por su parte, aseguran desde Antioquia que las heridas más recurrentes son en la mano con 52 casos, seguido por lesiones en la cara con 26 reportes.Finalmente, hay que recordar que en el caso de la capital de Antioquia son 61 quemados con pólvora, es decir, 21 casos más si se tienen en cuenta los registros de 2024. Los datos de la Alcaldía Distrital dejan en evidencia que 18 personas necesitaron hospitalización, mientras que hay casi que un empate técnico, ya que 29 personas han resultado lesionadas por manipular pirotecnia y 28 casos sucedieron cuando la persona estaba como observador.
La decisión de Israel de reconocer formalmente a Somalilandia como Estado independiente activó una cadena de reacciones diplomáticas y políticas que van mucho más allá del Cuerno de África. Gobiernos, organizaciones regionales y actores armados se pronunciaron en contra o a favor de una medida que reabre un debate de más de tres décadas sobre soberanía, derecho internacional y equilibrios geopolíticos en una zona estratégica del mundo.La controversia no se limita a un desacuerdo bilateral. Involucra a Somalia, China, países árabes, actores armados respaldados por Irán y potencias occidentales, en un contexto marcado por las tensiones en Medio Oriente, el mar Rojo y el golfo de Adén.¿Qué es Somalilandia?Somalilandia es un territorio ubicado en el Cuerno de África, con salida al golfo de Adén y fronteras con Yibuti, Etiopía y la región somalí de Puntlandia. Tiene una superficie cercana a los 176.000 kilómetros cuadrados —similar a la de Uruguay— y una población estimada en 6,2 millones de habitantes para 2024. Su capital es Hargeisa.Aunque se autodenomina oficialmente República de Somalilandia, su reconocimiento internacional ha sido limitado. El territorio declaró su independencia en 1991, tras el colapso del Estado somalí y la caída del régimen de Siad Barre. Antes de eso, fue un protectorado británico que obtuvo su independencia el 26 de junio de 1960, antes de unirse voluntariamente a Somalia.Desde entonces, Somalilandia ha mantenido un gobierno propio y estructuras estatales separadas, pero para la comunidad internacional sigue siendo, en términos legales, parte de Somalia.¿Qué dice Somalia por el reconocimiento?El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, condenó el reconocimiento israelí y lo calificó como una “agresión ilegal” que, según afirmó, contraviene el derecho internacional. En un mensaje publicado en X, sostuvo que el acto de Israel constituye una injerencia en los asuntos internos de Somalia.Durante una sesión extraordinaria conjunta del Parlamento somalí, Mohamud reiteró que Somalilandia es una “parte integral” del país y aseguró que su gobierno está adoptando todas las medidas diplomáticas necesarias para defender la unidad nacional. Según el mandatario, el daño causado por la decisión israelí “no tiene precedentes”.Reacciones de la comunidad internacional a SomalilandiaEl Gobierno chino expresó su “grave preocupación” y su “firme oposición” al reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, afirmó en rueda de prensa que, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, Somalilandia es una parte inseparable del territorio somalí.Lin señaló que China apoya la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia y recalcó que la cuestión de Somalilandia es un asunto interno que debe resolverse conforme a la Constitución somalí y la voluntad de su población.La polémica también escaló al plano de la seguridad regional. Abdelmalek al Huti, líder de los rebeldes chiíes hutíes de Yemen —grupo respaldado por Irán—, amenazó con atacar Somalilandia ante cualquier presencia israelí en ese territorio.En un discurso televisado, Al Huti declaró que su grupo consideraría “objetivo militar” cualquier presencia de Israel en Somalilandia y calificó el reconocimiento como una agresión contra Somalia y Yemen. Además, advirtió que la medida representa una amenaza para la seguridad del mar Rojo y el golfo de Adén, rutas clave para el comercio marítimo global.El líder hutí acusó a Israel de buscar un punto de apoyo estratégico para actividades hostiles en la región y vinculó el reconocimiento con lo que describió como planes más amplios para fragmentar países del área.La decisión israelí también fue rechazada por la Liga Árabe, que la calificó como un atentado contra la seguridad regional. Países como Turquía, Yibuti, Egipto y la Autoridad Palestina expresaron su oposición al reconocimiento.La Unión Europea llamó a respetar la unidad, soberanía e integridad territorial de Somalia. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que Washington no seguiría el mismo camino que Israel, pese a la histórica alianza entre ambos países.
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, proyectaron este domingo un mensaje de avances hacia la paz tras reunirse durante más de tres horas en Florida, aunque no cerraron el pacto y persisten "cuestiones espinosas" por resolver.El encuentro, que tuvo lugar en la residencia de Mar-a-Lago (Florida) de Trump, llegó después de una llamada entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin y tras varias reuniones entre Zelenski y funcionarios del gobierno de Trump.A pesar de que ambos líderes insistieron en que más del "95%", del plan de paz de 20 puntos, está resuelto. El presidente Trump reconoció que aún quedan cuestiones "espinosas" por resolver, incluyendo el futuro de la región del Donbás o un cese al fuego.En una rueda de prensa tras la reunión, en la que intervinieron también varios líderes europeos, los líderes adelantaron que tanto Rusia como Ucrania acordaron crear "grupos de trabajo" compuesto por los principales colaboradores del presidente estadounidense para finalizar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania "en las próximas semanas".Sin embargo, no especificaron fechas para las reuniones de estos grupos, ni tampoco lugares.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó hoy que sostuvo una llamada de una hora con Trump y Zelenski, junto a otros líderes europeos, para analizar "el estado de las negociaciones de paz", según indicó la funcionaria en su cuenta de la plataforma X.Von der Leyen señaló que Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y con sus socios estadounidenses para consolidar ese progreso y subrayó que es fundamental contar con garantías de seguridad sólidas desde el primer día.El Kremlin, por su lado, indicó en un comunicado, que en la llamada de más de una hora de hoy con Trump, Putin "accedió a la propuesta estadounidense de resolver la situación en Ucrania a través del establecimiento de grupos de trabajo. Uno que se encargará de la dimensión de seguridad y otro de asuntos económicos".El plan de paz de 20 puntos, que Moscú ha rechazado, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.En cuanto a la situación territorial, Kiev propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla y que Rusia reclama.Ucrania ya ha iniciado preparativos para celebrar elecciones presidenciales. Un grupo de trabajo formado por representantes de varios partidos -de acuerdo con las instrucciones de Zelenski- ha celebrado su primera reunión para discutir los obstáculos legales, de seguridad y organizativos.Según Zelenski, Ucrania podría celebrar de forma simultánea las elecciones y un referéndum sobre el documento de 20 puntos. Celebrar las elecciones en tiempos de guerra ha sido una opción impopular en Ucrania, rechazada por todas las principales fuerzas políticas, y requeriría cambiar la legislación.Sin embargo, ante la insistencia de Trump, Kiev se ha abierto recientemente a la idea, en lo que se percibe como un intento de privar a Moscú y Washington del argumento de que el gobierno ucraniano es ilegítimo.
En Colombia, la expectativa por el rumbo del sistema de salud sigue latente tras el hundimiento de la reforma impulsada por el Gobierno Nacional, que prometía mejoras tanto para los usuarios como para los trabajadores del sector. En medio de ese escenario de incertidumbre, un nuevo frente de inconformidad se abre paso desde las universidades y los hospitales del país a pesar de ser aprobado en la reforma laboral.Los estudiantes de medicina anunciaron un plantón nacional para este 29 de diciembre, con el objetivo de exigir que el Gobierno garantice los recursos necesarios para el pago de los médicos internos a partir de 2026. La movilización busca que lo aprobado en el papel se traduzca en una realidad concreta para quienes hoy cumplen extensas jornadas sin recibir remuneración.La iniciativa fue presentada por la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, y quedó aprobada dentro de la reforma laboral. Sin embargo, aunque la norma ya existe, los estudiantes advierten que aún falta la reglamentación y, sobre todo, la asignación presupuestal para que el pago sea efectivo.Pago a internos de medicina: estudiantes saldrán a las callesActualmente, los internos de medicina deben cumplir jornadas de tiempo completo en hospitales y clínicas, sin recibir ningún pago durante su último año de formación. Ante esa situación, estudiantes de medicina se concentrarán en 17 ciudades del país, desde el mediodía, en centros de salud, edificios gubernamentales y plazas públicas.Las protestas se realizarán sin afectar la atención en servicios críticos. Quienes estén asignados a urgencias u otros procedimientos vitales no participarán de manera presencial, mientras que quienes no puedan salir a las calles se sumarán a la jornada a través de redes sociales con el numeral #InternosConPagoYa.Estos serán algunos de los puntos de concentración:Bogotá: Ministerio de SaludCartagena: Hospital Universitario del CaribeBarranquilla: Clínica General del NorteCali: Hospital Universitario del ValleMedellín: Hospital Fundación San Vicente de PaulBucaramanga: Hospital Los ComunerosCúcuta: Hospital Erasmo MeozA ellos se suman ciudades como Villavicencio, Ibagué, Manizales, Popayán, Santa Marta, Neiva, Pasto, Pereira, Sincelejo y Valledupar.¿Qué dice la ley sobre el pago a internos de medicina?De acuerdo con Andrés Salcedo, médico y promotor de la iniciativa, el reconocimiento económico ya es ley, pero aún no se ha convertido en una garantía real. “El pago a internos ya es ley, pero falta reglamentación para que sea realidad en 2026. Nos movilizamos pacíficamente para exigir que MinHacienda autorice a MinSalud garantizar el pago”, aseguró.Con la reforma laboral, los médicos internos, que cursan su último año universitario y prestan servicio en hospitales y clínicas con jornadas extensas, recibirán un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual. Además, serán afiliados a los sistemas de salud y pensión, ya que actualmente solo cuentan con cobertura de ARL.El pago estará a cargo del Estado a través del Adres. Según las estimaciones, la inversión superaría los 146.000 millones de pesos para beneficiar a cerca de 8.600 internos, provenientes de 67 facultades de medicina en todo el país. Mientras tanto, los estudiantes insisten en que la movilización es clave para que la norma no se quede, una vez más, en el papel.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que en 2025 triunfó lo que llamó "la lealtad suprema" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tras varios meses de tensiones por el despliegue militar que EE.UU. mantiene desde agosto en el Caribe y que el líder chavista denuncia como una "amenaza"."Este año ha vuelto a triunfar y a consolidarse la lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al proyecto Bolivariano, a su comandante en jefe y al destino grandioso de la patria", declaró el mandatario durante el acto de salutación de fin de año a la FANB desde la Academia de la Armada venezolana en el estado La Guaira, cerca de Caracas."Lealtad, lealtad, lealtad", pidió el mandatario en el acto, que fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), y agregó: "lealtad en todo momento y a toda prueba".Maduro afirmó que Venezuela lleva 27 semanas "amenazados por Goliat", en referencia al despliegue estadounidense, el cual consideró "un crimen"."Pretender utilizar amenazas, como hacía Goliat, contra un pueblo noble y pacífico, pero guerrero, como el pueblo de Venezuela, es un crimen", señaló.Pese a esto, aseguró que la FANB "está más preparada que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial", y dijo estar "orgulloso como el más de los orgullosos" de la "valentía" y "capacidad de combate" demostrada por los militares.Asimismo, destacó que la FANB tiene una "historia gloriosa" y que está integrada por militares "emancipadores", que no son "imperialistas"."No son militares que salen a bombardear pueblos, a matar pueblos, a robar riquezas (...) Somos los verdaderos libertadores de un continente", añadió.Sin embargo, indicó que las fuerzas militares deben "hacer más" para la defensa nacional y "en el marco de la preparación de las tareas para una resistencia popular, prolongada, activa y letal" en el país suramericano.El líder chavista calificó 2026 como "el año del reto admirable" y de "una nueva época de transición al socialismo"."El reto admirable, en el espíritu de la campaña admirable, para terminar de liberar a nuestro país de cualquier vestigio de pobreza que haya, para liberar a nuestro país de la dependencia petrolera al 100 %, para liberar a nuestro pueblo de la guerra psicológica", declaró.Agregó que el año entrante también será para "consolidar el poder popular", así como la educación pública, gratuita y de calidad, y la recuperación de los establecimientos de salud.Durante el acto, el mandatario recibió un fusil en reconocimiento a su rol como comandante de la FANB.Estados Unidos mantiene desde agosto un despliegue aeronaval en el sur del Caribe, cerca a aguas venezolanas, que, afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico en la región, pero que Caracas interpreta como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen.Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, de un bloqueo de los petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en los últimos días.Para celebrar la temporada decembrina, marcada por la movilización aeronaval estadounidense, la Administración de Maduro ha promovido diversas actividades.Este domingo se celebró el concierto Viva Venezuela, en el monumento histórico Paseo Los Próceres, para cerrar una programación de presentaciones musicales en una Caracas decorada por la Navidad desde el 1 de octubre, cuando el líder chavista decretó el inicio de estas fiestas en el país.
La jefa negociadora del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Vera Grabe, confirmó que las gestiones para reactivar los diálogos de paz siguen sin resultados concretos. Explicó que el presidente Gustavo Petro ha recurrido a diferentes mediadores internacionales, pero hasta el momento no ha recibido respuesta por parte del grupo.“A lo largo de todo este año, a pesar del Catatumbo, hemos buscado canales de diálogo, el presidente ha hecho propuestas, Vaticano, Qatar, etc. Hemos mandado mensajes y no hay respuesta a la fecha. Por eso no hay mucho que contar. Pero seguimos insistiendo porque pensamos que no podemos dejar esto así porque está de por medio la gente, están los secuestrados, estamos haciendo gestiones todo este tiempo”, señaló Grabe.Agregó que el gobierno mantiene los esfuerzos humanitarios para lograr la liberación de los dos funcionarios de la Dijín y dos de la Fiscalía que permanecen en poder del ELN.“Llevamos ahora insistiendo en los secuestrados por el ELN, de la Dijín y de la Fiscalía, porque pensamos que lo humanitario hoy es central y en eso estamos, en esos esfuerzos. Por supuesto son confidenciales, pero eso ha sido nuestro empeño todo este tiempo, a ver si desatrancamos esto y sobre todo salvamos vidas, que eso es lo que nos importa”, añadió.Las declaraciones se dan en medio de un contexto complejo para la paz total, debido a que actualmente no hay ninguna mesa de negociación activa con los grupos armados ilegales.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes le abrió una investigación previa al presidente Gustavo Petro por el "tarimazo", un evento que se realizó en Medellín en el cual el mandatario compartió tarima con los jefes de las bandas delincuenciales del Valle del Aburrá, en el marco de la paz total.El evento se hizo el 21 de junio y posteriormente el concejal de Medellín Alejandro de Bedout le pidió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que investigue si el presidente Petro cometió alguna irregularidad en ese evento."En dicha denuncia, el denunciante expuso hechos que, a su juicio, podrían constituir conductas penalmente relevantes, como participación indebida en política, utilización de recursos públicos para fines proselitistas, convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente por fuera del marco constitucional vigente, hostigamiento a autoridades territoriales y la presunta participación de personas privadas de la libertad y de miembros de estructuras armadas ilegales en un evento de carácter oficial, transmitido por medios públicos y con presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional", dice el documento de la Comisión de Investigación.Además el denunciante aseguró que en el evento también se exhibieron símbolos del movimiento político "independientes" y se hizo alusión a la aspiración presidencial del exalcalde Daniel Quintero, lo que podría implicar una actuación contraria a la neutralidad política.En las últimas horas la Comisión abrió la investigación previa y ordenó la práctica de unas pruebas."Ordénase la apertura de la investigación previa dentro del expediente No. 6992 instaurado por Alejandro de Bedout Arango contra el presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego, por los hechos denunciados en relación con la realización del evento denominado "Paz Urbana", efectuado el 21 de junio de 2025 en la ciudad de Medellín (Antioquía), conforme al artículo 424 de la Ley 600 de 2000"; señala el auto.Al INPEC se le solicita que remita las resoluciones con las cuales se autorizó la salida y el traslado de la cárcel de los jefes de las bandas. Además, le piden al Ministerio de Justicia que explique si tuvo conocimiento, participación o aval en las decisiones administrativas relacionadas con dichos traslados."Ofíciese al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que certifique si el ciudadano Daniel Quintero Calle se encontraba inscrito o en trámite de inscripción como precandidato presidencial para el periodo 2026-2030, al momento de los hechos denunciados, e informe si existen actuaciones en curso sobre el uso de símbolos o emblemas del movimiento "Independientes" en eventos públicos", se lee en la decisión de los representantes investigadores.
El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que la entidad adoptó medidas especiales de seguridad ante posibles riesgos, luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’.El coronel Gutiérrez explicó que se están implementando recomendaciones para proteger a los funcionarios, debido a las intenciones de grupos criminales de atentar contra trabajadores del Inpec, especialmente tras los recientes ataques registrados en distintas cárceles del país.“Cada mes se están extraditando alrededor de 30 a 40 personas, el 90 % hacia Estados Unidos. Por ahora seguimos a la espera de una decisión del Gobierno”, señaló el director.Respecto a la situación de Pipe Tuluá, Gutiérrez precisó que el detenido permanece recluido en la estación de Policía de Mártires, bajo custodia de la Policía Nacional, y que se mantiene la vigilancia ante cualquier eventualidad.“Estamos atentos a cualquier situación que se quiera presentar porque el Tribunal autorizó que continuara en esa privación de libertad en esa estación, entendiendo las condiciones de seguridad”, afirmó.El director del Inpec advirtió que los riesgos son permanentes tanto para los funcionarios penitenciarios como para las personas privadas de la libertad.“Las amenazas continúan; este año tenemos alrededor de 300 amenazas contra los funcionarios. Sin embargo, estamos trabajando articuladamente con la Fiscalía, la Policía y la UNP para salvaguardar la vida de los trabajadores”, explicó.Sobre la reciente fuga de Nelson Ocampo Morales, condenado a 33 años de prisión por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), el coronel Gutiérrez informó que se coordinan esfuerzos con la Policía Nacional y las unidades de investigación criminal e inteligencia para su recaptura.Añadió que ya se adelantan investigaciones internas dentro del Inpec para determinar si hubo fallas en el servicio y las circunstancias que permitieron la evasión.
Durante la conferencia “¿Memorias divididas, futuro compartido? La cultura de la memoria como oportunidad para el diálogo y la democracia en tiempos de polarización”, la exmilitante del M-19 y exnegociadora de paz Vera Grabe hizo un llamado a mirar los hechos del pasado con comprensión, pero sin caer en justificaciones.“Colombia tiene que comprenderlo, no justificarlo. Pero la historia se mejora, la memoria se mejora si comprendemos, si nos salimos de esa idea de quién tiene la culpa y quién es el malo y quién es el bueno, y tratamos de entender el contexto en que se dan los hechos. Eso no quiere decir que no haya responsabilidad”, señaló.Grabe, quien participó en los diálogos de paz del Gobierno Nacional con el ELN hasta comienzos de este año, cuestionó que, cuatro décadas después de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, el país siga instrumentalizando esa tragedia.“En este momento es clarísimo el uso electoral, ni siquiera político, el uso electoral de ese hecho. Con mentiras además. Mentiras como decir que el M-19 estaba financiado por el narcotráfico para hacer esa toma. Entonces, lo grave de eso, uno, la polarización, el buscar votos con algo tan trágico que me parece bastante perverso, porque todos sabemos, y Elena lo vivió, lo trágico que fue para todos, no solamente para quienes estuvieron, las víctimas, sino también quienes participaron en ese evento. Entonces ese uso político muy notorio, es clarísimo y hoy lo estamos viendo”, dijo.La exnegociadora insistió en que el verdadero desafío es aprender a asumir el pasado sin usarlo como arma política.“Lo que estamos viendo en tiempos recientes es la utilización de la memoria para crear odio. Y eso sí es muy complejo, muy grave. Utilizar la memoria para destruir tejido social es algo que deberíamos todos llamar la atención. Nos están haciendo un tremendo daño con esa utilización instrumental, tan vil, de la memoria para mantenernos enfrentados y en un estado de guerra de odio”, concluyó.
Continúa la salida de funcionarios técnicos del Ministerio de Hacienda, y en los últimos días se han nombrado oficialmente a 27 funcionarios de alto rango entre asesores, subdirectores y directores de área, según las resoluciones publicadas hasta el 4 de noviembre.Uno de los casos más importantes ocurre al interior de la Dirección de Presupuesto, encargada de maniobrar la asignación de recursos en medio de la crisis fiscal del Gobierno.Dos fuentes distintas le confirmaron a Blu Radio la salida del subdirector de Análisis y Consolidación Presupuestal, José Sebastián Cubillos, y de la subdirectora de Promoción y Protección Social, Johana López Silva, a quien le pidieron que renunciara y entregara su puesto el mismo día, además de otros asesores.Las diferencias en torno al proyecto de ley de presupuesto para 2026 fueron uno de los detonantes de las salidas.Por otro lado, el Ministerio de Hacienda le está abriendo paso a la contratación de asesores en la Dirección de Presupuesto que no necesariamente sean economistas ni expertos en presupuesto. En la lista podrían entrar arquitectos, ingenieros ambientales, agrónomos, antropólogos, artistas, sociólogos, trabajadores sociales, abogados, periodistas, médicos o maestros.“Estas áreas aportan conocimientos técnicos y estratégicos para el ordenamiento territorial alrededor del agua, la planificación urbana sostenible, la gestión ambiental y la seguridad alimentaria, y son esenciales para garantizar justicia social, equidad en el acceso a servicios, y el respeto por los derechos humanos en la implementación de políticas públicas, así como para la eficiencia en la gestión de recursos, asegurando que las metas del plan se cumplan con transparencia y sostenibilidad, y permitiendo que la estructuración presupuestal coincida con las metas institucionales a nivel de preparación y ejecución del Presupuesto Público Nacional", señala la resolución de modificación del manual."Finalmente, se incluye la función de participar en espacios de discusión en el marco de las políticas de construcción de paz, derechos humanos y la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de la violencia, en el marco de la importancia de las actividades de relacionamiento de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional con otras entidades en los temas señalados”, agrega la resolución.La inclusión de profesiones liberales en los manuales de funciones de áreas técnicas de los ministerios se ha dado también en el Ministerio de Minas y Energía, usando argumentos similares.En septiembre, Blu Radio había informado sobre la salida de asesores del Viceministerio Técnico, y en ese momento el viceministro, Leonardo Pazos, negó la existencia de motivaciones políticas. Sin embargo, varios de los que se fueron lo hicieron por diferencias sobre el manejo que se le está dando al viceministerio.
En un nuevo cuestionamiento a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el presidente Gustavo Petro habló de una supuesta inacción de la entidad para pedir la extradición de alias el 'Mono Arley', señalado de ser lavador de activos del ELN y capturado en España.“Otra vez una Fiscalía política. Perdí mi tiempo en eso. Velasco ahora es víctima de su propio invento. La Fiscalía debe ser independiente de la política para ser garantía de seguridad de la ciudadanía. Extrañamente ahora no piden la extradición del capo del ELN, ¿será para decir que yo soy su aliado? Yo no soy aliado de ellos, que asesinan sistemáticamente campesinos por codicia”, escribió en X.El mandatario se refirió a los diálogos suspendidos con esta organización criminal, insistiendo en un llamado para que dejen de delinquir, y concluyó su mensaje pidiendo a la Fiscalía solicitar la extradición de este criminal.“Gerly Sánchez Villamizar está ingresado en la prisión de Soto del Real, a la espera de ejecutar la extradición que está tramitando Interpol. En este momento todavía no he podido localizar a nadie en las oficinas de Interpol para conocer fechas o datos más concretos. Sigo haciendo llamadas y, en cuanto averigüe algo más, informo”, dijo.La Fiscalía General de la Nación respondió desmintiendo al mandatario y explicando que el pasado 28 de noviembre, por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales, se presentó una solicitud formal de extradición contra Gerly Sánchez Villamizar, conocido como ‘Mono Gerley’, a quien señalan como articulador de una red de lavado de activos al servicio del ELN.Señalan, además, que esta persona fue capturada en España gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijín de la Policía Nacional y la Guardia Civil española; asimismo, aclaran que todo el procedimiento de extradición se ha tramitado conforme a las vías legales y diplomáticas correspondientes, sin que se hayan presentado omisiones ni dilaciones.
Bajo observación médica permanece recluido en el Hospital Universitario de Neiva un bebé de tan solo cinco meses de nacido, que resultó herido en medio de un hecho de atraco cometido por delincuentes motorizados en un sector del barrio La Trinidad, en el norte de la ciudad.De acuerdo con versiones de las autoridades, la pareja, al oponer resistencia al atraco, fue atacada por los asaltantes con armas traumáticas. Uno de los disparos impactó al menor, quien por fortuna se encuentra fuera de peligro, según el parte médico entregado por el centro asistencial.“Dos personas que se movilizaban en motocicleta junto a un menor de brazos fueron víctimas de hurto en el barrio La Trinidad. Las víctimas, al oponer resistencia, resultaron lesionadas con armas traumáticas, incluido el bebé de brazos, quien actualmente continúa en un centro asistencial y, gracias a Dios, la herida que recibió no es de gravedad”, dijo el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Agregó el oficial que, con el apoyo de la comunidad del sector, las pertenencias que les fueron hurtadas a las víctimas de este hecho de inseguridad fueron recuperadas horas después por los uniformados y entregadas a sus propietarios.Entre tanto, funcionarios de la Sijín adelantan las investigaciones, verificando cámaras de seguridad y otras evidencias, con el fin de identificar y dar con la ubicación de los responsables del atraco, que por poco termina en tragedia. No obstante, los habitantes del sector piden mayor presencia policial y mejoras en el sistema de alumbrado público, ante los reiterados casos de robo que se han registrado, principalmente en horas de la noche.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
En Colombia, la llegada del Año Nuevo no siempre se recibe con brindis, ropa interior amarilla o las tradicionales doce uvas. En muchas regiones del país, especialmente en zonas rurales, el cambio de calendario se vive de otra manera: con rituales cargados de simbolismo, heredados de generación en generación y alejados de lo que suele verse en las grandes ciudades.Para miles de familias, el inicio del nuevo año está marcado por agüeros poco conocidos, pero profundamente arraigados en la vida cotidiana. Son prácticas que combinan creencias, memoria colectiva y una relación cercana con la naturaleza, y que aún hoy se mantienen vivas en distintos rincones del país.Agüeros de Año Nuevo que se practican en zonas rurales de ColombiaEn corregimientos de Santander y Norte de Santander existe la costumbre de dormir con una cebolla partida en cuatro partes, colocada en un plato sin sal debajo de la cama. Al amanecer, cada trozo se observa con atención, pues su estado representa un presagio para el año que comienza.Si alguno aparece oscuro, se asocia con enfermedad o traición. En ese caso, el plato se desecha lejos de la vivienda y no se vuelve a usar el lugar donde se cortó la cebolla.En sectores rurales del Meta y Casanare, el fogón se convierte en el centro del ritual. Antes de la medianoche, algunas familias amarran una cuerda roja alrededor del lugar donde se cocina, como símbolo de protección contra la escasez. La cuerda solo se retira después del primer desayuno del año. Si se rompe durante la noche, se interpreta como una señal de dificultades económicas.Rituales de Año Nuevo para protección y limpieza espiritualEn pueblos del sur de Bolívar, los espejos se cubren desde las 11:00 de la noche. La creencia indica que mirarse en el reflejo durante el cambio de año puede hacer que las cargas del pasado permanezcan en el cuerpo. Por eso, los espejos se destapan únicamente al amanecer.Algo similar ocurre en varios municipios del Magdalena Medio, donde durante las campanadas se guarda silencio absoluto. No hay abrazos ni brindis inmediatos. La primera palabra del año solo puede pronunciarse después de beber agua, como una forma de comenzar el ciclo sin discusiones ni malos augurios.Estos agüeros buscan soltar lo negativo del año que terminaEn zonas rurales de Nariño, algunas personas se amarran una hoja de plátano en el tobillo izquierdo antes de la medianoche. La hoja debe caer sola mientras se camina o se baila. Si permanece atada después de las 12, se interpreta como estancamiento.En veredas del Cauca, se quema sal gruesa en una cuchara metálica, mientras que en comunidades afrodescendientes del Pacífico se esconde una pequeña piedra en la boca para luego escupirla en la tierra, como símbolo de liberar rencores.Estos rituales revelan que, en Colombia, el Año Nuevo también se recibe con silencios, gestos mínimos y una profunda conexión con aquello que todavía no se puede controlar.
A escasos ocho meses de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, el debate sobre una Asamblea Nacional Constituyente ha vuelto al centro de la discusión pública. Tras la reciente inscripción de un comité promotor para recolectar firmas, analistas y expertos constitucionales advierten que el camino jurídico es extremadamente complejo y que la iniciativa podría responder más a una táctica de movilización política que a una posibilidad institucional real.El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry se ha mostrado pesimista frente a la viabilidad de esta propuesta, calificando los requisitos legales como "monumentales" bajo el marco de la Constitución de 1991."En mi opinión no estamos para una constituyente. Las condiciones son muy distintas a las que se dieron en 1990. Allá teníamos una guerra declarada de los carteles de la droga contra el Estado y hubo un consenso muy amplio. Hoy las circunstancias son muy diferentes. La Constitución del año 91 reguló cómo deben ser las asambleas constituyentes, como una vía de reforma y establece varios requisitos", dijo Charry.Le puede interesar: No se hará en época electoral”: Petro sobre Asamblea Nacional ConstituyenteA su vez, dijo que "se debe superar un umbral de algo más de 13,300,000 participantes en la votación para que genere efectos jurídicos". "Se busca recolectar las firmas para impulsar lo que sería una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Desde el gobierno han dicho que esto es una iniciativa ciudadana. Si se llega a recolectar un 20% del censo electoral en firmas, es obligatorio el trámite. Serían cerca de 8 millones de firmas que, en mi opinión, son muy difíciles de recaudar y de revisar", aseveró. Charry rechazó el argumento del Gobierno sobre la "obstrucción institucional" en el Congreso como justificación para una constituyente, señalando que es normal en democracia que un presidente deba hacer coaliciones cuando no tiene mayorías propias."Me parece a mí que es más una estrategia de movilización de las bases simpatizantes de la tendencia política del gobierno para darles un propósito de movilización y de cohesión", dijo. Escuche la entrevista aquí:
El pasado 21 de diciembre, Bogotá recibió una noticia que conmovió a muchos. Se confirmó la muerte de la presentadora y comunicadora social venezolana Margiory Fiaschi, quien falleció tras una larga lucha contra una lesión cerebral sufrida en 2023. Fue una batalla que enfrentó con discreción, valentía y una fortaleza que mantuvo hasta el final, lejos del ruido mediático y centrada en su proceso personal y familiar.Días antes de su fallecimiento, Fiaschi había compartido un mensaje en redes sociales que despertó preocupación entre sus seguidores. En la publicación se dirigía a su hija de cuatro años y reflexionaba sobre las dificultades de la maternidad, el aprendizaje constante y el “caos” que atravesaba debido a su estado de salud. Sus palabras, sinceras y cargadas de emoción, fueron interpretadas por muchos como una despedida anticipada.Aun en medio de la enfermedad, la presentadora dejó claro que su mayor motor siempre fue su hija, a quien intentó darle lo mejor “entre ensayo y error”. Ese mensaje, que hoy cobra un significado más profundo, generó una ola de reacciones y mensajes de apoyo por parte de quienes siguieron su carrera y su historia personal.Bogotá, la ciudad donde dio su última batallaTras recibir su diagnóstico, Margiory Fiaschi inició un tratamiento médico que la llevó a tomar una decisión difícil: renunciar a Globovisión a finales de 2024 para concentrarse por completo en su recuperación. Bogotá fue la ciudad que la acogió durante esta etapa, donde adelantó su proceso médico acompañada de sus seres queridos.Desde la capital colombiana, la comunicadora continuó compartiendo mensajes de esperanza, reflexión y gratitud, manteniendo un vínculo cercano con sus seguidores. Aunque su estado de salud era reservado, sus publicaciones transmitían serenidad y una mirada honesta sobre la fragilidad de la vida.Tras conocerse su fallecimiento, Globovisión le rindió un sentido homenaje, destacando su legado en el periodismo venezolano y recordándola como una mujer comprometida, luchadora y apasionada por su oficio. El canal resaltó que su voz y su ejemplo seguirán presentes en la memoria de colegas y audiencias.Una carrera sólida en la televisión venezolanaMargiory Fiaschi era graduada de la Universidad Bicentenaria de Aragua y construyó una trayectoria reconocida en la televisión venezolana. Durante más de una década fue uno de los rostros principales de "Entre Noticias", espacio informativo en el que se ganó el respeto del gremio y la confianza de los televidentes.Quienes trabajaron con ella la describen como una profesional rigurosa, cercana y siempre comprometida con el periodismo serio. Hoy, su historia deja una huella que trasciende la pantalla y se conecta con la fortaleza humana con la que enfrentó sus últimos años.
En una audiencia reservada, la juez 131 Penal Municipal con función de control de garantías decidió dejar en libertad, mientras avanza el proceso judicial, a tres de los presuntos implicados en el entramado de corrupción que habría direccionado de manera irregular un contrato cercano a los 32 millones de dólares para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional. Los hechos investigados se habrían presentado entre septiembre y octubre de 2024.La decisión cobijó al exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; al exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas; y al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, adscrito a la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional. La juez consideró que, pese a los señalamientos formulados por la Fiscalía, no se acreditaron antecedentes ni factores que permitieran concluir que los procesados representan un peligro para el proceso, razón por la cual negó la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad.Para el abogado Juan Felipe Criollo, defensa del coronel Rincón, tras la decisión del juzgado “se perdurará y se insistirá en la inocencia del coronel Rincón, y esto se llevará a las etapas ulteriores hasta demostrarlo en su totalidad”.Durante el proceso, la Fiscalía, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, expuso los presuntos roles que habrían desempeñado los investigados en el proceso contractual. En el caso del coronel Rincón Ricaurte, señaló que, en su condición de gerente del proyecto, habría generado de manera irregular prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado, sin soporte, que la empresa Vertol Systems Company contaba con la experiencia e idoneidad técnica requeridas, pese a que el comité evaluador había descartado a ese oferente. También se le atribuye haber intervenido para modificar los estudios financieros y avalar condiciones que impidieron verificar la real capacidad económica del contratista.Respecto a Diego Alejandro Manrique Cabezas, la Fiscalía indicó que presuntamente intervino en la elaboración y evaluación del estudio económico previo, además de modificar los requisitos financieros. Estas actuaciones, según el ente acusador, permitieron aprobar una propuesta sin que fuera posible establecer indicadores clave como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normativa vigente para este tipo de contratos.En cuanto a Hugo Alejandro Mora, la investigación sostiene que, pese a conocer las irregularidades del proceso y el incumplimiento de los requisitos legales, habría suscrito el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de ese año. Posteriormente, habría viabilizado la modificación de la forma de pago, autorizando un anticipo del 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, recursos que fueron consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.
Un total de 2.882 nuevos soldados profesionales del Ejército comenzarán a operar en distintas regiones del país tras culminar su proceso de formación en la Escuela de Soldados Profesionales SL Pedro Pascasio Martínez Rojas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de seguridad y control territorial.Los uniformados hacen parte del Curso Extraordinario N.° 81 SLP Salamanca Rodríguez Edinson, que cerró su ciclo académico con una ceremonia presidida por el general Federico Mejía, director del Centro Nacional de Entrenamiento. Durante el acto, la formación militar recordó la batalla de Ayacucho como referente histórico del Ejército.La preparación de los nuevos soldados se desarrolló durante dos meses e incluyó entrenamiento táctico, operacional y formación en derechos y deberes, con énfasis en las tareas que deberán cumplir en las diferentes unidades a las que serán asignados en el territorio nacional.Dentro de este grupo, 122 soldados obtuvieron certificación como Socorristas Militares, lo que les permitirá apoyar la atención de emergencias, labores humanitarias y la protección de civiles en zonas donde el Ejército mantiene presencia operativa.La institución también informó que cuatro integrantes del curso —Henry Javier Córdova Moreno, Gilmar Yesid Furnieles Vásquez, Brayan Stiven Quiroga Guzmán y Sergio Armando Téllez Navarrete— obtuvieron los mejores resultados académicos y operacionales del proceso de formación.Con esta incorporación, el Ejército amplía su pie de fuerza en un contexto marcado por retos de seguridad en varias regiones del país, donde las autoridades buscan mejorar la presencia institucional y la capacidad de respuesta frente a amenazas armadas y emergencias humanitarias.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.