En las próximas horas podrían ser liberados los 18 militares del Ejército Nacional que permanecen secuestrados en el municipio de Carmen del Atrato, Chocó, tras una serie de tensiones entre las comunidades indígenas del resguardo La Puria y la fuerza pública.El hecho se registró el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una unidad del Ejército adelantaba operaciones de vigilancia y control territorial en una zona de fuerte presencia del ELN. De acuerdo con la información oficial, cerca de 200 personas rodearon al grupo de soldados y los trasladaron por la fuerza hasta el resguardo indígena, impidiéndoles continuar su misión constitucional.La Defensoría del Pueblo confirmó que acompañará una misión humanitaria con el objetivo de garantizar el retorno seguro de los uniformados a sus hogares y a su unidad militar. Según la entidad, la situación fue comunicada por la Gobernación del Chocó, que activó los canales institucionales para promover una solución pacífica.Aunque no se ha reportado violencia contra los secuestrados, el Ejército Nacional calificó la acción como una vulneración de la libertad y la integridad personal de sus hombres. Las comunidades, por su parte, habrían solicitado la presencia de organismos del Estado y expresaron su inconformidad con las operaciones militares en su territorio, lo que refleja la compleja relación entre las autoridades y los pueblos étnicos en esta región del país.El departamento del Chocó sigue siendo uno de los más golpeados por el conflicto armado y la ausencia estatal. En esta zona confluyen grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que disputan el control de los corredores estratégicos del Pacífico y del occidente antioqueño. Esta realidad ha incrementado la tensión social y la percepción de riesgo entre las comunidades indígenas y afrodescendientes.La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de proteger los derechos humanos tanto de los soldados como de las comunidades, y aseguró que continuará acompañando las gestiones para lograr la liberación de los 18 militares y fortalecer los espacios de diálogo que eviten nuevas crisis humanitarias en el territorio.
El caso de Zulma Guzmán sigue dando de qué hablar y genera preocupación sobre lo que depara el futuro judicial de la mujer señalada como presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, hechos que además dejaron a otros dos jóvenes gravemente afectados, todos en el norte del país.Aunque en un inicio la mujer había afirmado que no estaba huyendo de las autoridades y que se encontraba en un viaje de negocios en Argentina, recientemente fue detenida en el Reino Unido. La captura se produjo luego de que se activara una alerta roja de Interpol y de que Guzmán fuera identificada, presuntamente, con intenciones de quitarse la vida en el río Támesis, en Londres.Según lo revelado oficialmente, Guzmán fue localizada por las autoridades británicas tras un rastreo internacional que permitió establecer que salió de Colombia y se movilizó por varios países. La Fiscalía había señalado que la mujer viajó a Argentina, Brasil, España y, finalmente, al Reino Unido, país al que llegó en noviembre. Desde entonces, la Agencia Nacional del Crimen británica se mantenía en la búsqueda de su paradero.Relacionan a Zulma Guzmán con otros presuntos casos de envenenamientoEl proceso judicial dio un nuevo giro tras relacionar a Zulma Guzmán con la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas. Oficialmente, Graham murió por cáncer, pero en su organismo se habrían encontrado rastros de talio.De acuerdo con lo que se ha conocido, Graham habría sido envenenada en dos oportunidades con esta sustancia, pese a que el dictamen médico señaló cáncer como causa de muerte. Ante este escenario, los investigadores buscan establecer cómo llegó el químico al entorno familiar en plena pandemia, cuando la familia se encontraba aislada en fincas ubicadas en Sutatausa y Ubaté, en Cundinamarca, zonas a las que no llegan servicios de domicilio.En una entrevista con Focus Noticias, Zulma Guzmán aseguró que las frambuesas hacen parte de su dieta regular. Además, señaló a la familia De Bedout al afirmar que varios caballos de polo, propiedad de Juan de Bedout, habrían sido envenenados con talio en un club.Esta información encendió las alertas de la Fiscalía, pues se trata de un dato que sugiere que Guzmán conocía los efectos de este tipo de sustancias, lo que abre la puerta a una investigación más amplia sobre posibles envenenamientos reiterados.Zulma Guzmán y su situación de salud mental en Reino UnidoMientras la investigación avanza, y tras su detención en el Reino Unido, Zulma Guzmán permanece bajo un régimen de salud mental. La mujer aseguró padecer problemas psicológicos, condición que, le impediría enfrentar de manera inmediata los cargos en su contra por el presunto doble homicidio.Este régimen también permite que el proceso de extradición sea suspendido de forma temporal, mientras las autoridades evalúan el estado de salud mental actual de Guzmán y determinan si está en condiciones de responder ante la justicia colombiana.
Al menos 18 militares fueron retenidos el domingo por pobladores del departamento del Chocó, en el oeste del país, cuando realizaban un operativo contra la guerrilla del ELN, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.El ministro tildó la acción de "secuestro" y detalló en X que los uniformados "fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena".Las detenciones de militares y policías son comunes en Colombia en zonas controladas por grupos armados y con poca presencia estatal.Autoridades sostienen que en estas retenciones participan pobladores, en su mayoría campesinos, que actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales que operan en la zona.Sánchez dijo que los militares estaban en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el Chocó, en una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN)."Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia", anotó el ministro.La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, señaló que tras "la retención de 18 soldados que se encontraban en el cumplimiento de sus deberes legales, por parte de la guardia indígena", llamó a un "consejo de seguridad extraordinario" para buscar la liberación de los uniformados.Sánchez enfatizó que restringir el trabajo militar "pone en grave riesgo, precisamente, a las comunidades que requieren mayor protección"."Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares", añadió el ministro.En septiembre 72 militares fueron retenidos por cientos de pobladores en el Cañón del Micay, un enclave para la producción de cocaína dominado por rebeldes disidentes de las extintas Farc.Un mes antes, otros 33 uniformados fueron liberados tras pasar tres días retenidos en el departamento del Guaviare.Inmersa en una guerra interna de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, Colombia vive su peor crisis de seguridad en la última década.
El Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las Farc, anunció este domingo un cese de operaciones contra la fuerza pública por las festividades navideñas y de fin de año, para que las familias puedan pasar estas fechas en paz."Hemos dado la orden a nuestras unidades en todo el territorio nacional de suspender las operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública desde el día 23 de diciembre del 2025 hasta el 7 de enero del 2026, con el objetivo de que las familias colombianas puedan compartir sin los temores propios de una confrontación armada", informó esa disidencia en un comunicado.El anuncio se produce el mismo día en que la guerrilla del ELN informó de un cese al fuego unilateral que se iniciará a las cero horas del 24 de diciembre y se extenderá hasta la misma hora del 3 de enero de 2026.La defensora del Pueblo, Iris Marín, reaccionó al anuncio del ELN con "cierto alivio, pero también con angustia", al advertir que, pese a que invoquen el respeto a la población civil, las acciones recientes de los grupos armados han causado daños a comunidades en varias regiones del país.Marín pidió que estos gestos se traduzcan en hechos concretos, como la liberación de personas secuestradas y la reducción real de las confrontaciones armadas, y recordó que ceses similares anunciados en el pasado no evitaron nuevas violencias, entre ellas, desplazamientos masivos y miedo generalizado en zonas como el Catatumbo.Hace unas horas, el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), otra disidencia de las Farc que opera en el Catatumbo anunció, mediante un video divulgado por medios locales y del que no se ha podido comprobar su autenticidad, otro cese indefinido de acciones ofensivas contra la fuerza pública.Intensificación de ataques guerrillerosEstos anuncios coinciden con la persistente crisis humanitaria en varias regiones del país, en particular en el Catatumbo, donde desde enero de este año se han intensificado los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 del EMBF, que han dejado cerca de un centenar de muertos y provocado desplazamientos masivos, confinamientos y otras afectaciones a comunidades campesinas.El EMC es liderado por Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', el hombre más buscado del país, por el que el Gobierno ofrece una millonaria recompensa y quien no participa actualmente en negociaciones de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.En contraste, el Ejecutivo mantiene conversaciones con otras organizaciones disidentes, entre ellas el EMBF, con el que en noviembre pasado alcanzó acuerdos para no reclutar menores de edad, promover el acceso a la tierra y proteger el medioambiente, en el marco de la política de 'Paz total' del presidente Petro.Tanto el EMC como el ELN perpetraron en los últimos días violentos ataques contra la Policía y el Ejército en los departamentos del Cauca y Cesar.En Buenos Aires, una toma del EMC que duró más de siete horas dejó ocho policías heridos y varias edificaciones de ese pueblo destruidas, mientras que en Aguachica, el ELN mató a siete soldados y dejó 31 más heridos en un ataque con drones contra una base del Ejército.
En la localidad de Engativá, específicamente en el barrio La Española, se registró un caso en el que dos hombres solicitaron un carro a través de una plataforma digital. Al montarse al vehículo, amenazaron al conductor con navajas, lo robaron y se llevaron el carro.El dueño del vehículo alertó a la Policía, cuyos uniformados iniciaron la búsqueda de los presuntos ladrones. En medio de la huida, el vehículo se apagó y, en ese momento, la Policía logró capturarlos.La teniente coronel Paula Güiza, comandante de la Estación de Policía de Engativá, aseguró que los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.“Cuadras más adelante, mediante la oportuna reacción de nuestros uniformados, lograron detener el vehículo y capturar a estas dos personas por el delito de hurto. Cabe resaltar que una de ellas tiene anotaciones por el mismo delito”, indicó la teniente.Es importante recordar que, en lo corrido del año 2025, en esta localidad se ha logrado la captura de más de 1.787 personas por diferentes delitos y la recuperación de 67 vehículos.
En desarrollo de las operaciones contra los grupos armados ilegales que operan en el Pacífico colombiano, la Armada de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, incautó material de guerra, recuperó a dos menores de edad y capturó a un hombre señalado de pertenecer al GAOR Jaime Martínez, en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.La acción fue realizada por tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 y uniformados de la Policía Nacional, quienes llevaron a cabo un allanamiento en el sector conocido como La Esperanza. En el lugar fue capturado un sujeto, se recuperaron dos menores y se incautaron dos fusiles, dos pistolas, cuatro artefactos explosivos improvisados, detonadores eléctricos, proveedores, 275 cartuchos de diferentes calibres, prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y equipos de comunicación.Según las autoridades, este material presuntamente iba a ser utilizado para realizar ataques contra la fuerza pública y la población civil, poniendo en riesgo la seguridad y tranquilidad de las comunidades de la región."De acuerdo con las investigaciones preliminares, el capturado, conocido como alias 'Danilo Gutiérrez', estaría involucrado en actividades como el uso de menores de edad para acciones criminales, la adecuación de drones, la instalación de explosivos, el cobro de extorsiones y labores de inteligencia ilegal en esta zona del Pacífico" dijo la Armada.El capturado, los menores recuperados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y garantizar la protección y restitución de los derechos de los menores.
La noche del sábado 20 de diciembre y la madrugada del domingo 21 se registraron cuatro homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga, tres de ellos en menos de 40 minutos, según información de la Policía Nacional y reportes de familiares y testigos.El primero fue sobre 20:50 de la noche en el Barrio Altos de Villabel, Bucaramanga donde Jorge Armando Morales Sandoval, de 41 años, fue atacado por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta mientras estaba en vía pública.Morales Sandoval fue herido con un cuchillo, presentando dos heridas graves una en el tórax anterior derecho y otra en la región axilar derecha, ambas de 10 cm. La víctima fue trasladada a la Clínica Foscal de Cañaveral, donde falleció minutos después. La Policía señala que el móvil del crimen fue una riña e intolerancia social.A las 21:35 en el Barrio Altos de Bellavista, Floridablanca Cristian Andrés Vásquez Zafra, de 32 años, salió de su apartamento tras recibir una llamada para encontrarse con un amigo. Al retirar el candado de su moto, fue interceptado por dos hombres en motocicleta. El pasajero descendió armado y disparó varias veces contra la víctima, quien falleció en el lugar. Los agresores huyeron con rumbo desconocido. Este caso está relacionado con sicariato y posible ajuste de cuentas.El tercer hecho fue a las 22:20 – Barrio Las Delicias, Piedecuesta donde Edinson Ordóñez Villamizar, alias 'Mechas', fue atacado frente a un establecimiento de billares mientras departía con bebidas alcohólicas. Dos sujetos en motocicleta llegaron al lugar, y el pasajero disparó cinco veces contra la víctima, que fue trasladada por la comunidad a la Clínica de Piedecuesta, donde falleció por la gravedad de las heridas.La Policía señala que los móviles podrían ser sicariato y ajuste de cuentas entre bandas locales pues desde hace meses se están disputando el territorio de los barriosEl cuarto hecho ocurrió a las 03:57 de la mañana dle domingio en la vía Bucaramanga-Girón, kilómetro 3, frente al barrio Los Guacamayos.Juan Pablo Villamizar, de 20 años, murió tras ser agredido con un cuchillo durante una discusión por un accidente de tránsito. La víctima recibió una herida con cuchillo y falleció en el lugar, en medio de un hecho de intolerancia. La policía fue alertada oportunamente y lodró la captura de uno de los agresores en flagrancia. Este caso se clasifica como riña e intolerancia social.Las autoridades locales reiteran su llamado a la ciudadanía para mantener la calma y colaborar con información que ayude a esclarecer estos hechos y capturar a los demás responsables de los crímenes.
Aún siguen las secuelas para los 20 sobrevivientes del trágico accidente en el Nordeste antioqueño, que hace una semana cobró la vida de 16 jóvenes que se habían acabado de graduar de bachilleres en el Liceo Antioqueño de Bello, además del conductor del vehículo que cayó a un abismo de más de 40 metros en la vía entre Segovia y Remedios.La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, le confirmó a Blu Radio que ya 14 de ellos fueron dados de alta, tras recibir atención médica en hospitales de Remedios, Yolombó y Medellín, mientras que los restantes han tenido una recuperación más lenta."Ya tenemos catorce de alta en sus casas, y solo tenemos seis en hospitales de alto nivel y mediano nivel, como son San Vicente de Paul, Clínica Las Américas, Hospital General, Clínica del Norte y Yolombó, solo seis. Están estables, se están recuperando, es una recuperación más lenta", afirmó la funcionaria.En las últimas horas, con apoyo de maquinaria especializada, fueron retirados de la zona del siniestro los restos del vehículo de servicios especiales que transportaba a los bachilleres desde Tolú a Medellín en medio de la excursión de la que participaban para celebrar sus grados.Es posible que algunos elementos extraídos del abismo sean examinados por parte de las entidades competentes en medio de las investigaciones que avanzan para esclarecer las circunstancias del accidente.El pasado miércoles familiares, amigos, y autoridades le dieron el último adiós a las víctimas fatales, con una eucaristía convocada por parte de la administración municipal y el Liceo Antioqueño con toda la comunidad educativa, la cual se llevó a cabo en el coliseo de la Unidad Deportiva Tulio Ospina.
Endeudarse en Colombia se ha vuelto una situación común para miles de ciudadanos. Los altos intereses, la inestabilidad laboral y los gastos asociados a vivienda, educación o consumo llevan a que muchas personas no logren cumplir con sus cuotas a tiempo. Sin embargo, cuando las obligaciones se incumplen de manera reiterada, las consecuencias pueden ser más severas de lo que muchos imaginan.La ley colombiana contempla mecanismos para que los acreedores recuperen su dinero, incluso mediante medidas que afectan directamente el salario del deudor. Este escenario genera preocupación entre quienes atraviesan dificultades financieras y temen ver reducidos sus ingresos mensuales.Embargo de salario en Colombia: cuándo la ley permite quitar hasta el 50 %Uno de los puntos que más inquieta a los deudores es la posibilidad de que les embarguen hasta la mitad del sueldo. Para muchos, no poder pagar una cuota ya es complicado, pero perder el 50 % del ingreso puede agravar aún más la situación. Esta práctica es legal, aunque solo aplica en circunstancias específicas.El Código Sustantivo del Trabajo establece que el salario mínimo legal, en principio, es inembargable. No obstante, existen dos excepciones claras:Obligaciones por pensión alimentaria.Deudas adquiridas con cooperativas legalmente constituidas.En estos casos, el embargo puede alcanzar hasta el 50 % de los ingresos del trabajador. La norma no solo contempla el salario base, sino también otros conceptos que se devengan mensualmente, como horas extras, recargos nocturnos, dominicales y comisiones. Para muchos hogares, esta medida representa un impacto directo en su estabilidad económica.Tipos de embargo que pueden enfrentar los deudores en ColombiaEl Código General del Proceso es la norma que regula los embargos en el país y define los escenarios en los que se pueden aplicar. De manera general, existen tres tipos principales de embargo:Embargo preventivo: busca evitar que el deudor venda o transfiera sus bienes mientras avanza el proceso judicial.Embargo ejecutivo: se decreta cuando ya existe una sentencia definitiva y la deuda no ha sido pagada.Embargo por alimentos: se aplica para garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias, como la manutención de hijos.En otros casos, como las deudas con la DIAN, la Contraloría u otras entidades de cobro estatal, la ley permite embargar la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal vigente.¿Qué bienes no le pueden embargar a una persona endeudada?No todo está perdido para quien enfrenta un proceso de embargo. La legislación colombiana también protege ciertos bienes considerados esenciales para garantizar una vida digna. Entre ellos se encuentran el salario mínimo legal, el auxilio de cesantías, las indemnizaciones por accidente de trabajo y los bienes de uso personal, como ropa, muebles básicos y utensilios de cocina.Asimismo, son inembargables los bienes de familia, los derechos de uso y habitación y otros elementos expresamente protegidos por la ley. Ante cualquier proceso, los expertos recomiendan buscar asesoría legal y explorar acuerdos de pago, ya que negociar a tiempo puede evitar que la situación termine afectando de manera directa el ingreso mensual.
En un análisis sobre el cierre del año político y los retos que enfrenta Colombia de cara a las elecciones de 2026, el profesor y analista Juan Carlos Flores expresó en entrevista con Sala de Prensa Blu su preocupación por la falta de liderazgo y de propuestas claras en los sectores de oposición. En diálogo con Blu Radio, el experto abordó temas como el impacto de la inteligencia artificial, la crisis de representación política y la necesidad de construir un proyecto de país que conecte con la ciudadanía.Inteligencia artificial: una herramienta sin concienciaDurante la entrevista, Flores se refirió al avance de la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito académico, destacando su capacidad para procesar grandes volúmenes de información en poco tiempo. No obstante, advirtió sobre sus límites frente al pensamiento humano.“Estamos ante un sistema de compilación extraordinario que nos permite hacer repasos a una velocidad que antes era inimaginable”, afirmó. Sin embargo, aclaró que esta tecnología aún carece de una dimensión creativa propia: “Ella aún no permite que vislumbremos lo nuevo, no nos presenta nuevos escenarios”.Críticas a la oposición y al debate electoralAl analizar el panorama político nacional, Flores manifestó un “profundo desconcierto” frente a la estrategia de la oposición, señalando que el debate se ha reducido a cálculos electorales y alianzas sin contenido programático. Según el analista, la discusión se ha centrado en nombres y no en ideas capaces de generar un verdadero cambio.En ese sentido, fue contundente al afirmar que “la oposición en Colombia no ha logrado encontrar un camino distinto del simple rechazo al gobierno”. Para Flores, la experiencia de líderes como Gustavo Petro, Donald Trump o Javier Milei demuestra que el respaldo ciudadano se construye a partir de la conexión con las aspiraciones del electorado, algo que hoy no se percibe en los sectores opositores.“Mi crítica a la oposición es que por ese camino van directo a la derrota en la segunda vuelta”, advirtió, al considerar que la falta de una propuesta atractiva podría traducirse en un nuevo fracaso electoral.Un llamado a pensar el futuro del paísFinalmente, Flores llamó la atención sobre la pérdida de talento humano en Colombia, impulsada por la falta de oportunidades y de un proyecto nacional sólido. A su juicio, la dirigencia política debe enfocarse en ofrecer soluciones reales y en “construir un futuro para el país”, dejando de lado discursos anclados en la “revancha social” o la “amargura por el pasado”.De no hacerlo, concluyó el analista, Colombia podría enfrentar un escenario cada vez más complejo, marcado por la frustración ciudadana y un camino político “áspero y duro” sin una visión clara de largo plazo.
Una falsa cazatalentos argentina recorrió varios municipios de Colombia prometiendo llevar a niñas futbolistas a jugar en los mejores equipos de Argentina. Sin embargo, habría reclutado a varias menores para explotarlas, obligándolas a realizar labores domésticas mientras sus familias adquirían deudas millonarias.La mujer, identificada como Griselda Alfonso, se presentó en una entrevista al Canal 4 de San José del Guaviare como directora técnica nacional e internacional de fútbol y capacitadora de talentos. En esa ocasión aseguró: “Los jugadores que llevamos creo que van a ser un referente en Argentina para San José del Guaviare”.En diálogo con Noticias Caracol, Oliver Capote, periodista del Canal 4 y quien entrevistó previamente a Alfonso, explicó que la mujer convocaba a las niñas con la promesa de viajar a Argentina, donde supuestamente les haría seguimiento como tutora y las acompañaría a pruebas deportivas. “Les decía que, si rendían adecuadamente, podrían pasar a formar parte de clubes deportivos”, señaló.Según los familiares en Noticias Caracol, la mujer les aseguró a las seleccionadas que ya había gestionado todos los documentos necesarios para el viaje. Una familiar de una de las víctimas relató que Alfonso le indicó “que el Arsenal la había fichado, que había salido favorecida en el deporte y que además tenía una beca para estudiar en la universidad lo que quisiera”.De acuerdo con el testimonio, Griselda exigió inicialmente 4.000 dólares, que debían entregarse en pocas horas para poder viajar, lo que obligó a la familia a adquirir una gran deuda. "Quince días después solicitó otros 4.000 dólares, prometiendo traer el carné del club y un kit deportivo".Las niñas viajaron a Argentina por un mes, pero nunca llegaron a jugar fútbol. “Nos sacaba y sacaba plata, unos 15 millones. Llamábamos a la niña y estaba descalza, sin zapatos, haciendo aseo, preparando el almuerzo, siempre ocupada arreglando”, relató el padre de una de las menores.Una de las niñas logró conseguir un celular y, a escondidas, envió una alerta en la que advertía que estaba en peligro. Tras la denuncia, la mujer fue capturada y las menores fueron rescatadas.
Momentos de terror se vivieron finalizando la tarde de este domingo 21 de diciembre en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, por el ataque de guerrilleros de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc contra la estación de Policía.De acuerdo a información de los presentes, en el espacio se encontraban reunidas familias y vecinos en un partido de fútbol en una cancha de la zona cerca a la sede policial, cuando repentinamente se comenzaron a escuchar disparos continuos.La situación provocó que decenas de personas corrieran para salir del lugar y resguardarse y así evitar ser alcanzadas por alguna bala perdida.Afortunadamente no se reportan personas heridas ni por los disparos, ni por situaciones asociadas a los hechos.Este ataque se produce cuando en teoría hay cese al fuego por parte de algunos grupos armados, debido a la época decembrina.
Jhon Mendoza, conocido como alias ‘Jhon mechas’, cabecilla de las disidencias de las Farc, jefe del frente 33, anunció que se mantendrá indefinidamente un cese de acciones militares ofensivas contra la fuerza pública. Su grupo delinque principalmente en la región del Catatumbo, Norte de Santander, pero también hace parte del que lidera a nivel nacional alias ‘Calarcá’.Este grupo es responsable de manejar las economías ilícitas, como el contrabando y rutas hacia Venezuela, teniendo incidencia, específicamente, en el Norte de Santander. Además, este sujeto tiene una circular roja de la interpol, debido al atentado terrorista contra el expresidente Iván Duque, que estuvo muy cerca de dejar un resultado trágico en el ataque a un helicóptero, y el ataque a la Brigada 30 del Ejército de Cúcuta.“Hemos tomado la decisión de ratificar públicamente la orientación que nuestras unidades ya vienen cumpliendo. De hecho, el cese de acciones militares ofensivas contra la fuerza pública por tiempo indefinido”, señaló alias ‘Jhon mechas’.Pero, en este pronunciamiento, el jefe criminal aclaró que esta decisión no define o implica que se deje de un lado las armas y el fin de las actividades armadas y se mantienen las confrontaciones con otros grupos, en lo que llaman el legítimo derecho a la defensa.
En un video difundido en redes sociales se puede observar el momento en que un vehículo de color gris, en el que se movilizaba una familia, avanzaba lentamente detrás de una tractomula amarilla. En ese instante, una tractomula de color rojo, que presuntamente se encontraba sin frenos, se estrelló contra el automóvil, aplastándolo y dejándolo completamente irreconocible.El siniestro se registró en la vía que conecta Buga con Buenaventura el pasado viernes 19 de diciembre de 2025 y dejó como saldo la muerte de la pareja identificada como Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, quienes viajaban junto a sus dos hijos menores de edad.Uno de los detalles más impactantes del caso es que, minutos antes del impacto, uno de los menores, llamado Julio, descendió del vehículo para orinar a un costado de la carretera, mientras su madre lo grababa entre risas y se despedía diciendo: “Chao, Julio”.Según confirmaron las autoridades, los dos menores sobrevivieron al accidente y actualmente se encuentran en un centro de atención hospitalaria de Buenaventura, donde reciben atención médica especializada.La pareja residía en un municipio cercano a Buenaventura, era propietaria de un supermercado y era reconocida por su amabilidad y cercanía con los vecinos y allegados. Por ahora, los menores también reciben acompañamiento psicológico tras la tragedia.Este es el videoEn entrevista con Noticias Caracol, Ana Rosa Torres, vecina de las víctimas, expresó que “esta tragedia que pasó, no se imaginan el dolor tan intenso que sentimos en todo el barrio por esta noticia”.Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución en las vías, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando se registra una alta congestión vehicular. Cabe resaltar que, en los últimos ocho días, se han presentado tres accidentes de tránsito, que han dejado como resultado cuatro personas muertas y varios heridos.Entre las principales recomendaciones se encuentran no conducir bajo los efectos del alcohol, mantener una velocidad moderada y revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de realizar trayectos largos.
El Ejército Nacional denunció el secuestro de varios soldados en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, en medio de operaciones militares adelantadas contra el grupo armado organizado ELN.De acuerdo con la Séptima División del Ejército, los uniformados fueron rodeados, retenidos y trasladados de manera arbitraria por un grupo de aproximadamente 200 personas hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con su misión constitucional.Según el comunicado oficial emitido este 21 de diciembre, los hechos ocurrieron mientras las tropas desarrollaban labores de seguridad y control territorial orientadas a proteger a la población civil y enfrentar la presencia del ELN en esta zona del departamento. En ese momento, la unidad militar fue interceptada por un numeroso grupo de civiles que bloqueó su movilidad y procedió a retener a los soldados contra su voluntad.El Ejército calificó lo ocurrido como una grave vulneración a la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la fuerza pública, y rechazó de manera categórica cualquier acción que interfiera con el desarrollo de operaciones militares legítimas del Estado. Para la institución, este tipo de hechos no solo afecta el cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Militares, sino que también pone en riesgo la vida de los uniformados y debilita la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en regiones golpeadas históricamente por el conflicto armado.En el pronunciamiento, el Ejército hizo un llamado urgente a las autoridades competentes, a los organismos de derechos humanos y a los líderes comunitarios para que se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación. El Ejército hizo énfasis en la necesidad de privilegiar el diálogo y el respeto por la institucionalidad, así como la observancia estricta del marco constitucional, legal y del derecho internacional humanitario.El comunicado también advierte que la privación de la libertad de integrantes de la Fuerza Pública constituye una conducta sancionada por la ley y puede acarrear responsabilidades penales. En ese sentido, el Ejército llamó a abstenerse de este tipo de acciones, que no solo afectan la institucionalidad, sino que pueden involucrar indebidamente a civiles en hechos con consecuencias jurídicas graves.
En una operación de inteligencia, las Fuerzas Militares frustraron lo que habría sido un atentado terrorista en el suroccidente del departamento del Tolima. Tropas del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal con cerca de 30 kilogramos de explosivos pertenecientes al Frente Joaquín González, estructura disidente bajo el mando de alias ‘Calarcá’.El hallazgo se produjo en la vereda Tolda Blanca, en el corregimiento de Playarrica, jurisdicción del municipio de San Antonio,en el sur del Tolima. Según las autoridades, el material explosivo iba a ser utilizado para ejecutar acciones terroristas que ponían en riesgo directo a la población civil y a la infraestructura de la región.De acuerdo con información oficial, la operación fue adelantada por tropas del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional.En el lugar fueron encontrados aproximadamente 30 kilos de explosivos de alto poder, cuya capacidad de afectación, según valoraciones técnicas, habría generado un radio de destrucción cercano a los 40 metros.Junto al material explosivo, las autoridades hallaron dos uniformes similares a los utilizados por la Policía Nacional, panfletos alusivos al Frente Joaquín González y una batería de motocicleta. Para las Fuerzas Militares, estos elementos evidencian la intención de esta estructura ilegal de ejecutar acciones de alto impacto, posiblemente mediante engaños a la población o suplantación de la autoridad.Tras el hallazgo, el grupo antiexplosivos de la Policía Nacional adelantó la destrucción controlada del material, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de operaciones. Los demás elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el avance de los procesos judiciales correspondientes.Según información de inteligencia, este grupo disidente estaría involucrado en actividades como extorsión, control territorial, reclutamiento forzado y acciones violentas contra la fuerza pública y la población civil.
Expertos antiexplosivos del Ejército y de la Policía desactivaron de manera controlada un vehículo tipo camioneta platón que había sido cargada con más de 200 kilos de explosivos de alto poder destructivo en el municipio de Belén de los Andaquíes en el sur del Caquetá.El gobernador de ese departamento Luis Francisco Ruiz Aguilar, rechazó el frustrado atentado terrorista y expresó que teniendo en cuenta la cantidad de explosivos acondicionados en el automotor el daño habría sido “catastrófico” y había podido afectar tres cuadras a la redonda.Por su parte el general Sergio Guzmán Jaimes, comandante de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional, no descartó que esta acción terrorista haya sido autoría de los grupos armados organizados que delinquen el sur del país.“Afortunadamente en un trabajo coordinado entre el Ejército y nuestra Policía logramos neutralizar una acción terrorista que en estos momentos estuviera enlutando al pueblo caqueteños, con esta acción terrorista los diferentes grupos armados que delinquen en la región no les importa los daños colaterales, si, este carrobomba hubiera estallado, el efecto había sido devastador en un municipio tan pequeño como es Belén de los Andaquíes”, dijo el comandante de la unidad militar.Asimismo, la Policía anunció que ya se dispuso de un equipo especializado coordinado con la Fiscalía para adelantar las investigaciones pertinentes, mientras, que la Gobernación del Caquetá ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información de los responsables que dejaron abandonado el carrobomba.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Casanare, Darío Yesid García Barray, por un presunto incumplimiento en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la vigencia 2022.De acuerdo con la investigación, el servicio de alimentación dirigido a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del municipio no se habría iniciado desde el comienzo del calendario académico, como lo establecen las normas que regulan el programa.Según el ente de control, el PAE únicamente se habría prestado durante seis jornadas escolares en octubre y 17 en noviembre, lo que indica que su ejecución se concentró en la parte final del año escolar, afectando el acceso oportuno de los estudiantes a este beneficio.La Procuraduría señaló que el suministro de la alimentación escolar debía garantizarse desde el primer día de clases, con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa.Por estos hechos, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima, y continuará el proceso disciplinario para determinar la eventual responsabilidad del exmandatario municipal.
Colombia cierra 2025 entre la incertidumbre económica, el deterioro del orden público y un ambiente político cada vez más tenso. El anuncio del Gobierno de querer decretar una emergencia económica para recaudar recursos que no logró vía reforma tributaria abrió un nuevo debate sobre la institucionalidad, la separación de poderes y la transparencia en la toma de decisiones.Ese escenario fue analizado este 21 de diciembre en Sala de Prensa por la profesora de la Universidad de Los Andes, María Margarita Zuleta, quien hizo una lectura crítica del momento que atraviesa el país. Para la académica, la combinación entre inseguridad, problemas fiscales y decisiones excepcionales sin explicaciones claras está profundizando la desconfianza ciudadana justo antes de un año electoral.En medio de ese análisis, Zuleta fue contundente al referirse al decreto de emergencia económica: “La ausencia de transparencia frente al razonamiento que tiene el Gobierno para decretarla es un poco como tomadera de pelo”. La analista cuestionó que, al momento del anuncio, no se conocieran los considerandos del decreto, es decir, los argumentos que justificarían una medida extraordinaria de ese calibre.Emergencia económica y falta de transparencia en el GobiernoZuleta recordó que, según múltiples expertos, no se identifica una circunstancia sobreviniente o una calamidad reciente que sustente jurídicamente la emergencia. “No conocemos los considerandos del decreto”, insistió, al advertir que esa opacidad debilita la legitimidad de la decisión y podría llevar a que la Corte Constitucional la tumbe.A su juicio, el hecho de que el Congreso haya negado la reforma tributaria no puede presentarse como un hecho inesperado. El último año de gobierno, dijo, históricamente es complejo para aprobar reformas estructurales, por lo que decretar una emergencia en ese contexto agrava el choque entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder.'Paca' Zuleta advierte problemas en el gasto público y eficiencia del EstadoMás allá de los nuevos impuestos planteados, la profesora puso el foco en un problema estructural. “Al Gobierno no le interesa la eficiencia del gasto público ni la eficiencia de las políticas públicas”, afirmó, al señalar que existen recursos que se aprueban pero no se ejecutan de manera adecuada ni en los tiempos previstos.Zuleta subrayó que el debate no debería limitarse a recaudar más, sino a garantizar que el dinero público se invierta con rigor, planeación y resultados concretos para los ciudadanos. De lo contrario, advirtió, se seguirán repitiendo crisis fiscales que terminan resolviéndose con medidas excepcionales.El análisis también incluyó la situación de orden público, marcada por la reciente ofensiva del ELN y el temor de muchas comunidades. Para la académica, el país vive una sensación de “vuelta al pasado”, con ciudadanos preguntándose si pueden viajar o si su vida está garantizada.Ese contexto, sumado a la emergencia económica y a los escándalos de corrupción, deja un cierre de año complejo y un 2026 cargado de incertidumbre, donde la confianza en las instituciones será uno de los principales retos.
Un juez de la República condenó a nueve meses de prisión a Mario Pastrana Prieto, tras aceptar, mediante preacuerdo, su responsabilidad en el delito de maltrato animal agravado por la agresión contra una perrita criolla identificada como ‘Juana de Arco’, en hechos ocurridos en una vía pública de Ibagué, Tolima.La decisión judicial se dio luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas contundentes, entre ellas videos de cámaras de seguridad difundidos por la ciudadanía en redes sociales, que evidenciaron el momento en el que el hombre golpeó al animal con un palo e incitó a otros dos perros para que la atacaran.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), los hechos ocurrieron el 8 de junio de 2024. Posteriormente, el agresor también habría amenazado al propietario de la canina y a su familia.Como consecuencia del ataque, ‘Juana de Arco’ sufrió una contusión en la cabeza y presentó cambios significativos en su comportamiento, con evidencias de miedo extremo y afectaciones emocionales, razón por la cual ha requerido valoraciones veterinarias permanentes.Además de la pena de prisión, el condenado deberá pagar una multa equivalente a 3,75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de decretar un cese al fuego unilateral durante la temporada de Navidad abrió un nuevo capítulo en el complejo panorama del conflicto armado en Colombia. La medida, presentada por la guerrilla como un “mensaje de paz”, fue recibida con cautela por distintas voces institucionales, entre ellas la defensora del pueblo, Iris Marín, quien expresó una mezcla de alivio y preocupación frente a lo ocurrido.El cese anunciado regirá entre las 00:00 horas del 24 de diciembre y las 00:00 horas del 3 de enero de 2026, e implica la suspensión de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública. Sin embargo, llega después de una semana marcada por ataques, hostigamientos y un paro armado que afectó a varias regiones del país.ELN anunció cese al fuego para Navidad como “mensaje de paz”En su comunicado, el ELN aseguró que la decisión busca enviar una señal de tranquilidad durante las festividades de fin de año. La guerrilla señaló que el respeto a la población civil hace parte de este anuncio, aunque no precisó mecanismos de verificación ni alcances frente a otros actores armados.Este tipo de decisiones no son nuevas. En años anteriores, el ELN ha decretado ceses temporales en fechas especiales, lo que genera expectativas entre las comunidades que viven en zonas históricamente golpeadas por el conflicto, pero también dudas sobre su cumplimiento efectivo.Defensoría del Pueblo pide gestos que protejan a la población civilLa defensora del pueblo, Iris Marín, reaccionó al anuncio con un mensaje claro: el alivio existe, pero la preocupación persiste. En su pronunciamiento recordó que, pese a declaraciones similares en el pasado, las comunidades han seguido enfrentando afectaciones graves.“Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia”, señaló Marín, al advertir que las acciones recientes del ELN han dejado daños sostenidos contra la población civil. Desde la Defensoría se insistió en que un gesto coherente sería la liberación de las personas que continúan secuestradas, una de las prácticas más rechazadas por la sociedad colombiana.Además, Marín subrayó que el cese de hostilidades debería extenderse a los enfrentamientos que el ELN mantiene con otros grupos armados ilegales, pues estas confrontaciones también generan desplazamientos, confinamientos y riesgos para las comunidades.El recuerdo de ceses pasados y la alerta por regiones como CatatumboLa defensora del pueblo también trajo a colación lo ocurrido hace un año, cuando un anuncio similar no evitó que, meses después, se registraran nuevos ataques contra civiles. Como ejemplo, mencionó la situación en el Catatumbo, donde la confrontación armada derivó en lo que calificó como el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente del país.Ese antecedente refuerza la postura de quienes consideran que los anuncios deben ir acompañados de hechos verificables y sostenidos en el tiempo. Para las comunidades, la verdadera señal de paz no está solo en un comunicado, sino en la posibilidad de pasar las festividades sin miedo, sin confinamientos y sin amenazas.“Saludamos el anuncio, pero pedimos más”, concluyó Marín, dejando claro que la expectativa de la institucionalidad y de la ciudadanía es que este cese se traduzca en una protección real de la población civil, más allá del calendario.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció respecto al anuncio del cese al fuego unilateral del ELN a partir del 24 de diciembre hasta el 3 de enero. Marín recibió con alivio la decisión de la guerrilla, pero aseguró que es un anuncio que también genera angustia, pues las acciones del ELN han provocado daños irreparables a la población.“Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas. El cese de hostilidades debería alcanzar también las hostilidades con otros grupos armados, a quienes les pedimos el mismo alivio en el fin de año”, fue la solicitud que hizo la defensora a través de su cuenta de X.Marín recordó que hace un año la guerrilla hizo un cese al fuego similar; sin embargo, en enero emprendió una ofensiva en el Catatumbo que generó el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia, razón por la cual la defensora celebró el anuncio, pero pidió más de parte del ELN.
Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez, Nidia Pineda, Fany Rodríguez, Edgardo Lozano y Jeik Donovan Yepes son las seis personas que presuntamente pertenecían a una estructura criminal en la que se simularon operaciones comerciales por más de 843 mil millones de pesos, mediante la venta de facturas falsas, con el fin de evadir impuestos y afectar gravemente las finanzas del Estado.Según la investigación de la Fiscalía, estas personas son acusadas de crear 185 empresas de papel, utilizadas para que compañías reales se apropiaran ilegalmente del IVA y redujeran la base gravable del impuesto de renta.La red ilegal habría operado durante una década simulando operaciones comerciales mediante la venta de facturas falsas, con el fin de evadir impuestos y afectar gravemente las finanzas del Estado.“Los acusados figuraban como socios o representantes legales de dichas sociedades. Así se habían concertado para constituir empresas de fachada con diversos objetos sociales, a pesar de no contar con capacidad económica, logística, recurso humano ni operativa para sustentar las operaciones que evidenció la Fiscalía”, aseguró el director especializado contra los delitos fiscales, Leonardo Quevedo Castillo.Las supuestas empresas pedían, a cambio, entre el 1 % y el 5 % del valor facturado de forma irregular. La Fiscalía estableció que estas maniobras se realizaron entre 2012 y 2022, con el apoyo de análisis financieros del CTI y del Modelo Único de Investigación Financiera.Las capturas se realizaron en Bogotá y Casanare. A los implicados se les imputaron delitos como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El juez ordenó a cinco de ellos prisión domiciliaria y a la última, cárcel.
Un nuevo movimiento telúrico volvió a generar alarma entre los colombianos en la mañana de este domingo, 21 de diciembre.De acuerdo con el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC), a las 9:05 a. m. (hora local) se registró un sismo de magnitud 4.6, con epicentro en Neiva, departamento del Huila.Según la información oficial entregada por la entidad, el evento sísmico tuvo una profundidad de 34 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial, característica que suele hacer que los movimientos sean percibidos con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro. El temblor se localizó específicamente a unos 4 kilómetros de Neiva, en las coordenadas latitud 2.95 y longitud -75.30.Minutos después del movimiento, las redes sociales se convirtieron en el principal canal de reporte ciudadano. Usuarios de diferentes regiones del país aseguraron haber sentido el temblor, algunos describiéndolo como un sacudón fuerte pero corto, mientras que otros señalaron un movimiento prolongado que generó preocupación, especialmente en viviendas y edificaciones antiguas.¿En qué ciudades se sintió?Entre las ciudades donde se reportó percepción del sismo se encuentran Garzón, Armenia, Ibagué, Cali, Popayán y Florencia, además de otros municipios del centro y suroccidente del país. En Neiva, varios habitantes indicaron que el temblor se sintió con fuerza, provocando evacuaciones preventivas en oficinas, viviendas y algunos establecimientos comerciales.Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños estructurales de consideración.El Servicio Geológico Colombiano recordó que Colombia es un país con alta actividad sísmica, debido a su ubicación en una zona de interacción de placas tectónicas, especialmente la placa de Nazca, la placa Suramericana y la placa del Caribe. Por esta razón, los movimientos telúricos son frecuentes y, en la mayoría de los casos, no representan un riesgo mayor.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse únicamente a través de canales oficiales y revisar los planes familiares de emergencia. Asimismo, recomendaron identificar zonas seguras dentro de los hogares y lugares de trabajo, y evitar difundir información falsa que pueda generar pánico.