La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que denuncia presuntas irregularidades graves al interior de la entidad que, según advierten, afectan la transparencia, la moralidad administrativa y la confianza ciudadana.En el documento, el sindicato cuestiona la gestión de la directora nacional de Migración Colombia, Gloria Arriero, y señala que el 19 de noviembre de 2025 se publicó en la plataforma oficial de la Presidencia la hoja de vida de Edgar de Jesús Bernal Coconubo como aspirante a un cargo en la Superintendencia de Servicios Públicos, pese a que es cónyuge de la directora, lo que, afirman, compromete la imparcialidad institucional.Osemco considera aún más grave que el esposo de la subdirectora de Control Migratorio, Juliana María Rodríguez, sea el actual superintendente de Servicios Públicos, situación que, a su juicio, configura un conflicto de intereses que debilita la cadena de mando y limita la capacidad real de la directora para ejercer autoridad sobre su subalterna.El sindicato también denuncia un ejercicio excesivo de poder por parte de la subdirectora de Control Migratorio, quien, aseguran, tiene mayor autoridad que la propia directora nacional, generando un ambiente de temor interno.Señalan que se intentaron realizar cambios administrativos a finales de diciembre, en plena temporada alta de flujo migratorio, pese a las advertencias sindicales sobre el riesgo de provocar un paro.A estas denuncias se suma la supuesta adjudicación de un contrato de prestación de servicios a la pareja sentimental de la hija de la directora Arriero, quien, según Osemco, habría ejercido influencia en la gestión de hojas de vida y recibido altos honorarios sin evidencia clara de trabajo efectivo, información que aseguran fue verificada en el Secop.El sindicato afirma que estas situaciones fueron confrontadas directamente con la directora, quien habría reconocido los hechos y manifestado que no tenía por qué dar explicaciones. Además, denuncian una pugna interna con la directora de Presupuesto y una gestión financiera deficiente que habría llevado a la entidad a una situación cercana a la bancarrota.Osemco advierte sobre prácticas sistemáticas de nepotismo, tráfico de influencias y nombramientos a dedo que, según ellos, afectan a más de 1.800 familias y ponen en riesgo las funciones misionales de Migración Colombia. Por ello, solicitaron a Petro acciones inmediatas, la renuncia de los funcionarios involucrados, empezando por la directora Gloria Arriero, y la intervención urgente de los entes de control.
El exministro del Interior y candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, publicó un video en el que pide que la consulta del Pacto Amplio no se convierta únicamente en una consulta de la izquierda.Es importante recordar que esta consulta se hará el 8 de marzo para elegir a un candidato a la Presidencia que será apoyado por todos los otros en la primera vuelta.Hasta el momento, en la consulta del Pacto Amplio están el senador Iván Cepeda, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y el exembajador en el Reino Unido, Roy Barreras.“La consulta del Pacto Amplio no puede convertirse simple y sencillamente en una consulta de la izquierda. Tiene que ser mucho más plural, mucho más incluyente, mucho más amplia. Que se sienta representado el centro liberal, los socialdemócratas, los reformistas de este país que no somos de izquierda democrática”, dijo Cristo.Es importante recordar que, aunque hasta ahora la consulta del Pacto Amplio tiene tres candidatos, hay otras personas que podrían unirse a esta coalición. Entre ellas está justamente el exministro Cristo, el excanciller Luis Gilberto Murillo o la senadora Clara López.“Ese es el desafío para poder construir una agenda progresista, liberal, incluyente, lo más amplia posible, a partir de la cual podamos convocar los grandes consensos que necesita este país”, agregó Cristo.
La Presidencia de la República defendió, a través de un comunicado, el contrato por más de $10.000 millones para la defensa del presidente Gustavo Petro en EE. UU., tras su inclusión en la lista OFAC.En el documento aseguran que “la modalidad de contratación está autorizada por el ordenamiento jurídico y justificada en los estudios previos. Además, corresponde a la inexistencia de una oferta nacional con experiencia” en estos casos.Según el Dapre, este tipo de contrataciones representan una acción para la protección de los intereses estratégicos del Estado en el escenario internacional. Agregan que el contrato no busca la defensa personal del presidente ni de funcionarios en particular, sino “el fortalecimiento de la capacidad institucional del país para analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras, cuyos efectos podrían impactar de forma grave y transversal al sistema financiero y a las relaciones exteriores de Colombia”.Cabe mencionar que, en octubre del año pasado, el presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, su esposa Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista Clinton, en medio de uno de los tantos capítulos de tensión entre el mandatario y el gobierno Trump.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció que va a presentar un proyecto de ley para que se prohíba la entrada a eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol, a padres que no han cumplido con la cuota alimentaria de sus hijos.“Si tiene plata para comprar una boleta para ver a su equipo del alma o a su artista favorito, también tiene plata para pagar por la alimentación de sus hijos. No podemos permitir que padres y madres irresponsables dejen en su casa a sus hijos aguantando hambre mientras ellos se van a pasarla bueno”, dijo Pedraza.En el mismo sentido, la representante a la Cámara señaló que en Colombia se interponen al año más de 130.000 denuncias por alimentos contra padres o madres que no responden por las obligaciones con sus hijos y sus hijas, señaló Pedraza.“El hecho de que personas morosas en sus obligaciones alimentarias puedan acceder libremente a beneficios estatales, ejercer cargos públicos de responsabilidad, celebrar contratos con el Estado o destinar recursos a actividades recreativas y de entretenimiento masivo, mientras incumplen con sus hijos, resulta contrario al principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política”, dijo la representante a la Cámara.
Con un respaldo mayoritario de los votantes, Campo Elías Ramírez Padilla se proclamó nuevamente ganador de las elecciones atípicas de la Alcaldía de Girón, obteniendo 21.366 votos, equivalentes al 58,31 % del total de sufragios. La jornada electoral se llevó a cabo tras la nulidad de su elección anterior por doble militancia y marca su regreso al primer cargo del municipio.La participación en la votación fue baja: de más de 131.355 ciudadanos habilitados para votar, solo 37.071 acudieron a las urnas, lo que representa aproximadamente un 28,22 % del censo electoral.Campo Elías Ramírez, de 35 años, es odontólogo, especialista en Dirección para la Gestión Pública y actualmente cursa una maestría en Gerencia de Proyectos. Su experiencia laboral incluye cargos en la Fuerza Aérea Colombiana, empresas de los sectores social y ambiental como Ecoreciclaje, y funciones en las alcaldías de Girón, Betulia y Bucaramanga, especialmente en áreas de gestión pública y programas sociales.La nulidad de su mandato anterior fue decretada por el Consejo de Estado, tras establecer que incurrió en doble militancia durante las elecciones regionales de 2023. Esta decisión motivó la realización de elecciones atípicas para definir al nuevo alcalde hasta 2027.Campo Elías competía con otros aspirantes como Óscar Enrique Álvarez (Nuevo Liberalismo), Fernando Serrano Reina (ASI) y William Mantilla (Partido Conservador), entre otros.Ramírez es hermano de Jhon Abiud Ramírez, exalcalde de Girón, quien ha estado vinculado a investigaciones por presuntas irregularidades en contratos municipales y procesos administrativos, incluyendo la aprobación del estatuto tributario y la sobretasa bomberil, así como casos relacionados con la UNGRD.Tras los resultados, Campo Elías Ramírez asumirá formalmente la Alcaldía de Girón y comenzará la transición administrativa. Los ciudadanos esperan conocer su programa de gobierno y propuestas concretas, con énfasis en movilidad, seguridad, educación y proyectos sociales, mientras se consolida su regreso al poder municipal.
Al menos diez personas han muerto, unas 25 se encuentran heridas graves y un número no precisado pueden seguir atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según informaron a EFE fuentes cercanas a la investigación.El accidente se produjo cuando un tren de la empresa Iryo con dirección a Madrid descarriló apenas una hora después de salir de Málaga (sur) e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de la estatal Renfe Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.De estos siete fallecidos, tres viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo, que en total llevaba 317 personas y que descarriló e invadió la vía contigua, mientras que por ahora se desconoce en que convoy viajaban los últimos dos muertos confirmados.El ministro español de Transportes, Óscar Puente, explicó que los últimos vagones del tren Iryo que descarrilaron en Adamuz invadieron la vía contraria por la que en ese momento circulaba un alta velocidad de Renfe y, tras un impacto "terrible", dos vagones de este último tren salieron despedidos, provocando una cifra de víctimas que "no se puede confirmar" aún.Puente se encuentra siguiendo toda la información del accidente ferroviario en el Centro de Gestión de Red H24 de la estatal ferroviaria Adif, en Madrid, y desde allí explicó en su cuenta de X que la última información que llega desde Córdoba es "muy grave".El impacto "ha sido terrible", y provocó que "las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo". "La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas", subrayó el ministro.El periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, que viajaba en el primer vagón del tren de Iryo en el momento del accidente, que una hora después de salir de Málaga se sintió como "un terremoto" en todos los coches y que "inmediatamente" por megafonía la tripulación preguntó si había personal sanitario para ayudar a los heridos de los dos últimos vagones, uno de ellos volcado de lado sobre las vías y con los cristales rotos.Los viajeros fueron saliendo hacia el apeadero de Adamuz, mientras la tripulación cogía martillos para romper las ventanas y ayudar a la gente a salir de los vagones descarrilados.
El Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente durante la jornada nocturna. Cada noche, miles de jugadores están atentos a los resultados oficiales, los cuales corresponden únicamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para comparar con los tiquetes de apuesta.Por este motivo, siempre se aconseja confirmar los números ganadores a través de canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de cobro. Solo los resultados avalados por la lotería autorizada tienen validez legal para el pago de premios, lo que ayuda a evitar confusiones o reclamaciones erróneas.Resultado oficial del Paisita Noche hoy, domingo 18 de enero de 2026Según el reporte entregado por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los participantes en esta jornada fue: 9079 - León.Número ganador: 9079 Tres primeras cifras: 907 Tres últimas cifras: 079 Animal: León.¿Qué es el Paisita Noche?El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares del país. Su mayor atractivo es que se sortea todos los días en horario nocturno, lo que permite a los jugadores consultar resultados de manera constante y participar con apuestas rápidas.Gracias a su frecuencia diaria y a su formato sencillo, este sorteo se ha convertido en una opción habitual para quienes buscan resultados inmediatos dentro del mundo del chance en Colombia.¿Cuánto paga el Paisita Noche?El plan de premios del Paisita Noche está diseñado para ofrecer distintas modalidades de apuesta, con pagos que varían según el número de cifras acertadas. Los premios se calculan por cada peso apostado, lo que permite participar tanto con apuestas simples como con opciones más completas.Esta diversidad de modalidades ha contribuido a que el Paisita Noche sea uno de los juegos más buscados dentro de los resultados de chance en Colombia, especialmente entre quienes prefieren reglas claras y pagos definidos.Aciertos por cifras finalesLas apuestas a las cifras finales son de las más populares, debido a que son fáciles de jugar y de comprobar una vez se publican los resultados:La uña: acertar la última cifra del número ganador paga 5 pesos por cada peso apostado.La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.Aciertos de tres cifrasCuando el jugador logra un acierto más específico, los premios aumentan de manera considerable, dependiendo de la modalidad elegida:Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.Combinado de tres cifras: acertar las tres cifras en cualquier orden paga 83 pesos por cada peso apostado.Aciertos de cuatro cifrasLas apuestas más completas del Paisita Noche son también las que ofrecen los premios más altos:Súper pleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.Súper combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden paga 308 pesos por cada peso apostado.Es importante tener presente que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, conforme a la normativa vigente en Colombia.Con su sorteo diario, variedad de apuestas y un esquema de premios bien definido, el Paisita Noche sigue siendo una de las opciones preferidas por los jugadores que consultan a diario los resultados del chance en el país.
En operaciones recientes, tropas del Ejército Nacional desmantelaron y destruyeron dos laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, utilizados por el Clan del Golfo, y confiscaron toneladas de insumos empleados en la producción de estupefacientes en el departamento de Chocó.Estas acciones fueron desarrolladas por unidades adscritas a la Brigada 15, con participación directa del Batallón de Selva número 54 Bajo Atrato, en una zona estratégica para el tráfico de drogas y el abastecimiento logístico de estructuras ilegales.De manera simultánea, el Batallón de Ingenieros Primero de Línea número 12 adelantó labores de control que permitieron la incautación de grandes cantidades de insumos sólidos y líquidos, fundamentales para el funcionamiento de los laboratorios clandestinos.De acuerdo con la información compartida por el Ejército, durante las operaciones se destruyó droga en proceso, equipos artesanales utilizados para la transformación de la hoja de coca y combustibles empleados para el procesamiento y transporte del alcaloide.Además, las tropas lograron confiscar 17,5 toneladas de cemento y 1.200 galones de ACPM, que eran movilizados de manera ilegal para abastecer la infraestructura criminal del Clan del Golfo. El cemento y el combustible son elementos clave para la construcción y funcionamiento de laboratorios, pistas clandestinas y campamentos, por lo que su incautación limita la continuidad de las actividades ilícitas, de acuerdo con las autoridades.
Este hecho se registró en el sector de Mojica, en el oriente de Cali, donde las autoridades recibieron el reporte del hurto de parte de vecinos que evidenciaron el hecho. Sujetos en motocicleta interceptaron al conductor del carro, lo amordazaron y lo subieron al asiento trasero, para iniciar su escape.De inmediato se inició el plan candado, para ubicar el vehículo, recorriendo la avenida Ciudad de Cali, por todo el oriente de la ciudad, hasta llegar al corregimiento de Navarro, ahí al sentirse acorralados, los delincuentes intentaron huir por los cañaduzales."Lo que vemos es que lo que querían con este vehículo era deshuesarlo para vender sus partes. Al conductor lo aborda en la calle, lo amarran y lo ubican en la parte posterior del carro, para después abandonarlo en cualquier parte de la ciudad. Logramos la captura de uno de estos sujetos; el otro logró escapar", explicó el coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía de Cali.Las autoridades continúan en la búsqueda del segundo hombre involucrado en este robo para lograr su captura y judicialización. La víctima se encuentra fuera de peligro.
El Centro Democrático está denunciando que algunos líderes políticos del partido están siendo amenazados por parte de grupos armados. Desde el uribismo hicieron mención a un caso en específico, que es el de La Guajira.“Desde La Guajira recibimos denuncias alarmantes: grupos armados ilegales están amenazando de muerte a ediles del partido. Algunos de ellos ya se han visto obligados a abandonar sus regiones ante el riesgo inminente contra sus vidas”, señala el partido.En el mismo sentido, desde el Centro Democrático rechazaron estos hechos y agregaron que el Gobierno ha sido indiferente frente a la protección de la oposición en distintas zonas del país.“Hoy, las estructuras armadas imponen su ley en cerca de 800 municipios, deciden quién puede participar en política, intimidan, desplazan y promueven candidatos, incluso cercanos al gobierno de Gustavo Petro. Esto no es la ‘paz total’ que prometieron: es la entrega del territorio al crimen organizado”, dice el comunicado del Centro Democrático.
Pese a que varios gobernadores manifestaron su inconformidad tras la reunión con el ministro de Hacienda por el decreto de emergencia económica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el balance del encuentro fue positivo y que se logró un acuerdo con los mandatarios regionales.Según Benedetti, el consenso se dio especialmente alrededor de los cambios en los impuestos a licores y tabaco, frente a los cuales existía preocupación por un eventual impacto negativo en el recaudo de las regiones. En ese sentido, el ministro afirmó que, si estas medidas afectan los ingresos departamentales, el Gobierno nacional asumirá ese impacto.El jefe de la cartera política reconoció que hubo tensiones durante la discusión, pero sostuvo que todos los gobernadores aceptaron la aplicación del decreto de emergencia económica.Entre quienes lideraron los reparos al contenido de la norma estuvo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien apeló a la figura de excepción de inconstitucionalidad para anunciar que no aplicaría las medidas del decreto de emergencia económica en su región, porque esto traería grandes consecuencias económicas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una demanda que busca la nulidad del nombramiento de Laura Camila Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido, al considerar que el acto administrativo con el que fue designada habría desconocido los requisitos mínimos exigidos para ocupar un cargo diplomático dentro del servicio exterior colombiano.De acuerdo con la acción judicial, el nombramiento vulneraría las normas que regulan el acceso a cargos diplomáticos, al no acreditarse plenamente las condiciones académicas, lingüísticas y de experiencia que se exigen para representar al país ante un Estado extranjero. El demandante sostiene que la designación no cumple con los parámetros previstos en la normatividad que rige la carrera diplomática y consular.Entre los principales argumentos expuestos en la demanda se advierte que Sarabia “no posee el dominio comprobado del idioma del país anfitrión (inglés), ni de otro idioma de uso diplomático”. Según el escrito, la ausencia de una certificación formal que acredite el manejo del inglés podría afectar de manera directa el desempeño de las funciones propias del cargo, en un escenario donde la comunicación es esencial para la gestión de las relaciones bilaterales.Asimismo, se señala que la embajadora no certificó un título de posgrado, requisito que, según el demandante, hace parte de los criterios mínimos exigidos para el ejercicio de cargos diplomáticos de alto nivel dentro del servicio exterior colombiano. Esta situación, a juicio del accionante, constituiría una irregularidad en la expedición del acto administrativo que formalizó su nombramiento.Otro de los puntos cuestionados en la demanda tiene que ver con la experiencia requerida para el cargo. Aunque se reconoce que Laura Sarabia ocupó el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, el demandante advierte que no cuenta con el conocimiento diplomático específico en materia de relaciones internacionales de Colombia que, según su criterio, se exige para ejercer la representación del país ante una misión diplomática de esta relevancia.Pese a estos cuestionamientos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no accedió a la solicitud de medida cautelar presentada en la demanda, con la cual se pretendía suspender de manera provisional a Sarabia de su cargo como embajadora mientras se resolvía de fondo el proceso. En consecuencia, la funcionaria continuará en ejercicio de sus funciones mientras avanza el estudio del caso.En el marco del trámite judicial, el Tribunal ya notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Presidencia de la República y a la propia embajadora Laura Sarabia, para que rindan sus respectivos conceptos y ejerzan su derecho a la defensa frente a los argumentos planteados en la demanda.
A las 4:00 de la tarde está citada una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, convocada en medio de la controversia por la presunta utilización del software de espionaje Pegasus en Colombia. El encuentro contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, así como de la cúpula militar y policial y varios altos funcionarios del Gobierno.En la reunión participarán los ministros de Defensa y de Justicia, los directores de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del comisionado para la Paz, Otty Patiño. El primer punto de la agenda será la denuncia presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el uso de Pegasus.La denuncia generó un cruce de versiones al interior del Gobierno. Aunque el Ministerio de Defensa salió públicamente a negar el uso de este software por parte de la Fuerza Pública, para el Ministerio de Justicia las explicaciones entregadas hasta ahora no son suficientes, lo que ha incrementado la tensión entre ambos despachos.En ese escenario aparece el nombre de Augusto Rodríguez, director de la UNP. De acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, Rodríguez estaría adelantando investigaciones propias y, en ese proceso, habría recurrido a herramientas como Pegasus. Sin embargo, el funcionario desmintió esta versión, pero reconoció que ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre Idárraga, cuestionando su gestión.El debate alrededor de Pegasus no es nuevo en el país. Desde 2021 se han conocido reportes internacionales que señalan a Colombia como uno de los lugares donde el software habría sido adquirido, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su utilización por parte del Estado. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido cuestionado a nivel mundial por su uso para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos.
Avianca lanzó una fuerte advertencia frente al preocupante incremento de comportamientos inadecuados, agresivos y disruptivos por parte de pasajeros contra el personal aeronáutico en Colombia. La aerolínea alertó que estos hechos no solo vulneran los derechos de sus empleados, sino que también ponen en riesgo la seguridad operacional, por lo que solicitó al Congreso de la República avanzar con urgencia en el Proyecto de Ley 153 de 2025.Según cifras reveladas por la compañía, durante 2025 se han registrado 572 incidentes protagonizados por pasajeros disruptivos, lo que representa un aumento del 27,1 % frente a los 450 casos reportados en 2024. El incremento ha encendido las alertas dentro del sector aéreo, que advierte una tendencia creciente de irrespeto y violencia en aeropuertos y vuelos.En medio de esta ola de denuncias, Avianca recordó uno de los episodios más graves ocurridos el pasado 13 de enero en el aeropuerto de Cali, cuando una pasajera agredió físicamente a empleados de la aerolínea durante un procedimiento operativo en tierra. Ante la situación, la empresa activó de inmediato los protocolos de atención y seguridad: brindó primeros auxilios a la trabajadora afectada, canceló el contrato de transporte de la pasajera y dio inicio a un proceso judicial en su contra.Para la aerolínea, este y otros casos evidencian la necesidad de endurecer las sanciones legales contra quienes incurren en malas conductas, amenazan la integridad del personal o comprometen la seguridad de los vuelos. Por ello, reiteró su llamado al Congreso para respaldar el Proyecto de Ley 153 de 2025, iniciativa que busca fortalecer el marco legal y enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a la violencia en la aviación civil.Avianca fue enfática en rechazar este tipo de actos y aseguró que continuará aplicando todas las medidas legales disponibles contra los pasajeros que incumplan las normas, al tiempo que reafirmó su compromiso con la protección de sus empleados y la seguridad de los viajeros.
En pleno año electoral, Blu Radio conoció en primicia un concepto de 29 páginas que envió la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional, en el que fija su postura frente a la demanda que busca declarar inexequible la Ley de Encuestas.Fue en septiembre del año pasado cuando la Corte Constitucional decidió admitir para su estudio una demanda que pide “tumbar” la Ley 2494 de 2025, norma que regula la elaboración, publicación y divulgación de encuestas en Colombia. La acción fue presentada por Juan Manuel López, quien sostiene que la ley debió tramitarse como estatutaria, al afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política.¿Qué pide la demanda?Según el demandante, la norma impone restricciones que podrían limitar la pluralidad informativa y concentrar el control en pocos actores, al prohibir los sondeos no probabilísticos y exigir condiciones técnicas estrictas para la publicación de encuestas electorales. Además, advierte que varias disposiciones asignan nuevas funciones al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que, a su juicio, modificaría su diseño institucional.La demanda también cuestiona la ausencia de un análisis de impacto fiscal y señala que la creación de órganos técnicos, el registro nacional de firmas encuestadoras y las auditorías previstas en la ley implican gastos permanentes que no fueron evaluados, en contravía del principio de sostenibilidad fiscal.La postura de la Procuraduría ante la Corte ConstitucionalPara el ente de control, ninguno de los cargos prospera. En su análisis, la Procuraduría concluyó que la Ley de Encuestas no regula el núcleo esencial de los derechos fundamentales, sino que establece reglas técnicas y de transparencia orientadas a garantizar la calidad, la rigurosidad metodológica y la responsabilidad en la divulgación de encuestas políticas.“De otro modo, tampoco se observa una afectación del núcleo esencial del derecho a la participación política. La regulación contenida en la Ley 2494 de 2025 no altera las condiciones para elegir o ser elegido, no regula circunscripciones, umbrales, mecanismos de representación, conteo de votos ni procedimientos de escrutinio, ni modifica los elementos estructurales del sistema electoral. Las disposiciones cuestionadas recaen sobre instrumentos estadísticos que anteceden al debate político, sin interferir con la manera en que el voto ciudadano se traduce en representación”, señaló la Procuraduría.En ese sentido, el Ministerio Público sostuvo que la regulación de encuestas no constituye censura ni una prohibición absoluta, sino un desarrollo legítimo del deber constitucional de informar de manera veraz e imparcial, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.La demanda también alega una presunta vulneración al impacto fiscal. Frente a este punto, la Procuraduría explicó que, al tratarse de una ley de iniciativa congresional, no era exigible un estudio técnico detallado, como ocurre con los proyectos del Gobierno. Además, señaló que la norma no ordena de manera directa e imperativa nuevas erogaciones presupuestales, sino que asigna funciones que pueden desarrollarse dentro del marco institucional existente.Por estas razones, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley de Encuestas, lo que en la práctica significa que el ente de control respalda la iniciativa y considera que puede mantenerse vigente.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad este lunes a los cinco policías que mantenía secuestrados desde hace aproximadamente dos semanas en la región del Catatumbo. Blu Radio confirmó que los uniformados ya fueron entregados a una comisión humanitaria y se encuentran bajo protección tras el operativo de liberación en zona rural de Norte de Santander.Los policías, identificados como Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera, habían sido interceptados por el grupo armado cuando se desplazaban vestidos de civil en un bus de servicio público. El secuestro ocurrió en la vía que comunica a El Zulia con Tibú, específicamente en el sector conocido como El Tablazo, mientras los agentes se dirigían hacia la ciudad de Cúcuta.Aunque el ELN había manifestado a través de un comunicado su intención de liberar a los miembros de la institución, el proceso se demoró 14 días. La retención de estos uniformados había generado una fuerte tensión en la zona, debido a que se produjo en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa el departamento y los acercamientos de paz con el Gobierno Nacional.Tras la entrega formal a los delegados humanitarios, se espera que los cinco policías sean trasladados a un centro asistencial para verificar su estado de salud antes de reencontrarse con sus familias. Las autoridades regionales y la Fuerza Pública aún no han entregado un balance oficial sobre las condiciones en las que fueron recibidos los agentes.Este fue el comunicado con el que la guerrilla del ELN informó que había secuestrado a los policías:
A la Corte Suprema de Justicia ya llegaron los recursos de casación que interpusieron las víctimas y la Fiscalía dentro del proceso por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con los que buscan tumbar la absolución del exmandatario proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Por sorteo, el estudio sobre si se admiten o no las demandas de casación le correspondió al magistrado Carlos Solórzano.La Fiscalía General de la Nación había radicado ante la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación con la que busca que se revoquen las absoluciones y, en su lugar, se condene al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.Con este recurso extraordinario, el ente acusador cuestiona de fondo la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad al exmandatario y lo absolvió, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar que ordenó ofrecer beneficios a exparamilitares con el fin de que no lo vincularan con la conformación de un grupo armado ilegal.El antecedente inmediato del caso se remonta a agosto pasado, cuando la jueza Sandra Heredia profirió una sentencia de primera instancia que condenó a Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria. Sin embargo, esa decisión fue revertida por el Tribunal Superior de Bogotá, que concluyó que la prueba recaudada no permitía demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del expresidente en los hechos investigados.Ahora, el recurso de casación que viene por parte de la bancada de víctimas reconocidas en este proceso fue interpuesto por los abogados Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, en representación del senador Iván Cepeda; la médica Deyanira Gómez; y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.Según la representación de las víctimas, el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en errores de valoración probatoria, desconoció reglas de la sana crítica y llegó a conclusiones que no se desprenden del acervo probatorio practicado durante el juicio oral.
Carlos Ramón González no planea regresar a Colombia, incluso si la Corte Suprema de Justicia lo condena. Así lo dejó claro su abogado, Iván Cancino, al confirmar que su defendido continuará en Nicaragua bajo la figura de asilo político, una decisión que, según explicó, dependerá del gobierno de ese país.En entrevista en Mañanas Blu, Cancino habló sin rodeos sobre el escenario que enfrenta el exdirector del DAPRE, quien será acusado formalmente el próximo 29 de enero. González, cercano al presidente Gustavo Petro, seguirá el proceso de manera virtual desde Managua, donde reside desde hace varios meses.La frase que marcó la conversación fue directa y sin ambigüedades: “Si lo condenan y el asilo sigue vigente, pues él tomará la decisión que creo será la de seguir asilado en Nicaragua”, afirmó el abogado, dejando claro que el regreso a Colombia no está en los planes inmediatos.¿Carlos Ramón González volvería al país si hay condena?Para Cancino, la respuesta es clara. Mientras el asilo político se mantenga, Colombia no tendría herramientas para obligar su regreso. “Si se mantiene el asilo, pues obviamente no podrán traerlo”, explicó, aunque reconoció que, si Nicaragua decide levantar esa protección, la justicia colombiana podría actuar.El abogado reiteró que, desde su perspectiva, González sigue siendo inocente. “Para mí sigue siendo inocente”, insistió, señalando que la acusación no cambia la estrategia de defensa ni su convicción sobre el resultado del proceso.González comparecerá virtualmente desde NicaraguaCancino confirmó que su cliente asistirá a las audiencias de manera virtual. “Él se comunicará virtualmente con la audiencia y atenderá las audiencias que se sigan de aquí en adelante por ese medio”, dijo.Sobre la posibilidad de que fiscales o autoridades viajen a Nicaragua para interrogarlo, fue tajante: “Perderían el tiempo”. Según explicó, su recomendación es clara: “Mi recomendación para Carlos Ramón será guardar silencio”.El abogado aseguró no tener información sobre un eventual acompañamiento del Gobierno colombiano o de la Cancillería. “No tengo ni idea si lo están apoyando”, afirmó.Mientras se acerca la fecha clave ante la Corte Suprema, la defensa deja un mensaje claro: González no regresará al país y, si hay condena, su permanencia en Nicaragua seguirá siendo la carta principal. El proceso avanzará, pero a distancia.
La reunión entre algunos gobernadores del país y el ministro de Hacienda culminó sin acuerdos, luego de que no se lograran conciliar las diferencias sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica expedidos en medio de la crisis fiscal que enfrentan las regiones.Tras el encuentro, varios mandatarios departamentales expresaron su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener sobre el recaudo tributario y la sostenibilidad financiera de los territorios. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que la reunión no dejó acuerdos de fondo y reiteró la preocupación de los departamentos por el impacto fiscal de los decretos de emergencia. Según explicó, aunque el ministro del Interior propuso la creación de una mesa técnica, los gobernadores mantienen su posición frente a la afectación de las rentas cedidas. “Él sigue insistiendo en que no se afectan los ingresos, pero nosotros decimos que sí, porque tenemos las pruebas de cómo se van a disminuir. Nuestra posición es que vamos a seguir defendiendo esos derechos constitucionales”, afirmó, al señalar que los recursos provenientes de licores y cigarrillos son fundamentales para garantizar salud, educación y deporte en las regiones.Toro advirtió que el aumento de impuestos podría incentivar el contrabando y generar una caída en el recaudo, con consecuencias directas sobre el sistema de salud. En el caso del Valle del Cauca, recordó que los recursos del cigarrillo se destinan al régimen subsidiado. “Nosotros tenemos que obligatoriamente pagar el régimen subsidiado. Yo le pregunté al ministro: ¿usted me va a pagar esos 120.000 millones de pesos que yo no tengo con qué pagarlos? Eso no me lo contestó”, señaló la mandataria, quien alertó que, de no cubrirse ese faltante, los departamentos tendrían que usar recursos de libre destinación para cumplir con esas obligaciones.La gobernadora también insistió en que una eventual disminución del recaudo afectaría otros programas esenciales que hoy asumen las regiones ante la falta de recursos nacionales. “¿Con qué vamos a pagar el PAE, con qué vamos a pagar el transporte escolar, con qué vamos a pagar lo que no nos manda la Nación?”, cuestionó. En ese sentido, subrayó que estos recursos no son para los gobernadores, sino para la ciudadanía. “Son para darle educación, salud, deporte, para alejarlos de la violencia y de las drogas. Si nos disminuyen los recursos, no vamos a poder garantizar esos derechos fundamentales”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:En la misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó la reunión como “llena de humo” y aseguró que la situación quedó en manos de la Corte Constitucional. Según explicó, el departamento solicitará una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad para que se suspendan los efectos tributarios del decreto de emergencia.“En cualquier caso, si terminado el mes la Corte no se ha pronunciado, el departamento se sostiene en lo que ratificamos: haremos uso del instrumento de excepción de inconstitucionalidad”, afirmó Rendón.Desde el Gobierno nacional, sin embargo, el balance fue distinto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio por superadas las tensiones con los gobernadores y aseguró que las diferencias sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica quedaron resueltas.Minutos antes, Benedetti había señalado que, tras la reunión, se acordó que si los impuestos a licores y tabaco afectan la recaudación de las regiones, la Nación asumirá el déficit que se genere. Según el ministro, el Gobierno del presidente Gustavo Petro se comprometió a compensar cualquier faltante que deje el recaudo tributario en los departamentos.
En medio de un nuevo remezón en el gabinete del presidente Gustavo Petro, el Gobierno nacional confirmó que José Raúl Moreno, actual jefe de Despacho de la Presidencia, quedará como ministro encargado del Ministerio de Igualdad y Equidad (MinIgualdad).Hay que recordar que Moreno había sido nombrado oficialmente como jefe de Despacho de la Presidencia mediante el Decreto 1424 de 2025, firmado el martes 24 de diciembre. El documento fue suscrito por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y confirmó su llegada al cargo, según informó la Unidad Nacional de Protección (UNP).El nombramiento se da luego de que el pasado 15 de enero, el mandatario solicitara la carta de renuncia al entonces ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, marcando un nuevo ajuste dentro del equipo de Gobierno.La designación de Florián en el Ministerio de Igualdad y Equidad generó una gran polémica en su momento y causó y a su vez un debate jurídico, el Tribunal estudió al menos 3 demandas que pedían tumbar esa designación y uno de los argumentos es la Ley de Cuotas en los cargos públicos.Una de las demandas, por ejemplo, señalaba en su momento que el nombramiento vulneraba dicha ley porque exige que al menos el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio en el Gobierno sean ocupados por mujeres y, según el demandante, Florián no cumplía con esa condición.Ahora, con este nuevo encargo, José Raúl Moreno asume la dirección de una de las carteras más polémicas del Gobierno.
El próximo 23 de enero, en Nueva York, se realizará una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que Colombia participará como miembro no permanente, mandato que asumió recientemente. Para este encuentro, la canciller Rosa Villavicencio viajará a Estados Unidos tras obtener una visa especial, gestionada con el apoyo de la Embajada de EE. UU. en Colombia.De acuerdo con fuentes diplomáticas, el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, facilitó las gestiones necesarias para que la ministra obtuviera el permiso de ingreso, luego de que el gobierno de Donald Trump retirara la visa a Villavicencio, al presidente Gustavo Petro y a varios funcionarios cercanos al mandatario colombiano.La decisión de retirar las visas se produjo en medio de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, marcadas por diferencias políticas y declaraciones cruzadas, una de ellas la del presidente Petro pidiéndole al Ejército de EE. UU. que no siguiera las órdenes de Trump.La visa otorgada a la canciller no será utilizada únicamente para la sesión del Consejo de Seguridad. Villavicencio también la empleará para su viaje a Washington el próximo 1 de febrero, con el objetivo de preparar la reunión bilateral entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo, Donald Trump, prevista para el 3 de febrero.Ese encuentro es considerado clave para recomponer la relación entre ambos países y abordar temas como cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y la agenda regional.
La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció un presunto “cartel de títulos falsos” entre el Gobierno y la Fundación Universitaria San José.Según Juvinao, seis personas que se graduaron de ese centro educativo no realizaron las pruebas Saber Pro e igual recibieron el título y posteriormente obtuvieron contratos en diferentes entidades.“La investigación pudo determinar que hay dos tipos de irregularidades en la expedición de estos títulos: la primera corresponde a personas que, a pesar de haber obtenido el diploma, no reportan la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, evidenciando similitudes con el caso de la joven Juliana Guerrero. En este primer grupo, el equipo investigativo de la representante Juvinao identificó seis casos”, dijo Juvinao.Además, habría el caso de 18 personas que realizaron la Prueba Saber Pro después de recibir su título universitario y también habrían tenido contratos en algunas entidades.“Las entidades involucradas que vincularon a estas personas son: Sena (10 casos), Unidad Nacional de Protección (2 casos), Invima (2 casos), MinTransporte (1 caso), Dian (1 caso), Dane (2 casos), SuperServicios (1 caso), Dapre (1 caso), Corporación Aeronáutica Colombiana (1 caso), Aerocivil (2 casos), MinSalud (1 caso) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (1 caso). Se reporta una persona que tiene contratos en más de una entidad”, dijo Juvinao.
Las capitales de Colombia y los departamentos pidieron a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica de Petro: dicen que “elude los límites democráticos”El pasado 15 de enero de 2025, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) formalizó una solicitud a la Corte Constitucional para que suspenda de manera inmediata el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica en el país. La petición se fundamenta en los posibles efectos jurídicos graves e irreparables que, según la organización, pueden afectar a los sectores económicos gravados por las medidas tributarias adoptadas bajo el amparo del decreto, medida considerada por la asociación como carente de “fundamento constitucional válido”.Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, habló en Blu Radio sobre esta situación y la posición del gremio."Asocapitales tomó la decisión de acompañar esta medida porque creemos que estos decretos de emergencia económica no son procedentes. Lo que hemos solicitado es la suspensión temporal, acompañando y coadyuvando esta iniciativa inicial que tomó la ciudad de Medellín", indicó Santamaría.Asimismo, dijo que "el caso que ha fundamentado el Gobierno nacional no es un caso sobreviniente, sino por lo contrario, porque está fundamentada en una crisis fiscal ya conocida de tiempo atrás".Santa María calificó de "ilógico" que el Gobierno declare una crisis de excepción mientras promueve simultáneamente un aumento del 23% en el salario mínimo."Es muy ilógico que se esté promoviendo un aumento también del salario mínimo del 23% y, al mismo tiempo, se esté diciendo y mandando el mensaje que se necesita una excepción de crisis económica en el país", manifestó.Desde Asocapitales, Santamaría advierte que el uso de mecanismos excepcionales para resolver problemas de planeación presupuestal sienta un antecedente perjudicial para el país. "Cada vez que haya una situación que no pudo regular el Ejecutivo, pues acude a un mecanismo excepcional", criticó el director Santa María.Escuche la entrevista aquí:
El Gobierno del presidente Gustavo Petro está en el centro de una nueva polémica por la decisión de revivir un acuerdo comercial con Brasil que, según denunció la senadora Paloma Valencia, ha perjudicado gravemente a la industria automotriz colombiana.La congresista aseguró que esa decisión habría sido tomada para asegurar la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la cumbre de la Celac realizada en noviembre de 2025 en Santa Marta.De acuerdo con Valencia, en 2017 Colombia y Brasil firmaron un acuerdo para el comercio de vehículos sin aranceles, conocido como el Apéndice 5.1 del ACE-72. Sin embargo, Brasil habría modificado sus reglamentos técnicos internos, impidiendo en la práctica el ingreso de vehículos colombianos a su mercado, pese a que cerca del 19 % de los carros que se venden en Colombia provienen de ese país.La senadora afirmó que esta situación generó un fuerte desbalance comercial. Mientras entre 2018 y 2025 Colombia exportó a Brasil, en promedio, apenas 1,5 millones de dólares en vehículos, las importaciones desde ese país superaron los 775 millones de dólares.En paralelo, la industria automotriz nacional sufrió una fuerte caída. Según cifras citadas por Valencia, la producción pasó de 123.615 vehículos en 2018 a 30.736 en 2024, una reducción del 75 %. Además, la participación de vehículos producidos en Colombia cayó del 32 % en 2014 al 8 % en 2024, año en el que General Motors Colmotores cerró sus operaciones en el país.Por estas asimetrías, en septiembre de 2024 el propio Gobierno Petro, a través del entonces ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, anunció el retiro de Colombia del acuerdo, decisión que debía hacerse efectiva un año después. No obstante, días antes de la cumbre de la Celac, el Gobierno suspendió esa denuncia y revivió el acuerdo.Según la senadora Valencia, la razón fue política: la cumbre no contaba con la asistencia de mandatarios de peso y el Gobierno necesitaba una presencia relevante. Con esta decisión, Brasil podrá seguir vendiendo hasta 50.000 vehículos al año en Colombia sin aranceles, mientras la producción nacional continúa en caída.La información detallada por Valencia es oficial, es decir, proviene del mismo Gobierno, específicamente de la respuesta a un derecho de petición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.