En un comunicado, alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc y a quien se le atribuyen numerosos atentados contra la Fuerza Pública en el país, denunció que, en hechos ocurridos en el departamento del Guaviare el pasado viernes 16 de enero, varios de sus integrantes fueron “envenenados o sedados, luego asesinados con tiros de gracia”, negando que se hubiera presentado un combate con una facción de los hombres al mando de alias ‘Calarcá’.Según ‘Mordisco’, habría una alianza criminal entre el Ejército —más exactamente la Brigada 22 de Selva, que opera en el departamento del Guaviare— y alias ‘Calarcá’, la cual involucraría a altos mandos militares y a miembros de la dirección de inteligencia.De acuerdo con el comunicado, existirían videos que circulan en redes sociales donde, según las disidencias, se evidencia la participación de civiles entre los muertos y la sevicia del operativo.Ante la gravedad de su hipótesis, el grupo de ‘Mordisco’ instó a la Defensoría del Pueblo y a Medicina Legal a realizar peritajes técnicos que confirmen o descarten el envenenamiento o la sedación de los cuerpos antes de su entrega a las familias.Los cuerpos de estos presuntos guerrilleros llegaron a Villavicencio, donde se adelanta su plena identificación.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reaccionó a la solicitud de la Fiscalía de imputarlo por prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Aunque la petición fue retirada temporalmente, el funcionario negó que el precandidato presidencial hubiera presentado 23 solicitudes para reforzar su esquema. Además, aseguró que la decisión tendría un trasfondo político y señaló al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, como presunto responsable.“El señor Miguel Uribe lamentablemente dividió su esquema en dos y la mitad lo usaba su señora. La otra posibilidad es que haya alguna presión por parte de personas como el doctor Idarraga que se ha esforzado por achacarme que desde la UNP lo tenemos chuzado con Pegasus. Cosa que jamás ha tenido ninguna relación (…) el ostentando lo que siempre utiliza para sus cosas, su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía y no descartaría que pueda ser una de las razones por las que se está llevando este proceso”, dijo desde la Casa de Nariño.El funcionario agregó que podría tratarse también de un tema político para relacionar al presidente Petro con el magnicidio.Cabe mencionar que la Fiscalía informó que retiró la solicitud de imputación tras advertir que la competencia para conocer el caso recae en el Grupo de Tareas Especiales creado específicamente para investigar ese crimen, al cual fue remitida la indagación para evitar futuras nulidades procesales.Según el comunicado, la determinación busca concentrar todas las diligencias y noticias criminales relacionadas con el atentado en un solo equipo.
La Oficina de Gestión del Riesgo del Huila reportó que las lluvias registradas en las últimas horas dejan varias emergencias, como vías colapsadas, inundaciones en viviendas rurales, deslizamientos de tierra y cultivos de café y plátano afectados en cuatro municipios del departamento.El geólogo Jorge Leonardo Chaparro, coordinador encargado de la Oficina de Atención de Desastres del Huila, explicó que, pese a la transición de la primera temporada seca del año, según el Ideam, se pronostican lluvias atípicas que podrían generar emergencias en al menos ocho municipios que se encuentran en alerta naranja.“Tenemos eventos reportados en el municipio de Nátaga, vereda La Esmeralda, donde se presentaron deslizamientos de tierra. En La Plata también se nos presentaron derrumbes en el sector Gallego, sobre la vía nacional La Plata–Belén–Popayán. En el municipio de Íquira también tenemos afectaciones en vías terciarias y varias veredas incomunicadas, entre estas San Francisco y San Isidro”, señaló el funcionario.Agregó el coordinador de Gestión del Riesgo que, en coordinación con los consejos municipales de desastres, se vienen articulando trabajos de monitoreo en algunos sectores donde hay antecedentes de remociones en masa y donde, en años anteriores, se han registrado graves emergencias ocasionadas por las lluvias.De igual manera, la Secretaría de Vías e Infraestructura del Huila, con el banco de maquinaria amarilla, atiende vías rurales y secundarias que se han visto afectadas por derrumbes, situación que ha dejado a decenas de familias campesinas incomunicadas.De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de Gestión del Riesgo, en lo corrido de 2026 se reportan 40 familias damnificadas, tres viviendas urbanas afectadas, tres centros educativos rurales averiados y cinco personas heridas por deslizamientos de tierra y por el colapso de una pared en construcción en el municipio de La Plata.
El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a las advertencias de la Contraloría General de la República sobre posibles riesgos de incumplimiento y retrasos en el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes. En un comunicado, aseguraron que este avanza conforme a los cronogramas y convenios establecidos y que, hasta el momento, no se han presentado contratiempos en su ejecución.De acuerdo con la Cancillería, el nuevo esquema para la prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas se desarrolla de manera continua.La respuesta se da luego de que el despacho del contralor Carlos Hernán Rodríguez emitiera un control de advertencia sobre el proceso. En ese contexto, la ministra Rosa Villavicencio envió el pasado 16 de enero un memorando dirigido a la Gerencia de la Imprenta Nacional solicitando que se tengan en cuenta cada una de las recomendaciones formuladas por el órgano de control.La Cancillería también reiteró que la implementación del nuevo modelo busca condiciones económicas favorables para el Estado, sin que ello implique un detrimento del patrimonio público.En ese sentido, insistió en que cualquier ajuste en las tarifas de expedición de estos documentos se realizará únicamente conforme a lo establecido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De acuerdo con la entidad, durante los últimos dos años los valores del pasaporte se han mantenido sin incrementos.
El Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz denunció que el ministro del Interior, Armando Benedetti, derogó el decreto 301 de 2017 sin consentimiento de la Alta Parte Contratante de los exintegrantes de la guerrilla de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016, ni de los miembros del ahora partido Comunes.Desde el sindicato consideran esa decisión como “un grave precedente para la implementación de la paz”, que viene del gobierno, cuyos integrantes apoyaron las entonces negociaciones y lo pactado en Cuba; además utilizaron esa bandera como campaña.La derogación se dio a través de otro decreto, el 0020 del 15 de enero de 2026, el cual, dicen desde Sintrasepaz, “no tuvo en cuenta el espíritu de lo pactado en el artículo 88 del Acuerdo Sindical - Resolución 1498 de 2024”. Explican que, además de derogar un decreto, creado conforme al Acuerdo de La Habana, la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección no tendrá formalización. Esa es la instancia encargada de diseñar y ejecutar medidas de seguridad para grupos específicos con riesgos extraordinarios o extremos, como excombatientes de las Farc en reincorporación, líderes sociales y firmantes de paz.En el sindicato coinciden con el Observatorio de Paz (PazEs) en que “desconectar a firmantes como alta parte contratante de las decisiones desconoce la función consultiva de instancias como alta parte contratante de los firmantes del Acuerdo, en disposiciones vitales para la población del Decreto 299/2017, y sienta un mal precedente que abre puertas a modificaciones del acuerdo”.“Le recordamos a Armando Benedetti que las medidas de implementación del Acuerdo Final no pueden ser desmanteladas sin una alternativa equivalente o superior. Le invitamos a generar un diálogo "transparente" con la población afectada directamente por sus decisiones”, expresaron desde el observatorio.Añaden que recibieron la decisión con sorpresa los decretos 019 y 020, porque “pone en inminente riesgo la seguridad de la población firmante del acuerdo”, aunque reconocen que dignifica el empleo en la UNP.
Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 18 de enero de 2026.Jhon Fernando Zapata es un entrenador clave del Club de Waterpolo Copacabana en ColombiaConocido por su liderazgo en el desarrollo de talentos y por llevar al equipo a importantes triunfos internacionales. Allí también estuvo Ferney Silva Marín, padre de familia, que, junto a su hijo, un integrante del equipo, hablaron sobre lo que significa el deporte acuático y los logros que han conseguido.Capitán, Edward Picon, director de Aquatours S.A.S. de Barranquillauna compañía de turismo natural, habla de lo que ofrece su compañía al público viajero en Colombia.Cesar Alvarez, colombo-australianoSe fue del país en 2008 a estudiar y ahora habla sobre cómo es la relación entre Colombia y Australia.CreditopOfrece a tus clientes múltiples opciones de financiamiento en el momento de la compra y crea tu propia línea de crédito, todo en un mismo lugar.Escuche el programa completo acá:
La televisión francesa mostró por primera vez imágenes del espectacular robo en el Louvre en octubre, grabadas por cámaras de videovigilancia, en las que se ve a dos de los ladrones extraer las joyas de las vitrinas.En las grabaciones, difundidas el domingo por la noche por TF1 y France Télévisions, se distingue claramente a dos de los delincuentes: uno lleva un pasamontañas negro y un chaleco amarillo y el otro viste de negro y utiliza un casco de moto. Ambos se introducen en la galería de Apolo, donde se encontraban las joyas.Las imágenes los muestran entrando en la sala por la ventana, a la que accedieron con un montacargas. Uno de los dos hombres intenta romper el cristal de la vitrina donde está la diadema de la emperatriz Eugenia con una sierra radial. Termina de quebrar el vidrio a puñetazos.Luego va a ayudar al otro individuo, que no consigue romper otra vitrina. Al final, lo logran y extraen rápidamente varias joyas. La operación duró menos de cuatro minutos, ante la mirada de varios agentes que no saben cómo actuar. Uno de ellos levantó un pequeño poste, sin saber realmente qué hacer, según las imágenes de France Télévisions. Los ladrones se llevaron ocho joyas de la Corona por un valor estimado de más de 100 millones de dólares
La colisión entre dos trenes de alta velocidad el domingo por la noche en el sur de España dejó al menos 39 muertos, una cifra que "no es definitiva", advirtieron el lunes las autoridades, que describen un accidente "tremendamente extraño".El balance de la tragedia ocurrida en la región de Andalucía aumentó a 39 muertos a primera hora de la mañana del lunes, según una portavoz del Ministerio del Interior. El balance previo era de 21 fallecidos.La cifra "no es definitiva", avisó el ministro de Transportes, Óscar Puente, que se dirige al lugar del accidente. La catástrofe dejó también unos 123 heridos, cinco de ellos muy graves y 24 graves, según el último balance de Interior. Todos los heridos han sido evacuados de la zona, había asegurado durante la noche el ministro Puente.La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue desplegada para apoyar a los equipos de rescate, y se instaló un hospital de campaña en la zona. El lugar del accidente es de difícil acceso, según explicó a la televisión pública Íñigo Vila, director de emergencias de la Cruz Roja española."El acceso es complejo porque solo se puede hacer por un camino de servicio, un camino de tierra por el cual hemos podido entrar y por donde todos los servicios de emergencia estaban trabajando", expuso."Con las primeras luces del día, tendremos una mejor visión de lo que ha pasado exactamente y de la magnitud del accidente", indicó.- ¿Qué ocurrió en España? - La colisión ocurrió a las 19H45 locales (18H45 GMT) cerca de Adamuz, a casi 200 km al norte de Málaga. Un tren del operador privado Iryo descarriló cuando cubría la ruta de Málaga a Madrid y chocó con tren de la compañía pública Renfe, que iba de la capital a Huelva.Los primeros elementos de la investigación apuntan a que los últimos vagones del tren Iryo descarrilaron, y a continuación el otro convoy, que venía en sentido contrario, colisionó con ellos."La cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado, esto es lo que de momento sabemos, con uno o varios de esos coches que se habían cruzado", explicó Óscar Puente. El impacto fue tan violento que los dos primeros vagones del Madrid-Huelva salieron despedidos, según el ministro.Imágenes obtenidas por la AFP mostraban dos vagones de un mismo tren, con franjas rojas y azul marino, totalmente fuera de las vías e inclinados, con personas trabajando en el suelo terroso junto a la vía. Otra foto enviada por Iryo muestra un tren completamente tumbado en la vía."Parece una película de terror", relató un pasajero, Lucas Meriako, que se encontraba a bordo del tren de Iryo, al canal La Sexta. "Se sintió un golpe muy fuerte por detrás y la sensación de que todo el tren se iba a caer (...) Había muchos heridos por los vidrios", agregó.¿Qué causó el accidente de trenes en España?El ministro de Transportes calificó el accidente de "tremendamente extraño". Puente explicó que el tren era "prácticamente nuevo (...) que no sé si llega a cuatro años y también la vía es una vía completamente renovada". Según afirmó, se invirtieron unos 700 millones de euros (unos 813 millones de dólares) en la vía y en mayo se terminaron "los trabajos de sustitución de cambios y de desvíos"."Todos los expertos en materia ferroviaria (...) están tremendamente extrañados del accidente", agregó. La compañía Iryo dijo que el tren se había fabricado en 2022 y que su "última revisión se realizó el pasado 15 de enero"."El fallo humano está prácticamente descartado", aseguró el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la radio pública, describiendo un accidente en "circunstancias extrañas".Una comisión que se encarga de investigar los accidentes está en el lugar recogiendo pruebas, agregó.- España, conmocionada - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anuló su agenda del lunes para acudir al lugar del accidente, anunció su equipo.La Casa Real española indicó, de su lado, que seguía "con gran preocupación" el desarrollo del "grave accidente" entre dos trenes. Ante la situación, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y las ciudades andaluzas de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estarán suspendidas "al menos, durante todo el lunes 19 de enero", según anunció en X el gestor de la red Adif.Dirigentes europeos, como el presidente francés Emmanuel Macron o el jefe del Gobierno alemán Friedrich Merz, expresaron sus condolencias por lo ocurrido. En julio de 2013, España ya sufrió una grave tragedia ferroviaria con el descarrilamiento de un tren poco antes de llegar a la ciudad gallega de Santiago de Compostela (noroeste), que dejó 80 muertos.
Los llamados ‘pinchallantas’ volvieron a encender las alertas en Bogotá. Un nuevo caso registrado durante el fin de semana en la localidad de Fontibón terminó con el cierre de un montallantas, luego de que un conductor denunciara un cobro superior a los $3 millones por la reparación de las llantas de su vehículo.El procedimiento fue realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá, tras verificar irregularidades en el establecimiento y recibir el testimonio del afectado, quien conducía un carro eléctrico.Según el reporte del Ojo de la noche para Mañanas Blu, el conductor sufrió inicialmente el pinchazo de una sola llanta mientras transitaba por el sector de la calle 13 con carrera 128. Tras el incidente, fue dirigido a un taller cercano, donde, en un primer momento, le indicaron que la reparación tendría un costo cercano a los $80.000.Sin embargo, la situación cambió minutos después. De acuerdo con el relato del afectado, tras revisar el vehículo nuevamente, los trabajadores del lugar aseguraron que las cuatro llantas estaban pinchadas, situación que el conductor consideró irregular, ya que el daño inicial solo se presentaba en una.El monto exigido por el taller ascendió a más de $3 millones, argumentando que se habían instalado 44 parches en total y que el cobro se realizaba de manera individual por cada uno.Para dimensionar la cifra, un juego completo de llantas nuevas para carros citycars, como el BYD, puede costar entre $3.120.000 y $3.440.000. Es decir, el valor exigido por la reparación era equivalente a comprar las llantas completamente nuevas.Ante la inconformidad, el conductor se negó a pagar y solicitó la intervención de las autoridades.Por qué cerraron montallantas en FontibónTras acudir al lugar, la Policía de Bogotá constató que el establecimiento no cumplía con los requisitos exigidos por la ley, entre ellos la documentación necesaria para operar. Por esta razón, se ordenó el cierre inmediato del negocio, como parte de los operativos que se vienen adelantando contra prácticas abusivas en talleres y montallantas de la ciudad.Las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos buscan proteger a los conductores frente a cobros excesivos, daños intencionales y engaños, especialmente en zonas donde históricamente se han reportado casos de ‘pinchallantas’.El cierre del taller se da en un contexto preocupante. De acuerdo con cifras oficiales, los reportes relacionados con pinchallantas aumentaron más de un 124 % en lo corrido del 2025, con alrededor de 140 llamadas registradas a la línea 123.Este incremento llevó a las autoridades a reforzar los controles y operativos en diferentes puntos de la ciudad, con especial atención en localidades como Fontibón, donde se han concentrado varias denuncias recientes.
Este jueves, en medio de una ruda de prensa en la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt, expresó que el presidente Gustavo Petro "es un desquiciado que no está desescalando las tensiones y que Trump no quiere desescalar". Esto, luego de que le preguntaran sobre qué pasos podría tomar el Gobierno colombiano para mejorar la tensa situación bilateral."No creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento, y francamente, no creo que al presidente le interese eso en este momento. Habló sobre esto ayer y no tengo nada que añadir a sus comentarios".Un día antes, Trump había calificado a Petro de "matón y mal tipo" que "fabrica muchas drogas". En una conversación con reporteros en el Despacho Oval agregó que el presidente colombiano "ha hecho mucho daño a su país".Las declaraciones del republicano coinciden con el anuncio de ataques del Ejército estadounidenses a dos lanchas que al parecer iban cargadas con drogas en el Pacífico, al menos una de ellas cerca de las costas de Colombia, en una expansión de sus operativos militares contra el narcotráfico.Ambos países atraviesan una nueva crisis diplomática después de que el presidente republicano anunciara el pasado domingo el fin de la ayuda financiera al país suramericano por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico y acusara a su homólogo colombiano de ser un capo del narcotráfico.Petro, quien ha redoblado sus críticas contra Trump, ha negado las acusaciones y calificado al estadounidense de "grosero e ignorante con Colombia".
La propuesta del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, de promover una Asamblea Nacional Constituyente sigue desatando controversia entre líderes del sector económico, quienes advierten que la iniciativa podría aumentar la polarización política y generar un clima de incertidumbre institucional.El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, calificó la idea como una propuesta que “no tiene ni pies ni cabeza” y que “copia el modelo venezolano”. Restrepo agregó que el Congreso no cuenta con las mayorías ni los tiempos necesarios para aprobar un proyecto de esta magnitud.“Más que una reforma real, es una plataforma política para hacer campaña, para seguir dividiendo el país, para exacerbar los ánimos y termina siendo más discurso que posibilidad real”, afirmó el exfuncionario.Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, advirtió que la Constituyente representa una aventura institucional que solo aumentará la incertidumbre.“Confío en que el Congreso estará a la altura de sus responsabilidades y no permitirá que el país se embarque en un proceso que genera mayor inestabilidad”, indicó.En la misma línea, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, cuestionó el cambio de postura del Gobierno y destacó que la actual Constitución colombiana “es una de las más modernas y garantistas del mundo”. Según el dirigente gremial, cualquier intento de modificarla podría poner en riesgo las libertades ciudadanas y la seguridad jurídica del país.Asimismo, a través de un comunicado, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, alertó sobre los riesgos que pueden surgir por esta propuesta.“Un proceso constituyente como el que se propone en el proyecto del Gobierno actual implicaría un cambio estructural total del orden constitucional. Una nueva Constitución solo puede surgir del encuentro plural de la Nación entera, no de la imposición de un proyecto parcial”, se lee en el comunicado.Finalmente, aseguraron que los fundamentos para esta propuesta son confusos, pues argumentos como el reconocimiento del campesinado, la protección de los pueblos indígenas y la respuesta al cambio climático, entre otros, ya cuentan con desarrollo expreso en el texto vigente de 1991, donde se reconoce a Colombia como un Estado social de derecho.
Un conmovedor caso llegó hasta la Corte Constitucional luego de que ‘Sonia,’ una mujer de 62 años que vive en Italia, denunciara que sus dos hermanos no la dejaban ver ni hablar por teléfono a su mamá, una adulta mayor de 98 años.Incluso, le negaban saber el estado de salud de su mamá, y allí fue donde la Corte entró a revisar el caso y encontró que ambas personas vulneraron el derecho de las dos mujeres cortando los lazos familiares.Para la Corte, si bien ‘Blanca’ y ‘Álvaro’ han cuidado de su madre, vulneraron los derechos de ambas mujeres al obstaculizar su relación afectiva y su comunicación, desconociendo los lazos de amor, respeto y solidaridad que las unían.El alto tribunal es claro en señalar que la autonomía implica la capacidad de las personas mayores para tomar decisiones sobre su propia vida, incluso con apoyo de otros, mientras que la independencia supone vivir en sociedad sin quedar sometidas al control o arbitrio de terceros.Por esta razón, la Corte Constitucional le ordenó a los dos hermanos abstenerse de impedir el contacto físico o virtual entre Sonia y sus madre, además de respetar la voluntad y autonomía de la adulta mayor.“Este enfoque orientado hacia la autonomía e independencia promueve que el envejecimiento resulte digno, satisfactorio y saludable”, señaló la Corte.Además, dispuso que ‘Blanca’ deberá compartir toda la información médica de Amelia con Sonia y no podrá obstaculizarle su acceso.
El gobierno de Gustavo Petro, publicó este jueves un polémico borrador de proyecto de ley para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente como base para la transformación del país, según dijo el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.El ministro, que está de visita en Shanghái (China), dijo que el articulado de la propuesta "es el punto de partida para construir sobre él las bases de la transformación que requiere Colombia".Montealegre propone convocar a una Asamblea Nacional Constituyente integrada por 71 delegados y compuesta de manera paritaria por hombres y mujeres."A través de la confrontación de argumentos, y no de la violencia que los señores de la guerra nos quieren imponer, pensaremos un nuevo país", apuntó Montealegre, quien aseveró que "la Constituyente será el espacio para impulsar todo el programa social que 'la caverna' no ha dejado desarrollar al primer Gobierno de izquierda de nuestra historia".La abogada constitucionalista Catalina Botero, quien fue una figura central en el movimiento estudiantil de la "Séptima Papeleta" en 1990 que promovió la actual Carta Magna, calificó la comparación histórica propuesta por el ministro Montealegre como "muy desafortunada" y "no procedente".Botero explica que el momento constituyente de 1991 se caracterizó por un acuerdo fundamental entre todas las fuerzas políticas sobre las mejores reglas para la nación, tanto para quienes gobernaban como para la oposición. Este consenso, que buscaba limitar el poder en lugar de imponer un programa político, es precisamente lo que falta hoy, dado el clima de profunda polarización que vive el país.Advierte que reformar la Constitución es "abrir una caja de Pandora" completamente inconveniente que pone en riesgo los avances logrados por Colombia desde 1991. Uno de los propósitos esenciales de la Constitución es establecer frenos y contrapesos para evitar un poder autoritario, un rey o un dictador, garantizando que los derechos sean títulos a favor de las personas y no prerrogativas disponibles al arbitrio del poder.Botero considera que al gobierno le molestan precisamente estos frenos y contrapesos, los cuales identifica erróneamente con un "bloqueo institucional". La Constitución del 91, además de limitar el poder, ha generado una "revolución pacífica preciosa" al incluir derechos sociales. Millones de personas acuden diariamente a la acción de tutela para exigir salud, pensiones, o justicia laboral, derechos que se verían amenazados con un experimento constitucional.Escuche aquí la entrevista:
Blu Radio conoció este jueves, según reveló el director del Servicio Informativo, Ricardo Ospina, en Meridiano Blu, que el Gobierno del presidente Gustavo Petro evalúa ordenar el retiro de los militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos que operan en algunas bases militares de Colombia.Esta posibilidad forma parte del paquete de medidas que el Ejecutivo colombiano estudia como respuesta a los recientes señalamientos del presidente estadounidense Donald Trump contra Petro. La decisión, de concretarse, representaría un paso significativo en medio de la crisis diplomática que atraviesan Bogotá y Washington, y marcaría un nuevo punto de tensión en la relación bilateral.Actualmente, en varias bases militares del país funcionan oficinas y equipos de cooperación de agencias estadounidenses, que durante décadas han trabajado con las autoridades colombianas, especialmente en operaciones conjuntas de lucha contra el narcotráfico.La tensión se disparó luego de que Trump calificara a Petro de “matón” y sugiriera que el mandatario colombiano era un “narcotraficante que está llevando a su país a la ruina”. En respuesta, Petro aseguró que se defenderá “legalmente con abogados estadounidenses”. El mandatario norteamericano, además, anunció que cortó la ayuda militar a Bogotá y advirtió a Petro “que tuviera cuidado”.El secretario de Estado, Marco Rubio, se sumó a los ataques calificando a Petro de “lunático”, mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó dos nuevos ataques contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Pacífico, que dejaron al menos cinco muertos. Según el funcionario, las operaciones se realizaron en aguas internacionales, y en total ya son nueve los ataques estadounidenses desde agosto, con un saldo de 37 fallecidos.
La exalcaldesa de Bogotá Claudia López publicó un video en el que se refiere a las consultas que se harán el próximo 8 de marzo.Recordemos que ese día se hará una consulta del Pacto Amplio, en la que están, hasta ahora, Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Además, se hará la Gran Consulta por Colombia, que ya tiene nueve candidatos del centro y la derecha.López reiteró que la decisión que ha tomado es no ir a ninguna de las dos consultas.“Ni en la Gran Consulta de Uribe, ni en el Pacto Amplio de Petro. En lo que estamos trabajando es en tratar de tener una tercera opción”, dijo López.Es importante recordar que a la consulta del Pacto Amplio podrían llegar otros candidatos como Luis Gilberto Murillo, Clara López y Juan Fernando Cristo.“Que los colombianos no tengan que ir el 8 de marzo al tarjetón de consulta presidencial y solo tener la opción de votar por el de Uribe o por el de Petro, una tercera opción para las mayorías de Colombia, en eso es en lo que estamos trabajando”, agregó López.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, presentó el más reciente informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en el que evalúa la evolución del proceso de paz durante el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2025.En el documento, el jefe de la ONU advierte que, pese a algunos avances, persisten desarrollos desiguales, riesgos de seguridad y retrasos en la implementación integral del acuerdo final, que, según subrayó, “debería implementarse en su totalidad para que su promesa de paz, justicia y reconciliación se cumpla plenamente”.El informe también hace referencia a una reciente operación militar en el departamento de Guaviare, en la que murieron integrantes de un grupo armado, entre ellos menores que habían sido reclutados de manera forzada.Frente a este hecho, la ONU reiteró su preocupación por el reclutamiento de niños y niñas por parte de actores armados ilegales, al señalar que esta práctica “constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.En ese sentido, Guterres condenó estas conductas e instó a todos los grupos armados a cesar de inmediato el reclutamiento de menores, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas preventivas durante las operaciones militares que permitan salvaguardar la vida y los derechos de esta población.En relación con el proceso electoral, la Misión destacó la realización de elecciones primarias y de los consejos de juventud como una señal positiva de la capacidad institucional del país para adelantar procesos democráticos. No obstante, subrayó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.En ese contexto, el secretario general reiteró la importancia de cumplir el Compromiso con un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia y afirmó que “deben mantenerse y consolidarse aún más la ampliación de la participación electoral en zonas históricamente afectadas por el conflicto y el fortalecimiento de las garantías jurídicas para la oposición política”.Por ello, hizo un llamado al Gobierno y a las instituciones del Estado a actuar en estrecha coordinación con los partidos y candidatos para asegurar un proceso electoral libre y en paz.El informe también advierte que la violencia relacionada con el conflicto siguió afectando a la población civil en zonas con presencia estatal limitada, lo que se tradujo en desplazamientos, confinamientos y asesinatos de líderes sociales y excombatientes.En regiones como el Catatumbo, particularmente en Tibú, las comunidades continúan soportando los efectos de la confrontación armada. Sobre los firmantes de paz, la ONU reportó que en 2025 se han verificado 45 asesinatos, lo que representa un aumento del 36 % frente al año anterior, además de intentos de homicidio y casos de desaparición.Aunque la Misión reconoció avances en la reforma rural integral y en el acceso a tierras, insistió en la necesidad de mantener el impulso, ampliar la presencia del Estado y garantizar el acceso a servicios básicos en las zonas rurales más afectadas por el conflicto.De igual forma, reiteró que la reincorporación de los excombatientes es fundamental para consolidar la paz y asegurar la estabilidad a largo plazo, al tiempo que subrayó que “garantizar la seguridad de las comunidades vulnerables, incluida la de líderes sociales y excombatientes, es una prioridad urgente que no debe posponerse”.
La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que denuncia presuntas irregularidades graves al interior de la entidad que, según advierten, afectan la transparencia, la moralidad administrativa y la confianza ciudadana.En el documento, el sindicato cuestiona la gestión de la directora nacional de Migración Colombia, Gloria Arriero, y señala que el 19 de noviembre de 2025 se publicó en la plataforma oficial de la Presidencia la hoja de vida de Edgar de Jesús Bernal Coconubo como aspirante a un cargo en la Superintendencia de Servicios Públicos, pese a que es cónyuge de la directora, lo que, afirman, compromete la imparcialidad institucional.Osemco considera aún más grave que el esposo de la subdirectora de Control Migratorio, Juliana María Rodríguez, sea el actual superintendente de Servicios Públicos, situación que, a su juicio, configura un conflicto de intereses que debilita la cadena de mando y limita la capacidad real de la directora para ejercer autoridad sobre su subalterna.El sindicato también denuncia un ejercicio excesivo de poder por parte de la subdirectora de Control Migratorio, quien, aseguran, tiene mayor autoridad que la propia directora nacional, generando un ambiente de temor interno.Señalan que se intentaron realizar cambios administrativos a finales de diciembre, en plena temporada alta de flujo migratorio, pese a las advertencias sindicales sobre el riesgo de provocar un paro.A estas denuncias se suma la supuesta adjudicación de un contrato de prestación de servicios a la pareja sentimental de la hija de la directora Arriero, quien, según Osemco, habría ejercido influencia en la gestión de hojas de vida y recibido altos honorarios sin evidencia clara de trabajo efectivo, información que aseguran fue verificada en el Secop.El sindicato afirma que estas situaciones fueron confrontadas directamente con la directora, quien habría reconocido los hechos y manifestado que no tenía por qué dar explicaciones. Además, denuncian una pugna interna con la directora de Presupuesto y una gestión financiera deficiente que habría llevado a la entidad a una situación cercana a la bancarrota.Osemco advierte sobre prácticas sistemáticas de nepotismo, tráfico de influencias y nombramientos a dedo que, según ellos, afectan a más de 1.800 familias y ponen en riesgo las funciones misionales de Migración Colombia. Por ello, solicitaron a Petro acciones inmediatas, la renuncia de los funcionarios involucrados, empezando por la directora Gloria Arriero, y la intervención urgente de los entes de control.
El exministro del Interior y candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, publicó un video en el que pide que la consulta del Pacto Amplio no se convierta únicamente en una consulta de la izquierda.Es importante recordar que esta consulta se hará el 8 de marzo para elegir a un candidato a la Presidencia que será apoyado por todos los otros en la primera vuelta.Hasta el momento, en la consulta del Pacto Amplio están el senador Iván Cepeda, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y el exembajador en el Reino Unido, Roy Barreras.“La consulta del Pacto Amplio no puede convertirse simple y sencillamente en una consulta de la izquierda. Tiene que ser mucho más plural, mucho más incluyente, mucho más amplia. Que se sienta representado el centro liberal, los socialdemócratas, los reformistas de este país que no somos de izquierda democrática”, dijo Cristo.Es importante recordar que, aunque hasta ahora la consulta del Pacto Amplio tiene tres candidatos, hay otras personas que podrían unirse a esta coalición. Entre ellas está justamente el exministro Cristo, el excanciller Luis Gilberto Murillo o la senadora Clara López.“Ese es el desafío para poder construir una agenda progresista, liberal, incluyente, lo más amplia posible, a partir de la cual podamos convocar los grandes consensos que necesita este país”, agregó Cristo.
La Presidencia de la República defendió, a través de un comunicado, el contrato por más de $10.000 millones para la defensa del presidente Gustavo Petro en EE. UU., tras su inclusión en la lista OFAC.En el documento aseguran que “la modalidad de contratación está autorizada por el ordenamiento jurídico y justificada en los estudios previos. Además, corresponde a la inexistencia de una oferta nacional con experiencia” en estos casos.Según el Dapre, este tipo de contrataciones representan una acción para la protección de los intereses estratégicos del Estado en el escenario internacional. Agregan que el contrato no busca la defensa personal del presidente ni de funcionarios en particular, sino “el fortalecimiento de la capacidad institucional del país para analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras, cuyos efectos podrían impactar de forma grave y transversal al sistema financiero y a las relaciones exteriores de Colombia”.Cabe mencionar que, en octubre del año pasado, el presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, su esposa Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista Clinton, en medio de uno de los tantos capítulos de tensión entre el mandatario y el gobierno Trump.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció que va a presentar un proyecto de ley para que se prohíba la entrada a eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol, a padres que no han cumplido con la cuota alimentaria de sus hijos.“Si tiene plata para comprar una boleta para ver a su equipo del alma o a su artista favorito, también tiene plata para pagar por la alimentación de sus hijos. No podemos permitir que padres y madres irresponsables dejen en su casa a sus hijos aguantando hambre mientras ellos se van a pasarla bueno”, dijo Pedraza.En el mismo sentido, la representante a la Cámara señaló que en Colombia se interponen al año más de 130.000 denuncias por alimentos contra padres o madres que no responden por las obligaciones con sus hijos y sus hijas, señaló Pedraza.“El hecho de que personas morosas en sus obligaciones alimentarias puedan acceder libremente a beneficios estatales, ejercer cargos públicos de responsabilidad, celebrar contratos con el Estado o destinar recursos a actividades recreativas y de entretenimiento masivo, mientras incumplen con sus hijos, resulta contrario al principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política”, dijo la representante a la Cámara.
El Centro Democrático está denunciando que algunos líderes políticos del partido están siendo amenazados por parte de grupos armados. Desde el uribismo hicieron mención a un caso en específico, que es el de La Guajira.“Desde La Guajira recibimos denuncias alarmantes: grupos armados ilegales están amenazando de muerte a ediles del partido. Algunos de ellos ya se han visto obligados a abandonar sus regiones ante el riesgo inminente contra sus vidas”, señala el partido.En el mismo sentido, desde el Centro Democrático rechazaron estos hechos y agregaron que el Gobierno ha sido indiferente frente a la protección de la oposición en distintas zonas del país.“Hoy, las estructuras armadas imponen su ley en cerca de 800 municipios, deciden quién puede participar en política, intimidan, desplazan y promueven candidatos, incluso cercanos al gobierno de Gustavo Petro. Esto no es la ‘paz total’ que prometieron: es la entrega del territorio al crimen organizado”, dice el comunicado del Centro Democrático.
Pese a que varios gobernadores manifestaron su inconformidad tras la reunión con el ministro de Hacienda por el decreto de emergencia económica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el balance del encuentro fue positivo y que se logró un acuerdo con los mandatarios regionales.Según Benedetti, el consenso se dio especialmente alrededor de los cambios en los impuestos a licores y tabaco, frente a los cuales existía preocupación por un eventual impacto negativo en el recaudo de las regiones. En ese sentido, el ministro afirmó que, si estas medidas afectan los ingresos departamentales, el Gobierno nacional asumirá ese impacto.El jefe de la cartera política reconoció que hubo tensiones durante la discusión, pero sostuvo que todos los gobernadores aceptaron la aplicación del decreto de emergencia económica.Entre quienes lideraron los reparos al contenido de la norma estuvo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien apeló a la figura de excepción de inconstitucionalidad para anunciar que no aplicaría las medidas del decreto de emergencia económica en su región, porque esto traería grandes consecuencias económicas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una demanda que busca la nulidad del nombramiento de Laura Camila Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido, al considerar que el acto administrativo con el que fue designada habría desconocido los requisitos mínimos exigidos para ocupar un cargo diplomático dentro del servicio exterior colombiano.De acuerdo con la acción judicial, el nombramiento vulneraría las normas que regulan el acceso a cargos diplomáticos, al no acreditarse plenamente las condiciones académicas, lingüísticas y de experiencia que se exigen para representar al país ante un Estado extranjero. El demandante sostiene que la designación no cumple con los parámetros previstos en la normatividad que rige la carrera diplomática y consular.Entre los principales argumentos expuestos en la demanda se advierte que Sarabia “no posee el dominio comprobado del idioma del país anfitrión (inglés), ni de otro idioma de uso diplomático”. Según el escrito, la ausencia de una certificación formal que acredite el manejo del inglés podría afectar de manera directa el desempeño de las funciones propias del cargo, en un escenario donde la comunicación es esencial para la gestión de las relaciones bilaterales.Asimismo, se señala que la embajadora no certificó un título de posgrado, requisito que, según el demandante, hace parte de los criterios mínimos exigidos para el ejercicio de cargos diplomáticos de alto nivel dentro del servicio exterior colombiano. Esta situación, a juicio del accionante, constituiría una irregularidad en la expedición del acto administrativo que formalizó su nombramiento.Otro de los puntos cuestionados en la demanda tiene que ver con la experiencia requerida para el cargo. Aunque se reconoce que Laura Sarabia ocupó el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, el demandante advierte que no cuenta con el conocimiento diplomático específico en materia de relaciones internacionales de Colombia que, según su criterio, se exige para ejercer la representación del país ante una misión diplomática de esta relevancia.Pese a estos cuestionamientos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no accedió a la solicitud de medida cautelar presentada en la demanda, con la cual se pretendía suspender de manera provisional a Sarabia de su cargo como embajadora mientras se resolvía de fondo el proceso. En consecuencia, la funcionaria continuará en ejercicio de sus funciones mientras avanza el estudio del caso.En el marco del trámite judicial, el Tribunal ya notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Presidencia de la República y a la propia embajadora Laura Sarabia, para que rindan sus respectivos conceptos y ejerzan su derecho a la defensa frente a los argumentos planteados en la demanda.
A las 4:00 de la tarde está citada una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, convocada en medio de la controversia por la presunta utilización del software de espionaje Pegasus en Colombia. El encuentro contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, así como de la cúpula militar y policial y varios altos funcionarios del Gobierno.En la reunión participarán los ministros de Defensa y de Justicia, los directores de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del comisionado para la Paz, Otty Patiño. El primer punto de la agenda será la denuncia presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el uso de Pegasus.La denuncia generó un cruce de versiones al interior del Gobierno. Aunque el Ministerio de Defensa salió públicamente a negar el uso de este software por parte de la Fuerza Pública, para el Ministerio de Justicia las explicaciones entregadas hasta ahora no son suficientes, lo que ha incrementado la tensión entre ambos despachos.En ese escenario aparece el nombre de Augusto Rodríguez, director de la UNP. De acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, Rodríguez estaría adelantando investigaciones propias y, en ese proceso, habría recurrido a herramientas como Pegasus. Sin embargo, el funcionario desmintió esta versión, pero reconoció que ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre Idárraga, cuestionando su gestión.El debate alrededor de Pegasus no es nuevo en el país. Desde 2021 se han conocido reportes internacionales que señalan a Colombia como uno de los lugares donde el software habría sido adquirido, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su utilización por parte del Estado. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido cuestionado a nivel mundial por su uso para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos.