La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, expresó su preocupación por los efectos del Decreto Legislativo 0044 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica, al advertir que introduce cambios que alteran las reglas del sector eléctrico y generan incertidumbre para las inversiones necesarias para garantizar la energía del país.Según el gremio, el decreto establece nuevas obligaciones para las empresas generadoras, como una “contribución obligatoria” y la entrega de energía en especie para atender empresas intervenidas, medidas que, aunque buscan enfrentar una situación coyuntural, terminan afectando la sostenibilidad financiera de quienes producen la energía.Acolgen señaló que estas disposiciones tienen un impacto directo sobre el cargo por confiabilidad, el mecanismo que permite asegurar que Colombia cuente con suficiente energía en momentos críticos, como sequías o picos de demanda. El gremio advirtió que cambiar las condiciones bajo las cuales operan las plantas actuales y futuras reduce los incentivos para invertir y participar en nuevas subastas.“Estas decisiones alteran de manera intempestiva e injustificada el marco jurídico vigente y generan incertidumbre sobre cómo se tomarán las decisiones en el sector en el futuro, lo que puede frenar nuevas inversiones, afectando el desarrollo de la subasta del cargo por confiabilidad, el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables que vendrían del proceso anunciado por el Ministerio de contratación de largo plazo y, por lo tanto, afectar la transición energética del país”, advirtió Acolgen a través de un comunicado.En el decreto, el Gobierno faculta al Ministerio de Minas y Energía para adoptar medidas extraordinarias con el fin de “garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica”, lo que, según Acolgen, genera dudas sobre la estabilidad de las reglas que respaldan las inversiones de largo plazo.Otro de los puntos que más inquieta al gremio es el impacto sobre los nuevos proyectos de energías renovables. Acolgen recordó que el Ministerio de Minas y Energía anunció procesos de contratación de largo plazo, claves para viabilizar proyectos solares, eólicos e hidráulicos. Sin embargo, el decreto introduce un escenario de incertidumbre que puede dificultar el cierre financiero de estas iniciativas.Aunque Acolgen reconoce la necesidad de atender la situación financiera de algunos prestadores del servicio, especialmente en la región Caribe, cuestionó que estas medidas se adopten por una vía excepcional, cuando el propio decreto reconoce la existencia de problemas estructurales en el sector.“La situación de la costa Caribe no constituye un hecho súbito ni imprevisible, como el propio decreto lo admite, por lo que resulta legítimo cuestionar la necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas”, indicaron.Finalmente, el gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para revisar el alcance de las medidas, abrir espacios de diálogo técnico y garantizar estabilidad regulatoria, advirtiendo que sin confianza y reglas claras será difícil avanzar en la confiabilidad del sistema eléctrico y en la transición energética que el país necesita.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sostuvieron un encuentro estratégico en Bogotá para robustecer la cooperación binacional en la lucha contra el crimen organizado. La visita de alto nivel, que contó con el respaldo del embajador encargado de Estados Unidos, John McNamara, y el director de la Policía Nacional, general William Rincón, busca blindar la seguridad pública y optimizar la persecución judicial de las mafias trasnacionales.El encuentro centró sus esfuerzos en una hoja de ruta que trasciende el control de estupefacientes. Según confirmó la Fiscalía General, el propósito central fue "fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia", abordando delitos críticos como el tráfico ilegal de armas y la falsificación de moneda, factores que han dinamizado la violencia en diversas regiones de Colombia."Se abordaron temas de interés para enfrentar de manera conjunta la criminalidad trasnacional", informó el ente acusador.Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Colombia agregó en su cuenta de X: "El administrador de la DEA, Terrence Cole, visitó Bogotá, donde se reunió con la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, el Encargado de Negocios de la Embajada, John McNamara y el director general de la Policía Nacional, general William Rincón, para discutir el fortalecimiento de la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y crear comunidades más seguras tanto en los EE. UU. como en Colombia".
Durante la inauguración de un radar en el aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en Leticia, el presidente Gustavo Petro respondió a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, tras el anuncio de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos, argumentando que Colombia no estaba cooperando en la lucha contra el crimen organizado en la frontera.“Les vendimos energía cuando la necesitaban, pero ahora, como no la necesitan, entonces están viendo quiénes se hacen más amigos del que más grita, pero a mí no me gusta gritar”, dijo el mandatario.El mandatario insistió en que la violencia en Ecuador es el doble que la de Colombia y sugirió que la culpa por la situación en la frontera con ese país es de las autoridades de ambas partes. También defendió el trabajo de Colombia en la lucha contra organizaciones criminales, diciendo que si estos grupos estaban pasando hacia otros países es porque no querían estar en territorio nacional.El presidente Gustavo Petro ordenó a las Fuerzas Militares frenar la entrada de insumos para fabricar fentanilo en Colombia. “Necesitamos control absoluto en la frontera con Ecuador para impedir que entren insumos del fentanilo que vienen en contenedores de buques mercantes. Colombia tiene que ser completamente libre, por todos sus puntos cardinales, de cualquier ingreso de esa droga”.Cabe mencionar que Colombia y Ecuador están en medio de una crisis diplomática tras el anuncio del presidente de ese país sobre aranceles. El gobierno colombiano respondió con la misma medida y suspendiendo la venta de energía; sin embargo, insistió en buscar una salida a esto a través del diálogo, planteando un encuentro el próximo 25 de enero en Ipiales, de los ministerios de defensa, energía y comercio de ambos países.
En la mañana de este jueves, 22 de enero, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se presentó al país la plataforma ‘Actores Electorales 2026’: una apuesta por tecnificar el proceso de acreditación, capacitación y seguimiento de los testigos electorales y auditores que ponen los partidos y movimientos políticos para cuidar sus votos en los puestos de votación. La meta es lograr la acreditación y capacitación de seis millones de testigos.“La importancia del testigo electoral es que una vez se realiza el escrutinio por parte de los jurados, los testigos podrán hacer las reclamaciones, que deben hacerse ahí en la mesa y ante los jurados de votación. Si no se hacen ahí por parte de los partidos y movimientos políticos, es muy difícil que después llegue una reclamación. Por eso es tan importante que ellos estén capacitados”, aseguró el magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE.Con esta aplicación, los partidos podrán acreditar a sus testigos, verificar si estas personas cumplen su papel, hacer un seguimiento en todo el país de en qué puestos de votación tendrán presencia e incluso hacer verificación en tiempo real de los formularios E-14 de conteo de los votos para hacer las reclamaciones en el momento adecuado.A cada uno de estos actores electorales se le entregará una credencial digital la cual se verificará por la fuerza pública mediante un código QR que generará la plataforma y mediante la cual se verificará que esa persona sí fue postulada.Además, una vez se verifiquen los datos en la fase de postulación, se expedirá el acto administrativo que detallará el puesto de votación y la mesa asignada. Esta resolución de acreditación estará debidamente firmada digitalmente por el presidente de la corporación. De igual manera, habrá un proceso permanente de capacitación para que las agrupaciones políticas postulen a sus testigos electorales y que estos cuenten con las herramientas necesarias para el ejercicio de sus funciones.“Garantizamos la tranquilidad y la reserva de datos que es tan importante para las personas que se van a postular como testigos. La plataforma es tan robusta que puede repeler cualquier ataque. Ya se hicieron pruebas de estrés, pruebas de carga masiva de testigos. Y el componente de seguridad y de tranquilidad para los datos personales está totalmente garantizado”, concluyó Quiroz.Cabe recordar que estos actores de las elecciones se volvieron claves para que el Pacto Histórico recuperara cuatro curules en las elecciones de Senado de 2022, pero también fueron tan importantes que desataron polémica por los millonarios recursos que destinaron para ellos y con el que terminaron saltándose los topes en la campaña Petro Presidente 2022, sancionada por el CNE.
El Gobierno colombiano decidió suspender las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con Ecuador para priorizar la soberanía energética del país, en respuesta a la imposición de un arancel del 30% a las exportaciones colombianas por parte del Gobierno ecuatoriano. La medida busca “proteger la seguridad energética colombiana”, ante la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño, según informó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.Ecuador, que mantiene una interconexión eléctrica de 400 kilovatios con Colombia, depende en buena parte del suministro colombiano para cubrir su demanda interna, especialmente durante los periodos de sequía. En los últimos dos años, Colombia había duplicado sus envíos de energía al vecino país, mitigando los apagones sufridos entre 2023 y 2024.“Ecuador depende en un 8% de Colombia”En entrevista con Mañanas Blu, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), explicó que Ecuador enfrenta una situación de vulnerabilidad energética tras la decisión del gobierno colombiano.“Ecuador consume diariamente cerca de 95 gigavatios hora y de ese total, Colombia estaba suministrando 8 gigas diarios, lo que representa alrededor del 8% de su demanda”, precisó Gutiérrez. La dirigente gremial advirtió que, en años anteriores, durante los picos de sequía, ese porcentaje llegó hasta el 12%. “En diciembre de 2024, ambos países atravesamos una época crítica. Colombia aportó energía para evitar apagones de hasta 14 horas en Ecuador”, recordó.Riesgo de apagones si se agudiza la sequíaDe acuerdo con Gutiérrez, la magnitud del impacto en Ecuador dependerá del nivel de lluvias en los próximos meses y de la capacidad del país para activar su parque térmico. “Entendemos que Ecuador ha tomado medidas para mejorar su confiabilidad, pero no está claro si podrá enfrentar otro periodo de sequía si el fenómeno de El Niño regresa”, señaló.La líder gremial insistió en que la decisión colombiana tiene respaldo técnico y busca evitar una eventual crisis interna. “Como sector, ya habíamos pedido en otras ocasiones que se suspendieran las exportaciones cuando el país enfrenta hidrología crítica. No podemos poner en riesgo la confiabilidad de nuestro propio sistema eléctrico”, puntualizó.Llamado al diálogo y a la cooperación bilateralGutiérrez llamó a reactivar los canales diplomáticos y técnicos entre Bogotá y Quito para evitar que una disputa comercial afecte sectores estratégicos. “Las herramientas económicas no deben usarse como mecanismos de discusión política”, enfatizó. A su juicio, la relación energética entre ambos países “ha sido histórica y de apoyo mutuo”, y debe preservarse sobre la base de la cooperación regional.Además de presidir Acolgen, Natalia Gutiérrez lidera el Consejo Gremial Nacional, desde donde expresó preocupación por las repercusiones del nuevo arancel ecuatoriano sobre las exportaciones colombianas. “Ecuador es el sexto destino de nuestras exportaciones. En 2025, Colombia le vendió bienes por 1.600 millones de dólares, de los cuales dependen miles de empleos en ambos países”, subrayó.Los sectores más golpeados serían el energético, petroquímico, farmacéutico, automotor y de maquinaria, que en conjunto representan cerca del 49% de las exportaciones colombianas hacia el vecino país. Las regiones más expuestas son Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca y Bolívar, según datos gremiales.“Esta discusión que parece política erosiona la confianza. Hay que activar los canales diplomáticos y resolver la crisis rápidamente”, concluyó Gutiérrez, insistiendo en que la cooperación energética entre Colombia y Ecuador debe prevalecer sobre las tensiones coyunturales.La región andina enfrenta un panorama complejo ante la posibilidad del retorno del fenómeno de El Niño, que amenaza con reducir los niveles de los embalses y afectar la producción hidroeléctrica, fuente principal de energía en ambos países. En este escenario, la suspensión temporal de las exportaciones podría servir para blindar el suministro interno colombiano, pero también dejaría a Ecuador en una posición crítica si sus fuentes hídricas no logran recuperarse a tiempo.La decisión abre, además, un nuevo capítulo en la relación comercial entre los dos países, históricamente interdependientes en materia energética y exportadora. En los próximos días, se espera que los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa retomen canales diplomáticos para buscar una salida técnica a la crisis.
En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Ipiales (Nariño), José Amilcar Pantoja, expresó su profunda preocupación por el deterioro de los vínculos binacionales. Según el mandatario local, las decisiones tomadas desde el Palacio de Carondelet reflejan una desconexión absoluta con la realidad que se vive en los territorios fronterizos, afectando la estabilidad social y económica de la región.Una desconexión con la realidad fronterizaPara el alcalde Pantoja, las tensiones no son nuevas, sino que responden a una serie de acciones que él denomina como "afrentas" de tipo social, económico y político. Recordó con malestar el episodio ocurrido hace unos meses, cuando el gobierno de Daniel Noboa envió a la frontera a más de 800 presos colombianos "literalmente sin basarse en ningún protocolo binacional o internacional", dejándolos en territorio fronterizo sin previo aviso.Esta falta de coordinación diplomática es vista por el alcalde como una muestra de que el presidente de Ecuador no comprende las dinámicas locales, donde la prioridad debería ser mantener un buen relacionamiento para garantizar la convivencia ciudadana.Impacto económico: aranceles y contrabandoLa imposición de aranceles del 30% a productos colombianos por parte de Ecuador y las posibles restricciones energéticas y petroleras han generado un clima de gran incertidumbre. Pantoja advirtió que estas medidas no solo frenan la inversión en la zona de frontera, sino que estimularán fuertemente las dinámicas de contrabando de insumos básicos.La economía de Ipiales, que el alcalde describe como una "economía pendular" dependiente del valor del dólar, ya venía en descenso. Actualmente, aunque cerca de 3,000 vehículos ecuatorianos ingresan a Ipiales cada fin de semana para adquirir tecnología, electrodomésticos y ropa, la inseguridad y las nuevas trabas comerciales amenazan con profundizar esta crisis. Además, el mandatario señaló que existen vacíos legales históricos, ya que aún no se ha definido con claridad qué productos conforman la canasta básica permitida para el comercio fronterizo.Seguridad: ¿Falta de colaboración o realidad distorsionada?El pretexto del presidente Noboa para imponer los aranceles es la supuesta falta de colaboración de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, Pantoja desmintió tajantemente esta versión, asegurando que existe una colaboración total y permanente entre el Ejército y la Policía de ambos países a través de estrategias como el "Plan Espejo".De hecho, el alcalde enfatizó que la violencia actual está más presente del lado ecuatoriano. Citó como ejemplos las capturas en Nariño de miembros de 'Los Choneros', una banda de origen ecuatoriano que intentó expandir sus operaciones a Colombia, y el asesinato de dos cambistas en pleno parque principal de Tulcán a plena luz del día.Escuche aquí la entrevista:
Una tragedia enluta a una familia tras la muerte de una adolescente de 15 años que sufrió una descarga eléctrica mientras utilizaba su teléfono celular conectado al cargador. El hecho ocurrió dentro de su vivienda y, pese a que fue auxiliada rápidamente y trasladada a varios centros médicos, no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas.El caso se registró en una zona rural del municipio de Augusto Corrêa, en el noreste del estado de Pará, en Brasil, donde la joven residía junto a su familia. La víctima fue identificada como Beatriz Costa Diniz, quien se encontraba en su casa la noche del jueves 15 cuando ocurrió el accidente que terminó cobrándole la vida días después.De acuerdo con los primeros informes, Beatriz estaba usando su celular mientras este permanecía conectado a una toma de corriente, momento en el que recibió una descarga eléctrica que la hizo caer al suelo. Como consecuencia, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fue atendida inicialmente por vecinos y familiares antes de ser trasladada a un centro asistencial en Bragança.Debido a la complejidad de su estado de salud, la adolescente fue remitida posteriormente al Hospital Metropolitano de Urgencias de Ananindeua, donde fue sometida a una cirugía e ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció el lunes 19 por complicaciones derivadas de las lesiones.La Policía Científica confirmó su muerte y entregó el cuerpo a sus familiares el martes 20 al mediodía. Entretanto, la Policía Civil abrió una investigación por muerte accidental y ordenó exámenes forenses para esclarecer las causas exactas del suceso.Una de las hipótesis que manejan las autoridades es una posible fluctuación eléctrica, aunque esta versión aún no ha sido confirmada. Por su parte, la empresa de energía Equatorial Pará aseguró que un equipo técnico revisó la red de la zona sin encontrar interrupciones en los últimos 30 días, pero insistió en la necesidad de no manipular dispositivos electrónicos mientras estén conectados a la corriente.La muerte de Beatriz generó profunda consternación entre sus vecinos y amigos, quienes la recordaron en redes sociales como una joven solidaria que ayudaba a su familia vendiendo tapioca en los autobuses de la región.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 21 de enero:La agrupación Pescao Vivo hablaron sobre sus nuevos proyectos musicales. También contaron anécdotas de cómo sus canciones fueron mejorando a partir de una dura experiencia del hermano de uno de ellos y cómo se ve la religión en Grecia.En la sección 'Tutoriales radiales', el abogado Luis Victoria explicó cómo es la migración a Estados Unidos y aclaró varias dudas de los oyentes en este proceso.
Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de petróleo de Colombia por uno de sus oleoductos, en el marco de una guerra arancelaria entre los dos países, informó el jueves la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.Quito anunció el miércoles un gravamen de 30% a las importaciones desde Colombia por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.Bogotá respondió el jueves con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos y la suspensión del suministro de electricidad."La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad", dijo Manzano en su cuenta en la red social X.Agregó que "Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética".El gobierno ecuatoriano señaló que el arancel de 30% para Colombia entrará en vigencia el 1 de febrero, excluyendo a la electricidad, de la que Ecuador es deficitario, y el servicio de logística de hidrocarburos.El OCP, del que el Estado ecuatoriano es accionista mayoritario, tiene capacidad para 450.000 barriles por día (bd).Para transportar el crudo extraído en la selva de la Amazonía hasta el Pacífico, Ecuador también dispone de otro oleoducto con capacidad para 360.000 bd.La producción de crudo de Ecuador se ubicó en 469.000 bd en noviembre pasado, de los cuales un 39% se movilizó por el OCP, según los datos más recientes del Banco Central.Ecuador exporta crudo e importa combustibles.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato y definitivo de las operaciones en Colombia de las sociedades World Foundation y Tools for Humanity Corporation, responsables del proyecto WorldCoin, que ofrecía pagos a ciudadanos a cambio de escanear sus ojos para recolectar datos biométricos.La medida fue impuesta mediante la Resolución 78798 del 3 de octubre de 2025, en la que la SIC determinó que ambas empresas incumplieron múltiples normas de protección de datos personales. La entidad, autoridad nacional en la materia, señaló que las compañías no contaban con políticas claras de tratamiento de información, ni con mecanismos adecuados para que los ciudadanos ejercieran sus derechos sobre sus datos.Según la investigación, las firmas comenzaron sus operaciones en el país durante el primer semestre de 2024 y recolectaron imágenes del iris de miles de personas. A cambio, ofrecían una compensación económica, pero las finalidades de ese tratamiento no fueron informadas de manera clara ni transparente.La Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales constató que las empresas condicionaron la aceptación del tratamiento de datos al pago de un incentivo, vulnerando el principio de libertad y el derecho a la autodeterminación informativa de los usuarios. Además, la SIC verificó que no existían medidas de seguridad suficientes para proteger la información recolectada, considerada altamente sensible.Ante la gravedad de la situación, la Superintendencia ordenó suprimir de manera inmediata todos los datos personales obtenidos —incluidos los códigos de iris— de las bases de datos y servidores utilizados por las compañías. De igual forma, prohibió cualquier futura actividad de tratamiento de datos personales en Colombia por parte de estas sociedades.La decisión busca garantizar el derecho constitucional al habeas data y evitar que la información sea tratada fuera de los parámetros legales. La SIC recalcó que no pretende frenar la innovación tecnológica, pero recordó que toda iniciativa que implique la recolección de datos personales en el país debe hacerse “de manera responsable, ética y conforme al ordenamiento jurídico colombiano”.La resolución completa puede consultarse en el portal oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el número 78798 del 3 de octubre de 2025.
Indignación causa la difusión de un video en el que se observa a un hombre, presunto administrador de un taller mecánico en Pereira, arrojando un balde de agua sobre un trabajador de edad avanzada. El hecho, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, provocó la reacción inmediata del presidente Gustavo Petro y del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quienes calificaron el acto como una violación grave a la dignidad laboral.“El tradicional mundo del hidalgo. Cree que tiene sirvientes, cree que el trabajador le pertenece. Este no es un empresario, es un esclavista”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X, antes Twitter, marcando el tono de rechazo generalizado hacia el agresor.Reacción inmediata del Ministerio de TrabajoEn entrevista con el periodista Néstor Morales, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que la cartera ya tomó medidas para investigar el caso.“Nos indignó conocer ese video. Ante una denuncia de esa naturaleza, lo primero que tenemos que hacer es reaccionar”, afirmó el ministro, quien aseguró que desde la noche anterior ordenó una inspección inmediata al establecimiento en Pereira.Sanguino precisó que el Ministerio de Trabajo en Risaralda fue instruido para verificar las circunstancias del hecho y la situación actual del taller. “Queremos establecer la información veraz sobre las circunstancias en las que estaba operando ese establecimiento, si todavía funciona y el tipo de relaciones laborales que se desarrollan allí”, explicó.Aunque los actuales administradores del taller alegaron que el video es antiguo y que el ciudadano extranjero señalado como agresor ya no labora en el lugar, las autoridades insisten en esclarecer los hechos. “Si el hecho ocurrió meses atrás, eso también habrá que establecerlo, y en todo caso, este es un hecho que viola claramente las normas laborales y nuestro Código Penal”, enfatizó Sanguino.Identidad del agresor y posibles sancionesEl video muestra a un hombre con acento español increpando y arrojando agua a un trabajador, aparentemente por haber llegado bajo los efectos del alcohol. Aunque no se ha confirmado oficialmente su nacionalidad, el ministro indicó que el caso está siendo revisado junto a Migración Colombia.“Habrá que examinar cuál es su estatus migratorio y determinar las sanciones que correspondan, incluso su deportación o expulsión del país”, declaró Sanguino tras advertir que el comportamiento mostrado en el video podría acarrear consecuencias penales y migratorias.El funcionario añadió que el Gobierno busca dar un ejemplo claro: “Este tipo de comportamientos no tienen cabida en el país. Debe haber una reacción ejemplarizante de las autoridades, no solo laborales, sino también judiciales y migratorias”.Taller en Pereira se pronunciaHoras después de la viralización del video, los nuevos administradores del taller emitieron un comunicado desmarcándose del hecho. En una grabación difundida por redes, afirmaron que “ese vídeo es viejísimo” y que el ciudadano español “ya no trabaja aquí”.Según su versión, el agresor entregó el local hace dos meses debido a dificultades con el arriendo, y desde entonces el establecimiento está bajo una nueva administración. Sin embargo, la indignación ciudadana persiste. “Nos da miedo, porque la gente está muy indignada por lo viral que se ha vuelto el vídeo”, expresaron los responsables actuales.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarar la nulidad del contrato interinstitucional firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, destinado a la elaboración de los nuevos pasaportes colombianos. La decisión, liderada por el procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, se fundamenta en la detección de cinco fallas graves dentro del proceso contractual.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Melgosa precisó que la Procuraduría actuó “en defensa de la legalidad y del interés general”, luego de que los análisis preventivos adelantados por el Ministerio Público detectaran omisiones procedimentales y errores financieros en la estructuración del acuerdo.Elección directa de contratista extranjero: la principal irregularidadUno de los cuestionamientos más contundentes del Ministerio Público radica en que la Casa de la Moneda de Portugal fue elegida sin un proceso de licitación, a través de un convenio interadministrativo entre la Cancillería y la Imprenta Nacional. Según Melgosa, esta modalidad permitió evadir el Estatuto General de Contratación Pública, que establece la licitación pública como regla general y la contratación directa como excepción.“Aquí se suscribió primero entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Fondo Rotatorio, y la Imprenta Nacional un convenio interadministrativo. Ese convenio sirvió para utilizar un régimen exceptuado, distinto al Estatuto de Contratación, lo que facilitó contratar a la Casa de la Moneda de Portugal sin competencia”, señaló.Además, la Procuraduría advirtió que el aporte económico del contratista extranjero solo representa el 21 % del valor total del contrato, cuando la normativa exige un mínimo del 50 % para justificar la contratación directa con una empresa de derecho público extranjera. Esta diferencia —según el delegado— “invalida el argumento de que se trataba de un contrato internacional amparado en una excepción legal”.Irregularidades financieras y falta de aprobación presupuestalEl informe del Ministerio Público también destaca fallas en la estructuración financiera del contrato. De acuerdo con Melgosa, las vigencias futuras que respaldan el acuerdo no fueron aprobadas conforme al Estatuto del Presupuesto, lo que podría comprometer recursos públicos sin la debida autorización del Congreso.Asimismo, el contrato estipula pagos en euros, una decisión que contraviene las normas cambiarias del Banco de la República, las cuales obligan a efectuar los desembolsos en pesos colombianos, incluso si el acuerdo se pacta en moneda extranjera.“El pago debía hacerse en pesos. Pactar el contrato en euros genera incertidumbre sobre los montos finales debido a la fluctuación cambiaria”, explicó el procurador delegado, al advertir que este aspecto “pone en riesgo la estabilidad financiera del convenio a diez años”.Falta de aprobación de la Junta Directiva de la ImprentaOtra de las observaciones incluidas en la demanda es la ausencia de un acta formal de aprobación por parte de la Junta Directiva de la Imprenta Nacional, requisito indispensable para la suscripción de cualquier contrato interinstitucional. Aunque se mencionan reuniones y grabaciones, no existe un documento oficial que certifique la autorización del acuerdo.Posibles consecuencias disciplinarias y penalesLa Procuraduría informó que además de la acción de nulidad, se adelantan investigaciones disciplinarias contra los funcionarios que participaron en la estructuración del convenio. Estas actuaciones podrían derivar en sanciones e incluso en compulsas de copias a la Fiscalía para determinar si hubo responsabilidad penal.“Desde la vigilancia preventiva se elaboró un informe con fines disciplinarios. Ya existe una investigación en curso y será la Misionalidad Disciplinaria la que determine si hay lugar a sanciones o a compulsar copias a otras instancias”, afirmó Melgosa.Sin relación con posturas del presidente PetroEl procurador delegado fue enfático en señalar que las consideraciones del presidente Gustavo Petro sobre la necesidad de que los pasaportes no estén en manos privadas no influyeron en la decisión de la Procuraduría. “Lo nuestro es un asunto de legalidad, no de política pública”, aclaró Melgosa al ser consultado sobre las recientes declaraciones del mandatario.Asimismo, desestimó que la supuesta calidad superior del pasaporte portugués tenga incidencia alguna en la evaluación jurídica. “La calidad del pasaporte no tiene nada que ver con la manera en que fue contratado el proveedor”, concluyó.Próximos pasos: el fallo del Tribunal de CundinamarcaLa demanda de nulidad será estudiada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá determinar si las irregularidades detectadas ameritan la anulación del contrato. Aunque el proceso podría extenderse, Melgosa anticipó que se trata de un “proceso de puro derecho”, lo que podría agilizar su resolución.
El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, reveló en entrevista con Mañanas Blu que el Gobierno Nacional avanza en la preparación de una resolución que busca restringir la compra y uso de drones en el país. Sin embargo, durante la conversación también abordó uno de los temas más sensibles de su cartera: el futuro de los contratos de defensa aérea, particularmente la adquisición de los aviones de combate Gripen, que buscan fortalecer la capacidad operacional de la Fuerza Aérea Colombiana.“Ese contrato va acorde a todos los pasos que se deben llevar a cabo para hacer una compra de esa envergadura”, explicó Sánchez, al referirse al acuerdo con la empresa sueca Saab, fabricante de los aviones Gripen, cuya negociación ha despertado múltiples interrogantes en el Congreso y la opinión pública.La compra de los Gripen: inversión a 50 añosDe acuerdo con el ministro, la adquisición de las aeronaves Gripen forma parte de una estrategia de largo plazo para modernizar la defensa nacional. La inversión asciende a 168 billones de pesos, de los cuales 165 billones corresponden a la compra de las aeronaves y los otros 3 billones se destinarán a la adecuación de infraestructura para recibir la nueva flota.“La financiación está asegurada, no afecta el presupuesto del año entrante”, afirmó el ministro. El jefe de la cartera de Defensa señaló que el contrato con Saab se encuentra en su etapa final de revisión y que se espera su firma antes de finalizar octubre. Según Sánchez, la prioridad es garantizar que todos los términos estén ajustados a las normas de transparencia y responsabilidad fiscal.“Lo que falta es revisar con lupa el contrato, que esté bien organizado y que tengamos esa capacidad que nos va a proteger por los próximos 50 años sin ningún problema”, puntualizó.Un acuerdo vigilado por el Congreso y el Ministerio de HaciendaLa adquisición de los Gripen ha sido tema de seguimiento político y técnico. Desde el Congreso, algunos sectores han solicitado claridad sobre la fuente de financiación y el impacto de la operación en el presupuesto nacional. El ministro respondió que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) ya aprobó las vigencias futuras, con lo cual el Gobierno asegura los recursos sin afectar la inversión social del corto plazo.Asimismo, el Ministerio de Hacienda estudia la posibilidad de acudir a un préstamo internacional que permita suavizar los pagos y hacerlos más sostenibles para la Nación.“El Ministerio de Hacienda está revisando que se haga un préstamo para que sea un poco más cómodo, más suave el pago que tenga que hacer la Nación”, detalló Sánchez durante la entrevista con Néstor Morales.Transparencia en contratos de defensa: el caso de los helicópteros Mi-17El ministro también se refirió al estado del contrato para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17, un asunto que ha generado inquietud por posibles pérdidas en los anticipos. Sánchez aclaró que el contrato continúa vigente hasta el 15 de noviembre, y que se adelanta un proceso sancionatorio contra la empresa responsable del mantenimiento.“He dado claras direcciones de que no se puede perder ni un peso”, subrayó. “Los 16 millones de dólares que se dieron de pago anticipado están soportados en bienes y servicios que estamos recibiendo”.Modernización y control: las prioridades del MindefensaMás allá de los contratos de gran escala, el ministro Pedro Sánchez aseguró que el Gobierno trabaja en una resolución que regulará la compra y operación de drones en Colombia, con el fin de evitar su uso indebido en actividades ilegales y proteger la seguridad nacional.Aunque no ofreció detalles sobre los alcances de la norma, indicó que se busca un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la seguridad aérea, en coordinación con la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea.
En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, reveló que el Gobierno nacional, en conjunto con demás instituciones, están desarrollando una resolución con el fin de endurecer las medidas para el ingreso de drones al país.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, asegura que estas medidas de emergencia soncon el fin de controlar la entrada de aeronaves no tripuladas al país, buscando frenar la nueva oleada de ataques perpetrados por grupos terroristas y disidencias. El funcionario indicó que, ante la lentitud del trámite de una ley de drones y antidrones en el Congreso, el gobierno optará por una resolución inmediata que endurecerá los requisitos de importación y compra.La preparación de la resolución se está haciendo en conjunto con la Dian, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil; esta medida tiene como objetivo primordial determinar que los drones adquiridos, especialmente aquellos comprados por internet, ingresen al territorio nacional solamente por dos sitios específicos: Cartagena y Bogotá.Según explicó el ministro, esta regulación obligará a los proveedores a limitar la entrada a estas dos ciudades. Además de la restricción de puertos, se exigirá una declaración anticipada de compra. Esta declaración es clave, ya que permitirá a las autoridades saber el tipo de dron comprado antes de su despacho, posibilitando una revisión de sus parámetros y determinando si representa un riesgo para la seguridad. El objetivo es prevenir el ingreso de drones que, por ejemplo, posean frecuencias cambiantes que son difíciles de interrumpir o neutralizar.La urgencia de estas medidas se debe a que los ataques con drones se han convertido en la "nueva herramienta" empleada por grupos terroristas en Colombia. Los ataques recientes, como el ocurrido en Calamar (Guaviare), han alarmado a los alcaldes y son vistos como una "respuesta desesperada y cobarde" de las disidencias.Estos grupos han sido afectados críticamente este año, con alrededor de 76 cabecillas del más alto nivel neutralizados en Cauca, Huila, Arauca y Guaviare. Los operadores son definidos como aquellas personas que, siendo parte de estructuras criminales, adecúan los drones con explosivos para atacar a la fuerza pública o a la población.Estos individuos han sido catalogados como objetivos de alto valor. Las recompensas también se extienden a quienes comercialicen drones con fines ilegales, buscando así ir directamente a la fuente y evitar una reacción tardía a los ataques. Los criminales acceden a información en la web sobre cómo fabricar, construir y colocar cargas explosivas en drones, desarrollando métodos que no obedecen a códigos legales o éticos. El ministro enfatizó que la inteligencia es clave para detectar estas compras.Escuche aquí la entrevista:
Nhora Mondragón fue designada como nueva directora del DAPRE en reemplazo de Angie Rodríguez, quien renunció a su cargo para asumir la gerencia del Fondo de Adaptación. Su llegada habría sido producto de gestiones de ministro del Interior, Armando Benedetti.Mondragón es directora de seguridad, convivencia ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior. Fue exsecretaria de Gobierno de Cali y exdirectora del Departamento Administrativo de contratación pública en la capital del Valle. De profesión es administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Colombia y especialista en Administración en Salud y Gestión Pública de la Universidad Javeriana.Ahora, llegará a la Casa de Nariño para manejar la agenda del presidente, coordinar los consejos de ministros y ser el enlace entre el gabinete y el mandatario. Esta designación se da luego de que Angie Rodríguez, quien asumió ese cargo desde febrero de 2025, renunciará para asumir en propiedad la gerencia del Fondo de Adaptación. Esto en medio de tensiones con el director de la UNGRD Carlos Carrillo, por presuntas irregularidades en el Fondo relacionadas con contratos para soluciones en La Mojana.De hecho, el presidente Petro le había pedido la renuncia hace un mes; sin embargo, en ese momento la decisión no se materializó.
En una ceremonia militar se llevó a cabo la transmisión de mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), unidad clave de las Fuerzas Militares encargada de coordinar operaciones de alto valor estratégico en todo el territorio nacional. En el acto, el brigadier general Omar Yesid Moreno Sandoval asumió oficialmente la jefatura de este comando élite.La ceremonia contó con la presencia del comandante general de las Fuerzas Militares, así como de autoridades civiles y delegados del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El relevo de mando marca una nueva etapa para una unidad reconocida por liderar operaciones complejas y de alto riesgo, orientadas a la protección de la población civil y la defensa del territorio.El CCOES cumple un papel central en la planeación, coordinación y ejecución de operaciones conjuntas, integrando las capacidades de las tres Fuerzas para enfrentar estructuras armadas ilegales, reducir la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana. Su accionar ha sido determinante en misiones especiales que impactan de manera directa las principales amenazas contra el Estado.Al asumir el mando, el general Moreno Sandoval manifestó su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto, mejorar la capacidad de respuesta operacional y liderar la unidad bajo principios de profesionalismo, disciplina y visión estratégica, en un contexto marcado por desafíos persistentes en materia de seguridad.Durante el acto también se destacó el papel de los soldados, marinos y aviadores que integran el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, considerados una de las unidades más especializadas de las Fuerzas Militares. Su labor, desarrollada en escenarios de alta complejidad, continúa siendo clave para la estabilidad y la seguridad del país.Con este relevo, el CCOES mantiene su rol como una de las principales herramientas operacionales del Estado en la lucha contra las amenazas que afectan la seguridad nacional.
En medio de la participación de Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los temas que llamó la atención fue la ausencia de la canciller Rosa Villavicencio en la delegación oficial a Nueva York y las preguntas sobre su situación migratoria frente a Estados Unidos. El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir, aclaró que su no asistencia no está relacionada con restricciones diplomáticas, sino con prioridades de agenda y con la coyuntura bilateral entre Bogotá y Washington.Jaramillo explicó que la canciller se encuentra concentrada en la preparación de la próxima reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, prevista para febrero. “La Canciller está preparando la reunión… es un encuentro que requiere de un esfuerzo importantísimo de parte de Cancillería”, afirmó, al señalar que la cartera está dividida entre dos grandes frentes: el multilateral, que él lidera, y el bilateral, que actualmente está volcado a la agenda con Estados Unidos.Sin embargo, la conversación derivó inevitablemente hacia el tema de la visa, luego de que en septiembre pasado el Departamento de Estado anunciara medidas unilaterales que afectaron al presidente Petro y, posteriormente, la canciller Villavicencio renunciara a su visa estadounidense como gesto político. Frente a ese punto, Jaramillo fue enfático en diferenciar los escenarios: “Son dos temas distintos. Yo estoy acá para responder al informe de la Misión de Verificación sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Lo que ha ocurrido con las medidas unilaterales es un tema bilateral que maneja otro despacho”, dijo.El viceministro recordó que tanto el presidente como la canciller tienen derecho a participar en escenarios multilaterales como Naciones Unidas, independientemente de controversias bilaterales. “La ministra y el presidente tienen derecho a asistir a los espacios de Naciones Unidas porque así está contemplado dentro del derecho internacional y las garantías de la multilateralidad”, subrayó.Aunque evitó pronunciarse sobre si la canciller ya cuenta o no con un nuevo visado, Jaramillo confirmó que el tema se está abordando en canales diplomáticos formales. “Es un tema que se está hablando con Estados Unidos, pero no hace parte de mi despacho”, insistió, marcando distancia entre su rol en la agenda multilateral y los asuntos migratorios o políticos con Washington.La ausencia de Villavicencio, por tanto, no refleja un repliegue de Colombia en la diplomacia internacional, sino una redistribución de esfuerzos ante una coyuntura compleja. Mientras el viceministro representa al país en el Consejo de Seguridad, la canciller concentra su gestión en recomponer y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos, una de las más sensibles para la política exterior colombiana en el actual escenario global.
Un nuevo golpe contra la minería ilegal se registró en los departamentos de Cesar y Chocó, tras una serie de operaciones adelantadas en los primeros días de 2026 por unidades de la Brigada de Infantería de Marina No. 1 de la Armada, con apoyo del Ejército, la Policía y autoridades ambientales.Las acciones se desarrollaron en áreas estratégicas cercanas a los ríos Atrato, Magdalena y Quito, corredores fluviales utilizados por grupos armados organizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros, actividad que ha generado graves afectaciones ambientales y sociales en estas regiones.De acuerdo con el balance operacional, fueron neutralizadas 38 unidades de producción minera ilegal y inmovilizadas 32 dragas, además de 30 motobombas, 36 motores y dos retroexcavadoras, maquinaria que era utilizada sin cumplir la normatividad vigente ni los permisos ambientales exigidos por la ley.Durante los procedimientos, una persona fue capturada y puesta a disposición de las autoridades judiciales junto con los equipos incautados, para avanzar en los procesos legales correspondientes. Según estimaciones preliminares, la afectación económica a las estructuras criminales dedicadas a esta actividad supera los 1.000 millones de pesos.Las autoridades destacaron que estas operaciones no solo impactan las finanzas ilegales, sino que también reducen el daño ambiental, especialmente por el uso de mercurio y otros químicos tóxicos que terminan vertidos en los ríos, poniendo en riesgo la salud de las comunidades ribereñas y los ecosistemas.Las acciones contra la minería ilegal continúan siendo una prioridad en estas zonas del país, donde la explotación ilícita de recursos naturales se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de organizaciones criminales.
Durante este fin de semana, las alcaldías municipales, juntas comunales, padres de familia y rectores de instituciones educativas adelantarán la brigada denominada ‘Camino al Aprendizaje’, que consiste en buscar al menos 9.800 niños y jóvenes que aún faltan por matricularse en los 35 municipios de competencia departamental donde a la fecha solo se han matriculado 110.400 estudiantes.El secretario de Educación, Edgar Martín Lara, explicó que en las 1.440 sedes educativas hay una cubertura para 120.200 estudiantes y les hace un llamado a los padres de familia a no permitir que sus hijos se queden sin asistir a las aulas de clases a pocos días de iniciar oficialmente el calendario escolar.“Estamos convocando a esta brigada a todos los que tenemos la misión de coadyuvar para que nuestros menores se matriculen. Avanzamos en nuestro compromiso para avanzar con la meta de cobertura educativa que tiene el Huila. Recordar que los estudiantes se pueden matricular y deben ser matriculados por sus padres, en la institución educativa más cercana a su lugar de residencia en cada uno de los 35 municipios no certificados en educación que atendemos como gobierno departamental”, señaló el secretario.Por su parte, la líder de cobertura educativa del Huila, Leidy Gómez Benítez, dijo que también se viene trabajando en otras estrategias de acceso para que antes de iniciar el calendario escolar 2026, se hagan todos los esfuerzos para que se cumpla con el registro del 100% de estudiantes matriculados en el Simat.Dijo finalmente el secretario de educación Edgar Martín Lara, que, con recursos aprobados por la Asamblea del Huila, se han intervenido varias instituciones educativas que se encontraban con dificultades y deterioro en sus estructuras físicas para garantizar una mejor calidad de educación a niños y jóvenes del departamento.
Durante 2025, 187 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según cifras de Indepaz. Esto refleja un incremento de 14 casos frente a 2024, cuando se registraron 173 homicidios.Según Leonardo González Perafán, director de Indepaz, el departamento del Cauca fue el más afectado, con 40 líderes asesinados, seguido por Antioquia, con 30, y el Valle del Cauca, donde se registraron 17 casos. Estas regiones coinciden con territorios atravesados por disputas armadas, economías ilegales y conflictos por el control social y territorial.González asegura que el contexto actual se ve agravado por la cercanía del periodo electoral, una etapa en la que históricamente se incrementan los riesgos para las comunidades.“En épocas electorales, se magnifican los riesgos y las violaciones contra las poblaciones civiles”, advirtió el director, al señalar que esta situación ya ha sido alertada por la Defensoría del Pueblo mediante alertas tempranas.Además, explicó que los líderes sociales no están siendo asesinados por el simple hecho de ejercer liderazgo, sino por representar y defender causas colectivas en sus territorios.“Las causas pueden ser la ampliación de un resguardo, el fortalecimiento de un consejo comunitario, o la defensa de los derechos de las mujeres, de las comunidades LGBTI, de las víctimas, la implementación de un acuerdo de paz”, aseguró el director.Otro de los factores que ha incrementado el riesgo, según Indepaz, es que a diferencia de lo ocurrido en 2023 y 2024, durante 2025 se terminaron varios ceses al fuego con grupos armados, entre ellos con el ELN, lo que “incrementa el riesgo en la población y las comunidades”.“Los principales grupos son el Estado Mayor Central, que es una disidencia de las Farc liderada por Mordisco, el ejército Gaitianista o Clan del Golfo, el ELN. (…), todos los grupos que intentan pretender ejercer un control social o una gobernanza armada ilegal, es decir, que intentan imponer normas contra las comunidades”, afirmó.Finalmente, las alertas se mantienen encendidas, ya que en lo que va de 2026, se han registrado cuatro líderes sociales asesinados.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que la suspensión de venta de energía a Ecuador es temporal y le atribuyó unas razones distintas a una respuesta recíproca frente a los aranceles del 30 % a productos colombianos anunciados por el jefe del gobierno de Ecuador Daniel Noboa.“No lo queremos por el pueblo ecuatoriano, pueblo hermano; apenas sepamos que nuestra oferta eléctrica es plenamente suficiente en el mediano plazo se restituirá nuestro servicio”, escribió.Cabe mencionar que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció esta mañana que Colombia iniciará este jueves a las 6 p. m. la suspensión de venta de energía a Ecuador.Palma señaló que Colombia ha sido históricamente solidaria con el pueblo ecuatoriano, "incluso en momentos de estrechez energética y condiciones climáticas adversas", pero advirtió que las recientes decisiones del Gobierno de Noboa "desconocen acuerdos vigentes y afectan de manera directa los intereses del pueblo colombiano, lo que obligó al Estado a actuar en defensa de su soberanía energética".El Gobierno colombiano respondió también imponiendo el mismo arancel para una lista de 20 productos que todavía no se ha dado a conocer. Sin embargo, Analdex, el gremio de los exportadores en Colombia, publicó una lista de los que podrían verse afectados. Entre ellos están aceites, cacaos en polvo, arroces, atunes y otros.
El presidente Gustavo Petro se reunió este jueves con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galan en la Casa de Nariño. El encuentro estaba programado para las 10:00 de la mañana, empezó a las 11 y se extendió hasta la 1:30 de la tarde, hasta que el mandatario salió del Palacio Presidencial para acudir a dos eventos que tiene programados en Leticia, Amazonas.Al término de la reunión el alcalde Galán entregó declaraciones: “Esperamos llegar a acuerdos pronto que permitan garantizar que Bogotá tenga los recursos para recuperar el complejo San Juan de Dios pero hay un avance importante a partir de la discusión de hoy”.El segundo tema de la conversación tuvo que ver con los Multicampus educativos en Suba y Kennedy. “Ya la nación avanzó con el Conpes que va a permitir avance en los Confis y vivencias futuras para financiar esos multicampus. Y estamos trabajando para autorizar una intervención inicial previa en los predios habilitados por el distrito”, agregó.Esta reunión se da luego de las tensiones generadas entre el Distrito y el Gobierno nacional por cuenta del incremento de la tarifa de Transmilenio para 2026. El presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que tenía los recursos para evitar el alza; sin embargo, esto nunca se concretó y la administración de Galan subió los precios. Durante el encuentro de hoy no se habló al respecto, según el mandatario local.
De acuerdo con cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se registraron 257 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en Colombia, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.Del total de casos reportados, el 62% corresponde a niños y adolescentes hombres, lo que equivale a 159 víctimas, mientras que el 38% son niñas y adolescentes, es decir, 98 casos.La Defensoría advierte que el grupo con mayor número de reclutamientos es el Estado Mayor Central, estructura liderada por alias ‘Iván Mordisco’, con el 47,1% de los casos, es decir, 121 reclutamientos. Le siguen las disidencias sin especificar, con 40 casos; el ELN, con 30 casos; y el Ejército Gaitanista de Colombia, con 21 casos.Otros grupos señalados son el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, la Segunda Marquetalia, otros grupos sin identificar y estructuras de crimen organizado.El departamento del Cauca concentra el mayor número de reclutamientos, con 93 casos reportados, le siguen Antioquia, con 25 casos, y Chocó, con 22.También se registran 15 hechos en Huila, 14 en Nariño, 10 en Valle del Cauca, 10 en Norte de Santander, además de reportes en Arauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Meta, Risaralda, Santander, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira, Tolima, Bogotá y Vichada.Por meses, la Defensoría identificó que los picos más altos de reclutamiento en 2025 se registraron en junio, con el 13% de los casos, seguido de febrero y marzo, cada uno con el 11%, y enero, abril y septiembre, con el 10% respectivamente. Los meses con menor número de hechos fueron noviembre y diciembre.La Defensoría del Pueblo señaló que cada menor reclutado reclutado que se aleja de su entorno para ir a la guerra, es un proyecto de vida truncado que la sociedad no debe normalizar.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una advertencia a los prestadores de alojamiento turístico en Medellín ante las cancelaciones unilaterales de reservas, detectadas previo a los conciertos del artista internacional Bad Bunny en la capital antioqueña este fin de semana.Según la entidad, a partir de denuncias ciudadanas y reportes en redes sociales, algunos establecimientos estarían cancelando reservas ya pactadas para ofrecer nuevamente los inmuebles a precios más altos, aprovechando la alta demanda turística.La SIC recordó que los prestadores de servicios turísticos, incluidas las viviendas turísticas, están obligados a respetar las condiciones acordadas con los consumidores, so pena de incurrir en infracciones sancionables.Estas conductas podrían, advirtieron desde la Superintendencia, derivar en multas de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, al constituir una vulneración grave de los derechos de los turistas y de las normas que regulan las relaciones de consumo.La entidad explicó que, en caso de incumplimiento de una reserva, el turista tiene derecho a elegir entre la prestación de un servicio de igual calidad o el reembolso o compensación del valor pagado, conforme al artículo 63 de la Ley 300 de 1996.Además, la Superintendencia invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad ante la SIC a través del formulario de PQRSF en su sede electrónica, aportando pruebas que respalden los hechos.La autoridad confirmó que también iniciará investigaciones de oficio frente a los casos denunciados públicamente, con el fin de proteger a los consumidores y garantizar la transparencia en el sector turístico. Finalmente, la SIC reiteró que la libertad económica no es absoluta y debe ejercerse en armonía con la función social de la empresa y el interés general, especialmente en eventos de alta demanda y exposición internacional como este.