El anuncio de Ecuador de incrementar en más del 900 % la tarifa de transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) encendió las alarmas en el sector petrolero colombiano, especialmente en el sur del país, donde una parte clave de la producción depende de esta infraestructura para acceder a mercados internacionales. La medida, que elevaría el costo de transporte de cerca de 2,7 dólares por barril a aproximadamente 30 dólares, tendría un fuerte impacto económico y logístico para Colombia.El uso del SOTE se convirtió en una alternativa estratégica luego de la suspensión del Oleoducto Transandino (OTA), en el tramo Orito–Tumaco, en octubre de 2023. Las constantes interferencias ilícitas y pérdidas operativas, estimadas en cerca del 27 % del crudo transportado, hicieron inviable su operación, elevando el costo de transporte hasta unos 12 dólares por barril. Ante este escenario, los productores optaron por redireccionar las exportaciones a través de Ecuador, donde el SOTE ofrecía costos considerablemente más bajos y mayor estabilidad operativa.Sin embargo, el nuevo esquema tarifario anunciado por Ecuador, sumado a la decisión de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero de 2026, cambia de forma drástica el panorama. Según el documento técnico, el incremento de 27,3 dólares por barril generaría un sobrecosto diario cercano a los 531.000 dólares, lo que equivaldría a unos 194 millones de dólares anuales, suponiendo que se mantenga el flujo actual de exportación.El impacto es especialmente sensible para la producción de la cuenca Caguán–Putumayo, que en 2025 exportó en promedio 19.452 barriles diarios a través del SOTE. Campos como Cohembi, Costayaco, Caribe, Orito y Moqueta concentran buena parte de este volumen, con una producción conjunta superior a los 22.000 barriles diarios. Este crudo pertenece tanto a Ecopetrol como a compañías privadas como Gran Tierra Energy, Parex Resources y Geopark, que hoy dependen de la infraestructura ecuatoriana para evacuar su producción.Frente a este escenario, los operadores evalúan rutas alternativas, entre ellas la exportación por el terminal de Coveñas, utilizando transporte terrestre como opción contingente. Aunque esta alternativa implica mayores retos logísticos, sería más competitiva que asumir el sobrecosto derivado del uso del SOTE bajo las nuevas tarifas.Expertos coinciden en que Colombia debe activar de manera prioritaria los canales diplomáticos y técnicos con Ecuador para revisar las condiciones de transporte y buscar una solución concertada que devuelva previsibilidad al comercio de crudo. De forma paralela, el país enfrenta el reto de reducir su dependencia de infraestructura externa y avanzar en soluciones estructurales, como la eventual reactivación o construcción del oleoducto Orito–Tumaco, que permitiría fortalecer la autonomía logística del sector petrolero en el sur del país.
Tras varios meses de seguimiento, investigadores de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, a través de una orden judicial, hicieron efectiva la captura de alias ‘Fresa’, señalado de ser el presunto autor material del asesinato de padre e hijo, hechos ocurridos en abril de 2025 en zona rural del municipio de La Plata, en el occidente del Huila.De acuerdo con el material probatorio de las autoridades judiciales, alias ‘Fresa’, acompañado de otras personas, llegó hasta la vereda El Retiro de esa localidad y, con arma de fuego, disparó contra la humanidad de Álvaro Cantillo Cerquera, de 62 años, y su hijo Jesús Javier Cantillo, de 29 años de edad, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.“Las labores investigativas continúan con el objetivo de identificar, judicializar y capturar a otros posibles responsables, tanto materiales como intelectuales, de este hecho criminal. Para ello, se mantiene el análisis riguroso de nuevas evidencias que permitan establecer plenamente los móviles y la participación de otras personas en este hecho”, dijo el teniente coronel Andrés Felipe Ávila, comandante operativo de la Policía del Huila.De acuerdo con las autoridades, el capturado, alias ‘Fresa’, registra en el sistema SPOA de la Fiscalía anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.Alias ‘Fresa’ fue imputado por los delitos de hurto y homicidio y, luego de las audiencias de legalización de captura, un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, hizo su intervención en la plenaria del Senado en la cual se discutía la emergencia económica decretada por el Gobierno. Todos los ministros fueron citados, pero Ávila hizo la explicación más extensa del gabinete y, en principio, dijo que la declaratoria de la emergencia tiene una relación directa con el hundimiento de la ley de financiamiento.“El Congreso era absolutamente consciente de que el presupuesto que aprobó en el mes de octubre requería de ingresos adicionales a través de la ley de financiamiento. Y un par de meses después, ese mismo Congreso, que por mayorías en Senado y en Cámara había aprobado el presupuesto, niega, por la sumatoria de cinco senadores, la ley de financiamiento. Y esto, obviamente, creó una situación excepcional, sobreviniente y que debía ser atendida inmediatamente por el Gobierno”, dijo Ávila.En el mismo sentido, el ministro dijo que el 93,7 % del presupuesto para el 2026 es inflexible, pues se debe orientar a la deuda, al Sistema General de Participaciones, a las pensiones, al gasto de personal, el aseguramiento en salud y las vigencias futuras, entre otras.Además, dijo que por la situación fiscal no se pueden cubrir los derechos fundamentales y el Gobierno debe buscar los recursos para cumplir con esta obligación.“Esta crisis fiscal se agudiza por restricciones de endeudamiento, por restricciones en la caja, en el flujo de caja de la administración central, producto de rezagos de pagos que hemos venido acumulando anualmente, rezagos que redujimos en el año 2026, pero que siguen siendo persistentes y significativos. Este conjunto de circunstancias no solamente afecta al presupuesto nacional, sino que impide garantizar de manera inmediata derechos fundamentales de la población vulnerable del país”, agregó.Es importante recordar que en este momento la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá determinar si suspende o no los efectos del decreto de la emergencia económica. Sobre esto también respondió Ávila.“Para nada nos podemos alegrar de que la Corte Constitucional cometiera el error de suspender la emergencia económica y sus medidas, para nada, el costo para el país es inmenso”, dijo el ministro de Hacienda.
La canciller Rosa Villavicencio aseguró que la comunicación con Ecuador es prácticamente nula, pues aunque Colombia ha pedido reuniones ministeriales y bilaterales entre los presidentes, no ha habido respuesta.“La cancillería ecuatoriana informó que la reunión no sería posible por razones de agenda de sus ministros; Colombia propuso adelantar esa reunión el 27 o 28 de enero en Panamá en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe al que acudiremos. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Ecuador”, dijo.Y aunque el llamado del Gobierno Nacional es al diálogo, también se están evaluando otras medidas en caso de que no se retiren los aranceles del 30 %.“Hoy estamos contemplando un nuevo decreto que va a tener otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también una imposición del 30 % de aranceles”, dijo la ministra de Comercio, Diana Morales.Luego de que Ecuador confirmó el incremento del 900 % en la tarifa de transporte de crudo colombiano, la viceministra de Energía, Karen Schutt, se pronunció rechazando la medida unilateral y anunciando una petición que harán al gobierno de Daniel Noboa.“Invitamos al gobierno de Ecuador a que de manera conjunta revisemos la imposición de este gravamen al transporte de crudo desde el suroccidente del país, habilitar el paso de San Miguel de tal forma que se pueda exportar todo este crudo que está retenido allí ante esta restricción de carácter terrestre, viéndonos obligados a transportar el crudo a través de carrotanques”.El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, aseguró que, a pesar de las diferencias, se mantiene la cooperación militar y policial entre ambos países.
Al despacho del magistrado Carlos Camargo siguen llegando los conceptos que él mismo pidió en el marco del estudio de constitucionalidad del decreto de la emergencia económica, entre ellos, ya reposan allí en la Corte Constitucional los conceptos de José Antonio Ocampo y Jorge Iván González quienes fueron funcionarios del actual Gobierno como exministro de Hacienda y exdirector de planeación, respectivamente.Ambos enviaron conceptos a la Corte Constitucional en los que formulan fuertes cuestionamientos a la declaratoria de emergencia económica al advertir que no se cumplen los requisitos de excepcionalidad, imprevisibilidad y sobreviniencia exigidos por la ley.Los exaltos funcionarios coinciden en que las razones expuestas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro corresponden a problemas estructurales y previsibles, que debieron ser abordados mediante los instrumentos ordinarios de política fiscal y presupuestal.“En ausencia de una emergencia debidamente acreditada, el Ejecutivo debería adelantar un ajuste fiscal ordenado, basado en la priorización del gasto, la corrección de ineficiencias y el uso responsable de los instrumentos presupuestales ordinarios”, dijo José Antonio Ocampo.Por su parte, el exdirector del DNP Jorge Iván González presentó un análisis detallado de las ocho razones invocadas por el Gobierno para justificar la emergencia, concluyendo que ninguna constituye un hecho sobreviniente.Según explicó, el déficit del sistema de salud, el deterioro del orden público, las dificultades fiscales, los desastres naturales, las sentencias judiciales pendientes de pago, las obligaciones atrasadas y las restricciones de caja eran situaciones conocidas y advertidas previamente en documentos oficiales del propio Gobierno.Estos conceptos sumados a los que ya han llegado a la Corte desde que el alto tribunal asumió el control constitucional, coinciden en su mayoría, con que la emergencia económica no debió basarse en hechos previsibles.
Ecuador subió de tres a treinta dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de sus dos grandes oleoductos, en medio de la inusitada guerra comercial en la que están inmersos ambos países, según confirmó este lunes la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.La nueva tarifa entró en vigencia el viernes, en "reciprocidad" a la decisión de Colombia de suspender la venta de energía, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas por una supuesta falta de apoyo de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.Manzano había dicho inicialmente que la tarifa que se modificaría era la correspondiente al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el otro más grande del país.Sin embargo, este lunes indicó en una entrevista con radio Sucesos que la medida se aplicará al crudo que pasa por el Sote, que pertenece a Ecopetrol, la principal empresa de petróleo del país vecino. Por el OCP, en cambio, pasa crudo de empresas privadas colombianas.La ministra indicó que Ecuador le está dando "un servicio importantísimo" a Ecopetrol al transportar el petróleo por el Sote, manejado por la empresa pública Petroecuador, para que pueda llegar desde el sur de Colombia hasta la costa del Pacífico para ser exportado.La guerra comercial entre ambos países la inició Noboa el pasado miércoles, cuando anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos, ante la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte del vecino país en el combate al tráfico de drogas.El mandatario indicó que la medida se mantendría "hasta que exista un compromiso real" por parte de Colombia "para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera".En respuesta, el Gobierno colombiano señaló que aplicaría un gravamen del 30 % a la importación de veinte productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía.El viernes, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, indicó que habían recibido una propuesta de Colombia para reunirse el 25 de febrero y tratar la imposición de aranceles, pero que desde el Gobierno ecuatoriano plantearon que la cita se realice esta semana, aunque aún no se ha anunciado públicamente cuándo se dará.En 2024, el comercio no petrolero con Colombia dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 919 millones de dólares, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones, al alcanzar los 1.756 millones, de acuerdo a datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. De enero a noviembre de 2025 el saldo fue de 852 millones.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la persistente inestabilidad en la dirección de la Unidad para las Víctimas y en varias de sus dependencias, una situación que, según advirtió, ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales fundamentales para la política pública de víctimas en el país.El pronunciamiento se da tras la reciente declaratoria de insubsistencia del director general de la entidad, Adith Romero, ocurrida el pasado viernes 23 de enero, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación durante su gestión.De acuerdo con la entidad, entre 2022 y 2026, la Presidencia de la República ha designado, tanto en propiedad como en encargo, a cinco personas distintas en la Dirección General de la Unidad, “situación que ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública de víctimas”, aseguran en el comunicado.A esta situación se suma la preocupación por los hechos que han venido siendo reportados por distintos medios de comunicación sobre posibles actos de corrupción al interior de la entidad.En ese sentido, el organismo de control exhortó al Gobierno a dar respuestas claras y oportunas frente a los cuestionamientos existentes por presuntos hechos de corrupción, al considerar que la estabilidad y la transparencia en la coordinación de los procesos a cargo de la Unidad para las Víctimas y del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral son condiciones indispensables para cumplir con los derechos de las víctimas.La Defensoría recordó que el universo de víctimas en Colombia representa aproximadamente el 20 % de la población del país, muchas de ellas priorizadas en el CONPES de Soluciones Duraderas y en la reglamentación de la Ley 2421 de 2024.
En libertad quedaron los hermanos Jónatan Stiven y Jhon Alexánder Mejía Hurtado, señalados por la Fiscalía General de la Nación de haber ordenado el homicidio del líder social y estudiantil Lucas Villa Vásquez, durante las protestas sociales de mayo de 2021, en hechos ocurridos en el viaducto César Gaviria Trujillo, en Pereira.La jueza del caso explicó que no encontró pruebas suficientes para sustentar una sentencia condenatoria contra los procesados, razón por la cual emitió un fallo absolutorio.Contra los hermanos Mejía Hurtado avanzaba un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, intento de homicidio y homicidio, todos agravados.De acuerdo con la Fiscalía, los acusados —junto a un hermano menor— habrían tenido interés en usar la violencia para eliminar los bloqueos instalados durante las protestas en el viaducto que comunica a Pereira con Dosquebradas, ya que estas obstrucciones afectaban el transporte de estupefacientes de la llamada banda Cordillera entre ambos municipios.Durante la lectura del sentido del fallo, la jueza señaló que, pese a los esfuerzos de la Fiscalía, no se logró un conocimiento más allá de toda duda razonable sobre la autoría y participación de los acusados en los hechos por los cuales fueron vinculados al crimen.La togada también advirtió que las contradicciones en las versiones de un testigo clave impidieron estructurar una condena. “Es bastante difícil para este despacho, por no decir imposible, edificar una sentencia condenatoria cuando existe un testigo que incurre en tantas contradicciones”, sostuvo.Con esta decisión, los hermanos Mejía Hurtado, conocidos con los alias de ‘Truán’ y ‘Care Vieja’, quedaron en libertad por los hechos relacionados con la muerte de Lucas Villa. No obstante, el fallo admite recursos, por lo que la Fiscalía y los representantes de las víctimas podrán acudir a una segunda instancia en busca de revertir la absolución dictada por la jueza penal del circuito.
Khaby Lame, el creador de contenido más seguido del planeta en TikTok con una audiencia que ronda los 160 millones de personas, acaba de protagonizar una de las operaciones más impactantes de la economía digital. Su compañía, Step Distinctive Limited, fue adquirida por Rich Sparkle Holdings en una transacción valorada entre 900 y 975 millones de dólares, cerrada en enero y ejecutada íntegramente mediante un intercambio de acciones, sin desembolso de efectivo. El acuerdo se ubica entre los mayores movimientos financieros registrados hasta ahora en el ecosistema global de creadores.El ascenso de Lame es uno de los relatos más representativos de la era de las plataformas. Italiano de origen senegalés y con apenas 25 años, su salto a la fama se produjo tras perder su empleo como operario de fábrica durante la pandemia. Sin experiencia previa en medios ni producción audiovisual, comenzó a publicar videos sin diálogo, apoyándose únicamente en gestos exagerados y una expresividad precisa. Su propuesta consistía en ridiculizar los llamados life hacks virales, mostrando lo innecesariamente complejos que resultaban muchos de ellos y contraponiéndolos con soluciones simples y evidentes. Ese gesto final, con las palmas abiertas y una mirada cómplice, se transformó en su sello personal. En junio de 2022, superó a Charli D’Amelio y se convirtió en la cuenta más seguida de TikTok.Step Distinctive Limited, con sede en Dubái, funcionaba como el eje de su imperio comercial: gestionaba acuerdos publicitarios, licencias y ventas vinculadas a su imagen. Tras la operación, Lame pasa a formar parte del accionariado de Rich Sparkle Holdings, aunque cede el control operativo del negocio. Un detalle no menor es la estructura previa de la empresa: de acuerdo con estimaciones de Celebrity Net Worth, el influencer poseía solo el 49% de Step Distinctive, mientras que el resto estaba en manos de socios estratégicos, entre ellos la firma china Anhui Xiaoheiyang Network Technology, integrada en el conglomerado Three Sheep.El caso de Lame no es una excepción, sino un síntoma de una tendencia acelerada. Las fusiones y adquisiciones dentro de la economía de creadores crecieron un 73% en 2025, con 52 operaciones registradas. Un sector que en 2024 fue valorado en más de 200.000 millones de dólares podría multiplicar varias veces su tamaño antes de 2033. Ejemplos sobran: Beast Industries, la empresa de MrBeast, alcanzó una valoración de 5.000 millones y generó 473 millones en ingresos en 2024; Logan Paul, por su parte, facturó 1.200 millones de dólares con Prime en 2023, una marca tasada entre 2.000 y 3.000 millones. El patrón es claro: transformar audiencias masivas en mercados de consumo.Uno de los aspectos más llamativos del acuerdo es la inclusión del gemelo digital de Khaby Lame, desarrollado mediante inteligencia artificial. Estas réplicas virtuales pueden comunicarse en múltiples idiomas y generar contenido sin necesidad de nuevas grabaciones. En China, plataformas como Douyin ya utilizan presentadores creados por IA que transmiten y venden productos de forma continua, reduciendo costos operativos hasta en un 80%. Esta tecnología permite que una sola identidad esté activa de manera simultánea en distintos mercados y husos horarios.La incógnita surge al observar al comprador. Antes de esta operación, Rich Sparkle Holdings se dedicaba a la impresión financiera y no contaba con experiencia relevante en redes sociales ni en inteligencia artificial. Durante los próximos tres años, la empresa tendrá exclusividad sobre la explotación comercial de la marca Lame. La pregunta es inevitable: ¿puede una corporación externa administrar con éxito una identidad construida sobre la espontaneidad y la autenticidad?La economía de creadores ha dejado de ser un fenómeno marginal. Hoy mueve cifras comparables a las de industrias tradicionales. Lo que comenzó en 2020 con un trabajador desempleado grabando videos caseros culmina ahora en una operación cercana a los mil millones de dólares, atravesada por IA y capitales internacionales. El desafío será comprobar si, en ese proceso, se puede conservar la frescura que convirtió a Khaby Lame en un fenómeno global.
El Gobierno de Colombia propuso al de Ecuador reunirse el miércoles en Panamá, donde los presidentes de ambos países participarán en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF, para tratar de solucionar la guerra comercial iniciada la semana pasada, pero aún no ha recibido una respuesta a esa solicitud."Colombia propuso adelantar esta reunión el próximo 27 o 28 de enero en Bogotá o Ciudad de Panamá, en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe al que acudiremos. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de Ecuador", afirmó la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, en una conferencia de prensa.El Gobierno de Colombia también anunció este martes que evalúa imponer aranceles del 30 % a más productos ecuatorianos, que se suman a los que gravó el viernes pasado como medida de reciprocidad a las sobretasas que el presidente de ese país, Daniel Noboa, dijo que aplicará a las importaciones colombianas.La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, afirmó en una rueda de prensa que el Gobierno todavía estudia cuáles serán los nuevos productos ecuatorianos a los que les impondrán aranceles.El viernes pasado, esa cartera divulgó una lista con más de 50 productos provenientes de Ecuador que tendrán un arancel del 30 %, en respuesta a una medida similar que regirá en ese país a partir del 1 de febrero para las importaciones procedentes de Colombia.Entre los productos sujetos al arancel inicial se encuentran alimentos como frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, además de neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas, entre otros, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.La ministra señaló que Colombia se ve "como Estado" en la obligación de "generar unas condiciones de equilibrio en la relación comercial con Ecuador"."Hoy estamos contemplando otro decreto que va a contemplar otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también la imposición del 30 % de aranceles, de tal manera que busquemos ese equilibrio comercial", añadió Morales.El pasado 21 de enero, el presidente Noboa anunció que su país aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.El Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y con la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.Ecuador retrucó ayer con una nueva medida, la subida de tres a treinta dólares de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), uno de sus dos grandes oleoductos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen al país, al asegurar que en esas naciones son tratados "como esclavos y perros perseguidos por las calles"."Yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles", afirmó el mandatario durante una intervención pública en Bogotá, donde presentó los planos para la restauración de un hospital.Petro sostuvo que la promesa de prosperidad en el exterior suele ser un "error" y aseguró que los migrantes terminan enfrentando condiciones laborales precarias, con riesgos para su salud y su integridad física, haciendo referencia a las redadas masivas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) que se han cobrado miles de detenciones y dos víctimas mortales en Mineápolis.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) salió a aclarar las versiones sobre despidos masivos en la entidad, luego de que varios funcionarios aseguraran que más de 20 personas fueron declaradas insubsistentes tras la llegada de la nueva directora. A través de un comunicado oficial, la Presidencia afirmó que el número de desvinculaciones fue de 12 personas.Según el documento, todos los cargos correspondían a empleos de libre nombramiento y remoción, por lo que no hacían parte de la carrera administrativa ni contaban con estabilidad laboral reforzada, en línea con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Además, el Dapre señaló que los funcionarios retirados eran personas de confianza de la anterior dirección, encabezada por Angie Rodríguez, y que su salida obedece a la conformación del nuevo equipo cercano de trabajo de la actual administración.Sin embargo, versiones de funcionarios consultados indican que el número de personas desvinculadas sería superior al informado oficialmente y que las decisiones se tomaron en bloque durante la noche del lunes 26 de enero. Entre los funcionarios que salieron del Dapre se encuentran asesores, el jefe de la Oficina de Control Interno, la directora de Talento Humano, Luz Dary Cruz -quien llevaba cerca de 25 años vinculada a la Casa de Nariño y estaba próxima a pensionarse- así como la jefa de Comunicaciones de la Presidencia, Carolina Calderón.Estos movimientos se suman a los que actualmente se registran en la Cancillería, donde, según la Asociación Diplomática y Consular, al menos 100 funcionarios han salido de sus cargos. El gremio también ha advertido sobre una proliferación de contratos y declaraciones de insubsistencia en embajadas y consulados, a pocos meses de las elecciones.
Los sistemas antidrones con los que cuenta actualmente la Fuerza Pública, recientemente adquiridos, están quedando rezagados frente a una amenaza tecnológica usada por criminales del ELN y las disidencias de las Farc, drones controlados mediante fibra óptica. De acuerdo con información de inteligencia, estructuras están adquiriendo este tipo de aeronaves no tripuladas, que resultan prácticamente inmunes a los bloqueadores de señal tradicionales utilizados por el Ejército y la Policía.A diferencia de los drones convencionales, que dependen de una frecuencia de radio específica, los drones con tecnología de fibra óptica pueden cambiar de señal durante el vuelo o incluso operar sin depender de una única frecuencia. Esto les permite evadir los sistemas antidrones disponibles, diseñados para interferir solo una señal a la vez. En la práctica, cuando el bloqueador entra en acción, el dron modifica su canal de comunicación y continúa su desplazamiento sin dificultad.La tecnología de fibra óptica permite además que los operadores se comuniquen con el dron desde distintos puntos, lo que dificulta la localización del piloto y amplía el rango operativo del dispositivo. Según las autoridades, esta capacidad convierte a estos drones en herramientas complejas de combatir, especialmente en zonas rurales y selváticas donde el control del espacio aéreo es limitado.Los reportes de inteligencia señalan que el ELN estaría liderando la compra de estos equipos, presuntamente provenientes de Europa. Las adquisiciones serían coordinadas por alias ‘Caballo de Guerra’, cabecilla del frente Juan Fernando Porras Martínez, con el objetivo de emplearlos en acciones armadas en regiones como Catatumbo, Cauca y Arauca. Antes de su captura a finales de 2025, alias ‘Drácula’ habría estado al frente de esta logística tecnológica.En algunas áreas selváticas, las autoridades han encontrado incluso restos de fibra óptica en las copas de los árboles, lo que evidencia el uso de estos drones en operaciones recientes. El hallazgo ha generado inquietud no solo por la amenaza a la seguridad, sino también por el impacto ambiental que puede provocar la acumulación de este material en ecosistemas sensibles.Otro factor que preocupa a los organismos de seguridad es la facilidad con la que estos sistemas pueden ser adquiridos. Según fuentes oficiales, se trata de tecnología relativamente económica y de acceso menos restringido de lo que se pensaba, lo que abre la puerta a una expansión rápida de su uso por parte de grupos armados ilegales.Mientras tanto, los sistemas antidrones que la Fuerza Pública ha venido adquiriendo para enfrentar ataques con explosivos transportados por drones resultan ineficaces frente a esta nueva modalidad. Expertos advierten que, sin una actualización tecnológica urgente, los bloqueadores actuales seguirán siendo inútiles ante drones con fibra óptica, consolidando una ventaja operativa para los grupos armados que ya los están utilizando.
Una nueva denuncia sacude al sistema de educación superior y a la contratación pública en Colombia. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza reveló que al menos 779 títulos de funcionarios públicos habrían sido otorgados de manera irregular por la Fundación Universitaria San José, tras una revisión a 1.276 reportes de servidores públicos que registran estudios en esta institución en sus hojas de vida cargadas en el SIGEP.Según los hallazgos, 221 de esos funcionarios no aparecen registrados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), lo que implica que no existe constancia oficial de su inscripción, admisión, matrícula ni grado, un requisito fundamental para la validez de cualquier título profesional en el país. A esto se suman otros 558 casos con registros incompletos: 201 personas no tienen evidencia de matrícula, avance académico ni graduación, mientras que 357 figuran con estado de “matrícula – no graduado”, pese a estar vinculadas laboralmente como tituladas en el Estado.La situación se agrava con 35 títulos que, de acuerdo con la denuncia, serían ilegales por no cumplir con las pruebas Saber Pro y TyT. En detalle, 18 personas se graduaron sin haber presentado los exámenes, nueve se inscribieron, pero no asistieron y aun así obtuvieron un título, y ocho presentaron las pruebas después de la fecha de graduación, lo que invalida el proceso académico.“Aquí hay inconsistencias sustanciales: la ley establece que, para que un alumno reciba su título, debe primero presentar las pruebas Saber Pro o Saber TyT, y aquí tenemos muchos casos en que todo ocurrió al revés, primero se graduaron y luego presentaron los exámenes. Esto haría que sus títulos fueran otorgados de forma irregular”, señaló la representante.El caso también deja al descubierto un fuerte incremento en la contratación de funcionarios relacionados con la Fundación San José durante el actual gobierno. Pedraza aseguró que, en comparación con administraciones anteriores, la contratación de servidores públicos vinculados a esta institución aumentó en un 200 % durante el gobierno de Gustavo Petro. Las cifras muestran que en los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez se contrataron 63 funcionarios; en el gobierno de Juan Manuel Santos, 221; durante la administración de Iván Duque, 227; y en el gobierno de Petro, 733, de los cuales 511 fueron vinculados únicamente en 2025.La representante cuestionó duramente al Ministerio de Educación por la falta de acciones oportunas frente a estas irregularidades. Señaló que desde marzo de 2025 el Ministerio tenía conocimiento de posibles anomalías en la Fundación Universitaria San José, pero no actuó hasta que el escándalo se hizo público. Indicó que solo el 22 de septiembre se realizó una visita complementaria de inspección, con actuaciones preventivas, y que desde entonces las investigaciones sobre títulos sin Saber Pro y registros incompletos en el SNIES no han arrojado resultados concretos.Asimismo, advirtió que la investigación abierta el 10 de noviembre por la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación no ha producido hallazgos, pese a la magnitud del caso, y denunció que no se están revisando posibles pagos irregulares.Ante este panorama, solicitó a la Procuraduría General de la Nación asumir el caso y avanzar en las investigaciones, al considerar que las irregularidades comprometen la legalidad de los títulos, la transparencia en la contratación pública y la credibilidad del sistema educativo colombiano.
Las fuertes lluvias que se han presentado recientemente provocaron emergencias en al menos seis municipios del Huila dejando veredas incomunicadas, viviendas averiadas, cultivos de café y plátano afectados por deslizamientos de tierra y crecientes súbitas de ríos y quebradas.Asimismo, Bomberos voluntarios y la comunidad lograron rescatar sanos y salvos a una mujer y un menor de edad que habían quedado atrapados por un derrumbe, cuando se movilizaban en una motocicleta entre los municipios de Oporapa y Saladoblanco en el sur del departamento.“El municipio con mayor número de eventos es Oporapa, donde se reportan nueve deslizamientos que mantienen cerradas varias vías secundarias y terciarias, afectando la movilidad rural. En el municipio de Saladoblanco, se registran deslizamientos en la vía hacia Oritoguaz y en la vía Saladoblanco–Pitalito, con cierres totales en varios tramos. También una mujer y un menor quedaron atrapados por un deslizamiento, sin que se presentaran heridas de gravedad”, informó Orlando Garzón, coordinador para la atención de desastres de la oficina de gestión de riesgo en el Huila.Entre tanto, 13 municipios se encuentran en alerta naranja por deslizamientos de tierra. Es importante mencionar, que en lo corrido del mes de enero van 17 familias damnificadas por afectaciones en sus viviendas y cinco personas lesionadas.Puntualizó el coordinador para la atención de Desastres de la Oficina de Gestión de Riesgo que los organismos de socorro mantienen monitoreo permanente, en el comportamiento de ríos y quebradas y le hace un llamado a la comunidad a transitar con precaución, especialmente en zonas rurales y vías afectadas por deslizamientos, así como a reportar cualquier emergencia a las autoridades locales.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, desmintió rumores sobre una posible salida de la cartera para hacer campaña del senador Iván Cepeda para las elecciones presidenciales del 2026.“Como ministro del Interior no he pensado en estar en ninguna campaña. Lo que yo quiero y me gustaría es irme de aquí el 7 de agosto y en estos meses dar plenas garantías para que se cumpla el calendario electoral de este año. Nadie me ha propuesto que vaya a ayudarle a ningún candidato”, escribió en su cuenta de X.Hace algunos días se rumoró, en el marco de varios cambios en el gabinete, que el jefe de la cartera política podría abandonar su cargo; sin embargo, por ahora esta decisión no se concretaría.A pesar de que el jefe de la cartera no está autorizado a hacer política, su círculo cercano asegura que hoy apoyaría al exembajador del Reino Unido, Roy Barreras, y en caso de que ganara la consulta Frente por la Vida, se sumaría a su campaña.Benedetti respondió a Blu Radio sobre su encuentro con Barreras, afirmando que: "Estábamos hablando sobre el calendario electoral, nada de política"."Yo lo único que quiero es terminar como ministro hasta el 7 de agosto. Yo no estoy descartando, ni asegurando. Lo único que estoy haciendo es diciendo que yo quiero ir hasta el 7", agregó el ministro Benedetti.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
Un operativo de control vial terminó en una persecución policial y un fuerte accidente que dejó al descubierto un cargamento de 744 kilogramos de marihuana en carreteras del Valle del Cauca. El procedimiento fue adelantado por unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en uno de los principales corredores del departamento.Los hechos ocurrieron en el sector de la estación de servicio Zeus, donde uniformados le hicieron la señal de pare al conductor de una camioneta. Lejos de atender la orden, el sujeto aceleró el vehículo e intentó evadir el control, lo que dio inicio a un seguimiento controlado por parte de las autoridades.Minutos después, a la altura de la entrada a la vereda Cumba, el conductor perdió el control del automotor y terminó colisionando contra un árbol. Tras el choque, descendió del vehículo e intentó huir a pie, pero fue interceptado y capturado metros más adelante por los policías.Durante la inspección del vehículo siniestrado, las autoridades hallaron varios paquetes de distintos tamaños que contenían una sustancia vegetal que, por su olor y características, correspondía a marihuana. De acuerdo con la investigación preliminar, el cargamento cubría la ruta Corinto–Medellín y estaría vinculado a redes de tráfico de estupefacientes que utilizan las vías nacionales para el transporte de droga.“Este importante resultado es producto de los controles permanentes que adelanta la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en los principales corredores viales del país, con el objetivo de combatir de manera frontal el tráfico de estupefacientes. Gracias a la reacción oportuna de nuestros uniformados, se logró la captura en flagrancia de una persona y la incautación de 744 kilogramos de marihuana que eran transportados ilegalmente por la ruta Corinto–Medellín”, indicó la general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía.El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que el vehículo y el cargamento quedaron bajo custodia judicial. Las autoridades señalaron que este resultado representa un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en los corredores viales del suroccidente del país.
Este 2026 las altas cortes concentran la atención del Gobierno del presidente Gustavo Petro por varios temas de interés en manos de los altos tribunales, uno de ellos, el decreto del salario mínimo expedido en diciembre del año pasado y que generó controversia.En ese sentido, el Consejo de Estado decidió no dar por terminado el proceso de nulidad promovido por el abogado Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y del Trabajo, pese a que él mismo pidió retirar la demanda tras denunciar amenazas en su contra y contra su familia.El alto tribunal explicó en un auto conocido por este medio que al tratarse de una acción de simple nulidad, el demandante no puede desistir libremente de las pretensiones, ya que este tipo de procesos tienen un carácter público y buscan proteger el ordenamiento jurídico, más allá del interés particular de quien los presenta.Además, el Consejo de Estado señaló que la solicitud de retiro y desistimiento no obedecía a una manifestación libre y espontánea, sino que estaba mediada por presuntas presiones y actos de intimidación derivados de la exposición pública del caso.“Es deber del juez prevenir, remediar, sancionar y denunciar cualquier acto que resulte contrario a la dignidad de la justicia. En el presente caso, dicha dignidad se ve gravemente comprometida por la coerción ejercida por quienes discrepan de la postura jurídica del demandante”, señaló el Consejo de Estado.Por las mismas razones, el Consejo de Estado también negó la petición de renunciar a la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional, al considerar que dicha decisión estaba igualmente influenciada por el clima de hostilidad denunciado por el actor.Esto en la práctica significa que este proceso seguirá vivo y el Consejo de Estado deberá determinar si suspende o no provisionalmente el decreto del salario mínimo.
Dos hombres de 50 y 63 años fueron capturados en flagrancia en zona rural de Cundinamarca luego de un intercambio de disparos con la Policía, tras ser sorprendidos cuando intentaban cometer un hurto en la vereda El Silencio.De acuerdo con las autoridades, la intervención se produjo luego de que la comunidad alertara sobre una camioneta sospechosa que se desplazaba por el sector. Con la información suministrada, los policías del sector activaron un operativo de cierre de vías que permitió interceptar el vehículo en una zona rural.Durante el procedimiento, los ocupantes del vehículo dispararon contra los policías con el fin de evadir la captura, lo que derivó en un cruce de disparos. La rápida reacción de los policías permitió reducir a los sospechosos sin que se registraran personas heridas.En la inspección del vehículo, las autoridades hallaron dos revólveres calibre 38 con cartuchos percutidos, un arma traumática y procedieron a la inmovilización de la camioneta en la que se movilizaban.Los capturados, oriundos de los municipios de Yacopí y Granada, Meta, presentan un amplio historial judicial. Según los registros oficiales, ambos tienen antecedentes por hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego, lo que evidencia su reincidencia en actividades delictivas.Los hombres y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.
En una tensa jornada de despidos en la Casa de Nariño, Carolina Calderón, quien se desempeñaba como jefe de prensa del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), habló en Mañanas Blu, sobre la desvinculación de aproximadamente 30 funcionarios de la entidad. Calderón calificó el acto como una "canallada" y un acto de sevicia, especialmente considerando que se produjo justo cuando el DAPRE conmemora su 70 aniversario."Masacre laboral"Según el testimonio de Calderón, la decisión fue inesperada pues contradice órdenes previas del presidente Gustavo Petro. El pasado 9 de enero, en un Consejo de Ministros ampliado, el mandatario habría leído una circular en la que exhortaba a no realizar despidos, incluso mencionando que no se debía sacar a personas por su ideología política o vínculos con gobiernos anteriores.La exfuncionaria relató que José Raúl Moreno, jefe de despacho, le aseguró personalmente que no la sacarían, pidiéndole que no creyera en "cuentos" y que el presidente se reuniría con ellos. No obstante, el 26 de enero a las 5:00 p.m., recibió la notificación de su insubsistencia sin motivo alguno, firmada por la directora encargada, Nora Janet Mondragón Ortiz.El drama de Luz Dari Rojas y los 25 años de servicioUno de los casos más críticos mencionados en la entrevista es el de Luz Dari Rojas, una funcionaria con 25 años de antigüedad en la institución que se encuentra a poco más de un año de pensionarse. Calderón enfatizó que Rojas padece enfermedades de base y que su despido representa un golpe a la dignidad de alguien que entregó su vida a la entidad. "Luz Dari es el Dapre", afirmó, resaltando la falta de coherencia entre el discurso gubernamental sobre derechos laborales y estas acciones."Andar con cuchillo en Palacio" y la creación de un sindicatoLa tensa atmósfera dentro de la Presidencia llevó a varios empleados a conformar un sindicato hace algunas semanas como medida de protección ante lo que percibían como un ambiente hostil. Al ser consultada sobre la frase "hay que andar con cuchillo en Palacio", Calderón explicó que se refiere a la necesidad de manejarse con extremo cuidado, pues a pesar de las promesas de estabilidad, los despidos se ejecutaron de manera fulminante.La barrida en el DAPRE ocurre a escasos días de que inicie la Ley de Garantías, lo que deja a los afectados con un margen de maniobra nulo para vincularse nuevamente al sector público. A esto se suma una situación similar en la Cancillería, donde se reportan cerca de 130 despidos adicionales.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno de Estados Unidos informó a la Cancillería que el presidente ya cuenta nuevamente con el documento que le había sido revocado en septiembre de 2025.La canciller Rosa Villavicencio acudió en la tarde de este lunes a la Casa de Nariño para comunicarle al mandatario que su documento fue reactivado de manera especial por el Gobierno norteamericano, luego de haber sido suspendido en septiembre del año pasado. La reunión se extendió por cerca de una hora y media y estuvo enfocada en afinar los detalles de la próxima visita diplomática.El presidente recibió una visa de carácter temporal, cuya vigencia corresponde exclusivamente al tiempo de permanencia de la persona en territorio estadounidense. Durante la llamada, Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro pese a estar incluido en la lista Clinton y no tener visa. Además, tendrá la protección del Servicio Secreto mientras permanezca en suelo norteamericano.Está previsto que el jefe de Estado viaje este domingo primero de febrero a Washington, donde sostendrá una reunión con el presidente Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. El encuentro está programado para las 11:00 de la mañana. El viaje del mandatario iniciará el 1 de febrero y se extenderá hasta el 5 del mismo mes. Se espera que en el marco de su visita haga una conferencia en la universidad Georgetown. La decisión marca un giro frente a lo ocurrido la semana pasada, cuando a la jefe de la cartera diplomática se le negó la entrada para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obligando al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir a asumir la representación de Colombia en dicha instancia.Visita de Petro a Trump debe iniciar "recomposición gradual" de la relación bilateralColombia y Estados Unidos deben iniciar una "recomposición gradual" de su relación a partir de la reunión de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, tras un año de turbulencias, afirmó este lunes la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), María Claudia Lacouture.Según Lacouture, no se trata de hacer un "reinicio automático" sino de entrar "en un proceso de recomposición gradual, marcado por resultados verificables, decisiones transaccionales y una dinámica internacional sin manual previo"."Definitivamente la reunión del 3 de febrero es un punto importante en la relación entre Colombia y Estados Unidos teniendo en cuenta las tensiones previas y constantes confrontaciones, pero también hay que ser claros, esta reunión no cambia la dinámica en el sentido que se da un proceso gradual de configuración, de trabajo conjunto (...) para poder ir haciendo ese proceso de recomposición", manifestó en una rueda de prensa en Bogotá.
Al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) fueron declarados insubsistentes por decisión de Nhora Yhanet Mondragón, recientemente nombrada como directora administrativa de la entidad. Las resoluciones ya fueron publicadas por el DAPRE, y entre los afectados figura Luz Dary Cruz, quien ejercía como jefa de Recursos Humanos desde hace 25 años y estaba próxima a pensionarse.La decisión ha generado controversia, ya que Cruz contaba con fuero de estabilidad laboral reforzada según la Ley 909 de 2004, que protege a los servidores públicos a tres años o menos de obtener su pensión. Esta norma obliga a las entidades a reubicar a estos trabajadores en lugar de desvincularlos, especialmente durante procesos de reestructuración o provisión de cargos. La Corte Suprema de Justicia amplió recientemente este derecho a los empleados del sector privado en condiciones similares.Fuentes cercanas al proceso señalaron que entre los funcionarios retirados hay madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados, personas con incapacidad médica, conductores, camareros e incluso la jefa de prensa del DAPRE, Yuri Calderón. Algunos de los destituidos habrían sido identificados como simpatizantes del proyecto político del presidente Gustavo Petro, aunque presuntamente no estaban participando activamente en labores de apoyo a la campaña.Las decisiones se habrían tomado bajo la orientación de Letty Leal, actual subdirectora del DAPRE, y José Raúl Moreno, jefe de despacho del presidente. Los movimientos administrativos coinciden con una intensa contratación estatal a pocos días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, periodo en el que se restringen nuevas vinculaciones y cambios de personal.En las últimas semanas, se habrían vinculado a la Presidencia al menos 20 nuevos funcionarios con salarios que igualan o superan los 16 millones de pesos. Mientras tanto, varias fuentes señalan que se preparan acciones legales contra las resoluciones de insubsistencia, especialmente en el caso de servidores con derechos laborales protegidos.El episodio recuerda los recientes despidos masivos en la Cancillería, donde más de 130 funcionarios de carrera, entre ellos el experimentado diplomático Julio Aníbal Riaño, embajador en Turquía desde 1974, fueron removidos de sus cargos. En su lugar, el Gobierno designó a Yennifer Edilma Parra, una funcionaria sin trayectoria diplomática previa.Cabe recordar que el pasado 9 de enero de 2026, el Gobierno emitió una circular dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, prohibiendo expresamente la realización de despidos durante este periodo.
El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, aseguró que se filtró una carta privada relacionada con la eventual salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático, un hecho que —según afirmó— terminó acelerando y tensionando una crisis interna que venía gestándose desde hace varios meses dentro del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe.En entrevista con Recap Blu, Lafaurie aclaró que ni él ni Cabal han anunciado formalmente una renuncia, pero reconoció que el ambiente interno dejó de ofrecer garantías políticas.“No estamos diciendo que estemos renunciando. Lo que estamos diciendo es que no tenemos espacio y que María Fernanda pretende crear un nuevo partido de derecha. Por eso le estamos diciendo al partido que este proceso no nos deja satisfechos”, explicó.El dirigente sostuvo que la inconformidad fue manifestada de manera reiterada al Centro Democrático mediante derechos de petición presentados entre diciembre y enero, los cuales —según él— no recibieron respuestas claras. "Lo mínimo que merecemos es que nos cuenten qué fue lo que pasó ahí, porque no nos los han contado. Y si definitivamente no cabemos en el partido, preferimos irnos”, agregó.La polémica tomó mayor fuerza luego de que se conociera públicamente una carta que, de acuerdo con Lafaurie, era privada y estaba dirigida únicamente a Gabriel Vallejo.“Se filtró una carta que no sé quién la filtra. Nosotros no la filtramos ni teníamos ningún interés en hacerlo. Estábamos esperando sentarnos con el partido para aclarar un tema que evidentemente no está claro”, afirmó.Lafaurie indicó que el documento recoge una serie de hechos y conversaciones sostenidas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y con la dirigencia del partido, en las que —según dijo— se advertía la presencia de terceros interesados en decisiones que no se ajustaban a criterios de transparencia.El distanciamiento, según relató, se profundizó tras la definición de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático. “Desde que anunciaron a Paloma no hemos tenido más contacto con el presidente Uribe. He hablado casi que permanentemente con Gabriel Vallejo, siempre en términos cordiales, pero seguimos sin respuestas claras”, señaló.Uno de los puntos centrales de la inconformidad gira en torno al mecanismo de elección de la candidatura presidencial. Lafaurie cuestionó los resultados de las encuestas presentadas por el partido y sostuvo que, al contrastarlos con el comportamiento del denominado “colegio electoral”, se evidencian inconsistencias.