Momentos de tensión se viven en Norte de Santander luego de que se confirmara la desaparición de un avión Beechcraft 1900, con matrícula HK-4709, que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña y que perdió todo contacto con los radares cuando se aproximaba a su destino.La aeronave, que prestaba servicios a la aerolínea estatal Satena, despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 de la mañana de este miércoles y tenía previsto aterrizar minutos después en el aeropuerto Aguas Claras, de Ocaña. Sin embargo, a las 11:54 a. m., los sistemas de control aéreo reportaron la pérdida total de comunicación.A bordo del vuelo NSE 8849 viajaban 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes, entre ellos el representante a la Cámara Diógenes Quintero, el candidato a las curules de paz Carlos Salcedo, y un exconcejal del municipio de Ocaña, quien se movilizaba junto a su esposa.Tras cerca de tres horas de la desaparición, el equipo del representante se pronunció informando que "seguimos sin contacto con el representante y nuestra asistente de agenda, Natalia Acosta Salcedo, tras la desaparición del vuelo de Satena Cúcuta-Ocaña".Agregaron que "aunque los mensajes de WhatsApp aparecen como recibidos, no hemos obtenido respuesta. La última ubicación registrada de sus teléfonos fue en el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta antes del despegue". El equipo finalizó pidiendo oración por los tripulantes.Las labores de búsqueda y rescate se concentran en una zona montañosa y de compleja geografía del Catatumbo, entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, punto donde se habría registrado el último rastro del avión.La Fuerza Aérea Colombiana desplegó un helicóptero desde la base aérea de Palanquero, con el objetivo de realizar sobrevuelos de reconocimiento, mientras que equipos en tierra intentan establecer posibles puntos de impacto.Por su parte, Satena informó en un comunicado oficial que: "La aerolínea de los colombianos informa a la opinión pública que el vuelo NSE 8849, que despegó sobre las 11:42 a. m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de hoy, 28 de enero".
Una aeronave Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709 y operada por la firma Searca al servicio de Satena, desapareció este miércoles 28 de enero en Norte de Santander. El vuelo, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, perdió contacto con los radares a las 11:54 de la mañana, minutos antes de su aterrizaje previsto en el aeropuerto Aguas Claras. A bordo viajan 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes.Entre los ocupantes se confirmó la presencia del representante a la Cámara Diógenes Quintero, reconocido líder del Catatumbo. Junto al legislador viajaban Carlos Salcedo, también candidato a la Curul de Paz, y un exconcejal del municipio de Ocaña en compañía de su esposa.La búsqueda se concentra actualmente en la zona rural situada entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, donde se registró la última señal del radar. La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) desplazó un helicóptero desde la base de Palanquero para realizar un barrido visual en este sector crítico de la geografía nortesantandereana.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que la Dirección de Investigación de Accidentes ya recopila datos técnicos sobre la pérdida de comunicación. "Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU. Apoyamos a las autoridades aeronáuticas en las tareas del protocolo para estas situaciones", declaró la funcionaria.Detalles técnicos de la aeronaveEl Beechcraft 1900 involucrado es un avión turbohélice con cabina presurizada, ideal para las condiciones topográficas de la región. Aunque Satena adelanta un proceso de modernización de su flota propia (compuesta por modelos ATR y Embraer), la estatal utiliza el esquema de alquiler de equipos de alto rendimiento de Searca para cubrir trayectos específicos como el de Cúcuta-Ocaña.El Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (GRAC) continúa trabajando en la verificación de coordenadas exactas para localizar el aparato y sus ocupantes.
Una emergencia aérea se registra este miércoles 28 de enero en el departamento de Norte de Santander, luego de que se confirmara la desaparición de una aeronave Beechcraft 1900 de la aerolínea Satena, cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.De acuerdo con la información oficial, el avión, identificado con matrícula HK-4709, había despegado del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:40 de la mañana y tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12:05 del mediodía. Sin embargo, el contacto con la aeronave se perdió minutos antes de su llegada.En un comunicado, Satena confirmó que a bordo del vuelo viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes, y que el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 a. m.“El vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. del día de hoy”, indicó la aerolínea en su pronunciamiento oficial.Según el reporte preliminar, el avión se perdió en una zona montañosa entre Ocaña y Cúcuta, un sector de difícil acceso en el nororiente del país, donde se concentran las labores de búsqueda.Ante la situación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana activó de inmediato un operativo de búsqueda y rescate, desplegando un helicóptero desde la base de Palanquero, con el fin de rastrear el área donde se perdió el rastro del vuelo.Satena informó además que se activaron todos los protocolos de emergencia en coordinación con la Aeronáutica Civil y los organismos de socorro, y habilitó una línea telefónica para brindar información a los familiares de los ocupantes.“Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, señaló la compañía en su comunicado.Las autoridades continúan con las operaciones de búsqueda mientras se espera un nuevo reporte oficial sobre el paradero del avión y el estado de las personas que viajaban a bordo.
La incertidumbre reina en el departamento de Norte de Santander tras confirmarse la pérdida de contacto con una aeronave que cumplía rutas comerciales para la aerolínea Satena. La aeronave, que debía aterrizar en el mediodía de este miércoles, ha activado todas las alarmas de los organismos de socorro y las autoridades aeronáuticas del país.De acuerdo con los reportes oficiales, la aeronave —con capacidad para 15 pasajeros— perdió comunicación con los centros de control de tráfico aéreo poco antes de su llegada prevista al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, la cual estaba programada para las 12:10 p. m.El último registro de los radares ubicó al avión en una zona geográfica compleja, comprendida entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en el corazón de la región del Catatumbo. Ante la desaparición, la aerolínea Satena procedió de inmediato a la cancelación de los trayectos subsiguientes que el aparato debía cubrir hacia Cúcuta y Tibú.Este es el avión de Satena que desapareció en Norte de SantanderSegún la información técnica recolectada, el avión en el que se movilizaban 15 personas, 13 pasajeros y 2 tripulantes, se identifica con la matrícula HK4709.La aeronave es de la empresa Searca (vuelos privados y comerciales) bajo servicios para Satena y es un modelo Beechcraft 1900. El vuelo cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, pero nunca llegó a su destino.Detalles de la desaparición del avión de SatenaSatena informó a la opinión pública que el vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 de la mañana de este 28 de enero.La aeronave había despegado a las 11:42 a. m. y tenía previsto aterrizar alrededor de las 12:05 p. m., según detalló la aerolínea en su comunicado oficial.Pronunciamiento oficial de SatenaTras perder contacto, Satena activó de inmediato todos los recursos disponibles para adelantar las labores de búsqueda y localización de la aeronave.Estas acciones se desarrollan en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, entidades encargadas de coordinar y apoyar las operaciones técnicas correspondientes.Adicionalmente, la aerolínea habilitó la línea telefónica (601) 919 3333 para brindar información oficial a los familiares de las personas que se encontraban a bordo. Satena reiteró que cualquier novedad será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.
El Gobierno de Colombia propuso al de Ecuador reunirse el miércoles en Panamá, donde los presidentes de ambos países participarán en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF, para tratar de solucionar la guerra comercial iniciada la semana pasada, pero aún no ha recibido una respuesta a esa solicitud."Colombia propuso adelantar esta reunión el próximo 27 o 28 de enero en Bogotá o Ciudad de Panamá, en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe al que acudiremos. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de Ecuador", afirmó la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, en una conferencia de prensa.El Gobierno de Colombia también anunció este martes que evalúa imponer aranceles del 30 % a más productos ecuatorianos, que se suman a los que gravó el viernes pasado como medida de reciprocidad a las sobretasas que el presidente de ese país, Daniel Noboa, dijo que aplicará a las importaciones colombianas.La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, afirmó en una rueda de prensa que el Gobierno todavía estudia cuáles serán los nuevos productos ecuatorianos a los que les impondrán aranceles.El viernes pasado, esa cartera divulgó una lista con más de 50 productos provenientes de Ecuador que tendrán un arancel del 30 %, en respuesta a una medida similar que regirá en ese país a partir del 1 de febrero para las importaciones procedentes de Colombia.Entre los productos sujetos al arancel inicial se encuentran alimentos como frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, además de neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas, entre otros, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.La ministra señaló que Colombia se ve "como Estado" en la obligación de "generar unas condiciones de equilibrio en la relación comercial con Ecuador"."Hoy estamos contemplando otro decreto que va a contemplar otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también la imposición del 30 % de aranceles, de tal manera que busquemos ese equilibrio comercial", añadió Morales.El pasado 21 de enero, el presidente Noboa anunció que su país aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.El Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y con la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.Ecuador retrucó ayer con una nueva medida, la subida de tres a treinta dólares de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), uno de sus dos grandes oleoductos.
Luego de la renuncia masiva de funcionarios públicos de la Alcaldía de Cali, se conocieron los nuevos perfiles de quienes asumirán, a partir de ahora, las distintas dependencias de la administración municipal.Uno de los cambios más sonados se dio en la Secretaría de Seguridad y Justicia. En este último periodo del alcalde Alejandro Eder, el cargo será asumido por Javier Garcés, oficial retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, con más de 20 años de experiencia en inteligencia, análisis estratégico y coordinación interinstitucional. Garcés es especialista en Seguridad y Defensa Nacional, magíster en Ciencias Militares y administrador aeronáutico, con trayectoria en gestión pública."Yo soy alcalde porque yo amo servir y para servir bien, debemos escuchar. La seguridad es prioridad. Por eso, reforzaremos la presencia en las calles. Queremos que los caleños estén más seguros, pero sobre todo, que se sientan más seguros.Nuestros nuevos secretarios llegan a servir con experiencia y sensibilidad social", dijo Alejandro Eder.En la Secretaría de Movilidad estará Sergio Moncayo Velásquez, administrador aeronáutico con más de 24 años de trayectoria en la Fuerza Aérea Colombiana, institución en la que alcanzó el grado de coronel. Allí ocupó cargos operativos y gerenciales, liderando procesos estratégicos y de gestión institucional. Es experto en seguridad y defensa nacional, con formación en seguridad aérea, gestión por procesos, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Servicios de Movilidad."En movilidad, trabajaremos para que Cali se mueva mejor y más rápido. El orden en las vías tambiénsalva vidas. Seguiremos cuidándolas y manteniendo siempre el diálogo con la ciudadanía basado en el respeto. He ordenado que seguridad y movilidad avancen juntas", expresó el mandatario.Por su parte, Mabel Lara dejará la Secretaría de Desarrollo Económico y asumirá como gerente de Proyectos Especiales. Es periodista y politóloga, con una sólida trayectoria en gestión pública, desarrollo económico y asuntos internacionales. Es becaria del programa Innovation & Leadership in Government (ILG) de la Universidad de Georgetown, magíster en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y especialista en Gerencia del Desarrollo Social de la Pontificia Universidad Javeriana."Muy pronto anunciaremos ajustes mejorando su coordinación. Nuestra prioridad es clara, que Cali esté mejor y que sus ciudadanos se sientan mejor.", señaló el alcalde.Entre tanto, la Oficina de Comunicaciones será asumida por Carlos Augusto Albán, comunicador social de la Universidad del Valle y politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, con más de 35 años de experiencia en medios de comunicación, docencia universitaria y comunicación estratégica. Ha ocupado la dirección de comunicaciones en distintas entidades del orden nacional y ha trabajado en medios de alcance nacional. Desde hace más de 25 años es director de una agencia de comunicaciones.Cabe recordar que de sus cargos salieron Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia; Gustavo Orozco, secretario de Movilidad; Ossiel Villada, jefe de la Oficina de Comunicaciones, y Mabel Lara, quien ahora asume un nuevo rol. No se descartan cambios de fondo en EMCALI, luego de que la Procuraduría ratificara la suspensión del gerente general Roger Mina y del gerente de Energía, José Insuasti.
Un equipo colombiano hizo historia con un curioso hecho. Este club decidió mandar su nueva camiseta al espacio, convirtiéndose en el primero en hacerlo en Sudamérica, es decir, superando a Boca Juniors, River Plate, Flamengo, entre otros. Se trata del renovado Internacional de Bogotá.A través de un llamativo video, el conjunto bogotano, antes conocido como La Equidad, realizó este envío inusual en alianza con TaDa, superando las adversidades del clima."No, no es IA (inteligencia artificial). Es la camiseta de tu equipo llegando hasta la estratósfera", escribió Inter en sus redes sociales.El equipo bogotano decidió enviar su camiseta oficial desde el estadio Metropolitano de Techo, donde funge como local, hasta la estratósfera. Durante el ascenso, la camiseta alcanzó los 35.000 metros de altitud y afrontó temperaturas inferiores a los 60 grados bajo cero."El primer club de fútbol sudamericano en llevar su camiseta al espacio", añadió el Inter.La razón detrás de este curioso envíoMas allá de ser virales en redes sociales y captar la atención de los seguidores del fútbol, la finalidad de esta acción para Mauricio Ucrós, director comercial del Internacional de Bogotá, es demostrar que el club piensa en grande y quiere llegar muy alto.“Llevar nuestra camiseta al espacio es una forma de expresar quiénes queremos ser: un club que piensa en grande, que se atreve y que cree que desde Bogotá se pueden contar historias con alcance global. Fue una decisión para elegir caminos distintos, incluso cuando parecen imposibles, y una manera simbólica de demostrar que esta ciudad y este club pueden llegar tan alto como se lo propongan”, agregó Ucrós.En lo deportivo, en el inicio de la Liga BetPlay, el Internacional de Bogotá perdió 0-3 contra el América en la fecha de apertura y en su segunda presentación le ganó al Cúcuta Deportivo 2 a 1. Ahora, por la tercera jornada, el jueves jugará como visitante frente a Jaguares. Por ahora, en la tabla de posiciones, el equipo se ubica en el puesto doce con tres unidades.
Uno de los retos más grandes que está atravesando Cali es contrarrestar el índice de homicidios, teniendo en cuenta que cerca de 80 personas han sido asesinadas en la ciudad en el primer mes del 2026, situación que preocupa, debido a que enero no ha terminado y aún quedan cuatro días para conocer el balance final.El incrementos de balaceras en la vía pública, así como asesinatos registrados al interior de establecimientos comerciales, siendo el más reciente el crimen del comerciante Steven Valencia Serna en un restaurante del barrio El Peñón, son factores que tienen las alarmas encendidas en la capital vallecaucana.Con este índice del primer mes del año, Cali se convierte en la ciudad capital de Colombia con mayor número de muertes violentas en este año, lo que representa un desafío crucial para el nuevo secretario de Seguridad, Javier Garcés."Cali es la ciudad con más homicidios del país y esto obedece a varios factores, primero, sin ninguna duda, es porque el suroccidente está inundado de cultivos de coca y esa coca alimenta las redes criminales en la ciudad. Otro factor importante es la reducción de recursos para la Fuerza Pública. Aquí es donde nos damos cuenta que la seguridad no puede quedar en solo discursos, sino que es el fundamento para el desarrollo de cualquier ciudad", señaló el concejal del Centro Democrático, Andrés Escobar.Por su parte, el concejal del Pacto Histórico, Mauricio Zamora, señaló que hay que atender los puntos de la ciudad que registren más casos de homicidios y brindar ahí mayor oferta social, que permita contrarrestar la violencia."El caso de Cali es muy complejo, por cada 100.000 habitantes se registran 47.6 homicidios, muy por encima de la tasa a nivel nacional que es del 23.49. Si sumamos todas las comunas del oriente de Cali, ahí se concentra la mayor cantidad de homicidios, eso indicaría que hay falencias estructurales en materia social", señaló Zamora.Quien también manifestó su preocupación ante la cifra de homicidios en la ciudad fue el concejal de Cambio Radical Edison Lucumí, quien aseguró que más fijarse en estadísticas, los esfuerzos deben enfocarse en proteger la vida de los caleños."No es simplemente reaccionar cuando ocurren estos hechos, sino que hay que ir a las causas estructurales: La exclusión social, la falta de oportunidades, el control de las economías ilegales y la ausencia del estado en algunos territorios. La seguridad se construye con prevención, con inversión social, y con una acción real", indicó el concejal Lucumí.Según el observatorio de la Secretaría de seguridad de Cali, en los primeros 26 días del 2026, Cali ha registrado un total de 78 homicidios. La mayoría ocurridos en las comunas 13, 14 y 21
El Ministerio de Hacienda publicó un nuevo proyecto de decreto que podría cambiar de fondo la forma en la que se cobran impuestos cuando los colombianos pagan con tarjeta o medios digitales. La propuesta busca eliminar la retención en la fuente que hoy se aplica a las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito, una medida que ha estado vigente desde 2001 como mecanismo de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta.Hasta ahora, cada vez que un ciudadano pagaba un bien o servicio con tarjeta, el comercio veía descontado automáticamente un 1,5 % del valor de la venta, dinero que era girado directamente a la Dian como retención. Con el nuevo decreto, ese descuento dejaría de aplicarse, lo que significa que los negocios recibirían el pago completo por sus ventas realizadas con tarjeta, sin ese cobro previo.Según el Ministerio de Hacienda, la intención es igualar las reglas de juego entre todos los medios de pago. Hoy en día, muchas transacciones electrónicas, como transferencias, billeteras digitales, códigos QR o depósitos de bajo monto, no están sujetas a retención, pese a que ofrecen el mismo nivel de trazabilidad y control que una tarjeta física. Por eso, el Gobierno considera que mantener la retención solo para tarjetas genera distorsiones y empuja a los usuarios a escoger un medio de pago sobre otro por razones económicas.El Ministerio de Hacienda también argumenta que los sistemas de pago digitales y los productos financieros regulados, como cuentas y depósitos electrónicos, fueron creados para impulsar la inclusión financiera y la formalización de la economía. Al estar vigilados y regulados, permiten un seguimiento claro de las transacciones, lo que garantiza transparencia, control y eficiencia en el recaudo, sin necesidad de aplicar descuentos automáticos.En la práctica, el cambio beneficiaría especialmente a comerciantes y prestadores de servicios, quienes mejorarían su flujo de caja al recibir el total de cada pago. Además, la medida busca incentivar el uso de medios electrónicos y reducir la dependencia del efectivo en la economía.Este proyecto llega después de que a finales del año pasado, el mismo Ministerio planteara la posibilidad de crear una retención para pagos realizados a través de llaves del sistema Bre-B, lo que produjo varias reacciones negativas por parte del sector y los ciudadanos. Sin embargo, con este nuevo borrador, el mensaje es diferente: sin importar si el pago se hace con tarjeta de crédito, débito, billetera digital o transferencia electrónica, ya no se aplicaría la retención del 1,5 %.Por ahora, el decreto está abierto a comentarios del público y de los sectores de interés. De avanzar sin cambios, podría entrar en vigencia a partir del mes de marzo.
Una emergencia aérea se registró este miércoles 28 de enero de 2026 en el noreste del país, luego de que se confirmara la desaparición de una aeronave de la aerolínea estatal Satena, en la que se movilizaban 15 personas.El avión se perdió en una zona montañosa ubicada entre Ocaña y la capital de Norte de Santander, según el último registro de la plataforma de seguimiento aéreo. La aeronave volaba a una altitud aproximada de 7.900 pies y se desplazaba con rumbo oeste cuando desapareció del radar. Preliminarmente se conoció que al avión le faltaban entre 7 - 8 minutos de vuelo para llegar a Ocaña, exactamente 20 millas.De acuerdo con el plan de vuelo, la aeronave debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras a las 12:10 del mediodía, lo que no ocurrió, motivo por el cual se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate.Según información preliminar, los radares ubicaron por última vez el avión en la región del Catatumbo, en un sector comprendido entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, una zona de difícil acceso. Hasta ese punto se desplazaron unidades de la Fuerza Aérea Colombiana y del Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico, que adelantan labores para establecer el paradero del avión y de sus ocupantes.Entre tanto, en el municipio de Ocaña, el alcalde Emilio Cañizares Plata lidera una mesa de crisis junto a las autoridades locales y directivos del aeropuerto, con el fin de coordinar la atención de la emergencia y mantener comunicación con los organismos nacionales.Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los pasajeros ni las causas de la pérdida de comunicación, a la espera de información oficial conforme avancen las labores de búsqueda.
Una situación de emergencia aérea se vive en el departamento de Norte de Santander tras confirmarse la desaparición de un avión Beechcraft 1900 de la aerolínea Satena. La aeronave, identificada con la matrícula HK-4709, realizaba el trayecto entre Cúcuta y Ocaña tras haber cumplido una ruta inicial desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Según el reporte oficial actualizado, a bordo del aparato viajan 15 personas: 13 pasajeros y 2 tripulantes.El vuelo despegó de la capital nortesantandereana a las 11:40 a. m. y tenía programado su aterrizaje en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12:05 p. m. Sin embargo, el contacto se perdió minutos antes de su llegada. Ante la gravedad de los hechos, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) desplegó un helicóptero de búsqueda desde la base militar de Palanquero para sobrevolar la zona del Catatumbo, donde se registró el último rastro del radar.La desaparición movilizó de inmediato al Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (GRAC), que ya coordina esfuerzos con las autoridades locales de Ocaña y el concesionario del aeropuerto en Medellín. Según fuentes de la empresa Searca, propietaria de la aeronave que opera bajo la modalidad de alquiler para Satena, se están verificando las coordenadas exactas entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén.Detalles técnicos de la aeronave desaparecidaEl Beechcraft 1900 es un avión bimotor turbohélice de alto desempeño, diseñado para operar en geografías difíciles como la colombiana. Estas son sus especificaciones principales:Capacidad: hasta 19 pasajeros (en este vuelo viajaban 13).Velocidad: 440 kilómetros por hora (240 nudos).Alcance: cabina presurizada capaz de volar hasta los 25,000 pies de altura.Autonomía: hasta 6 horas y 30 minutos de vuelo continuo.Ante la pérdida de comunicación, la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil informó que se encuentra en la etapa de recolección de información técnica y operativa. "Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU (Puesto de Mando Unificado)", señaló la entidad a través de sus canales oficiales, enfatizando que trabajarán de la mano con el Ministerio de Transporte para coordinar la respuesta.¿Qué tipos de aviones tiene Satena?La flota actual de la compañía se consolida con 19 unidades: diez ATR 42, cinco ATR 72, dos Embraer ERJ 145 y dos Twin Otter. Esta infraestructura se complementa, como en el caso del vuelo desaparecido, con servicios de terceros para cubrir otras rutas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este miércoles a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, el ofrecimiento de un diálogo para tratar los problemas comunes, entre ellos el narcotráfico y la guerra arancelaria en la que están inmersos los dos países."Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos", dijo Petro dirigiéndose a Noboa, con quien coincidió hoy en Panamá en la apertura del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF, que reúne a ocho mandatarios de la región con el objetivo de buscar nuevos caminos para su inserción en el escenario global.El pasado 21 de enero, Noboa anunció que a partir del 1 de febrero Ecuador aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.Según Petro, la guerra contra las drogas "no ha servido para detener el narcotráfico", que en su opinión, "crece, crece y crece, y no es regional, presidente Noboa, es mundial y universal"."La cocaína que compran de Colombia en la frontera venezolana o en la frontera ecuatoriana o en otros lugares no es de mafias colombianas, los compradores, ni siquiera podría decir que es de mafia latinoamericanas, es una multinacional internacional", agregó.En ese negocio ilícito "hay latinos, hay albaneses, hay franceses, hay suecos, hay alemanes, españoles, hay norteamericanos, hay mexicanos y hay estadounidenses", señaló Petro, quien subrayó que "el camino" en esa lucha "es la integración policial"."Es un enemigo más poderoso que solo podemos combatir si juntamos inteligencia", manifestó.Lucha fronterizaEl presidente agregó que entre Colombia y Ecuador hay "una de las grandes fronteras de la droga" y por eso "hay que construir necesariamente integración policial y no solamente es ecuatoriana y colombiana que ya la tenemos, sino abrirla, para poder ser eficaces relativamente, aunque hay discusiones al respecto".Tras el anuncio ecuatoriano de los aranceles, el Gobierno colombiano apeló al principio de reciprocidad e impuso una sobretasa del 30 % a más de 50 productos ecuatorianos, lista que será ampliada próximamente, además de suspender las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.Ecuador retrucó el lunes con una nueva medida, la subida de tres a 30 dólares de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).El pasado sábado Petro manifestó por primera vez su disposición a reunirse con Noboa para hablar de la lucha conjunta contra el narcotráfico, que fue la manzana de la discordia con Ecuador."Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos", dijo Petro en su cuenta de X.La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo ayer que se le propuso a Ecuador una reunión de Petro y Noboa hoy en Panamá, pero que no ha habían recibido una respuesta a esa solicitud.En la agenda de Petro en Ciudad de Panamá hoy figuran tres reuniones bilaterales pero con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.
La investigación administrativa por la muerte de Valeria Afanador Cárdenas, la menor de 10 años que desapareció y fue hallada sin vida en Cajicá, Cundinamarca, avanza, pues el abogado Julián Quintana, representante legal de la familia, confirmó que recibió recientemente un radicado de la Gobernación de Cundinamarca en el que se informa que desde noviembre pasado fue emitido un auto de formulación de cargos contra el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.De acuerdo con el apoderado, el documento marca un hito procesal relevante porque equivale, en términos administrativos, a una acusación por presuntas negligencias en el cuidado de la menor. “¿Por qué es importante? Porque es como una acusación. Y, precisamente, es por la negligencia en el cuidado. Nos enteramos hasta ahora, porque ayer nos llegó el oficio, pero es muy importante, porque es la primera acusación en un proceso, ahora disciplinario, frente al colegio”, explicó Quintana.El abogado señaló que esta actuación se suma a otras decisiones como la medida cautelar de la CAR. “Siempre ha mantenido ellos la tesis de que no ha pasado nada, que nunca les han llamado la atención, entonces ya son dos cosas: la medida cautelar de la CAR y ahora el pliego de cargos de la Gobernación. Dicen allí que en marzo ya tendrán decisiones”, precisó.En el radicado oficial, la Gobernación de Cundinamarca detalló el estado actual del proceso disciplinario contra la institución educativa. “A la fecha, nos permitimos informar, en lo que resulta hito procesal relevante, que desde el pasado 5 de noviembre fue emitido auto de cargos en contra de la institución, el cual fue notificado a la representante legal el día inmediatamente siguiente”, señala el documento.La comunicación agrega que el colegio, a través de su apoderado, ya presentó descargos y que el proceso se encuentra en la fase probatoria. “Nos encontramos en emisión de auto que decreta pruebas, las cuales son de tipo documental aportadas por el establecimiento educativo; de igual forma, se decretaron testimoniales, los cuales serán escuchados en audiencia, y se requirió allegar video de cámaras de seguridad del Colegio Gimnasio Campestre Laureles”, se lee en el oficio.Según la autoridad departamental, esta etapa probatoria se espera concluir el 23 de febrero de 2026, fecha a partir de la cual se abrirá el término para la presentación de alegatos de conclusión. “Agotadas las etapas mencionadas, se emitirá decisión de fondo, la cual podría habilitarse para el mes de marzo del año que avanza, entendiendo que pueden presentarse acciones que, conforme al ordenamiento jurídico, pudieren variar excepcionalmente tal contexto”, puntualiza el radicado.
El informe preliminar de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) de la Aeronáutica Civil entregó los primeros hallazgos oficiales sobre el accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en el municipio de Paipa, Boyacá, en el que murieron el cantante Yeison Jiménez, cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave, una Piper PA-31-325 Navajo, matrícula N325FA.De acuerdo con el documento, la aeronave había tenido una actividad operacional intensa en los días previos al accidente, tras haber sido sometida a mantenimiento reciente en el motor izquierdo, específicamente “el cambio de anillos a tres cilindros y el cambio de magnetos”. El 9 de enero de 2026, un día antes del siniestro, el avión realizó un vuelo de prueba desde el aeródromo Olaya Herrera de Medellín, el cual se desarrolló sin novedades, al igual que dos vuelos posteriores entre Medellín, Bogotá y Paipa.Según el informe, el día del accidente se había programado un vuelo desde el aeródromo Juan José Rondón hacia Medellín, con seis ocupantes a bordo, una velocidad estimada de 160 nudos, una altitud prevista de 12.500 pies y una autonomía de tres horas y media. La aeronave inició el rodaje hacia la pista 05 y, aproximadamente a las 16:09, hora local, comenzó la carrera de despegue.“Tras el despegue, la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno, produciéndose fuego postimpacto”, señala textualmente el informe preliminar de la DIACC.Como consecuencia del impacto y del incendio posterior, la aeronave sufrió daños estructurales severos y los seis ocupantes presentaron lesiones de connotación fatal. El accidente ocurrió en condiciones de luz diurna y meteorología visual, sin evidencia de tormentas, cortantes de viento o fenómenos convectivos en el área.Lugar del impacto y dinámica del accidente donde murió Yeison JiménezLa inspección de campo permitió ubicar el sitio del accidente en la finca Marengo, vereda Romita, en zona rural de Paipa, a una elevación aproximada de 8.238 pies. La aeronave quedó localizada a 1,97 kilómetros del umbral de la pista 23 del aeródromo Juan José Rondón.El informe describe una dinámica de impacto de alta energía inicial, con un punto primario de contacto contra el terreno y un desplazamiento lineal mínimo, lo que indica una rápida pérdida de sustentación tras el despegue.“La aeronave impactó contra el terreno con indicios de un relativo alto ángulo de impacto, lo que se tradujo en una dinámica con un impacto inicial y un desplazamiento aproximado de 21 metros hasta su posición final”, detalla el documento.Testigos citados en la investigación afirmaron que la aeronave impactó y rebotó antes de detenerse definitivamente, quedando con los planos a nivel, sin evidenciar volcamiento. La DIACC fue enfática en señalar que no hubo fuego previo al impacto, descartando una explosión en el aire.“No se evidenció, en la inspección del terreno, durante el primer impacto, muestras de hollín que denotaran un fuego preimpacto”, precisa el informe.El incendio se originó posteriormente, cuando la ruptura estructural afectó los tanques de combustible, lo que produjo la deflagración al entrar en contacto con secciones calientes de los motores.Estado de la aeronave y hallazgos técnicosLa inspección detallada de los restos permitió establecer que todas las secciones de la aeronave fueron halladas en el sitio del accidente, descartando cualquier rompimiento estructural en vuelo. Las alas, motores, hélices y empenaje presentaron daños compatibles con impacto y fuego postimpacto, y las hélices evidenciaron marcas de baja energía, un dato clave para el análisis de potencia al momento de la colisión.La DIACC confirmó que la aeronave, fabricada en 1982, contaba con certificación de aeronavegabilidad vigente, un tiempo total de vuelo de 8.788,95 horas y estaba equipada con dos motores Lycoming TIO-540-J2B y hélices Hartzell. Asimismo, se confirmó que no contaba con registradores de vuelo, ya que la normativa no exigía su instalación para este tipo de aeronave.El piloto al mando, de 38 años, contaba con licencias vigentes, certificado médico válido y una experiencia acumulada de 1.650 horas de vuelo, además de un chequeo satisfactorio en la misma aeronave realizado en marzo de 2025.El aeródromo Juan José Rondón fue descrito como no controlado, autorizado para operación, con una pista de 1.540 metros, señalización adecuada y sin servicios de tránsito aéreo ni información meteorológica. Los análisis satelitales y de modelamiento atmosférico indicaron nubosidad baja dispersa, alta humedad y una altitud densidad de 9.719 pies, sin evidencia de fenómenos meteorológicos adversos.La Aeronáutica Civil aclaró que este es un informe preliminar y que la investigación continúa bajo los lineamientos del Anexo 13 de la OACI, con participación de la NTSB de Estados Unidos, la FAA y los fabricantes de la aeronave, motores y hélices.Por ahora, el documento no establece una causa definitiva, pero deja claro que el accidente ocurrió segundos después del despegue, sin fallas estructurales previas en vuelo y con un incendio generado únicamente tras el impacto, elementos que serán determinantes para las conclusiones finales.
Ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República fue denunciada la alcaldesa de Turbaco, Bolívar, Claudia Espinosa Puello, por presuntas irregularidades en la convocatoria de sesiones extraordinarias de las Juntas Administradoras Locales (JAL). Las denuncias fueron presentadas por la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, a través de su vocero, Luis Miguel Marimón Reyes, quien solicitó a las autoridades competentes investigar la posible desviación de poder en las actuaciones de la mandataria.De acuerdo con la veeduría, la investigación se origina a raíz de un audio enviado por la propia alcaldesa a los ediles del municipio, en el que se le escucha decir: “El regalo que les voy a dar es llamarlos a sesiones extraordinarias para que ganen algo en diciembre y les arreglo la Navidad”. Para la organización denunciante, estas declaraciones revelan que la convocatoria de las sesiones no tuvo un propósito administrativo o de interés general, sino un carácter de beneficio económico, lo que podría constituir un uso indebido de sus facultades.Posteriormente, la mandataria expidió el Decreto No. 127 del 10 de diciembre de 2025, mediante el cual convocó diez sesiones extraordinarias que generaron pagos por concepto de honorarios. Si bien la ley permite la remuneración de los ediles por su participación en dichas sesiones, la Constitución Política, en su artículo 315, señala que estas deben responder a asuntos urgentes y de interés público.La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia pidió a los organismos de control determinar si los hechos mencionados configuran una desviación de poder o constituyen posibles faltas disciplinarias, fiscales o penales por parte de la alcaldesa Espinosa Puello. Las investigaciones podrían establecer si la convocatoria extraordinaria fue legítima o si, por el contrario, se trató de un acto de favorecimiento irregular.
Las autoridades confirmaron que, a raíz de los operativos adelantados en Neiva y en los municipios cercanos, fueron recapturados dos de los siete delincuentes que se fugaron el lunes de esta semana del centro de reclusión transitorio de Neiva.Se trata de Duván Sneyder Llanos alias ‘Frijol’ acusado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años y Jairo Andrés Gómez Perdomo imputado por el delito de desaparición forzada.Entre tanto, Jhon Sebastián Becerra Lizcano de 23 años acusado por el delito de homicidio y Juan Sebastián Torres de 18 años, quien se encontraba privado de la libertad por el delito hurto calificado, se entregaron de manera voluntaria ante las autoridades.“Gracias a la difusión que se hiciera por los medios de comunicación y el trabajo articulado entre policía, ejército y la comunidad se han logrado recapturar a dos de estas personas que se fugaron del centro transitorio de Neiva y, tras esta misma presión, otros dos se entregaron de manera voluntaria”, informó el coronel Héctor Jairo Betancourt comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Entre tanto, siguen prófugos tres más de los presos que escaparon del centro de reclusión transitorio entre ellos alias ‘Richard’ disidente de las Farc capturado en noviembre del año anterior señalado de haber instalado una motocicleta bomba en el municipio de La Plata en Semana Santa del 2025, donde dos hermanos perdieron la vida y 30 personas más resultaron heridas.Las autoridades municipales y del orden nacional adelantaron un Consejo de Seguridad extraordinario, en el que se evaluó la situación y se adoptaron decisiones para garantizar la seguridad en el centro de reclusión transitorio y el esclarecimiento de los hechos.Asimismo, se anunció una recompensa por información que permita la ubicación y captura de los demás prófugos del centro de detención transitorio, la cual será definida de acuerdo con la calidad de la información suministrada y el perfil del capturado.Entre otras decisiones durante el Consejo de Seguridad las autoridades definieron las siguientes medidas:•La realización de una mesa técnica con la Rama Judicial, con el fin de solicitar que, en adelante, las personas privadas de la libertad sean remitidas de manera preventiva a centros de detención de los municipios donde fueron capturadas.•La reafirmación de la orden de no recibir personas privadas de la libertad de otros municipios en el CDT de Neiva, al ser esta una responsabilidad directa de cada ente territorial.•El reforzamiento estructural y tecnológico de las celdas existentes en el CDT.•Adelantar las acciones administrativas y judiciales para que el INPEC reciba a las personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad en cárceles de máxima seguridad del país.
El informe de la Contraloría concluyó que 33 de las 34 universidades públicas no son autosostenibles. Que el 97 % no puede financiar su operación con ingresos propios y confirma una dependencia estructural de las transferencias del Estado, señalando un déficit que compromete la viabilidad financiera del sistema y la autonomía de las universidades.Ante esto, el Ministerio de Educación reconoció que el sistema atraviesa una crisis y que el modelo es insostenible, pero aclaró que se trata de un problema estructural que se remonta a la Ley 30 de 1992, la cual ató los aportes universitarios al IPC.Según la cartera, la universidad pública no está concebida para ser autosostenible, sino para garantizar un derecho fundamental financiado por el Estado, respaldado por las Sentencias C-376 de 2010 y T-068 de 2012 de la Corte Constitucional.El diagnóstico de la Contraloría indica que solo la UNAD cubre sus costos con ingresos propios, mientras que otras universidades, como la Unisucre, pierden más de dos pesos por cada peso recibido. La Universidad Nacional presenta el mayor déficit acumulado: $764.220 millones. El informe plantea además que la dependencia financiera del Estado puede afectar la autonomía universitaria.Por su parte, el Ministerio señala que los ingresos por matrículas han sido históricamente un complemento y que la gratuidad universitaria, incorporada como base presupuestal desde 2023, beneficia actualmente a más de 900.000 estudiantes, reduciendo la presión financiera sobre las instituciones. Además, destaca que la inversión en universidades públicas entre 2023 y 2026 asciende a $15 billones, el mayor incremento real en más de una década.En infraestructura, el Ministerio anunció el primer plan nacional universitario, con $2,2 billones ejecutados y 120 proyectos en 17 departamentos y 38 municipios, además de vigencias futuras por $6,7 billones a diez años. Sobre el pasivo pensional, reconoció que las obligaciones son de largo plazo y representan menos del 1 % del gasto pensional nacional, matizando así los riesgos financieros señalados por la Contraloría.En cuanto a la desigualdad en la asignación de recursos, la Contraloría evidencia que los ingresos por estudiante varían entre $525 mil y $11,4 millones, concentrándose el 48 % de los recursos en cuatro universidades. El Ministerio resalta que el coeficiente de Gini bajó a 0,43 en 2024, gracias a criterios orientados a cerrar brechas.Finalmente, ambas entidades coinciden en la necesidad de repensar el modelo financiero y garantizar sostenibilidad, equidad y fortalecimiento del sistema público, aunque difieren en el énfasis: la Contraloría se centra en el estado actual de las finanzas, mientras que el Ministerio enfatiza las reformas estructurales ya en marcha y sus efectos futuros.
El presidenteGustavo Petro, volvió a referirse a la reunión que sostendrá el próximo 3 de febrero con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, un encuentro que adelanta será "determinante" para él y para "la vida de la humanidad"."Es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad", dijo el mandatario durante un evento en la Casa de Nariño, sede presidencial.En el mismo escenario, Petro cuestionó el hecho de que Estados Unidos le retirara la visa, tras un discurso improvisado a favor de la causa Palestina en septiembre pasado en Nueva York después de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, para otorgársela ahora, previo a su viaje a Washington el próximo domingo."Me quitaron la visa, ahora dicen que me la volvieron a poner. Entonces, ¿para qué me la quitaron? No sé si por un rato de manera definitiva, no sé. Ya sabremos del 3 de febrero", indicó el mandatario.Además, Petro reveló que norteamericanos le dijeron al presidente Trump que su esposa, la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, había recibido dineros de Nicolás Maduro para financiar a grupos en Colombia, una acusación que, da a entender, EE.UU. desestimó."Los gringos de Trump le dijeron que a mi esposa, la gente de Maduro, le había entregado decenas de millones de dólares para financiar la primera línea. ¿Y quién dijo eso? Fue un amigo que tenía bienes en Estados Unidos y le parecía más grave perder los bienes que entregarnos con una mentira", dijo."Los gringos no hicieron un esfuerzo, por eso es que yo no tengo 'indictment' (...) No he recibido un peso de Maduro porque yo no creía en Maduro", prosiguió.Más temprano este martes, en otro evento oficial también en Bogotá, Petro manifestó que Estados Unidos debe devolver a Maduro a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal de ese país y criticó el ataque militar del pasado 3 de enero en Caracas, en el que fue capturado el mandatario chavista."Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense, porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea", dijo Petro en un exaltado discurso en un hospital de Bogotá.Las declaraciones de Petro se dan a una semana de la reunión que tiene prevista con Trump en la Casa Blanca, tras un año de desencuentros entre ambos mandatarios que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano se negó a recibir un vuelo con migrantes proveniente de Estados Unidos al denunciar un "trato indigno" para sus connacionales.Petro, que se presenta a sí mismo como un jaguar suramericano que rivaliza con el águila estadounidense y que temía una operación militar en su contra como la que depuso a Maduro, tenía previsto pronunciar el 7 de enero un duro discurso contra Trump en un acto por la soberanía en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.Sin embargo, la tensión se rebajó minutos antes de subir a la tarima gracias a una llamada telefónica entre ambos en la que acordaron reunirse.
La Defensoría del Pueblo destacó el Auto 002 de 2026 proferido por la Corte Constitucional, mediante el cual se exige a las autoridades nacionales y territoriales dar cuenta de las acciones adoptadas para atender los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 017 de 2025, emitida para el municipio de Tibú.Según recordó la Defensoría, dicha alerta temprana advirtió con antelación la configuración de graves escenarios de riesgo para la población civil, derivados, por un lado, del incremento de la confrontación armada entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc, y por otro, de la consolidación del control territorial ejercido por el ELN, a través de la imposición de normas de conducta, restricciones a la movilidad y control de la vida comunitaria.La entidad señaló que estos riesgos se materializaron entre diciembre de 2025 y enero de 2026, periodo en el que se registró un recrudecimiento de la violencia armada y una profundización de la crisis humanitaria en el Catatumbo.Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo alertó el 31 de diciembre de 2025 al Ministerio del Interior que los riesgos señalados en la Alerta Temprana 017 de 2025 se estaban presentando en el territorio, y reiteró la urgencia de implementar el plan de acción recomendado para mitigar las amenazas contra la población civil.“Estas afectaciones fueron constatadas de manera directa por la Defensoría del Pueblo durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero del 2026 en el Catatumbo, en conjunto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, en calidad de Comisión Humanitaria”, indicó la entidad.En ese contexto, la Defensoría resaltó el Auto como un respaldo judicial a las advertencias realizadas y explicó que, mediante esta providencia, la Corte Constitucional requirió al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra, para que informen sobre las medidas adoptadas para proteger a la población y garantizar sus derechos fundamentales.Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional a cumplir de manera estricta lo ordenado por la Corte y exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar de forma inmediata las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones a los derechos de las comunidades del Catatumbo.
Iván Cepeda anunció que, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) niega su inscripción como precandidato en la consulta del Frente por la Vida, interpondrá una acción de tutela. “Llamo a la ciudadanía y a los movimientos sociales a defender nuestra candidatura y los derechos políticos. Convoco a una movilización jurídica y política y, si se anula mi participación, acudiré a la tutela”, dijo desde Cúcuta durante un evento de campaña.La consulta del Pacto Amplio, que ahora se denomina Frente por la Vida a petición del exministro Juan Fernando Cristo (quien aún evalúa si se suma), está conformada por cuatro precandidatos: Camilo Romero, Iván Cepeda, Roy Barreras y Daniel Quintero. Sobre este último persiste un lío jurídico, luego de que la Registraduría rechazara su inscripción. Ante la falta de alternativas legales, se ha planteado que su esposa, Diana Osorio, asuma la candidatura con el respaldo del Partido del Trabajo.En este escenario, queda abierta la puerta para una eventual participación de Juan Fernando Cristo y también suena el nombre de Luis Gilberto Murillo. El exministro del Interior aseguró, a través de su cuenta de X, que las conversaciones avanzan positivamente y que será en la III Asamblea Nacional de En Marcha, prevista para el viernes 30 de enero, cuando informe a los delegados sobre los avances y la decisión que adopte. El plazo para definir su participación vence el próximo 6 de febrero.Cepeda también se pronunció en redes sociales, donde señaló que en esta consulta participarán “para profundizar la democracia y defender la vida, la equidad, la paz, la justicia social y la soberanía nacional”.
Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Nicolás Maduro al manifestar que el venezolano está secuestrado en Estados Unidos desde el 3 de enero, generaron críticas y rechazo de diferentes ámbitos políticos. Para la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez, el mandatario colombiano no solo incurrió en una grave torpeza diplomática, sino que además optó por ponerse “del lado del convicto” en referencia al líder venezolano, investigado por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.En entrevista con Recap Blu, Ramírez cuestionó con dureza el momento y el contenido de las afirmaciones de Petro, justo cuando se acerca una reunión clave con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. A su juicio, el jefe de Estado colombiano estaría buscando quedar bien con Maduro, aun a costa de deteriorar la relación con Washington y de “hacer quedar muy mal a Colombia” en el escenario internacional.“Maduro es un convicto, una persona con procesos abiertos por narcotráfico y conspiración. Y el presidente de Colombia decide ponerse de su lado, no del lado de la justicia”, afirmó la exfuncionaria.Ramírez también aseguró que existen “secretos inconfesables” entre Petro y Maduro, los cuales, según ella, podrían estar relacionados con la financiación de la campaña presidencial. En ese contexto, interpretó las declaraciones del mandatario como un intento de “cuidarse la espalda” frente al régimen venezolano, especialmente ante la posibilidad de que surjan revelaciones ante la justicia norteamericana.La exvicepresidenta también alertó sobre el riesgo de una nueva crisis diplomática, similar a la vivida en enero de 2025, cuando Colombia devolvió aviones con deportados desde Estados Unidos. Según Ramírez, estas provocaciones podrían incluso llevar a la cancelación de la reunión bilateral prevista, pese a que —en su concepto— el propio Petro habría solicitado el encuentro por preocupación sobre su futuro político después de dejar el poder en 2026."Sí creo que podrían eventualmente en Estados Unidos decidir cancelar esa reunión bilateral, que me parece que además la buscó fue el presidente Gustavo Petro, fue él el que pidió una llamada con el presidente Trump", concluyó.
La polémica por la compra de los aviones de combate Gripen volvió a escalar al marco judicial. Un juez ordenó, por segunda vez, que el presidente Gustavo Petro haga pública toda la información relacionada con este contrato, una operación financiada con recursos del Estado y que ha permanecido bajo reserva.La orden judicial responde a una tutela interpuesta por el candidato presidencial David Luna, quien desde diciembre pasado ha insistido en que la ciudadanía tiene derecho a conocer los términos de una de las adquisiciones más costosas en la historia del sector defensa.Aunque el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá ya había ordenado la divulgación del contrato, el Gobierno no acató el fallo, lo que llevó a Luna a solicitar un incidente de desacato para forzar su cumplimiento.En su nuevo pronunciamiento, la justicia fue enfática en señalar que no existe justificación para mantener en secreto un contrato que compromete millonarios recursos públicos. El juez reiteró que el acceso a la información es un principio constitucional y que la reserva no puede utilizarse para limitar el control ciudadano ni el escrutinio democrático sobre decisiones de alto impacto fiscal.Más allá del debate político, el fallo deja un mensaje contundente al Gobierno: las decisiones judiciales deben cumplirse. Ahora, el Gobierno enfrenta la presión de revelar el contrato o asumir las consecuencias legales por desacatar nuevamente una orden de la justicia.
Durante la presentación del informe 'Los impactos de la violencia en la situación de derechos humanos en Colombia', el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para el país, José Luis Caballero, lanzó una de las radiografías más severas sobre la realidad colombiana: el país es el más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo.“Colombia es el país más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo, donde la acumulación de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales han perpetuado la exclusión de grupos históricamente marginados”, aseguró el presidente.Según la Comisión, la extrema concentración de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales históricas han perpetuado la exclusión de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas, así como de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y víctimas del desplazamiento forzado.El informe advierte que una de las particularidades de la desigualdad en Colombia es que las acciones del Estado no logran modificar de manera significativa la distribución del ingreso.“Los bajos niveles de recaudación y la distribución del gasto tienen como contrapartida una limitada inversión social, lo que impacta directamente en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”, subrayó.El informe también cuestiona que la respuesta estatal haya priorizado durante años la persecución militar y judicial de los grupos armados, sin una presencia integral y sostenida del Estado en los territorios.“Esta ausencia prolongada del Estado en diversas regiones del país permitió la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales que ejercen control sobre la cotidianidad de las comunidades”, señaló.Según la CIDH, uno de los efectos más graves de este escenario es la violencia sistemática contra personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales, comunitarios y periodistas.“Los ataques en contra de estas personas revelan un patrón sostenido que incluye homicidios, amenazas, desplazamientos forzados y otras violaciones. Todas estos procesos van degradando a nivel local el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática”, aseguró.El informe también señala la responsabilidad del Estado en la perpetuación de este orden violento, especialmente a través de políticas de seguridad asociadas a la “guerra contra las drogas”."Con el objeto de contrarrestar el narcotráfico y las economías ilegales, las políticas de seguridad del Estado, impulsadas por el Plan Colombia, se concentraron en la represión militar y las aspersiones con glifosato. Esta estrategia derivó en la relación de la fuerza pública con grupos paramilitares, masacres, los “falsos positivos”, entre otras acciones que impactaron de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, agravando la pobreza y los desplazamientos forzados”, agregó.Frente a este panorama, la CIDH advierte en que si bien el acuerdo de paz abrió una oportunidad histórica para transformar estas raíces, “los avances muestran un progreso desigual, marcado por demoras significativas en componentes clave como la Reforma Rural Integral, el Capítulo Étnico y el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”.
El anuncio de Ecuador de incrementar en más del 900 % la tarifa de transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) encendió las alarmas en el sector petrolero colombiano, especialmente en el sur del país, donde una parte clave de la producción depende de esta infraestructura para acceder a mercados internacionales. La medida, que elevaría el costo de transporte de cerca de 2,7 dólares por barril a aproximadamente 30 dólares, tendría un fuerte impacto económico y logístico para Colombia.El uso del SOTE se convirtió en una alternativa estratégica luego de la suspensión del Oleoducto Transandino (OTA), en el tramo Orito–Tumaco, en octubre de 2023. Las constantes interferencias ilícitas y pérdidas operativas, estimadas en cerca del 27 % del crudo transportado, hicieron inviable su operación, elevando el costo de transporte hasta unos 12 dólares por barril. Ante este escenario, los productores optaron por redireccionar las exportaciones a través de Ecuador, donde el SOTE ofrecía costos considerablemente más bajos y mayor estabilidad operativa.Sin embargo, el nuevo esquema tarifario anunciado por Ecuador, sumado a la decisión de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero de 2026, cambia de forma drástica el panorama. Según el documento técnico, el incremento de 27,3 dólares por barril generaría un sobrecosto diario cercano a los 531.000 dólares, lo que equivaldría a unos 194 millones de dólares anuales, suponiendo que se mantenga el flujo actual de exportación.El impacto es especialmente sensible para la producción de la cuenca Caguán–Putumayo, que en 2025 exportó en promedio 19.452 barriles diarios a través del SOTE. Campos como Cohembi, Costayaco, Caribe, Orito y Moqueta concentran buena parte de este volumen, con una producción conjunta superior a los 22.000 barriles diarios. Este crudo pertenece tanto a Ecopetrol como a compañías privadas como Gran Tierra Energy, Parex Resources y Geopark, que hoy dependen de la infraestructura ecuatoriana para evacuar su producción.Frente a este escenario, los operadores evalúan rutas alternativas, entre ellas la exportación por el terminal de Coveñas, utilizando transporte terrestre como opción contingente. Aunque esta alternativa implica mayores retos logísticos, sería más competitiva que asumir el sobrecosto derivado del uso del SOTE bajo las nuevas tarifas.Expertos coinciden en que Colombia debe activar de manera prioritaria los canales diplomáticos y técnicos con Ecuador para revisar las condiciones de transporte y buscar una solución concertada que devuelva previsibilidad al comercio de crudo. De forma paralela, el país enfrenta el reto de reducir su dependencia de infraestructura externa y avanzar en soluciones estructurales, como la eventual reactivación o construcción del oleoducto Orito–Tumaco, que permitiría fortalecer la autonomía logística del sector petrolero en el sur del país.