Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), habló en Mañanas Blu para analizar los efectos del aumento histórico del salario mínimo decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.El mandatario confirmó un incremento del 23,7 %, que fijó el salario mínimo en 2.000.000 de pesos, cifra que incluye el auxilio de transporte. Inicialmente se informó que el salario base sería de 1.746.882 pesos, más cerca de 250.000 pesos de subsidio; sin embargo, el Ministerio de Trabajo ajustó posteriormente las cifras y aclaró que para 2026 el salario mínimo será de 1.750.905 pesos, con un auxilio de 249.095 pesos, para completar el monto anunciado.Para Camacol, el impacto de esta decisión será significativo. Herrera aseguró que el aumento “debe analizarse desde varios ángulos, por la gran magnitud de efectos adversos que puede generar sobre la economía”, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la construcción.Según explicó, el primer efecto será inflacionario. “Este incremento se va a trasladar a los precios por el aumento de los costos laborales”, señaló, recordando que la construcción encadena a 34 subsectores económicos, lo que podría generar presiones sobre insumos como ladrillo, cerámica y otros materiales.Herrera también advirtió sobre las finanzas públicas y territoriales. “Los programas de subsidio de ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla, con presupuestos ya definidos, ahora van a rendir para menos familias”, dijo, al tiempo que cuestionó si el Gobierno evaluó el impacto sobre los programas sociales atados al salario mínimo.Otro de los puntos críticos es el empleo. El presidente de Camacol recordó que el Banco de la República ha documentado que incrementos reales elevados del salario mínimo pueden traducirse en pérdida de puestos de trabajo. “El 95 % de las empresas en Colombia son pymes y no todas resisten aumentos tan grandes en sus costos”, afirmó, agregando que en la construcción el 91 % de las empresas también son pequeñas y medianas.El impacto, según Camacol, se sentirá con especial fuerza en la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). Herrera reveló que en lo corrido del año más de 25.000 familias han desistido de comprar vivienda VIS, una cifra que podría aumentar. “El precio de la vivienda está indexado al salario mínimo y eso genera una presión adicional sobre los hogares”, explicó.Además, alertó que durante el último año se han cancelado más de 30.000 unidades de vivienda en todo el país, lo que compromete la oferta futura. Camacol estima que la mano de obra representa cerca del 25 % del costo directo de una vivienda y que, con los reajustes salariales, el costo de producir vivienda podría aumentar entre un 10 y un 15 %, un nivel que calificó como “altísimo”.Finalmente, Herrera aseguró que el gremio evalúa alternativas para mitigar el impacto. “Nuestra prioridad es buscar salidas para no afectar a las familias que ya iniciaron su proceso de compra y evitar que los desistimientos sigan creciendo”, concluyó.
El general Hugo López, nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, confirmó que la cúpula militar adelanta un recorrido por las regiones con mayores afectaciones de orden público, iniciando en el departamento del Cauca y continuando hacia el Catatumbo, en Norte de Santander.En Mañanas Blu, el alto oficial señaló que actualmente se encuentra en Popayán, donde se realiza una revisión detallada de la situación operacional del Cauca, territorio que fue catalogado como prioridad dentro de la planeación militar para 2026.El comandante explicó que el diagnóstico evidencia acciones persistentes de grupos armados organizados, por lo que se evalúa reforzar dispositivos, ingresar nuevas capacidades y replantear el despliegue de tropas. “Si toca reforzar dispositivos o ingresar más capacidades, lo vamos a hacer”, aseguró. En relación con los recientes ataques registrados en municipios del norte del Cauca, el general indicó que se fortalecerá el control militar en cascos urbanos, vías estratégicas y la carretera Panamericana, en coordinación con la Policía Nacional y las autoridades locales. “Este no puede ser solo un esfuerzo militar, tiene que ser un esfuerzo unificado”, sostuvo. Sobre la situación en el Catatumbo, confirmó que se presentaron confrontaciones entre el ELN y la estructura 33, hechos que provocaron el desplazamiento de población civil desde el caserío de Filogringo hacia El Tarra y Ocaña. “No podemos permitir que existan zonas vedadas para el control militar”, enfatizó. El general López explicó que, aunque el Gobierno mantiene una intención de paz, las Fuerzas Militares continuarán desarrollando operaciones contra cualquier estructura que siga delinquiendo. “Mientras sigan afectando a la población civil, nosotros seguimos con operaciones militares”, indicó. Frente a la percepción de desmotivación en las tropas, el comandante la descartó y aseguró que los soldados mantienen su compromiso con el país. Finalmente, resaltó que el fortalecimiento de los grupos ilegales está ligado a las economías ilícitas, por lo que la estrategia para 2026 estará enfocada en atacar el narcotráfico, la minería ilegal y otras fuentes de financiación criminal.
La investigación por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, continúa concentrando la atención pública. El joven murió el pasado 31 de octubre en Bogotá tras recibir varios golpes mortales, y en las últimas horas se conocieron nuevos detalles que resultan clave para dar con el paradero de una de las personas señaladas como pieza central en el crimen.Se trata de la mujer conocida como “la del vestido azul”, identificada luego de la difusión de videos y testimonios que la ubican en el lugar de los hechos y la señalan como posible incitadora del ataque contra Moreno. Su presunta salida del país llevó a que la búsqueda del caso escalara a un escenario de cooperación internacional, razón por la cual Interpol emitió una circular roja para ubicarla y facilitar su captura.Fiscalía confirma paradero de la mujer del vestido azulLa Fiscalía General de la Nación confirmó que Kleidymar Paola Fernández, señalada como presunta determinadora del homicidio de Jaime Esteban Moreno, estaría actualmente en Venezuela, su país de origen. Con base en esta información, el ente acusador solicitó formalmente a Interpol la emisión de la circular roja, la cual ya se encuentra activa.Este mecanismo permite a los países miembros de Interpol localizar y capturar de manera provisional a una persona requerida por la justicia, mientras se adelantan los trámites legales correspondientes. Según explicó la fiscal Deicy Jaramillo, la medida busca agilizar la ubicación de Fernández y facilitar una eventual judicialización en Colombia.Desde la Fiscalía se insiste en que la cooperación internacional será determinante para que el proceso avance y no quede en la impunidad, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el impacto que el caso ha tenido en la opinión pública.Qué se sabe del crimen ocurrido en ChapineroEl homicidio de Jaime Esteban Moreno ocurrió la noche del 31 de octubre en la localidad de Chapinero, luego de que el joven saliera de la discoteca Before Club junto a un amigo. De acuerdo con la investigación, Moreno intentó evitar una confrontación, pero fue seguido por varios sujetos y posteriormente atacado.Las pruebas recopiladas por la Fiscalía, entre ellas grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, señalan que Juan Carlos Suárez habría sido el autor material del ataque, con apoyo de Ricardo González. En este contexto, Kleidymar Paola Fernández es señalada de haber incitado la agresión, alentando a los atacantes y acusando a la víctima de comportamientos inapropiados dentro del establecimiento.Para el ente acusador, ese rol la ubica como presunta determinadora del homicidio, una figura penal que implica responsabilidad directa por impulsar la comisión del delito.En caso de ser hallada culpable como determinadora de homicidio agravado, Fernández podría enfrentar una condena de entre 30 y 40 años de prisión. Mientras tanto, el proceso judicial avanza en Colombia contra los otros dos implicados.La Fiscalía no descarta la posibilidad de preacuerdos, especialmente con Juan Carlos Suárez, primer capturado por el caso, quien ha sostenido acercamientos con el ente investigador. Frente a este escenario, la familia de Jaime Esteban Moreno ha señalado que estas salidas jurídicas serían aceptables siempre y cuando se garantice verdad, responsabilidad penal y justicia.
Este martes, el Ministerio de Salud definió cuál será el aumento para la Unidad de Pago Por Capitación para 2026 y son varias las reacciones de preocupación entre aseguradores, prestadores y sectores críticos, quienes advierten que los recursos asignados no son suficientes para cubrir la operación del sistema, especialmente tras el reciente ajuste del salario mínimo.Para el 2026, el incremento se definió en un 9% para el régimen contributivo y un 16.5% para el régimen subsidiado, lo que representa un agregado superior al 12% para todo el sistema.Si bien desde gremios como ACEMI se reconoce que el aumento en el régimen subsidiado cumple con la orden de la Corte Constitucional de igualar los regímenes y podría ser un "alivio para más de la mitad de la población", la cifra para el contributivo es vista como un retroceso técnico.Según Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI, este aumento del 9% representa, en términos reales, sólo un "4-5% sobre la base de la inflación para el año 2025", ignorando que en este régimen se concentra la mayor proporción del gasto en salud.“Estos cálculos que se hicieron para plantear la necesidad de UPC para el 2026 no contenían el incremento del salario mínimo decretado el día de ayer por el Gobierno Nacional. Cuando más del 40% del gasto en salud del sistema está expresado en nóminas y buena parte de esa población trabajadora tiene el salario mínimo o está cerca al salario mínimo, pues desde luego este incremento afecta y va a afectar de manera material el gasto en salud durante el año 2025”, detalló Vesga.El "desfase" con el salario mínimo y la crisis de liquidezUno de los puntos más críticos señalados por Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, es la desconexión entre el aumento de la UPC y las obligaciones laborales."Existe un desfase importante que hay entre el incremento del salario mínimo y las cifras del incremento de la UPC", señaló Giraldo, añadiendo que esperaban una correlación más estrecha para cubrir sus gastos obligatorios. Esta situación se agrava al considerar que más del 40% del gasto en salud está expresado en nóminas.Ante este panorama, la Asociación solicitó al Gobierno expedir circulares que obliguen a trasladar este incremento a las tarifas con las IPS, buscando mantener un "equilibrio" en un sector que ya sufre por el mal flujo de recursos y la disfunción del sistema, particularmente en las entidades intervenidas.Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, indicó que la cifra del 9.03% dista mucho de los análisis técnicos que sugerían la necesidad de un aumento superior a los 15 puntos y por ello lamentó que la cifra se haya "impuesto" tras mesas de concertación fallidas, advirtiendo que los únicos afectados serán los usuarios:"Seguimos aumentando una brecha que seguramente, fundamentalmente, perjudicará la vida de los colombianos”, sentenció.Y uno de los pronunciamientos más fuerte llegó desde Pacientes Colombia, la asociación que reúne a los afiliados del sistema de salud y que en múltiples momentos ha denunciado el deterioro en la atención y entrega de medicamentos.Denis Silva, su vocero, envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro al señalar que estaba priorizando una línea ideológica sobre la financiación debida del sistema incumpliendo todos las órdenes de la Corte Constitucional.“Presidente Petro, ¿cuántos muertos más necesita usted para parar la crisis de la salud? ¿Cuántos muertos más necesita para entender que un sistema de salud hay que financiarlo debidamente? Libere al sistema de salud, presidente Petro, de su línea ideológica. La salud es un derecho fundamental, no un favor”, pidió Silva.Todos los sectores coinciden en que esta decisión del Gobierno agravará el rezago en solucionar los problemas financieros, cerrando la puerta a una solución técnica concertada. Por ello, los aseguradores han anunciado que volverán a la Corte Constitucional para buscar una conclusión técnica que garantice la transparencia y la sostenibilidad del sistema, mientras los prestadores exigen un "plan extraordinario de liquidez" para evitar el colapso de la atención debida a la comunidad.
Un centenar de personas que quedaron atrapadas este martes, 30 de diciembre, en la cima del Monte Moro, a 2.800 metros de altitud en los Alpes italianos, a causa de un incidente en el teleférico ya han sido evacuadas, según ha informado el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino.Fuentes del Cuerpo Nacional de Rescate Alpino confirmaron que las operaciones de evacuación se han completado con éxito y que en el lugar permanecen algunos operarios realizando verificaciones técnicas en la instalación.El accidente se produjo a las 11.25 horas (10.25 GMT) cuando una cabina del teleférico que une la localidad piamontesa de Macugnaga (norte) con la cima no se detuvo y chocó contra la barrera de la estación de llegada, provocando lesiones leves a 6 personas que fueron inmediatamente evacuadas por los servicios de rescate.Posteriormente se procedió a la evacuación de las restantes 94 personas que habían quedado atrapadas en la estación en lo alto de la montaña, entre estas algunos niños.En las operaciones han participado los bomberos, el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y agentes de la Guardia de Finanza (policía de aduanas) con helicópteros y otros medios de rescate.Cierres temporales al teleférico de los Alpes italianosLas autoridades locales cerraron preventivamente las pistas de esquí y suspendieron temporalmente el funcionamiento del teleférico para garantizar la seguridad de los usuarios.La instalación, construida en 1962, fue sometida a una revisión general a principios de 2023, que incluyó el reemplazo de motores, poleas y cabinas, con el objetivo de mejorar la seguridad y eficiencia del sistema.El incidente ha generado preocupación entre operadores turísticos y autoridades locales, que han destacado la importancia de mantener protocolos estrictos de seguridad en los transportes de montaña, especialmente durante la temporada alta de esquí.
Las protestas de comunidades en Santander continúan sin acuerdos definitivos con el Instituto Nacional de Vías (Invías), manteniendo levantadas las talanqueras de cuatro peajes ubicados en la llamada Ruta de los Comuneros.La situación, que se presenta desde el 7 de octubre de 2025, ha generado una pérdida cercana a los 24.000 millones de pesos, según el balance entregado por la entidad.Los peajes afectados son Oiba, Los Curos, Curití y Río Blanco, ubicados en el corredor vial que comunica Zipaquirá con San Alberto, una de las rutas más importantes del país para la movilidad y el transporte de carga.De acuerdo con Jhon Jairo González, director encargado de Invías, estos recursos son fundamentales para el mantenimiento y la atención de emergencias en este eje vial.Pese al cese en el recaudo, Invías aseguró que durante 2025 ha invertido cerca de 62.000 millones de pesos en este corredor. De ese total, más de 25.000 millones se destinaron a mantenimiento rutinario y periódico, atención de puntos críticos, emergencias y señalización vial, mientras que otros 37.000 millones de pesos se ejecutaron en labores de mantenimiento adicional. Asimismo, la entidad señaló que se han garantizado servicios de atención al usuario, como grúa, carro taller y ambulancia.El Instituto indicó que ha sido garante del derecho a la protesta pacífica y que ha participado en cinco mesas de diálogo presenciales y varias reuniones virtuales con comunidades, transportadores y líderes de la manifestación, espacios en los que también han estado presentes autoridades locales, departamentales y organismos de control.En estos encuentros se han analizado propuestas orientadas a mejorar la infraestructura vial y, al mismo tiempo, se ha insistido en la necesidad de reactivar el cobro de los peajes como fuente clave de financiación.Como parte de una solución a largo plazo, Invías informó que avanza en una propuesta estructural que contempla una posible alianza con Findeter, con el objetivo de financiar la rehabilitación de los tramos más críticos de esta vía.Entre los acuerdos, se estableció que durante la primera semana de diciembre Findeter presentaría la propuesta para administrar esta vía; sin embargo, hasta el momento no se ha informado nada al respecto.Hace unos meses, Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, lanzó duros señalamientos al Gobierno nacional por la falta de inversiones en vías clave del departamento. “No se invierte en el departamento y la comunidad está exigiendo que la plata de los peajes se invierta bien en esta vía”, afirmó.
La compañía ferroviaria Eurostar suspendió este martes todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas tras un incidente técnico en el túnel bajo el canal de la Mancha, aunque el tráfico podría reanudarse gradualmente a partir de las 2:00 p. m. hora local."Hubo un problema de alimentación eléctrica en el túnel bajo el canal de la Mancha, seguido de la parada de un 'shuttle' en el túnel", explicó una portavoz de Eurostar."Eso hace que todos los trayectos con origen o destino en Londres estén suspendidos hasta nuevo aviso, a la espera de que se solucione la situación", agregó.El sitio internet de Eurostar mostraba que los trenes que conectan París y Bruselas —sin transitar por el túnel— previstos para el martes y fechas posteriores también parecían haber sido cancelados. No está claro de inmediato si esto está relacionado.¿Por qué suspenderon los trenes en Londres, París, Ámsterdam y Bruselas?Las imágenes muestran el significativo impacto de la suspensión de todos los servicios de la compañía ferroviaria Eurostar en estos cuatro países, con miles de pasajeros cuyos viajes programados quedaron a la deriva.Pese a la cantidad de viajeros que no han podido dirigirse a sus destinos, el operador del túnel del Canal de la Mancha, Getlink, prevé una "reanudación progresiva" del tráfico ferroviario bajo el Canal a partir de las 2:00 p. m., según lo indicado por una portavoz de la entidad."Hubo un incidente el martes por la mañana vinculado a un fallo del suministro energético a los trenes en el túnel, que requirió una intervención técnica en los cables que está ahora en marcha", explicó.Eurostar había aconsejado previamente a los pasajeros aplazar sus viajes programados para este martes para una fecha posterior.Reanudan el servicio en Eurostar tras horas de suspensiónLa compañía anunció que reanuda los servicios de tren tras la suspensión durante varias horas de todos los trayectos entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas. Sin embargo, insisten a los pasajeros en posponer sus viajes para otras fechas."Como el Eurotúnel se ha reabierto parcialmente, empezaremos a reanudar los servicios. El problema con el suministro eléctrico de catenaria persiste y recomendamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros posponer su viaje para otra fecha", señaló en un comunicado en su sitio web.
Un asalto a la cámara acorazada de una entidad bancaria, cometido durante la temporada navideña y con un botín que, de forma preliminar, las autoridades estiman en unos 30 millones de euros, ha generado gran impacto en la ciudad alemana de Gelsenkirchen, en el oeste del país, donde continúan las investigaciones.La cadena de televisión NTV, citando fuentes del caso, señaló que los responsables del robo “se llevaron alrededor de 30 millones de euros”. Por su parte, la Policía de Gelsenkirchen confirmó en un comunicado que los daños ocasionados ascienden a “decenas de millones” de euros.La sucursal afectada, perteneciente a la entidad Sparkasse en Gelsenkirchen, permanecía cerrada este martes, luego de que el propio banco informara que cerca del 95 % de las cajas de seguridad de los clientes fueron forzadas durante el asalto. Según la Policía, varios miles de estas cajas resultaron comprometidas.Las autoridades analizan imágenes de las cámaras de seguridad del estacionamiento del edificio, en las que se observa a varios sospechosos desplazándose en un vehículo Audi RS6 con matrícula de Hannover, ciudad ubicada en el norte de Alemania.El banco indicó que, debido a los graves daños estructurales sufridos, los clientes no podrán acceder a esa zona hasta nuevo aviso. Asimismo, habilitó una línea telefónica especial para atender a los afectados.De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes accedieron a la cámara acorazada a través de un gran boquete abierto desde un inmueble contiguo, aprovechando que la sucursal se encontraba cerrada por las festividades de Navidad.La noticia del robo, que se conoció el lunes, generó concentraciones de clientes preocupados por el paradero de los objetos de valor depositados en la entidad. El diario Bild informó que unas 200 personas se reunieron en una de las primeras concentraciones, escenas de tensión que volvieron a repetirse este martes.Las cajas de seguridad de los clientes están aseguradas hasta un valor de 10.300 euros, aunque el contenido puede contar con coberturas adicionales mediante otros seguros complementarios.
El Gobierno de Ecuador confirmó avances en el proceso de extradición de alias ‘El Gerente’, uno de los principales cabecillas del crimen organizado con operación transnacional. Así lo aseguró el ministro del Interior, Jhon Reimberg, en entrevista con Mañanas Blu, donde reiteró que el detenido permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad mientras se definen los procesos judiciales en su contra.El capturado fue identificado como Roberto Carlos Álvarez Vera, señalado líder de los Comandos de la Frontera, una facción de las disidencias de las Farc. De acuerdo con las autoridades, fue capturado a mediados de 2025 en Emiratos Árabes Unidos y posteriormente extraditado a Ecuador, donde enfrenta cargos por delitos de alto impacto.¿Por cuáles delitos capturaron a 'El Gerente' en Emiratos Árabes?Reimberg indicó que alias ‘El Gerente’ es responsable del asesinato de 11 militares ecuatorianos el 9 de mayo de 2025, además de estar vinculado con estructuras de narcotráfico, sicariato y delincuencia organizada. Según el ministro, estas redes tenían presencia no solo en Ecuador, sino también en Colombia y otros países de la región.El ministro del Interior reveló que, meses atrás, las autoridades lograron incautar bienes avaluados en cerca de 300 millones de dólares, presuntamente producto del narcotráfico. Entre los activos decomisados figuran haciendas, mansiones, animales de alto valor y empresas fachada utilizadas para el lavado de activos, lo que debilitó significativamente la estructura financiera del grupo criminal.En el plano judicial, Álvarez Vera enfrenta dos procesos penales. El primero por lavado de activos, con audiencia programada para el día 5, y el segundo por terrorismo y narcotráfico. Reimberg sostuvo que el caso está sustentado con pruebas suficientes y que el detenido “no tiene escapatoria”, ya sea para cumplir su condena en Ecuador o enfrentar una eventual extradición.Así avanza la extradición de alias 'El Gerente' a Estados UnidosEl funcionario también confirmó que el hijo y la hija de alias ‘El Gerente’ ya cumplen sentencia en Ecuador, y aseguró que el cabecilla continuará bajo estrictas medidas de seguridad. Paralelamente, el Gobierno mantiene coordinación con Estados Unidos para avanzar en solicitudes de extradición contra este y otros criminales de alto perfil.Finalmente, Reimberg destacó que Ecuador ha dado alertas a otros países y llamó a fortalecer la cooperación regional contra el crimen organizado. Señaló que la articulación entre policías internacionales es clave y afirmó que una cárcel en Estados Unidos representa uno de los castigos más severos para este tipo de delincuentes, por las limitaciones y controles que allí enfrentan.
El presidente Gustavo Petro publicó un extenso trino en el que se refirió a sus tensiones en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero también al despliegue militar que mantiene la administración de Donald Trump en el Caribe, en Venezuela, en contra de esas organizaciones narcotraficantes y también envió un mensaje al ELN que hoy está incrementando la guerra que tiene con las disidencias causando nuevos desplazamientos en la región del Catatumbo.Incluso, el mandatario colombiano volvió a cuestionar la política antidrogas de la administración de Donald Trump y las operaciones de interdicción marítima, al asegurar que muchas de las lanchas atacadas con misiles en el Caribe no transportaban cocaína sino cannabis.“Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovecha la ubicación en el mar de Maracaibo es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela”, señaló Petro mediante su cuenta de X.En su pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro también se refirió además a la situación de orden público en el Catatumbo y sostuvo que el ELN y el frente 33 de las disidencias deben decidir si continúan compitiendo por el negocio de la cocaína o si optan por la paz.Según el presidente, solo cerca del 5 % de la cocaína producida en Colombia pasa por esa región hacia Estados Unidos.
El Ministerio de Salud dio a conocer la Resolución 2764, mediante la cual se oficializa el aumento de los recursos destinados a financiar la atención en salud de los afiliados al sistema durante 2026. Estos recursos corresponden a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el dinero que el Estado reconoce por cada persona afiliada para cubrir sus servicios de salud.De acuerdo con la entidad, y siguiendo la recomendación de la Comisión Asesora, el incremento será diferenciado, según el régimen. Para el régimen contributivo, el aumento será del 9,03 %, mientras que, para el régimen subsidiado, el ajuste alcanzará el 16,49 %. Le puede interesar: MinSalud descarta reajustes de la UPC de 2024 y años anteriores pese a orden de la CorteHay que recordar que Acemi y la Andi pedían un incremento para el régimen contributivo un aumento por encima del 15%.Así las cosas, Con este ajuste, el total de recursos destinados al aseguramiento en salud en 2026 aumentará en 11,6 billones de pesos. De esta manera, el presupuesto pasará de 89,8 billones de pesos en 2025 a más de 101,3 billones de pesos el próximo año, lo que representa un incremento global del 12,94 % en la UPC.
Diversos videos difundidos en redes sociales muestran el impacto del uso desmedido de las pistolas de hidrogel en el país. En Colombia, estos artículos se venden como juguetes y su uso es libre; es decir, aún no existe una reglamentación específica sobre su uso, por lo que cualquier persona puede adquirirlos, lo que incrementa el riesgo de sufrir lesiones asociadas a estos elementos.Hasta el momento, se desconoce la cifra exacta de los lesionados por el uso de estas pistolas y varias personas han denunciado el uso, principalmente, en menores de edad. En los registros audiovisuales que circulan en redes sociales se observa a niños, adolescentes y adultos utilizándolas en espacios públicos como calles, parques y zonas comerciales, sin medidas de protección ni supervisión adecuada.Aunque las pistolas de hidrogel disparan pequeñas esferas blandas y biodegradables, su uso irresponsable puede generar afectaciones físicas, especialmente lesiones en los ojos, el rostro y la piel.Crecen las denuncias por el uso desmedido de pistolas con hidrogelEn zona rural del municipio de Tenjo, en Cundinamarca, un hombre sufrió graves afectaciones en su ojo izquierdo tras recibir el impacto, a corta distancia, de una bola de hidrogel disparada por una de estas pistolas.Según relató el denunciante —quien solicitó mantener su identidad en el anonimato— a Blu Radio, se encontraba compartiendo una actividad recreativa con varias personas, quienes —según afirmó— estaban manipulando estos dispositivos de manera responsable. Instantes posteriores, uno de sus conocidos accionó la pistola de forma inesperada a menos de dos metros de distancia, apuntándole directamente al rostro.El proyectil impactó en uno de sus ojos, lo que le provocó una pérdida parcial de la visión durante un periodo prolongado. Aunque con el paso de los días su condición presentó una leve mejoría, el afectado asegura que aún enfrenta dificultades para desempeñar sus labores cotidianas.Además, denunció la aparición de fuertes dolores de cabeza que se manifestaron semanas después del incidente, los cuales atribuye directamente a la lesión sufrida. Este caso se expone como un ejemplo de los riesgos asociados al uso inadecuado de este tipo de juguetes, especialmente cuando no se respetan medidas básicas de seguridad.No obstante, este no es el único caso registrado. Diversas denuncias en redes sociales donde denuncian personas afectadas por el uso irresponsable de estos artículos. Recientemente, se conoció el caso de un menor de seis años que estuvo a punto de perder uno de sus ojos tras ser víctima de un ataque con una bolita de hidrogel.Luego de ser llevado al servicio de urgencias, los especialistas confirmaron lesiones severas en uno de sus ojos y, por la gravedad de las heridas, su pronóstico se mantiene reservado.Denuncian falta de regulación para el uso de pistolas de hidrogelLa utilización de estas pistolas en lugares concurridos puede provocar situaciones de riesgo, como sobresaltos, discusiones entre ciudadanos o accidentes de tránsito, especialmente cuando son accionadas desde vehículos en movimiento o en vías públicas.Aunque no existe una prohibición nacional sobre la venta o el uso de estos juguetes, distintas administraciones locales y ciudadanos han hecho llamados a la prudencia y al uso responsable, especialmente cuando se trata de menores de edad.Además, la ausencia de una regulación clara ha impedido que se pueda hacer un uso responsable de estos artículos y aumenta el riesgo, especialmente, para menores de edad, según las múltiples denuncias.
Una grave situación de emergencia se registró este martes al interior del túnel Buenavista I, en la vía a Villavicencio, una de las infraestructuras clave en el ingreso a la capital del Meta. El incidente, que fue captado en un video, generó alarma entre los conductores y las autoridades viales que operan en la zona. En el siniestro vial resultaron dos personas heridas. La gravedad del impacto no solo afectó a los ocupantes de la moto, sino que produjo un incendio que terminó por dejar una motocicleta completamente incinerada dentro de la estructura.Le puede interesar: Impresionante video de conductor que circuló en contravía dentro del túnel de GualandayEste suceso provocó una respuesta inmediata de los organismos de socorro, debido a la emergencia generada al interior del túnel, donde la acumulación de humo y el fuego representaban un riesgo para los usuarios de la vía. El accidente quedó captado en un video que muestra el momento exacto en el que se produjo el siniestro vial. Por ahora, las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del accidente que interrumpió la normalidad en el acceso a Villavicencio. Vea el video aquí:
El Ministerio de Salud confirmó que no realizará reajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondientes al año 2024 ni a vigencias anteriores, pese a la orden emitida por la Corte Constitucional. La decisión, según explicó el viceministro de protección social, Luis Alberto Martínez, se fundamenta en la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los actores del sistema durante las mesas técnicas convocadas para este fin.De acuerdo con el viceministro, el Ministerio dio cumplimiento textual a la orden judicial, que establecía la necesidad de concertar una cifra de UPC. Sin embargo, afirmó que dicho consenso no se logró y que, por el contrario, en el análisis de la información presentada se identificaron presuntos hallazgos de cobros que, en principio, serían irregulares.Señaló además que, tras revisar indicadores como la siniestralidad médica, relación entre costos médicos e ingresos, se concluyó que entre 2019 y 2023, así como en avances de 2024, existió un margen superavitario, por lo que no habría lugar a reconocer rezagos financieros.El viceministro agregó que las inconsistencias detectadas en la información podrían inducir a error tanto al Ejecutivo como al orden judicial, razón por la cual el Ministerio mantuvo su postura de no ajustar la UPC de los años analizados.Tras el anuncio, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, reaccionó señalando que la decisión del Ministerio desconoce lo indicado por la Corte Constitucional. Afirmó que el ejercicio no fue de consenso y que no se tuvieron en cuenta los datos aportados por todos los participantes.Según Acemi, persiste un rezago en la UPC de años anteriores que impactó los cálculos de 2024 y 2025, y genera preocupación frente a la definición de la UPC para 2026, especialmente por el efecto del incremento del salario mínimo.La dirigente gremial sostuvo que el rezago financiero del sistema podría estar cercano a los 25 billones de pesos, considerando la facturación de los prestadores y la disminución de los patrimonios de las EPS. Indicó que la asociación notificará a la Corte Constitucional y espera que se convoque a la audiencia pública anunciada recientemente, mientras el Gobierno avanza en la expedición del decreto para la UPC de 2026.Por su parte, desde el Observatorio de Enfermedades Huérfanas, la doctora Salazar señaló que la reunión confirmó que no habrá aumento de la UPC de años anteriores y calificó el encuentro como una instancia sin cambios frente a la situación previa. Indicó que, aunque el Ministerio cumplió el procedimiento ordenado por la Corte, los resultados ya estaban definidos y se mantuvo la postura de que la UPC de 2024 fue suficiente según los cálculos oficiales.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
Como el presidente Gustavo Petro lo había anunciado en plaza pública, se conoció el Decreto 1400 de 2025, que ordena la desclasificación y el levantamiento gradual de la reserva de los archivos, documentos y datos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hoy bajo custodia del Archivo General de la Nación.Este documento establece que la apertura de los archivos no será inmediata ni total, sino progresiva y condicionada a procesos técnicos de intervención archivística, digitalización y anonimización, para proteger datos personales y evitar riesgos para la seguridad nacional. El decreto asigna roles claros: El AGN será responsable de la custodia, administración, preservación y generación de la versión digital de consulta pública. La Dirección Nacional de Inteligencia, liderada por Jorge Lemus (DNI), adelantará los procesos de anonimización y entregará los archivos tratados al AGN, y la Procuraduría vigilará el proceso como órgano de control preventivo.Por último, en el documento firmado por los ministros de Cultura y Hacienda y el presidente Petro, se ordena la elaboración de un plan de trabajo conjunto entre la DNI y el AGN, que deberá incluir cronograma, protocolos, presupuesto y etapas del proceso, y que además garantizará la participación de la sociedad civil. Finalmente, se establece que la financiación del proceso se hará con recursos del Presupuesto General de la Nación.
En Isla Grande, en la zona insular de Cartagena, donde hoy funciona una de las granjas agrovoltaicas más grandes del país, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) escogió a la comunidad para presentar su balance de gestión 2025.De acuerdo con la entidad del Gobierno Nacional, con corte al 10 de diciembre de 2025, más de 17.500 usuarios de zonas apartadas del país han logrado acceder a servicios de energía mediante la implementación de proyectos que incluyen soluciones solares, sistemas híbridos y el mejoramiento de redes eléctricas.Las zonas más impactadas han sido Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Magdalena, Cauca, Bolívar, Atlántico, Chocó, La Guajira, Guaviare, Vichada, Vaupés y Casanare.Danny Ramírez, director del IPSE, señaló que estos resultados hacen parte del compromiso del Gobierno Nacional de garantizar que el acceso a la energía sea un derecho y no un privilegio, y que se convierta en una herramienta de transformación social, oportunidad y desarrollo.“La Navidad es tiempo de familia y de esperanza. Para miles de colombianos, este año también llega con algo que nunca habían tenido: la energía”, afirmó.Ramírez también destacó la implementación de la granja agrovoltaica de Isla Grande, la cual, según señaló, es un referente nacional de la política de transición energética y permitió que cientos de familias accedieran por primera vez al servicio de energía eléctrica.
El exministro de Defensa y precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, radica una solicitud ante la Procuraduría para que se investigue a algunos ministros del gobierno Petro por presunta participación en política, al promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.“La promoción de una Constituyente desde el Gobierno, en este momento político, puede alterar de forma grave la equidad de la contienda democrática y la pureza del sufragio”, señaló Pinzón. En el mismo sentido le pidió a la Procuraduría que investigue si la conducta de los funcionarios configura participación indebida en política, que se pronuncie sobre los límites de la actuación de los servidores públicos frente a reformas constitucionales en periodos preelectorales y que ejerza vigilancia para evitar el uso de recursos del Estado con fines políticos.“El artículo 127 de la Constitución prohíbe expresamente a los servidores públicos utilizar el cargo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña de carácter político y participar en las controversias políticas antes de la elección”, agregó Pinzón.
El reciente decreto del presidente Gustavo Petro, con el que se confirmó el aumento del 23 % en el salario mínimo, ya empezó a sentirse en el bolsillo de millones de colombianos. Más allá de la expectativa que generó entre buena parte del gremio laboral, una de las preguntas más frecuentes es cuánto dinero llegará realmente a la quincena y cómo se reflejará ese ajuste en los pagos mensuales.Con el incremento definido por el Gobierno Nacional, el salario mínimo mensual para 2026 quedó en $1.750.900, sin incluir el auxilio de transporte. Este ajuste marca el segundo año consecutivo en el que el aumento se fija por decreto, luego de que en el alza de 2025 fuera del 9,54 %.A este valor se suma el auxilio de transporte, que también tuvo un incremento y para 2026 quedó en $249.100 mensuales. Este subsidio está dirigido a los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos y deben asumir gastos de desplazamiento hacia su lugar de trabajo.Cuánto recibe un trabajador en la quincena con el salario mínimoCon las nuevas cifras sobre la mesa, el pago quincenal cambia de manera clara para quienes ganan el mínimo. El ingreso se distribuye así:Salario quincenal: $875.450, sin incluir auxilio de transporte.Auxilio de transporte quincenal: $124.550.Total quincenal con subsidio, antes de descuentos: $1.000.000.Sin embargo, hay un punto clave que muchos pasan por alto: los descuentos obligatorios por salud y pensión. En el caso de la salud, la ley establece un aporte total del 12,5 % del salario. De ese porcentaje, el empleador asume el 8,5 %, mientras que el trabajador aporta el 4 %, que se descuenta directamente de la nómina. Para 2026, ese descuento mensual será de $70.036.En cuanto a la pensión, el aporte total es del 16 %, distribuido entre un 12 % a cargo del empleador y un 4 % del trabajador. Esto implica otro descuento mensual de $70.036. Sumando ambos conceptos, el total descontado al trabajador será de $140.072.Así quedarían las quincenas con auxilio y descuentosEn la mayoría de empresas colombianas, el auxilio de transporte se paga en la segunda quincena del mes, al igual que los descuentos de salud y pensión. En ese escenario, los pagos se verían así:Quincena del 15: $875.450, sin auxilio de transporte.Quincena del 30: $984.478, con auxilio de transporte y con los descuentos aplicados.En qué casos no se paga el auxilio de transporteLa normativa establece que este subsidio no aplica cuando se presentan las siguientes situaciones:El salario supera los dos salarios mínimos mensuales vigentes.El empleador suministra transporte directamente.El trabajador vive cerca del lugar de trabajo y no incurre en gastos de movilización.El contrato está suspendido o la persona se encuentra en incapacidad o licencia.Este aumento del salario mínimo también impacta otros rubros como primas, cesantías y aportes al sistema de seguridad social, por lo que su efecto va más allá del ingreso mensual. En perspectiva, el salario mínimo en Colombia ha tenido una escalada significativa en la última década, pasando de $644.350 en 2015 a superar los $1,7 millones en 2026.
El aumento del salario mínimo en un 23,7 % sigue sacudiendo el debate económico y político del país. Esta vez, la crítica llegó desde uno de los exministros de Hacienda con mayor trayectoria reciente: Mauricio Cárdenas, hoy candidato presidencial, quien en entrevista con Blu Radio este 30 de diciembre de 2025 cuestionó con dureza la decisión del Gobierno.Desde el inicio, Cárdenas marcó distancia con el enfoque oficial y aseguró que el decreto no responde a criterios técnicos. “Esto no es economía. Aquí no hay economía. Esto es totalmente político”, afirmó, al advertir que el impacto real se sentirá en los próximos meses, cuando empiecen a verse despidos, mayor informalidad y presiones inflacionarias.Aumento del salario mínimo: efectos sobre el empleoPara el exministro, el incremento genera una sensación pasajera de bienestar, pero no es sostenible. “El remedio resulta peor que la enfermedad”, dijo, al explicar que una economía con bajo crecimiento, poca inversión y sin mejoras en productividad no puede sostener un salario mínimo tan alto.Cárdenas relató recorridos recientes por municipios del país donde, según dijo, la realidad ya contradice el discurso oficial. “La inmensa mayoría de las personas dicen que están ganando menos del salario mínimo porque los empleadores no les pagan el salario mínimo”, señaló. Con el nuevo aumento, advirtió, esa práctica se extenderá aún más.“Petro quiere la foto de hoy”, advierte CárdenasUno de los momentos más punzantes de la entrevista llegó cuando Cárdenas cuestionó la motivación del presidente Gustavo Petro. “Petro quiere esa foto de hoy porque le genera una sensación efímera de bienestar”, afirmó, insistiendo en que el costo real quedará para el próximo gobierno.Según explicó, los microempresarios y dueños de pequeños negocios serán los primeros en sentir el golpe. “El dueño de la pyme va a hacer sus números y va a decir: ahora tengo que despedir gente”, aseguró, anticipando una reducción de empleos formales a partir del primer trimestre de 2026.Cárdenas criticó el respeto a la ley por ajuste del salario mínimoCárdenas también cuestionó el respeto a la ley que regula el ajuste del salario mínimo. “La ley dice inflación más productividad, eso daba cerca del 7 %, y Petro sale con 23 %”, afirmó, señalando que el decreto se aparta de los parámetros legales.Advirtió, además, un efecto en cascada sobre las finanzas públicas: salarios del sector público, congresistas, rama judicial y Fuerza Pública. “Esto es una escalera y una cascada”, explicó, alertando sobre un hueco fiscal adicional de varios billones de pesos en un Estado que ya declaró emergencia económica.En su cierre, Cárdenas fue contundente: “El próximo gobierno va a heredar un país lleno de bombas de tiempo”, y llamó a que el debate se dé con argumentos y pedagogía. Para él, el aumento del salario mínimo no es una solución estructural, sino una decisión política que, según dijo, “va a dejar más pobreza, más informalidad y más líos para Colombia”.
Uno de los alimentos más presentes en la mesa de los colombianos, sin importar la región o la hora del día, es el huevo. Frito, cocinado o revuelto, se ha convertido en un básico de la dieta nacional por su alto aporte de proteína, su versatilidad y su fácil preparación. Por eso, con el reciente aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, muchos hogares empiezan a preguntarse cuánto podría subir su precio en 2026.El incremento del salario mínimo fue fijado en 23 %, lo que deja el ingreso base en $1.750.905, frente a los $1.423.500 que rigieron en 2025. Aunque el ajuste busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, también abre el debate sobre el impacto que tendrá en productos esenciales de la canasta familiar, como el huevo y el pollo.¿Cuánto costaría el huevo en Colombia en 2026?Tras el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, y en medio de la controversia por el alto incremento, expertos del sector agropecuario comenzaron a proyectar posibles variaciones en los precios. Aunque el valor final depende del lugar de compra (tiendas de barrio o grandes superficies), hay factores estructurales que presionan al alza.Según explicó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, en entrevista con Blu Radio, los costos de producción juegan un papel clave. “Si usted mira el caso de la agricultura... el mayor porcentaje o la participación en los costos de producción es el alimento concentrado que se hace con materias primas tan importantes como el maíz amarillo, el frijol y la torta de soya”, señaló.A esto se suma el efecto indirecto del aumento salarial. Bedoya advirtió que el alza del mínimo podría acelerar ajustes en distintos eslabones de la cadena. “Y la gente seguramente va a empezar a subir precios y a subir precios”, afirmó.Actualmente, el precio de la cubeta por 30 de huevos AA en Colombia oscila entre los $13.990 y los $24.500. Con el nuevo escenario económico, para 2026, la canasta familiar aumenta de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el Dane, en octubre de 2025, este estuvo en 5,91 %, por lo que los precios estarían entre $14.816 y $25.947.El pollo asado también subiría con el salario mínimoUn panorama similar se proyecta para otro de los alimentos más consumidos en el país: el pollo asado. Su precio varía según el barrio, la ciudad y si se compra solo o en combo con papa, arepa, plátano o gaseosa. Hoy, los valores rondan entre $20.900 y $52.900.Con el aumento del 23 %, los cálculos indican que el pollo asado podría costar en 2026 entre $25.707 y $65.067, aproximadamente. No obstante, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno hará seguimiento a los precios de la canasta familiar.“El Gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas”, escribió el mandatario en su cuenta de X, en un mensaje dirigido a tranquilizar a los consumidores.
El aumento del 23,7 % del salario mínimo, decretado por el Gobierno Nacional, sigue generando reacciones fuertes desde distintos sectores económicos. Una de las más críticas provino del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, quien en entrevista con Blu Radio, este 30 de diciembre de 2025, aseguró que la medida tendrá efectos negativos sobre el empleo formal y sobre millones de trabajadores que ya se encuentran por fuera del sistema laboral.Aunque el incremento beneficia de manera directa a quienes devengan un salario mínimo, Bedoya insistió en que el impacto real va mucho más allá del anuncio. Desde su perspectiva, el decreto no solo fue una decisión unilateral, sino que profundiza uno de los problemas estructurales del mercado laboral colombiano: la informalidad, que actualmente supera el 51 %.Aumento del salario mínimo afectaría a la informalidadUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la advertencia sobre los colombianos que ganan menos del salario mínimo. “Con este decreto el Gobierno nacional está dejando votados a más de 11 millones de colombianos que ganan menos del salario mínimo”, afirmó Bedoya, señalando que esta población queda por fuera de cualquier beneficio real derivado del aumento.El dirigente gremial respaldó su argumento con cifras oficiales. “Entre enero y octubre de 2024, 3,7 millones de colombianos ganaban el salario mínimo. Entre enero y octubre de 2025, 2,4 millones”. En contraste, el número de personas que reciben ingresos inferiores al mínimo pasó de 10,1 a 11,3 millones. Para Bedoya, este comportamiento evidencia que el empleo sí está creciendo, pero de manera precaria. “De esos 977.000 compatriotas que entraron al mercado laboral, 732.000 entraron a la informalidad laboral”, aseguró.Bedoya señala que la OIT dio recomendaciones, no órdenesOtro de los cuestionamientos estuvo dirigido al uso del concepto de salario mínimo vital como sustento del incremento. Bedoya recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió recomendaciones y no mandatos obligatorios. “Estos resultados deben equilibrarse con factores económicos como productividad, empleo y sostenibilidad de las empresas”, señaló, advirtiendo que esos elementos no habrían sido considerados en la decisión final.Según explicó, el Gobierno acogió el argumento promovido por las centrales obreras, pero dejó de lado la aplicación gradual, los ajustes regionales y los análisis técnicos que planteaba la OIT.Inflación, tasas de interés y precios: efectos colateralesEl presidente de la SAC también alertó sobre impactos que irían más allá del mercado laboral. “Las estimaciones son de 9 billones de pesos por el incremento del salario mínimo”, afirmó, advirtiendo presiones fiscales, riesgos inflacionarios y un posible freno en la reducción de las tasas de interés. “El que tenga tarjeta de crédito o crédito hipotecario se va a quedar viendo un chispero”, dijo.Para Bedoya, el riesgo es claro: “Se tomó una decisión populista en época electoral”, mientras, según insistió, “se está dejando tirado a más de 11,3 millones de colombianos”, una advertencia que pone el foco en el costo social que podría traer esta medida durante 2026.
El presidente Gustavo Petro responsabilizó públicamente a alias 'El Bendecido' del asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Tuluá, ocurrido el pasado 18 de diciembre en un atentado sicarial. El jefe de Estado relacionó el crimen con estructuras de contrabando que operan en el suroccidente del país y que, según afirmó, atraviesan ese municipio del Valle del Cauca.Durante una reciente alocución, el mandatario aseguró que el homicidio del funcionario estaría directamente vinculado con la cadena del contrabando. “Al señor Calao, que mataron en Tuluá, el director de la Dian de allá, lo mató, no fue ‘Pitufo’, fue ‘Bendecido’. Usted investigue y entregue a la Fiscalía”, afirmó Petro, al tiempo que describió una presunta ruta ilegal que inicia en el puerto de Buenaventura y se extiende por la zona franca de Palmaseca, el aeropuerto de Cali, Tuluá, la zona cafetera y llega a grandes centros comerciales del país.El presidente sostuvo que Tuluá hace parte de ese corredor estratégico del contrabando y que esa condición habría puesto en riesgo la vida del funcionario. “Es una ruta del contrabando; por eso a ese señor en Tuluá lo mataron”, insistió el mandatario, al reiterar su llamado a las autoridades judiciales para avanzar en las investigaciones y esclarecer a los responsables del crimen.El asesinato de Calao González se registró en la mañana del 18 de diciembre, cuando el director de la Dian se dirigía a su lugar de trabajo en su vehículo particular. De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el funcionario fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. Las autoridades investigan si el ataque está relacionado con denuncias previas sobre presuntas irregularidades y redes criminales vinculadas al contrabando.En su intervención, el presidente Petro también hizo referencia a otros procesos judiciales relacionados con el contrabando en Colombia. En particular, mencionó el caso de Diego Marín Buitrago, conocido como 'Papá Pitufo', a quien calificó como “el mayor contrabandista de la historia del país”. Según el mandatario, este hombre tendría múltiples vínculos con sectores políticos, miembros de la Policía y distintas instancias del Estado.Asimismo, el jefe de Estado cuestionó a la Fiscalía General de la Nación por no haber gestionado la solicitud de extradición de Gerly Sánchez Villamizar, alias 'Mono Gerley'. El mandatario reiteró que “es miembro de estas multinacionales del narcotráfico; está bajo órdenes de un protegido de los Estados Unidos”.Finalmente, el presidente agregó que alias 'Mono Gerley' tendría un pasado en la guerrilla del ELN y un papel relevante en actividades de lavado de activos.
El Gobierno nacional anunció la prórroga de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), creadas originalmente mediante la Resolución Ejecutiva 161 de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro el 23 de mayo. Estas zonas fueron concebidas como espacios transitorios de concentración y diálogo con el Frente 33 de las disidencias de las Farc-Ep, en el marco de la política de paz total.Según el documento, la primera ZUT se estableció en la zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en pleno Catatumbo, con una vigencia inicial de siete meses y un plazo de 45 días para el traslado de los miembros acreditados. La resolución incluyó la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los integrantes reconocidos oficialmente como parte del proceso, con el fin de facilitar su participación en los mecanismos de negociación y verificación.La ampliación anunciada por el Ejecutivo busca replicar el modelo en otras regiones donde las disidencias mantienen presencia activa y extender la vigencia de las zonas actuales mientras se evalúan los avances de los diálogos. Sin embargo, el Gobierno no ha ofrecido información clara sobre el número de integrantes concentrados, los mecanismos de control ni las garantías de seguridad para las comunidades que habitan cerca de las áreas delimitadas.El anuncio ocurre en un contexto especialmente delicado. En las últimas semanas, los enfrentamientos entre el Frente 33 y el ELN se han intensificado en los municipios de Tibú, El Tarra y Sardinata, dejando nuevos desplazamientos masivos y una creciente crisis humanitaria. La Defensoría del Pueblo ha advertido que miles de personas se encuentran en riesgo por el fuego cruzado y la ausencia de una respuesta institucional efectiva.Mientras el Gobierno insiste en que las ZUT son una herramienta de transición hacia la paz y el desarme, en el terreno predomina la incertidumbre. Las comunidades del Catatumbo reclaman transparencia y resultados tangibles, mientras la violencia, los confinamientos y el desplazamiento forzado siguen marcando el día a día de una región que continúa esperando que la paz deje de ser solo una promesa.