Con el banco de maquinaria amarilla la Gobernación del Huila viene adelantando labores de mantenimiento vial y la recuperación de sectores críticos de vías terciarias que han sido obstruidas por deslizamientos de tierras a raíz de las fuertes lluvias de las últimas dos semanas en 10 municipios del departamento.El secretario de Vías e Infraestructura del Huila el ingeniero Andrés Camilo Cabrera, explicó en Blu Radio que los trabajos de remoción de tierra y lodo se han priorizado en los municipios donde cientos de familias campesinas y zonas cafeteras han resultado afectadas por las emergencias.“Por orden del gobernador Rodrigo Villalba, se activó todo el banco de maquinaria amarilla y en estos momentos nos encontramos trabajando de manera simultánea en diez municipios del departamento. Hoy la maquinaria está atendiendo emergencias y removiendo derrumbes para recuperar las vías en Acevedo, Pitalito, Baraya, Colombia, Yaguará, La Plata, Gigante, Isnos y Suaza, estamos recuperando puntos críticos donde las comunidades campesinas más lo necesitan” explicó el funcionario de la gobernación del Huila.Agregó el secretario de Vías que por ejemplo en el municipio de Acevedo, la maquinaria interviene los corredores San Adolfo, La Esperanza, San Marcos, La Victoria y La Tocora, mejorando la movilidad y el acceso a zonas rurales estratégicas, teniendo en cuenta que esta zona es de alta producción cafetera.Asimismo, en el municipio de La Plata, los trabajos se desarrollan en el centro poblado San Andrés y en la vereda San Isidro, fortaleciendo la conectividad y el transporte de productos agrícolas. De igual manera en Pitalito, se atiende los sectores de Bruselas, La Primavera, El Carmen, El Pénsil y La Esperanza, con labores de mantenimiento vial y atención de emergencias.Cabe recordar, que en diciembre del año anterior con una inversión de 20.000 millones de pesos la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, hizo entrega de 13 unidades de maquinaria amarilla entre retroexcavadoras y volquetas para atender emergencias viales y demás necesidades de las comunidades rurales en el Huila.
Cuando adelantaban una brigada de salud en el sector conocido como La Amistad del barrio Oro Negro en el oriente de Neiva, 20 funcionarios de una misión médica que pertenecen a una IPS privada, entre enfermeras y personal auxiliar, fueron atracados por tres delincuentes; dos de ellos portaban armas de fuego.Según información de las autoridades, los asaltantes les hurtaron a las víctimas teléfonos celulares, documentos personales y dinero en efectivo. Uno de los funcionarios resultó lesionado con un golpe en la cabeza al oponer resistencia al atraco.“Fuimos informados de un hecho de hurto en el sector de La Amistad; de inmediato se envió una patrulla. En el sitio, las personas afectadas por el hurto manifestaron que se encontraban realizando una brigada de salud cuando fueron abordadas por dos sujetos y las intimidaron con armas de fuego despojándolas de sus pertenencias, celulares y dinero en efectivo; uno de los funcionarios resultó herido en la cabeza”, dijo el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.Por su parte, la secretaria de salud municipal, la médica Lilibeth Galván, dijo que, de acuerdo con el relato de las víctimas del atraco, los delincuentes al parecer habrían manoseado a varias de las auxiliares de enfermería mientras las despojaban de sus pertenencias.Este grave hecho de inseguridad ya fue reportado ante las secretarías de salud municipal y departamental, mientras que la Policía adelanta operativos por varios sectores de la ciudad para dar con la ubicación de los delincuentes y los elementos hurtados.
El aumento del salario mínimo a dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte, ha despertado preocupación en gran parte de la población colombiana frente al incremento en los valores de la canasta familiar, el arriendo e incluso los servicios públicos. En ese escenario, el costo de la factura de la luz es uno de los que más presión genera sobre el presupuesto mensual.Por ello, el Gobierno nacional aplicó un recargo temporal en la tarifa eléctrica que dejó un mensaje claro: no todos los usuarios deberán asumir este cobro adicional.La medida, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, busca atender una delicada situación financiera de la empresa Air-e, que actualmente se encuentra bajo intervención del Estado, sin trasladar el impacto a los sectores más vulnerables. Ante este panorama, hay un grupo de personas que podrá estar más tranquilo.Facturas de la luz serán más costosas para algunosEl Gobierno reveló que el ajuste corresponde a un cobro aproximado de ocho pesos por cada kilovatio hora consumido. Este recargo tiene carácter transitorio y responde a la necesidad de generar recursos para cubrir obligaciones acumuladas de Air-e, cuya situación financiera representa un riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico.De no adoptarse medidas urgentes, el problema podría escalar y afectar la continuidad y confiabilidad del servicio en varias regiones del país. El objetivo, insistieron desde el Gobierno, no es encarecer el servicio de forma permanente, sino evitar un escenario más grave que termine impactando a todos los usuarios.Estratos 1 y 2 quedan exentos del nuevo cobro en el servicio de la luzUno de los puntos más relevantes del anuncio es que el recargo no será generalizado. Según lo definido, únicamente los estratos 3, 4, 5 y 6 deberán asumir este cobro adicional en sus facturas.Por su parte, los hogares pertenecientes a los estratos 1 y 2 quedarán exentos. La decisión busca proteger el bolsillo de las familias con menores ingresos y evitar que una medida coyuntural se traduzca en una carga económica difícil de asumir. La exclusión se sustenta en la normativa vigente y en los esquemas diferenciales establecidos para garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos.Gobierno busca proteger el sistema eléctrico nacionalLa Superintendencia respaldó la resolución que prepara el Ministerio de Minas y Energía para solicitar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas un instrumento que refuerce la confiabilidad del sistema.Desde el Gobierno recalcaron que la prioridad es evitar un colapso que termine afectando a millones de colombianos y, al mismo tiempo, garantizar que las decisiones adoptadas mantengan un equilibrio entre sostenibilidad financiera y justicia social.
El partido Comunes respondió a la denuncia de violencia de género por parte de un dirigente de esa colectividad y excontratista de la Unidad Nacional de Protección, quien es señalado de un grave caso de acoso sexual en contra de una de sus ahora excompañeras de trabajo.La víctima denunció ser tocada en varias ocasiones sin su consentimiento, hasta sobrepasarse manoseando su zona íntima, reveló la revista Semana.La organización política rechazó los hechos de violencia basada en género atribuidos al militante Nicolás Sarmiento, quien se desempeñaba en la Subdirección Especializada de Protección de la UNP.Ante esta situación, el partido informó que activó de forma inmediata la ruta interna de prevención, atención y sanción de violencias basadas en género, en concordancia con la normatividad vigente.Nicolás Sarmiento, reconocido líder del partido Comunes, es cercano al representante a la Cámara por Bogotá de la colectividad de excombatientes, Sergio Marín, resalta Semana. Además, ha liderado diferentes reuniones con la comunidad en barrios de la ciudad.Aseguran que su prioridad es la protección integral de la víctima, garantizando la confidencialidad del caso y el acompañamiento necesario para la activación de las rutas institucionales correspondientes, cuando así se requiera.También dicen estar en línea con que ninguna conducta que vulnere los derechos de las personas es justificable ni tolerable, sin importar quién la cometa o su trayectoria política, y subrayó que a los responsables se les deben atribuir las sanciones y responsabilidades que correspondan.El partido también dice tener compromiso de fortalecer los mecanismos de prevención, formación política, cuidado colectivo y sanción, como parte de una política interna orientada a erradicar la violencia basada en género.
Después de casi cuatro años fuera del universo de La reina del Flow, Yeimi Montoya regresa a la pantalla en una tercera temporada marcada por la madurez, la exposición emocional y los escenarios reales.En conversación con Casa Blu, la actriz Carolina Ramírez habló sin filtros sobre el desgaste que dejó la segunda entrega, el proceso personal que la llevó a decir sí nuevamente y por qué considera que esta es la temporada “más real” de la serie.La actriz explicó que el regreso no fue inmediato ni automático. La pandemia, el rodaje intenso y el impacto emocional de la segunda temporada la dejaron, según sus propias palabras, “devastada”.Fue necesario tomar distancia, mudarse a Argentina, encarar otros proyectos y atravesar un proceso personal profundo antes de volver a habitar a Jamie Montoya.El desgaste, la pausa y la decisión de volverRamírez contó que la pausa fue clave para recuperar el equilibrio físico y emocional. “Teníamos que descansar”, explicó, al recordar una temporada marcada por el encierro, la incertidumbre y el cansancio acumulado. Con el tiempo, dijo, entendió que solo cuando se sintió “entera” pudo aceptar el reto de regresar a un personaje que siempre exige más.Ese proceso coincidió con un momento vital distinto: la llegada a los 40, el cambio de prioridades y una revisión profunda de su escala de valores. “Le bajé dos cambios a la vida”, afirmó, una decisión que terminó siendo determinante para volver a la serie.Conciertos abiertos al públicoUno de los aspectos que más emociona a la actriz en esta nueva temporada es el cambio en la puesta en escena. A diferencia de la etapa pandémica, esta vez los conciertos se grabaron con público real, en escenarios como el Movistar Arena de Bogotá y locaciones internacionales como Lanzarote.Para Ramírez, esa energía marca una diferencia narrativa y emocional. “Pasamos del ‘festival del croma’ a tener gente de verdad”, dijo, resaltando el compromiso de los fans que acompañaron largas jornadas de rodaje y aportaron una verosimilitud que, asegura, se siente en pantalla.La llegada de una nueva protagonista joven, Alison Joan, también despertó en Carolina una postura clara: proteger a quienes apenas comienzan. La actriz recordó que ella misma estuvo en ese lugar y que el acompañamiento recibido en sus primeros proyectos fue determinante para su carrera.En un contexto donde —según explicó— nada es clandestino y la exposición es total, Ramírez insistió en la necesidad de cuidar a los nuevos talentos frente a la violencia digital y los juicios constantes.Años esperando La Reina del FlowActualmente radicada entre Argentina, Colombia y México, Carolina Ramírez se define como nómada. Dijo que ha decidido vivir donde haya trabajo, tranquilidad y felicidad, sin renunciar a sus raíces. En Colombia, asegura, disfruta volver a ser simplemente Carolina: reencontrarse con su familia, sus padres y un sobrino recién nacido.En paralelo, desarrolla en México un proyecto personal junto a su pareja, enfocado en la conciencia y la espiritualidad, una experiencia que —según explicó— la ha ayudado a afianzar su relación consigo misma y con Dios.Tras más de dos décadas de carrera en televisión, Ramírez afirma que lo que la sigue motivando es la gente y los equipos de trabajo. La “recocha”, el sentido de familia y la construcción colectiva siguen siendo, para ella, el motor de cada proyecto.Sobre La reina del Flow 3, la actriz aseguró que esta “es la temporada más difícil que he hecho y la más real”. Una entrega, dijo, hecha con “carne, corazón, mente y espíritu”, pensada para un público que llevaba años esperando este regreso.Escuche la entrevista completa aquí:
Lo que empezó como un presunto robo en vía pública terminó desencadenando una persecución a alta velocidad que dejó tres personas muertas y una familia destruida, en hechos ocurridos sobre la avenida carrera 68 con calle 72, en la localidad de Engativá.Según las autoridades, hacia las 2:35 p. m. del jueves 15 de enero, dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían interceptado al conductor de una camioneta para hurtarle sus pertenencias. En lugar de alertar a la Policía, el afectado decidió perseguirlos por la concurrida vía, una decisión que, de acuerdo con los investigadores, provocó una colisión múltiple que involucró tres vehículos particulares, una volqueta y la motocicleta de los presuntos delincuentes.Identidad de las víctimas del accidenteSin embargo, quienes pagaron las peores consecuencias fueron personas que nada tenían que ver con el hecho inicial. En uno de los carros impactados viajaban Clara Lucía León y su esposo, Santiago Rodríguez, ambos de 68 años, quienes se desplazaban tras salir de una cita médica. La violencia del choque acabó con la vida de Santiago de manera inmediata, mientras que Clara Lucía fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció minutos después.“Desafortunadamente, una persona quiso tomarse la ley por las manos y mire lo que provocó: mató a mi hermana y a mi cuñado en un momento de ira”, expresó Doris León, hermana de Clara Lucía, en entrevista a Noticias Caracol. Sus palabras resumen el dolor de una familia que, en cuestión de horas, perdió a dos de sus pilares.Doris relató que su sobrina quedó huérfana tras el siniestro. “Esta gente destruyó a la familia”, dijo con voz entrecortada, al recordar cómo eran sus seres queridos. Sobre su hermana, destacó su vocación social: “Desde pequeña tuvo ese don de servicio. Trabajó muchos años en programas del Distrito, con niños y madres, siempre ayudando”.De Santiago, recordó su vida como ingeniero independiente, dedicado al trabajo con ladrilleras y pensionado recientemente. “Siempre lo molestábamos porque cargaba ladrillos en el carro de toda clase. Era trabajador, sencillo y muy dedicado a su familia”, añadió.La tragedia también impactó profundamente a la madre de Clara Lucía, una mujer de 93 años que, pese a su avanzada edad, fue la primera en presentir que algo no estaba bien. “Empezó a llamarme a eso de las 6:30 de la tarde diciendo que Clara no contestaba. Ella sabía que algo había pasado”, relató Doris, quien se encontraba fuera de la ciudad cuando recibió la noticia.Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del siniestro. Por ahora, no hay imputaciones formales ni decisiones judiciales, mientras la Fiscalía analiza videos, peritajes técnicos y testimonios para establecer responsabilidades.
Una tragedia enluta hoy al municipio de Duitama, en el departamento de Boyacá, tras un accidente de tren que dejó como saldo una mujer embarazada muerta, un menor de edad herido y al menos otros dos lesionados.Los hechos ocurrieron en la mañana del 17 de enero, cuando dos vagones de un tren de carga que transportaba polines de concreto se desacoplaron de la locomotora y comenzaron a desplazarse sin control por la línea férrea que atraviesa varios sectores de la ciudad.De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades y confirmada en un comunicado de la Alcaldía de Duitama, el tren era operado por el Consorcio FerreoBelén y el siniestro se habría originado durante la operación ferroviaria, cuando se presentó el desacople de los dos vagones, los cuales se desbocaron.El recorrido sin control de los vagones inició en el sector de la Plaza de Mercado, donde se registró un primer accidente de tránsito sin personas lesionadas. Posteriormente, los vagones continuaron su desplazamiento por la línea férrea, atravesando zonas altamente concurridas como la Avenida de Las Américas, hasta llegar a la glorieta del Hospital, donde ocurrió el hecho de mayor gravedad.En este punto, uno de los vagones impactó violentamente un automóvil particular, un Chevrolet Aveo de color negro, provocando la muerte de Jessica Milena Guimbuel Barbosa, de 26 años, quien se encontraba en estado de gestación. En el mismo vehículo resultaron heridos su esposo, quien conducía el automóvil, y su hijo de cinco años, quien fue trasladado a un centro asistencial donde actualmente recibe atención médica.Adicionalmente, un ayudante del operador del tren presentó lesiones y se encuentra bajo valoración médica, según confirmaron las autoridades.Organismos de socorro como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía y personal de la Fiscalía hicieron presencia inmediata en los puntos afectados, atendiendo la emergencia, asegurando la zona y adelantando las labores judiciales correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a Medicina Legal.Finalmente, la Alcaldía expresó su profundo rechazo y solidaridad con los familiares de la víctima, lamentando el fallecimiento de la ciudadana y de su bebé, y reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad ciudadana y la transparencia en el manejo de esta tragedia.
Actualmente, en Bogotá existen más de 1.000 frentes de obra activos, según datos de la Alcaldía. Una de las entidades encargadas de ejecutar una gran parte de estos proyectos de carácter público es el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).Para este 2026, la entidad busca trabajadores para lograr entregar una obra clave en la movilidad de la capital del país. Los interesados deben conocer los requisitos y cómo aplicar a las vacantes de empleo.El IDU busca trabajadores en BogotáPor medio de sus cuentas oficiales, el IDU informó que el grupo seis del proyecto de la avenida 68 se encuentra en búsqueda de personal de mano de obra no calificada para vincularse a esta importante obra de infraestructura de Bogotá.El proyecto es uno de los nueve tramos de la troncal avenida 68 de TransMilenio, está ubicado entre las calles 46 y 66 y tiene una extensión de 2,08 kilómetros. Además, busca integrarse a la primera línea del metro.Los interesados en la oferta de empleo y que quieran hacer parte de un proyecto que impacta directamente a la ciudad, esta es la oportunidad.Requisitos para aplicarPara aplicar a las vacantes de trabajo del IDU, las personas deben llevar:Hoja de vida actualizada.Copia de la cédula de ciudadanía.Copia de certificados laborales relacionados con el cargo al que se aplica.Si la persona es víctima del conflicto armado, adjuntar certificado expedido por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.Si la persona es extranjera, debes llevar copia del Permiso de Protección Temporal (PPT).¿Dónde postularse?Llevar la hoja de vida al punto IDU:Avenida carrera 68 # 53-50
El Radar del sábado 17 de enero de 2026 centró su análisis en la crisis venezolana, los movimientos geopolíticos en Medio Oriente y el inicio del reacomodo político en Colombia, con testimonios y miradas expertas que ayudan a entender un escenario internacional y regional en plena tensión.Diego Casanova: El representante del Comité por la Libertad de Presos Políticos denunció la falta de transparencia del régimen venezolano y aseguró que solo 89 liberaciones han sido verificadas, muy lejos de las cifras anunciadas oficialmente.Ramón Guanipa: El hijo del líder opositor Juan Pablo Guanipa relató la incertidumbre sobre el paradero de su padre y cuestionó la opacidad del proceso de liberaciones, señalando la angustia que viven cientos de familias.Enrique Rodríguez: El corresponsal analizó la crisis en Irán, marcada por el desplome de la moneda, protestas masivas y una represión cada vez más violenta frente al desafío abierto de la población al poder religioso.Teresita Aya: La analista internacional explicó los posibles escenarios de transición en Venezuela, el rol estratégico de China e Irán y el interés geopolítico de Estados Unidos en territorios clave como Groenlandia.Aníbal Gaviria: El candidato presidencial colombiano presentó su participación en la Gran Consulta por Colombia, defendiendo una propuesta basada en la unidad nacional, su experiencia de gobierno y la superación de la violencia.Un episodio clave para entender cómo se cruzan la política, los derechos humanos y la geopolítica al inicio de 2026.Escucha el programa completo aquí:
Ilesa resultó la subsecretaría de Minas de la Gobernación de Nariño, luego de que desconocidos dispararon contra la camioneta en la que viajaba la funcionaria, minutos después de realizar, junto con el gobernador del departamento, Luis Alfonso Escobar, en el municipio de La Llanada, el lanzamiento del programa de la creación de la promotora minera, que busca organizar la minería en todos los 64 municipios del departamento.Las autoridades investigan si este atentado iba dirigido contra el mandatario seccional, ya que la camioneta impactada es similar a la que utiliza el gobernador Escobar para realizar sus desplazamientos por los municipios del departamento.Voceros de la Gobernación, que pidieron el anonimato, dijeron a Blu Radio que el hecho ocurrió pasadas las 4 de la tarde de este sábado 17 de enero, minutos después de que la caravana de al menos 15 automotores salía del municipio de La Llanada y se dirigía de regreso a Pasto, luego de una larga jornada de trabajo con mineros de la región.Los vehículos en los que viajaba el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, habían tomado una ruta alterna por decisión del equipo de seguridad del mandatario y no se descarta que los atacantes hayan confundido la camioneta, dijo un funcionario de la administración seccional.Fueron minutos de pánico los que se vivieron una vez el automotor en el que viajaba la subsecretaria de Minas fue impactado en uno de los vidrios, sin que en el hecho la funcionaria haya resultado herida.Nadie sabía de dónde estaban disparando, los conductores agilizaron el paso y se desconocen los autores de este atentado, aseguró el funcionario.Otro de los testigos dijo que minutos antes del ataque el gobernador, junto a varios funcionarios y secretarios de su despacho, habían visitado las minas de explotación aurífera del municipio de La Llanada y aseguró que no se descarta que se trate de delincuencia común y organizada quienes hayan cometido el atentado, que por fortuna no dejó heridos ni víctimas humanas que lamentar.Alex González, secretario de Paz y Seguridad Ciudadana, manifestó su preocupación por estos hechos y dijo que se está investigando, ya que a comienzos de año la Fiscalía General de la Nación alertó al mandatario seccional sobre un plan para atentar contra la integridad del gobernador de Nariño, luego de que recibiera esa información mediante fuente humana.El mandatario de los nariñenses hasta el momento no se ha pronunciado sobre estos hechos.Funcionarios de la Gobernación exigieron a la Unidad de Protección fortalecer el esquema de seguridad del jefe de la administración seccional, por considerar que las amenazas podrían estar relacionadas, al parecer, con delincuencia común y organizada que estaría detrás del negocio de la explotación del oro en este departamento frontera.
Al menos 30 personas murieron tras intensos enfrentamientos entre disidencias de las Farc en la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare. La situación de orden público llevó a las autoridades a convocar un consejo de seguridad en la tarde de este sábado 17 de enero de 2026, mientras continúan las acciones para establecer con precisión lo ocurrido en esta región del sur del país.De acuerdo con información preliminar del Ejército Nacional, las víctimas serían presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa del Bloque Amazonas. Los choques armados se habrían dado en medio de la disputa por el control territorial entre las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Tropas de la Brigada 22 adelantan labores de verificación en la zona, con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana y capacidades de inteligencia militar, luego de enfrentamientos que se registran desde la noche del viernes.Frente a estos hechos, la Iglesia Católica expresó su preocupación por la gravedad de la violencia en Guaviare y por la pérdida de vidas, en su mayoría jóvenes, en medio de una confrontación que no cesa. Desde el Episcopado se reiteró el llamado a detener la guerra, a respetar el derecho internacional humanitario y a evitar que continúe el sufrimiento de las comunidades afectadas por el control criminal de estos grupos armados."Estamos consternados ante los hechos que se están desarrollando en el Guaviare y en particular queremos llamar nuevamente la atención sobre la urgencia de parar la guerra, que no haya más enfrentamientos, más ruido de armas, ya ha habido bastante sufrimiento en esta parte del país", señaló monseñor Héctor Fabio Henao en Noticias Caracol.
En este acto los subtenientes fallecidos fueron ascendidos de manera póstuma al grado de tenientes gracias a la Ley 2483 de 2025, en donde también se les reconocieron los derechos prestacionales y pensionales a sus familias, esto como un acto de reparación simbólica y material.La conmemoración inició con una eucaristía en la que participaron el viceministro de Defensa; Javier Andrés Vaquero Maldonado, el director de la Policía Nacional; general William Rincón Zambrano, la secretaria de gabinete del Ministerio de Defensa; Alexandra González, también oficiales y suboficiales, así como las familias de las víctimas.Posteriormente, en el campo de Paradas de la Escuela se llevó a cabo la ceremonia de ascenso póstumo. Las familias recibieron una medalla y una placa conmemorativa en la que resalta el sacrificio y servicio a la patria de los jóvenes cadetes. En la placa decía: El viceministro Baquero agradeció también la labor diaria de los uniformados de la Policía Nacional y se dirigió a los familiares de los nuevos tenientes: "Siéntanse orgullosos de estos héroes de la patria, no solo sus nombres quedan marcados en nuestros corazones, sino en la historia de un país”.Por su parte, el director de la Policía Nacional hizo un llamado contundente a rechazar la violencia hacia la fuerza pública y aseguró que seguirán trabajando por la seguridad y convivencia de los colombianos.También se pronunció Alexandra González, secretaria del gabinete del Ministerio de Defensa refiriéndose al homenaje y a la Ley 2483 de 2025 “no es una formalidad, es un acto de justicia simbólica y material, y ha sido un logro de ustedes como familiares. Hace unos años nos reunimos aquí, asumimos unos compromisos y hoy honramos la palabra”.Por último, se realizó una ofrenda floral con la cual se conmemoró el Día del Estudiante Policial y a quienes hoy, ascendieron a tenientes de la Policía Nacional.
Mientras millones de estudiantes vuelven a las aulas en Colombia, en la próxima semana, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no logra arrancar al mismo ritmo en buena parte del país.A pocos días del inicio del calendario académico, al menos 17 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) aún no han culminado los procesos contractuales necesarios para garantizar la entrega de alimentos en los colegios públicos.De acuerdo con la información oficial, los retrasos afectan tanto al PAE convencional como a los esquemas diferenciales dirigidos a poblaciones étnicas. En el caso del PAE convencional, las demoras se concentran en Antioquia, Boyacá, Cesar, Facatativá, La Guajira, Magdalena, Maicao, Palmira, Pitalito y Yumbo, territorios donde miles de estudiantes comenzaron clases sin la certeza de recibir su alimento diario.La situación es aún más crítica para las comunidades indígenas. Cerca de 199.880 estudiantes de pueblos indígenas se estarían viendo afectados en Antioquia, Boyacá, Cesar, La Guajira, Maicao y Pitalito, además de Buenaventura, Chocó, Quibdó, Santa Marta, Riohacha, Valledupar y Uribia. El retraso compromete no solo a niños y niñas indígenas, sino también a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en zonas históricamente golpeadas por la desigualdad.“Hacemos un llamado muy respetuoso, pero muy vehemente, para que tomen las medidas del caso hoy mismo, de manera que el lunes estos niños y niñas cuenten con su derecho a la alimentación escolar”, señaló Sebastián Rivera Ariza, Director UApA.A este panorama se suma un problema estructural, en donde, 32 entidades territoriales habrían desfinanciado el PAE en cerca de $342.000 millones, incumpliendo la obligación legal de aportar recursos de manera progresiva y suficiente. Desde el Ministerio de Educación se reiteró que el programa no es opcional y que su financiación debe garantizarse en términos reales.“Este año fortaleceremos la inspección y vigilancia para que nadie desfinancie el PAE. El Gobierno del Cambio destinó 3 billones de pesos para 2026, con los que se espera atender a cerca de 6 millones de niños y niñas en todo el país”, añadió el director UApA.Finalmente, la cartera y la Unidad de Alimentos para Aprender insistieron en que desde el nivel nacional se cumplieron todas las etapas previas: orientaciones técnicas, llamados oportunos, definición de valores de referencia y condiciones contractuales para que el programa iniciara desde el primer día de clases. Ahora, la responsabilidad recae en los territorios que aún no responden.
El Ministerio de Salud y Protección Social dejó claro su respaldo al aumento de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas y los productos de tabaco, una decisión que, según la entidad, representa una acción clave para proteger la salud pública y fortalecer la estabilidad económica del país. El pronunciamiento se dio en el marco del decreto de emergencia económica, con el que el Gobierno busca responder de manera integral a problemáticas estructurales que afectan a la población colombiana.Desde el ministerio se insistió en que esta medida no es únicamente fiscal, sino profundamente social. La entidad sostiene que elevar los impuestos a estos productos contribuye a salvar vidas, reducir enfermedades prevenibles y disminuir las muertes asociadas a su consumo. Al mismo tiempo, recalca que esta política permite reducir la presión sobre el sistema de salud y generar recursos esenciales para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.El enfoque del Ministerio parte de una premisa clara: los llamados impuestos saludables benefician a toda la sociedad. Al encarecer productos nocivos, se desincentiva su consumo, se previene que niños y jóvenes inicien hábitos perjudiciales y se reduce la carga de enfermedad que hoy afecta a miles de familias. Para la entidad, esta es una herramienta efectiva para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible.Frente al alcohol, la entidad advirtió que esta sustancia se ha convertido en el principal factor de riesgo de muerte en personas entre 15 y 49 años. En ese contexto, el aumento de precios busca reducir el consumo intensivo y atacar de manera directa las enfermedades, lesiones y muertes asociadas. Las proyecciones oficiales indican que el consumo de vino disminuiría en un 20 %, pasando de 31,5 millones a 25,2 millones de litros. De igual forma, las bebidas con mayor grado de alcohol registrarían una reducción del 16 %, al pasar de 115 millones a 95 millones de litros consumidos.En el caso del tabaco, el Ministerio recordó que, de acuerdo con el Observatorio Global de Salud de la Organización Mundial de la Salud, Colombia mantiene precios de cigarrillos por debajo de los dos dólares, siendo de los más bajos de la región. Con el aumento de los impuestos, se proyecta que la comercialización de cajetillas de 20 unidades se reduzca de 409 millones a 244 millones. Este impacto estaría asociado a la posibilidad de triplicar la tarifa impositiva a los cigarrillos, lo que, según las estimaciones, permitiría salvar hasta medio millón de vidas.A este panorama se suma el uso de vapeadores. Entre 2022 y 2024, cerca de 500 mil estudiantes en Colombia tuvieron acceso a estos dispositivos. Con la nueva medida tributaria, el consumo pasaría de 134 millones de mililitros a 67 millones de mililitros, una reducción que, para el Ministerio, resulta clave para frenar el avance de esta práctica entre niños y jóvenes.La entidad también enfatizó que el consumo de alcohol y tabaco no solo genera altos costos en salud, sino que limita el desarrollo del país, amplía brechas sociales y afecta de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables, afirmando que el aumento de los impuestos no pone en riesgo la autonomía territorial ni la destinación histórica de los recursos departamentales. Por lo que, rechazó, de manera categórica los discursos que relacionan estas medidas con un aumento del comercio ilícito, señalando que esa narrativa ha sido impulsada por intereses industriales y no por evidencia independiente.“Los impuestos saludables ofrecen una doble ganancia en términos de política pública. Por un lado, actúan sobre el comportamiento del consumidor, reduciendo la prevalencia del consumo de productos nocivos, especialmente entre jóvenes y poblaciones de menores ingresos; y por otro, fortalecen el recaudo fiscal, generando recursos adicionales que pueden destinarse a la financiación de programas de salud, educación y otros servicios públicos esenciales”, señaló el Ministerio de Salud.Finalmente, el Ministerio de Salud reiteró que su respaldo al aumento de impuestos sobre bebidas alcohólicas y tabaco que fortalece la capacidad del gobierno para regular protege a la población de riesgos evitables y marca un avance decisivo hacia una política pública centrada en el bienestar colectivo.
El Ejército colombiano investiga la muerte de un número indeterminado de guerrilleros en combates entre dos disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país, donde según informaciones preliminares podrían haber fallecido hasta 30 integrantes de ambos bandos.Según el Ejército Nacional, los combates fueron entre el bloque Amazonas, que hace parte de la facción liderada por Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', el criminal más buscado de Colombia, y el bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de Alexander Díaz, alias 'Calarcá'."Las tropas de la Brigada 22 adelantan labores de verificación en la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno (Guaviare), donde en las últimas horas se reportó la muerte de varias personas tras posibles confrontaciones", señaló la institución en un comunicado.Según informaciones preliminares del Ejército, "los cuerpos hallados corresponderían a presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa", que hace parte del Bloque Amazonas, a su vez un componente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc.Los combates, al parecer, fueron motivados por disputas en torno al control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en el sur del Guaviare.Medios locales publicaron este sábado fotos y videos en los que se ven varios cuerpos sobre una carretera, aunque de momento no se ha confirmado su identidad ni pertenencia a grupos armados ilegales involucrados.Desde la noche del viernes, aeronaves de la Fuerza Aérea hacen sobrevuelos en la zona, mientras que el Ejército desplegó tropas y elementos de inteligencia militar para "establecer el alcance de los combates y sus implicaciones, al tiempo que se reforzaron las medidas de seguridad para proteger a las comunidades de esta zona del país".El EMC, liderado por 'Iván Mordisco', está integrado por antiguos frentes de las Farc que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 o se apartaron posteriormente del proceso de reincorporación.Aunque el gobierno colombiano mantiene diálogos con algunos sectores de esa organización, el EMC ha sufrido divisiones internas que han derivado en enfrentamientos armados entre sus propias facciones en regiones estratégicas como el Guaviare.La Defensoría del Pueblo ha advertido de manera reiterada sobre el riesgo de confrontaciones armadas en el Guaviare y, mediante alertas tempranas, ha denunciado la presencia y expansión de disidencias de las Farc en ese departamento, así como el impacto de sus disputas en la población civil, incluyendo amenazas, desplazamientos forzados y confinamientos.El Guaviare, caracterizado por su geografía selvática, fue uno de los bastiones de las extintas FARC.Tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla, surgieron en la región grupos disidentes que se disputan el control de territorios estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas, según las autoridades.
El gobernador del Huila Rodrigo Villalba Mosquera, explicó que uno de los puntos más sensibles del decreto expedido por el Gobierno está relacionado con los impuestos a los licores, al señalar que el IVA del impuesto de consumo se eleva del 5 por ciento al 19 por ciento y estimula el contrabando uno de los flagelos que preocupa a las autoridades de la región.Agregó el mandatario seccional, que la emergencia económica también compromete directamente las finanzas del departamento y podría poner en riesgo los recursos que van destinados para salud y la educación.“El Gobierno, amparado en la emergencia económica, regula aspectos como el impuesto al licor, afectando el impuesto al consumo, elevando el IVA del 5% al 19%, lo que distorsiona el mercado regional, estimula el contrabando —que ya ronda el 30%— y constituye una medida regresiva frente a los avances logrados en descentralización administrativa y fiscal” anotó Villalba Mosquera.Señaló además el gobernador de los huilenses que esta medida afecta la descentralización política, administrativa y fiscal de los gobiernos departamentales “Los gobernadores tenemos el deber constitucional de defender nuestras rentas y la descentralización política, estas medidas afectan gravemente los ingresos departamentales y resultan, a todas luces, inconstitucionales”.Finalmente, el gobernador Villalba Mosquera, aclaró que su postura frente al decreto de la emergencia económica, no se trata de una confrontación con el gobierno nacional, sino, de un ejercicio responsable de análisis institucional y financiero para el departamento.
Cuando recibían la suma de 10 millones de pesos producto de una exigencia extorsiva a un comerciante de Neiva, el grupo Gaula de la Policía capturó a Jhoan Solain Murillo Calderón y Joel Figueredo Terán, a quienes les hallaron en su poder un panfleto citatorio, dos celulares y dinero en efectivo.Según las investigaciones de las autoridades, estas dos personas se identificaban como integrantes del frente Darío Gutiérrez del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc para amedrentar a las víctimas a cambio de no atentar contra sus vidas y la de sus familias.“El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Bosque de San Luis comuna seis, en el momento exacto en que los presuntos delincuentes recibían la suma de diez millones de pesos producto de una exigencia económica a cambio de no atentar contra la integridad personal de la víctima ni contra su empresa”, dijo el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.De acuerdo con las evidencias recaudadas, desde diciembre del año anterior la víctima venía siendo intimidada mediante panfletos extorsivos y se hacían pasar por el frente ‘Darío Gutiérrez’ de las disidencias de las Farc, quienes inicialmente exigían la suma de 40 millones de pesos.Los dos capturados fueron judicializados por el delito de extorsión agravado y un juez les impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.
El exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios lanzó fuertes críticas contra la Gran Consulta por Colombia, luego de quedar por fuera de ese mecanismo político pese a haber recibido, según él, una invitación pública y privada para participar. En entrevista con Recap Blu, Palacios aseguró que la decisión de sacarlo evidencia una “política de exclusión” y no una consulta democrática ni incluyente.Palacios explicó que durante más de un año participó en reuniones y acercamientos con varios de los integrantes de esa coalición, con el objetivo de construir una unidad de cara a las elecciones presidenciales. Sin embargo, afirmó que esta semana fue notificado de que no existía consenso para permitir su ingreso, debido a la oposición de tres precandidatos: Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria.“Sin ninguna razón, sin ningún argumento y sin dar la cara, decidieron excluirme (...) Lo invitan a uno a la fiesta, uno llega, y cuando llega le dicen que reconsideraron. Lo grave es que no hubo argumentos. Esta no es una consulta incluyente ni democrática, sino una consulta de la exclusión”, señaló. Para Palacios, esta decisión contradice el propósito original de la consulta, que debía servir para sumar distintas visiones con el fin de enfrentar al petrismo en las urnas.“Si al doctor Galán le molestan mis posiciones firmes contra la criminalidad y contra el petrismo, entonces yo no debía estar ahí”, afirmó, aunque cuestionó la coherencia de ese argumento al recordar que en la consulta sí participan figuras como Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y sectores del Centro Democrático.Palacios insistió en que nunca se le informaron condiciones explícitas para su participación y que, por el contrario, la invitación fue reiterada por varios líderes del bloque, entre ellos Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y el propio Pinzón.“Esto no era para fundar un club exclusivo, era para rescatar a Colombia”, subrayó, al tiempo que calificó la consulta como un “club al que uno aplica para ver si lo aceptan”.¿Qué hará Palacios?Con este paronama, Palacios confirmó que continuará su aspiración presidencial por fuera de la Gran Consulta, apoyado en el movimiento Rescatemos a Colombia, con el que asegura haber recolectado más de 1,3 millones de firmas, actualmente en proceso de certificación ante la Registraduría. De hecho, anunció que se inscribirá formalmente el próximo 31 de enero y que seguirá impulsando una agenda centrada en seguridad, lucha contra la delincuencia, reducción del costo de vida, gasolina, salud, infraestructura e ICETEX.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la terminación de un contrato tecnológico suscrito en 2024, luego de identificar dificultades en su ejecución que impidieron el cumplimiento total de las obligaciones que se pactaron. Esta aclaración se da en medio de cuestionamientos de la Contraloría hacia el modelo de pasaportes que comenzaría a implementarse el 1 de abril de este año. El órgano de control advirtió riesgos, incumplimientos y posibles retrasos.Este contrato del que habla la Cancillería fue firmado el 15 de octubre de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo). El objeto era la actualización y mejoramiento de los sistemas de información para optimizar procesos internos y externos de la Cancillería.La entidad señaló que no tiene relación directa con la expedición de pasaportes y explicó que durante la ejecución se presentaron problemas que impidieron que el contratista cumpliera con la totalidad de las obligaciones acordadas. Ante esta situación, en agosto de 2025 el ministerio decidió iniciar un proceso sancionatorio contractual y exigió el cumplimiento.Además, puso en conocimiento de la Contraloría las posibles irregularidades relacionadas con la planeación del contrato, para que el organismo de control adelante sus investigaciones.El plazo de ejecución del contrato venció el 31 de agosto de 2024, fecha en la que la Cancillería decidió no aceptar las solicitudes de prórroga presentadas por el contratista. En su lugar, ordenó una revisión para evaluar la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal, un proceso que actualmente continúa en curso. Por ahora solo se ha desembolsado el 3 % del valor total del contrato, lo que significa que la mayor parte de los recursos no fue girada.Finalmente, la Cancillería aseguró que, pese a los inconvenientes registrados, la atención a la ciudadanía y los trámites del ministerio no se han visto afectados.
La Aeronáutica Civil informó a la comunidad aeronáutica del país sobre la emisión de un NOTAM por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), que se refiere a posibles afectaciones a los sistemas de navegación satelital advirtiendo a los operadores aéreos sobre la necesidad de mantener precauciones durante las distintas fases del vuelo en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano.Ante este escenario, la Autoridad Aeronáutica de Colombia señaló que las aerolíneas nacionales ya fueron debidamente informadas sobre el contenido del aviso, especialmente aquellas que realizan operaciones internacionales o que transitan por las zonas mencionadas en la comunicación.El comunicado también precisa que las empresas aéreas son plenamente conscientes de la situación y que, en la actualidad, se encuentran analizando la información técnica disponible con el fin de adoptar, si así se requiere, medidas preventivas y de mitigación operacional que garanticen la seguridad de las operaciones.Asimismo, la Aerocivil aclaró que, hasta el momento, no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas y tampoco se prevé en este momento una situación que conduzca a la suspensión o restricción de los vuelos.Según la información oficial, el NOTAM emitido por la FAA se advierte a los operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la absolución del defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo, al confirmar que fue condenado injustamente. En fallo de segunda instancia, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ratificó la decisión que lo declaró inocente del homicidio de David Núñez Cala, ocurrido el 5 de abril de 1991 en Barrancabermeja. Núñez Cala era entonces secretario de Obras Públicas del municipio y aspiraba a la Alcaldía cuando fue asesinado.Al estudiar el recurso presentado por la representación de las víctimas, el Tribunal concluyó que no era procedente y decidió mantener la sentencia emitida en 2025 por la Sección de Revisión. Según la JEP, ese fallo se apoyó en hechos y pruebas nuevas que no habían sido analizadas por la justicia cuando Rabelo Crespo fue condenado en 2012.La decisión también señaló que el proceso penal contra el defensor de derechos humanos se dio en un contexto de persecución relacionada con su trabajo social, en una región afectada por la presencia de estructuras armadas ilegales. Varios de los testimonios que sustentaron la condena fueron posteriormente desacreditados o incluso sancionados por falso testimonio.El Tribunal reiteró, además, que no existe ninguna prueba que vincule a Rabelo Crespo con las extintas Farc y que esa afirmación, incluida en la sentencia de la justicia ordinaria, fue desvirtuada con decisiones judiciales posteriores.Frente a los cuestionamientos de las víctimas, la JEP explicó que no se puede exigir a una persona declarada inocente que reconozca hechos de los que no es responsable ni tiene conocimiento. En su análisis final, la Sección de Apelación concluyó que Rabelo Crespo no tuvo motivo ni oportunidad para participar en el crimen y que nunca existió el acuerdo para cometer el homicidio.El Tribunal aclaró que la decisión contribuye a la verdad al descartar de manera definitiva la responsabilidad de Rabelo Crespo. Por eso, señaló que ahora le corresponde a la Fiscalía avanzar en la identificación de los verdaderos responsables del asesinato de David Núñez Cala.
El Ministerio de Transporte comenzó la actualización del SICE-TAC, que es el sistema con el que se calculan los costos mínimos de operación del transporte de carga. Según lo informado por esta cartera, desde este fin de semana comenzarán a reflejarse dos variables: el aumento del salario mínimo y el de los precios de la gasolina.Desde el ministerio también aseguran que la actualización se está realizando de manera progresiva para no tener contratiempos. El 16 de enero comenzarán con la publicación de los datos referentes a los peajes y esperan que quede completamente actualizada para la próxima semana.Desde Fedetranscarga están a la espera de que todos los datos referentes al aumento de la gasolina, de los peajes y del salario mínimo queden actualizados, ya que la última actualización del SICE-TAC tiene fecha del 25 de diciembre de 2025, donde no están incluidos esos aumentos.“No hay forma de exigirle al generador de carga que pague una mayor tarifa porque la norma, hoy vigente, no ha incrementado esos valores dentro de la misma”, afirmó Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga.Antes de finalizar el mes, el Ministerio de Transporte espera tener actualizados todos los datos fijos. Asimismo, esperan tener una reunión con los transportadores para socializar los avances del proceso, esto con el fin de terminar la fase 1 y comenzar así la fase 2, la cual incluirá un análisis integral del funcionamiento de la herramienta.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio tras revisar el caso de ‘Rosa’, de 10 años, y ‘José’, de 8, compañeros de curso en un colegio de Bogotá.Durante un recreo, el niño le dijo a la niña una frase de connotación sexual en medio de un juego. El hecho generó malestar emocional en la niña, quien dejó de asistir al colegio por varios días, mientras que ‘José’ fue cambiado temporalmente de salón.Luego de esto, las directivas autorizaron su regreso al aula y remitieron el caso a la Secretaría de Educación, al considerar que se trataba de una conducta tipo C.Los magistrados que estudiaron la tutela decidieron amparar los derechos fundamentales de ambos menores: el derecho de la niña a la educación en un entorno libre de violencias; el derecho de el niño a una educación integral; así como el interés superior del niño, su desarrollo integral y el debido proceso.Según la misma Corte, el uso de categorías sancionatorias o basadas en la culpa resulta inadecuado para niños menores de 12 años.Lo interesante de este fallo de tutela es que la Corte señaló que que ‘Rosa’ tenía derecho a ser escuchada y protegida frente al impacto emocional vivido y que ‘José’ no debía ser etiquetado como agresor sexual, pues su conducta debía analizarse a la luz de su edad y etapa de desarrollo y que el colegio, aunque actuó dentro del marco normativo, no implementó un enfoque restaurativo adecuado.
El Gobierno expresó su “profunda preocupación” por la represión y la censura en Irán, a través de un pronunciamiento hecho ante la ONU por la embajadora de Colombia, Leonor Zalabata.Durante su intervención, la diplomática cuestionó las acciones del régimen iraní en medio de la intensidad de las protestas y de la represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos y detenidos.“En este contexto vemos con profunda preocupación los hechos que están teniendo lugar en Irán, incluido el uso de la pena de muerte y otras formas de represión como respuesta a manifestaciones pacíficas. También nos alarma la aplicación de procesos judiciales acelerados que no garantizan el debido proceso, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales. Nos preocupa asimismo la censura y las restricciones a la información, por lo que consideramos que el acceso seguro de la prensa internacional y la restauración de internet deben garantizarse de inmediato”, afirmó Zalabata.Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, inicialmente por el aumento de la inflación, pero rápidamente se extendieron a otras ciudades con reclamos contra el sistema clerical que gobierna el país. Las autoridades iraníes ordenaron cortes de internet que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, buscan ocultar la magnitud de la represión. Actualmente, las cifras de muertos y detenidos en el marco de las manifestaciones ascienden a miles.