Un informe de inteligencia militar y policial encendió las alarmas en el norte del departamento del Caquetá. Según información recopilada por agencias desplegadas en el sur del país, un integrante de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ estaría planeando ejecutar una acción terrorista contra la población civil y la fuerza pública en área general del municipio de Puerto Rico.De acuerdo con los reportes conocidos en las últimas horas, el señalado es alias 'Esneider', identificado como Esneider Suárez, quien presuntamente tendría la intención de perpetrar un atentado en una zona frecuentada cotidianamente por habitantes del municipio, con el objetivo de generar afectación indiscriminada y enviar un mensaje de intimidación en medio de la ofensiva militar que se desarrolla en la región.Las líneas de acción criminal que estarían bajo análisis incluyen el uso de explosivos acondicionados en drones, vehículos cargados con artefactos explosivos y el lanzamiento de “tatucos” mediante rampas artesanales. Este tipo de métodos ya han sido utilizados por estructuras armadas ilegales en otras zonas del país y representan un alto riesgo tanto para uniformados como para la comunidad civil.Las autoridades consideran que estos posibles hechos serían una retaliación por la sostenida ofensiva operacional desplegada en los últimos días por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra las estructuras de las disidencias en el departamento.Alias ‘Esneider’ pertenece a la estructura ‘Rodrigo Cadete’ y se desempeñaría como cabecilla de la comisión de finanzas en los municipios de Rionegro y Cartagena del Chairá, especialmente en el sector conocido como La Bolsa de Guayas. En esa zona, según la inteligencia, estaría encargado de coordinar actividades relacionadas con el sostenimiento económico de la organización.Información suministrada por fuente humana indica que actualmente se encontraría en zona rural de San Vicente del Caguán, en el sector El Pato, área limítrofe entre Caquetá y Huila. Al parecer, habría llegado a ese punto para apoyar confrontaciones armadas entre la estructura Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de Bloques y Frentes y la estructura Teófilo Forero de la llamada Segunda Marquetalia.En el plano judicial, las autoridades adelantan labores para lograr la plena identificación y judicialización de este actor armado. Además, se tiene conocimiento de que estaría ejerciendo presiones y coacción sobre la comunidad del poblado de Rionegro para forzar la salida del Ejército y la Policía de esa jurisdicción, lo que incrementa el nivel de riesgo para la población.Alias ‘Esneider Suárez’ actuaría bajo órdenes de Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido con los alias de ‘Urías Perdomo’ o ‘Cotiz’, señalado como cabecilla principal de la estructura “Rodrigo Cadete” de las disidencias de ‘Calarcá’. Por este último, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que permita su ubicación y captura.Desde los diferentes niveles del mando policial y militar se ordenó alertar a las unidades en la región para fortalecer los dispositivos de seguridad, activar planes de reacción y contraataque, y reforzar la red de fuentes humanas con el fin de anticipar y neutralizar cualquier intento de acción terrorista en el departamento del Caquetá.
Mientras el país habla de mundiales y sueña con goles en otro continente, en el corregimiento El Obligado, zona rural de San Pelayo, se juega otro partido. Aquí no hay camisetas numeradas ni árbitros. Hay lluvia persistente, botas hundidas en el lodo y un río crecido que amenaza con meterse en las viviendas y arrasar con cultivos, enseres y años de trabajo.Once ingenieros militares, entre ellos una mujer que comanda el pelotón, trabajando hombro a hombro con más de 200 habitantes de San Pelayo y Cereté. La tarea: levantar un muro de contención superior a los dos metros de altura para intentar frenar el avance del agua y ganar tiempo frente a una emergencia que no da tregua.No es una metáfora exagerada llamarlos “selección”. Flórez, Lugo, Vargas, Ortiz, Palmera, Hernández, Martínez, Cogollo, Cardona, Jiménez y la subteniente Isabel Rodríguez coordinan movimientos como si se tratara de una estrategia ensayada. Mientras unos llenan bultos de arena sin pausa, otros los organizan de forma escalonada, construyendo una barrera flexible que resiste la presión del río. Cada saco pesa, cada viaje agota, pero el ritmo no se detiene.La técnica es simple y efectiva: arena compactada, apilada con precisión para reducir filtraciones y absorber el impacto de la corriente. No es concreto ni acero, pero es una solución inmediata que protege viviendas y evita que el cauce se desborde hacia el caserío. Es ingeniería de emergencia ejecutada bajo presión, en tiempo real y con el agua avanzando a pocos metros.El muro todavía no termina. Deberá extenderse por más de dos kilómetros. La amenaza sigue ahí, latente, y la emergencia no es un titular pasajero: es la angustia de familias que han visto el nivel del río acercarse a sus puertas.El alcalde de San Pelayo, William Cavadia Hernández, destacó el trabajo articulado con la comunidad y calificó al grupo como una “selección de rescatistas” preparada para este tipo de situaciones. En el terreno, el soldado profesional Jesús Flórez lo resume desde la experiencia: están apoyando con bultos de arena y madera para evitar que el río pierda su cauce, en un esfuerzo que, dice, asume con gratitud y vocación de servicio.A su lado, la subteniente Rodríguez insiste en el valor del trabajo en equipo. Observa a sus soldados empapados, exhaustos, pero firmes. Habla de disciplina, de unión con la comunidad y de la importancia de mantenerse coordinados para responder a la emergencia.La escena se repite en otros puntos del departamento y en municipios como Montería, mientras las lluvias mantienen en alerta a varias regiones del país. Pero en El Obligado, por ahora, eran once los que disputaban el partido más difícil: contener el agua, proteger los hogares y sostener la dignidad de comunidades golpeadas por la fuerza de la naturaleza. Un partido que no se juega con balón, sino con cada bulto de arena levantado bajo la lluvia.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) alertó que la estrategia comercial de Estados Unidos, basada en acuerdos arancelarios selectivos con algunos países de la región, podría generar una desventaja competitiva directa para Colombia. Esta advertencia surge especialmente por los segmentos de exportación que aún enfrentan un arancel del 10 %.Según la asociación, este arancel impacta al 28 % de la canasta exportadora colombiana, por lo que el país debería acelerar una agenda comercial que permita reducir este porcentaje para evitar quedar rezagado frente a economías que ya avanzan o podrían avanzar en esquemas preferenciales. La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que, en cuanto a los riesgos regionales, Guatemala y El Salvador, se presentan como fuertes competidores para Colombia.Lacouture advirtió que Guatemala podría desplazar a Colombia en sectores como la agroindustria y las manufacturas ligeras, especialmente en azúcares y confitería, bebidas y licores, calzado, cuero y marroquinería, fibras sintéticas e insumos industriales. En el caso de El Salvador, señaló una consolidación de ventajas en sectores intensivos en mano de obra, como confecciones y la cadena textil, así como en preparaciones alimenticias, bebidas, azúcares y confitería.Incluso presentan desventajas productos exentos de arancel, como el café, ese país gana certidumbre regulatoria y comercial para posicionarse como proveedor regional. Sin embargo, más allá de Guatemala y El Salvador, AmCham señaló que los acuerdos preferenciales que Estados Unidos estaría avanzando con otros países, como Argentina y Ecuador, pueden deteriorar el trato preferencial relativo de Colombia, al pasar de un entorno neutral a uno asimétrico.A este escenario se suma el ajuste de costos de las empresas estadounidenses previsto para 2026. Lacouture explicó que, aunque en 2025 el impacto del arancel fue absorbido en un 88 % por empresas y consumidores en Estados Unidos, esa capacidad se está agotando y la presión se está trasladando a los proveedores, mediante renegociaciones de precios, solicitudes de descuentos, rediseños de producto, cambios de origen y, en algunos casos, sustitución de proveedores. Para la asociación, mientras 2025 fue un año de resiliencia, 2026 estará marcado por procesos de renegociación.Otro componente que eleva la advertencia de la asociación, es el uso de la política de la seguridad nacional como marco operativo de la política comercial estadounidense. En este contexto, Estados Unidos prioriza sectores como infraestructura estratégica, energía, datos y redes, minerales críticos y esquemas de nearshoring y friendshoring, factores que inciden tanto en inversión como en decisiones de compra y que pueden generar fricciones si no existen estándares, control de riesgos y trazabilidad.Finalmente, AmCham identificó oportunidades para Colombia en sectores como cacao, café y sus derivados, preparaciones alimenticias, frutas y preparaciones de hortalizas, material eléctrico y plásticos, así como en autopartes, textiles y confecciones, componentes para energías renovables y servicios TI, BPO y KPO, siempre que el país fortalezca el cumplimiento de estándares, la calidad, la continuidad de la oferta y las entregas a tiempo.
En medio de la crítica al Gobierno del presidente Gustavo Petro, Juan Manuel Galán sorprendió al mencionar el nombre del único funcionario que, a su juicio, se salva de la actual administración. “Me parece que es honesto, que es íntegro”, dijo en entrevista con Recap Blu, antes de revelar el nombre: Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). “Es un tipo decente, honesto, que le puso la cara a un tema muy complicado y ha sostenido la caña a pesar de la guerra que le han hecho”, agregó.Vale recordar que Carrillo asumió la dirección de la UNGRD luego del escándalo de corrupción que se destapó en el país por cuenta de la carrotanques en La Guajira, que llevaron a juicio a su exdirector Olmedo López y el exsubdirecdor Sneyder Pinilla.Calificación al Gobierno PetroAunque Carrillo se salva en esta administración, Galán dio una muy baja calificación al Gobierno Petro. Cuando se le pidió ponerle una nota de 1 a 10, fue contundente: “Insuficiente en todo”. Incluso evitó asignar un número específico y reiteró que, en su concepto, la administración actual está “rajada”. En ese sentido, cuestionó la alta rotación de ministros, los cambios en manuales de funciones para nombramientos y las dificultades en la política exterior, mencionando como ejemplo la situación de la Cancillería.Más allá de la crítica, Galán planteó lo que sería su apuesta si llega a la Presidencia: reducir el poder del Gobierno central y transferir mayor autonomía a las regiones. Propuso avanzar en un modelo de regionalización que permita a las regiones ejecutar macroproyectos ambientales, de infraestructura y seguridad. Defendió que las regiones puedan consolidarse como verdaderas entidades territoriales con capacidad de gestión.¿Qué cambiaría del país?El dirigente también señaló uno de los problemas estructurales del país: el sistema de financiamiento de la política. A su juicio, mientras no se reforme la manera en que se financian partidos y campañas, cada Gobierno seguirá llegando con sus propios contratistas, desmontando lo anterior y dejando obras inconclusas o “elefantes blancos”, como lo ha advertido la Contraloría.Sobre gobernabilidad, Galán aseguró que buscaría acuerdos amplios en el Congreso, incluso con sectores ideológicamente distintos. Destacó que durante su paso por el Legislativo logró sacar adelante 17 leyes mediante consensos, entre ellas la ley de enfermedades huérfanas, la regulación del cannabis medicinal y la norma que facilita el acceso gratuito al software lector de pantalla JAWS para personas con discapacidad visual. “Colombia necesita un verdadero acuerdo nacional”, concluyó el precandidato de la Gran Consulta por Colombia.
Este 2026 no ha tenido mucha actividad para Atlético Nacional, pues, hasta ahora, solo ha disputado dos partidos oficiales en dos meses y este 12 de febrero disputará el tercero por la Liga BetPlay frente a Fortaleza por la Liga BetPlay 2026.Pero previo al duelo, a través de sus redes sociales, el club confirmó algo que los hinchas lamentaron inmediatamente ya que en esta fecha tampoco estará disponibles Cristian 'Chicho' Arango, pese a tener el aval para poder debutar con el equipo paisa tras su reciente traspaso desde la MLS.¿Por qué 'Chicho' Arango no estará vs. Fortaleza?De acuerdo con versiones cercanas al club, la razón por la que el delantero no estará frente al cuadro capitalino fue por una decisión netamente técnica y de adaptación a la espera que se encuentre al 100 % para el fin de semana para el duelo contra Deportivo Cali en Palmaseca.En ese orden de ideas, los hinchas verdolagas tendrán que esperar un poco más para ver al delantero en acción. Sin embargo, Alfredo Morelos estaría listo para volver al once titular y seguir ampliando su racha goleadora con la camiseta del cuadro paisa.Los impresionantes números de Cristian ArangoEl fichaje del delantero fue “un golpe sobre la mesa”, según algunos medios y periodistas, por parte del cuadro verdolaga. El paisa ha disputado un total de 378 partidos como profesional con un saldo de 129 goles en clubes como Tondela, Valencia Mestalla, Los Ángeles FC, Pachuca, Real Salt Lake, San Jose Earthqueakes y Millonarios, demostrando su gran capacidad goleadora.“Es algo que se venía gestionando hace unos años con la dirigencia. Era un deseo familiar. Mis padres me inculcaron ser hincha de Nacional y siempre me encantaba ver al club jugar”, dijo en su llegada al cuadro verdolaga, dejando claro que estará dispuesto a dar todo de sí cada vez que vista la camiseta verdolaga.
Ante el anuncio de la Universidad Nacional de estar adecuando un osario en la capilla Cristo Maestro del campus en Bogotá para alojar los restos óseos que serían de Camilo Torres, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó nuevos detalles investigaciones insistiendo en que, por ahora, no están los resultados definitivos.“En este momento continuamos a la espera de los resultados de los últimos análisis para que el equipo forense de la Unidad de Búsqueda pueda emitir el informe integral de identificación y el reporte de lo acaecido”, reiteraron.En esa línea, la Unidad recordó que la investigación en esa entidad inició en 2019 tras la recibir una solicitud formal por parte del sacerdote jesuita Javier Giraldo, cofundador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y uno de los investigadores claves del legado de Camilo Torres.Desde ese momento, tras la recolección de varias pruebas y testimonios, dieron con la localización de un punto en Bucaramanga donde estarían los restos.“El 19 de junio de 2024 se llevó a cabo la recuperación de un cuerpo que, según indicios asociados y morfológicos como edad, sexo biológico, talla, contextura y signos de trauma violento, podría corresponder al sacerdote desaparecido”, agregó la Unidad.Cabe recordar que el padre murió el 15 de febrero de 1966, meses después de haberse sumado al ELN. Esto ocurrió en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander.Desde ese momento, la información que se tenía es que los militares se habían quedado con su cuerpo; sin embargo, a finales del pasado mes de enero luego de un comunicado del ELN, la Unidad de Búsqueda así como Medicina Legal, informaron el hallazgo.Este miércoles, la entidad reveló además que el equipo conformado por investigadores humanitarios, médicos forenses, antropólogos, odontólogos y genetistas, han adelantado múltiples estudios y recuperado pruebas.“Es así como la inspección inicial practicada al cuerpo de Camilo Torres Restrepo, tras su fallecimiento en el año 1966, describe lesiones que coinciden con traumatismos óseos identificados en las estructuras recuperadas por el equipo forense de la Unidad de Búsqueda”, detalló la entidad en un comunicado.Así mismo, la Unidad aseguró que ha cotejado muestras óseas con material genético del cuerpo que sería de Torres con el de otros de sus familiares, también exhumados por la entidad en diciembre del 2024.Para esto han contando con el apoyo de varios laboratorios genéticos, uno de ellos ubicado en Estados Unidos, así como de Medicina Legal.Con estos avances y mientras se esperan los resultados definitivos, la Unidad insistió en que la disposición final de los restos, si se confirma plenamente su identidad, será definida por la persona que solicitó adelantar su búsqueda.“Contar con el informe final integral de identificación es una condición ineludible para avanzar en el proceso de entrega digna y culturalmente pertinente del padre Camilo Torres Restrepo a su buscador, quien según los protocolos de la entidad es la única persona que puede tomar la decisión de la disposición final del cuerpo”, puntualizaron.
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este miércoles, 11 de febrero:El precandidato Juan Manuel Galán habló sobre sus propuestas para aspirar a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.El mensaje de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, tras el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte en el norte de Bogotá.Diosdado Cabello lanzó crítica al presidente Gustavo Petro por las acciones militares contra el narcotráfico en la frontera.Fuertes lluvias en Bogotá generaron problemas en la movilidad.Las pruebas de pretemporada en la Fórmula 1 con las nuevas especificaciones de la FIA.
La fecha 6 de la Liga BetPlay dejó movimientos importantes en la tabla, pero hay un equipo que se mantiene firme en la cima: Internacional de Bogotá. El conjunto capitalino volvió a sumar de a tres y llegó a 13 puntos, consolidándose como líder del campeonato tras seis jornadas disputadas.Inter derrotó 3-2 al Deportivo Cali en un partido vibrante y alcanzó un registro de cuatro victorias, un empate y una derrota. Con 10 goles a favor y 9 en contra, el equipo bogotano mantiene una diferencia de +1, suficiente para sostener el primer lugar por encima de sus perseguidores directos.Pasto también suma 13 unidades (4 triunfos, un empate y una caída), pero es segundo por diferencia de gol. Más atrás aparece Bucaramanga con 10 puntos, tras igualar sin goles frente al Tolima en esta jornada. El conjunto ‘leopardo’ continúa invicto, aunque los empates lo mantienen a tres unidades del liderato.En otros resultados destacados, Medellín venció 3-1 a Cúcuta como visitante, mientras que Millonarios superó 1-0 a Águilas Doradas (con gol de Falcao García), resultado que le permitió llegar a cinco puntos y escalar parcialmente en la clasificación. Llaneros dio el golpe al derrotar 1-0 a Pasto, aunque el cuadro volcánico se sostiene en la parte alta.La zona media de la tabla está apretada: Junior, Tolima y Llaneros rondan los nueve puntos, mientras que América, Deportivo Cali, Once Caldas, Santa Fe y Jaguares se mantienen con siete unidades o menos, en una lucha cerrada por entrar al grupo de los ocho.En la parte baja, la situación es más compleja para Deportivo Pereira (2 puntos), Cúcuta (2), Alianza (2) y Boyacá Chicó (1), que aún no encuentran regularidad en el torneo.La jornada se completará con los compromisos entre Boyacá Chicó y Jaguares, Once Caldas frente a Junior, Atlético Nacional ante Fortaleza y el duelo entre América y Santa Fe. Sin embargo, pase lo que pase en estos encuentros, Inter de Bogotá seguirá una fecha más en lo más alto de la Liga BetPlay, confirmando su buen arranque y perfilándose como uno de los protagonistas del semestre.Tabla de posiciones tras la fecha 6Internacional de Bogotá – 13 ptsPasto – 13 ptsBucaramanga – 10 ptsJunior – 9 ptsTolima – 9 ptsLlaneros – 9 ptsÁguilas Doradas – 8 ptsAmérica – 7 ptsDeportivo Cali – 7 ptsOnce Caldas – 7 ptsSanta Fe – 7 pts Jaguares – 7 ptsFortaleza – 7 ptsAtlético Nacional – 6 ptsMedellín – 5 ptsMillonarios – 5 ptsDeportivo Pereira – 2 ptsCúcuta – 2 ptsAlianza – 2 ptsBoyacá Chicó – 1 pt
Un violento asalto se registró en las últimas horas sobre la vía que comunica a Popayán con Cali, a la altura de la variante del puente peatonal, en el departamento del Cauca. En ese punto, dos vehículos tipo niñeras que transportaban un total de 17 automotores fueron interceptados por un grupo armado y despojados de la carga que movilizaban hacia el sur del país.De acuerdo con la Policía, los camiones cubrían la ruta Cartagena–Pasto (Nariño) cuando fueron abordados por cerca de 15 hombres armados, quienes, mediante amenazas con armas de fuego, obligaron a los conductores a detener la marcha. Aunque los delincuentes se llevaron los vehículos transportados, los tractocamiones no fueron hurtados.Horas después del ataque, los dos camiones fueron ubicados en buen estado, al igual que sus conductores, quienes resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro. Tras el hecho, las autoridades les brindaron acompañamiento mientras avanzan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.Tras conocerse el robo, se activó un operativo especial en el que participaron unidades de la Policía, las Fuerzas Militares, apoyo aéreo y equipos de investigación e inteligencia. Estas acciones permitieron establecer una posible ubicación de los automotores robados en una zona limítrofe entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.El caso es materia de investigación y se desarrolla en un corredor donde las autoridades han advertido la presencia e injerencia de estructuras armadas organizadas, entre ellas el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. En esta región, la fuerza pública mantiene operaciones sostenidas ante el accionar de estos grupos, señalados de múltiples hechos violentos y delictivos.Mientras avanzan las labores de búsqueda y judicialización, las autoridades reiteraron que continuarán los operativos en el suroccidente del país para enfrentar este tipo de acciones criminales que afectan la seguridad vial y el transporte de carga en uno de los principales corredores del país.
Ante los hechos de amenazas y extorsiones contra comerciantes, ganaderos y funcionarios de las alcaldías por parte de grupos armados ilegales, la Gobernación del Huila, en coordinación con las autoridades, adelantó un consejo de seguridad en el que se definieron medidas para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, denunció que presuntas disidencias de las Farc han venido intimidando a la población civil y exigiendo cuotas extorsivas a gremios productivos, campesinos y contratistas de las alcaldías en el norte del departamento.“En estos últimos días se han venido presentando actos extorsivos masivos en la zona norte del departamento contra la población, los comerciantes, los productos del campo y contra los mismos funcionarios que hay en las alcaldías. De estas extorsiones son responsables los grupos armados que operan en la zona”, dijo el gobernador Villalba Mosquera.Por su parte, un habitante de la zona rural de Baraya, quien pidió reserva de su identidad, manifestó su preocupación por las citaciones extorsivas y agregó que también les prohíben a las comunidades transitar en horas de la noche.“Soy de la vereda El Doche. Aquí todos, comerciantes y dueños de fincas, están siendo extorsionados y es imposible vivir así. De noche, después de las seis, no se puede transitar; solo andan ellos y siempre están llamándonos a citas… La extorsión es bastante preocupante. Les hacemos un llamado al señor presidente para que nos ponga cuidado”, narró un campesino de la zona.A su turno, el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, informó que, como parte de los acuerdos establecidos en el consejo de seguridad realizado en el municipio de Baraya, se definieron operativos militares y labores de inteligencia por parte del Gaula Militar y de la Sijín.“Se intensificará la acción de la Fuerza Pública en el territorio con unidades motorizadas que estarán realizando controles, patrullajes y presencia permanente. Vamos a fortalecer la inteligencia con unidades de la SIJÍN, el GAULA, equipos de investigación y, adicionalmente, con capacidades del CEAES, un grupo especial de prevención contra la extorsión, sumado a otras medidas preventivas que ya están en marcha”, concluyó Casallas Rivas.Cabe mencionar que en los municipios del norte del Huila, como Baraya, Tello, Colombia y la zona rural oriental de Neiva, delinque el frente ‘Darío Gutiérrez’ del bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias Calarcá.
El próximo lunes 19 de enero llegarán a Manzanares, en el departamento de Caldas, las cenizas del cantante Yeison Jiménez. Para ese día ya se tiene prevista una serie de actividades en el municipio con el fin de rendirle un homenaje.En un comunicado oficial, el equipo de trabajo del artista informó que a las 10:00 de la mañana se realizará una caravana que partirá desde la vereda La Esmeralda, en el sector conocido como ‘Chochalito’, y recorrerá el trayecto hasta el casco urbano de Manzanares.Al mediodía se celebrará una misa en la iglesia del parque principal, en la que estarán presentes las cenizas del artista. Para la tarde se esperan otras actividades conmemorativas en honor al hijo ilustre de este municipio caldense.Las autoridades del municipio y del departamento ya preparan un estricto operativo para garantizar la seguridad durante las actividades de homenaje, pues se prevé que asistan decenas de jimenistas a darle el último adiós a quien fue, tal vez, el máximo exponente de la música popular.De otro lado, el jueves en la noche llegaron los restos de Jéfferson Osorio, mánager de Yeison Jiménez, quien también perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá.Osorio está siendo velado en la mañana y, posteriormente, al mediodía se oficiará una misa y se llevará a cabo la disposición final de las cenizas.
Hoy se cumple un año desde que estalló la crisis en el Catatumbo tras el recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33. El informe de la Defensoría del Pueblo reconstruye cómo, en medio de los enfrentamientos, el miedo se instaló en la vida cotidiana: el temor a quedar “en medio de las balas, a perder sus vidas”, o a que reclutaran a sus hijos llevó a familias enteras a salir de manera masiva hacia Ocaña, Cúcuta y Tibú, incluso caminando durante días.De acuerdo con el informe, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025, la Unidad para las Víctimas incluyó en el Registro Único de Víctimas a 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado, además de amenazas, confinamiento y abandono o despojo forzado de tierras.Un año después, la crisis es una realidad que sigue empujando a la gente a desplazarse, a vivir bajo amenaza y a tomar decisiones sin garantías. La entidad advierte que, pasada la tensión inicial, muchas familias intentaron retornar para recuperar sus tierras y sus animales, pero varias tuvieron que salir otra vez.“Los catatumberos cuentan que los grupos armados ilegales llegan a sus casas y les dicen que mantengan sus maletas listas porque en cualquier momento les toca volver a salir”, aseguran en el informe.El mismo informe subraya que, aproximadamente, un 27% de la población total del Catatumbo tuvo que desplazarse en el marco de estos enfrentamientos, en un escenario que califica como desplazamiento masivo proscrito por el derecho internacional.Además, deja constancia de que no hay certeza sobre la población que pudo desplazarse hacia Venezuela: para el 24 de enero de 2025, la OIM estimaba 5.789 personas, de las cuales 75% serían de nacionalidad venezolana.El informe recoge denuncias sobre reglas impuestas a la vida cotidiana: restricciones de movilidad, retenes con revisión de celulares y la obligación de “informar” salidas y retornos.“Si usted va a ir a una cita médica, debe mostrarles el papel de la cita, o, por ejemplo, si va a ir a mercar, cuando regrese tiene que mostrarles lo que compró para que ellos miren que realmente si estaba haciendo mercado", relató un labriego para el informe.Además se reportan controles sobre rutas y horarios, y prácticas de inspección de teléfonos que, según el documento, se han intensificado, afectando incluso a funcionarios, organizaciones y representantes de la Iglesia que deben mostrar sus celulares para poder continuar.La Defensoría documenta relatos de familias que, al huir, encontraron después sus bienes en manos de los grupos armados, con prohibición de reclamar lo que antes era suyo."Yo me enteré que mi casa ya estaba habitada por personas cercanas al ELN. Además, supe que usaron mis animales de granja como las gallinas y los cerdos para alimentar las tropas, y me dañaron todos los cultivos que tenía. En total, perdí como 12 millones de pesos de un proyecto productivo que tenía. Ahora estoy endeudado y sin con qué trabajar”, subrayó una lideresa para el informe.En esa misma línea, el informe señala que el ELN ha condicionado el retorno a “filtros impuestos por el grupo armado, lo que compromete el principio de retorno seguro y voluntario”. Y en materia de tierras, consigna que a abril de 2025 la Unidad de Restitución de Tierras había recibido 411 solicitudes para proteger predios abandonados por sus propietarios o tenedores.La Defensoría integra datos que muestran la dimensión del daño a la población civil: en el periodo citado se incluyen 12 niños, niñas y adolescentes reclutados, 20 personas víctimas de tortura y 22 víctimas por minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados.El consolidado reporta 163 homicidios, incluidos 6 firmantes, al menos 3 líderes sociales y 10 menores de 18 años. A esto se suman los impactos sobre mujeres: entre el 16 de enero y el 30 de noviembre de 2025, la Defensoría dice haber conocido 634 casos de violencias basadas en género, con 151 asociados a trata de personas por explotación sexual, matrimonio servil y trabajos forzosos.Los drones y explosivos improvisados aparecen como una amenaza permanente. Con base en datos del Comando General de las Fuerzas Militares, entre abril de 2024 y el 21 de diciembre de 2025 se registraron 394 ataques con drones (275 en 2025), con 2 menores de 18 años y 24 integrantes de la Fuerza Pública muertos, además de 43 civiles heridos y 265 miembros de la Fuerza Pública lesionados.La Defensoría recoge que las comunidades viven con la zozobra de que “en cualquier momento” un dron ataque viviendas o parcelas; incluso relata que, durante una visita humanitaria en septiembre, comunidades dijeron que los drones se escuchaban sobrevolando las aulas o aparecían cerca de las escuelas, al punto de que muchos padres prefieren no enviar a sus hijos por temor a una detonación.En paralelo, el secuestro sigue siendo una práctica de poder y presión. La Comisión Humanitaria informó que participó en 29 liberaciones, desarrolladas en misiones humanitarias, y que en 2025 se logró la libertad de 121 personas; sin embargo, la Defensoría, regional Norte de Santander, reportó que 59 personas permanecían secuestradas. La Unidad para las Víctimas incluyó 108 eventos de secuestro y 162 personas por hechos ocurridos entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025; el informe agrega que, según datos de la Defensoría, al menos 180 personas habrían estado secuestradas en el Catatumbo durante 2025.El negocio de la coca, con ganancias “exorbitantes”, es descrito como motor de la confrontación. En el informe se cita que, según fuentes de inteligencia militar, ese negocio puede dejar cerca de 10.000 millones de pesos al año. En esa línea, el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, adviertió que “para acabar la guerra debemos acabar primero que todo con el combustible de la guerra. Y el combustible de la guerra son los cultivos ilícitos”. A esto se suma el dato de UNODC-SIMCI (2025), citado en el informe, según el cual el Catatumbo pasó de 42.043 hectáreas sembradas con coca en 2022 a 43.867 en 2023; y que Tibú concentra el 52% del total regional, con 23.029 hectáreas.En medio de esa economía, la Defensoría registra que las comunidades describen extorsiones a comerciantes, cobros por pasos irregulares y mecanismos de control como “carnetización” o exigencias simbólicas, además de presiones sobre obras comunitarias.Además advierte indicios de llegada de nuevos actores armados a la confrontación, como Autodefensas de la Sierra Nevada y el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), en un territorio estratégico por su frontera porosa con Venezuela y los corredores hacia el Magdalena Medio y la Costa Atlántica.Las consecuencias también se han sentido fuera de los límites rurales. El informe señala que Cúcuta, además de recibir desplazados, enfrenta disputas de estructuras armadas y normas impuestas en barrios: fronteras invisibles, restricciones de movilidad y riesgos de reclutamiento, especialmente en el área urbana. Y en el propio Catatumbo, el documento resalta impactos sobre pueblos indígenas como los Barí, cuyo confinamiento y riesgo de enfrentamientos han alterado su vida y su seguridad alimentaria.Sin embargo, el informe es enfático en señalar que, para las comunidades, la respuesta del Estado ha sido insuficiente. Los habitantes del Catatumbo denuncian que, pese a los anuncios y a la declaratoria del estado de conmoción interior a comienzos de 2025, las promesas no se tradujeron en cambios reales en el territorio. Relatan que la presencia institucional fue temporal y que, una vez se retiró la fuerza pública, las condiciones de inseguridad y abandono persistieron.La Defensoría recoge el descontento de líderes y comunidades que aseguran que el problema no fue la declaratoria de la conmoción interior, sino que las medidas anunciadas “se quedaron en promesas” y con el paso del tiempo “se diluyeron, volviendo al estado de abandono estatal en el que han estado sumidos por décadas”.A ello se sumó la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los decretos que permitían la financiación de proyectos estratégicos, lo que, según el informe, anuló las posibilidades materiales del Gobierno para concretar las intervenciones prometidas.El informe también advierte sobre las dificultades estructurales que enfrenta cualquier intento de transformación del territorio. El propio Gobierno nacional reconoció, al establecer medidas para financiar las necesidades de seguridad y sociales durante la conmoción interior, que no existen recursos suficientes para cubrir los proyectos que requiere la región.A esto se suman las condiciones de seguridad, que obstaculizan el desarrollo de obras y programas, pues los actores armados limitan el acceso al territorio o imponen cobros a contratistas para permitir el ingreso.Pese a este panorama, el informe señala que los habitantes del Catatumbo no han renunciado a su deseo de vivir en un territorio en paz. Las comunidades insisten en que los actores armados participen en las negociaciones y le demandan al Estado el cumplimiento efectivo de los acuerdos que se puedan alcanzar en esos escenarios.Otro reclamo recurrente es la necesidad de contar con medios de vida alternativos a la economía de la coca, así como avances reales en la construcción y mantenimiento de vías en condiciones óptimas que les permitan comunicarse entre municipios y con los centros urbanos, y sacar sus productos de manera segura.En materia de derechos, las comunidades insisten en la urgencia de garantizar el acceso a salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y crédito, como condiciones mínimas para permanecer en el territorio.Los afectados reclaman una respuesta estatal imparcial, especialmente por parte de las instituciones encargadas de la protección y la atención a víctimas. Finalmente, demandan atención psicosocial para enfrentar el miedo, la zozobra y el profundo malestar que ha dejado esta crisis.A pocos meses de concluir el mandato del Gobierno nacional, el Catatumbo continúa a la espera de que los proyectos anunciados se materialicen y se implementen conforme a las circunstancias del territorio.
Entre un 10 % y un 13 % incrementaron los precios de los cuatro peajes que administra la concesionaria Pacífico Tres, corredor vial que comunica a Manizales y Pereira con Medellín.El porcentaje de alza varía según la estación de peaje y la categoría vehicular. Por ejemplo, en el peaje de Acapulco, para vehículos livianos (categoría I), la tarifa pasó de $15.800 a $17.600, lo que representa un incremento del 11,4 %.El peaje más costoso de los cuatro es el de Guaico. En 2025 la tarifa para categoría I era de $22.600 y para 2026 quedó en $25.300, es decir, un aumento cercano al 12 %.Estas nuevas tarifas empezaron a regir desde las 6:00 a. m. de hoy viernes 15 de enero.Nuevas tarifas de los peajes de la concesión Pacífico TresPeaje AcapulcoCategoría I: $17.600Categorías II, III y IV: $21.500Categoría V: $51.700Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.700Peaje GuaicoCategoría I: $25.300Categorías II, III y IV: $31.500Categoría V: $74.100Categoría VI: $93.500Categoría VII: $107.600Peaje IrraCategoría I: $17.600Categorías II, III y IV: $21.700Categoría V: $51.600Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.600Peaje SupíaCategoría I: $17.500Categorías II, III y IV: $21.800Categoría V: $51.700Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.700Desde la concesión recuerdan que los usuarios de este corredor vial tienen derecho a servicios como ambulancia, carro taller, grúa, inspección vial, postes SOS, áreas de descanso y zonas de alimentación, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Estos servicios cuentan con cobertura incluso si el usuario aún no ha pasado por alguno de los peajes.
Entre 2023 y 2024 el reclutamiento aumentó un 64 %. De acuerdo con el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de Coalico durante 2025 se han verificado 292 eventos de conflicto armado que implicaron afectaciones directas a más de 379.000 niñas, niños y adolescentes en el país.Además, entre 2019 y 2024 más de 1.200 menores fueron sacados de sus hogares y colegios para ser utilizados en la guerra.El reclutamiento ya no ocurre únicamente en zonas rurales. La práctica se ha transformado y hoy también se traslada a redes sociales como TikTok y Facebook, que se han convertido en canales de captación.“En general vemos un aumento de más del 300% entre 2024 y 2025 y específicamente por las nuevas modalidades que hoy utilizan todos los grupos. Se han detectado más de 675 cuentas que tienen incluso alcances en algunos casos de 4,5 visualizaciones en donde los niños son manipulados con falsas expectativas a través de cirugías, oportunidades económicas y que luego terminan encontrándose con una trampa”, asegura Felipe Cortés, director de incidencia de Save the Children.La directora del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, hizo un llamado directo a los grupos armados para devuelvan a los más de 700 niños, que según señala, aún permanecen en sus filas.“A los frentes de Alberto Ramos, a Jaime Martínez, a los que todavía continúan en el conflicto armado con base en unos criterios de comercio ilegal también, que entreguen los niños, o sea, hacemos el llamado no solo para que nos recluten, que es el llamado de toda la manada, como lo hemos llamado, cuando la manada se une, la guerra se detiene, sino para que nos devuelvan los que tienen”.Luz Amanda Guzmán, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá asegura que el riesgo no es solo en las zonas rurales. Está problemática no es ajena a la capital del país.“Bogotá tiene en su sistema alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, tiene alertadas las localidades de Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar, pero también zonas céntricas como Los Mártires y Santa Fe. Entonces, toda nuestra actividad distrital se concentra en priorizar estos puntos y brindar toda la oferta, reflexión, pero también las rutas de atención a niños y niñas para que conozcan que esto es un delito”, aseguró.Distintas organizaciones advierten que, aunque hay acciones del Gobierno, no han sido suficientes.“El gobierno, ha hecho sus esfuerzos para contribuir, pero vemos que es un flagelo que sigue afectando a los niños y a las niñas. Entonces, debemos seguir uniendo fuerzas, seguir trabajando, llegar a esos sitios más distantes en la ruralidad, que es donde más se ven afectados”, subraya Fedra Rubio, gerente de advocacy de World Vision Colombia.Desde el Gobierno nacional, Lourdes Castro, consejera presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, reconoce que permitir que los niños sigan en la guerra es perpetuar el conflicto.“Una sociedad que no logre y un Estado trabajando en conjunto que no logremos arrebatar a nuestros niños, niñas y adolescentes de las dinámicas de violencia y de conflicto armado, seguiremos perpetuando el conflicto y no lograremos ese tránsito a la paz que anhelamos todos y todas las colombianas. Por eso hoy tenemos que decir duro, a voz en cuello, desde todos los rincones del país, alto hay nunca más niños y niñas reclutados en Colombia.Las manos pintadas de rojo que hoy se levantaron en el centro de Bogotá representan la urgencia de frenar una realidad que sigue arrebatándole la infancia a cientos de menores en distintas regiones del país.
Según el más reciente reporte del conflicto con el ELN, las acciones violentas atribuidas al grupo armado ilegal alcanzaron 471 eventos, un aumento del 86% frente a 2024 y el mayor nivel desde 2001. El incremento no solo se refleja en el número de hechos, sino en su intensidad y en el impacto: al menos 221 personas murieron en eventos con participación directa del ELN, lo que representa un aumento del 70% frente al año anterior.EL informe asegura que la violencia del ELN ha venido creciendo de manera constante desde 2022, interrumpida por el cese al fuego bilateral que estuvo vigente entre el 3 de agosto de 2023 y el 3 de agosto de 2024. Durante ese periodo se registró una reducción temporal tanto de acciones violentas como de combates. Sin embargo, tras la terminación del cese, la actividad armada se disparó.Del total de acciones violentas registradas en 2025, 348 correspondieron a hechos sin intercambio de fuego, como atentados, instalación de explosivos o amenazas, lo que representa un aumento del 94% frente a 2024. En paralelo, los combates con participación del ELN crecieron 89%, al pasar de 74 enfrentamientos en 2024 a 139 en 2025, la cifra más alta desde 2007.El analisis señala que, aunque una gran parte de las acciones del grupo armado ilegal se dirigen contra la fuerza pública, mantiene enfrentamientos simultáneos con múltiples grupos armados ilegales en las zonas donde opera.La violencia se concentró principalmente en Arauca, la región del Catatumbo en Norte de Santander, el oriente del Chocó, el Bajo Cauca antioqueño y el norte y centro del Cauca.“En todas las zonas donde hace presencia violenta, el ELN mantiene disputas violentas con otros grupos armados: con el Clan del Golfo en Antioquia y Chocó; y con los grupos armados organizados frente 33, frente 18, frente 36, frente décimo, frente 28, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, en Arauca, Cauca, Norte de Santander y Nariño”.Sin embargo, el informe también advierte una expansión hacia municipios del sur de Antioquia, oriente de Santander, sur de Cesar y La Guajira, suroeste de Nariño y norte de Boyacá, territorios donde no se había registrado actividad violenta del grupo en 2024.De las 221 muertes registradas en 2025, 91 más que en 2024, cuando se reportaron 130, 61 corresponden a civiles, 60 a integrantes de la fuerza pública, 51 a miembros de otros grupos armados y 49 a integrantes del propio ELN.“Las muertes de civiles en 2025 casi triplicaron las registradas en 2024; las muertes de integrantes de la fuerza pública aumentaron en más de dos veces y las muertes de integrantes del ELN casi se duplicaron frente al año anterior”.Diciembre: uno de los meses más críticosBuena parte de la actividad violenta se concentró en los primeros meses del año, especialmente por la disputa del ELN con el frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo. Sin embargo, diciembre se convirtió en uno de los meses más duros del año.Solo en ese mes se registraron 46 acciones violentas atribuidas al grupo, que dejaron 11 integrantes de la fuerza pública y dos civiles muertos, además de decenas de heridos y dos secuestros.Entre el 14 y el 17 de diciembre, tras un comunicado en el que el ELN anunció un “paro armado” de 72 horas, el grupo ejecutó al menos 40 acciones violentas en distintos departamentos del país. En 22 de esos eventos instaló artefactos explosivos, ocho de los cuales detonaron.Durante esos tres días murió un civil, dos policías y siete soldados del Ejército. Además, se reportaron múltiples heridos y un secuestro. También se instalaron banderas y grafitis alusivos al grupo en al menos 13 municipios.En paralelo, durante diciembre se registraron cinco operaciones de la fuerza pública contra el ELN sin uso de la fuerza, que dejaron ocho integrantes del ELN capturados.Ese mismo mes se reportaron además 14 acciones violentas no atribuidas a ningún grupo armado, pero ocurridas en municipios con reciente presencia violenta del ELN. En 10 de esos eventos hubo víctimas: cuatro personas murieron, tres en un homicidio colectivo,, 18 resultaron heridas y nueve fueron secuestradas. Aunque estos hechos se redujeron frente a noviembre, reflejan la persistencia de la violencia en los territorios donde opera esa guerrilla.
Información de inteligencia de las Fuerzas Militares advierte que estructuras guerrilleras estarían reforzándose en el Catatumbo para quedarse con el control de rutas del narcotráfico hacia la frontera con Venezuela. Esta situación podría aumentar los enfrentamientos con disidencias de las Farc y ataques contra la fuerza pública.El caso fue dado a conocer por el alto consejero de paz, Luis Fernando Niño.“La Fuerza Pública sigue manteniendo un control territorial en toda la frontera del departamento Norte de Santander, precisamente, por informaciones que han venido circulando sobre la posibilidad de un reforzamiento de estructuras al margen de la ley en el Norte de Santander. En este caso, en algún momento se habló que por la frontera con Venezuela, y ahora tenemos esta información de parte de las autoridades por el Magdalena Medio”, explicó.El funcionario indicó que, desde los espacios de diálogo, se busca evitar una escalada violenta en la región.“Lo que estamos tratando de evitar desde las mesas que aún quedan en diálogo, en el caso de la estructura del Frente 33 de las Farc, y de la gestoría de paz del ELN, es que haya un cese al fuego de manera inmediata en el territorio y que, en vez de reforzarse, lo que estemos es planteando la posibilidad de no atacar a la población civil, de disminuir las acciones de ataque y por supuesto de poder mirar cómo podemos avanzar en una salida pacífica al conflicto. Se acaba de decir algo muy importante, población civil”, agregó.Las alertas se concentran en municipios como El Carmen, Tibú y El Tarra, donde estarían llegando integrantes de estos grupos armados y donde ya se registran hechos violentos. Las autoridades mantienen operativos para contener la situación y proteger a la población civil.
Un cargamento de 60.100 detonadores comunes número 8 fue incautado por la Policía en el departamento de Caldas, en medio de operativos contra estructuras dedicadas a la minería ilegal y otras economías ilícitas.El procedimiento se llevó a cabo en la vía Tres Puertas – Puente La Libertad, en jurisdicción de Manizales, donde uniformados que realizaban labores de control y verificación detectaron el transporte irregular del material explosivo. Según las autoridades, los detonadores pretendían ser utilizados y comercializados para actividades ilegales en distintos municipios de la región.De acuerdo con la información oficial, el cargamento está avaluado en aproximadamente 3.000 millones de pesos y representaba un insumo clave para operaciones de explotación ilícita de yacimientos mineros, una actividad que además de ilegal genera graves afectaciones ambientales y riesgos para la seguridad de las comunidades.El coronel Jair Alonso Parra Archila señaló que “estos 60.100 detonadores incautados representan una afectación contundente a las finanzas y a la capacidad operativa de las estructuras criminales. Seguimos trabajando con firmeza para proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los colombianos”.Las autoridades indicaron que este tipo de elementos constituye una amenaza directa para la seguridad ciudadana, debido a su posible uso en acciones criminales. Con esta incautación, aseguran, se golpea de manera significativa la logística y las finanzas de las bandas que se lucran de la minería ilegal en el país.La Policía anunció que mantendrá controles estrictos en las principales vías para evitar el transporte y comercialización de material explosivo sin los permisos requeridos, mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar el destino final del cargamento.
El presidente Gustavo Petro ha oficializado la designación del abogado y académico Jorge Iván Cuervo como el nuevo ministro de Justicia, poniendo fin a cuatro meses de interinidad en la cartera. Cuervo se convierte así en el quinto ministro en ocupar este cargo en menos de cuatro años de administración. Un perfil académico para una cartera en "turbulenciaA pesar de la alta rotación en el ministerio, que ha pasado por las manos de Néstor Osuna, Ángela María Buitrago, Eduardo Montealegre (en calidad de asesor de agenda) y Andrés Idárraga (encargado), el nuevo ministro asegura que existe una continuidad institucional mayor a la esperada. Cuervo, abogado de la Universidad Externado con más de 20 años de experiencia en el estudio de políticas públicas de justicia, llega con la premisa de ser un "articulador" técnico más que una figura política."Mi nombramiento es del presidente. No le debo mi nombramiento a ningún político ni a ninguna persona dentro del gobierno", enfatizó Cuervo, quien se define como un hombre de ideas liberales y progresistas. Ante los rumores de divisiones internas en la Casa de Nariño, el funcionario fue claro en señalar que no llega a tomar partido por ningún bando, sino a trabajar para que el sector justicia culmine con éxito el periodo presidencial."Yo llego con una agenda, puede sonar a cliché, una agenda técnica, es decir, una agenda de alguien que es un académico que lleva estudiando los temas de la justicia durante 20 años", dijo el nuevo ministro de Justicia. Con solo seis meses por delante, la hoja de ruta de Cuervo se centra en dar cierre a procesos iniciados por sus antecesores. Sus prioridades incluyen: plan nacional de política criminal, plan decenal de justicia (2028-2038, descongestión judicial, extradiciones y política carcelaria.En materia de seguridad y relaciones internacionales, el ministro confirmó que la línea de extradición no ha cambiado. Según cifras citadas por el funcionario, este gobierno ha concretado más de 814 extradiciones."La línea de política no ha cambiado. Las extradiciones siguen dándose. Este gobierno es el gobierno que más extradiciones ha concretado", dijo. Finalmente, respecto a la crisis carcelaria, Cuervo se mostró abierto a explorar alianzas público-privadas (APP) para la administración de centros de reclusión, especialmente para perfiles de baja peligrosidad o mujeres cabeza de familia, diferenciando este modelo de una "privatización radical". "Hay que perderle el miedo a esos escenarios que podrían ser eficientes y garantistas de los derechos", concluyó.Escuche la entrevista:
En un encendido discurso en Ibagué, el precandidato presidencial y exministro Juan Carlos Pinzón lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro, utilizando un tono irónico y un lenguaje que generó inmediata controversia en el escenario político nacional.Durante su intervención pública, Pinzón se refirió al mandatario como un “H* honorable presidente”, una expresión que repitió varias veces para cuestionar lo que calificó como un manejo irresponsable de las finanzas públicas.“El honorable presidente es todo un h*, como dicen por ahí. Es un honorable presidente, honorable presidente. Yo por eso reitero lo que estoy diciendo, pero la verdad es que vive metiendo la mano al bolsillo de los colombianos”, afirmó el exministro ante los asistentes.Pinzón centró sus críticas en el incremento de la contratación estatal y el gasto público durante el actual Gobierno. Aseguró que, según cifras de la Contraloría, en enero se firmaron contratos por 14 billones de pesos que, en su opinión, tendrían fines políticos y no responderían a las necesidades del país.“Firmó en el mes de enero 14 billones de pesos, cuenta la Contraloría, para hacer política, no para ayudar a Colombia. Y cuando se presenta una tragedia como esa, entonces no tiene con qué, solo rabia y solo cuentos”, señaló.El precandidato también cuestionó la capacidad administrativa del Ejecutivo y advirtió sobre lo que considera improvisación en el manejo del Estado. “El país no puede seguir manejado de esta manera. Esto es manejar las finanzas públicas a las patadas, a través de la ignorancia”, expresó.En otro aparte de su discurso, lanzó una crítica más amplia al panorama electoral y a quienes aspiran a dirigir el país. "Me aterra que aún hoy haya candidatos que en su vida han manejado siquiera la cuenta corriente de su casa y van a querer manejar el país. Olvídenlo, el país no se puede dar el lujo de improvisar”, afirmó.Finalmente, cuestionó la declaratoria de una eventual emergencia económica y sugirió que podría obedecer más a problemas de gestión que a soluciones estructurales. “Me duele mucho que se inventen una emergencia económica de último momento. La pregunta es si realmente responde a unas soluciones o al desgreño administrativo y gerencial que hemos tenido en estos años”, concluyó.Las declaraciones de Pinzón provocaron reacciones inmediatas en distintos sectores políticos, tanto por el tono utilizado como por el trasfondo del debate sobre el gasto público, la contratación estatal y la conducción económica del país en medio de un clima preelectoral cada vez más polarizado.
La Registraduría anunció la activación de un plan de contingencia electoral para Córdoba de cara a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Desde la entidad explicaron que, pese a la emergencia por el invierno, se va a garantizar la instalación de 595 puestos y 4.320 mesas de votación en el departamento.“Primero, debemos solidarizarnos con todas las personas de Córdoba y Sucre, quienes atraviesan una situación muy difícil por la situación climática. En segundo lugar, para el caso de Córdoba, nosotros ya contamos con un plan de contingencia. Ya tenemos ubicados cada uno de los puestos de votación que hay en la ribera del río Sinú y los demás lugares que están anegados. Estamos encontrando los lugares donde pudieran trasladarse eventualmente esos puestos de votación, para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía”, aseguró el registrador Hernán Penagos.En el mismo sentido, la entidad adelanta un plan gratuito para entregar documentos de identidad a los damnificados y que de esta manera no sean vulnerados sus derechos políticos, ya que el documento es indispensable para poder ejercer el derecho al voto.“Tenemos dificultades muy grandes que debemos superar, por ejemplo, algunos colegios que están inundados y otros ocupados como albergues por personas damnificadas, espacios que no se pueden utilizar para instalar puestos y mesas de votación. Estamos mapeando esos lugares y siguiendo el comportamiento del invierno para encontrar posibilidades tras el desbordamiento del río Sinú”, agregó Penagos.
En un operativo las autoridades de Colombia y Estados Unidos desmantelaron una fábrica de falsificación de moneda que operaba en una vivienda del departamento de Boyacá. La acción dejó como resultado la incautación de más de un millón de dólares en billetes falsos y la captura en flagrancia de un hombre señalado de operar el centro de producción.La investigación, que se extendió durante varios meses, permitió ubicar el inmueble donde se imprimían billetes de 50 y 20 dólares destinados al mercado ilegal. El allanamiento fue ejecutado por el CTI de la Fiscalía, con el apoyo de autoridades de Estados Unidos, la Policía y el Gaula Militar del Ejército.Durante el procedimiento fueron hallados exactamente 1.123.600 dólares falsificados, cuyo valor en el mercado negro superaría los 4.272 millones de pesos colombianos. Según las autoridades, el dinero estaba listo para ser distribuido.En el lugar también se incautó maquinaria especializada utilizada para la fabricación del papel moneda, entre ella impresoras de alta tecnología, tintas especiales, planchas de impresión y papel diseñado para imitar las características de seguridad del dólar estadounidense.Una fuente vinculada a la investigación señaló “esta operación representa un golpe a la cadena de suministro de dinero falsificado que afecta negativamente la estabilidad financiera no solo a nivel nacional, sino también internacional, ya que gran parte de esta moneda falsa termina en el exterior”.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía y será procesado por el delito de falsificación de moneda nacional o extranjera. Las autoridades avanzan ahora en el rastreo de la red de distribución y no descartan que esta estructura tenga vínculos con organizaciones de crimen organizado transnacional.
A 24 días de los comicios en los que los colombianos y colombianas elegirán a los próximos congresistas y participarán en las consultas interpartidistas para escoger a tres aspirantes presidenciales para la primera vuelta del 31 de mayo, no se conoce el documento público y oficial de la Fiscalía General de la Nación con la estrategia para prevenir, intervenir y judicializar la realización de delitos electorales y combatir la criminalidad electoral en el país.La historia es así: la ley 1864 de 2017, que establece las disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática, señala en un parágrafo de su artículo 17 que, cuatro meses antes de las elecciones, tanto la Fiscalía como la Policía Nacional deben presentar ante la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales el plan de atención, seguimiento y prevención de la criminalidad electoral.Este documento público contiene la estrategia integral y coordinada entre estas dos autoridades para proteger los certámenes electorales y garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de manera libre, tranquila y segura.Este instrumento permite a las autoridades prevenir, investigar y judicializar los 16 delitos electorales tipificados en la ley (tales como el constreñimiento y fraude al sufragante, tráfico de votos, financiación con fuentes prohibidas, violación de topes, entre otros), utilizando herramientas como mapas de riesgo para identificar y priorizar las zonas del país más vulnerables a la corrupción, el fraude o la violencia.El mapa de riesgo tiene en cuenta factores de fraude o violencia en los municipios y puestos de votación, tales como amenazas de corrupción, atipicidad en las inscripciones de cédulas, presencia de actores armados ilegales, minería ilegal y cultivos ilícitos, violencia contra dirigentes políticos, fraude electoral y denuncias en la plataforma URIEL.Incluso en los documentos establecidos para los comicios anteriores (elecciones nacionales 2022 y elecciones regionales 2023), se estableció el número de fiscales, agentes del CTI, asistentes de fiscales, y funcionarios disponibles para la jornada electoral; se determinó la coordinación interna entre seccionales de la Fiscalía, la dirección anticorrupción, la de seguridad ciudadana y el CTI; se establecía el plan de capacitación, campañas de prevención del delito; y hasta los canales de atención permanente como la línea 112 y la plataforma URIEL. Su propósito fundamental es fortalecer la transparencia de los comicios y la confianza en la democracia, asegurando una reacción inmediata ante cualquier irregularidad antes, durante y después de la jornada de votación.Sin embargo, según pudo establecer BLU Radio, a la fecha no se conoce el documento estratégico de la cabeza de la política criminal, tanto para las elecciones del 8 de marzo, como para las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta previstas para el 31 de mayo y el 21 de junio de 2026.A diferencia de la Fiscalía, el pasado 5 de diciembre, la Policía Nacional presentó su estrategia basada en ocho componentes que abarcan inteligencia, ciberdefensa, protección a candidatos y logística electoral. El plan incluye herramientas como el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E), que mediante 36 variables construye el Mapa de Prevención y Seguridad Electoral para priorizar 1.122 territorios; el equipo ECODE para judicializar delitos en coordinación con la Fiscalía; el Centro Cibernético Policial con monitoreo 24/7 contra la desinformación; redes de apoyo ciudadano con más de 416.000 integrantes y el “Plan Diamante” para la seguridad de aspirantes, todo supervisado a través del sistema SIPDE con mapas GIS que permiten seguimiento y reacción en tiempo real.BLU Radio consultó con el fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl Humberto González Flechas, así como la directora Especializada contra la Corrupción, Madeleyne Pérez Ojeda, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, fuentes al interior de la entidad aseguran que el plan ya fue socializado por la fiscal General, Luz Adriana Camargo, con el Registrador Nacional, Hernán Penagos; y se están trabajando en mesas con las diferentes entidades e instituciones, para articular las acciones de prevención de delitos electorales; sin embargo el tiempo apremia.Cabe resaltar que este instrumento es indispensable para que las entidades del orden nacional puedan articularse con el ente acusador con el fin de dar respuestas efectivas contra la criminalidad; pero también el mapa de riesgos electorales se hace indispensable para tener certeza de la información junto con los mapas presentados por la MOE, la Policía y otras autoridades.
Las autoridades encendieron las alertas frente a una modalidad de falsificación que combina conocimientos técnicos y procesos químicos para transformar billetes extranjeros devaluados en dólares falsos.De acuerdo con información conocida en medio de una investigación, las redes criminales estarían adquiriendo grandes cantidades de moneda extranjera de bajo valor en el mercado internacional. El objetivo no es ponerla en circulación, sino utilizar el papel moneda original como base para la falsificación.Según explica el mayor Cristian Guevara, jefe del grupo contra la falsificación de moneda de la Dijin de la Policía, los delincuentes someten esos billetes a un proceso químico que elimina las tintas y elementos gráficos originales, dejando el papel prácticamente en blanco, pero conservando sus características físicas, como textura y composición de fibras.En algunos casos, incluso, se ha detectado la participación de personas con conocimientos en química, incluidos estudiantes, quienes aplican procedimientos técnicos específicos para lograr el “lavado” del billete sin deteriorar el material base.“Ellos adquieren monedas devaluadas de otros países en grandes cantidades. Lo que hacen es, mediante un proceso químico, inclusive hay personas con conocimientos de química, algunos estudiantes, donde utilizan un proceso ya establecido para ello, lavan la moneda extranjera, el billete extranjero, adquieren el papel moneda y sobre este imprimen las diferentes denominaciones de dólares”, dijo el mayor.Una vez obtenido el papel limpio, los falsificadores imprimen sobre este las diferentes denominaciones del dólar estadounidense. Posteriormente, ajustan el tamaño del billete utilizando cortadoras industriales, ya que las dimensiones del papel extranjero pueden variar frente a las medidas oficiales del dólar. El corte se realiza con precisión para que coincida exactamente con la denominación que desean replicar.Las autoridades continúan investigando el alcance de esta modalidad, que representa un reto adicional en la lucha contra la falsificación de moneda, debido a que el papel utilizado no es convencional, sino que proviene de billetes auténticos emitidos por otros países.