En una operación conjunta y coordinada entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, las fuerzas militares de Colombia ejecutaron un golpe contundente contra las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo. Este operativo marca un hito en la política de defensa actual, siendo el primer bombardeo directo contra este grupo guerrillero en los últimos cinco años y el primero durante el mandato del presidente Gustavo Petro.Inteligencia y planificación de precisiónLa operación, descrita por el general Hugo López, en Mañanas Blu, como fruto de una "inteligencia dominante", no fue un evento fortuito. El campamento objetivo venía siendo monitoreado meticulosamente desde hace aproximadamente un mes y medio. Durante este tiempo, se combinaron labores de inteligencia técnica y humana, complementadas con la observación constante de aviones de reconocimiento especializados que permitieron fijar el blanco de manera exacta.A pesar de la coincidencia temporal con encuentros diplomáticos internacionales, el alto mando militar enfatizó que se trató de una operación planificada detalladamente y ejecutada el pasado 4 de febrero a la medianoche. La decisión final para la aplicación de la fuerza aérea sobre este objetivo estratégico fue autorizada directamente por el presidente de la República.Golpes a la estructura del Frente de Guerra NororientalEl objetivo primordial del ataque fue una estructura del Frente de Guerra Nororiental, compuesta por entre 50 y 60 integrantes que delinquían en la vereda Arangalia. Como resultado del bombardeo y los combates posteriores en tierra, se confirmó la muerte de siete combatientes, entre ellos alias 'Chucky', segundo cabecilla del denominado Batallón de Frontera. Además, se logró la captura de un sujeto conocido como alias 'Elías'.En el lugar, las tropas hallaron un arsenal significativo que incluía 15 fusiles, armas cortas, abundante munición y más de 200 granadas acondicionadas para ser lanzadas desde drones. Un hallazgo que llamó la atención de las autoridades fue un equipo tecnológico de origen europeo diseñado para bloquear señales de drones, el cual está siendo analizado por el CTI para determinar su procedencia y especificaciones técnicas.Ante las preocupaciones sobre la presencia de menores de edad en el campamento, el general López aseguró que la operación se planeó bajo estrictos protocolos del Derecho Internacional Humanitario para evitar afectaciones a la población civil. Aunque se reconoce que el ELN realiza reclutamiento forzoso de menores, los dictámenes preliminares de Medicina Legal no han reportado menores de edad entre los fallecidos hasta el momento.Finalmente, las fuerzas militares confirmaron que, aunque este operativo no tenía como blanco a alias 'Pablito', máximo cabecilla del ELN, las labores de inteligencia para dar con su paradero continúan de manera intensa. Se sospecha que este cabecilla podría encontrarse en territorio venezolano, por lo que se mantienen desplegadas más de 12,000 tropas en la zona fronteriza del Catatumbo para asegurar la soberanía nacional.Escuche aquí la entrevista:
2:30 de la tarde. La hora exacta en la que el silencio clínico de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Federico Lleras Acosta, sede Francia, fue quebrado por el sonido del miedo.Un hombre ingresó abruptamente al área más sensible del centro asistencial. En su mano, un cuchillo. Frente a él, personal médico, auxiliares de enfermería y recién nacidos luchando por vivir. En segundos, la UCI neonatal se convirtió en escenario de pánico.Según confirmó la institución, el agresor, padre del recién nacido, amenazó de muerte al personal de salud, violando de forma grave la misión médica. Bajo intimidación, logró sustraer al bebé, desatando una emergencia de alto riesgo dentro y fuera del hospital.Mientras algunos funcionarios intentaban proteger a los demás pacientes, otros resultaron lesionados física y emocionalmente. Uno de ellos estuvo a punto de ser atacado directamente con el arma blanca.La huida fue corta. Gracias a la activación inmediata de los protocolos de seguridad y a la reacción conjunta con la Policía Nacional, el hombre fue capturado a pocas cuadras del hospital.Minutos después, el alivio: el bebé fue recuperado sano y salvoActualmente, el menor permanece bajo estricta vigilancia médica especializada, con exámenes de rigor para garantizar que el violento episodio no haya comprometido su estado de salud. Por su parte, el presunto responsable quedó a disposición de la autoridad judicial y enfrentará un proceso por secuestro, violencia intrafamiliar, lesiones personales, agresión a la misión médica y tentativa de homicidio, entre otros delitos que podrían derivarse de la investigación.En un pronunciamiento contundente, la gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, Martha Palacios Uribe, rechazó de manera categórica lo ocurrido y lanzó un llamado urgente a la comunidad:“Hoy se puso en riesgo la vida de nuestros funcionarios, del personal de seguridad y del equipo de salud que día a día trabaja por salvaguardar la vida. La UCI neonatal es un área fundamental y lo ocurrido es un hecho extraordinario y profundamente lamentable. Rechazamos cualquier acto de violencia o agresión contra la misión médica”, afirmó.Palacios confirmó que el hospital ya inició las acciones legales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, así como las notificaciones a las entidades competentes para el restablecimiento de los derechos del menor y de los trabajadores afectados, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).“Hoy garantizamos la atención integral del neonato y el acompañamiento a nuestros funcionarios, quienes no solo fueron agredidos físicamente, sino también emocionalmente”, agregó la gerente.El Hospital Federico Lleras Acosta reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de los pacientes y el respeto absoluto por la misión médica, tras un episodio que dejó al descubierto la vulnerabilidad incluso de los espacios destinados a salvar vidas.
El vuelo LA4051 de LATAM, que cubría la ruta Bogotá-Cali, tuvo que regresar al aeropuerto El Dorado tras reportar humo en una turbina y fuertes vibraciones poco después del despegue. Los pasajeros vivieron momentos de pánico al percibir un intenso olor a quemado y tirones en la aeronave, lo que obligó a la tripulación a retornar de inmediato a la capital.Susto en vuelo de LATAM Bogotá CaliDe acuerdo con los reportes de los ocupantes, la situación se tornó crítica durante la fase de ascenso. La presencia de humo y los movimientos bruscos del avión generaron alarma en la cabina. Ante la contingencia, los pilotos activaron los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de las personas a bordo.La aerolínea confirmó el incidente mediante un comunicado oficial, explicando que "se identificó una indicación anormal en uno de los sistemas del avión". Ante esta señal, la tripulación tomó la decisión técnica de regresar a la base. Para agilizar el procedimiento, se solicitó prioridad al control de tránsito aéreo, logrando un aterrizaje sin novedades adicionales.Respuesta de LATAMTras el aterrizaje en El Dorado, el equipo de mantenimiento inició la inspección técnica de la aeronave para determinar el origen exacto de la falla. LATAM Airlines Colombia informó que el sistema afectado está bajo revisión exhaustiva para evitar futuros riesgos operativos.Respecto a los viajeros afectados por el retraso y el incidente, la compañía aseguró su traslado hacia la capital del Valle del Cauca. "Los pasajeros fueron reacomodados en otro vuelo con destino a la ciudad de Cali que saldrá a las 10:00 p.m. del Aeropuerto El Dorado de Bogotá", puntualizó la aerolínea.
Iván Cepeda calificó como arbitraria, contraria a derecho y antidemocrática la decisión del Consejo Nacional Electoral de no permitir su inscripción a la consulta de la izquierda Frente por la vida.“Viola los derechos no solamente del candidato, en este caso mis derechos como dirigente político, sino también los del Partido Político Pacto Histórico, y los derechos de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025”, dijo Cepeda.Cepeda insistió en que la consulta el año pasado fue interna del Polo y, por lo tanto, no estaría inhabilitado para participar en un proceso similar. En esa medida, reiteran la postura de retirarse del proceso y seguir en la contienda a la primera vuelta.“El Pacto Histórico lo dijo ayer, nos retiramos de la consulta del 8 de marzo, yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta, y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores, como no pueden derrotarnos en el debate político democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas”, aseveró Cepeda.El senador y precandidato también cuestionó las recientes decisiones del CNE en contra de las listas del Pacto a la Cámara de Representantes en regiones como Valle del Cauca y Bogotá, entre otras.Roy Barreras pide mantener la consulta de la izquierda el 8 de marzoPor su parte, Roy Barreras, quien también está en la contienda de la consulta de la izquierda, aseguró que la decisión del CNE es un atentado a la democracia y cuestionó la imparcialidad de uno de los conjueces involucrados.Sin embargo, su posición fue la de mantener la consulta e invitar a que participen mujeres.“Les envío esta comunicación con una propuesta clara, lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del frente por la vida con nuevos protagonistas, con mujeres progresistas auténticas de izquierda, con otros dirigentes de izquierda que, por ejemplo, conmigo están y que quieren participar como un exconstituyente, y otros que saben que el progresismo es un proyecto histórico colectivo y no es un proyecto individual, no es el proyecto de Iván o de Roy o de nadie”, detalló Barreras.Con esto, el exembajador de Colombia ante el Reino Unido aseguró que no habrá fracturas en los compromisos ya tomados.“Para tranquilidad de todos, sí haremos acuerdo político. El nueve de marzo, a las 7:00 de la mañana, una vez que derrotemos a la derecha, nos ponemos de acuerdo y nos unimos, y llegaremos juntos a la primera vuelta, no estaremos divididos en la primera vuelta, la unidad es la victoria”, puntualizó.Pero esa estabilidad parece ya estar fragmentada, pues a la par de estas decisiones y reacciones, el exgobernador Camilo Romero, otro de los integrantes de la consulta, escribió: “Roy Barreras NO representa el progresismo”.
El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se refirió a la desinformación que se presenta durante las jornadas electorales, advirtiendo que esto polariza a la sociedad y perjudica a los adversarios políticos. Sin embargo, Ibáñez también señala que esto puede limitar la participación de los votantes y llevar a que se ponga en duda el resultado de las elecciones, lo que erosiona la democracia.“Por eso, las elecciones son periodos especialmente críticos desde el punto de vista informativo y el Estado, en consecuencia, tiene el deber de proteger de manera simultánea la libertad de expresión y la integridad del proceso electoral”, dijo el magistrado Jorge Enrique Ibáñez durante el Gran Foro Colombia 2026.Además, hizo un llamado a los partidos políticos, asegurando que tienen la responsabilidad de aceptar el ejercicio democrático y de respetar a la oposición; también le hizo un llamado al sector privado y a la ciudadanía en general.“La democracia constitucional requiere una participación en la cual todos los ciudadanos estén educados para la democracia. No basta con votar, hay que saber votar, hay que saber deliberar, hay que saber escuchar, hay que saber exigir razones, hay que saber criticar sin destruir, hay que saber diferenciar entre la legítima inconformidad y el llamado a romper el marco constitucional. Hay que saber defender las instituciones”, agregó Ibáñez.
La influencia política y retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contribuido a un deterioro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, donde varios gobiernos han cometido abusos contra migrantes y ciudadanos propios, o han utilizado las políticas de Washington como justificación para reforzar prácticas represivas, advirtió Human Rights Watch (HRW).En su Informe Mundial 2026, la organización señala que, durante el primer año del nuevo mandato de Trump, algunos países de la región violaron los derechos de personas extranjeras a instancias directas de la administración estadounidense, mientras que otros profundizaron políticas de seguridad basadas en detenciones masivas, militarización y uso excesivo de la fuerza.“El impacto de la administración Trump ha sido indudablemente negativo en América Latina y el Caribe”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, quien subrayó que, pese a ello, los gobiernos de la región siguen siendo responsables de defender la democracia y los derechos fundamentales, independientemente de quién gobierne en Washington.El informe destacó que Estados Unidos recortó de manera significativa la ayuda exterior destinada a organizaciones de derechos humanos y medios independientes, mientras que países como El Salvador, Perú y Ecuador aprobaron leyes que permiten el cierre arbitrario de organizaciones civiles y medios de comunicación, debilitando los contrapesos democráticos.HRW también criticó lo que considera una doble vara de la política exterior estadounidense, que ha condenado reiteradamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero ha ignorado abusos graves en países aliados como El Salvador, Ecuador y Perú.El documento alertó además sobre el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela a inicios de 2026, que, según la organización, podría fortalecer al gobierno represivo venezolano y responder a intereses políticos y comerciales de Washington.HRW instó a los gobiernos latinoamericanos a oponerse a los ataques marítimos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que han causado la muerte de más de 120 personas, lo que podría constituir ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional.En el ámbito migratorio, el informe documentó abusos generalizados contra personas deportadas desde Estados Unidos, mientras que Panamá y Costa Rica detuvieron arbitrariamente a ciudadanos de terceros países.El Salvador sometió a venezolanos deportados a desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, y la República Dominicana intensificó la deportación de haitianos hacia contextos de alto riesgo, en posible violación del derecho internacional.Crimen organizado, una amenazaLa expansión del crimen organizado es identificada como una de las principales amenazas a los derechos humanos en la región. El caso más extremo es Haití, donde grupos criminales controlan el 90 % de Puerto Príncipe.En países como Brasil, México, Colombia y Ecuador, las respuestas estatales han incluido operativos letales, ampliación de facultades de inteligencia y suspensión prolongada de derechos fundamentalesEn México, HRW señala que el Gobierno ha combinado el fortalecimiento de la inteligencia con medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la ampliación de la prisión preventiva obligatoria. En Brasil, una redada policial en Río de Janeiro dejó 122 personas muertas, mientras que en Colombia, durante la implementación de la estrategia de “paz total”, grupos armados ampliaron su control territorial.Pese al panorama adverso, HRW subraya que periodistas y organizaciones de derechos humanos siguen siendo un bastión clave para la defensa de la democracia, aunque operan en un entorno cada vez más hostil. La organización llamó a los gobiernos de la región a respaldar su labor, en lugar de criminalizarla o restringirla.
El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, confirmó en segunda instancia la condena a 27 años y 7 meses de prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de 11 años en el municipio de Sogamoso. Con esta decisión, quedó en firme la sentencia por el delito de desaparición forzada agravada.Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron en la madrugada del 25 de diciembre de 2024, cuando, luego de una discusión familiar, la niña salió de su vivienda y no regresó. Ante su ausencia, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda, mientras avanzaban las labores investigativas para establecer su paradero.De acuerdo con el material probatorio recaudado por la Fiscalía, la investigación permitió establecer que un familiar de la menor se encontró con ella en el sector conocido como Vanegas, en Sogamoso. En ese lugar, el hombre la abordó y la trasladó en una motocicleta hasta la vereda El Ciral, una zona rural del municipio.El hoy condenado, un hombre de 24 años, fue requerido inicialmente por las autoridades de Policía Judicial que adelantaban la búsqueda de la menor. En ese momento, negó haberla visto o haber tenido contacto con ella. Sin embargo, el avance de la investigación permitió contrastar esa versión con otros elementos probatorios que lo ubicaron como la última persona que estuvo con la niña antes de su desaparición.Días después, en enero de 2025, el cuerpo de la menor fue hallado en una zona boscosa cercana a la vereda El Ciral, lugar hasta donde, según la Fiscalía, había sido llevada por el ahora sentenciado. Este hallazgo marcó un punto clave en el proceso judicial y permitió a las autoridades robustecer la imputación en su contra.En febrero de 2025, el hombre aceptó su responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada, reconocimiento que dio lugar a una condena en primera instancia. Esa sentencia fue ahora ratificada por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, al considerar que la decisión se ajustó a derecho y que la valoración probatoria realizada por el juez de conocimiento fue adecuada.De manera paralela, la Fiscalía informó que avanza un proceso adicional contra el condenado por el delito de feminicidio agravado, imputación que fue formulada en su momento y que el procesado no aceptó. Este nuevo frente judicial continúa en trámite y se encuentra pendiente de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
Siguen las reacciones tras la reunión y recorrido técnico del IDRD con Sencia en el Estadio El Campín de Bogotá, tras las quejas por el rotado de la grama. En las últimas horas se conoció la posición de la Dimayor, máxima cabeza del fútbol colombiano, confirmando que los equipos bogotanos como Millonarios, Inter de Bogotá, Fortaleza y Santa Fe no van a jugar en el estadio, priorizando la salud y el bienestar de los jugadores.Precisamente, este último, Santa Fe, emitió una comunicación confirmando que se acogen a la decisión de la Dimayor para no jugar en el estadio de Bogotá; por ende, el partido entre Santa Fe y Nacional, programado para el próximo día 7 de febrero, no se jugará en la capital.“Nos preocupa el impacto que esta situación pueda tener en la competencia internacional, especialmente frente a los conceptos emitidos por la Conmebol, los cuales deben ser tenidos en cuenta para garantizar las condiciones adecuadas para el fútbol colombiano”, concluye el comunicado.Entre tanto, una de las decisiones y compromisos que adoptaron entre el IDRD y Sencia es no hacer conciertos hasta el 27 de febrero y darle un respiro a la cancha, pero, asimismo, realizar labores de mantenimiento y cuidado de la gramilla.
El representante legal del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, lanzó este martes una propuesta que podría cambiar el rumbo de la izquierda de cara a las elecciones de 2026: suspender la consulta interpartidista prevista para el próximo 8 de marzo y avanzar en un acuerdo político directo entre los sectores progresistas, si se mantiene la exclusión de Iván Cepeda de ese mecanismo.En entrevista en Mñanas Blu con Néstor Morales, Becerra aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaría adoptando decisiones que, en su criterio, no solo afectan al Pacto Histórico, sino que “ponen en riesgo derechos fundamentales de participación política y, en general, la democracia en Colombia”.Según explicó, el principal detonante de la propuesta es la posibilidad de que el CNE no habilite a Cepeda para competir en la consulta del llamado Frente por la Vida, lo que, a juicio del dirigente, constituye un “golpe” contra una candidatura que, de acuerdo con encuestas internas, va liderando entre los sectores alternativos.“Si no se nos permite participar, le proponemos a los demás integrantes que no haya consulta y que vayamos a un acuerdo político para ganar en primera vuelta”, afirmó Becerra, al señalar que ya ha habido pronunciamientos de figuras como Juan Fernando Cristo y Roy Barreras frente a esa alternativa.El dirigente también cuestionó otras decisiones del CNE relacionadas con las coaliciones del Pacto Histórico en departamentos como Valle del Cauca, San Andrés y Caldas. Según dijo, el organismo estaría desconociendo precedentes del Consejo de Estado y aplicando de manera desigual la norma que limita al 15 % la votación previa de las coaliciones.“Aquí no se trata solo del Pacto Histórico. Dejar por fuera a una fuerza política con respaldo ciudadano es un atentado contra la democracia”, señaló Becerra, quien recordó que su colectividad tuvo que acudir a acciones judiciales para poder inscribir listas en procesos anteriores, debido —según él— a dilaciones administrativas del propio CNE.En el caso puntual de la consulta de marzo, el representante fue enfático en que está en juego no solo la suerte de una candidatura, sino el derecho de millones de ciudadanos que participaron en mecanismos previos para definir liderazgos dentro del sector alternativo. “Estamos hablando de más de 2,7 millones de personas que están siendo irrespetadas por decisiones que se toman desde los escritorios”, afirmó.Becerra explicó que la propuesta consiste en reemplazar la consulta por un acuerdo político amplio, que permita llegar a una candidatura única desde la primera vuelta presidencial, evitando así un escenario de fragmentación en la izquierda. “No es una adhesión automática, es un acuerdo alrededor de lo que muestran las encuestas y de la necesidad de un proyecto común”, precisó.Mientras se conocen las decisiones finales del Consejo Nacional Electoral en los próximos días, el Pacto Histórico insiste en que, si se mantiene la exclusión de Cepeda, la consulta del 8 de marzo perdería sentido político y democrático.
Una emergencia aérea se registra este miércoles 28 de enero en el departamento de Norte de Santander, luego de que se confirmara la desaparición de una aeronave Beechcraft 1900 de la aerolínea Satena, cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.De acuerdo con la información oficial, el avión, identificado con matrícula HK-4709, había despegado del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:40 de la mañana y tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12:05 del mediodía. Sin embargo, el contacto con la aeronave se perdió minutos antes de su llegada.En un comunicado, Satena confirmó que a bordo del vuelo viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes, y que el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 a. m.“El vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. del día de hoy”, indicó la aerolínea en su pronunciamiento oficial.Según el reporte preliminar, el avión se perdió en una zona montañosa entre Ocaña y Cúcuta, un sector de difícil acceso en el nororiente del país, donde se concentran las labores de búsqueda.Ante la situación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana activó de inmediato un operativo de búsqueda y rescate, desplegando un helicóptero desde la base de Palanquero, con el fin de rastrear el área donde se perdió el rastro del vuelo.Satena informó además que se activaron todos los protocolos de emergencia en coordinación con la Aeronáutica Civil y los organismos de socorro, y habilitó una línea telefónica para brindar información a los familiares de los ocupantes.“Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, señaló la compañía en su comunicado.Las autoridades continúan con las operaciones de búsqueda mientras se espera un nuevo reporte oficial sobre el paradero del avión y el estado de las personas que viajaban a bordo.
La incertidumbre reina en el departamento de Norte de Santander tras confirmarse la pérdida de contacto con una aeronave que cumplía rutas comerciales para la aerolínea Satena. La aeronave, que debía aterrizar en el mediodía de este miércoles, ha activado todas las alarmas de los organismos de socorro y las autoridades aeronáuticas del país.De acuerdo con los reportes oficiales, la aeronave —con capacidad para 15 pasajeros— perdió comunicación con los centros de control de tráfico aéreo poco antes de su llegada prevista al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, la cual estaba programada para las 12:10 p. m.El último registro de los radares ubicó al avión en una zona geográfica compleja, comprendida entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en el corazón de la región del Catatumbo. Ante la desaparición, la aerolínea Satena procedió de inmediato a la cancelación de los trayectos subsiguientes que el aparato debía cubrir hacia Cúcuta y Tibú.Este es el avión de Satena que desapareció en Norte de SantanderSegún la información técnica recolectada, el avión en el que se movilizaban 15 personas, 13 pasajeros y 2 tripulantes, se identifica con la matrícula HK4709.La aeronave es de la empresa Searca (vuelos privados y comerciales) bajo servicios para Satena y es un modelo Beechcraft 1900. El vuelo cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, pero nunca llegó a su destino.Detalles de la desaparición del avión de SatenaSatena informó a la opinión pública que el vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 de la mañana de este 28 de enero.La aeronave había despegado a las 11:42 a. m. y tenía previsto aterrizar alrededor de las 12:05 p. m., según detalló la aerolínea en su comunicado oficial.Pronunciamiento oficial de SatenaTras perder contacto, Satena activó de inmediato todos los recursos disponibles para adelantar las labores de búsqueda y localización de la aeronave.Estas acciones se desarrollan en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, entidades encargadas de coordinar y apoyar las operaciones técnicas correspondientes.Adicionalmente, la aerolínea habilitó la línea telefónica (601) 919 3333 para brindar información oficial a los familiares de las personas que se encontraban a bordo. Satena reiteró que cualquier novedad será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.
Una emergencia aérea se registró este miércoles 28 de enero de 2026 en el noreste del país, luego de que se confirmara la desaparición de una aeronave de la aerolínea estatal Satena, en la que se movilizaban 15 personas.El avión se perdió en una zona montañosa ubicada entre Ocaña y la capital de Norte de Santander, según el último registro de la plataforma de seguimiento aéreo. La aeronave volaba a una altitud aproximada de 7.900 pies y se desplazaba con rumbo oeste cuando desapareció del radar. Preliminarmente se conoció que al avión le faltaban entre 7 - 8 minutos de vuelo para llegar a Ocaña, exactamente 20 millas.De acuerdo con el plan de vuelo, la aeronave debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras a las 12:10 del mediodía, lo que no ocurrió, motivo por el cual se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate.Según información preliminar, los radares ubicaron por última vez el avión en la región del Catatumbo, en un sector comprendido entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, una zona de difícil acceso. Hasta ese punto se desplazaron unidades de la Fuerza Aérea Colombiana y del Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico, que adelantan labores para establecer el paradero del avión y de sus ocupantes.Entre tanto, en el municipio de Ocaña, el alcalde Emilio Cañizares Plata lidera una mesa de crisis junto a las autoridades locales y directivos del aeropuerto, con el fin de coordinar la atención de la emergencia y mantener comunicación con los organismos nacionales.Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los pasajeros ni las causas de la pérdida de comunicación, a la espera de información oficial conforme avancen las labores de búsqueda.
Una situación de emergencia aérea se vive en el departamento de Norte de Santander tras confirmarse la desaparición de un avión Beechcraft 1900 de la aerolínea Satena. La aeronave, identificada con la matrícula HK-4709, realizaba el trayecto entre Cúcuta y Ocaña tras haber cumplido una ruta inicial desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Según el reporte oficial actualizado, a bordo del aparato viajan 15 personas: 13 pasajeros y 2 tripulantes.El vuelo despegó de la capital nortesantandereana a las 11:40 a. m. y tenía programado su aterrizaje en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12:05 p. m. Sin embargo, el contacto se perdió minutos antes de su llegada. Ante la gravedad de los hechos, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) desplegó un helicóptero de búsqueda desde la base militar de Palanquero para sobrevolar la zona del Catatumbo, donde se registró el último rastro del radar.La desaparición movilizó de inmediato al Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC), que ya coordina esfuerzos con las autoridades locales de Ocaña y el concesionario del aeropuerto en Medellín. Según fuentes de la empresa Searca, propietaria de la aeronave que opera bajo la modalidad de alquiler para Satena, se están verificando las coordenadas exactas entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén.Detalles técnicos de la aeronave desaparecidaEl Beechcraft 1900 es un avión bimotor turbohélice de alto desempeño, diseñado para operar en geografías difíciles como la colombiana. Estas son sus especificaciones principales:Capacidad: hasta 19 pasajeros (en este vuelo viajaban 13).Velocidad: 440 kilómetros por hora (240 nudos).Alcance: cabina presurizada capaz de volar hasta los 25,000 pies de altura.Autonomía: hasta 6 horas y 30 minutos de vuelo continuo.Ante la pérdida de comunicación, la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil informó que se encuentra en la etapa de recolección de información técnica y operativa. "Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU (Puesto de Mando Unificado)", señaló la entidad a través de sus canales oficiales, enfatizando que trabajarán de la mano con el Ministerio de Transporte para coordinar la respuesta.¿Qué tipos de aviones tiene Satena?La flota actual de la compañía se consolida con 19 unidades: diez ATR 42, cinco ATR 72, dos Embraer ERJ 145 y dos Twin Otter. Esta infraestructura se complementa, como en el caso del vuelo desaparecido, con servicios de terceros para cubrir otras rutas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este miércoles a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, el ofrecimiento de un diálogo para tratar los problemas comunes, entre ellos el narcotráfico y la guerra arancelaria en la que están inmersos los dos países."Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos", dijo Petro dirigiéndose a Noboa, con quien coincidió hoy en Panamá en la apertura del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF, que reúne a ocho mandatarios de la región con el objetivo de buscar nuevos caminos para su inserción en el escenario global.El pasado 21 de enero, Noboa anunció que a partir del 1 de febrero Ecuador aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.Según Petro, la guerra contra las drogas "no ha servido para detener el narcotráfico", que en su opinión, "crece, crece y crece, y no es regional, presidente Noboa, es mundial y universal"."La cocaína que compran de Colombia en la frontera venezolana o en la frontera ecuatoriana o en otros lugares no es de mafias colombianas, los compradores, ni siquiera podría decir que es de mafia latinoamericanas, es una multinacional internacional", agregó.En ese negocio ilícito "hay latinos, hay albaneses, hay franceses, hay suecos, hay alemanes, españoles, hay norteamericanos, hay mexicanos y hay estadounidenses", señaló Petro, quien subrayó que "el camino" en esa lucha "es la integración policial"."Es un enemigo más poderoso que solo podemos combatir si juntamos inteligencia", manifestó.Lucha fronterizaEl presidente agregó que entre Colombia y Ecuador hay "una de las grandes fronteras de la droga" y por eso "hay que construir necesariamente integración policial y no solamente es ecuatoriana y colombiana que ya la tenemos, sino abrirla, para poder ser eficaces relativamente, aunque hay discusiones al respecto".Tras el anuncio ecuatoriano de los aranceles, el Gobierno colombiano apeló al principio de reciprocidad e impuso una sobretasa del 30 % a más de 50 productos ecuatorianos, lista que será ampliada próximamente, además de suspender las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.Ecuador retrucó el lunes con una nueva medida, la subida de tres a 30 dólares de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).El pasado sábado Petro manifestó por primera vez su disposición a reunirse con Noboa para hablar de la lucha conjunta contra el narcotráfico, que fue la manzana de la discordia con Ecuador."Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos", dijo Petro en su cuenta de X.La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo ayer que se le propuso a Ecuador una reunión de Petro y Noboa hoy en Panamá, pero que no ha habían recibido una respuesta a esa solicitud.En la agenda de Petro en Ciudad de Panamá hoy figuran tres reuniones bilaterales pero con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.
Un frente frío atípico registrado en plena temporada seca ha generado múltiples emergencias por lluvias en diferentes zonas del país. De acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a la fecha se han reportado 256 eventos en 172 municipios, con un balance preliminar de más de 27.000 familias afectadas. Los departamentos con mayor número de damnificados son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño.Entre los eventos más recurrentes se encuentran movimientos en masa, inundaciones y crecientes súbitas, los cuales han impactado viviendas, comunidades e infraestructura vial. Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordina la respuesta en articulación con entidades como el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Defensa Civil, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Cruz Roja Colombiana.En los territorios más afectados se mantiene el despliegue de equipos técnicos, asistencia humanitaria y capacidades operativas, incluyendo pelotones de rescate, embarcaciones y aeronaves de reconocimiento, según las necesidades de cada región. En Córdoba, uno de los departamentos con mayores afectaciones, se ha acompañado a las autoridades locales en la instalación de alojamientos temporales y la entrega de kits humanitarios.Asimismo, se han asignado puentes militares para restablecer la conectividad vial en sectores de Antioquia, Córdoba, Magdalena y La Guajira. De manera paralela, se activaron operaciones de búsqueda y rescate en municipios como Necoclí, con apoyo aéreo.La UNGRD reiteró que, conforme a la Ley 1523 de 2012, los entes territoriales son los primeros responsables de la atención de emergencias, mientras que el nivel nacional actúa de forma complementaria cuando las capacidades locales son superadas. Las autoridades hicieron un llamado a las comunidades a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
Los principales gremios económicos del país reaccionaron a la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Gustavo Petro, realizada en la Casa Blanca, luego de un año marcado por tensiones diplomáticas y cruces públicos entre ambos mandatarios.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, calificó el encuentro como constructivo y positivo, señalando que el mayor valor de la reunión no fue un anuncio puntual, sino la recuperación de un marco de confianza y previsibilidad en la relación bilateral.“Colombia y Estados Unidos comparten una agenda amplia, con desafíos complejos, pero también con oportunidades concretas que requieren coordinación constante. Este encuentro puede ser el punto de partida de una agenda de resultados basada en la confianza operativa y en la capacidad de ejecutar. Ese espíritu debe extenderse a los demás pilares de la relación: comercio, inversión, migración, turismo y cooperación, con un objetivo claro: que la relación bilateral produzca resultados medibles para los ciudadanos de ambos países”, indicó.Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destacó la importancia de mantener una relación diplomática seria y consistente entre Colombia y Estados Unidos, teniendo en cuenta que el comercio bilateral supera los 30 mil millones de dólares y genera empleo para miles de colombianos.“Es de inmensa importancia para la relación entre Estados Unidos y Colombia que exista una buena relación entre los presidentes y los gobiernos. De manera que yo diría que lo que ha sucedido el día de hoy va en el camino correcto de cómo se tienen que manejar las relaciones entre nuestros dos países y es lo que efectivamente las empresas colombianas, los ciudadanos colombianos, los trabajadores colombianos y las familias colombianas esperan de la relación entre los dos gobiernos”, aseguró.En contraste, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, reconoció que la reunión contribuyó a desescalar la tensión entre ambos gobiernos, pero aseguró que no se evidenciaron avances significativos. Cuestionó, además, lo que calificó como una falta de resultados concretos y advirtió sobre la necesidad de replantear la estrategia diplomática de Colombia frente a Estados Unidos de cara al futuro. “Avances significativos no hubo y, ante todo, lo que uno interpreta fue un sometimiento total de Petro y su gobierno a los intereses e intenciones de los Estados Unidos”, criticó.La reunión entre los presidentes Petro y Trump se llevó a cabo a puerta cerrada y, al término del encuentro, ambos mandatarios expresaron una impresión positiva. Sin embargo, para los gremios, el verdadero impacto del acercamiento dependerá de que se traduzca en resultados concretos para la economía y la relación bilateral.
La situación conocida por Blu Radio asegura que trabajadores del Ministerio de Trabajo denuncian presuntas irregularidades en el concurso de méritos que adelanta la entidad para proveer cargos, en su mayoría de inspectores de trabajo, un proceso que se inició en 2024.Según la denuncia, un grupo de funcionarios que actualmente se encuentran en provisionalidad interpuso acciones legales al considerar que el concurso habría presentado fallas desde su inicio, entre ellas la modificación de manuales de funciones a pocas semanas de su realización, pese a que la normativa vigente prohíbe cambios en los seis meses previos.De acuerdo con Jorge Uribe Quintero, inspector de Trabajo y Seguridad Social y presidente de la subdirectiva Norte de Santander del sindicato Sinaltraempros, estas modificaciones vulnerarían la Circular 100, además de principios de transparencia y planeación.“Se modificaron los manuales de funciones incluso días antes del concurso, vulnerando la circular que regula estos procesos”, aseguró Uribe.Es por esto que, ante las presuntas irregularidades, los trabajadores interpusieron una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado y una acción popular ante el Tribunal de Cundinamarca, solicitando además una medida cautelar para suspender el concurso mientras se resolvía el fondo del caso.No obstante, según Uribe Quintero, el Consejo de Estado tardó catorce meses en pronunciarse sobre la medida cautelar y finalmente decidió no suspender el proceso, lo que generó preocupación entre los trabajadores.“El Consejo de Estado se demoró catorce meses en decidir y no suspendió el concurso”, afirmó el vocero sindical.La principal preocupación de los sindicatos es que las listas de elegibles, cuya publicación está prevista para febrero, se conozcan antes de que exista un fallo definitivo, lo que podría dejar sin efectos prácticos la decisión judicial. Según la denuncia, esta situación pondría en riesgo la estabilidad laboral de más de 1.300 trabajadores, algunos de ellos con más de diez y hasta quince años de servicio, incluidos funcionarios en retén social y próximos a pensionarse.Por ello, las organizaciones sindicales hicieron un llamado a los entes de control y a las autoridades competentes para que revisen el caso y eviten lo que califican como una posible afectación masiva de derechos laborales dentro del Ministerio de Trabajo.¿Qué responde el Ministerio?Desde Blu Radio nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo y aseguraron que en este momento se encuentran realizando las verificaciones correspondientes sobre la denuncia.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Videos en poder de la inteligencia militar evidencian cómo el ELN avanza violentamente para copar territorios controlados por las disidencias de las Farc en zonas estratégicas del Catatumbo, en medio de la confrontación armada que se mantiene en esa región del país.Las grabaciones, realizadas por los propios integrantes del ELN, muestran a hombres fuertemente armados con fusiles ingresando a sectores donde, según los reportes de inteligencia, hacía presencia la estructura al mando de alias ‘Calarcá’. En uno de los videos se observa el avance armado casa por casa, mientras los criminales celebran la retirada forzada del grupo rival.El material fue obtenido tras la captura de un integrante del ELN en Cúcuta, a quien se le incautó un teléfono celular con los registros audiovisuales. En las imágenes se escuchan frases que evidencian la crudeza del enfrentamiento y la intención de ocupar el territorio: los criminales relatan cómo hallan chalecos abandonados, armas dejadas atrás y restos de campamentos, señal de una huida precipitada tras los combates.En un segundo video se escuchan gritos y arengas durante un enfrentamiento directo con otra estructura criminal, mientras los insurgentes coordinan ataques, celebran impactos y ordenan lanzar cargas explosivas, confirmando la intensidad de la confrontación entre ambos grupos ilegales.De acuerdo con inteligencia militar, estas acciones hacen parte de una estrategia del ELN para consolidar control territorial, debilitar a las disidencias y asegurar corredores estratégicos para el tráfico de armas, droga y movilidad armada, profundizando la crisis de seguridad que afecta a la población civil en esta región de Norte de Santander.Las autoridades advierten que esta guerra entre estructuras ilegales mantiene en alto riesgo a las comunidades del Catatumbo, donde el control armado se disputa a sangre y fuego, sin consideración por la vida ni la tranquilidad de los habitantes.
En medio de las emergencias que se han venido presentando en el Huila como consecuencia de las lluvias, la delegación departamental de Bomberos expresó su preocupación al señalar que, en lo corrido del 2026, la mayoría de las alcaldías no han firmado los convenios para la prestación de los servicios con los respectivos cuerpos bomberiles.El capitán Edinson Fernández, comandante de Bomberos Voluntarios del Huila, indicó a Blu Radio que, a la fecha, solo 13 municipios han suscrito los contratos para garantizar los servicios ante cualquier eventualidad que se llegue a presentar.“Como delegación departamental de Bomberos nos encontramos muy preocupados porque en estos momentos solo 13 municipios han suscrito los convenios con las alcaldías, municipios como Palermo, Rivera, Teruel, Neiva, Isnos, Pitalito, Hobo, Yaguará, Aipe, La Plata, Timaná y El Pital. Son 23 municipios donde lastimosamente los alcaldes no están garantizando la prestación de los servicios situación que los hace muy vulnerables ante todas las emergencias que se han presentado en el Huila”, explicó el capitán Fernández.Agregó el capitán Fernández que los demás cuerpos de Bomberos están funcionando a media marcha y con esfuerzos atendiendo emergencias producto de las fuertes lluvias que no cesan en el Huila."El municipio de Elías es la única población donde las administraciones no han hecho el deber y la gestión de crear un cuerpo de Bomberos y lo importante que se requiere el organismo de socorro en un municipio, por eso hago el llamado a los alcaldes del Huila a que prioricen recursos para este tipo de convenios con los cuerpos de Bomberos”, anotó.Reporte de emergencias en HuilaA propósito de las lluvias, la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento informó que, a la fecha, hay un reporte de 26 municipios que registran 97 emergencias por deslizamientos de tierra, crecientes súbitas de ríos y quebradas, vías colapsadas, inundaciones y 22 viviendas urbanas y rurales averiadas.La más reciente emergencia se registró en el sector de Los Altares sobre la Ruta 45 en la vía Neiva – Garzón, donde se presenta paso restringido por caída de rocas y tierra, sin embargo, personal de la Concesionaria Ruta al Sur continúa trabajando para recuperar la movilidad.No obstante, ante la apertura de las compuertas de la hidroeléctrica de Betania, se mantienen los monitoreos aguas abajo del río Magdalena principalmente en los municipios de Hobo, Palermo, Rivera, Neiva, Aipe y Villavieja, donde existen comunidades ribereñas dedicadas a la ganadería, a la agricultura y a la pesca artesanal.
El alto tribunal tumbó la Resolución 0803 del 24 de septiembre de 2012, con la que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales había otorgado licencia ambiental al proyecto de perforación exploratoria APE Magallanes de Ecopetrol, en jurisdicción de los departamentos de Arauca y Norte de Santander.Esto, tras una demanda presentada por la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, que alegó que el permiso se concedió sin realizar un proceso de consulta previa con esta comunidad indígena, pese a que el proyecto podía afectar directamente su territorio ancestral y su forma de vida.En un fallo de 79 páginas, al que este medio tuvo acceso, el Consejo de Estado señaló que la expedición de la licencia desconoció el derecho fundamental a la participación y al consentimiento informado de los pueblos étnicos.Según el análisis del alto tribunal, las medidas compensatorias y los estudios de impacto ambiental que sustentaron el proyecto fueron elaborados sin un diálogo real con la comunidad U’wa, lo que vicia de ilegalidad el acto administrativo.Aunque Ecopetrol, empresa interesada en el proyecto, sostuvo que el área de influencia del APE Magallanes no se superponía con el resguardo indígena, el Consejo de Estado consideró que la cercanía geográfica y los posibles impactos sociales y ambientales obligaban a realizar el proceso de consulta, conforme a los estándares nacionales e internacionales.
Las Fuerzas Militares ejecutan desde la madrugada de este martes el primer bombardeo del añoen la región del Catatumbo, en el marco de una operación de alta precisión dirigida contra en ELN y la estructura 33 de las disidencias de las Farc, con presencia histórica en esta zona de Norte de Santander.La ofensiva es adelantada de manera conjunta y coordinada por el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, con el empleo de capacidades diferenciales que incluyen bombardeos aéreos y maniobras ofensivas en tierra, con el objetivo de debilitar los corredores armados y logísticos del ELN.De acuerdo con los reportes preliminares desde el área de operaciones, siete presuntos integrantes del ELN fueron neutralizados y uno más capturado durante acciones desarrolladas en jurisdicción de los municipios de El Tarra y Tibú, donde tropas de la Segunda División y la División de Aviación Asalto Aéreo avanzan en labores de consolidación y control territorial.Le puede interesar: ”A mi papá la guerrilla le dijo que lo dejara de buscar”: hermana de menor muerto en bombardeoLas autoridades informaron que, durante la operación, se logró la incautación de abundante material de guerra, entre el que se encuentran armas largas y cortas, munición de diferentes calibres y artefactos explosivos improvisados. Asimismo, fueron destruidos drones y granadas adaptadas para ser lanzadas desde aeronaves no tripuladas, evidenciando la capacidad ofensiva que venía desarrollando esta estructura armada ilegal.El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares señalaron que la operación se ejecuta bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario y con estricto respeto por los Derechos Humanos, priorizando la protección de la población civil que por años ha sido afectada por las confrontaciones y acciones violentas del ELN en esta región del país.Mientras continúan las operaciones militares, unidades en terreno permanecen desplegadas ejecutando maniobras ofensivas y de estabilización, con el objetivo de consolidar la zona y evitar el reagrupamiento de los criminales del ELN, considerada una de las más activas en el Catatumbo.
Una persona llega a visitar a un amigo en su conjunto residencial, recorre varias veces el lugar en busca de dónde estacionar y no encuentra ni un solo espacio disponible. Finalmente, se da cuenta de que varios vehículos llevan horas, e incluso días, ocupando los parqueaderos destinados para visitantes. No se trata de visitas, sino de residentes que los usan como una solución fija.Esta escena, tan común en muchos conjuntos, ha sido denunciada en varias ocasiones, pues no solo es una mala práctica, también va en contra de las normas, aunque muchos propietarios no lo sepan.Norma que muchos desconocen sobre los parqueaderos de visitantesLa norma está en la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en Colombia, y fue aclarada recientemente por el Ministerio de Vivienda a través de un concepto técnico sobre la administración de los bienes comunes.Según esta ley, los conjuntos residenciales cuentan con bienes comunes, es decir, espacios que pertenecen a todos los copropietarios y están pensados para garantizar el funcionamiento, la seguridad y el disfrute de las viviendas. Dentro de estos bienes comunes, la norma indica algunas distinciones:Bienes comunes esenciales, como el terreno, la estructura del edificio, los cimientos o las zonas necesarias para la estabilidad y existencia del conjunto.Bienes comunes no esenciales, como salones comunales, zonas recreativas y parqueaderos, que pueden tener reglas específicas de uso, pero sin perder su carácter colectivo.En este punto es donde entran los parqueaderos. El Ministerio de Vivienda manifestó que los parqueaderos destinados a visitantes son bienes comunes de uso general.Eso significa que no pueden asignarse para uso exclusivo de un propietario, ni de manera informal ni mediante decisiones administrativas que contradigan su finalidad.Por el contrario, los parqueaderos para residentes sí pueden entregarse en uso exclusivo, siempre que el proceso sea equitativo, esté respaldado por el reglamento de propiedad horizontal y no viole normas urbanísticas. La clave está en que los espacios de visitantes deben conservar su destinación comunitaria.¿Puede el conjunto regular el uso de los parqueaderos?Según la ley mencionada, sí está permitido, pero con límites. Las copropiedades tienen la facultad de regular el uso de los parqueaderos de visitantes a través del reglamento interno o de convivencia. Allí pueden establecer, por ejemplo:Tiempos máximos de permanencia.Horarios de uso.Condiciones de acceso.Sanciones por uso indebido.Lo que no pueden hacer es convertir esos espacios en parqueaderos privados de facto para residentes.Además, si el conjunto quiere cobrar por el uso de parqueaderos de visitantes o explotarlos económicamente, esa decisión debe ser aprobada por la asamblea general de copropietarios y quedar expresamente consignada en el reglamento. “Documentos informales como cartillas o circulares solo tienen un carácter orientador y no son obligatorios ni reemplazan la norma”, indica la ley.¿Por qué esta regla es tan importante?El uso indebido de los parqueaderos de visitantes afecta la convivencia, genera conflictos entre vecinos y desnaturaliza el sentido de las zonas comunes. La Ley 675 busca precisamente evitar que algunos propietarios se apropien de espacios que están pensados para todos.En otras palabras, parquear en un espacio de visitantes como si fuera propio no es un “favor” ni una costumbre aceptable, sino una práctica contraria a la normativa de propiedad horizontal.