La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) reconoció que actualmente funciona con limitaciones financieras, esto luego de que el Gobierno Nacional solo haya entregado menos de la mitad de los recursos que se habían proyectado para cumplir las sentencias y decisiones judiciales ya adoptadas.De acuerdo con Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, el costo estimado para ejecutar plenamente las primeras sentencias y las decisiones judiciales ya proferidas asciende a 120.000 millones de pesos. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno ha garantizado únicamente 50.000 millones.“El balance, digamos, estamos como a mitad de camino; se calcula que son 120.000 millones de pesos, ya el Gobierno nacional nos ha garantizado 50.000, o sea un poco menos de la mitad. Seguimos insistiendo en la necesidad de la financiación completa, no solamente esta sentencia, sino todas las que siguen”.Ramelli explicó que los recursos ya entregados permiten avanzar en procesos de alistamiento y ejecución, pero recalcó que es fundamental recibir la financiación para cumplir plenamente con todas las obligaciones derivadas de las sentencias y de las decisiones judiciales que se encuentran en curso y las que están por venir.En ese sentido, el presidente de la Jurisdicción fue enfático en señalar que la responsabilidad principal del financiamiento recae en el Estado colombiano, y no en la cooperación internacional. Aclaró que estos recursos están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que no se trata de fondos propios de la JEP ni de recursos que puedan ser cubiertos en su totalidad por apoyos externos.Frente al respaldo internacional, Ramelli indicó que actualmente la Jurisdicción no recibe recursos de Estados Unidos, debido a recortes realizados en años anteriores. No obstante, aseguró que la JEP mantiene una disposición permanente al diálogo con la comunidad internacional y a retomar la cooperación, en caso de que ese apoyo sea restablecido.Pese a esa apertura, reiteró que la cooperación internacional solo puede ser complementaria, y que el cumplimiento total de las sentencias depende, de manera directa, del compromiso financiero del Gobierno nacional. Por ello, hizo un llamado a garantizar la entrega completa de los recursos necesarios.
Una comisión especial de la Gobernación del Huila, conformada por ingenieros civiles y un geólogo en coordinación con la Alcaldía de Aipe, realizaron una visita técnica al centro poblado de Santa Rita, donde existe un enorme deslizamiento de tierra que se ha venido presentando desde el año anterior.La secretaria de Infraestructura del municipio de Aipe, Daniela Ramírez, dijo a Blu Radio, que, desde mayo del 2025, se le notificó a la oficina de gestión de riesgo sobre esta emergencia, que actualmente genera alto riesgo para quienes habitan en el sector y que afecta la movilidad de las comunidades entre Aipe y el departamento del Tolima.“En mayo del 2025, la administración municipal recibe de las comunidades de la zona información sobre la situación que se viene presentando del desprendimiento de material de tierra sobre la vía principal en el centro poblado de Santa Rita. Este es un corredor vial estratégico porque une al Huila con el Tolima y los perjudicados son los habitantes porque por esa vía se transporta el café que se produce en el municipio de Aipe. Entonces por tratarse de una vía de segundo orden, procedimos desde mayo del año 2025 a notificarle a la secretaría de Vías del Huila y a la Oficina de Gestión de Riesgo sobre esta situación de emergencia en el centro poblado de Santa Rita”, expresó la funcionaria municipal.Conclusiones de la visita técnica por parte de la Gobernación del HuilaPor su parte, el director departamental de Gestión del Riesgo, Jhon Jairo Yepes, señaló que durante la visita a la zona de la emergencia realizaron la inspección del talud, el estado de la vía y las condiciones del terreno, en el que observaron posibles riesgos para la movilidad y la de sus habitantes.Señaló el funcionario de la Oficina de Gestión de Riesgo, que la visita de inspección, se desarrolló una reunión de trabajo con la Alcaldía de Aipe y un encuentro directo con la comunidad de Santa Rita y veredas aledañas, en él que se escucharon las inquietudes de los habitantes y se avanzó en la coordinación de acciones conjuntas para la atención de esta emergencia.“Desde la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, y de manera articulada con la Alcaldía de Aipe, estamos coordinando acciones técnicas y preventivas como la construcción de un muro de contención como obra de mitigación que nos permitan reducir el riesgo existente y, ante todo, salvaguardar la vida de las personas que transitan y habitan este sector”, afirmó el jefe de Gestión de Riesgo del Huila Jhon Jairo Yepes.Por último, el director de Gestión de Riesgo del Huila, indicó que se continuará con el seguimiento permanente a la situación, evaluando la necesidad de implementar medidas adicionales que permitan estabilizar el terreno y minimizar la probabilidad de nuevos eventos asociados a las lluvias.
A través del decreto 019 del 2026 expido por la Alcaldía de Neiva, las autoridades regularán y le harán control a todo tipo de material publicitario, incluso, hasta la pauta radial de los candidatos que por estos días adelantan sus campañas políticas para las elecciones de Congreso del próximo ocho de marzo.La directora de Justicia de Neiva, Diana Margarita Morales Cortés, explicó que, para la instalación de cualquier de estos elementos publicitarios, las organizaciones políticas y campañas deberán solicitar previamente un permiso ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.“Este acto administrativo busca establecer límites claros para cada uno de los candidatos, campañas y grupos políticos en relación con el material electoral que será expuesto en los espacios públicos. Con este decreto, la Administración Municipal busca generar equidad, confianza y transparencia en la contienda electoral, además de proteger el espacio público y reducir la contaminación visual en nuestra ciudad”, expresó la directora de Justicia, Diana Morales.¿Cómo regularán la propaganda política en Neiva?La directora de Justicia, Morales Cortés, señaló que, en cuanto a la publicidad en medios de comunicación, el decreto autoriza la emisión de hasta 70 cuñas radiales y 70 cuñas televisivas, cada una con una duración máxima de 30 segundos.Asimismo, se permite la publicación de cinco avisos diarios por campaña en prensa escrita, los cuales podrán ocupar una página por edición. También se autoriza la publicidad móvil, siempre en cuando hallan solicitado la autorización previa de la Secretaría de Movilidad de Neiva.Por otra parte, el decreto establece zonas y espacios donde está estrictamente prohibida la instalación de publicidad electoral. Entre estos se encuentran el tramo de la calle Cuarta, Avenida La Toma, la carrera Octava y la Avenida Circunvalar, con excepción de las sedes oficiales de los candidatos.De igual manera, se prohíbe la instalación de material publicitario político o electoral en separadores viales, zonas verdes, postes, puentes, parques, rondas hídricas, murales, instituciones educativas y puestos de votación.Por último, la funcionaria les advirtió a los movimientos políticos y candidatos que una vez termine la jornada electoral de Congreso, se establecerá un plazo máximo de 48 horas para el desmonte o retiro de toda la publicidad instalada, de lo contrario se tomarán sanciones para quienes incumplan la norma.
Juan Fernando Cristo ha confirmado su retiro definitivo de la consulta interpartidista del 8 de marzo, asegurando que el bloque político que se había intentado construir originalmente ha dejado de existir. Según el líder de En Marcha, la exclusión o las dificultades legales de ciertos sectores han alterado la naturaleza del acuerdo programático inicial."La coalición que se había conformado desapareció. Es totalmente absurdo e inconveniente ir a una consulta o conformar una coalición de centro izquierda sin la participación del candidato de la izquierda y la participación del Pacto Histórico", indicó Cristo.A su vez, dijo que el acuerdo programático que se había radicado en la legisladuría, ya no existe."Ya lo que tenemos hoy es una coalición y una consulta distinta. Quedó desaparecida la figura de la consulta en donde podíamos competir todos. Yo creo que eso desnaturaliza mucho esa posibilidad para el 8 de marzo", indicó.Sobre las diferencias con Iván Cepeda y el Pacto HistóricoEl precandidato señala que el propósito de la consulta era debatir visiones de país opuestas, algo que ahora deberá hacerse directamente en las elecciones de mayo."Coincidimos en la necesidad de profundizar las reformas sociales, pero tenemos profundas diferencias en materia de seguridad, en materia institucional frente al tema de la constituyente. Me parece que era el escenario y la oportunidad para plantear muchas diferencias que tenemos desde En Marcha con el candidato Iván Cepeda y con el Pacto Histórico", expresó Juan Fernando Cristo en Mañanas Blu.Sobre la decisión de ir a la primera vueltaAnte el nuevo panorama, Cristo ha decidido medir sus fuerzas directamente en la contienda presidencial de mayo y fortalecer su presencia en el Congreso."Consultamos con los candidatos al Congreso de En Marcha y creemos que el camino es ir a la primera vuelta. Esa decisión ya es definitiva", finalizó.Escuche la entrevista aquí:
Independiente Santa Fe se pronunció oficialmente tras conocerse el delicado episodio de salud que vivió Omar Sebastián Pérez, exjugador e ídolo del club cardenal, quien sufrió un infarto el miércoles, 4 de febrero. A través de sus redes sociales, la institución expresó su solidaridad y envió un mensaje de apoyo al histórico volante argentino, deseándole una pronta recuperación.“El club Independiente Santa Fe le desea una pronta recuperación a nuestro exjugador Omar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer”, señaló el comunicado publicado por el equipo bogotano, en el que también manifestó su esperanza de que la evolución médica continúe siendo satisfactoria. El mensaje fue acompañado por una imagen del estadio El Campín y generó múltiples reacciones de hinchas y figuras del fútbol colombiano.De acuerdo con un comunicado emitido por el entorno cercano de Pérez, el exfutbolista acudió de urgencia a la Clínica Marly tras presentar un fuerte dolor en el pecho. Luego de los estudios correspondientes, los médicos confirmaron que se trató de un infarto, situación que obligó a una intervención inmediata para estabilizar su condición.Durante el procedimiento, a Omar Pérez se le realizó la colocación de un stent, lo que permitió controlar oportunamente la emergencia cardíaca. Según el parte médico divulgado, la rápida atención fue clave para evitar complicaciones mayores y actualmente su estado de salud es estable, con un pronóstico favorable.El exjugador permanecerá en observación médica durante los próximos cinco días, bajo estricto control y seguimiento especializado. Desde su entorno agradecieron las muestras de apoyo recibidas y pidieron mantener la calma, asegurando que la evolución ha sido positiva desde la intervención.Omar Pérez es recordado como uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia reciente de Santa Fe, siendo pieza clave en la obtención de títulos y en la consolidación del club a nivel nacional e internacional -incluyendo la Copa Sudamericana 2015 y la Surugabank del 2016. Por su puesto, esta situación ha generado una ola de mensajes de solidaridad por parte de los hinchas del cardenal, quienes tienen un aprecio hacia el volante argentino.
En medio de la jornada sin día y sin carro en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán, aseguró que a comparación del 2024 se registró una reducción en el hurto de bicicletas en un 19 % pero se presentaron poco más de 5.000 casos de robo a estos medios de transporte. Sin embargo, el mandatario local dice que a comparación de enero del 2025 con enero del 2026 la reducción es del 50% en casos de robo.“Hemos logrado en el último año particularmente en lo que llevamos de 2026 en primera instancia en el 2025 se logró una reducción de 19 % en hurtos de bicicletas es una cifra significativa tenemos que seguir avanzando obviamente todavía ocurrieron más de 5.000 hurtos y eso es grave pero la tendencia es positiva y tenemos que mantener ese esfuerzo y esa tendencia.”Así las cosas, tanto la Alcaldía de Bogotá como la policía metropolitana han recuperado más de 50 bicicletas hurtadas en el 2026 y precisamente el mandatario devolvió en la mañana de este jueves 5 de febrero 16 patinetas y bicicletas hurtadas en el 2025.En lo corrido del 2026 se han realizado 28 capturas por el delito de hurto a bicicletas y 85 por receptacion. Sin embargo; el alcalde Galán nuevamente hace un llamado a las instituciones judiciales para evitar dejar en libertad a criminales que se vuelen reincidentes en casos de hurto en Bogotá.
Yeison Mesa, presidente de la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia, habló sobre la posible parálisis en los aeropuertos, tras una serie de incumplimientos pactados que, según ellos, ha tenido la administración y el Gobierno. "Tenemos una nueva directora nacional que ha hecho un papel desastroso, está llevando la ruina y está incumpliendo los acuerdos sindicales. A 6 meses de que este gobierno nos vemos en la penosa obligación de exigir nuestros derechos, de pelear por lo que se acordó", indicó Mesa.A su vez, afirmó que la única herramienta con la que cuentas es la protesta. "La herramienta que tenemos es protestar en aeropuertos internacionales de Colombia. Esta administración, desafortunadamente, ha sido funesta, se ha encargado de hacer quedar por el suelo el proyecto del cambio. Irónicamente están mucho más preocupados las aerolíneas, la IATA y todos los que hacen parte del sector, porque son los que se ven realmente afectados. El Gobierno nacional parece que como que no le importa o no le llama la atención, porque no le han prestado la atención necesaria", enfatizó el líder sindical.Sobre el estudio de nivelación salarialEl líder sindical detalló cómo se ha incumplido el cronograma para la mejora de las condiciones de los trabajadores."En el primer trimestre de 2025 se tenía que contratar el estudio de rediseño, reingeniería y nivelación salarial de Migración Colombia'. Hoy, enero 2026, les puedo decir que no se contrató ninguna empresa, que no se hizo absolutamente nada. Se contrataron a siete expertos supuestamente, dándoles 12 millones de pesos y no se ha entregado absolutamente nada. Se entregó un informe de diagnóstico, no está bien hecho, está hecho en contra de la ley, no llena los requisitos y no los va a llenar", afirmó Mesa.Además, Mesa denunció una grave falta de recursos y un uso cuestionable de los fondos por parte de la dirección."Al día de hoy, Migración Colombia no tiene plata ni siquiera para pagar todos los salarios del año. Hay un hueco de 40.000 millones de pesos y la entidad sigue tapando y tapando. Vemos una entidad desfinanciada, una entidad que está prácticamente en la ruina", finalizó. Escuche la entrevista:
Las alertas que se mantienen latentes por el aumento histórico del caudal en la Central Hidroeléctrica Urrá I, generó que Empresas Públicas de Medellín entregara un parte de tranquilidad a las poblaciones río abajo de Hidroituango que, “opera con total normalidad y dentro de los parámetros establecidos”.La preocupación de miles de personas radicaba en las fuertes lluvias que han golpeado al departamento de Antioquia en los últimos días e, incluso, en una fotografía que circulaba en redes en donde se veía una represa que parecía estar al borde de sus capacidades.Por estas situaciones es que EPM indicó que actualmente Hidroituango presta servicio con tres turbinas que están generando 900 megavatios, ya que la cuarta unidad se encuentra en un mantenimiento programado. Además, indicaron que el vertedero está en funcionamiento por ambos canales.Explican desde Empresas Públicas de Medellín que se está haciendo una descarga predio de 1.699 metros cúbicos por segundo, lo que consideran, “un caudal relativamente bajo y cercano al caudal del río Cauca para esta época, por lo que se considera dentro de las condiciones habituales de operación”.Luego del parte de tranquilidad, EPM insistió que Hidroituango se encuentra funcionando de manera segura y estable, y que continuarán haciendo un seguimiento técnico permanente a los caudales del río Cauca desde el Centro de Monitoreo Técnico para tener datos en tiempo real y evitar sorpresas relacionadas con las lluvias.
Pese a recursos legales interpuestos en los últimos meses, la red tanto pública como privada de salud en la capital antioqueña sigue en cuidados intensivos.A propósito de la reciente apertura de un incidente de desacato por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia al Gobierno nacional para que se ponga al día con las deudas, el alcalde Federico Gutiérrez reveló un preocupante panorama que muestra cómo la deuda ha crecido y todo sigue sin solucionarse.Desde el 30 de mayo del año anterior, cuando se interpuso este recurso legal, hasta finalizar 2025 la brecha se incrementó hasta en un 42%. Según las cifras oficiales la deuda total pasó de 168.208 millones de pesos a 238.936 millones.Savia Salud con 202.000 millones, Coosalud con 20.000 millones y Nuevas EPS con 17.000 son las entidades con mayores pasivos a la red de servicios de salud de la ciudad."La justicia nuevamente se pronunció dándonos la razón a nosotros y obligando al Gobierno a pagar, porque estas personas que generaron la crisis, no solo en Medellín y Antioquía, sino en toda Colombia, tendrán que responder ante la justicia por la crisis que generaron la salud. Para mejorar el sistema de salud en Colombia no había que destruirlo", dijo Gutiérrez.El mandatario destacó que cumplir con estos compromisos facilita la disminución en servicios de urgencias que hoy en instituciones públicas están entre el 130% y 162% de sobreocupación, sobre todo por el pico de infecciones respiratorias que atraviesa por estos días la capital antioqueña.En cuanto a la red privada, las deudas de las EPS ascienden a 6.1 billones de pesos. Las mayores obligaciones están con el Hospital San Vicente Fundacion y el Pablo Tobón Uribe.
Un tripulante de la motonave Cetus Narwhal falleció luego de sufrir un grave accidente mientras la embarcación navegaba frente a Buenaventura, en el Pacífico colombiano. El hombre, quien se desempeñaba como bosun o contramaestre, cayó al interior de una de las bodegas de carga del buque, lo que desencadenó una operación de emergencia en alta mar.El reporte del incidente fue recibido por la Dirección General Marítima cuando la nave se encontraba a unas 30 millas náuticas al este de la boya de mar de Buenaventura. Tras la alerta, se activaron los protocolos de atención y se coordinó una operación de búsqueda y rescate para evacuar al tripulante herido.Inicialmente, se dispuso una unidad de Guardacostas para atender la emergencia, pero las condiciones del mar impidieron la evacuación por vía marítima. Ante este escenario, se solicitó apoyo aéreo y un helicóptero del Grupo Aeronaval del Pacífico realizó la extracción del tripulante a unas 15 millas náuticas del puerto.El hombre fue trasladado por vía aeromédica hasta instalaciones militares en Buenaventura y posteriormente remitido a un centro asistencial de la ciudad. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento horas después.Tras el incidente, la motonave fue retornada y fondeada en el puerto de Buenaventura para adelantar las actuaciones correspondientes. Las autoridades marítimas iniciaron una investigación para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades.“La Dirección General Marítima iniciará el proceso jurisdiccional respectivo, con el fin de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el incidente, así como las posibles responsabilidades a que haya lugar”, indicó la autoridad marítima colombiana.
En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló los detalles de una de las apuestas más estratégicas para la seguridad nacional: la creación del Escudo Nacional Antidrones. Este proyecto surge como respuesta a la creciente amenaza de grupos criminales que utilizan drones cargados con explosivos en diversas regiones del país.Un proyecto de vanguardia tecnológicaEl sistema, calificado por el ministro como una iniciativa de vanguardia, tiene una valoración total de 6.2 billones de pesos, de los cuales se espera invertir un billón de pesos durante el presente año. El escudo no consiste en un único dispositivo, sino en un sistema de múltiples capas diseñado para proteger a la tropa en movimiento, buques, vehículos e instalaciones fijas. Según el jefe de la cartera de Defensa, la tecnología debe permitir que estos sistemas interactúen de forma automática y en segundos, dada la rapidez con la que se desarrollan los ataques aéreos.Preferencia por tecnología occidental y autonomía nacionalRespecto a la procedencia de la tecnología, el ministro Sánchez fue enfático en que la orientación de Colombia es hacia la tecnología de tipo occidental. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de interoperabilidad con aliados estratégicos como Estados Unidos y países de Europa, permitiendo que los sistemas "hablen el mismo idioma" en la lucha contra el crimen transnacional.A pesar de que empresas chinas han presentado ofertas, el gobierno colombiano prioriza estándares que sean compatibles con sus tácticas, procedimientos y economía de escala. El ministro aclaró que, aunque se ha discutido el tema con Estados Unidos, no existe un condicionamiento o veto por parte de Washington para adquirir exclusivamente tecnología estadounidense; la decisión sigue siendo una muestra de la autonomía colombiana basada en sus propios intereses de seguridad.Cooperación fronteriza y resultados operativosTambién abordó la tensión con Ecuador. Sánchez desestimó las quejas del presidente Daniel Noboa sobre la falta de cooperación en la frontera, calificándolas como opuestas a la realidad. Destacó que, bajo la administración actual, la incautación de cocaína ha aumentado en un 321%, sumando 286 toneladas, y se han desplegado 10,700 hombres en la zona fronteriza de Nariño y Putumayo, logrando reducciones significativas en las tasas de homicidio.Conflictos internos y derechos humanosFinalmente, el ministro se refirió a la situación de orden público en el Meta, donde se mantienen enfrentamientos contra las disidencias de 'Calarcá', específicamente contra la estructura de alias "Patepalo". Sánchez expresó su preocupación por la muerte de personas en circunstancias extrañas que sugieren ejecuciones, incluyendo a cuatro menores de edad que habían sido reclutados ilícitamente. El caso está bajo investigación de la Fiscalía para esclarecer si las víctimas fueron sedadas antes de recibir tiros de gracia por parte de otros grupos disidentes.Escuche aquí la entrevista:
La madrugada del sábado pasado, Nicolás Alcocer —hijo adoptivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro— fue víctima de un robo mientras se encontraba en la céntrica Gran Vía de Madrid. Según confirmó la Policía Nacional de España, el joven fue abordado por un individuo que le arrebató una cadena de oro cuando se disponía a subir a un taxi.Carlos Quero, subinspector de la Policía Nacional y portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), explicó los pormenores del caso en entrevista con Mañanas Blu. “Se encontraba por la noche, de madrugada, en una calle céntrica de Madrid, como es la Gran Vía, y cuando se estaba montando en un taxi, llegó un individuo por la espalda y le dio un tirón de una cadena que portaba, que parecía ser de oro”, relató el funcionario.De acuerdo con Quero, el propio Nicolás Alcocer pidió auxilio de inmediato y su reacción permitió que una patrulla cercana iniciara la persecución del delincuente. “Había una patrulla que emprendió la persecución a pie por las calles del centro de la capital y finalmente lo terminó apresando unas calles posteriores”, añadió.La rápida intervención policial permitió recuperar el objetoEl portavoz confirmó que la cadena fue recuperada en el lugar del arresto y devuelta a su propietario esa misma noche. “Cuando se recuperan, se le hace un acta de entrega a la persona portadora, para no privarle de su objeto”, explicó Quero, detallando que no fue necesario poner la joya a disposición judicial, dada su pronta recuperación.Alcocer presentó una denuncia formal y, además, “firmó el libro de felicitaciones por la rápida intervención policial”, según informó el subinspector. El valor de la cadena fue estimado en unos 6.000 euros, equivalentes a unos 25 millones de pesos colombianos.El presunto ladrón y situación judicialEl detenido fue identificado como un joven de nacionalidad marroquí de aproximadamente 23 años. De acuerdo con la Policía Nacional, el individuo tenía antecedentes por robo. “Por lo que ha trascendido, sí, es reincidente”, señaló Quero.El presunto delincuente fue puesto a disposición judicial dentro del plazo establecido por la legislación española —máximo de 72 horas bajo custodia policial— y, según el vocero, lo más probable es que haya quedado en libertad con cargos mientras avanza el proceso judicial. “A menos que se haya empleado una violencia inusual, no se suele meter en la cárcel a este tipo de personas”, explicó.Sin escolta ni protección oficialSobre si el hijo del presidente contaba con algún tipo de seguridad o acompañamiento en el momento del robo, el portavoz fue enfático: “No, que nosotros sepamos”, aseguró. De hecho, Quero confirmó que Nicolás Alcocer reside en España y que suele movilizarse sin escolta.El funcionario también aclaró que Alcocer se identificó formalmente en la comisaría, una vez se informó sobre su relación familiar con el mandatario colombiano. “Es conveniente decir este hecho, puesto que se trata del hijo de un mandatario extranjero”, comentó.El incidente ha generado atención tanto en España como en Colombia por tratarse de un familiar directo del presidente Gustavo Petro. Medios locales subrayan que el robo ocurrió en una de las zonas más transitadas y seguras de Madrid, donde hay fuerte presencia policial y vigilancia nocturna. La rápida reacción de los agentes permitió evitar mayores consecuencias.Nicolás Alcocer, quien adoptó el apellido Petro tras su proceso de adopción hace algunos años, reside en territorio español donde realiza actividades privadas. Aunque el hecho no dejó heridos ni mayores daños, el caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de figuras públicas y sus familiares en el extranjero.El procedimiento judicial contra el presunto autor del robo continuará en las próximas semanas ante un juez de primera instancia madrileño, mientras la Policía Nacional cierra el informe oficial del caso.
En zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, tropas del Ejército destruyeron un complejo cocalero compuesto por tres laboratorios dedicados a la producción de pasta base de coca, una estructura que, según información de inteligencia, sostenía parte de las finanzas ilegales del frente ‘Luis Enrique León’ Guevara del ELN.La operación se desarrolló en la vereda La India, sector de Alto San Miguel, donde fueron ubicadas las infraestructuras clandestinas utilizadas para el procesamiento de droga. En el lugar, las autoridades hallaron 660 galones de pasta base de coca en suspensión, además de grandes cantidades de insumos químicos y combustible empleados en la producción del estupefaciente.Durante la intervención fueron incautados 385 galones de ACPM, 180 galones de gasolina, 110 galones de ácido sulfúrico y cerca de 375 kilogramos de insumos sólidos. También se inutilizaron equipos y maquinaria clave para la elaboración de la droga, dejando fuera de operación el complejo.De acuerdo con las autoridades, este centro de producción tenía una capacidad mensual cercana a los 600 kilogramos de pasta base de coca. La droga, una vez procesada, era movilizada por rutas que atravesaban territorio venezolano, con destino final en mercados de Estados Unidos y Europa.El valor de la infraestructura y del material destruido fue estimado en cerca de 295 millones de pesos, lo que representa un nuevo golpe a las economías ilegales del ELN en el Catatumbo, apenas días después de otras afectaciones millonarias registradas en la región.La zona de Alto San Miguel es considerada estratégica para el narcotráfico por su ubicación y las dificultades de acceso, condiciones que han sido aprovechadas históricamente por los grupos armados para instalar laboratorios y asegurar corredores de movilidad ilegal.
Mediante una carta publicada en la mañana de este lunes, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, le hizo varias recomendaciones al presidente Gustavo Petro de cara al encuentro bilateral que sostendrá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el próximo martes 3 de febrero en la ciudad de Washington.“Usted representará a la nación en su conjunto en su reunión con el presidente Trump, y tiene claro que en la actual coyuntura no se trata de desarrollar una narrativa ideológica ni una competencia o confrontación personal con él. Más bien se trata de dejar atrás esa actitud que generó hondas diferencias con la política exterior del presidente Trump en una época en la cual sus distancias con los Estados Unidos y su política eran deliberadamente antinorteamericanas”, sostiene Gaviria.El documento subraya la necesidad urgente de restaurar la confianza bilateral y abandonar posturas ideológicas o retóricas que han debilitado la alianza histórica con Estados Unidos.En el ámbito económico, la misiva cuestiona la validez de los argumentos de Petro sobre el déficit comercial con China, señalando que tales afirmaciones carecen de fundamento técnico y son contraproducentes. Gaviria subraya que Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de Colombia, con un intercambio cercano a los 36.700 millones de dólares, y advierte que plantear a China como una alternativa estratégica es un error que socava la voluntad de mejorar la relación con la administración estadounidense. Asimismo, insta a que la política exterior sea pragmática y no se base en discursos ideológicos que alejen al país de sus verdaderos intereses, como ha ocurrido con las tensiones generadas respecto a Israel.“Debemos garantizar la tesis de que Colombia no está girando en la órbita de los rivales geopolíticos de EE. UU. La diversificación comercial es deseable, pero no puede construirse sobre discursos de un origen ideológico que nos alejan de nuestros verdaderos intereses, como tantas veces ocurrió a lo largo de su gobierno, invitando a países a romper sus relaciones con Israel y no encontrando ni siquiera una respuesta favorable a sus demandas, y que eso no le haya dado el mínimo beneficio a Colombia”, agrega el exmandatario.Respecto a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, el documento alerta sobre el máximo histórico de 263.000 hectáreas de cultivos de coca y la duplicación de la productividad por hectárea. Gaviria critica la caída en la tasa de incautación y la disminución del 93 % en la erradicación manual, hechos que han deteriorado la cooperación en inteligencia y equipo militar con Washington. Ante esta situación, el expresidente hace un llamado directo a abandonar la política de paz total, por considerarla incompatible con los intereses nacionales y responsable de permitir que bandas criminales llenen vacíos territoriales.“Llegó la hora de que usted tome la decisión de abandonar esa política de paz total por ser totalmente incompatible con los intereses nacionales y por la escasez de resultados. La reunión en la Casa Blanca debe servir para presentar una estrategia integral, verificable y cooperativa contra el narcotráfico, reconociendo que el apoyo estadounidense ha sido históricamente esencial para enfrentar este fenómeno y es el área donde hay un mayor potencial de cooperación”, se puede leer en la carta.Finalmente, Gaviria hace una advertencia sobre la situación con Venezuela, instando al presidente Petro a subordinar lo ideológico a la reconstrucción de la relación con Estados Unidos y a la seguridad nacional. Gaviria denuncia que el gobierno de Maduro es cómplice de grupos terroristas como el ELN y las disidencias de las Farc, y critica la “solidaridad e identificación” que el gobierno colombiano ha mostrado hacia dicho régimen. El texto concluye exhortando a adoptar una postura pragmática que apoye la visión de una “Venezuela libre y democrática”, basando la diplomacia en el respeto, las certezas y los resultados reales.
El Gobierno recibió a 101 colombianos deportados desde Estados Unidos, quienes llegaron al país en un vuelo humanitario operado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), informó la Cancillería.Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en X, entre los retornados hay 28 mujeres, 72 hombres y un menor de edad, quienes "recibieron acompañamiento integral por parte de la Cancillería y entidades del Gobierno Nacional, garantizando un retorno seguro y digno".Según las imágenes difundidas por la Cancillería, la mayoría de los retornados descendieron del avión con chándales grises de los centros de detención en los que estaban recluidos en Estados Unidos y portando grandes sacos plásticos con sus pertenencias.A pie de pista los esperaban tres autobuses dispuestos para su traslado, en medio del operativo coordinado por la FAC y las autoridades migratorias.La canciller Rosa Villavicencio, anunció la semana pasada la firma de un acuerdo entre Bogotá y Washington con el que pactaron realizar cerca de veinte vuelos, a razón de uno semanal, para trasladar a ciudadanos que ya cuentan con resolución de expulsión."Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas (...) y por ahora mantendremos unos veinte vuelos, uno semanal", explicó entonces la ministra.El anuncio se produjo tras la reactivación de los vuelos de repatriación, un año después de una crisis diplomática que se desató cuando el presidente Gustavo Petro se negó a recibir un avión con deportados al considerar que no estaban siendo tratados con dignidad.En ese momento, el presidente estadounidense, Donald Trump, respondió con la imposición de aranceles del 25% a productos colombianos y la suspensión temporal de la expedición de visados en Bogotá, medidas que fueron revertidas tras gestiones diplomáticas.Villavicencio ha reiterado que Colombia no acepta que sus ciudadanos regresen esposados, al tratarse de personas con una situación migratoria irregular y no de delincuentes.Asimismo, recordó que, de acuerdo con la ley política integral migratoria, los deportados son considerados "retornados", lo que les permite acceder a programas de acompañamiento para su inclusión social, educativa y laboral.
La reciente aprobación de un proyecto de acuerdo en el Concejo de Bogotá, denominado "Ruta de la Vida", ha desatado una intensa controversia política y social en la capital. Mientras que su autora, la concejal Clara Sandoval, defiende la iniciativa como una medida de acompañamiento integral, organizaciones de derechos de las mujeres advierten que podría convertirse en una barrera para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.Acompañamiento y salud mental: la defensa de SandovalLa concejal Clara Sandoval ha manifestado su sorpresa ante las críticas, calificándolas de "desinformación". Según la cabildante, el proyecto busca establecer mecanismos de acompañamiento psicosocial y comunitario con énfasis en salud mental para mujeres gestantes y lactantes. Sandoval enfatiza que el acuerdo no impone la obligación de realizarse exámenes mentales o psicológicos para acceder al aborto, asegurando que el texto respeta la voluntad de la madre.La concejal justifica el énfasis en salud mental citando un aumento del 47% en conductas suicidas entre mujeres en la ciudad, argumentando que la atención actual para gestantes y lactantes es deficiente. Además, sostiene que el proyecto desarrolla lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 2022, la cual menciona el diseño de medidas de protección para la vida en gestación y la oferta de alternativas a la interrupción del embarazo.Voces de alerta: ¿Nuevas barreras al aborto?Desde la otra orilla, Laura Castro, representante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y el movimiento Causa Justa, sostiene que el proyecto constituye una barrera de acceso. Castro argumenta que el Concejo de Bogotá no tiene competencia para regular el aborto, una función que corresponde al Ministerio de Salud a través de rutas ya establecidas.La principal preocupación de estas organizaciones es que las "consultas psicológicas" mencionadas puedan ser utilizadas por funcionarios con posturas personales contrarias al aborto para "reorientar" la decisión de las mujeres o dilatarlas innecesariamente. Según Castro, la salud mental y la autodeterminación reproductiva están siendo estigmatizadas, sugiriendo que el deseo de abortar se enmarca erróneamente en problemas de depresión o ansiedad.El derecho a la información clara y completaUno de los puntos de mayor fricción es el requisito de brindar "información completa, clara y oportuna". Para Sandoval, esto fortalece la libertad de elección, comparándolo con cualquier otro procedimiento médico donde se explican consecuencias y alternativas. Sin embargo, para los sectores críticos, esto abre la puerta a la difusión de información sesgada o falsa sobre los supuestos riesgos de la práctica.El alcalde Carlos Fernando Galán ha anunciado que estudiará el acuerdo aprobado para determinar su viabilidad y coherencia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Escuche aquí la entrevista:
El pronunciamiento se da luego del ataque a la camioneta en la que se trasladaba el esquema de protección del senador Jairo Alberto Castellanos, en la vía que comunica a los municipios de Fortul y Tame.En el atentado perdieron la vida Wilmer Antonio Leal, escolta de la Unidad Nacional de Protección, y Esmelli Manrique, patrullero de la Policía Nacional.En su comunicado, ONU DDHH pidió a las autoridades a adelantar investigaciones que permitan identificar, juzgar y sancionar a los responsables del atentado, asi como adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de quienes no participan en las hostilidades.“Instamos a las autoridades competentes a investigar, juzgar y sancionar a los responsables del ataque y a tomar medidas eficaces para proteger a quienes no participan de las hostilidades”, afirmaron en su comunicado.Asimismo, señalaron que este tipo de ataques constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, reiteró a los grupos armados abstenerse de atacar a personas que no participan directamente en las hostilidades, como servidores públicos y personal de protección civil.“Reiteramos a los grupos armados no estatales que atacar a quienes no participan en las hostilidades, como servidores públicos y personal de protección civil, constituye una infracción del Derecho Internacional Humanitario DIH. Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar la vida e integridad de la población civil, y los derechos humanos”.Finalmente, la ONU expresó sus condolencias y solidaridad con las familias, amigos y compañeros de Wilmer Antonio Leal y Esmelli Manrique.
La Procuraduría General de la Nación encendió nuevamente las alarmas por la contratación relacionada con la expedición de pasaportes en el país. El ente de control advirtió presuntas irregularidades en un nuevo contrato interadministrativo suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, cuyo valor asciende a más de 185.000 millones de pesos.Se trata de un contrato publicado en la plataforma SECOP el pasado 29 de enero, cuyo objetivo es la producción y expedición de pasaportes. Aunque el convenio fija su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, la Procuraduría cuestionó que no se haya establecido una fecha clara de inicio.La preocupación de la Procuraduría se centra en el elevado monto comprometido que supera los 185.000 millones de pesos y por el hecho de que este es ya el cuarto contrato que suscriben la Cancillería y la Imprenta en un objeto prácticamente idéntico.Según el Ministerio Público, las sumas comprometidas en estos cuatro negocios jurídicos superan el billón de pesos y alcanzan un total de $1,49 billones, cifra que ha generado serias inquietudes sobre la planeación y transparencia del proceso contractual.El pronunciamiento se da tres meses después de que la Procuraduría presentara una demanda ante la justicia para anular el convenio internacional firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, también relacionado con la fabricación de pasaportes y que fue cuestionado por presuntas irregularidades.Por esta razón la Procuraduría advirtió que abordará la suscripción del contrato desde las acciones preventivas que ya adelanta sobre el suministro de pasaportes, y que además revisará el tema dentro de las investigaciones disciplinarias que actualmente se encuentran en curso.
El exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa lanzó fuertes críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por el rumbo que ha tomado el sistema de salud en Colombia. En entrevista con Recap Blu, aseguró que el mandatario está debilitando el modelo actual porque, a su juicio, “le enferma que haya participación privada en las EPS”.Peñalosa cuestionó la posibilidad de liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS), una alternativa que el presidente ha mencionado en medio de la reforma al sistema. Según el exmandatario, el problema de fondo no es técnico sino ideológico. “A Petro no le gusta ninguna participación privada en nada que tenga que ver con el sector público”, afirmó, señalando que esa visión estaría afectando la estabilidad del modelo.En su intervención, sostuvo que la participación privada puede aportar eficiencia y control de costos, siempre que exista una supervisión estricta del Estado para evitar corrupción y politiquería. También criticó la gestión del Gobierno en las EPS que han sido intervenidas, asegurando que la administración directa por parte del Estado ha generado más burocracia e ineficiencia.Peñalosa defendió un modelo mixto en el que el sector público y el privado trabajen de manera complementaria. Por ejemplo, mencionó experiencias de su administración en Bogotá, donde se desarrollaron hospitales bajo esquemas de asociación con privados para la construcción y el mantenimiento, mientras que la prestación del servicio médico continuó siendo pública. El exalcalde también comparó el debate colombiano con modelos internacionales. Citó casos como el de Suecia y Dinamarca, donde existen esquemas que permiten a las familias elegir entre educación pública o privada con financiación estatal. En su opinión, el mismo principio debería aplicarse al sector salud: priorizar resultados y calidad del servicio por encima de posturas ideológicas.Finalmente, Peñalosa insistió en que el objetivo central debe ser mejorar la atención y garantizar el acceso, especialmente para los sectores más vulnerables. "Si eso se logra mejor con participación privada o pública, hay que hacer lo que funcione”, concluyó, en un debate que sigue marcando el pulso político alrededor de la reforma al sistema de salud.
Cuando se habla de cámaras de fotodetección, no se trata solo de equipos que capturan imágenes de vehículos; son herramientas tecnológicas diseñadas para detectar infracciones de tránsito automáticamente, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.Estos dispositivos identifican comportamientos como exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo y falta de documentación obligatoria como SOAT o revisión técnico-mecánica, todo sin necesidad de un policía de tránsito. Desde ahora, Tunja contará con nuevos puntos donde operarán estas cámaras, por lo que los conductores deben conocer esta información antes de transitar por esos sectores.De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial de la ciudad, la implementación de cámaras de fotodetección forma parte de una estrategia para afrontar el preocupante índice de siniestros viales registrado en la ciudad en los últimos años.Ubicación de las cámaras de fotodetección en TunjaLas autoridades han priorizado cinco ubicaciones estratégicas, identificadas a partir de estudios técnicos y la colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estos puntos están catalogados con los más altos índices de tránsito y riesgo para conductores y peatones y son los siguientes:Avenida Norte con calle 59.Avenida Norte con calle 53.Avenida Norte con calle 41.Avenida Oriental con carrera 7.Ruta nacional 55 (BTS).Estos dispositivos operarán las 24 horas del día e iniciarán operación el lunes 16 de marzo del 2026. Esta tecnología es capaz de captar comportamientos contrarios a las normas de tránsito. Además, habrá señalización previa hasta 300 metros antes de cada cámara, para alertar a los conductores y facilitar la reducción gradual de la velocidad.Las infracciones que podrán detectar incluyen el exceso de velocidad, el cruce de semáforo en rojo, la falta de SOAT o revisión técnico-mecánica vigente, entre otras conductas sancionables. Los comparendos identificados por estos equipos serán cargados al sistema en un plazo aproximado de tres días y podrán ser consultados por los ciudadanos a través del SIMIT.El proceso de socialización incluye campañas pedagógicas y jornadas informativas en cada uno de estos puntos, con el fin de que conductores, pasajeros y peatones comprendan cómo funcionan estas cámaras y cuál es su propósito: prevenir accidentes y salvar vidas.
Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo, informó en primicia que el Gobierno del presidente Gustavo Petro enviará este viernes, 6 de febrero, una delegación oficial a Quito con el objetivo de destrabar la crisis arancelaria que amenaza el intercambio binacional. La misión buscará frenar la aplicación de aranceles del 30 % anunciados por ambos países y restablecer el diálogo político.Blu Radio conoció que la comitiva estará encabezada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. También participarán delegados de los ministerios de Justicia, Energía y Comercio, así como representantes de Ecopetrol, en una señal clara de que la discusión no solo involucra asuntos comerciales, sino también temas de seguridad y cooperación energética.Horas antes del anuncio del viaje, la canciller Villavicencio confirmó que ya existen negociaciones en curso con el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Según explicó, Colombia presentó una propuesta que incluye medidas relacionadas con seguridad y otros compromisos bilaterales, y se espera que este fin de semana se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones.La jefa de la diplomacia colombiana aseguró además que el país está dispuesto a retirar la medida arancelaria aplicada a un grupo de productos ecuatorianos, siempre y cuando Ecuador haga lo propio. Este gesto recíproco sería la base para desactivar la escalada comercial que se desató tras el primer anuncio del mandatario ecuatoriano y que derivó en represalias mutuas.El objetivo central de la visita es resolver las diferencias que originaron la imposición de los aranceles y evitar un impacto mayor en los sectores productivos de ambos países, especialmente en las regiones fronterizas. Empresarios y gremios han advertido que la medida podría afectar el comercio, el empleo y la estabilidad económica en zonas históricamente dependientes del intercambio binacional.De los resultados del primer encuentro en Quito dependerá incluso la posibilidad de una reunión directa entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Los tres integrantes del equipo de campaña del senador Jairo Castellanos que habían sido secuestrados tras el ataque armado en Fortul, Arauca, fueron dejados en libertad, confirmaron las autoridades. El hecho se registró en medio del atentado contra el esquema de seguridad del congresista, en el que dos de sus escoltas fueron asesinados, situación por la cual se mantiene una recompensa de hasta $200 millones para dar con los responsables.Horas antes de conocerse la liberación, el senador Castellanos había reaparecido públicamente a través de un video en el que denunció el secuestro de sus colaboradores y pidió garantías para sus vidas. Allí, el congresista hizo un llamado urgente tanto a los captores como a las autoridades para que se respetara la integridad de su equipo de trabajo.“En el mismo acto cobarde fue secuestrado nuestro equipo de campaña, encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (…) Les pido de corazón que respeten su vida y que los regresen al seno de sus familias”, expresó Castellanos en su mensaje, en el que insistió en la necesidad de proteger a las personas retenidas.Tras la liberación, el mismo Castellanos anunció la buena noticia por medio de su cuenta de X:"Anunciamos a la opinión pública que nuestro equipo que se encontraba secuestrado, integrado por Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, fueron liberados y ya se encuentra libres y en camino a encontrarse con sus familias". "Damos gracias a Dios por su regreso con vida. Solicitamos que se adelanten las investigaciones correspondientes y que se llegue hasta los responsables de estos actos tan repudiables", agregó.
El senador Jairo Castellanos reapareció luego del atentado del que fue víctima este jueves. A través de un videos el congresista también denunció el secuestro de tres integrantes de su equipo de campaña tras un violento ataque en el departamento de Arauca, en el que fueron asesinados dos de sus escoltas. Visiblemente afectado, el congresista hizo un llamado urgente a los captores y a las autoridades para que se garantice la vida de sus colaboradores.“En el mismo acto cobarde nos han secuestrado el equipo de campaña encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (...) “Les pido de corazón que respeten su vida, que los regresen al seno de su familia”, afirmó Castellanos, quien pidió con vehemencia que se respete la integridad de las personas retenidas. , agregó el senador.El ataque ocurrió cuando una camioneta del esquema de seguridad del congresista fue atacada a tiros en una carretera de Arauca. En el hecho murieron dos escoltas que, según Castellanos, llevaban años acompañándolo y formaban parte de su entorno más cercano. “Ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia y para levantar la voz de la región”, expresó.Entretanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que habló con el senador tras el atentado y aseguró que se encuentra a salvo, aunque profundamente conmovido por lo ocurrido. “Estaba llorando por la muerte de sus escoltas y por los atentados contra la camioneta y parte de su escolta”, señaló el funcionario, quien también informó que otra camioneta del esquema de seguridad desapareció durante el ataque.Según explicó el ministro, el atentado se produjo contra una caravana que se desplazaba desde Norte de Santander para encontrarse con Castellanos, quien actualmente se encuentra en Yopal, capital del departamento de Casanare. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado quiénes serían los responsables del ataque, aunque en Arauca opera históricamente el ELN.En su declaración, el senador del partido Alianza Social Independiente (ASI) también exigió al Gobierno garantías para ejercer la política en los territorios.“Necesitamos condiciones para hacer política limpia, para hablar con las comunidades, recorrer las regiones y no tener que hacerlo desde apartamentos grabando videos”, reclamó, al tiempo que lamentó la persistencia de la violencia política en el país.El hecho se produce en un contexto de alta tensión electoral. Apenas un día antes, Human Rights Watch advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas está marcado por graves hechos de violencia, entre ellos el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Luego de conocerse el atentado contra el senador Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus escoltas que se movilizaban en la camioneta del congresista, el Gobierno reaccionó. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de se cuenta de X que se ofrecen hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables de este ataque ocurrido en Arauca."Toda la fuerza pública disponible está adelantando operaciones para rescatar con vida a los 4 integrantes de su equipo de trabajo quienes se transportaban en un Volkswagen Amarok blanco, de platón, placas THZ-973", agregó el ministro.Vale recordar que en Arauca, donde ocurrió el atentado, tiene una fuerte presencia la guerrilla del ELN, pero las autoridades no se han pronunciado aún sobre los autores del ataque.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti informó que otra camioneta del esquema de seguridad de Castellanos, quien está haciendo campaña para volver a ser elegido senador, desapareció durante el ataque."Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él. Él se encuentra en Yopal (capital del departamento de Casanare). El atentado sucedió con una caravana que venía de Norte de Santander para encontrarse con él", precisó el ministro.El miércoles pasado, Human Rights Watch (HRW) advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas de este año se vio "empañado" por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay.Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.Igualmente, en agosto pasado el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, sufrió un atentado del que salió ileso cuando desconocidos atacaron a tiros su vehículo, que recibió ocho impactos de bala, en el departamento sureño del Huila.