El presidente de Gustavo Petro, ya está en Washington D.C. para cumplir con su encuentro bilateral con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Este evento marca un punto de inflexión tras un periodo de intensas fricciones diplomáticas que comenzaron el 26 de enero de 2025. Hoy, sin embargo, el tono entre ambos mandatarios ha cambiado, abriendo paso a una nueva etapa en la relación bilateral.El encuentro clave en el Despacho OvalLa reunión principal está programada para las 11:00 de la mañana en el Despacho Oval. Es la segunda vez que el mandatario colombiano es recibido en esta oficina por un presidente estadounidense, habiendo ocurrido la primera durante la administración de Joe Biden. Aunque la Casa Blanca ha definido el encuentro como un evento cerrado a la prensa, existe la expectativa de que Trump permita el ingreso de los medios en el último momento, siguiendo su costumbre habitual en este tipo de actos oficiales.En esta importante cita, se espera que el presidente Trump esté acompañado por figuras de alto nivel de su gabinete, incluyendo al Secretario de Estado, Marco Rubio, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y posiblemente el vicepresidente JD Vance.Narcotráfico y seguridad: los temas prioritarios en la mesaEl gobierno estadounidense ya ha adelantado que el narcotráfico será el punto central de la conversación. Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo y la principal fuente de esta droga hacia los Estados Unidos, una situación que Trump ha calificado como preocupante debido a las "cantidades tremendas" que salen del país sudamericano.Además de la lucha contra las drogas, la agenda contempla la discusión sobre acciones conjuntas contra organizaciones terroristas, específicamente el ELN y las disidencias de las Farc. Marco Rubio ha insistido previamente en que estos grupos son una amenaza para la estabilidad regional y ha denunciado su movilidad en territorio venezolano con el presunto apoyo de las autoridades de dicho país.Un giro en la diplomacia: de la crítica a la amabilidadEl cambio de actitud de Petro ha sido notado por la administración Trump. El mandatario estadounidense señaló que, aunque Petro fue muy crítico en el pasado, su postura se volvió más constructiva tras los recientes eventos en Venezuela. "Él ha sido muy amable durante el último mes o dos... espero verlo, vamos a tener una buena reunión", afirmó Trump recientemente.Conclusiones de la jornada y agenda legislativaPara cerrar el primer día de actividades, el presidente Petro tiene prevista una conferencia de prensa a las 3:30 de la tarde en la Embajada de Colombia, donde compartirá las conclusiones del encuentro con Trump.Sin embargo, la visita no termina allí. La agenda de Petro en Washington incluye reuniones clave en el Congreso de los Estados Unidos con senadores republicanos y demócratas. Entre los legisladores con los que se entrevistará se encuentran Rand Paul (quien facilitó el contacto inicial con Trump), Tommy Tuberville, Kevin Cramer, Peter Welch, Tim Kaine y el colombo-estadounidense Rubén Gallego. Esta ronda de reuniones busca fortalecer el respaldo bipartidista a los temas estratégicos de la relación entre Colombia y Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este martes en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tras un año de sonoros desencuentros en el que Washington ha acusado al mandatario suramericano de narcotraficante y este ha criticado repetidamente la política exterior del republicano.Estas son las claves de un cara a cara al que Petro llega en la recta final de su mandato pero que puede ser el más importante de su presidencia.¿Dónde y cuándo es la reunión?El encuentro será a las 11.00 horas de Washington (misma hora en Bogotá y 16.00 GMT) en la Oficina Oval de la Casa Blanca y oficialmente se desarrollará a puerta cerrada, aunque Trump suele permitir a última hora el acceso de la prensa.Petro es el tercer dirigente latinoamericano recibido por Trump en la Casa Blanca durante su segundo mandato, después del salvadoreño Nayib Bukele y del argentino Javier Milei, aliados ideológicos del republicano.El presidente colombiano llegó a Washington el domingo por la noche tras obtener un visado especial, ya que está sancionado por la Administración estadounidense.Le obsequiará a Trump una cesta de chocolates y café colombianos en un intento de simbolizar su política de sustitución de cultivos de coca.¿Cómo se deterioró la relación?La relación entre Petro y Trump ha sido tensa desde que el líder republicano regresó al poder el 20 de enero de 2025.Días después de su investidura, amenazó a Colombia con una guerra arancelaria por la negativa de Petro a recibir vuelos de deportación de migrantes, al denunciar un "trato indigno". La crisis se resolvió el mismo día, pero dejó una herida abierta.En septiembre, Washington retiró la certificación de Colombia como país que coopera en la lucha antidrogas y ese mismo mes, el Departamento de Estado revocó su visa tras instar, en un mitin en Nueva York, a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump sobre Gaza.El tono se elevó aún más en octubre, cuando Trump acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico", mientras que el Departamento del Tesoro le impuso sanciones financieras al incluirlo, junto a parte de su familia y al ministro de Interior, Armando Benedetti, en la llamada Lista Clinton.Petro condenó además los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, y Trump llegó a sugerir que el mandatario colombiano podría ser "el siguiente" objetivo después del operativo contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero ambos acordaron verse en una sorpresiva llamada telefónica del 7 de enero, días después del arresto del líder chavista.¿Qué asuntos están sobre la mesa?Trump afirmó este martes que Petro "ha cambiado mucho su actitud" desde el derrocamiento de Maduro, y se mostró convencido de que tendrán una buena reunión.La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, que acompaña a Petro en Washington, también se mostró este martes "muy positiva" sobre el cara a cara y aseguró que el encuentro relanzará las relaciones entre ambos países.Petro llega a la cita en la recta final de su mandato, ya que la primera vuelta de las elecciones presidenciales está prevista para el 31 de mayo, pero la lista de temas a abordar es variada y compleja.Esos van desde la posible petición del mandatario para ser retirado de la Lista Clinton hasta asuntos migratorios y la eventual colaboración con Washington en sus planes para la transición en Venezuela, país que comparte más de 2.000 kilómetros de porosa frontera con Colombia.El asunto del narcotráfico, sin embargo, es central. "Será fundamental que Petro encuentre puntos en común con Trump en áreas de máxima prioridad para Estados Unidos", dijo a EFE Jason Marczak, director del Centro para América Latina del Atlantic Council.Petro llegará a la Casa Blanca con la intención de demostrar con datos que su política, que apuesta por la sustitución de cultivos en lugar de la tradicional guerra contra el narcotráfico, ha sido exitosa.La Casa Blanca denuncia, sin embargo, que el área de cultivos de coca ha aumentado, con base en cifras de Naciones Unidas que, según el Gobierno colombiano, se elaboraron con una "metodología equivocada".Kevin Sullivan, vicepresidente del Consejo de las Américas, declaró a EFE que Petro todavía tiene margen de maniobra para implementar cambios dado que ejercerá el cargo "durante gran parte de 2026", hasta que en agosto asuma un nuevo mandatario."El presidente Trump buscará compromisos concretos del presidente Petro para intensificar las acciones y frenar el creciente flujo de cocaína que sale de Colombia", pronosticó.
Con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 cada vez más cerca, uno de los pasos clave para los ciudadanos es verificar con tiempo dónde les corresponde votar. Aunque pueda parecer un trámite menor, consultar el puesto de votación evita contratiempos el día de las elecciones y facilita una participación tranquila y organizada.La Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de administrar el censo electoral, ya tiene habilitados los canales oficiales para que los colombianos, dentro y fuera del país, puedan confirmar esta información con anticipación.¿Por qué es importante consultar el puesto de votación?Saber con exactitud el lugar asignado para votar permite planear mejor la jornada electoral y evitar desplazamientos innecesarios. No son pocos los casos de personas que llegan a un sitio equivocado por no haber verificado previamente su información.Al hacer la consulta, el ciudadano puede confirmar datos clave como:La localidad o municipio donde está inscrita su cédula.El nombre del puesto de votación.La dirección exacta del lugar.La mesa asignada para sufragar.Además, esta revisión previa ayuda a detectar errores o cambios en el registro y corregirlos antes del día de la votación. Para 2026, el calendario electoral contempla elecciones al Congreso el 8 de marzo, primera vuelta presidencial el 31 de mayo y una eventual segunda vuelta el 21 de junio.¿Cómo hacer la consulta del puesto?La forma más rápida y sencilla es a través de la plataforma digital de la Registraduría. El proceso es gratuito y no requiere intermediarios. Basta con ingresar al portal oficial del censo electoral y digitar el número de cédula, sin puntos ni comas.El sistema mostrará de inmediato el lugar de votación actual, con todos los datos necesarios. Este servicio está disponible tanto para quienes viven en Colombia como para los ciudadanos que se encuentran en el exterior.Quienes prefieran atención presencial pueden acudir a las sedes de la Registraduría en todo el país, donde también se ofrece orientación sobre el estado del registro electoral.¿Se puede cambiar el puesto de votación?Sí. La Registraduría permite actualizar el puesto de votación dentro de los plazos definidos en el calendario electoral. Este trámite está pensado para personas que cambiaron de ciudad o desean votar en un lugar diferente.El cambio se puede hacer en jornadas presenciales o a través de las plataformas habilitadas. Para los colombianos en el exterior, los consulados y embajadas funcionan como puntos autorizados para estos trámites.La recomendación de las autoridades es consultar con tiempo, guardar la información y llegar el día de la votación con la cédula original o digital. Prepararse con anticipación hace la diferencia y permite ejercer el derecho al voto sin afanes ni confusiones.
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago analizó lo que será la reunión de este martes entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. En ese sentido, se refirió en Recap Blu a la expresión que tuvo el año pasado el magnante hacia el jefe de Estado colombiano, cuando lo llamó líder del narcotráfico."Hay momentos en que no se controlan los sistemas de comunicaciones y se dicen muchas cosas, pero creo que el mejor ejemplo de esto es que el presidente Trump decidió hablar con el presidente colombiano y no creo que el presidente Trump, sabiendo que sea parte de un grupo de esta naturaleza (narcotráfico), hubiera aceptado hablar con el presidente Petro", dijo la exintegrante del gabinete del Gobierno.¿Se acabará descertificación de Colombia?En septiembre del 2025, la administración de Trump decidió descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas y, con la reunión entre los mandatarios, se podría llegar a un acuerdo para reversar esa medida. Por eso, Buitrago explicó que las diferencias entre las cifras que maneja el Gobierno colombiano y las que presentan Estados Unidos, la ONU y otros organismos internacionales obedecen a problemas metodológicos y a una lectura incompleta del fenómeno. Reconoció que el cultivo de coca ha crecido y que existe un aumento de grupos criminales con control territorial, pero insistió en que también deben contabilizarse los esfuerzos en incautaciones, destrucción de laboratorios y acciones que impiden que la droga llegue a los mercados internacionales.Buitrago también señaló que la descertificación no responde a una sola causa, sino a un conjunto de factores históricos, políticos y operativos. Entre ellos destacó la expansión de los cultivos ilícitos —que, según cifras conocidas, se acercarían a las 300.000 hectáreas— y la falta de una erradicación efectiva en territorios dominados por estructuras criminales. En ese sentido, defendió que esos grupos deberían asumir directamente el desmonte de cultivos y laboratorios si realmente tienen voluntad de paz, y no trasladar el riesgo a la fuerza pública.Frente a la posibilidad de que Estados Unidos revierta su decisión tras la reunión bilateral, la exministra fue prudente. Consideró que el solo hecho de abrir el diálogo ya implica un reconocimiento a los esfuerzos de Colombia, especialmente en incautaciones y golpes al crimen organizado, pero advirtió que no bastará con conversaciones. “Habrá exigencias de resultados concretos, sobre todo en erradicación y lucha contra el multicrimen”, concluyó, al tiempo que subrayó que la cooperación internacional es clave frente a mafias que operan en varios continentes.
El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro habría implementado una “nómina paralela” mediante la firma de más de 101.400 contratos de prestación de servicios durante el mes previo a la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, medida que restringe la contratación estatal en tiempos preelectorales. De acuerdo con Briceño, el monto total de estos contratos asciende a 6 billones de pesos, cifra que considera “la más alta en la historia del Estado colombiano”.En diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, el concejal señaló que, según sus revisiones en el SECOP y los datos abiertos del Gobierno, la firma masiva de contratos “constituye un aumento del 74% en comparación con el último periodo de ley de garantías durante el gobierno Duque”. Briceño sostuvo que, mientras en ese entonces se firmaron contratos por 32 billones, el actual gobierno ya ha comprometido 61 billones de pesos.“Estamos hablando de una cifra récord. Son 101.400 contratistas nuevos en el Gobierno nacional, lo que confirma la existencia de una nómina paralela en un momento en que supuestamente hay crisis fiscal”, aseguró Briceño.Contratos en el límite de la Ley de GarantíasLas denuncias se conocieron justo cuando comenzó a regir la Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías, que prohíbe la contratación directa con entidades públicas o la celebración de nuevos contratos en los cuatro meses previos a las elecciones. Según el concejal, la firma masiva de contratos busca asegurar apoyos políticos de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2026.“Es evidente que se está utilizando la figura de la prestación de servicios para ampliar la nómina estatal con fines políticos”, afirmó el cabildante. “Esto ocurre justo antes de la entrada de la Ley de Garantías, lo que enciende todas las alertas sobre un uso electoral de los recursos públicos”.Entre las entidades mencionadas por Briceño están Colpensiones, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio de la Igualdad, donde —dijo— se han creado miles de cargos en planta o mediante contratos temporales.Denuncias específicas y posibles beneficiariosEl concejal apuntó directamente a altos funcionarios y estructuras políticas afines al Pacto Histórico, movimiento que encabeza el presidente Petro. Mencionó un crecimiento atípico de contratistas en la Agencia Nacional de Tierras, donde “la cifra pasó de 1.400 a casi 7.000 personas vinculadas”, lo que —según él— reflejaría “una agenda política orientada a favorecer candidaturas en regiones como el Meta”.Briceño también cuestionó la reasignación de cargos diplomáticos, como el nombramiento del exministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, en el consulado de Bruselas, Bélgica. “Este tipo de designaciones violan el espíritu de la carrera diplomática y refuerzan la sospecha de un uso discrecional del poder político”, puntualizó.En su intervención, el cabildante denunció además que “hijos de congresistas aliados al Gobierno” han obtenido contratos de prestación de servicios días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Como ejemplo, sostuvo que “el hijo del senador Ahmed Scaf firmó dos contratos con entidades distintas siendo recién graduado, lo que demuestra que estos recursos no son para fortalecer el Estado, sino para beneficiar a los políticamente cercanos”.Incoherencia con la reforma laboral del GobiernoBriceño también calificó como “contradictorio” que el Ejecutivo recurra de forma masiva a las Ordenes de Prestación de Servicios (OPS) mientras impulsa una reforma laboral que busca eliminar dicha figura por considerarla una forma de precarización.“Un gobierno que prometió terminar los contratos de prestación de servicios los está multiplicando. Esto va en contravía de su propio discurso y de la reforma laboral que propone formalización”, dijo el concejal.El cabildante aseguró que algunos cargos contratados “sí son necesarios”, como abogados o técnicos especializados, pero subrayó que otros perfiles, como periodistas digitales contratados por RTVC, “resultan difíciles de justificar en un contexto de crisis fiscal”.Contexto político y reacción pendiente del GobiernoHasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido un pronunciamiento formal frente a las denuncias. El presidente Petro ha sostenido en ocasiones anteriores que el aumento de contratación en el sector público responde a un proceso de “formalización laboral”, lo cual ha defendido como una medida para regularizar la situación de trabajadores estatales sin vínculo laboral estable.
El Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional firmaron un contrato por más de 185.000 millones de pesos que tiene que ver con la elaboración de los pasaportes en Colombia.“Producir y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios unitarios, para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”, dice el objeto del contrato.Es importante recordar que el nuevo modelo de pasaportes debe entrar en vigencia el próximo 1 de abril y, por eso, desde algunos sectores se preguntan si el nuevo convenio entraría en operación, pues este podría abrir la puerta a una nueva prórroga con Thomas Greg & Sons.“Se viene contratación a dedo. Algo no huele bien. En diciembre la Imprenta Nacional me respondió, a derecho de petición, que son 35 semanas después de la firma. Con este nuevo contrato, ¿comenzarían el 1.º de abril a producir pasaportes? ¿Nueva urgencia manifiesta? No hay derecho”, dice la senadora Angélica Lozano.Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro pidió hacer cambios en el modelo de expedición de pasaportes, argumentando que se pudieron haber presentado presuntos actos de corrupción con la empresa Thomas Greg & Sons, compañía encargada de la elaboración de los documentos.Aunque el contrato tiene una fecha final, el 31 de diciembre, no aclara la fecha de entrada en vigencia.
En diálogo con Mañanas Blu, Álvaro Jiménez, jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional en los diálogos con el Clan del Golfo, confirmó el fallecimiento de uno de los cabecillas más importantes de esta organización criminal, conocido bajo el alias de ‘Gonzalito’. El insurgente perdió la vida tras un accidente fluvial en el río Esmeraldas, en jurisdicción del municipio de Tierralta, Córdoba. Según los reportes entregados por la delegación del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), la lancha en la que se transportaba se volcó en medio de un traslado relacionado con el proceso de paz.El accidente y la recuperación del cuerpoLa muerte de ‘Gonzalito’ se produjo por ahogamiento durante un desplazamiento hacia una zona estratégica para los diálogos. Ante este suceso, el presidente de la República impartió instrucciones precisas para verificar la información a través de la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz de la OEA (MAP OEA). Jiménez explicó que, debido a las difíciles condiciones climáticas y la situación invernal en la región, se autorizó el apoyo de la Brigada 11 del Ejército para el rescate y traslado del cuerpo hacia Medicina Legal.Esta decisión generó controversia, pero el jefe negociador aclaró que el Estado debe utilizar todas sus herramientas para el traslado de cualquier ciudadano que muera en dichas condiciones, sin que esto implique otorgar una condición de "héroe" al fallecido. Además, se busca garantizar la seguridad de la misión en un territorio donde el grupo armado ha tenido presencia por más de 15 años.Órdenes de captura y extradición suspendidasUno de los puntos más relevantes revelados por Jiménez es que ‘Gonzalito’ gozaba de una suspensión de sus órdenes de captura, incluyendo aquellas con fines de extradición hacia los Estados Unidos. Esta medida se tomó en el marco legal de los acuerdos de paz, ya que el cabecilla figuraba en el listado de personas que ingresarían a una Zona de Ubicación Temporal (SUT) en Tierralta.El objetivo de su traslado era precisamente la localización de los hombres del grupo en un espacio de transición, lo cual es considerado por el Gobierno como un avance significativo en el proceso. Según Jiménez, la ley permite este tipo de suspensiones para facilitar la construcción de acuerdos y el cumplimiento de mandatos legales específicos para la paz.Escuche aquí la entrevista:
El presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, cumplen un mes presos en Nueva York, donde se declararon inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia de EE.UU. y aguardan una vista judicial el 17 de marzo.Maduro y Flores fueron capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, penal del que salieron brevemente el día 5 para asistir a su primera audiencia, de lectura de cargos, ante un juez federal en un tribunal de Manhattan.¿Qué cargos se les imputan?Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.Flores está acusada de otros cuatro cargos relacionados con los de su marido: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.Sus acusaciones forman parte de un amplio caso presentado por la Justicia de EE.UU. en 2020 que argumenta que altos funcionarios venezolanos formaban el Cártel de los Soles, organización designada terrorista por EE.UU., que atribuía su liderazgo a Maduro.Tras su captura, la Fiscalía eliminó en su nueva imputación las alusiones al Cartel de los Soles como organización criminal estructurada, y ya no presenta a Maduro como su líder.¿Cuál es su estatus legal?Maduro, en su primera audiencia, se declaró no culpable de los cargos y afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela, que es "un prisionero de guerra" y que ha sido "secuestrado". Cilia Flores también declaró su inocencia.El abogado de Maduro, Barry Pollack, informó al tribunal de que no solicitaba la libertad bajo fianza, pero no descartó hacerlo más adelante. Flores está representada por otro letrado, que tampoco solicitó libertad bajo fianza.Pollack prometió presentar "numerosos" documentos para reivindicar que Maduro es "jefe de un Estado soberano", tiene "derecho a los privilegios" correspondientes y su "secuestro por parte de militares" fue ilegal.Maduro y Flores están reclusos en el penal de Brooklyn, desde donde han pedido atención médica, según documentos entregados al juez, y la fecha para la siguiente audiencia ante el juez es el 17 de marzo.¿Quién compone la defensa de Maduro?El principal defensor es Barry Pollack, un letrado de alto perfil del bufete Harris St. Laurent & Wechsler conocido por asistir a Julian Assange, acusado de espionaje por publicar en Wikileaks información clasificada, logrando su liberación.Otro abogado, Bruce Fein, mediático y especializado en constitucional, solicitó sumarse al caso pero Pollack le dijo al juez que había hablado con Maduro y este le indicó que no lo había contratado, por lo que ha sido apartado.Flores está representada por Mark Donnelly, cofundador de la firma Parker Sanchez & Donnelly y que ha trabajado 12 años en el Departamento de Justicia y ocho como fiscal en un condado de Houston.¿Quién es el juez?El magistrado que lleva el caso es Alvin K. Hellerstein, de 92 años, nombrado en 1998 por el expresidente Bill Clinton y especialista en casos complejos y de alto perfil, con varios procesos de crimen organizado y transnacional en su currículo.Hellerstein ya estaba al frente del caso de Maduro desde marzo de 2020, cuando se presentó la acusación original, por lo que conoce el entramado probatorio y los argumentos de la Fiscalía.Ha dirigido otros procesos relacionados con exfuncionarios venezolanos, entre ellos Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.¿Qué se sabe de su vida en la cárcel?El Departamento de Prisiones indicó que por "privacidad, seguridad y garantías" no habla sobre "las condiciones de confinamiento de ninguna persona", y los detalles que han trascendido son escasos.En el MDC de Brooklyn, denunciado por sus duras condiciones, hay reclusos de alto perfil, como el rapero P. Diddy, por delitos sexuales; Luigi Mangione, por asesinato a un ejecutivo, o Sam Bankman-Fried, por fraude con criptomonedas.Algunas personas han comentado en las redes sociales que han enviado cartas a Maduro para transmitirle el sufrimiento de sus familias o críticas políticas, y otras han grabado vídeos gritando consignas desde la calle donde está el penal.
Un total de 16 personas murieron este domingo en dos accidentes de tráfico en Turquía, nueve de ellos al volcar un autobús de largo recorrido en la provincia de Antalya en el sur del país, y otros siete al chocar dos turismos en la provincia vecina de Burdur.El autobús, con 34 pasajeros a bordo, volcó a las 10.20 hora local (7.20 GMT) tras tomar una curva en la vía de incorporación en un nudo de autopistas en la periferia norte de la ciudad mediterránea de Antalya, precipitándose por un terraplén.Ocho pasajeros fallecieron en el momento, mientras que el conductor murió poco más tarde en el hospital, informó el gobernador de la provincia de Antalya, Hulusu Sahin, en una comparecencia ante los medios, difundida en la cuenta X de su oficina. Además hay 22 heridos, siete de ellos en estado grave.Las primeras pesquisas apuntan a que el bus volcó al tomar con demasiada velocidad la curva, con un firme además mojado, señala la agencia turca Anadolu.El vehículo, propiedad de la empresa de transportes turca Buzlu, había salido la víspera de la ciudad de Tekirdag, en el extremo noroeste de Turquía, y había casi completado su trayecto de 850 kilómetros.Apenas 40 minutos más tarde, sobre las 11.00 hora local (8.00 GMT), dos turismos chocaron en la provincia vecina de Burdu, causando siete muertos y cinco heridos, informó la oficina del gobernador provincial.Este segundo accidente letal ocurrió en una carretera a apenas 60 kilómetros al norte del primero y ha elevado a 16 el número de víctimas mortales por accidente de tráfico en Turquía en una sola mañana.
Desde la mañana del pasado viernes, 30 de enero, el puerto de Buenaventura se encuentra parcialmente paralizado por una protesta de transportadores de carga en el sector de La Caucana, sobre la vía de acceso al principal puerto del país.Los camioneros denuncian demoras excesivas para devolver contenedores vacíos, sobrecostos operativos y falta de control del gobierno frente a las terminales portuarias y las navieras.En diálogo con Noticias de la Mañana, Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, explicó que el problema no es reciente y se ha agravado por la saturación de los patios de contenedores vacíos en Buenaventura.Multas diarias y falta de cumplimiento en mesas de diálogoSegún el dirigente gremial, Colombia se ha convertido en un “hub de contenedores vacíos” en América del Sur, debido a que a las navieras les resulta rentable dejar estos equipos almacenados en el país sin asumir costos prolongados.“El transportador devuelve el contenedor, pero se encuentra con que no hay dónde entregarlo. Eso no es culpa del camionero, pero aun así se le imponen multas diarias que pueden llegar a los 150 dólares”, señaló Cuervo, al advertir que estas sanciones están asfixiando financieramente al sector.El presidente de Fedetranscarga aclaró que las empresas afiliadas al gremio no promueven las vías de hecho, pero reconoció que las bases transportadoras han decidido bloquear las vías ante la falta de soluciones estructurales.Cuervo aseguró que las mesas de diálogo con autoridades y representantes de las navieras se han instalado en varias ocasiones, pero no han producido resultados concretos. A su juicio, se requiere una intervención directa de la Superintendencia de Transporte, ya que las navieras operan como un oligopolio con amplio margen para imponer condiciones.Entre las principales exigencias al gobierno está limitar el tiempo de permanencia de los contenedores vacíos en el país y garantizar espacios reales para su devolución sin penalidades injustificadas.No se pueden registrar los despachos ante la RNDCA esta situación se suma una nueva dificultad: el colapso del Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC). Según el dirigente, la implementación de nuevas normas que obligan a reportes vía GPS y geocercas ha superado la capacidad tecnológica de la plataforma, impidiendo registrar despachos y cierres de operaciones.“El sistema está caído constantemente y eso frena el transporte, afecta el comercio exterior, el consumo interno y hasta la movilización de alimentos”, advirtió Cuervo, quien aseguró que el Ministerio de Transporte fue alertado desde diciembre sobre estas fallas.Mientras no haya respuestas concretas, el futuro de la protesta en Buenaventura sigue siendo incierto, con impactos directos en la logística, la competitividad del país y la cadena de abastecimiento nacional.Escuche la entrevista completa aquí:
Lo que comenzó como una falla mecánica terminó convertido en una emergencia de grandes proporciones. Un incendio de alta intensidad consumió por completo el peaje Bicentenario , ubicado en el corredor vial Honda (Tolima) – Puerto Bogotá – en el peaje de las afueras de Guaduas (Cundinamarca) , generando pánico entre los usuarios de la vía y dejando la infraestructura en pérdida total .La conflagración se desató cuando un vehículo presentó fallas mecánicas justo al momento de atravesar los carriles del peaje . En cuestión de minutos, las llamas se propagaron y alcanzaron directamente las cabinas, afectando al menos dos carriles y comprometiendo toda la estructura.“Inicialmente nos informaron que había un carro incendiado más arriba del peaje, por lo que pensamos que debía atender Guaduas. Pero al comunicarnos con una de las operadoras nos confirmó que el vehículo se estaba incendiando dentro de los carriles, al pie de las cabinas”, relató a Blu Radio el capitán César Santana , comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Honda .Ante la magnitud del fuego, Bomberos Honda activó de inmediato el protocolo de emergencia y desplazó una máquina extintora con dos unidades , seguida posteriormente por un vehículo cisterna , en un intento por contener el avance de las llamas.“La verdad es que la estructura se quemó. El peaje prácticamente se quemó todo. Bomberos Honda logró hacer el control y apagar el incendio, pero los daños son totales. Afortunadamente no hay pérdidas humanas, solo materiales”, explicó el oficial.Cerca de 30 minutos después , unidades de Bomberos Guaduas llegaron al lugar para apoyar las labores de evaluación, aunque el incendio ya había sido controlado. Sin embargo, el impacto en la movilidad fue inmediato y severo.“En este momento la vía está completamente cerrada. Estamos evaluando si se puede habilitar un carril provisional, pero mientras tanto el paso entre Tolima y Cundinamarca permanece bloqueado”, agregó Santana.Por su parte, el a lcalde de Honda, Juan Enrique Rondón García , confirmó que no se registraron personas lesionadas y que la Policía Nacional hace presencia en la zona para garantizar la seguridad y regular el tránsito.“El incendio ya fue controlado por Bomberos Honda. La Policía está protegiendo los bienes y regulando la movilidad, ya que el paso entre Cundinamarca y Tolima se encuentra totalmente cerrado. Como vía alterna, se recomienda la conexión por el sector de Cambao”, indicó el mandatario.A esta hora, organismos de socorro y personal del peaje continúan en el lugar realizando evaluaciones técnicas , mientras cientos de conductores permanecen represados a la espera de que se habilite un paso provisional.
El comité para la Asamblea Nacional Constituyente recibió el aval de la Registraduría para poder empezar a recolectar las más de dos millones de firmas que deben ser validadas para posteriormente poder presentar el proyecto ante el Congreso.“Declarar que la solicitud para la Iniciativa legislativa que tiene como propósito la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y el comité promotor ha denominado: ‘CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EN COLOMBIA’ cumple con el lleno de los requisitos formales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015”, señaló la Registraduría.Ahora el comité deberá recolectar aproximadamente dos millones de firmas y presentarlas ante la Registraduría, si son válidas, el texto pasaría al Congreso de la República.Esta ha sido una iniciativa impulsada por el actual gobierno. El ministro de trabajo, Antonio Sanguino, acompañó en su momento la inscripción del comité y en las últimas horas reaccionó a la decisión de la Registraduría.“Se activa así una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos”, dijo Sanguino.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
Luego del anuncio sobre la reapertura del espacio aéreo venezolano, las aerolíneas colombianas iniciaron el proceso de reactivación gradual de sus rutas hacia y desde Venezuela, mientras continúan las evaluaciones de seguridad operacional.Wingo ya confirmó la reanudación de sus vuelos entre Bogotá y Caracas a partir del 16 de enero de 2026, tras haber suspendido temporalmente su operación desde diciembre pasado. La aerolínea informó que la decisión se tomó en coordinación con las autoridades competentes y bajo estrictos protocolos de seguridad.Por su parte, Latam Airlines Colombia señaló que manifestó formalmente ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela su intención de retomar la ruta Bogotá–Caracas, con el fin de gestionar la restitución del permiso de operación, aunque aún no hay una fecha definida para el reinicio.Otras compañías, como Avianca, también se mantienen en proceso de verificación de las condiciones de seguridad y operativas antes de anunciar oficialmente la reanudación de sus vuelos hacia el país vecino.En el ámbito regional, aerolíneas como Copa Airlines informaron que retomarán progresivamente sus vuelos Panamá - Caracas desde enero, en medio del restablecimiento gradual de la conectividad aérea con Venezuela.
El abogado Jorge Iván Cuervo, designado como nuevo ministro de Justicia, afirmó que su llegada al gabinete se basa en la confianza y en su trayectoria académica, no en afinidades políticas. En entrevista con Mañanas Blu,con Néstor Morales, Cuerco aclaró versiones sobre su carrera profesional y reveló detalles de su conversación con el presidente Gustavo Petro, en la que discutieron su independencia de criterio frente a temas sensibles como la emergencia económica y la propuesta de una Asamblea Constituyente.“Aclaro que nunca he sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Trabajé en el Ministerio de Justicia, en la Procuraduría General y en la Consejería Presidencial de Derechos Humanos”, precisó Cuervo al inicio de la entrevista.El abogado, egresado de la Universidad Externado de Colombia, llega al Ministerio en un momento decisivo para el Ejecutivo, cuando restan pocos meses de mandato y varias reformas estructurales, entre ellas la de justicia, han quedado inconclusas.“Una cosa son mis opiniones y otra mi rol como ministro”Uno de los temas que generó expectativa fue la postura de Cuervo sobre la emergencia económica declarada por el Gobierno y posteriormente declarada inconstitucional por la Corte. El ministro designado explicó que su conversación con el presidente Petro incluyó una aclaración sobre sus posiciones previas, publicadas en columnas y redes sociales.“Le dije al presidente que yo he tenido posturas críticas en distintos temas, y él lo entendió perfectamente. Me dijo que eso hacía parte del ejercicio de mi libertad de expresión y que ahora entrábamos en otro escenario”, contó Cuervo.Añadió que, aunque mantiene su criterio jurídico, su papel como ministro implica tramitar las discrepancias “usando los mecanismos que establece la Constitución”. En sus palabras: “Las diferencias con los fallos judiciales deben tramitarse acatándolos y recurriendo a los recursos jurídicos”.Con esta posición, el nuevo titular de Justicia busca marcar distancia entre su labor académica —de análisis y crítica— y su nuevo rol como funcionario público, guiado por el respeto institucional a las decisiones de los altos tribunales.El documento programático y la visión de largo plazoDurante la entrevista, Cuervo también se refirió a un documento de su autoría titulado Ideas sobre una plataforma programática para la administración de justicia, el cual entregó directamente al presidente Petro. Aunque reconoce que no será posible desarrollar completamente este plan en los seis meses que restan de gobierno, su meta es proyectar bases técnicas para el futuro del sistema judicial.“Los temas de justicia no son de un solo gobierno; deben proyectarse a diez años. Vamos a dejar unos lineamientos técnicos y convocar nuevamente la comisión de reforma que inició el ministro Osuna”, aseguró.El ministro subrayó que trabajará junto al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Seguridad y Justicia para construir documentos que sirvan al próximo gobierno. “Más acceso, menos congestión y mayor celeridad: esos son los consensos básicos que debemos consolidar”, señaló.Distancia frente a la ConstituyenteOtro tema central de la entrevista fue la posible Asamblea Constituyente impulsada por el Gobierno. Cuervo indicó que ese asunto no formó parte de su primera conversación con Petro y considera que el Ministerio de Justicia no debería tener protagonismo en un proceso político de esa naturaleza.“Ese es un tema del ámbito del presidente y del Ministerio del Interior. No creo que el Ministerio de Justicia deba ser protagónico en ese proceso”, afirmó. Su postura marca una diferencia en la forma de asumir los debates constitucionales, centrada en la técnica jurídica y no en el activismo político.Entre la docencia y el servicio públicoA pesar de su nombramiento, Cuervo ratificó su compromiso con la docencia universitaria, su gran pasión. “Soy exigente, riguroso, pero justo, como debe ser. No voy a dejar de dictar mi clase de políticas públicas los martes en la Universidad Externado”, comentó con humor.El presidente Petro, dijo, le permitió continuar con su labor académica: “No hay ningún problema en eso. No soy el primero ni el único ministro que dicta clase”.
La recopilación de videos a través de cámaras de seguridad, entre otras evidencias, fue suficiente para que investigadores de la Sijín identificaran y lograran la ubicación del hombre que, con arma de fuego, atacó a un patrullero de la Policía cuando se dirigía a atender un hecho de homicidio registrado el fin de semana anterior en un establecimiento público del corregimiento de Bruselas, en jurisdicción del municipio de Pitalito.Se trata de alias ‘Sombra’, quien, según versiones oficiales, desde una motocicleta, como parrillero, habría disparado un arma de fuego contra el uniformado, que permanece bajo observación médica y fuera de peligro en el hospital de Pitalito, en el sur del Huila.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de Policía en el Huila, indicó que los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando la patrulla se desplazaba a atender el homicidio de una persona que se presentó en el corregimiento de Bruselas, hecho que también es materia de investigación.Posteriormente al ataque contra el patrullero, de inmediato se desplegó un plan candado en todo el centro poblado y, según la Policía, los operativos constantes sirvieron como presión para que alias ‘Sombra’ se entregara de manera voluntaria en las últimas horas.“Ante la presión operativa y el cierre total del territorio, alias ‘Sombra’ no tuvo otra alternativa que presentarse ante las autoridades judiciales. La Policía agradece a la ciudadanía la información suministrada, la cual fue clave para la ubicación de este sujeto y su posterior judicialización”, aseguró el coronel Carlos Eduardo Téllez.Alias ‘Sombra’, quien resultó herido en un intercambio de disparos con la patrulla policial, recibe atención médica y, tan pronto sea dado de alta, será llevado a un centro de reclusión por orden de un juez de control de garantías.
El Gobierno nacional retiró del Congreso de la República el proyecto de ley que buscaba reglamentar el servicio de transporte por plataformas digitales, como Uber, Didi y Cabify, entre otras, y que planteaba un endurecimiento sin precedentes del régimen sancionatorio contra lo que denominaba “servicio ilegal de transporte”.La decisión fue confirmada por Luis Gabriel Serna, jefe de la oficina jurídica de la Superintendencia de Transporte, quien explicó que el Ministerio de Transporte optó por retirar la iniciativa para hacer ajustes a varios de sus artículos, tras las críticas y confusiones generadas en distintos sectores.Según Serna, el retiro del proyecto responde a “las múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos” del proyecto de ley 347 de 2026, recientemente radicado en el Congreso.Por esta razón, el Gobierno decidió modificar el articulado para que tenga mayor claridad y refleje los acuerdos discutidos en mesas de negociación con los gremios del sector transporte, especialmente los de carga.El proyecto había sido radicado el 20 de enero de 2026 por el Ministerio de Transporte y constaba de 118 artículos. Aunque el texto abordaba varios aspectos del sector transporte, una parte sustancial se enfocaba en reforzar las sanciones contra los servicios prestados con vehículos particulares sin autorización oficial.Uno de los puntos más polémicos era la definición de “servicio ilegal de transporte”, entendido como aquel que satisface la necesidad de traslado de personas o carga en vehículos particulares sin cumplir los requisitos legales ni contar con autorización de la autoridad competente. Bajo este concepto, el proyecto pretendía declarar ilegal el transporte de pasajeros a través de plataformas tecnológicas.Además, la iniciativa proponía una ampliación significativa del alcance de las sanciones. El artículo 8 establecía castigos no solo para los conductores que prestaran el servicio, sino también para personas naturales o jurídicas que facilitaran o permitieran el incumplimiento de las normas. En la práctica, esto abría la puerta a sanciones para usuarios, plataformas tecnológicas e incluso conjuntos residenciales vinculados al uso de estas aplicaciones.Con el retiro del proyecto, el Gobierno busca replantear el texto y evitar interpretaciones ambiguas, mientras continúa el diálogo con los gremios. Sin embargo, la discusión sobre el futuro del transporte por plataformas en el país sigue abierta y podría regresar al Congreso con un nuevo articulado en los próximos meses.
El presidente Gustavo Petro llevará al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una ancheta con café de especialidad y chocolates de exportación. Estos productos son cultivados por 20.300 familias que participan en el programa de sustitución de cultivos en Argelia, Cauca, una zona con alta presencia de plantas de coca.El Gobierno nacional indicó que el objetivo de este regalo es mostrar a la Casa Blanca los resultados de la transición de cultivos ilícitos a economías legales. Los chocolates tienen la marca 'Peace Chocolates' y el café es denominado 'Café de la Sustitución'. También llevarán un poncho fabricado por campesinos del departamento de Nariño y canastos hechos por indígenas del Chocó con fibra de palma de Werregue.Otros regalos para el gabinete de TrumpAdemás del regalo para el presidente Trump, la delegación colombiana incluyó objetos para otros funcionarios del gobierno estadounidense: la primera dama Melania Trump, la portavoz Caroline Leavitt, Marco Rubio y JD Vance. Con esta entrega, el presidente Petro busca presentar los avances en sustitución de cultivos e interdicción, en un momento donde el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha cuestionado los resultados de la estrategia de seguridad y la expansión de grupos ilegales en el país.La reunión de Petro y Trump se da un año después de varios desencuentros entre ambos mandatarios, que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano no autorizó la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos al denunciar un "trato indigno" para sus connacionales.Ese episodio, que estuvo a punto de desembocar en la primera guerra arancelaria de Estados Unidos con Colombia por las amenazas de Trump, se resolvió el mismo día pero dejó una herida en una sólida relación bilateral que se fue agrandando en los meses siguientes.Además de los temas migratorios, ambos mandatarios han expuesto profundas diferencias en asuntos como la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las acciones de Estados Unidos en Venezuela, incluidos los ataques del 3 de enero en Caracas en los que fue capturado Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores.
La Concesión Línea Férrea Central anunció el avance en la ejecución del Proyecto de Asociación Público-Privada (APP) La Dorada–Chiriguaná. El proyecto será el primer corredor estratégico para la reactivación del transporte férreo en el país, que conecta el interior de Colombia con la costa Caribe, el Magdalena Medio y departamentos como Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar.Así comenzó la rehabilitación de los 522 kilómetros de vía férrea entre La Dorada (Caldas) y Chiriguaná (Cesar), una obra que tienes una inversión total de 3,4 billones de pesos. La iniciativa busca mejorar la conexión entre el centro productivo de Colombia y la región Caribe, facilitando el transporte de carga y avanzando hacia un sistema logístico más eficiente y sostenible.“El 2026 es un año determinante para el proyecto, porque comenzamos a traducir el trabajo técnico y de preparación adelantado, en resultados visibles en los territorios. Este avance permitirá generar impactos concretos en conectividad y desarrollo regional, manteniendo una ejecución responsable y articulada con las comunidades y las autoridades”, señaló Germán de la Torre, gerente general de la Concesión Línea Férrea Central.Desde agosto de 2025, cuando se inició el proyecto, se han desarrollado actividades de preparación, como los estudios y diseños de la vía, la rehabilitación de cuatro puentes ferroviarios prioritarios y la planificación de un puente vehicular y peatonal en Río Sogamoso. Además, se diseñaron dos instituciones educativas en Cimitarra (Santander) y se han realizado gestiones ambientales, sociales y prediales en los 25 municipios del área de influencia, para garantizar que las obras se desarrollen.Mientras se prepara la infraestructura, la concesión ha asegurado la continuidad de la operación ferroviaria. Entre agosto y diciembre de 2025, se movilizaron aproximadamente 549.000 toneladas de carga, lo que permite mantener activo el transporte de mercancías y apoyar la logística del país sin interrupciones, incluso mientras se realizan los trabajos de rehabilitación.En 2026, el proyecto entra en su fase más visible con la ejecución de obras prioritarias que impactan directamente a las comunidades. Entre ellas están la construcción de las instituciones educativas, la rehabilitación de los puentes de Puerto Berrío, Carare, Cuatrobocas y Río Sogamoso.
El Ministerio de Salud y Protección Social publicó para comentarios un borrador de resolución que actualiza el marco normativo para la autorización, funcionamiento y vigilancia de los laboratorios que utilizan animales de laboratorio en Colombia. La medida desarrolla el artículo 25 de la Ley 84 de 1989 y establece nuevas exigencias administrativas, técnicas y de control para las instituciones públicas y privadas que adelantan actividades de experimentación, investigación, docencia o diagnóstico.Uno de los principales cambios es la obligatoriedad de contar con una autorización formal expedida por el Ministerio de Salud, previa evaluación técnico-científica del Instituto Nacional de Salud (INS). La autorización tendrá una vigencia de dos años y será requisito indispensable para continuar operando. Sin este trámite, los laboratorios no podrán desarrollar actividades que involucren animales de laboratorio.La resolución endurece los requisitos técnicos que deben cumplir las instituciones. Los laboratorios deberán acreditar infraestructura adecuada, bioterios habilitados, personal capacitado y atención médico-veterinaria permanente, además de planes de manejo para los animales en caso de cierre temporal o definitivo de las instalaciones.Otro de los ejes de la norma es el fortalecimiento de los comités de ética para el uso de animales de laboratorio. Las instituciones estarán obligadas a conformar o actualizar estos comités, que deberán evaluar y hacer seguimiento a los protocolos de investigación, garantizando que el uso de animales esté debidamente justificado y documentado.La resolución establece que el uso de animales solo será admisible cuando sea indispensable desde el punto de vista científico, cuando no existan métodos alternativos validados y cuando se apliquen los principios de reemplazo, reducción y refinamiento, conocidos como las “3R”. Esto obliga a los laboratorios a sustentar de manera expresa por qué recurren a modelos animales y qué medidas adoptan para minimizar su uso.En materia de control, se refuerza el papel del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), que ejercerá acciones de inspección, vigilancia y control sanitario en los establecimientos autorizados. En caso de incumplimientos, especialmente aquellos relacionados con el bienestar animal, podrán adoptarse medidas sanitarias y cancelarse las autorizaciones otorgadas.La norma también ratifica la prohibición de la experimentación cosmética con animales, salvo las excepciones previstas en la Ley 2047 de 2020, y excluye este tipo de actividades del ámbito de autorización ordinaria, con el fin de evitar interpretaciones amplias.Finalmente, se establece un periodo de transición que incluye jornadas de socialización y plazos para que las instituciones ajusten sus procesos internos, adecuen los comités de ética y radiquen la solicitud de autorización. Una vez vencidos estos plazos, el uso de animales de laboratorio sin autorización podrá dar lugar a sanciones administrativas.
El anuncio se hace luego de que se conociera que la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO) señalara que se realizarían acciones que podrían afectar las operaciones en el aeropuerto El Dorado y demás aeropuertos de Colombia tras incumplimientos en acuerdos con el Gobierno.En diciembre del 2024 también se registró un escenario similar, que afectó por completo las operaciones en el aeropuerto El Dorado. Un caso que generó más de 65 retrasos y cancelaciones, afectando a 2.239 pasajeros, a causa de acciones de restricción para que los usuarios pudieran volar. Esto evidencia que cualquier interrupción en los servicios migratorios tiene consecuencias reales y significativas, según como lo menciona la aerolínea.Avianca señaló que se tendrían grandes impactos en el funcionamiento del sector aéreo, en el servicio al pasajero y la competitividad, ya que la eficiencia en los controles migratorios es esencial para garantizar la operatividad de los aeropuertos y la puntualidad de los vuelos, mientras que un control y servicio ágil representa el primer y último contacto del viajero con Colombia, asegurando una experiencia positiva para turistas y ciudadanos. Y por último, la fluidez en los aeropuertos internacionales es clave para mantener la posición de Colombia como principal destino turístico de Sudamérica y para así, atraer inversión extranjera.La aerolínea hizo un llamado urgente a las autoridades y sindicatos para garantizar que el servicio migratorio se mantenga de manera ininterrumpida, subrayando que la aviación solo funciona de forma eficiente cuando todos los actores de la cadena operan coordinadamente. Avianca aseguró que está monitoreando de cerca la situación y trabajando con el sector para minimizar los impactos potenciales. Cualquier alteración en los procesos de migración no solo afecta a los pasajeros y aerolíneas, sino que también pone en riesgo la competitividad internacional de Colombia y la confianza de los turistas en el país.Asimismo, Wingo emitió una alerta frente al riesgo que se vive en las operaciones en los próximos días.
Las fuertes lluvias que se han registrado en el Huila han ocasionado emergencias en ocho municipios principalmente deslizamientos de tierra, vías rurales colapsadas, viviendas afectadas y crecientes súbitas del ríos y quebradas que han destruido cultivos de plátano y café.Asimismo, en el río Suaza dos operarios de maquinaria amarrilla que adelantaban trabajos de canalización quedaron atrapados en medio de una creciente súbita del afluente, quienes finalmente fueron rescatados sanos y salvos por unidades de la Defensa Civil.Jhon Jairo Yepes, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Huila, informó que los municipios de Timaná, Teruel, Tello, Algeciras, La Argentina, Pitalito, Campoalegre y Suaza, han reportado emergencias por cuenta de las intensas lluvias que se han presentando en las últimas horas en todo el departamento.“Las lluvias se nos han intensificado en estos últimos cinco días y de las precipitaciones que se han registrado desde la noche anterior han ocasionado emergencias en ocho municipios del Huila. Tenemos reportes de viviendas afectadas y vías rurales colapsadas en Tello, Algeciras, La Argentina, Timaná. Una de las emergencias a la que le hemos dado prioridad ha sido los derrumbes en el sector de Pericongo sobre la Ruta 45”, indicó el funcionario.Le puede interesar: Lluvias en el Urabá dejan un adulto mayor muerto y tres desaparecidos: van 7.500 familias afectadasEl reciente informe entregado por la Oficina de Atención de Desastres en el Huila da cuenta de que hay afectaciones en infraestructura en tres instituciones educativas en los municipios de Neiva, Íquira y La Plata; entre tanto, en Teruel y Campoalegre, dos familias campesinas fueron evacuadas por averías en sus viviendas.Cabe mencionar, que, según el reporte de los organismos de socorro del departamento, en lo corrido del año 2026 hay un registro de 21 municipios que han presentado emergencias por deslizamientos de tierras, afectaciones en acueductos veredales, puentes vehiculares y viviendas averiadas; también crecientes súbitas, que han destruido cultivos de plátano.Balance general – Primera temporada de menos lluvias 2026(01 de enero de 2026 a la fecha)● Total de emergencias registradas: 77● Municipios afectados: 21● Tipo de eventos:○ Deslizamientos: 48○ Crecientes súbitas: 12○ Inundaciones: 6○ Caída de árboles: 5○ Hundimientos: 1
Desde Washington, tras una reunión preparatoria para el encuentro bilateral Petro–Trump, el embajador Daniel García-Peña reconoció que la reunión es impredecible, pero aseguró que las garantías brindadas al mandatario colombiano para llegar a Estados Unidos son una buena señal.“Estamos empeñados en seguir acompañando para que esta visita resulte. Aquí no está en juego una reunión entre un presidente, sino un momento fundamental para el país, una reunión de estas no se sabe qué puede pasar, pero las garantías que el gobierno Trump le ha dado a nuestro jefe de Estado son indicaciones claras”, dijo.Por su parte, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, confirmó la extradición de Pipe Tulua para mañana. “El presidente de la República dio una orden clara: el criminal Pipe Tulua debe llegar lo más rápido posible, extraditado de Colombia a EE. UU.”La canciller Rosa Villavicencio aseguró que el Gobierno buscará “relanzar” la relación con EE. UU. tras este encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump. “Hemos realizado un proceso a nivel diplomático para desescalar y llegar a este punto tan positivo, de máxima importancia para nuestro país”, afirmó.La agenda del presidente Gustavo Petro comenzó hoy y se extenderá hasta el próximo 5 de febrero. La visita incluirá reuniones con congresistas, estudiantes, empresarios y connacionales.
José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido en el mundo criminal como alias ‘Gonzalito’, fue durante años uno de los hombres clave del Clan del Golfo, organización en la que llegó a ocupar el cargo de segundo cabecilla del Estado Mayor Conjunto. Su muerte, confirmada en las últimas horas, cierra el ciclo de una trayectoria delictiva de más de dos décadas, marcada por la violencia armada, el uso de minas antipersonal, secuestros y el control de economías ilegales en el norte del país.Nacido el 30 de diciembre de 1974, Sánchez inició su carrera criminal en 1998, cuando ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cinco años después ya hacía parte de estructuras armadas móviles de ese grupo, experiencia que lo llevó a consolidarse como mando operativo y, tras la desmovilización paramilitar, mantenerse en el crimen organizado bajo nuevas siglas.Su ascenso dentro de las estructuras herederas fue constante. En 2018 asumió como cabecilla de la estructura Rubén Darío Ávila; en 2021 pasó a liderar el bloque completo y, para 2023, fue designado segundo cabecilla del Clan del Golfo, convirtiéndose en uno de los hombres con mayor poder de decisión dentro de la organización.Alias ‘Gonzalito’ tenía una amplia injerencia territorial en zonas rurales de Córdoba y Antioquia, con presencia en municipios como Montería, Ayapel, Tierralta y Caucasia, desde donde coordinaba comisiones armadas y rutas estratégicas. Según los reportes oficiales, su estructura controlaba corredores usados para el cobro de extorsiones al sector minero y para la producción y comercialización de pasta base de coca, además de confrontar a otros grupos armados ilegales en áreas limítrofes.En su prontuario figuran ataques reiterados contra la fuerza pública. Entre 2018 y 2022 se le atribuyen emboscadas con explosivos, activación de campos minados y combates que dejaron militares y policías heridos y muertos en zonas como Canalete, Tierralta y Puerto Libertador. En febrero de 2023, las autoridades lo señalaron de ordenar el secuestro de tres fiscales y una funcionaria judicial en la vía Cáceres–Medellín, uno de los hechos más graves atribuidos a su estructura.El perfil de inteligencia también lo responsabiliza de haber ordenado el llamado “plan pistola” en abril de 2025, en represalia por la neutralización de otro cabecilla del Estado Mayor, una ofensiva que derivó en 48 acciones armadas contra integrantes de la fuerza pública en distintas regiones del país.Para las autoridades, la muerte de alias ‘Gonzalito’ representa un golpe estructural al Clan del Golfo: su salida afecta el direccionamiento de las comisiones armadas, debilita el control territorial y reduce la capacidad de constreñimiento sobre la población civil en zonas estratégicas de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, donde era considerado una de las piezas más influyentes de la organización criminal.