Desde el Gobierno nacional informaron que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con capacidad técnica, logística y operativa para responder a la emergencia en el departamento de Córdoba, en respuesta a una comunicación del Departamento de Estado de Estados Unidos en la que anunciaba que está proporcionando alimentos, kits de sanitización de agua y suministros para refugios temporales para las personas afectadas por la ola invernal en el departamento de Córdoba.De acuerdo al texto el apoyo se coordina para atender las necesidades inmediatas, al tiempo que promueve la autosuficiencia y garantiza el mayor impacto posible.Sin embargo, la Cancillería y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres aclararon por medio de comunicados que aclaran que el Llamamiento Internacional se activa solo cuando las capacidades nacionales resultan insuficientes para responder a la emergencia.“Mientras la capacidad del Sistema no sea superada, la respuesta se atiende con medios propios. Cuando la magnitud de la emergencia exige apoyo externo, la UNGRD solicita formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores activar los canales diplomáticos”, dicen los documentos.Además, dejan en claro que el presidente de la República es quien autoriza finalmente si la ayuda internacional se acepta o no.“Si la situación desborda completamente las capacidades del Gobierno, que NO es el caso, se activa el Llamamiento Internacional, contemplado en el artículo 43 de la Ley 1523 de 2012 y en la Resolución 46/182 de Naciones Unidas. Este mecanismo es firmado por el presidente de la República y define con precisión el tipo de asistencia requerida, desde la declaratoria nacional de emergencia hasta la rendición de cuentas al cierre del proceso”, añaden.Desde el Gobierno agregan que la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional no se enfoca en la respuesta a la emergencia sino busca garantizar la recuperación integral posdesastre.En este sentido, la cooperación responde a la demanda identificada técnicamente, no a la oferta externa, ni a los llamados de entes territoriales.
Los 32 alcaldes de las ciudades capitales del país anunciaron su respaldo unánime a la propuesta de “Paz Electoral” impulsada por la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que las elecciones del 8 de marzo y del 31 de mayo se desarrollen sin hechos de violencia y con garantías para los ciudadanos.La decisión se dio tras una reunión en la que participaron mandatarios locales y autoridades nacionales para analizar los principales riesgos que enfrentan los territorios en época electoral. La seguridad, el manejo de las protestas y la presencia de grupos armados ilegales fueron algunos de los temas centrales del encuentro. Los alcaldes coincidieron en que se necesita mayor coordinación con el Gobierno nacional para evitar alteraciones del orden público durante las jornadas de votación.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que el procurador Gregorio Eljach se reunirá con la cúpula militar y con la Policía Nacional de Colombia para organizar un plan de seguridad que cubra todo el país en las fechas de votación. Señaló que es deber de los alcaldes garantizar que las personas puedan salir a votar tranquilas, pero también expresó preocupación porque en algunos casos las manifestaciones se salen de control y generan hechos violentos.El procurador Gregorio Eljach resaltó la importancia de mantener el diálogo entre el nivel nacional y las ciudades. Aseguró que trabajar de la mano con los alcaldes es clave para proteger la democracia y dar confianza a los ciudadanos.En medio del debate, Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, sostuvo que la “Paz Electoral” solo será posible si se logra debilitar la acción de los grupos armados ilegales en varias zonas del país. También advirtió que muchos mandatarios locales enfrentan solos la inseguridad y pidió mayor respaldo del Gobierno nacional.En el caso de Cali, el alcalde Alejandro Eder manifestó su preocupación por los recientes hechos de violencia y ataques terroristas. Indicó que en los últimos seis meses han cambiado tres veces al comandante de la ciudad, lo que afecta la continuidad en las estrategias de seguridad. Por esta razón, envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando apoyo.Además, en los próximos días se realizará un Consejo Bidepartamental para revisar medidas en municipios del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.Desde Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que las capitales, especialmente la capital del país, enfrentan una alta presión por la concentración de movilizaciones. Señaló que el desafío está en garantizar el derecho a la protesta sin afectar la seguridad ni el normal desarrollo del proceso electoral.Al finalizar la reunión, los alcaldes y la Procuraduría acordaron mantener una comunicación constante y trabajar de manera coordinada para anticiparse a posibles riesgos. La meta común es que los colombianos puedan participar en las elecciones con tranquilidad y confianza en que habrá garantías en todo el territorio nacional.
Automotores avaluados en más de 480 millones de pesos fueron recuperados en un operativo realizado por la Policía en el Huila. Son en total 23 motocicletas y 4 carros que habían sido hurtados entre los años 2016 y 2025 en Bogotá y en departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca y Cauca.Durante la investigación, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Huila lograron establecer que las estructuras delincuenciales alteraban los sistemas de identificación vehicular para posteriormente comercializar los automotores de manera ilegal.“En el marco de la estrategia operativa Huila Más Seguro, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN, logró un importante resultado contra el hurto de automotores en el departamento. Gracias a las actividades operacionales e investigativas fueron recuperadas 23 motocicletas y 4 vehículos que presentaban requerimiento por hurto”, indicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila.Modalidades de robo de carros más usadasLas modalidades de hurto más utilizadas fueron halado (48 %), atraco con arma de fuego (19 %), factor oportunidad (17 %) y atraco (11 %). Los resultados operativos se materializaron en los municipios de La Plata, Garzón, Baraya, Guadalupe y Yaguará.“Mediante análisis técnico, verificación del sistema de identificación vehicular y cruce de bases de datos, se determinó que los automotores tenían alteraciones en su sistema de identificación convencional para ser comercializados de manera ilegal”, puntualizó el comandante del Departamento de Policía Huila.Con estos operativos, desplegados en los municipios mencionados, no solo se afecta la delincuencia común, sino que también se impactan de manera directa las finanzas y la logística de grupos armados organizados.
El Gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica contra el auto que suspendió provisionalmente el decreto 1469 de 2025, con el que el Gobierno fijó un aumento del 23 % del salario mínimo para este año.El recurso fue presentado de manera conjunta por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y en este solicitan revocar la decisión “al considerar que la medida cautelar desbordó los límites propios de este mecanismo procesal”.En el documento, el Gobierno sostiene que la suspensión provisional no se limitó a preservar la eficacia de una eventual sentencia, sino que terminó anticipando un juicio de fondo sobre la legalidad del decreto. Según los argumentos expuestos, el auto no solo suspendió el acto administrativo, sino que ordenó la expedición de un decreto transitorio para fijar el salario mínimo mientras se decide el proceso, lo que a juicio de la defensa de la presidencia, es una sustitución temporal de la competencia que la ley le atribuye al presidente cuando no hay acuerdo en la comisión tripartita de concertación.La súplica también señala que el Consejo de Estado no realizó un juicio completo de ponderación, necesidad y proporcionalidad antes de adoptar la suspensión, e insisten en que no se acreditó un perjuicio ni un riesgo inminente derivado de la vigencia del incremento del 23 %. El Gobierno también señala que la decisión genera incertidumbre económica y afecta a más de dos millones de trabajadores que dependen del salario mínimo.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro convocó mañana marchas en todo el país para, según el, defender el salario mínimo. Se espera que durante su participación en las movilizaciones de Bogotá firme el decreto transitorio que mantendrá el alza del mínimo mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo.
La espera terminó y, nuevamente, Medellín será epicentro de turismo y música durante un fin de semana, tal como sucedió a finales de enero cuando recibió a miles de turistas por el concierto de Bad Bunny, pero esta vez gracias al CORE, un evento de la mano de Torrowland.El 20 y 21 de febrero, será epicentro de música electrónica en el Parque Norte y Cancha Cincuentenario desde las 5:30 de la tarde (ambos días). Esta tercera edición volverá a tener a grandes referentes de este género tomándose como referente la capital de Antioquia en toda la región.Horarios y artistas del CORE en MedellínViernes 21 de febreroMainstage18:00 – 20:30: CUROL20:30 – 22:30: FKA.M4A22:30 – 23:30: Oscar and the Wolf (after hours)23:30 – 01:30: The Blessed Madonna b2b HAAi01:30 – 03:00: ARTBAT03:00 – 05:00: Dom DollaMano – Hosted by atmosphere17:30 – 19:00: Niebla19:00 – 20:30: Alycia Bezgo20:30 – 22:00: Benwal22:00 – 00:00: Interplanetary Criminal00:00 – 02:00: VTSS02:00 – 04:00: Patrick MasonSábado 22 de febreroMainstage18:00 – 19:30: Dezko19:30 – 21:00: CAPOON21:00 – 22:30: Dino Lenny22:30 – 00:00: Julya Karma00:00 – 02:00: Joris Voorn b2b Yotto02:00 – 03:30: Mind Against03:30 – 05:00: Indira PaganottoMano – Hosted by atmosphere17:30 – 19:00: Cami Vasquez19:00 – 21:00: Emilija21:00 – 23:00: PRADA200023:00 – 00:30: NOVAH00:30 – 02:30: Kobosil02:30 – 04:00: 999999999¿Cómo llegar al CORE en Medellín?La recomendación para poder llegar al evento es por el metro de la ciudad, tomando la Línea A en la estación Universidad, además habrá taxis en el punto par ayudar con la salida de los asistentes.Al igual que FEP o Festival Cordillera, se usa el cashlessCORE Medellín es un festival cashless. Esto significa que la manilla no solo da acceso al festival, sino que también es el único medio de pago dentro del evento. Habrá puntos de recarga cashless disponibles en todo el parque.“CORE se trata de música, baile, canto, conocer nuevas personas y simplemente divertirse, cuidando al mismo tiempo los espacios verdes que te rodean. Es un lugar donde todas las personas deben sentirse seguras, bienvenidas y cómodas. Un espacio donde nadie debe experimentar discriminación, críticas o acoso”, expresaron desde la organización.
Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este martes, 17 de febrero:Disney demanda a ByteDance por crear videos con inteligencia artificial por personajes icónicos de la compañía, incluida la serie 'Padre de Familia', por derechos de autor.El canal de WhatsApp de TransMilenio permite a usuarios conocer novedades en las rutas de operación para evitar dolores de cabeza.Estudio revela que los hombres jóvenes son más propensos a tener menor actividad sexual que las mujeres por el uso de la tecnología en la habitación, pues influye en el comportamiento de la pareja.
La plataforma de video más importante del mundo sufrió una caída en su funcionamiento en la noche de este martes, 17 de febrero. Miles de usuarios en diferentes países reportaron fallas en la operación de YouTube.Además, Downdetector, página especialista en medir el funcionamiento de las principales redes sociales, evidenció miles de problemas reportados por los usuarios desde las 7:44 de la noche, pero que se acrecentó y tuvo su pico máximo a las 8:14 de la noche, hora colombiana.Así que no es su Internet o celular. YouTube no está funcionando en web, aplicación y tampoco depende del sistema operativo de su teléfono móvil. No carga ni siquiera la página de inicio de la plataforma.De hecho, el mensaje que le aparece al momento de ingresar a la aplicación de videos es "se produjo un error" y no carga nada más, solo el logo de YouTube.Se arregló YouTubeSobre las 9:00 de la noche se empezó a restablecer el servicio de la plataforma y ya cargaron los diferentes contenidos que las personas buscaban o estaban viendo antes de que se interrumpiera el servicio.
En una final histórica que mantuvo a todo el país en vilo, el deportista olímpico Anthony Zambrano, conocido simplemente como Zambrano en ‘La Ciudad de las Cajas’, se alzó con el título de ganador del ‘Desafío Siglo XXI’. El triunfo se selló este 17 de febrero durante la emisión del capítulo 138 del Desafío, tras superar un extenuante recorrido que culminó en las playas de Cartagena.Sobre la final dividida La Gran Final del reality se definió en dos etapas cruciales. La primera parte consistió en una exigente prueba en el Box Negro, donde el competidor, conocido como Rata logró imponerse, llevándose un premio de 600 millones de pesos y una motocicleta. Sin embargo, el destino del trofeo principal y de los otros 600 millones de pesos se definiría en una travesía de largo aliento desde Tobia hasta la “Heroica”.El giro inesperado: sanción y remontada A pesar de que Rata inició la segunda fase con ventaja gracias a la moto obtenida, un error reglamentario cambió el rumbo de la competencia. Rata y su compañera Valentina recibieron una sanción por romper una regla durante el trayecto a Cartagena, lo que les hizo perder la delantera.Esta situación fue aprovechada por Zambrano, quien junto a Myrian, logró sobrepasar a sus rivales en el camino. Un beso de celebraciónTras un maratónico recorrido que terminó con un beso de celebración al llegar a la meta, el atleta olímpico ratificó su resistencia y estrategia, logrando que su nombre sea grabado para siempre en la copa de los vencedores.Con esta victoria, Zambrano no solo se consolida como un referente del deporte, sino también como el máximo triunfador del reality más importante de los colombianos.
Terminó una de las temporadas más emocionantes en la historia del Desafío del Canal Caracol. En Cartagena, y luego de una larga travesía, el deportista Anthony Zambrano se quedó con el rótulo de ganador de la edición del 2026.El atleta olímpico logró llegar primero que su rival 'Rata' a la cima del edificio en la ciudad amurllada y así tocar el trofeo para quedarse con el jugoso premio del Desafío Siglo XXI.¿Cuánto dinero ganó Zambrano?Luego de recibir una tarjeta débito gigante, Zambrano agradeció a Andrea Serna tras confirmarse que se llevó 600 millones de pesos, de los cuales, un porcentaje será para su compañera de esta recta final Myrian.De acuerdo con su declaración en las redes oficiales del Desafío, Zambrano aseguró que le dará el 50 % de su premio a su actual pareja, es decir, Myrian ganó 300 millones de pesos."Se lo merece, una mujer que luchó, lloró conmigo, estuvo en las buenas y en las malas", dijo Zambrano.Asimismo, Zambrano contó que con ese dinero pagará algunas deudas que tenga, le dará una sorpresa a su mamá, un regalo a sus familiares. También montar un negocio para su madre.Por su parte, Myrian quiere arreglar su casa, viajar con su hijo y montar su negocio.Premio sorpresaAdemás, Andrea Serna los sorprendió con una cajita que contenía la camiseta de la Selección Colombia y la confirmación de un viaje a México con todos los gastos pagos para ver un partido de la tricolor de la fase de grupos del Mundial de la Fifa 2026 que se desarrollará en junio.
El Ministerio de Salud confirmó que no realizará reajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondientes al año 2024 ni a vigencias anteriores, pese a la orden emitida por la Corte Constitucional. La decisión, según explicó el viceministro de protección social, Luis Alberto Martínez, se fundamenta en la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los actores del sistema durante las mesas técnicas convocadas para este fin.De acuerdo con el viceministro, el Ministerio dio cumplimiento textual a la orden judicial, que establecía la necesidad de concertar una cifra de UPC. Sin embargo, afirmó que dicho consenso no se logró y que, por el contrario, en el análisis de la información presentada se identificaron presuntos hallazgos de cobros que, en principio, serían irregulares.Señaló además que, tras revisar indicadores como la siniestralidad médica, relación entre costos médicos e ingresos, se concluyó que entre 2019 y 2023, así como en avances de 2024, existió un margen superavitario, por lo que no habría lugar a reconocer rezagos financieros.El viceministro agregó que las inconsistencias detectadas en la información podrían inducir a error tanto al Ejecutivo como al orden judicial, razón por la cual el Ministerio mantuvo su postura de no ajustar la UPC de los años analizados.Tras el anuncio, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, reaccionó señalando que la decisión del Ministerio desconoce lo indicado por la Corte Constitucional. Afirmó que el ejercicio no fue de consenso y que no se tuvieron en cuenta los datos aportados por todos los participantes.Según Acemi, persiste un rezago en la UPC de años anteriores que impactó los cálculos de 2024 y 2025, y genera preocupación frente a la definición de la UPC para 2026, especialmente por el efecto del incremento del salario mínimo.La dirigente gremial sostuvo que el rezago financiero del sistema podría estar cercano a los 25 billones de pesos, considerando la facturación de los prestadores y la disminución de los patrimonios de las EPS. Indicó que la asociación notificará a la Corte Constitucional y espera que se convoque a la audiencia pública anunciada recientemente, mientras el Gobierno avanza en la expedición del decreto para la UPC de 2026.Por su parte, desde el Observatorio de Enfermedades Huérfanas, la doctora Salazar señaló que la reunión confirmó que no habrá aumento de la UPC de años anteriores y calificó el encuentro como una instancia sin cambios frente a la situación previa. Indicó que, aunque el Ministerio cumplió el procedimiento ordenado por la Corte, los resultados ya estaban definidos y se mantuvo la postura de que la UPC de 2024 fue suficiente según los cálculos oficiales.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
Como el presidente Gustavo Petro lo había anunciado en plaza pública, se conoció el Decreto 1400 de 2025, que ordena la desclasificación y el levantamiento gradual de la reserva de los archivos, documentos y datos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hoy bajo custodia del Archivo General de la Nación.Este documento establece que la apertura de los archivos no será inmediata ni total, sino progresiva y condicionada a procesos técnicos de intervención archivística, digitalización y anonimización, para proteger datos personales y evitar riesgos para la seguridad nacional. El decreto asigna roles claros: El AGN será responsable de la custodia, administración, preservación y generación de la versión digital de consulta pública. La Dirección Nacional de Inteligencia, liderada por Jorge Lemus (DNI), adelantará los procesos de anonimización y entregará los archivos tratados al AGN, y la Procuraduría vigilará el proceso como órgano de control preventivo.Por último, en el documento firmado por los ministros de Cultura y Hacienda y el presidente Petro, se ordena la elaboración de un plan de trabajo conjunto entre la DNI y el AGN, que deberá incluir cronograma, protocolos, presupuesto y etapas del proceso, y que además garantizará la participación de la sociedad civil. Finalmente, se establece que la financiación del proceso se hará con recursos del Presupuesto General de la Nación.
En Isla Grande, en la zona insular de Cartagena, donde hoy funciona una de las granjas agrovoltaicas más grandes del país, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) escogió a la comunidad para presentar su balance de gestión 2025.De acuerdo con la entidad del Gobierno Nacional, con corte al 10 de diciembre de 2025, más de 17.500 usuarios de zonas apartadas del país han logrado acceder a servicios de energía mediante la implementación de proyectos que incluyen soluciones solares, sistemas híbridos y el mejoramiento de redes eléctricas.Las zonas más impactadas han sido Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Magdalena, Cauca, Bolívar, Atlántico, Chocó, La Guajira, Guaviare, Vichada, Vaupés y Casanare.Danny Ramírez, director del IPSE, señaló que estos resultados hacen parte del compromiso del Gobierno Nacional de garantizar que el acceso a la energía sea un derecho y no un privilegio, y que se convierta en una herramienta de transformación social, oportunidad y desarrollo.“La Navidad es tiempo de familia y de esperanza. Para miles de colombianos, este año también llega con algo que nunca habían tenido: la energía”, afirmó.Ramírez también destacó la implementación de la granja agrovoltaica de Isla Grande, la cual, según señaló, es un referente nacional de la política de transición energética y permitió que cientos de familias accedieran por primera vez al servicio de energía eléctrica.
El exministro de Defensa y precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, radica una solicitud ante la Procuraduría para que se investigue a algunos ministros del gobierno Petro por presunta participación en política, al promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.“La promoción de una Constituyente desde el Gobierno, en este momento político, puede alterar de forma grave la equidad de la contienda democrática y la pureza del sufragio”, señaló Pinzón. En el mismo sentido le pidió a la Procuraduría que investigue si la conducta de los funcionarios configura participación indebida en política, que se pronuncie sobre los límites de la actuación de los servidores públicos frente a reformas constitucionales en periodos preelectorales y que ejerza vigilancia para evitar el uso de recursos del Estado con fines políticos.“El artículo 127 de la Constitución prohíbe expresamente a los servidores públicos utilizar el cargo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña de carácter político y participar en las controversias políticas antes de la elección”, agregó Pinzón.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
La Casa de Nariño reveló detalles sobre la llamada entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente Gustavo Petro. Los temas clave fueron: frontera, energía, agua, seguridad y producción. La comunicación duró 15 minutos y se acordó trabajar conjuntamente para una reunión entre ambos. La fecha y el lugar están siendo definidos a nivel de Cancillerías.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro, desde la captura de Nicolás Maduro, planteó que Colombia fuera mediador de un diálogo tripartito para buscar una solución a la situación del vecino país. Incluso, parte de la conversación que tuvo con Donald Trump incluyó que el país tuviera un papel clave en la reactivación de Venezuela, a través de cooperación en materia de energía y una alianza entre Ecopetrol y Monómeros.Según el presidente Gustavo Petro, su homólogo estadounidense estuvo de acuerdo en que las sanciones al régimen no han sido efectivas y que deben levantarse para lograr una recuperación de la economía. En ese contexto se dará la reunión entre el presidente colombiano y la encargada de Venezuela.El viernes 13 de febrero la canciller Rosa Villavicencio se refirió a dicho encuentro asegurando que "es posible" que Rodríguez viaje a Colombia en estos días. Agregó que esperaba tener "el lunes o martes" una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita, que tras la llamada, quedó acordada.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró que está proporcionando alimentos, kits de sanitación de agua y diferentes suministros para refugios temporales en Córdoba, tras las inundaciones registradas en las últimas semanas.Desde el Departamento aseguran que este apoyo se coordina para atender las necesidades inmediatas de las más de 250.000 familias y alrededor de 72.000 viviendas afectadas.Sin embargo, señalaron que esta asistencia humanitaria está dirigida a más de 1.400 hogares en Córdoba.Asimismo, la agencia destacó que Estados Unidos es el mayor proveedor de asistencia humanitaria a Colombia, pues el país recibe más del 30 % de toda la ayuda estadounidense destinada a Sudamérica con este propósito.Finalmente, aseguraron que parte de esta asistencia estratégica se hace con el objetivo de fomentar la estabilidad y fortalecer la relación entre Estados Unidos y Colombia.Lluvias no dan tregua en Córdoba y persiste la alerta por crecientes súbitasPese a ser esta una temporada de menos precipitaciones, la presencia de fuertes sistemas meteorológicos, como la vaguada monzónica y el sistema de baja presión del Darién, mantiene activa las alertas por tiempo lluvioso en la región Caribe, incluido el departamento de Córdoba.José David Garavito, meteorólogo del Ideam, afirma que durante esta semana se esperan continúen las lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas en diferentes sectores del departamento, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse alerta ante posibles crecientes súbitas de ríos como Canalete y Sinú."Esta tendencia para los próximos días se mantiene, condiciones de cielo mayormente nublado, con probables lluvias de variedad intensidad, es decir, lluvias entre moderadas y fuertes, y probables tormentas eléctricas sectorizadas, tanto para el departamento de Córdoba, especialmente al suroccidente y oriente, como la ciudad de Montería", indicó.Es importante destacar que en el resto de la región Caribe, especialmente en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, tampoco se descartan algunas lluvias durante esta semana.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles una llamada telefónica con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, con quien dijo que se reunirá "próximamente", días después de que la Cancillería colombiana anunciara un "posible" viaje de la líder chavista esta semana al país cafetalero.Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada de su país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el pasado enero, no precisó cuándo tienen previsto celebrar la reunión."Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado", escribió en Telegram.El objetivo, prosiguió, es "seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países"."Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos", agregó la líder chavista.El pasado viernes, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo a EFE que "es posible" que Rodríguez viaje a su país esta semana y que esperaban tener "el lunes o martes" una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita.Rodríguez "está mirando en su agenda, pero no nos ha dicho exactamente qué día vaya a darse" la visita, explicó entonces la canciller durante una entrevista con EFE en Madrid.Villavicencio sostuvo que "hay voluntad" en ambas partes para que se concrete esa visita y recordó que fue el propio presidente colombiano quien invitó a Rodríguez a ir su país.Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro.A juicio de Villavicencio, la "continuidad" que supone que Rodríguez siga al frente de Venezuela -era vicepresidenta de Maduro- "ha evitado un derramamiento de sangre, ha evitado conflictividad mayor y quizás violencia en las calles".
La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, radicó ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.Valencia asegura que hay un deterioro del sistema de salud que ha generado graves consecuencias como la muerte de Kevin Acosta, el menor de 7 años de edad que murió esperando un medicamento para la hemofilia.“Las EPS intervenidas por el gobierno desmejoraron sus indicadores financieros y prestacionales. Deben más plata, tienen más quejas y mayor siniestralidad. Además, en este Gobierno se dispararon las tutelas por salud. El Ministerio de Salud deliberadamente incumplió la orden de la Corte Constitucional de aumentar la UPC, al punto que le abrieron desacato. Esto afectó la sostenibilidad financiera del sistema. Acemi calcula el rezago en 33 billones de pesos”, dijo Valencia sobre las razones para presentar la queja disciplinaria.Además la candidata aseguró que todas las personas con hemofilia pueden hacer ejercicio, teniendo en cuenta que desde el Gobierno aseguraron que la familia de Kevin debía tomar medidas preventivas pues el menor había tenido un accidente en bicicleta.“Todas las publicaciones científicas afirman que los pacientes con hemofilia pueden hacer ejercicio. Es más, se recomienda que lo hagan para fortalecer músculos y huesos. Lo dicho por el ministro Jaramillo es irrespetuoso y pretende exculpar su responsabilidad por la pésima gestión de las EPS intervenidas y el desacato a la orden de la Corte, en que el niño usó una bicicleta”, agregó Valencia.
La empresa Mario Hernández anunció el lanzamiento de una campaña nacional para apoyar a las comunidades afectadas por la temporada invernal en el departamento de Córdoba. La iniciativa se desarrolla en respaldo a la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, entidad encargada de coordinar la entrega de las ayudas humanitarias.Bajo el mensaje “Estamos juntos por Córdoba”, la campaña invita a los ciudadanos a participar mediante la adquisición de un kit solidario con un valor de $100.000. La compra se realiza a través de un código QR habilitado por la organización, mecanismo que permitirá canalizar los recursos directamente hacia la Cruz Roja para la distribución de mercados en las zonas afectadas.Según lo informado, la meta establecida es la entrega de 2.000 kits de ayuda humanitaria. Como parte del inicio de la campaña, los primeros 100 kits salieron desde la organización y ya se encuentran en proceso de traslado para su entrega en Córdoba, bajo la coordinación de la seccional Cundinamarca y Bogotá de la Cruz Roja.La iniciativa contempla el suministro de alimentos y artículos de apoyo básico para las familias damnificadas. De acuerdo con el comunicado, el propósito es promover una acción colectiva que permita atender necesidades inmediatas derivadas de la emergencia climática en la región.La organización hizo un llamado a los colombianos para sumarse a la campaña, indicando que cada aporte contribuirá al cumplimiento de la meta fijada. Asimismo, reiteró que el proceso de donación se realiza mediante el código QR oficial, con el fin de garantizar que los recursos lleguen directamente a la Cruz Roja Colombiana para su distribución en las comunidades afectadas.La campaña permanecerá activa mientras se alcanza el objetivo propuesto de 2.000 kits destinados a las familias impactadas por la temporada invernal en Córdoba.
En la tarde de este miércoles, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el Mapa de Riesgo Electoral 2026 para la ciudad de Bogotá. Según el informe, 315 de los 901 puestos de votación habilitados en la capital, equivalentes al 34 %, presentan algún nivel de riesgo para los próximos comicios al Congreso de la República y las Consultas Interpartidistas del próximo 8 de marzo. De estos, 36 puestos se encuentran en riesgo extremo, 130 en riesgo alto y 149 en riesgo medio.Las alertas frente al panorama electoral se ven frente a los llamados "comportamientos atípicos", que incluyen una baja participación histórica, altos índices de votos nulos y tarjetones no marcados. Estas irregularidades no se distribuyen de forma equitativa por la ciudad, sino que se concentran principalmente en el sur, suroccidente y sectores del centro de Bogotá.Uno de los casos más críticos es en la localidad de Sumapaz, ya que el 100 % de sus puestos de votación se encuentran bajo algún tipo de riesgo. Otras zonas con alertas significativas son Ciudad Bolívar, donde 15 de sus puestos están en riesgo extremo, y Santa Fe, donde tres de cada cuatro puntos de votación presentan atipicidades. Localidades como Usme, San Cristóbal, Bosa y Chapinero también superan el 50 % de sus puestos con alertas.A los riesgos técnicos y de participación se suma un factor determinante: el riesgo de violencia en Bogotá. El informe destaca hechos de enorme gravedad, como el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe, lo que evidencia la fragilidad de las garantías para el ejercicio político en la capital.“La elección en Bogotá es especialmente compleja por la densidad inédita de candidaturas que confluyen en la ciudad. En la actual contienda hay 247 aspirantes a la Cámara de Representantes, a lo que se suma la campaña al Senado: con base en el comportamiento de 2022, al menos 112 candidatos al Senado harán campaña en Bogotá, una cifra conservadora si se tiene en cuenta que 177 aspirantes al Senado obtuvieron más de 1.000 votos en la capital en la última elección. Esta superposición de campañas nacionales y locales convierte a Bogotá en el escenario electoral más disputado del país”, se puede leer en el informe.Esta vulnerabilidad se acentúa por la complejidad de la contienda: Bogotá es el escenario más disputado del país, con una superposición de campañas nacionales y locales. Para 2026, el 96 % aspirantes a la Cámara de Bogota (238 candidatos) nunca han ocupado dicho cargo. Esta falta de experiencia política y la fragilidad de esquemas de seguridad hace que los nuevos candidatos sean especialmente vulnerables ante el contexto de violencia.“En este escenario, las recomendaciones son claras y urgentes: la Registraduría Distrital debe reforzar la capacitación de jurados, la pedagogía electoral y los controles diferenciados en puestos con antecedentes de votos nulos y baja participación; la Alcaldía de Bogotá debe asumir la participación electoral como una política pública territorializada, especialmente en las localidades donde históricamente se vota menos; y la fuerza pública debe diseñar un esquema de seguridad electoral focalizado, que proteja no solo la jornada de votación, sino también a los candidatos —en especial a los nuevos— y la logística previa y posterior al día electoral, en los territorios identificados como de mayor riesgo”, agrega.El informe concluye advirtiendo que, pese a que Bogotá posee una institucionalidad sólida, el derecho al voto no se ejerce con las mismas garantías en todos los territorios, lo que plantea el desafío de no normalizar una "democracia desigual" en el principal centro electoral del país.
Viajar al exterior exige algo más que tiquetes y reservas, pues el pasaporte es la llave que abre fronteras y certifica la identidad de millones de personas en el mundo. Para ello, la actualización de este documento se ha convertido en una prioridad para quienes viajan constantemente.El presidente Gustavo Petro presentó recientemente el diseño del nuevo pasaporte colombiano y aseguró que estará entre los cuatro más seguros a nivel mundial. Durante un consejo de ministros, el mandatario mostró la primera imagen de la libreta y explicó que la renovación se debe a una reestructuración profunda del modelo de contratación, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la soberanía tecnológica.“Pedí que la imprenta nacional estuviera al servicio. Ya tenemos el pasaporte”, indicó Petro indicando que el eje central de esta nueva versión será la protección avanzada de los datos personales.Además, según el Gobierno, el nivel de seguridad del nuevo documento permitirá que Colombia escale posiciones en estándares internacionales de identificación migratoria.Este nuevo modelo de pasaporte entrará en vigor en abril; no obstante, muchos ciudadanos se preguntan qué pasará con los pasaportes actuales que aún siguen vigentes.¿Seguirá siendo válido el pasaporte actual? Esto dice la CancilleríaLa Cancillería de Colombia aclaró que, a partir del 1 de abril de 2026, entrará en vigor el nuevo modelo de pasaporte, pero los documentos actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.Es decir, quienes ya tengan pasaporte ordinario o ejecutivo podrán continuar usándolo sin inconvenientes después de la fecha de implementación del nuevo diseño.La entidad recordó que en Colombia estos pasaportes tienen una vigencia de 10 años contados desde su expedición. Sin embargo, recomienda verificar con anticipación la fecha de expiración antes de planear un viaje internacional y renovarlo al menos seis meses antes de su vencimiento.Así lucirá el nuevo pasaporte colombianoEl presidente presentó la primera imagen del documento, aunque no entregó mayores detalles sobre sus características. Este fue el video del momento.
El próximo 22 de febrero el Teatro Colón, en el centro de Bogotá, será el escenario de una jornada solidaria para apoyar a las comunidades afectadas por las lluvias e inundaciones en los departamentos de Córdoba y la región de Urabá, que han dejado miles de familias con pérdidas en vivienda, cultivos y acceso a servicios básicos.Bajo el nombre de Cultura Solidaria, el evento se realizará el próximo domingo a las 3:00 de la tarde en el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes. La iniciativa reunirá a artistas como Cabas, César Mora, Ilona, Lucio Feuillet, Nicolai Fella, Gabriela Ponce y María Fuell, además del Coro Nacional de Colombia, entre otros invitados.De acuerdo con el Ministerio de las Culturas, que convocó este evento, las emergencias por lluvias han generado afectaciones significativas en varias comunidades que requieren apoyo en agua potable, salud, albergue temporal y recuperación de medios de vida.El concierto contará con asistencia presencial en Bogotá, pero también permitirá donaciones desde cualquier lugar del país o del mundo. Las entradas y aportes se gestionarán a través de la plataforma Tuboleta, mientras que la transmisión se hará a través del Sistema de Medios Públicos.La totalidad de los recursos recaudados será transferido a la Cruz Roja Colombiana, que ejecutará directamente las acciones humanitarias en territorio. Posteriormente, la organización entregará un reporte sobre la destinación de los fondos y las comunidades beneficiadas.
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.