La Gobernación del Tolima, en cabeza de Adriana Magali Matiz Vargas, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, anunció una recompensa de $200 millones por ‘Chapolo’, $50 millones por ‘El Enfermero’ y $40 millones por ‘Marcos’, señalados como presuntos responsables de acciones armadas y extorsivas en el sur y suroccidente del departamento.La medida busca fortalecer las labores de inteligencia y facilitar la captura de estos cabecillas, vinculados a estructuras del GAO-r que operan en distintas zonas del Tolima, priorizadas por su impacto en la seguridad regional y la economía rural.El comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Arnold Esneider Pérez Linares, afirmó en Blu Radio que las tropas mantienen operaciones permanentes para lograr su captura, mediante despliegues sostenidos en áreas rurales estratégicas.“El Ejército Nacional da a conocer los perfiles de estos cabecillas por quienes se ofrece recompensa. ‘Chapolo’ y ‘El Enfermero’ delinquen en el sur del Tolima, mientras ‘Marcos’ actúa en el suroccidente. La Sexta Brigada ratifica las acciones operacionales para neutralizar estas amenazas”, señaló el oficial.‘Chapolo’ es señalado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Ismael Ruiz. Según inteligencia militar, desde 2022 habría desarrollado actividades de inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública y coordinado cobros extorsivos en Planadas, Chaparral y Rioblanco.Entre los hechos atribuidos se destacan combates contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 18 en Campoalegre y Puerto Saldaña (2023), así como la retención con fines extorsivos de un vehículo de transporte público en Rioblanco, en febrero de 2024.También se le señalan hostigamientos armados contra tropas en La Lindosa y presunta participación en homicidios en San Antonio. Cuenta con orden de captura emitida por la Fiscalía contra organizaciones criminales.Por su parte, ‘El Enfermero’ es identificado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Gerónimo Galeano. En 2024 habría participado en homicidios, incluido el asesinato de un líder social en el corregimiento El Limón, en Chaparral.Asimismo, se le atribuyen combates contra el Ejército en la vereda Los Andes, en Chaparral, y liderazgo armado en San Antonio, Chaparral y Rioblanco durante 2025. Tiene orden de captura del distrito judicial de Antioquia por concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio y terrorismo.En cuanto a ‘Marcos’, es señalado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Joaquín González. Sería integrante de la facción de alias ‘Calarcá’ y habría llegado recientemente al Tolima para ejecutar cobros extorsivos y amenazas contra la población rural.Opera en Ibagué, Rovira y Roncesvalles, municipios donde, según las autoridades, los golpes operacionales han reducido su capacidad de expansión en el suroccidente del departamento.La Sexta Brigada pidió urgentemente a la ciudadanía suministrar información que permita ubicar a estos cabecillas a través de las líneas 147 del Gaula Militar Tolima y 107, línea antiterrorismo. Las autoridades garantizan absoluta reserva.La Fuerza Pública considera prioritario neutralizar estas estructuras armadas para proteger la seguridad, la economía regional y la vida de las comunidades rurales del Tolima.
La polémica por una eventual modificación en la asignación de slots en el aeropuerto El Dorado sumó un nuevo capítulo. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, aseguró que no existe ningún borrador para cambiar la reglamentación y negó que la entidad haya anunciado oficialmente una reasignación.“Este borrador no lo tenemos aún listo. (…) el borrador no existe en el momento”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre la supuesta reforma para redistribuir los espacios de despegue y aterrizaje entre las aerolíneas.La discusión se da en medio de cuestionamientos de compañías como Avianca y LATAM, así como pronunciamientos de gremios y organismos internacionales, tras versiones sobre un posible ajuste para “equilibrar” la distribución de slots, especialmente ante las obras de modernización de El Dorado.¿Aerocivil cambiará slots en El Dorado?Aunque en repetidas ocasiones el director insistió en que no existe un documento formal, también reconoció que al interior de la entidad podrían adelantarse estudios.“Estamos haciendo lo pertinente (…) no hemos dicho que vamos a cambiar ningún slot ni nada por el estilo”, sostuvo. Sin embargo, añadió que “la idea de equilibrar (…) lo vamos a trabajar con base al equilibrio que se existe”.Sin embargo, no se entienden las declaraciones previas del secretario de la Autoridad Aeronáutica, Edgar Rivera, quien semanas atrás había señalado también en Mañanas 10:30 que se trabajaba en un cambio normativo para hacer más equitativa la asignación.Frente a eso, Martínez respondió: “Yo soy el director de la Aeronáutica Civil y en ningún momento me ha llegado un borrador con base a eso”. También señaló que cualquier documento deberá contar con su visto bueno antes de hacerse público.Las declaraciones generaron inquietud, dado que existen comunicados públicos de aerolíneas y de la IATA expresando preocupación por un eventual cambio en el régimen de slots.Al ser interrogado sobre por qué hay pronunciamientos si —según él— no existe borrador, respondió: “Los comunicados se tienen que hacer con base a un tema evidente y no lo conozco”.Finalmente, aunque reiteró que no hay un documento formal, dejó abierta la puerta a una futura discusión técnica: “Si sacamos el documento para discutirle, ustedes estarán también ahí presentes”.Por ahora, la Aerocivil sostiene que no hay una decisión adoptada ni un borrador oficial sobre la mesa.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La influencia de alias ‘El Mencho’ en el narcotráfico colombiano iba más allá de las fronteras de México. Fuentes de inteligencia señalan que el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como Nemesio Oseguera Cervantes, mantenía vínculos directos con estructuras criminales en Colombia, especialmente con el Clan del Golfo, considerado el mayor exportador de cocaína del país.Según información de inteligencia, los nexos entre el cartel mexicano y organizaciones colombianas eran amplios, pero el Clan del Golfo fungía como socio estratégico. Esta estructura aportaba rutas, cargamentos y logística para envíos a gran escala, principalmente hacia Estados Unidos, el mercado más rentable para las redes de narcotráfico transnacional.El rol de ‘El Mencho’ habría sido el de articulador. Inteligencia señala que funcionaba como enlace directo entre productores y traficantes en Colombia y la red de distribución internacional del cartel. Bajo ese esquema, el flujo de droga se mantenía estable, teniendo en cuenta que las organizaciones colombianas aseguraban producción y salida, mientras el cartel mexicano garantizaba recepción, distribución y lavado de activos.Aunque en los últimos años se abrieron corredores hacia Europa, la mayor parte de los envíos continuaba orientada al mercado estadounidense. Esa dependencia hacía que la figura de Oseguera Cervantes fuera clave para sostener la arquitectura criminal que conectaba Sudamérica con Norteamérica.La muerte del capo en México, confirmada por las autoridades y que desató reacomodos dentro del crimen organizado, provocó un remezón inmediato en esas dinámicas. Fuentes señalan que su ausencia obliga a los criminales a replantear rutas, intermediarios y alianzas, especialmente en los corredores que conectan a Colombia con carteles mexicanos.En Colombia, el impacto se sentiría principalmente en el Clan del Golfo, que habría perdido a uno de sus principales interlocutores internacionales. Sin esa figura, las organizaciones deben redefinir canales de negociación, lo que abre escenarios de disputas internas, nuevos intermediarios y posibles fracturas en las cadenas de exportación.
El Ejército adelanta las labores de búsqueda de tres soldados que fueron reportados como extraviados tras combates contra criminales de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare. El hecho ocurrió en la vereda Caño Mosco, zona rural de San José del Guaviare, en medio de operaciones militares contra una estructura ilegal al servicio de alias ‘Calarcá’.Según información preliminar conocida tras la verificación en el área, los soldados se perdieron durante una maniobra táctica adelantada por tropas que enfrentaban a integrantes de la Estructura Isaías Carvajal. La situación encendió las alertas dentro de la institución, que activó de inmediato protocolos de búsqueda y localización.Para dar con su paradero, fueron desplegadas capacidades adicionales en la zona, incluyendo refuerzos terrestres, unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10, medios aéreos y personal especializado. El objetivo es establecer su ubicación, garantizar su integridad y lograr su pronta recuperación en medio de un terreno selvático complejo y con presencia de actores armados ilegales.El extravío se produjo en el contexto de intensos combates contra las disidencias que delinquen en esa región estratégica del país, donde persisten enfrentamientos recurrentes. En medio de esas acciones, también se reportaron militares heridos y un uniformado muerto. Mientras avanzan las operaciones, la institución mantiene comunicación permanente con las familias de los soldados desaparecidos, a quienes se les brinda acompañamiento y apoyo.
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, máximo cabecilla del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una ola de violencia en varias regiones de México tras un operativo de fuerzas federales que habría terminado con la vida del líder criminal. La situación derivó en bloqueos simultáneos, quema de vehículos y ataques coordinados en al menos seis estados del país. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, integrantes del crimen organizado instalaron retenes ilegales e incendiaron automotores en vías estratégicas de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, con el objetivo de obstaculizar el despliegue de las autoridades. Esta modalidad, utilizada anteriormente por estructuras del CJNG, busca generar presión operativa y sembrar temor entre la población civil. Uno de los puntos más críticos se registró en el municipio de Tapalpa, donde el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó enfrentamientos armados y anunció la activación del “código rojo” para reforzar la presencia de la Fuerza Pública. En Guanajuato también se reportaron incendios en establecimientos comerciales, entre ellos farmacias y tiendas de conveniencia. En Morelia, las autoridades suspendieron temporalmente el transporte público y las salidas de autobuses como medida preventiva.Imágenes difundidas en redes sociales evidencian columnas de humo y vehículos calcinados atravesados en carreteras de distintas entidades. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que se mantiene el despliegue federal para controlar los focos de alteración del orden público. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para permanecer en sus viviendas y evitar desplazamientos hacia las zonas afectadas mientras continúan los operativos.Frente a este panorama, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante la ola de violencia.En un comunicado publicado en sus redes sociales, la delegación diplomática señaló: “Debido a las operaciones de seguridad en curso en varios estados, así como a los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva relacionada, los ciudadanos estadounidenses deben refugiarse en los lugares mencionados hasta nuevo aviso”.La embajada precisó que las zonas afectadas incluyen el estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), el estado de Tamaulipas (incluido Reynosa y otros municipios), áreas del estado de Michoacán, así como los estados de Guerrero y Nuevo León.Asimismo, recomendó a sus ciudadanos: estar atentos a su entorno; evitar las áreas cercanas a la actividad policial; buscar refugio y minimizar los movimientos innecesarios; monitorear los medios locales para actualizaciones; seguir las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911; evitar las multitudes; y mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y estado a través de llamadas, mensajes de texto y redes sociales.
Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en varias zonas del Oriente y el Magdalena Medio antioqueño tras la aparición en varios puntos públicos, especialmente vías, de vallas y otros elementos de propaganda del Clan del Golfo.Según la Séptima División del Ejército, el material se intentó ubicar en localidades como Santo Domingo, San Carlos y el municipio de Rionegro.En este último municipio, las autoridades intervinieron contra dos hombres que pertenecerían a la subestructura Gener Morales cuando intentaban instalar en la vereda Mampuesto una pancarta alusiva a Oliverio Isaza, cabecilla del grupo criminal abatido hace un año.En el procedimiento incautaron 79 dosis de estupefacientes, dos pancartas, una motocicleta, tres celulares y más de 1.5 millones de pesos en efectivo. "Estos individuos, no solamente se les decomisó publicidad alusiva al grupo armado organizado, sino sustancias psicoactivas y una motocicleta, los cuales están siendo puestos a disposición de nuestra Fiscalía para su debida judicialización", dijo Jorge Rivas, alcalde de Rionegro.Estas acciones estarían relacionadas con la conmemoración por parte del grupo ilegal del primer año de la muerte de Oliverio Isaza, alias ‘Terror’, quien fue abatido en un operativo de la fuerza pública en Puerto Triunfo junto a otros cinco hombres de su estructura.
A pesar de que cerca del 30 % de los 125 municipios de Antioquia presentan niveles extraordinario y relevante de riesgo electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró que no contempla el traslado de puestos de votación de cara a las elecciones de 2026.La decisión se conoció durante el desarrollo del Comité Departamental de Seguimiento Electoral con la Gobernación de Antioquia, que avanza en diferentes subregiones con el fin de evaluar las condiciones de seguridad, logística y coordinación institucional.Según el índice de riesgo electoral, 11 municipios del departamento están clasificados en nivel extraordinario y otros 25 en nivel relevante, lo que refleja condiciones que requieren especial atención por parte de las autoridades, señaló Laura María Tobón Mejía, directora de Asuntos Institucionales."La Registraduría, la Fuerza Pública, el Ministerio Público, la Contraloría, la MOE, todos los partidos políticos, nosotros estamos entregando las garantías de participación para que desde allí, desde los territorios, construyamos y entendamos las necesidades para estas elecciones que ya se avecinan el próximo 8 de marzo", declaró.En este contexto, la Gobernación indicó que ha realizado encuentros en municipios como Andes, Yarumal, Puerto Triunfo, Rionegro, Remedios y Caucasia, donde se analizaron las condiciones particulares de cada territorio. El cronograma continuará con sesiones en Cañasgordas, Chigorodó y Medellín antes de la jornada electoral del 8 de marzo.Las autoridades departamentales señalaron que uno de los principales objetivos de estos recorridos es revisar las condiciones de orden público y fortalecer la articulación institucional. En ese sentido, aclararon que coordinan acciones con la Cuarta Brigada y la Séptima Brigada del Ejército Nacional para reforzar los dispositivos de seguridad.
Las dos personas que fallecieron en el accidente de tránsito ocurrido la noche anterior en la vía Armenia–Pereira fueron identificadas como William Paipa, de 46 años, y Nicole Valeria Vargas Gómez, de 19. El siniestro se registró en el kilómetro 2 de este corredor vial, en jurisdicción del departamento del Quindío.De acuerdo con el análisis de cámaras de seguridad del sector y la información recopilada por las autoridades, las víctimas trabajaban en la promoción de bebidas alcohólicas y se dirigían a participar en un evento en un establecimiento de entretenimiento nocturno de la zona.Según el reporte preliminar, cuando intentaban cruzar la doble calzada fueron embestidos por una camioneta. El conductor del vehículo habría huido del lugar sin prestar auxilio a los afectados.Por ahora, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al responsable.En el municipio de Circasia, donde residían, familiares y conocidos los recuerdan por su dedicación al trabajo. En el caso de Nicole Valeria Vargas Gómez, allegados destacaron su sueño de convertirse en cantante. La joven participó en 2019 en el programa La Voz Kids del Caracol Televisión, donde fue reconocida por su talento vocal.
A pocas semanas de las elecciones del 8 de marzo de 2026, el escenario político en Colombia se mueve en medio de incertidumbre por las reglas que rodean las consultas interpartidistas y la renovación del Congreso. Ese día, además de elegir Senado y Cámara, los ciudadanos podrán participar en tres consultas para definir candidatos únicos a la Presidencia, en un proceso que analistas califican como atípico.En entrevista con Sala de Prensa Blu, la analista política y profesora de la Universidad de los Andes, Paca Zuleta, advirtió que la contienda actual enfrenta un problema de transparencia por cuenta de la Ley 2494 de 2025, que regula la publicación y realización de encuestas electorales en el país.Restricciones a encuestas y debate electoralZuleta cuestionó el impacto de la norma, señalando que ha limitado el acceso a información clave sobre intención de voto y dinámicas regionales. “A mí me llama la atención que nadie ha dicho que esa ley, 2494 del 2025, le quitó transparencia al debate electoral, porque no nos deja ver una cantidad de información que era muy importante para entender qué estaba pasando en las campañas”, afirmó.Según la experta, la restricción ha dejado un vacío que estaría siendo ocupado por fuentes sin respaldo técnico. “Le está abriendo el espacio para que haya una manipulación durante la campaña electoral a través de firmas de apuestas, gente que no cumple con la normativa pero bota ruido”, advirtió, al referirse a la circulación de cifras no verificadas en redes sociales y plataformas digitales.Líderes en sondeos, por fuera de consultasOtro de los puntos que genera debate es que varios nombres que figuran con alta recordación en el escenario nacional no participarán en las consultas del 8 de marzo. Entre ellos están Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes no harán parte de esas coaliciones.“Tenemos esta situación tan particular de que las personas que están punteando, los tres primeros que aparecen en las encuestas que conocemos, no hacen parte de las consultas”, explicó Zuleta. En su concepto, esto convierte la jornada en una especie de “intento de primera vuelta”, pero sin la participación de todas las figuras con mayor visibilidad mediática.Dudas sobre el alcance de Roy BarrerasEn el caso de la consulta liderada por Roy Barreras, el debate gira en torno a la capacidad de movilización electoral. Mientras el exsenador ha proyectado una votación cercana a los tres millones de apoyos, Zuleta se mostró escéptica frente a esa meta.“Yo no creo que esa consulta supere los 500.000 votos”, sostuvo la analista, al recordar el comportamiento histórico del político bajo el sistema de voto preferente. Además, señaló que la decisión del Pacto Histórico de no participar en esa consulta podría afectar de manera directa el caudal electoral que tradicionalmente lo ha acompañado.La “Gran Consulta” y la disciplina partidistaEn la centro-derecha, la denominada “Gran Consulta” reúne a figuras como Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, David Luna y Carlos Fernando Galán. Aunque varios de ellos cuentan con reconocimiento nacional, la incógnita es cuántos votos efectivos lograrán movilizar.Para Zuleta, la clave estará en la disciplina interna del Centro Democrático. “El Centro Democrático es un partido político disciplinado, y yo me imagino que el Centro Democrático sí va a votar en la consulta por Paloma Valencia... yo creo que ese es el éxito de esa consulta”, afirmó.De acuerdo con sus cálculos, esa coalición podría acercarse a los dos millones de votos, una cifra similar a la obtenida por el partido en elecciones legislativas anteriores.Escuche la entrevista completa aquí
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este domingo el paro armado de tres días convocado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en protesta por "las amenazas de intervención imperialista" de Estados Unidos, e instó a la población a vivir la Navidad "sin miedo"."La orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa", escribió Petro en X, donde compartió el comunicado de la guerrilla que convoca, a partir de hoy, a un paro armado de 72 horas en rechazo a lo que denomina la "nueva fase del plan neocolonial" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.El mandatario izquierdista, exintegrante en su juventud de la desmovilizada guerrilla del M-19, pidió además al pueblo colombiano "salir a la fiesta de navidades (sic) sin miedo", al asegurar que "el miedo paraliza" y que el país "no se dejará amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos (narcotraficantes) vestidos de revolucionarios"."Estas no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia (...) El dueño de Colombia es el pueblo de Colombia", añadió Petro sobre el paro del ELN, guerrilla con la que su Gobierno inició diálogos de paz que se rompieron tras el vencimiento de un cese al fuego bilateral en agosto de 2024.El ELN anunció el viernes un paro armado desde este domingo hasta el 17 de diciembre en rechazo al despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe y el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, que según la guerrilla "pretende recrudecer el saqueo de los bienes naturales y riquezas nacionales".El ELN no precisó, sin embargo, si la medida afectará todas las regiones donde tiene presencia y capacidad de control, que de acuerdo con la ONG InSight Crime se extienden por al menos 19 de los 32 departamentos del país.Durante los paros armados, la guerrilla suele restringir la circulación de vehículos por carreteras y ríos, limitar la movilidad de la población e imponer el cierre de comercios, además de lanzar amenazas contra quienes incumplan las órdenes.Hasta el momento, la fuerza pública no ha reportado incidentes, aunque medios locales informaron del cierre total de la vía que comunica los municipios de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, y Pamplona, tras el hallazgo de dos cilindros con insignias alusivas al ELN.
Sobre las 4:00 de la tarde de este sábado 13 de diciembre, un nuevo atentado terrorista sacudió al sur del país. La subestación de Policía de Piedra Sentada, en el municipio de El Patía, departamento del Cauca, fue atacada desde el aire mediante el uso de drones, desde los cuales fueron lanzados varios artefactos explosivos.El hecho dejó como saldo un patrullero herido, quien fue auxiliado por sus compañeros. En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que los uniformados trasladan al policía lesionado hasta una ambulancia para ser llevado inicialmente a un centro asistencial en El Bordo, desde donde fue remitido posteriormente a Popayán.El secretario de Gobierno del Cauca, Óscar Campo, confirmó el atentado y expresó su preocupación por la reiteración de hechos violentos en la región.“No hemos podido tener tranquilidad. Cada semana tenemos un hecho de violencia en contra de la Policía y, por ende, afectando también a la población civil”, señaló el funcionario.Las autoridades recordaron que en este municipio hay presencia de grupos armados al margen de la ley, entre ellos disidencias de las Farc y el ELN.Campo indicó además que, tras lo ocurrido, se activó de inmediato un Puesto de Mando Unificado junto con la Gobernación del Cauca para evaluar la situación de orden público. También manifestó su preocupación por el paro armado de 72 horas anunciado por el ELN, e hizo un llamado al Gobierno Nacional para avanzar en un diálogo que permita reducir la violencia.“El llamado cordial y respetuoso al Gobierno nacional y departamental es a buscar un diálogo y un desescalamiento del conflicto. La situación ha llegado a niveles demasiado graves para una población que vive semanalmente en zozobra e intranquilidad. El llamado es a lograr, por lo menos en diciembre, unos mínimos que permitan pasar un Año Nuevo en paz”, puntualizó.Las autoridades confirmaron que este no fue el único ataque registrado en el día, ya que la estación de Policía de El Bordo también fue atacada con drones. En este segundo hecho no se reportaron personas heridas, aunque sí daños materiales.
Bajo pronóstico reservado se encuentra en estos momentos el compositor vallenato Jorge Mario Gutiérrez, quien fue víctima en las últimas horas de un violento robo en el norte de Valledupar en el que le propinaron al menos dos disparos.Según reportes de las autoridades competentes, los delincuentes lo hirieron en su cara y abdomen en un intento por quitarle una cadena de oro, por lo que fue necesario su inmediato traslado hasta Erasmo de la capital del Cesar.Por estos hechos, el alcalde Ernesto Orozco lamentó lo sucedido y ofreció una recompensa de hasta $15 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables.“Lamento el ataque contra el empresario y compositor Jorge Mario Gutiérrez, quien resultó herido la mañana de hoy”, escribió inicialmente por las redes sociales el mandatario.“Este hecho es inaceptable y no puede quedar en la impunidad. Desde la Alcaldía ofrecemos hasta $15 millones de recompensa por información concreta que permita identificar y capturar a los responsables”, agregó. El caso está en manos de la Policía Metropolitana de Valledupar y de investigadores de la Fiscalía General de la Nación.Jorge Mario Gutiérrez es muy reconocido en el Cesar por crear temas interpretados por grandes cantantes como Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, Iván Villazón, entre otros; muestra de ellos son, por ejemplo, Vuelve (Iván Villazón e Iván Zuleta) y Me quedé esperando (Poncho Zuleta).
El Ejército logró rescatar sanas y salvas a 71 personas que habían sido secuestradas en una mina de esmeraldas ubicada en el municipio de Maripí, en el occidente de Boyacá. La acción, denominada Operación Esmeralda, fue desarrollada en la madrugada de este jueves por la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el secuestro fue perpetrado por un grupo armado violento. Tras conocerse los hechos, se activó de inmediato toda la capacidad institucional.“El hecho fue cometido por 34 sujetos que llegaron con armamento, algunos de ellos armas de largo alcance, con sus rostros cubiertos, pintados e ingresaron violentamente a esa región, a esa zona e inmediatamente nosotros respondimos con toda la capacidad institucional. Nos articulamos entre toda la Fuerza Pública, mientras se desplegaban unidades policiales, aeronaves de la Fuerza Aeroespacial fueron allá al sitio con capacidad de FLIR para inmediatamente coordinar toda la maniobra terrestre que se estaba adelantando también en coordinación con nuestro Ejército Nacional. Como resultado hasta ahora tenemos ocho capturas también con siete armas de corto alcance”, indicó el ministro.Durante la operación se desplegaron unidades terrestres, apoyo aéreo con aeronaves dotadas de sistemas de visión nocturna y un cerco coordinado que permitió neutralizar a los responsables. Como resultado, ocho personas fueron capturadas y se logró la incautación de armas, municiones y material explosivo, evitando una tragedia mayor en la zona.El segundo comandante del Ejército Nacional, general Erick Rodríguez confirmó que la Fiscalía General de la Nación dispuso equipos especializados para avanzar en la judicialización de los capturados y garantizar que estos hechos no queden en la impunidad.Las autoridades reiteraron su mensaje de cero tolerancia frente al crimen y aseguraron que toda la Fuerza Pública continuará desplegada para proteger a las comunidades y restablecer la seguridad en el territorio.
A ocho meses del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación que ha sido calificada como profunda y minuciosa. El caso, que conmocionó a la opinión pública, sigue teniendo como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, señalada de manera preliminar como la presunta responsable del crimen.Con el paso de los meses, nuevos detalles del proceso han abierto interrogantes sobre lo ocurrido el 4 de abril. El abogado Majer Abushihab, representante de la familia Forero, explicó que el análisis de las pruebas ha permitido a la Fiscalía llegar a conclusiones preliminares que fortalecen la línea investigativa. Según indicó, los elementos recolectados han sido determinantes para reconstruir los hechos y establecer posibles responsabilidades.Uno de los puntos clave tiene que ver con el domiciliario que entregó las frambuesas contaminadas con el metal tóxico. De acuerdo con Abushihab, el mensajero fue instrumentalizado y su participación ya estaría plenamente esclarecida por las autoridades. La Fiscalía habría descartado que actuara de manera autónoma.Según la versión conocida, el domiciliario llegó inicialmente a la vivienda sin que la familia estuviera esperando un pedido. Ante la negativa de recibirlo, se retiró del lugar, pero regresó minutos después tras recibir instrucciones telefónicas de quien ordenó el envío. En ese segundo intento, insistió en que se trataba de un regalo y mencionó el nombre de un integrante del núcleo familiar, razón por la cual el paquete fue finalmente aceptado.El mensaje que Zulma Guzmán envió a papá de niña envenenadaLa investigación también llevó a revisar un episodio ocurrido años atrás: la muerte de la esposa de Juan de Bedout, a quien se le encontraron rastros de talio. Este antecedente abrió una nueva hipótesis para la Fiscalía, que apunta a posibles vínculos personales y premeditación. Según se ha conocido, De Bedout habría sostenido una relación sentimental con Zulma Guzmán años antes de los hechos recientes.De acuerdo con el testimonio de Juan de Bedout, el primer contacto con Guzmán se dio en 2018 durante un congreso empresarial en Cartagena. Posteriormente, ambos habrían iniciado una relación sentimental clandestina. Meses después, Guzmán mantuvo comunicaciones insistentes con el hombre y manifestó inconformidad con su relación matrimonial.Tras la muerte de la esposa de De Bedout, Guzmán habría enviado mensajes de celos, que se intensificaron cuando él inició una nueva relación años después de quedar viudo. Uno de los mensajes conocidos decía: “En serio, con cualquier gurre, pero yo no. Qué tamaño de imbécil”.Zulma Guzmán reaparece y se defiende de las acusacionesLuego de varios días sin pronunciarse públicamente, Zulma Guzmán reapareció y habló en su defensa frente a las acusaciones. Aseguró que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar su inocencia y que dará la pelea legal ante la justicia. Su pronunciamiento se produjo en medio de versiones sobre una posible imputación por parte de la Fiscalía.En diálogo con Focus Noticias, Guzmán afirmó que lamenta profundamente el dolor de las familias y negó ser la responsable. Señaló que entiende la necesidad de encontrar un culpable, pero insistió en que no fue ella y que así lo demostrará dentro del proceso judicial.
La Defensoría del Pueblo advirtió durante la socialización del informe de seguimiento a la Alerta Temprana electoral que lo que está en juego son las condiciones de libertad en las que se van a desarrollar las elecciones en varias regiones del país.La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que existe preocupación frente a la posible imposibilidad de instalar mesas de votación en algunos municipios. “Este riesgo puede ser marginal en términos de la mayoría del país”, afirmó.“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, señaló.Según la Defensoría, han recibido información sobre el interés de los grupos armados ilegales en intervenir violentamente en estas elecciones.“Recibimos información sobre el interés de los grupos armados en intervenir violentamente en estas elecciones, imponiendo directrices y obligando a las comunidades a aceptar ciertas candidaturas, a veces candidaturas externas a las comunidades, pero funcionales a sus intereses económicos en las regiones”, advirtió Marín.Las alertas se concentran en departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo, Arauca, Meta, Bolívar, Magdalena, Putumayo y Caquetá.La Defensoría asegura que todos los grupos armados ilegales están incidiendo en los procesos electorales. “Tanto de criminalidad organizada, de una parte, pero también está, además del Clan del Golfo, está Conquistadores de la Sierra, están las disidencias de las Farc, desde las disidencias de Calarcá, las de Mordisco, la Segunda Marquetalia, el Frente 57, la Coordinadora Ejército Nacional Bolivariano, pero también el ELN y los Comuneros del Sur. La incidencia es distinta dependiendo de las regiones y tiene una naturaleza en rurales y urbanos, pero todos los grupos están incidiendo”.En departamentos como Córdoba y Antioquia, la Defensoría advirtió sobre el control hegemónico de baja visibilidad del Clan del Golfo. “El Clan del Golfo, por ejemplo, es el grupo armado con mayor presencia territorial en todo el país. Sin embargo, la violencia que ejercen contra la población, al ser principalmente hegemónica, no es tan vistosa en términos de violencia física. Hay un control de regulación de comportamientos que es más invisible y, por consiguiente, es más invisible el grado de falta de libertad que tienen las comunidades”, explicó la defensora.Uno de los focos más críticos son las Curules de Paz. Allí, según la Defensoría, existe un alto riesgo de elecciones válidas pero coaccionadas. “Se advierte un riesgo alto de elecciones formalmente válidas, pero sustantivamente coaccionadas, donde las víctimas enfrentan amenazas, vetos a candidaturas independientes y unificación forzada de listas por presión armada”, advirtió la defensora, quien además señaló que las mujeres enfrentan mayores barreras para adelantar actividades proselitistas y acceder a una curul.“Hay una debilidad crítica en el incumplimiento del Consejo Nacional Electoral en el desembolso oportuno de los anticipos para las campañas. Esto impide que las víctimas compitan en igualdad de condiciones y las expone a posibles cooptaciones de las economías ilegales”, alertó Marín.También existe preocupación por la situación de los firmantes de paz. El reciente traslado del ETCR de Caño Indio, en Tibú, hacia Cúcuta, podría impedir que varios firmantes ejerzan su derecho al voto. “Esto quiere decir que estos firmantes de paz no van a poder ejercer su derecho al voto debido al traslado”, indicó Marín, quien pidió a la Registraduría diseñar un mecanismo que garantice su participación.En el Catatumbo, además, alertaron sobre la instalación de minas en caminos hacia puestos de votación. “Hay zonas donde el camino hacia los puestos de votación está minado, entonces la gente no va a poder moverse hasta allá”, advirtió.Frente a la respuesta del Estado, la defensora afirma que “el gobierno o no respondió o respondió de manera incompleta. O sencillamente respondió diciendo estamos haciendo lo que igual ordinariamente están haciendo sin atender la priorización solicitada por la Defensoría del Pueblo”.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno para revisar las situaciones críticas en los territorios más afectados y diseñar soluciones articuladas entre todas las instituciones del Estado.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió a las elecciones legislativas y presidenciales asegurando que, hasta el momento, no se ha encontrado ninguna evidencia sobre presuntas irregularidades del registrador, Hernán Penagos.“Con una presencia activa en sus eventos, incluyendo los simulacros, que es el más reciente, no hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir con carácter concluyente, con carácter definitivo, que hay alguna irregularidad en lo que viene haciendo el señor registrador”, dijo Eljach.Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro ha cuestionado algunas decisiones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, señalando que, supuestamente, algunas de ellas podrían abrir la puerta al fraude.El procurador también se refirió a una pregunta que hizo el presidente en las últimas horas, en la que planteaba si era posible que los militares fueran testigos electorales.“Es un tema controversial porque es una cercanía bastante provocativa a las urnas. Yo creo que hay sectores más independientes, como por ejemplo los estudiantes universitarios o los del último año. Pero hasta donde yo entiendo no hacen falta jurados para las votaciones ni hacen falta testigos”, agregó Eljach.
A puertas de un nuevo ciclo electoral, un estudio nacional puso sobre la mesa lo que piensan los colombianos sobre la democracia: existe preocupación por su rumbo, pero no se ha perdido la confianza en el voto como herramienta de cambio.La iniciativa “Cuidar la democracia”, liderada por once universidades junto a organizaciones empresariales y sociales, presentó los resultados de una encuesta aplicada a 1.700 personas en 81 municipios del país, con cobertura urbana y rural, realizada por Invamer.El 62 % de los encuestados considera que la democracia se está debilitando. Entre las principales razones mencionadas aparecen la corrupción y la desigualdad. Sin embargo, el 92 % afirma que su voto hace la diferencia, lo que evidencia que, pese a la insatisfacción con el desempeño del sistema, se mantiene la convicción de que la participación electoral puede generar cambios.La desinformación es uno de los factores que más inquieta. El 60 % la identifica como una amenaza seria para la democracia. A esto se suma la falta de transparencia, señalada por el 56 % de los consultados. Según el informe, estas percepciones influyen en la desconfianza hacia las instituciones y en la evaluación del sistema democrático.En cuanto a las prioridades ciudadanas, el 56 % considera que mejores oportunidades de educación y trabajo aumentarían su satisfacción con la democracia. También se mencionan la mejora en seguridad (54 %) y en transparencia (50 %) como aspectos clave.El estudio muestra además que la mayoría de los encuestados atribuye la responsabilidad principal de cuidar la democracia al Gobierno nacional (70 %), seguido por el Congreso (59 %), los gobiernos locales (58 %) y las Cortes (57 %). No obstante, la iniciativa plantea que la protección del sistema también requiere la participación de universidades, empresas, organizaciones sociales, medios de comunicación y ciudadanía.La alianza está conformada por la Universidad de los Andes, Universidad EAFIT, Universidad Icesi, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad de La Sabana, Universidad del Norte, Corporación Universitaria Minuto de Dios, CESA, Universidad Tecnológica de Bolívar y Universidad Autónoma de Bucaramanga, junto con aliados como SURA, Comfama y VélezReyes+.Los resultados serán presentados en la Universidad de los Andes y posteriormente se realizarán foros regionales para discutir propuestas y compromisos de cara a las elecciones de 2026.El informe propone abrir conversaciones públicas en las regiones, fortalecer la calidad del debate y promover compromisos verificables que permitan hacer seguimiento a lo que se promete en campaña.
En diálogo con Mañanas Blu, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea resaltó la solidez y las garantías que ofrece el andamiaje institucional de Colombia. Según los representantes de la misión, el país cuenta con un sistema diseñado para proteger la voluntad popular, lo cual se traduce en una estructura transparente que permite el ejercicio democrático sin sesgos ideológicos.Garantías para la alternancia y el cambio políticoUno de los puntos centrales destacados por la Misión, representada en la voz de Gabriel, es la capacidad del sistema para facilitar transiciones de poder de manera legítima. Se subrayó que el sistema electoral colombiano es tan "garantista" que ha permitido, basándose en datos concretos, la llegada al poder de un gobierno de tendencias políticas distintas a las tradicionales, como es el caso del actual gobierno de izquierda que ocupa la Casa de Nariño.Este hecho es interpretado como una prueba de fuego superada por las instituciones electorales, demostrando que las reglas del juego son claras y se respetan, permitiendo que cambios profundos en la tendencia política de los votantes se vean reflejados en los resultados finales sin interferencias sistémicas. La transparencia, por tanto, no es solo un concepto teórico, sino una realidad práctica que ha quedado evidenciada en los procesos de escrutinio más recientes.El impacto de la retórica oficial sobre la institucionalidadA pesar de la robustez del sistema, la Misión también fue consultada sobre los riesgos que enfrenta la democracia cuando las figuras de alto nivel cuestionan la integridad de los procesos. Existe una preocupación legítima sobre qué tanto se puede lesionar un proceso electoral cuando un jefe de Estado pone en duda los resultados o el funcionamiento del sistema electoral mismo.Esta situación plantea un desafío para la confianza ciudadana. Si bien el sistema posee mecanismos técnicos de verificación y vigilancia, la narrativa pública que emana desde el poder central puede generar tensiones innecesarias. La experiencia comparada sugiere que la estabilidad de una democracia depende no solo de la precisión técnica de sus votos, sino también de la responsabilidad en el discurso de los líderes políticos para no minar la credibilidad de las instituciones que ellos mismos presiden.El valor de la observación internacionalLa presencia de la Unión Europea refuerza la idea de que el sistema colombiano está bajo un escrutinio constante y técnico. La transparencia mencionada se sustenta en la posibilidad de auditar cada fase del proceso, asegurando que, a pesar de las dudas que puedan surgir en el debate político cotidiano, la estructura electoral permanezca como un pilar inamovible de la democracia colombiana. Escuche aquí la entrevista:
En una operación militar en el corregimiento de Tutunendo, zona rural de Quibdó, tropas del Ejército intervinieron 32 unidades de producción minera clandestina. La acción dejó nueve capturas y un fuerte impacto económico sobre estructuras dedicadas a la explotación ilícita de oro en el departamento del Chocó.Durante la intervención, las tropas capturaron a nueve personas señaladas de participar en actividades relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan los procesos por delitos ambientales y económicos.Uno de los golpes más fuertes fue la destrucción controlada de la maquinaria empleada en los entables ilegales. En el lugar fueron halladas y neutralizadas seis excavadoras, cinco dragas tipo buzo, dos motores tipo Cummins, nueve motores industriales y diez motobombas, equipos clave para sostener la extracción ilegal en la zona selvática.También se inutilizaron 12.000 galones de ACPM que alimentaban la operación minera clandestina, un insumo vital para el funcionamiento continuo de estas estructuras. Solo en maquinaria, las pérdidas superarían los 3.200 millones de pesos.Sin embargo, el mayor impacto estaría en la producción ilegal frenada. De acuerdo con estimaciones oficiales, los entables intervenidos generaban cerca de 31.400 gramos de oro mensuales, cuyo valor en el mercado alcanzaría los 16.000 millones de pesos. Sumado al resto de afectaciones, el golpe económico total superaría los 19.000 millones.Además del componente financiero, la operación busca frenar el deterioro ambiental en una de las regiones más golpeadas por la minería ilegal. La intervención reduce la contaminación por mercurio y otros metales pesados en fuentes hídricas, así como la sedimentación de ríos y la afectación a la biodiversidad del Pacífico colombiano.
En medio de la polémica generada por el presidente Gustavo Petro y su partido, el Pacto Histórico, al ambientar la idea de un presunto fraude a 13 días de las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar los comicios, aseguraron que está garantizada la transparencia de todas las etapas del proceso electoral, especialmente del software de preconteo y escrutinios.Y es que, a la par de las críticas por la instrucción de dejar en blanco los espacios de los E-14 (acta de escrutinio) en donde no se registren votos por algún candidato o partido en la mesa de votación, el primer mandatario sostiene que el software de cómputo electoral, operado por la unión temporal Disproel (de la que hace parte Thomas Greg & Sons), es un sistema “vulnerable y poco confiable” que ha funcionado en desacato a una orden del Consejo de Estado que exigía su reemplazo desde hace diez años.Según el presidente, la “opacidad” sobre el código fuente permite la ejecución de lo que denomina el “fraude de los algoritmos”, mediante el cual se podrían alterar resultados a través de “iteraciones” o la creación de “mesas fantasmas”, tal como dice que ocurrió en las elecciones de 2022. Para evitar generar suspicacias, pide que se entregue el código fuente completo a expertos y a la Misión de Observación Electoral (MOE) para una auditoría profunda.En respuesta a las afirmaciones del oficialismo, la Registraduría informó que los sistemas de información y software utilizados en las elecciones de 2026 están siendo auditados por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), organismo internacional con trayectoria en procesos electorales de América Latina. La verificación incluye los software de jurados de votación, preconteo, escrutinio y consolidación y divulgación nacional de resultados, en el marco de las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas (8 de marzo), primera vuelta presidencial (31 de mayo) y eventual segunda vuelta (21 de junio).“En relación con los sistemas de información y de lo cual pueden dar fe los órganos de control, desde inicio de año venimos llevando a cabo procesos de auditoría al software de preconteo, de escrutinio en sus niveles auxiliar municipal y distrital y del software de consolidación y divulgación nacional. El Centro de Altos Estudios de Promoción Electoral, un organismo con más de 40 años de experiencia y que hace la Secretaría de la Unión de Organismos Electorales de Latinoamérica, está llevando a cabo esta tarea que ha realizado en diferentes naciones. Este proceso garantiza la integridad de todos los sistemas de información que está utilizando la Registraduría Nacional”, aseguró el registrador nacional, Hernán Penagos.Adicionalmente, el órgano electoral anunció que a partir del próximo miércoles 25 de febrero se realizará la exposición del código fuente en presencia de organismos de control, misiones de observación internacional y partidos políticos.“Permitirá esto llevar a cabo procesos de integridad, seguridad y funcionalidad de este código fuente. Se dispondrá de una sala de auditoría con puntos de acceso a este código auditado para que los representantes de los partidos puedan navegar entre todas las estructuras de código y realizar la auditoría como lo estimen pertinente. Durante tres días estará expuesto el código fuente para garantizar la integridad y para que haya absoluta tranquilidad de todos los software y los sistemas de información que vamos a utilizar”, agregó Penagos.El jefe de la organización electoral señaló que la participación de CAPEL pretende elevar los estándares de seguridad y calidad de los sistemas electorales y que los informes técnicos serán puestos a disposición de la ciudadanía y de los organismos de control.
El pulso entre los precandidatos presidenciales Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Roy Barreras (La Fuerza), por la convocatoria de las bases de izquierda y centroizquierda a participar o no en la consulta interpartidista del llamado Frente por la Vida del próximo 8 de marzo, ha llevado a una división al interior de las centrales obreras y principales sindicatos del país, una de las fuerzas electorales más importantes para este sector del espectro político.Y es que, a pesar de que desde el Pacto Histórico están buscando incansablemente que los simpatizantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro se abstengan de votar en la consulta interpartidista y respalden directamente a Cepeda en la primera vuelta del 31 de mayo, Roy ha logrado importantes adhesiones en la última semana. Uno de ellos es el de la junta directiva de la Unión Sindical Obrera, el más importante sindicato de los trabajadores de Ecopetrol, quienes consideraron respaldar al exembajador en Londres y expresidente del Congreso por su posición de avanzar en la transición energética sin abandonar la producción de hidrocarburos e incluso avanzar con el fracking.A Barreras también se le sumaron diversos sectores de las tres principales centrales obreras (CUT, CTC y CGT), encabezados por el expresidente de la CUT, Francisco Maltés; así como dirigentes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), entre otros, lo que prendió las alertas al interior del Pacto Histórico.La respuesta por parte de Cepeda fue intentar mostrar que los respaldos a Barreras no son absolutos y que no representan a las mayorías de los trabajadores colombianos. Para ello, en la mañana de este lunes, Cepeda publicó una carta de respaldo a su aspiración firmada por más de 900 dirigentes de 301 organizaciones sindicales con presencia en 30 departamentos del país.El documento señala que el apoyo se fundamenta en la confianza en un programa de gobierno que garantice la “continuidad y profundización” de los avances logrados en favor de los trabajadores colombianos, y anuncia la creación de la Comisión Nacional de Campaña de Trabajadores(as) y Sindicalistas para coordinar el respaldo al candidato del Pacto Histórico.En la declaración, los firmantes afirman compartir con Cepeda su crítica al neoliberalismo y respaldan la necesidad de un “segundo gobierno del cambio” encabezado por él, destacando el compromiso del presidente Gustavo Petro con las reformas sociales y laborales que, según el texto, permitieron recuperar y ampliar derechos laborales y salariales. Asimismo, plantean propuestas orientadas a fortalecer las libertades sindicales, la negociación colectiva, la protección social para trabajadores informales y la reparación colectiva del sindicalismo.
El pie de fuerza del Clan del Golfo tuvo un crecimiento entre 2022 y 2025, consolidándose, de acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz, como el grupo armado criminal más grande del país. Este tuvo un aumento del 140 %, alcanzando aproximadamente 9.840 integrantes, teniendo en cuenta que en 2022 contaba con 4.099 integrantes.El documento señala que este fortalecimiento se refleja tanto en su componente armado como en sus redes de apoyo. Del total estimado, cerca de 3.328 miembros están en armas, mientras que unos 6.512 harían parte de estructuras logísticas, informantes y redes criminales que sostienen el control territorial del grupo. Esta composición le permite ejercer dominio en amplias zonas sin necesidad de una presencia militar constante.La expansión territorial del Clan también ha sido acelerada, teniendo en cuenta que, según el informe, en 2022 la organización criminal tenía influencia en 145 municipios distribuidos en 13 departamentos. Para 2025, esa cifra se duplicó hasta llegar a 296 municipios en 17 departamentos, lo que representa un crecimiento total del 104 % en su alcance territorial.En algunas regiones, el Clan del Golfo ha consolidado control estable, mientras que en otras mantiene disputas activas con organizaciones rivales. Actualmente participa en varios focos de confrontación armada, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar, el norte y nordeste de Antioquia y corredores estratégicos del Pacífico como el San Juan chocoano y el Bajo Calima.“En un nivel más localizado, sostiene disputas urbanas y semiurbanas en el oriente antioqueño con El Mesa; en Barranquilla, presuntamente con Los Pepes y Los Costeños; en Sincelejo con Los Norteños; y en el centro del Magdalena con Los Primos”, destaca el informe.El informe de Ideas para la Paz menciona conflictos locales en zonas como el oriente antioqueño, Barranquilla, Sincelejo y el centro del Magdalena, donde enfrenta a estructuras criminales regionales para consolidar su dominio sobre economías ilegales.El crecimiento del grupo se explica, en parte —destaca el documento—, por su capacidad de reclutamiento. La organización criminal ha incorporado excombatientes de guerrillas, antiguos miembros de la Fuerza Pública y jóvenes captados mediante incentivos económicos. Su modelo combina salarios mensuales para combatientes, apoyos a familias y una estructura jerárquica flexible que facilita la expansión en nuevos territorios.Otro factor clave ha sido su arquitectura organizativa. El Clan funciona con un mando centralizado y estructuras regionales flexibles que operan como bloques y subestructuras. Este esquema le permite tomar decisiones estratégicas desde la cúpula, pero mantener autonomía operativa en el terreno, lo que facilita adaptarse a dinámicas locales y sostener su crecimiento continuo.“El Clan del Golfo se articula en torno a un Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 39 subestructuras o frentes. El Estado Mayor cumple funciones de dirección estratégica, define lineamientos políticos y militares, y coordina todas las economías ilícitas y la expansión territorial. Los bloques actúan como estructuras intermedias que se encargan de administrar amplias zonas geográficas y de coordinar a los frentes o subestructuras bajo su jurisdicción. Estos, a su vez, asumen el control territorial, la regulación de las economías ilegales y la confrontación con otros actores armados a nivel local”, agrega el informe de la Fundación Ideas para la Paz.El informe advierte que este aumento del pie de fuerza y su expansión territorial consolidan al Clan del Golfo como el actor armado ilegal con mayor capacidad militar y presencia nacional en Colombia. Su crecimiento, incluso en medio de operaciones militares, refleja una combinación de diversificación criminal, control social y expansión estratégica que lo posiciona como uno de los principales retos para la seguridad del país en los próximos años.
Un ciudadano alemán señalado de tener un esquema de estafa internacional fue capturado en Armenia. El hombre, identificado como Jurgen Lubke, alias ‘El Rey’, era buscado para cumplir tres condenas en Europa por fraudes económicos. La captura se dio en medio de una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía, con cooperación de autoridades internacionales.Según las investigaciones, Lubke era requerido por estafar a ciudadanos en Alemania y España mediante una modalidad basada en ofrecer vehículos nuevos y servicios de transporte internacional que nunca se concretaban.El estafador ingresó a Colombia en 2022 y, ya en territorio nacional, montó una fachada empresarial para continuar su actividad ilegal. A comienzos de 2023 registró una empresa ante la Cámara de Comercio de Armenia, que simulaba dedicarse a la importación y comercialización de vehículos, así como a servicios de mudanzas internacionales.Desde esa base operativa, según las autoridades, el alemán amplió su red de fraude y lavado de activos, afectando a víctimas en Europa. El esquema consistía en crear empresas ficticias de transporte y mudanzas, captar clientes a través de internet y recibir pagos anticipados por servicios que no se prestaban. Alias ‘El Rey’ quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los trámites de extradición.
Una operación de interdicción en aguas del Caribe colombiano terminó con la incautación de 413 kilogramos de clorhidrato de cocaína tras la interceptación de una lancha rápida que, según inteligencia, se dirigía hacia rutas internacionales del narcotráfico. El operativo fue ejecutado por unidades de la Armada con apoyo aéreo militar de la Fuerza Aeroespacial.La operación comenzó con información de inteligencia naval que alertó sobre una embarcación sospechosa que habría zarpado desde La Guajira con destino a Centroamérica. Con ese dato, se activó un dispositivo conjunto que incluyó Unidades de Reacción Rápida de Guardacostas desplegadas desde Santa Marta, guiadas desde el aire por una aeronave del Comando Aéreo de Combate No. 3.La persecución en mar abierto estuvo marcada por condiciones meteomarinas adversas, que complicaron la maniobra de abordaje. Pese a ello, los equipos lograron cerrar el cerco y detener la lancha, en la que viajaban dos ciudadanos de Venezuela. Por seguridad, tanto los tripulantes como la carga fueron trasladados primero a una unidad naval antes de ser llevados a puerto seguro.Ya en tierra, autoridades judiciales inspeccionaron la embarcación y hallaron 14 sacos que contenían la droga. El alijo, equivalente a más de un millón de dosis, tenía como destino mercados internacionales, según las primeras verificaciones.La interdicción, según cálculos oficiales, evitó que cerca de 19 millones de dólares ingresaran a las finanzas de redes narcotraficantes que operan en el Caribe colombiano.