El representante a la Cámara Christian Garcés, candidato al Senado por el Partido Centro Democrático, aseguró en Recap Blu que su aspiración al Congreso para el próximo periodo legislativo estará centrada en la generación de empleo formal, la reactivación económica y el combate a la corrupción en Colombia.“Yo me lanzo al Senado de la República especialmente para trabajar por los ingresos y los empleos de los colombianos”, afirmó. Según explicó, uno de los principales problemas del país es la informalidad laboral, que afecta a cerca de 12 millones de trabajadores, frente a menos de 10 millones con empleo formal. A su juicio, la pobreza solo puede enfrentarse con “empleo formal de calidad”.Propuesta económica y Comisión TerceraGarcés indicó que buscará integrar la Comisión Tercera de Asuntos Económicos para promover la reducción de impuestos y costos empresariales. “Bajaremos impuestos y costos a nuestras empresas para que haya más emprendimientos, más empresas”, señaló, al destacar la necesidad de atraer inversión nacional y extranjera.También mencionó como prioridad a los jóvenes que no estudian ni trabajan. “Los ninis son más de 2.400.000 jóvenes en nuestro país. Ese será mi principal reto”, puntualizó.Corrupción y denunciasFrente a los recientes escándalos políticos, calificó como “vergonzoso” que los presidentes de Senado y Cámara hayan sido capturados en el mismo periodo. “Hay que tener el valor, hay que ayudar a conseguir las pruebas (…) para que las denuncias tengan resultados”, expresó.Aseguró que su trayectoria ha estado marcada por denuncias contra la corrupción. “Mi vida nunca he estado en un caso de corrupción, no tengo ninguna investigación”, sostuvo, e invitó a los ciudadanos a recopilar pruebas y acudir a su oficina para presentar denuncias.Rechazo a la Asamblea ConstituyenteSobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, manifestó que no la respaldaría. “No la apoyaría porque no está justificada adecuadamente”, afirmó, al considerar que los problemas del país no obedecen a la Constitución sino a la falta de recursos y decisiones de gobierno.Finalmente, el candidato señaló que el Centro Democrático aspira a acercarse a 25 curules en el Senado y reiteró su invitación a los electores: “Vamos a recuperar el rumbo de nuestro país”.Escuche la entrevista completa acá:
Claudia Zuleta, candidata al Senado por el Centro Democrático, estuvo en Recap Blu, donde explicó sus principales propuestas legislativas y fijó su posición frente a temas clave del país.Zuleta, optómetra y abogada, con maestría en Derecho Constitucional y Seguridad Social, y tercera en la lista cerrada del Centro Democrático al Senado, afirmó que votar por su partido es respaldar una agenda legislativa enfocada en la seguridad, el desarrollo económico, la confianza en la inversión, el empleo y una agenda social “sólida pero sostenible”. Señaló que el Estado debe asistir a la población vulnerable, pero mediante programas estables que garanticen la sostenibilidad del sistema de seguridad social y una educación de calidad.Durante la entrevista, la candidata fue enfática en rechazar cualquier iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que, según indicó, podría ser presentada por el presidente Gustavo Petro. Zuleta sostuvo que su bancada se opondrá a un proyecto de este tipo al considerar que debilita los controles democráticos, rompe la separación de poderes y pone en riesgo el Estado de Derecho. Aseguró que los mecanismos de control institucional no son “bloqueos”, sino parte esencial de una democracia constitucional.Frente a la crisis de credibilidad del Congreso de la República, Zuleta reconoció que la corrupción ha afectado gravemente la imagen del Legislativo y afirmó que esta problemática se ha profundizado. Hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer un voto responsable y a rechazar prácticas como el clientelismo, la compra de votos y el constreñimiento electoral. Además, planteó la necesidad de fortalecer los órganos de control, reducir la impunidad y consolidar la disciplina de los partidos políticos para que los congresistas actúen conforme a las agendas por las que fueron elegidos.En materia de salud, la candidata señaló que este será uno de los ejes de su trabajo en el Congreso. Desde su experiencia como profesional del sector y exsecretaria de salud, afirmó que Colombia necesita una reestructuración del sistema, pero sin estatizarlo. Defendió el modelo de seguridad social diseñado en la Ley 100 de 1993, con pluralidad de actores públicos y privados. Criticó la intervención estatal sobre las EPS y aseguró que esta ha generado mayor ineficiencia, más quejas y mayores deudas.
La junta directiva de ISA decidió, por mayoría, sacar a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía, tras la decisión del Consejo de Estado de anular dicho nombramiento al encontrar varias irregularidades.“Jorge Andrés Carrillo Cardoso dejará de ejercer, a partir de este momento, las funciones de presidente y representante legal de la compañía”, informó ISA a través de un comunicado publicado como información relevante ante la Superintendencia Financiera.El contrato de Carrillo estará suspendido hasta que dicha sentencia quede en firme y, una vez esto ocurra, su contrato de trabajo se dará por terminado.En su reemplazo, como presidente encargado, estará Gabriel Jaime Melguizo, actual vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía. Ahora, la compañía iniciará un nuevo proceso para elegir al presidente en propiedad.El pasado jueves, el Consejo de Estado determinó, en una decisión de única instancia, que el nombramiento de Carrillo en agosto de 2024 incurrió en una serie de irregularidades.El proceso judicial se originó tras la admisión, en 2025, de una demanda de nulidad electoral presentada por el diputado Luis Peláez, quien cuestionaba la experiencia acreditada por Carrillo y la actuación de la junta directiva.El alto tribunal determinó que, durante el proceso de selección, se introdujo una modificación sustancial en la matriz de evaluación cuando ya se había realizado una primera calificación de los aspirantes, en la cual Carrillo ocupaba los últimos lugares.Ese cambio alteró de manera determinante las puntuaciones: elevó la del ahora saliente directivo y redujo la de otros candidatos, incidiendo directamente en el resultado final.Además, la Sala estableció que la junta directiva de ISA asumió funciones técnicas que corresponden exclusivamente al Comité de Talento Organizacional. Su papel, recordó el fallo, se limitaba a elegir al presidente a partir de la terna presentada por dicho comité.También se evidenció que fueron desatendidos, sin justificación objetiva, los resultados de la firma cazatalentos, cuyo informe advertía que Carrillo no debía ser considerado para liderar una empresa de la magnitud y complejidad de ISA.
La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió formalmente a las observaciones presentadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, el pasado 26 de febrero, en la que se plantearon dudas sobre la transparencia y seguridad de los sistemas que se usarán en las próximas elecciones del 8 de marzo.En el documento, la entidad explicó que el código fuente de los software de escrutinio, preconteo, sorteo de jurados, consolidación y divulgación de resultados estará disponible para revisión independiente por parte de los auditores de los partidos políticos.Además, aclaró que dicha verificación se realizará en salas dispuestas en la Registraduría, con equipos configurados exclusivamente para ese proceso.La entidad también señaló que, tras la exposición del código, se realiza un proceso de “congelamiento” y custodia del software. Con ello, el día de las elecciones se genera un código de verificación que permite comprobar que el sistema utilizado es exactamente el mismo que fue auditado previamente por partidos, entes de control y misiones de observación electoral.Sobre la posibilidad de que los auditores hagan públicos hallazgos técnicos, la Registraduría aclaró que no se exige la firma de acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, dijo que sí habrá restricciones, como el uso de celulares o grabaciones dentro de las salas de auditoría. Cualquier hallazgo durante las elecciones deberá registrarse en formatos oficiales para su análisis por parte de la entidad.Frente a eventuales fallas en el algoritmo de conteo de votos, la autoridad electoral indicó que, de presentarse reportes debidamente documentados, estos serán evaluados para definir las medidas a adoptar y garantizar la confiabilidad del sistema.En cuanto a la transmisión de datos desde los formularios E-14, la Registraduría explicó que existen controles combinados, tanto humanos como automatizados, que incluyen repetición y confirmación de datos, validaciones internas del sistema y alertas ante inconsistencias en la información reportada por cada mesa.Asimismo, indicó que el sistema genera alertas cuando la suma de votos por partido supera el total registrado en la mesa y que, en el escrutinio, se aplica un proceso de doble digitación para reforzar los controles.La entidad aclaró que el número de votantes puede ser superior al de votos de una urna, debido a que en Colombia un ciudadano puede votar por una corporación y abstenerse en otra.Finalmente, la Registraduría precisó que, tras cada boletín de preconteo, los auditores de las organizaciones políticas recibirán archivos detallados, mesa por mesa, con la votación transmitida, lo que permitirá hacer seguimiento y verificar la evolución de los resultados en cada corte de información.
La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país con su sorteo número 2835, realizado en la noche del jueves 19 de febrero de 2026. Con un atractivo plan de premios y múltiples categorías, esta edición dejó nuevos ganadores en diferentes regiones de Colombia y reafirmó su posición como una de las loterías más consultadas cada semana.Premio Mayor de $10.000 millonesEl gran ganador de la noche fue el número 5816 de la serie 073, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el protagonista del sorteo, marcando un momento especial para su afortunado poseedor y consolidando el atractivo de este tradicional juego de azar, que cada jueves genera expectativa en miles de hogares colombianos.Premios secos del sorteo 2835 de la Lotería de BogotáAdemás del premio mayor, el sorteo entregó una amplia lista de premios secos en distintas categorías, ampliando las oportunidades de ganar.Premio Trébol Mágico – $1.000 millones3016 – Serie 1092 Premios Duendes de los Deseos – $500 millones6011 – Serie 1386064 – Serie 2813 Premios Gatos de la Fortuna – $200 millones0341 – Serie 2664963 – Serie 3609349 – Serie 1536 Premios Alcancías de los Sueños – $50 millones2254 – Serie 0945528 – Serie 3629529 – Serie 4035258 – Serie 1219018 – Serie 3569583 – Serie 33010 Premios Herraduras Suertudas – $20 millones0021 – Serie 4011244 – Serie 3585847 – Serie 2466590 – Serie 3926591 – Serie 4206662 – Serie 2558278 – Serie 1718419 – Serie 4468436 – Serie 1858954 – Serie 04430 Premios Estrellas Fugaces – $10 millones0228 – Serie 2288000 – Serie 0676535 – Serie 0246005 – Serie 1734554 – Serie 0903608 – Serie 3131963 – Serie 3320354 – Serie 0518260 – Serie 0237456 – Serie 2186217 – Serie 0394951 – Serie 0553658 – Serie 1102275 – Serie 1560522 – Serie 0929072 – Serie 4327566 – Serie 1586386 – Serie 4514980 – Serie 4173937 – Serie 3152619 – Serie 1340890 – Serie 2339414 – Serie 4057942 – Serie 3766426 – Serie 2255960 – Serie 4594427 – Serie 2983168 – Serie 3381841 – Serie 1289460 – Serie 087Una tradición que respalda la salud en ColombiaCon más de un siglo de historia, la Lotería de Bogotá se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales del país. Su plan de premios, la transmisión en vivo de los sorteos y la constante aparición de ganadores en distintos departamentos fortalecen la confianza de los jugadores semana tras semana.Además, parte de los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia, lo que refuerza su impacto social y su relevancia dentro del panorama de las loterías nacionales.Los resultados publicados corresponden a los números oficiales del sorteo 2835 del 26 de febrero de 2026. Se recomienda a los jugadores verificar sus billetes con los canales oficiales para confirmar cualquier premio.
En desarrollo de operaciones militares contra el narcotráfico, el Ejército Nacional de Colombia confirmó la destrucción de dos laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en los departamentos de Norte de Santander y Cesar, en acciones coordinadas con la Policía Nacional de Colombia.En la vereda Campo Alicia, municipio de El Zulia, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30, orgánico de la Brigada 30, ubicaron y destruyeron un laboratorio compuesto por tres construcciones al servicio de las economías ilícitas, con posibles nexos con el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.Durante la operación, adelantada con apoyo de la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos, fueron incautados 845 kilogramos de clorhidrato de cocaína en estado sólido, 395 galones en suspensión y más de 3.356 galones de insumos líquidos, entre ellos acetato de N-Propilo, ácido clorhídrico y gasolina. También se hallaron 255 kilogramos de sustancias químicas sólidas como soda cáustica, carbón activado y metabisulfito.Según las autoridades, este resultado representa una afectación al músculo financiero del narcotráfico estimada en más de 6.555 millones de pesos.En una segunda acción militar, tropas de la Quinta Brigada, unidad orgánica de la Segunda División, ubicaron y destruyeron un laboratorio en la vereda La Estación, municipio de Gamarra, que pertenecería al frente Camilo Torres del ELN.De acuerdo con información de inteligencia, esta infraestructura tenía una producción mensual aproximada de una tonelada de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron hallados 307 kilogramos del alcaloide, 1.039 galones de insumos líquidos, 345 kilogramos de insumos sólidos, además de hornos microondas, grameras, tanques y otros elementos empleados para el procesamiento.Las autoridades estimaron que esta operación generó una afectación económica superior a los 1.600 millones de pesos y evitó la comercialización de aproximadamente 700.000 dosis de cocaína en mercados ilegales. El material y las infraestructuras fueron destruidos de manera controlada, mientras que los actos urgentes y procedimientos judiciales quedaron a cargo de la Policía Judicial de la Dirección de Antinarcóticos.El Ejército Nacional informó que continuará desarrollando operaciones contundentes contra las estructuras criminales que financian sus actividades a través del narcotráfico en el oriente del país.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este jueves, 26 de febrero:El humorita José Ordóñez fue el invidado de este jueves de comedia en Bla Bla Blu.En el jueves de #TBT, el invitado fue el DJ de bodas Diego Chacón que habló de las mejores canciones para este tipo de ceremonias.
En el municipio de Pelaya, Cesar, sobre las 11:10 p.m., apareció en la carrera 9 con calle 10 el candidato al Senado Andrés Fernando Vásquez Vargas, del Partido Conservador, quien denunció haber sido retenido contra su voluntad y tras permanecer desaparecido durante varias horas, un hecho que condenó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.De acuerdo con la versión entregada por el propio aspirante al Congreso, un hombre que se movilizaba en motocicleta lo interceptó y posteriormente lo trasladó, al parecer, a una residencia desconocida en el área urbana del municipio. Allí habría permanecido retenido por varias horas.Vásquez indicó que la retención estaría relacionada con procesos jurídicos que adelanta contra la organización Sayco y Acinpro. Sin embargo, precisó que las personas que lo retuvieron no se identificaron como integrantes de ninguna estructura criminal con injerencia en la zona.Tras su aparición, se conoció que será trasladado a Aguachica para rendir entrevista formal ante las autoridades y ampliar su declaración. Posteriormente, manifestó su intención de desplazarse de inmediato hacia la ciudad de Bucaramanga. Las autoridades avanzan en la verificación de los hechos para establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.
Las autoridades en Manizales capturaron al exalcalde de Filadelfia y actual subgerente de Inficaldas, William Jairo Noreña Vázquez, de 50 años, por un hecho violento ocurrido al interior de una residencia-hotel ubicada en inmediaciones de la Plaza de Bolívar, establecimiento donde, según versiones conocidas, prestan servicios trabajadoras sexuales y mujeres transgénero.De acuerdo con el informe de la Policía, una llamada a la línea de emergencias alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, las patrullas encontraron a dos personas lesionadas y procedieron a la captura en flagrancia del dirigente político.El reporte oficial indica que, según las versiones recopiladas en el sitio, el exmandatario habría accionado un arma de fuego contra las dos personas. Una resultó herida en un glúteo y la otra en una pierna y en el abdomen.Durante el procedimiento fue incautada una pistola con cinco municiones. La Policía precisó que el arma contaba con permiso de porte vigente, aunque actualmente rige suspensión general de estos permisos por la temporada electoral.En la plazoleta del comando ubicado en el barrio Linares, la institución presentó oficialmente al capturado, realizó la reseña y el registro fotográfico como parte del protocolo judicial.Le puede interesar: Capturan en Caldas, Antioquia, a hombre buscado por Interpol mediante circular azulEl detenido deberá comparecer en audiencias concentradas ante un juez de control de garantías, quien definirá la legalidad de la captura, la eventual imputación de cargos y si procede o no una medida de aseguramiento.Las autoridades no entregaron mayores detalles sobre el curso de la investigación. No obstante, este medio conoció que el caso podría estar relacionado con un presunto intento de hurto, escenario en el que el exalcalde habría utilizado su arma en lo que considera defensa propia. Además, en un video que circula en redes sociales y que, al parecer, fue grabado por el propio implicado, se escucha mencionar que habría accionado el arma porque intentaban despojarlo de dinero en efectivo y presuntamente lo habrían amenazado con un arma blanca.Por ahora, el capturado mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
Si bien el alto tribunal declaró exequible este proyecto de ley, retiró algunas expresiones por inconstitucionales y dejó otros artículos bajo constitucionalidad condicionada, con el fin de proteger derechos como la intimidad, el debido proceso y el habeas data.Según la Corte Constitucional, el propósito central de la norma, crear un sistema ágil de difusión de información para la pronta localización de menores desaparecidos, se ajusta a la Constitución al priorizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes y fortalecer la respuesta institucional ante este tipo de emergencias.No obstante, el alto tribunal hizo ajustes sustanciales al alcance de la norma; en particular, declaró inconstitucionales las expresiones que limitaban la aplicación de la alerta a menores entre 0 y 12 años, contenidas en los artículos 2 y 9. En su lugar, la Corte amplió el ámbito de protección a todos los menores de 18 años, al considerar que la diferenciación carecía de justificación constitucional.Por esa razón, la Corte Constitucional condicionó el tratamiento de información personal dentro del sistema; como, por ejemplo, la autorización para el uso de datos personales del menor extraviado deberá acreditar formalmente la condición de familiar de quien la suscriba.Asimismo, la duración y periodicidad de la alerta deberán limitarse al tiempo estrictamente necesario, y en casos excepcionales de seguridad, la alerta podrá no activarse o aplicarse bajo condiciones especiales.
Blu Radio conoció que el general Juan Miguel Huertas Herrera, comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional (COPER), no salió suspendido de la institución pese a que la Procuraduría General de la Nación profirió hace varios días el fallo disciplinario que ordena retirarlo temporalmente de su cargo. En lugar de acatar la decisión, que también cobija al director de inteligencia de la DNI, Wilmer Mejía, Huertas solicitó un permiso de cinco días, manteniendo en los hechos su condición de comandante y dejando en pausa la ejecución de la medida disciplinaria.El fallo del Ministerio Público, que está en firme y ordena suspender a los funcionarios por tres meses por sus presuntos vínculos con las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’, pedía al presidente Gustavo Petro aplicar de inmediato la sanción. Sin embargo, la suspensión no se ha materializado. Lo que sí ocurrió fue que el propio oficial gestionó un permiso temporal para ausentarse brevemente del cargo, lo que permitiría su regreso una vez cumplido el tiempo autorizado.La decisión administrativa quedó consignada en la Resolución 001016 del 03 de diciembre de 2025, firmada por el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, en la que se certifica que Huertas, “a través de oficio de fecha 02 de diciembre de 2025, solicita permiso por el término de 05 días”. El documento agrega que dicho permiso fue autorizado por el Jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza dentro de las “Novedades de Personal”, habilitándolo entre el 3 y el 7 de diciembre de 2025 para atender “trámites de índole personal”.En consecuencia, el Ejército procedió a encargar temporalmente al coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón para asumir las funciones del Comando de Personal, “sin perjuicio de sus funciones como Director de Sanidad del Ejército Nacional”. Según la resolución, este encargo es estrictamente provisional, limitado al periodo del 3 al 7 de diciembre, lo que implica que Huertas retomaría su cargo en cuanto se cumpla el plazo del permiso.Pese a la gravedad de las acusaciones de la Procuraduría, que apuntan a presuntas alianzas con la estructura residual comandada por alias ‘Calarcá’, el Ejército solo ha tramitado internamente una ausencia temporal del oficial, sin hacer referencia alguna a la suspensión ordenada por el órgano de control. La resolución no menciona el fallo disciplinario ni contempla una separación del cargo más allá de los cinco días solicitados por el propio general.Mientras tanto, la suspensión que debía ejecutarse de inmediato sigue sin aplicarse, manteniendo un limbo institucional frente al rol de uno de los oficiales de mayor poder dentro del Ejército. Todo queda supeditado, al menos por ahora, al vencimiento del permiso: una vez pasen los cinco días, el general Juan Miguel Huertas volverá, en el papel, a sus funciones como comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional.
El abogado Mauricio Camacho, defensor de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, aseguró en Mañanas Blu 10:30 de Blu Radio que el proceso que adelanta la Fiscalía por el caso UNGRD presenta fallas estructurales que permitirían demostrar la inocencia de su clienta. “Hay todas las posibilidades de ser absuelta”, afirmó, insistiendo en que el expediente contiene inconsistencias y vulneraciones de garantías.Camacho cuestionó el ritmo del proceso y la magnitud del descubrimiento probatorio entregado por la Fiscalía. Explicó que recibieron más de 400 elementos, “más pruebas que el caso de Uribe”, pero con apenas mes y medio para analizarlos. Aunque reconoce que ya tiene las evidencias del ente investigador, dijo que la defensa necesita tiempo para reunir su propio material y presentarse “en igualdad de armas”.Uno de los puntos que la defensa busca controvertir es el supuesto préstamo de 4.000 millones de pesos que habría sido transportado por Ortiz. Para Camacho, la hipótesis es insostenible. “El prestamista no tenía dinero, entonces Sandra no podría transportar nada”, señaló. Además, calificó como poco seria la explicación del origen del dinero. “Es más posible creer que ni siquiera hubo dinero; por cómo explican el origen, es un chiste, siendo absolutamente franco”.El abogado anunció que solicitará comparar “las celdas de Sneyder con las del supuesto prestamista”, con el fin de corroborar si realmente hubo encuentros en las fechas clave. Si esos registros no coinciden, dijo, “es menos posible que existiera el préstamo de 4.000 millones que supuestamente le entregaron a Sandra Ortiz”.Camacho incluso planteó que, si se demuestra que ese dinero nunca existió, la conducta imputada carece de fundamento. “Si no existió, Sandra Ortiz transportó fue una maleta y eso no es delito”, afirmó, asegurando que la Fiscalía construyó un relato débil y sin soporte jurídico.Sobre la medida de aseguramiento en centro penitenciario, el defensor criticó la disparidad en el trato judicial frente a otros funcionarios investigados. “Tiene que llamar la atención cómo la Fiscalía trata a unos y a otros. Si no sale el escándalo de ‘Calarcá’, no los imputa”, dijo, describiendo la situación como un proceso con “sabor agridulce”.Para cerrar, Camacho reiteró que en el caso se configuró un montaje judicial. “Se creó un falso positivo frente a esta señora y la Fiscalía le arrebató un sinnúmero de garantías”, aseguró. Pese a ello, insistió en su confianza: “Estoy absolutamente convencido de que va a ser absuelta”.
En la manzana 3 del barrio Las Colinas, en el suroccidente de Armenia, según las autoridades, un hombre identificado como Duval Stevem Colorado Cabrera, de 20 años, oriundo de Buenaventura, estaba consumiendo una sustancia conocida como “esacol”. En estado de alteración, le pegó a uno de los perros de la cuadra con una guadua seca y luego lo cortó con un machete. El ataque produjo heridas en el hocico y en una pata del perro de raza criolla. El secretario de Gobierno, Carlos Ramírez Hincapié, confirmó la atención del animal herido:“En la ciudad de Armenia, donde no agreden a una persona sino a un peludito con un arma blanca, le propinan varias heridas y, ante la queja de la ciudadanía, de inmediato el grupo de reacción de la alcaldía fue y atendió al peludito”. Ante la gravedad de las lesiones, el equipo de atención de la Secretaría de Gobierno atendió al perro herido en el lugar del ataque.Sobre la captura del agresor, el capitán Luis Fernando Grisales, comandante de la Estación de Policía Armenia, indicó: “El ciudadano es capturado por el delito de la Ley del Ángel y es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.El hombre capturado será procesado bajo las normas de la Ley Ángel, que protege jurídicamente a los animales y aumenta las sanciones económicas y las medidas restrictivas de la libertad contra las personas responsables de este tipo de agresiones. El proceso está en desarrollo.
En el marco de las tensiones que se han presentado entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, el precandidato presidencial Roy Barreras publicó unas fotos en la que aparecen congresistas y precandidatos presidenciales que harían parte del Frente Amplio. En la imagen aparecen el presidente Gustavo Petro y el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero."Gracias a la Embajada de España en Colombia por la invitación a la recepción de anoche en saludo al exPresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer fue el encuentro del progresismo colombiano en el Frente Amplio. Hay dos caminos para dar la batalla en 2026. Y no tengo dudas de el de nosotros es el ganador!", dijo Roy Barreras en el mensaje que acompaña las fotos.Es importante recordar que a Zapatero la DEA le puso la lupa por sus presuntos vínculos con el Cartel de los Soles y presuntas actuaciones ilegales que se pudieron presentar por su cercanía con Nicolás Maduro."Queda más que comprobado que Gustavo Petro es aliado de la dictadura. Se toma una foto con el señor Zapatero, el mayor aliado de Maduro que ha protegido la dictadura de Maduro ante Europa y España. Todos son aliados, son amigos y tratan de poner en riesgo la democracia. ¿Viene Zapatero a poner en riesgo la democracia de Colombia?", dijo el representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan Espinal.Por su parte, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, asegura que con la foto Petro demuestra que es el jefe de debate del Frente Amplio."Ha sido Petro un activista político desde el día uno de su Gobierno. Ha perdido la vergüenza y el respeto por la institución presidencial y por supuesto que ha dedicado el Gobierno y sus esfuerzos no a resolver los graves problemas de Colombia, como la inseguridad, sino a resolver una coalición que le permita tener un candidato con opciones", dijo Triana.En la foto también aparecen los precandidatos Camilo Romero, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Clara López. Además del expresidente Ernesto Samper y las senadoras María José Pizarro y Gloria Flórez.
El precandidato presidencial Roy Barreras informó en la noche de este viernes, 27 de febrero, que la Policía le alertó de un plan que se estaría desarrollando para atentar en su contra.“Según fuentes oficiales hoy a las 12:10 del mediodía una persona anónima llamó desde el número 3189860758 al CAD Centro Automático de Despacho y dijo que quería advertir que ‘están esperando que Roy Barreras se suba a la tarima para matarlo’ y colgó apresuradamente sin identificarse”, detalló Barreras.Ante esto, el exembajador radicó la respectiva denuncia asegurando que no suspenderá o modificará ninguna de los eventos que tiene previsto para el cierre de campaña, pues los inscritos en las consultas pueden adelantar eventos públicos solo hasta el domingo 1 de marzo.“Confío en la policía nacional y su esquema de protección. No serán los criminales los que decidan el futuro de Colombia y mucho menos si pretenden imponer candidatos que les resulten afines o eliminar a quienes hemos dicho que haremos respetar el imperio de la ley”, aseveró Barreras.El precandidato tiene previsto múltiples eventos. El sábado estará en Cali con una caravana de motos por distintos sectores de la ciudad, recorridos por barrios populares y un encuentro con líderes liberales que respaldan su candidatura, así como con directivos sindicales y representantes de centrales obreras del departamento, entre otros.Ese mismo día se trasladará a Pasto, donde encabezará dos encuentros con ciudadanos y simpatizantes.El domingo, liderará una gran caminata en Bogotá cuyo punto de encuentro será el Monumento a Los Héroes Caídos, en el sector del CAN, sobre la avenida El Dorado e irá hasta el Centro de Memoria Histórica.
El candidato al Senado por el Centro Democrático, Carlos Meisel, aseguró en entrevista con Recap de Blu Radio que Colombia requiere una reforma profunda al sistema político, empezando por la manera en que se elige el Congreso. En entrevista con Recap Blu de Blu Radio, planteó cambios estructurales para fortalecer la democracia y recuperar la confianza ciudadana.“Este país necesita depurar cómo se elige el Congreso y las listas cerradas. Necesita democratizar más el sistema político y la justicia, claro que necesita unas reformas”, afirmó el aspirante. Según dijo, el modelo actual presenta fallas que deben corregirse para garantizar mayor transparencia y representación.Meisel también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial, al señalar que la ciudadanía percibe impunidad frente al delito. “Aquí a un delincuente lo están sometiendo y más se demora en llegar el Policía a su casa que el bandido en regresar a ella. La justicia no está operando de manera adecuada”, sostuvo.En materia de oposición al presidente Gustavo Petro, afirmó que su rol ha sido intentar frenar lo que considera decisiones perjudiciales para el país. “He intentado que Petro no le termine de hacer tanto daño al país”, expresó, y agregó que buscaron proteger a los microempresarios durante el debate de la reforma laboral, aunque no lograron los resultados esperados.Sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, el candidato defendió el respeto a la Carta Política. Aseguró que cualquier reforma debe hacerse por los mecanismos que establece la Constitución y rechazó lo que calificó como “atajos tramposos”, en referencia a la propuesta que ha mencionado el mandatario en el escenario político.Finalmente, en relación con el sistema de salud, indicó que la Ley 100 requiere ajustes tras más de 30 años de vigencia, pero defendió su estructura general. A su juicio, el país necesita reformas responsables que corrijan fallas sin desmontar lo que, según afirmó, ha funcionado.
El Centro Democrático le envió un comunicado a sus militantes en el cual advierte que puede haber sanciones para quienes voten por candidatos diferentes a Paloma Valencia, en la Gran Consulta por Colombia, y a sus congresistas al Senado y a la Cámara de Representantes.“El respaldo electoral deberá otorgarse única y exclusivamente a los candidatos a la Cámara y al Senado del partido y a la candidatura de la doctora Paloma Valencia a la Presidencia de la República”, dice el comunicado del partido.Además, el Centro Democrático también explicó cuáles podrían ser eventualmente las sanciones que podrían enfrentar los concejales, ediles, diputados y congresistas que incumplan esta instrucción.“Las eventuales sanciones pueden incluir medidas disciplinarias partidarias, suspensión o pérdida de investidura —según el caso— e incluso la nulidad de la elección, cuando se acredite la vulneración del régimen de bancadas y de la prohibición de doble militancia”, agrega el partido en su comunicado.
Un estudio publicado en 2024 por los investigadores Lucas Marín-Llanes, Manuel Fernández, María Alejandra Vélez, Eduard Martínez-González y Paulo Murillo-Sandoval, de la Universidad de los Andes, analizó el auge de los cultivos de coca y sus efectos en las economías locales, además de cómo se reflejó en impactos ambientales significativos, particularmente en la Amazonía, donde se registraron fuertes incrementos en la deforestación y en la transformación de suelos hacia la ganadería.La investigación analizó el incremento de cultivos que se produjo tras el anuncio, en mayo de 2014, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), realizado en el marco de las negociaciones de paz con las Farc.Según el documento, entre 2014 y el inicio de la implementación del programa en 2017, el área sembrada con coca en el país pasó de 68.000 a 171.000 hectáreas, un aumento cercano al 150 %.Para medir el impacto económico de ese crecimiento, los investigadores utilizaron imágenes satelitales de luminosidad nocturna como indicador indirecto de actividad económica, debido a la ausencia de datos oficiales de Producto Interno Bruto a nivel municipal.Con base en su modelo econométrico, el estudio estima que un aumento de una desviación estándar en los cultivos de coca entre 2014 y 2019 se asoció con un incremento de entre 2,5 % y 3,1 % en el PIB municipal. Los autores aclaran que esta estimación corresponde a variaciones significativas en el área cultivada y no a cambios marginales.El documento también calcula un efecto multiplicador sobre la economía local. De acuerdo con sus estimaciones, por cada dólar adicional generado por la venta de hoja de coca, el PIB municipal aumentó entre 1,17 y 2,30 dólares.En el caso de la base de coca, cada dólar adicional se asoció con un incremento de entre 0,86 y 1,63 dólares en la producción local. Según los investigadores, estos resultados sugieren que el impacto económico no se limita al ingreso directo del cultivo, sino que se expande hacia otros sectores.Los efectos fueron más pronunciados en zonas rurales, donde se concentra la producción, aunque también se observaron incrementos en áreas pobladas, lo que indica que el aumento en la actividad económica no se restringió únicamente a los puntos de cultivo.No obstante, el estudio señala que este crecimiento económico no produjo aumentos estadísticamente significativos en los ingresos fiscales municipales. Es decir, el mayor dinamismo productivo no se tradujo en un incremento del recaudo local.En contraste, los impactos ambientales fueron contundentes. Los investigadores documentaron un aumento del 104 % en las tasas de deforestación y un crecimiento del 302 % en el área transformada de cultivos de coca a pastos para ganado en la Amazonía colombiana.El documento señala que, aunque la coca no siempre es el detonante directo de la deforestación, el auge puede estimular dinámicas productivas, como la expansión ganadera, que agravan la pérdida de bosque.Los autores concluyen que las economías ilícitas pueden generar ganancias económicas de corto plazo y actuar como catalizadores de actividad económica a nivel local. Sin embargo, advierten que estos efectos no necesariamente implican procesos de desarrollo sostenible y pueden venir acompañados de costos ambientales significativos.
La decisión fue comunicada por el Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación del proceso para la desmovilización del Clan del Golfo tras evaluar las condiciones actuales del proceso y del territorio, en el marco de los compromisos adquiridos entre las partes. Según lo informado por el Mecanismo, no están dadas las condiciones para avanzar conforme al cronograma inicialmente establecido.El numeral 3 del acuerdo con el grupo establecía la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en los municipios de Nuevo Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta, y proyectaba el inicio del traslado gradual y progresivo de integrantes del grupo armado ilegal a partir de esa fecha. Sin embargo, el cronograma deberá ser ajustado ante las dificultades expuestas en el marco del proceso.Entre las razones señaladas se encuentran las afectaciones derivadas de la actual ola invernal en los territorios donde se instalarían las zonas. Según informaron, las lluvias han provocado deterioro de vías e inundaciones en predios rurales y urbanos.A esto se suma el fallecimiento de José Gonzalo Sánchez, segundo comandante del Estado Mayor Conjunto del grupo, ocurrido cuando se desplazaba hacia una de las zonas. De acuerdo con lo explicado, este hecho retrasó las labores internas de pedagogía sobre los compromisos alcanzados.Además, la suspensión temporal de los diálogos a partir del 4 de febrero, decisión adoptada por el grupo armado con el propósito de realizar consultas internas y solicitar aclaraciones frente a declaraciones gubernamentales.Ante este panorama, el MTSMV determinó la necesidad de prorrogar el plazo establecido para el ingreso a las ZUT y solicitó a los Grupos de Trabajo correspondientes fijar una nueva fecha para el cumplimiento de este y otros compromisos que permanecen pendientes de ejecución.
La patrullera oceánica ARC “20 de Julio” fue incorporada oficialmente a la Fuerza Naval del Pacífico tras arribar a la Base Naval de Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, luego de navegar 681 millas náuticas desde Cartagena. La ceremonia fue presidida por el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada Nacional, junto a altos mandos navales y autoridades civiles y militares.La llegada de la embarcación hace parte de un proceso de reubicación estratégica que busca fortalecer las capacidades operativas en el Pacífico colombiano, una región clave para el control marítimo, la lucha contra el narcotráfico y la protección de la soberanía nacional.El buque, comandado por el capitán de navío Javier Loaiza Escarraga, inicia así una nueva etapa tras más de 14 años de servicio. Fue la primera patrullera oceánica construida completamente en el país, desarrollada desde 2009 en los astilleros de Cotecmar como parte de la modernización naval.“Esta determinación obedece a una evaluación rigurosa del entorno operacional donde existen dinámicas complejas del crimen organizado transnacional, particularmente el narcotráfico, el tráfico de armas y otras economías ilícitas que emplean rutas oceánicas y fluviales para afectar la estabilidad regional”, dijo el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada.A lo largo de su trayectoria, el ARC “20 de Julio” ha navegado más de 263.000 millas náuticas en el Caribe, el Pacífico, el Atlántico sur y aguas antárticas. Entre sus resultados operacionales se destacan la incautación de más de 50 toneladas de estupefacientes, la interdicción de decenas de embarcaciones ilegales y el apoyo en múltiples misiones de búsqueda y rescate.Además de operaciones militares, la patrullera ha participado en expediciones científicas a la Antártida, convirtiéndose en la primera plataforma oceánica colombiana en apoyar investigaciones sostenidas en ese continente.Con su llegada al Pacífico, la embarcación asumirá nuevas misiones enfocadas en el control del espacio marítimo, la protección de recursos naturales y la presencia institucional en aguas estratégicas, en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta esta región del país.
La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) alertó que varias importaciones están frenadas por demoras en la expedición de vistos buenos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).De acuerdo con el gremio, aunque el Ministerio ha respondido comunicaciones, en la práctica los trámites siguen acumulados desde diciembre de 2025. Las demoras afectan especialmente la entrada de insumos esenciales como sustancias químicas, solventes, alcoholes y otros productos controlados, además de semillas, granos y derivados de cannabis para usos médicos, científicos e industriales.Analdex explicó que, tras una etapa crítica en enero por falta de personal, en febrero se incorporaron nuevos funcionarios. Sin embargo, los tiempos de respuesta aún superan el mes, cuando la norma establece que estos permisos deben resolverse en uno o dos días hábiles.El impacto ya se siente en la cadena de suministro: aumentan los costos por bodegaje y demoras en puertos y, algunas empresas enfrentan el riesgo de quedarse sin materias primas para producir. También advierten inseguridad jurídica, pues las mercancías pueden verse afectadas por vencimientos de plazos administrativos.Ante este panorama, el gremio pidió al Ministerio de Justicia agilizar de inmediato las aprobaciones pendientes y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo intervenir para coordinar una solución conjunta.La propuesta es instalar mesas de trabajo con las entidades de control y el sector privado para implementar un plan de choque que destrabe los trámites y garantice la continuidad del comercio exterior, para generar soluciones que se traduzcan en resultados concretos y rápidos para evitar mayores afectaciones a la economía.
En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El nuevo modelo de pasaporte colombiano entra en vigor el 1 de abril y, según el Gobierno, el documento planea estar entre los cuatro más seguros del mundo.Además, la Cancillería aclaró que los que tengan el pasaporte vigente luego de esa fecha podrán seguir usándolo hasta que termine la vigencia, después de ello, tendrán que sacar el nuevo modelo.El nuevo documento será producido con el apoyo de la Imprenta Nacional y, de acuerdo con el Gobierno, permitirá a Colombia escalar en estándares internacionales de identificación migratoria.En este contexto, hay ciudadanos que pueden obtener el documento completamente gratis y para ello deben seguir un paso a paso.¿Quiénes pueden obtener el pasaporte nuevo gratis?De acuerdo con la Cancillería, las personas que estén inscritas en el Sisbén y que pertenezcan a los niveles 1 y 2, es decir, grupos A y B, pueden obtener el pasaporte gratis. Pero deben adelantar el trámite en las oficinas de Bogotá o gobernaciones con cita previa.Para ello, los ciudadanos deben llevar el certificado que acredite que pertenece a las categorías indicadas y seguir el proceso:Agendar una cita por medio del enlace habilitado y seleccionar una de las oficinas.Asistir a la cita de lunes a viernes en los horarios de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.Acudir con todos los documentos solicitados.Reclamar el documento según los tiempos estipulados:-Oficinas de Pasaporte de Bogotá, sedes Centro y Norte: 24 horas hábiles.-Red CADE: 48 horas hábiles.Requisitos para obtener el pasaporte gratisNo obstante, para que el solicitante no pague ninguna suma de dinero debe acreditar que ostenta alguna de las siguientes condiciones:Si requiere tratamiento médico especializado, que no pueda ser adelantado en el país, presentar certificado del médico especialista tratante, expedido por la Entidad Prestadora de Salud (EPS).Si es una persona con discapacidad, presentar certificado del médico especialista tratante, expedido por la Entidad Prestadora de Salud (EPS).Si es una persona adulta mayor de 62 años, presentar cédula de ciudadanía vigente.Si es una persona menor de 25 años que vaya a adelantar estudios en el exterior, presentar certificado o documento expedido por el ente educativo en el que conste que fue admitido para cursar estudios en el exterior.Si se trata de niños en situación de adoptabilidad, que aún no lo han sido y están a cargo del ICBF, presentar la solicitud de expedición de pasaporte exento proferida por el ICBF.Si se trata de personas que deben viajar al exterior por razones de salud de familiares, cuando el solicitante deba viajar al exterior por enfermedad grave de algún familiar.Si se trata de personas que tengan un contrato de trabajo acreditado en el exterior, presentar copia del contrato de trabajo traducido.Si se trata de delegaciones deportivas, culturales, artísticas, desarrollo científico o tecnológico, presentar oficio expedido por el Ministerio del Deporte, solicitando la expedición del pasaporte exento.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su preocupación ante la crisis de reincidencia y los bajos índices de judicialización efectiva en las principales ciudades de Colombia durante 2025. Según el gremio, a pesar de las 104.858 capturas realizadas por la Policía Nacional en las capitales, la gran mayoría de los detenidos recupera la libertad de forma inmediata, lo que debilita la seguridad urbana.Cifras de capturas en ciudades capitales de ColombiaDurante el último año, el esfuerzo operativo de las autoridades locales se concentró en los grandes núcleos urbanos. Bogotá lideró la estadística con 34.270 capturas, seguida por Medellín con 12.222 y Cali con 6.889 registros. Otras ciudades con alta actividad policial fueron Cartagena (5.523), Barranquilla (5.262) y Villavicencio (4.973).Sin embargo, el volumen de detenciones contrasta con la baja tasa de aseguramiento. En Bogotá, el 94 % de las personas capturadas en flagrancia quedaron en libertad, mientras que en Barranquilla la cifra alcanzó el 80 %. Este fenómeno, según la asociación, genera un ciclo de reincidencia que impacta directamente en la confianza ciudadana y en la inversión de recursos locales.Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, señaló que existe un desafío estructural en la articulación entre el esfuerzo policial y las decisiones de los jueces. "Las ciudades están invirtiendo recursos significativos en seguridad, tecnología y pie de fuerza", afirmó Santamaría, advirtiendo que la liberación masiva de capturados genera una "percepción de impunidad" y desmotivación institucional.Para el directivo, garantizar condiciones de seguridad efectivas no es solo una prioridad territorial, sino un asunto "estratégico para la estabilidad nacional", dada la concentración económica y social en las capitales.Ante este panorama, el gremio hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, la Fiscalía y las altas cortes para revisar los criterios de reincidencia y fortalecer la judicialización. Entre las peticiones destacan la necesidad de realizar ajustes normativos que permitan mayor coherencia entre la captura y la medida de aseguramiento, además de priorizar los delitos de alto impacto en contextos urbanos.