El nuevo arancel del 50% impuesto por el gobierno ecuatoriano a las importaciones colombianas amenaza con golpear de lleno el intercambio comercial entre ambos países.Según advirtió Olivia Díaz Granados, directora de la Cámara de Comercio, la medida no discrimina sectores: "...los eh eh productos más afectados de Colombia, que son todos, la verdad, no hay uno que no sea, son todos los productos que de Colombia se exportan a Ecuador..."Colombia exporta a Ecuador cerca de 18.800 millones de dólares al año en bienes como energía, hidrocarburos, medicamentos, vehículos, textiles, plásticos, papel, químicos y alimentos para la industria avícola. Incluso, buena parte de los buses que circulan en ese país son de fabricación colombiana.Con las restricciones, explicó la dirigente gremial, el comercio legal ya venía cayendo cerca de 70% y, con el nuevo arancel, podría paralizarse por completo. Las pérdidas acumuladas superarían los 250 millones de dólares desde que comenzaron las medidas.Pero más allá del impacto económico, Díaz Granados advirtió un efecto colateral: el fortalecimiento del contrabando. "...se acaba totalmente el comercio entre Colombia y Ecuador... el comercio legal, porque el contrabando sigue", señaló.En departamentos como Nariño, Putumayo y Cauca donde históricamente existe intercambio agrícola con Ecuador las restricciones podrían alterar el abastecimiento y empujar a comerciantes y consumidores a rutas ilegales.Para la Cámara binacional, la decisión termina castigando la economía formal y debilitando el control estatal en la zona limítrofe.El gremio pidió revisar las medidas y buscar soluciones diplomáticas que eviten un freno total al comercio, en una relación que durante años ha sido clave para empresarios y consumidores de ambos lados de la frontera.Escuche la entrevista completa aquí:
El pronóstico del tiempo para el fin de semana del 28 de febrero al 1 de marzo anticipa lluvias en amplias zonas del país, especialmente en las regiones Pacífica y Andina, mientras que en el Caribe y la Orinoquía predominarán condiciones más secas.De acuerdo con el Comunicado Especial n.° 025 del Ideam, emitido el 27 de febrero de 2026, la mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará en el Pacífico y en sectores del norte y occidente de la región Andina. Además, se prevén incrementos de temperatura y sensación térmica en la Orinoquía, la Amazonía y el Caribe.¿Dónde lloverá más este fin de semana?Para el sábado 28 de febrero se esperan lluvias en amplios sectores del Pacífico, la Amazonía y el occidente y norte de la región Andina. Las precipitaciones más importantes, con probabilidad de actividad eléctrica, se prevén en Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá y Cundinamarca.También podrían presentarse lloviznas intermitentes en Amazonas, Vaupés, Caquetá, Guainía, Huila y Cesar. En el área insular, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera nubosidad variable con predominio de tiempo seco.Para el domingo 1 de marzo se anticipa un incremento de la nubosidad y de las lluvias en sectores del Pacífico, la región Andina y la Amazonía. Las mayores precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas, se concentrarían en zonas de Chocó y Valle del Cauca.¿Cómo estará el clima en Bogotá y otras regiones?En Bogotá se mantiene la probabilidad de lluvias en horas de la tarde, especialmente en sectores del occidente y norte de la ciudad. La temperatura mínima estará por debajo de 10 °C y la máxima podría superar los 20 °C.En contraste, en la región Caribe y la Orinoquía predominarán condiciones mayormente secas durante el domingo, aunque con aumento de temperaturas. Las autoridades recomiendan estar atentos al estado de las vías en zonas con alerta por deslizamientos y tomar medidas preventivas ante posibles tormentas eléctricas y vientos fuertes.
El representante a la Cámara Christian Garcés, candidato al Senado por el Partido Centro Democrático, aseguró en Recap Blu que su aspiración al Congreso para el próximo periodo legislativo estará centrada en la generación de empleo formal, la reactivación económica y el combate a la corrupción en Colombia.“Yo me lanzo al Senado de la República especialmente para trabajar por los ingresos y los empleos de los colombianos”, afirmó. Según explicó, uno de los principales problemas del país es la informalidad laboral, que afecta a cerca de 12 millones de trabajadores, frente a menos de 10 millones con empleo formal. A su juicio, la pobreza solo puede enfrentarse con “empleo formal de calidad”.Propuesta económica y Comisión TerceraGarcés indicó que buscará integrar la Comisión Tercera de Asuntos Económicos para promover la reducción de impuestos y costos empresariales. “Bajaremos impuestos y costos a nuestras empresas para que haya más emprendimientos, más empresas”, señaló, al destacar la necesidad de atraer inversión nacional y extranjera.También mencionó como prioridad a los jóvenes que no estudian ni trabajan. “Los ninis son más de 2.400.000 jóvenes en nuestro país. Ese será mi principal reto”, puntualizó.Corrupción y denunciasFrente a los recientes escándalos políticos, calificó como “vergonzoso” que los presidentes de Senado y Cámara hayan sido capturados en el mismo periodo. “Hay que tener el valor, hay que ayudar a conseguir las pruebas (…) para que las denuncias tengan resultados”, expresó.Aseguró que su trayectoria ha estado marcada por denuncias contra la corrupción. “Mi vida nunca he estado en un caso de corrupción, no tengo ninguna investigación”, sostuvo, e invitó a los ciudadanos a recopilar pruebas y acudir a su oficina para presentar denuncias.Rechazo a la Asamblea ConstituyenteSobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, manifestó que no la respaldaría. “No la apoyaría porque no está justificada adecuadamente”, afirmó, al considerar que los problemas del país no obedecen a la Constitución sino a la falta de recursos y decisiones de gobierno.Finalmente, el candidato señaló que el Centro Democrático aspira a acercarse a 25 curules en el Senado y reiteró su invitación a los electores: “Vamos a recuperar el rumbo de nuestro país”.Escuche la entrevista completa acá:
Claudia Zuleta, candidata al Senado por el Centro Democrático, estuvo en Recap Blu, donde explicó sus principales propuestas legislativas y fijó su posición frente a temas clave del país.Zuleta, optómetra y abogada, con maestría en Derecho Constitucional y Seguridad Social, y tercera en la lista cerrada del Centro Democrático al Senado, afirmó que votar por su partido es respaldar una agenda legislativa enfocada en la seguridad, el desarrollo económico, la confianza en la inversión, el empleo y una agenda social “sólida pero sostenible”. Señaló que el Estado debe asistir a la población vulnerable, pero mediante programas estables que garanticen la sostenibilidad del sistema de seguridad social y una educación de calidad.Durante la entrevista, la candidata fue enfática en rechazar cualquier iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que, según indicó, podría ser presentada por el presidente Gustavo Petro. Zuleta sostuvo que su bancada se opondrá a un proyecto de este tipo al considerar que debilita los controles democráticos, rompe la separación de poderes y pone en riesgo el Estado de Derecho. Aseguró que los mecanismos de control institucional no son “bloqueos”, sino parte esencial de una democracia constitucional.Frente a la crisis de credibilidad del Congreso de la República, Zuleta reconoció que la corrupción ha afectado gravemente la imagen del Legislativo y afirmó que esta problemática se ha profundizado. Hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer un voto responsable y a rechazar prácticas como el clientelismo, la compra de votos y el constreñimiento electoral. Además, planteó la necesidad de fortalecer los órganos de control, reducir la impunidad y consolidar la disciplina de los partidos políticos para que los congresistas actúen conforme a las agendas por las que fueron elegidos.En materia de salud, la candidata señaló que este será uno de los ejes de su trabajo en el Congreso. Desde su experiencia como profesional del sector y exsecretaria de salud, afirmó que Colombia necesita una reestructuración del sistema, pero sin estatizarlo. Defendió el modelo de seguridad social diseñado en la Ley 100 de 1993, con pluralidad de actores públicos y privados. Criticó la intervención estatal sobre las EPS y aseguró que esta ha generado mayor ineficiencia, más quejas y mayores deudas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará a Chicago el próximo 7 de marzo para asistir al funeral del reverendo Jesse Jackson, activista por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, fallecido hace diez días a los 84 años."Iré a Chicago este 7 de marzo al funeral del reverendo Jessie (sic) Jackson, excandidato presidencial, gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos", afirmó el mandatario en X sobre este viaje, en vísperas de las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia.El mandatario no explicó cómo viajará a Chicago, ya que el Gobierno estadounidense le retiró el visado en septiembre pasado y este mes le expidió un permiso de cinco días para que pudiera asistir a la reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, que tuvo lugar el 3 de febrero en la Casa Blanca.Petro destacó su cercanía con el congresista demócrata Gregory Meeks, aliado político de Jackson y actual representante por el estado de Nueva York, a quien calificó como su "amigo y compañero en varias luchas comunes", y a quien conoció hace más de diez años por presentación del excanciller colombiano Luis Gilberto Murillo.En su mensaje, el presidente también felicitó al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, por su trabajo en la reconstrucción de apoyos a comunidades étnicas y en el fortalecimiento de las relaciones con aliados en el Congreso estadounidense.Jackson (1941-2026), quien fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. y dos veces candidato a la Presidencia de Estados Unidos, murió el 17 de febrero tras sufrir una enfermedad neurodegenerativa conocida como parálisis supranuclear progresiva (PSP).Las honras fúnebres comenzaron esta semana en Chicago con actos públicos organizados por su familia y su organización Rainbow PUSH Coalition, y continuarán en Carolina del Sur y Washington antes del funeral principal previsto en esa ciudad del estado de Illinois.
Colombia y Panamá ya tienen claro cómo van a definir el costo de la interconexión eléctrica entre ambos países y cómo se va a pagar por su construcción tras un acuerdo entre la Creg y el organismo regulador de Panamá.Un auditoría será la encargada de revisar las estimaciones de costos de inversión y operación, así como los procesos de contratación para el desarrollo del proyecto para evitar que el proyecto termine costando más de lo que debería, según un acuerdo logrado entre los reguladores de Colombia y Panamá. La iniciativa tendrá que construirse utilizando un contrato tipo EPC.La construcción de la interconexión eléctrica entre ambos países ha sido uno de los proyectos de interés para el Gobierno de Gustavo Petro al punto de que sus ministros de minas y ambiente se han reunido en múltiples ocasiones con las autoridades panameñas, la última de ellas en septiembre del año pasado.El acuerdo para la regulación del proyecto, que podría ser adoptado formalmente por Colombia en las próximas semanas, establece que la auditoría será directamente contratada por la compañía que construirá el proyecto pero bajo términos de referencia entregados por las autoridades de ambos países. El proyecto tendrá unos ingresos mínimos garantizados (piso) y además una remuneración máxima (techo).La interconexión implica la construcción de una línea de trasmisión de unos 500 km entre la Provincia de Panamá y el departamento de Córdoba e incluye un tramo submarino.El proyecto fue analizado por primera vez en 2003 y desde 2007 existe una empresa conjunta de ambos países (ICP) que ha realizado estudios de ingeniería y ha tramitado licencias ambientales.
Hoy en la Registraduría se inscribió el empresario Santiago Botero como candidato presidencial para la primera vuelta de las elecciones. Su fórmula a la vicepresidencia será Carlos Fernando Cuevas.“Hoy no solo nos inscribimos, hoy iniciamos la batalla formal contra la impunidad que tiene secuestrado este país. Nuestra lucha es por justicia social real: balín para los bandidos, oportunidades para los trabajadores y dignidad para los 27 millones de colombianos que el sistema olvidó”, afirmó Botero.Por su parte, Carlos Fernando Cuevas hizo campaña por el “No” al plebiscito en su universidad y ha sido asesor de diferentes políticos. Anteriormente integró la campaña presidencial de Rodolfo Hernández, donde fue coordinador nacional electoral.Es importante recordar que ya otros candidatos se han inscrito a la primera vuelta de las elecciones a la presidencia, es el caso de la senadora Clara López y del exministro TIC Mauricio Lizcano. El próximo 8 de marzo se harán las consultas interpartidistas y ahí también se definirán otros candidatos a la presidencia.Otros candidatos que irán a la primera vuelta son Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo, Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Maurice Armitage, Miguel Uribe Londoño y Abelardo de la Espriella.
A ocho días del inicio de la huelga en la Electrificadora de Santander, filial del Grupo EPM, el sindicato de trabajadores denunció la suspensión unilateral de más de 250 contratos de empleados que participan en el cese de actividades.De acuerdo con el sindicato Sintraelecol, las cancelaciones se habrían realizado sin previo acuerdo y afectarían principalmente a personas próximas a pensionarse y a mujeres cabeza de familia, lo que -según advierten- incrementa el impacto social del conflicto laboral.Juan Carlos Terán, presidente de Sintraelecol Bucaramanga, señaló que estas decisiones elevan la tensión en medio de una huelga que, hasta el momento, no ha logrado avances en la mesa de negociación. Los trabajadores sostienen que el paro se originó por desacuerdos relacionados con estabilidad laboral, condiciones contractuales y garantías para el ejercicio sindical.El sindicato también manifestó su preocupación por la programación de mantenimientos preventivos que, según afirman, podrían derivar en suspensiones del servicio de energía en distintos sectores del departamento.Aseguran que esta medida contraviene lo pactado en mesas técnicas con los ministerios de Minas y Trabajo, donde -según indican- se acordó garantizar la prestación continua del servicio esencial y realizar únicamente mantenimientos correctivos durante la huelga.Pese al conflicto, los voceros sindicales aclararon que el suministro de energía no se ha interrumpido y que los servicios esenciales continúan operando con normalidad.Ante la situación, solicitaron la intervención y vigilancia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de verificar el cumplimiento de los acuerdos y proteger tanto los derechos laborales como el acceso de la ciudadanía a un servicio público esencial.En medio de la controversia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, hizo un llamado a las partes para que cedan en sus posiciones y permitan una salida negociada.El jefe de la cartera energética incluso planteó la posibilidad de acudir a un tribunal de arbitramento como mecanismo institucional para resolver el conflicto si no se alcanza un acuerdo directo.
El desempleo en Colombia inició el año con una nueva reducción y cayó del 11.6% de enero de 2025 a 10.9% en enero de 2026, a pesar de eso las cifras están mostrando menos dinamismo en la generación de empleo y una salida masiva de personas del mercado laboral.El reporte del Dane muestra que más gente se convirtió en inactiva que en empleada. 324.000 colombianos encontraron un empleo en el último año, en contraste con 410.000 que salieron de la fuerza laboral y dejaron de buscarlo. Hay que tener en cuenta que una persona que deja de buscar trabajo se considera inactiva pero no desempleada, desempleado es únicamente quien busca trabajo pero no lo encuentra.¿Por qué más colombianos dejaron de trabajar?La salida de personas del mercado laboral estuvo principalmente concentrada en hombres, tanto en las grandes ciudades como en el campo. En menor medida más mujeres se quedaron en casa en las grandes ciudades del país.La mayoría de los nuevos inactivos (359.000) ni están estudiando, ni están en oficios del hogar. Por el contrario, están incluidos en una categoría en donde se cuenta a quienes se retiran jubilados o pensionados y a quienes creen que no vale la pena trabajar o buscar trabajo.¿Dónde está creciendo el empleo?El empleo está creciendo principalmente en el rebusque o el emprendimiento.Más de la mitad de los nuevos empleos del último año se dieron en la categoría de trabajador por cuenta propia, seguido por la categoría de patrono o empleador (donde se cuenta a los empleadores).Las empresas crearon apenas 17.000 empleos en los últimos meses, mientras que el gobierno contrató a unas 45.000 personas.
Este 2 de diciembre, desde el Centro Nacional de Artes Delia Zapata Olivella en el centro de Bogotá, el presidente Gustavo Petro sancionó oficialmente la Ley Artes al Aula, una norma que reconoce el acceso a la educación artística como un derecho fundamental para más de ocho millones de niñas, niños y jóvenes en el país.El acto de sanción reunió a altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de Educación, Daniel Rojas; la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani; y el congresista Duvalier Sánchez, autor e impulsor del proyecto en el Congreso.También asistieron artistas, gestores culturales y agrupaciones invitadas como la cantora Nidia Góngora, un ensamble infantil de música del municipio de Cajicá y un grupo de danza del Pacífico.La nueva ley exige una articulación profunda entre los Ministerios de Educación y Culturas. La norma dicta que todas las instituciones educativas oficiales del país deben incorporar prácticas artísticas como parte esencial de la formación escolar, vinculándose de manera directa con el programa Artes para La Paz, estrategia del Gobierno que ha ampliado la presencia de las artes en territorios afectados por el conflicto.La sanción de Artes al Aula es el resultado de un proceso legislativo de un año: el proyecto inició su trámite en septiembre de 2024 y fue aprobado en su texto de conciliación el 8 de septiembre de 2025, lo que permitió su firma presidencial este martes.Según el Ministerio de las Culturas, la Ley Artes al Aula permitirá que estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato accedan a procesos creativos acompañados por artistas formadores, pedagogías interculturales y contenidos que reflejen la diversidad cultural del país.En la práctica, las escuelas deberán adaptar horarios, metodologías y espacios para garantizar que la formación artística no sea opcional, sino parte estructural del aprendizaje.Uno de los ejes centrales de la ley es la incorporación del arte como herramienta pedagógica transversal. Según el artículo 3, las artes y la cultura deben contribuir al desarrollo de competencias básicas, emocionales y cognitivas, integrándose al currículo más allá de una asignatura aislada. En palabras del presidente, la ley “promueve la sensibilización” para el aprendizaje de todas las áreas.Además, la ley ordena al Gobierno formular, en un plazo de seis meses, a partir de hoy, una política pública de educación artística y cultural. Esta política deberá incluir principios como el arte como eje transversal para el fortalecimiento pedagógico, el reconocimiento del universo cultural de cada comunidad educativa y la valoración de la identidad cultural y las tradiciones locales, entre otros.El congresista Duvalier Sánchez destacó durante el evento que esta norma “pone a Colombia en la ruta de los países que entienden la educación artística como un componente clave para el desarrollo humano integral, la innovación y la convivencia”. A su vez, la ministra Kadamani subrayó que el país avanza hacia un modelo educativo que dialoga con la multiculturalidad y que reconoce las prácticas creativas como herramientas de ciudadanía.En cuanto a presupuesto, la ley compromete al Estado a destinar recursos dentro del Presupuesto General de la Nación para asegurar su implementación, en armonía con el Marco Fiscal y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Asimismo, ordena la creación de un sistema de evaluación y monitoreo para verificar el impacto de las estrategias pedagógicas, la participación docente y los avances reportados al Congreso.
El Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, respondió a la denuncia sobre la presunta responsabilidad de un soldado en la muerte del líder social Ned David Valencia Rodríguez, ocurrida durante una operación militar en el municipio de Vista Hermosa (Meta).De acuerdo con la información oficial, el 29 de noviembre de 2025 las tropas de esta unidad desarrollaban una operación en la vereda Guaymaral contra integrantes de la estructura armada 'Marco Aurelio Buendía', perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, una disidencia de las Farc. En el enfrentamiento, un integrante de ese grupo murió y dos más fueron capturados, uno de ellos herido y trasladado de inmediato a Puerto Rico, Meta, para recibir atención médica.Posteriormente, un helicóptero de la Aviación del Ejército aterrizó en las cercanías para evacuar al personal capturado y el material incautado. Según el comunicado, en ese momento un civil grabó el aterrizaje y aseguró que desde la aeronave se efectuaban disparos, lo que alimentó versiones sobre una posible emboscada. El Ejército Nacional negó esa versión y aseguró que no hubo disparos desde el helicóptero hacia el lugar donde se encontraban las tropas ni hacia la persona que grabó las imágenes.Frente al reporte de que un habitante de la zona habría resultado herido y posteriormente falleció, la institución afirmó que el único herido identificado fue el integrante del grupo armado capturado durante la operación.El Ejército informó que los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes y reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Además, señaló que entregará toda la información requerida para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y garantizar transparencia en el proceso.
Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que afirmó que no descarta ataques en territorio colombiano, debido a la existencia de “fábricas enteras de cocaína”, generaron una respuesta inmediata del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien calificó el mensaje como una amenaza contra la soberanía nacional."Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", advirtió el mandatario nacional.Trump comentó que ha “oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína, y luego nos venden esa cocaína. Lo apreciamos mucho. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques”.A través de un mensaje en la red social X, Petro respondió: “Venga, señor Trump, a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE. UU.”El jefe de Estado destacó las cifras de incautación y desmantelamiento de infraestructura del narcotráfico durante su gobierno: “Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios. Venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos”, afirmó.Petro advirtió que cualquier acción militar contra Colombia sería interpretada como una agresión directa. “No amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra; no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”.El mandatario colombiano también rechazó lo que considera acusaciones infundadas, en relación a su inclusión en la lista Clinton: “Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia.”Las declaraciones cruzadas elevan la tensión entre Bogotá y Washington, en un momento en el que ambos países mantienen cooperación en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de las divergencias.
El cantante de música popular Miguel Ayala, hijo de la leyenda Giovanny Ayala, fue liberado este martes 2 de diciembre de 2025 junto a su mánager, Nicolás Pantoja, poniendo fin a casi 20 días en cautiverio. La operación de rescate, catalogada como una "ejecución impecable" por el ministro de Defensa, se concentró en una zona montañosa del departamento del CaucaTodo comenzó el pasado 18 de noviembre, cuando Miguel Ayala y su mánager fueron interceptados por hombres armados en la Vía Panamericana. Las víctimas se movilizaban desde Popayán con destino al aeropuerto de Cali cuando fueron obligados a desviarse hacia el norte del Cauca, donde permanecieron retenidos en condiciones deplorables.El ministro Pedro Sanchez confirmó que los delincuentes mantuvieron a los secuestrados en "carpas improvisadas" a la intemperie, sometiéndolos a "condiciones prácticamente infrahumanas" durante su retención. La exigencia por la vida de los artistas era de aproximadamente $7.500 millones, bajo la amenaza de asesinarlos si no se concretaba el pago.La liberación fue el resultado de una operación conjunta de alta precisión entre el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Los dos hombres fueron hallados con vida en la vereda Chorritos, del municipio de La Sierra, Cauca. Sánchez fue el encargado de entregar la noticia a Giovanny Ayala a través de una llamada telefónica, asegurándole que su hijo se encontraba "vivo" y en "perfectas condiciones" de salud, destacando que la prioridad de la Fuerza Pública siempre fue la vida de los secuestrados por encima de la extorsión. En el marco de este operativo, las autoridades confirmaron la captura de una persona que estaría directamente vinculada al secuestro.Según el Gaula, "los secuestradores serían integrantes del Frente 'Carlos Patiño' del Estado Mayor Central". Por su parte, se confirmó que el sujeto capturado es integrante de una banda al servicio de las disidencias de las Farc y su función era custodiar zona.
Tras el alivio que recibieron las familias del cantante Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja al confirmarse la liberación luego de estar dos semanas privados de su libertad, se conocieron nuevas imágenes tras la operación que acabó con el secuestro que sufrieron en el departamento del Cauca.En las nuevas imágenes, que fueron captadas momentos después del rescate de Miguel Ayala -hijo del cantante Giovany Ayala- y su mánager, se les puede ver con chalecos y gorras del Gaula de la Policía Nacional, así como caminando abrazados de agentes de la institución mientras sonreían al asimilar que habían vuelto a la libertad.Después, en un lugar cerrado, un agente le pasa un celular a Miguel para que hablara con su familia y se evidencia el emotivo momento en el que el joven cantante no puede evitar contener las lágrimas al volver a escuchar las voces de sus seres queridos tras 15 días de incertidumbre.Vale recordar que el rescate se dio en Chorritos, municipio de La Sierra, departamento del Cauca en una acción conjunta liderada por unidades del Gaula de la Policía.Detalles del secuestro de Miguel AyalaSegún información del Gaula de la Policía, los captores habrían exigido cerca de $7.500 millones a cambio de la liberación de las víctimas. Además, habrían fijado un límite de 72 horas para el pago, bajo la amenaza de asesinarlos en caso de incumplimiento. Aunque estas versiones apuntan a una extorsión millonaria, las autoridades aclararon que varios aspectos del caso aún están siendo investigados para determinar con precisión quiénes participaron y si existen intereses adicionales detrás del secuestro.La confirmación del rescate llegó en la mañana de este martes. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que la operación fue “impecable” y exaltó el compromiso de los “héroes de la patria” que hicieron posible la intervención. En la intervención participaron el Gaula de la Policía, los Comandos Jungla, el GOES y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), fuerzas conjuntas que permitieron sorprender a los responsables y asegurar el área para la extracción segura de las víctimas.Durante la acción, las autoridades reportaron la captura de uno de los presuntos implicados en el secuestro y la incautación de una pistola calibre 9 mm, elemento clave para avanzar en la investigación y esclarecer el rol de cada persona involucrada en el crimen. Las labores continúan para identificar a los demás responsables y desmantelar cualquier estructura detrás del hecho.Finalmente, el ministro Sánchez envió un mensaje a la familia Ayala, destacando su fortaleza y la decisión de no ceder ante las presiones criminales. Celebró, además, que Miguel Ayala haya sido encontrado con vida, permitiendo su pronto reencuentro con su padre.
La junta directiva de ISA decidió, por mayoría, sacar a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía, tras la decisión del Consejo de Estado de anular dicho nombramiento al encontrar varias irregularidades.“Jorge Andrés Carrillo Cardoso dejará de ejercer, a partir de este momento, las funciones de presidente y representante legal de la compañía”, informó ISA a través de un comunicado publicado como información relevante ante la Superintendencia Financiera.El contrato de Carrillo estará suspendido hasta que dicha sentencia quede en firme y, una vez esto ocurra, su contrato de trabajo se dará por terminado.En su reemplazo, como presidente encargado, estará Gabriel Jaime Melguizo, actual vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía. Ahora, la compañía iniciará un nuevo proceso para elegir al presidente en propiedad.El pasado jueves, el Consejo de Estado determinó, en una decisión de única instancia, que el nombramiento de Carrillo en agosto de 2024 incurrió en una serie de irregularidades.El proceso judicial se originó tras la admisión, en 2025, de una demanda de nulidad electoral presentada por el diputado Luis Peláez, quien cuestionaba la experiencia acreditada por Carrillo y la actuación de la junta directiva.El alto tribunal determinó que, durante el proceso de selección, se introdujo una modificación sustancial en la matriz de evaluación cuando ya se había realizado una primera calificación de los aspirantes, en la cual Carrillo ocupaba los últimos lugares.Ese cambio alteró de manera determinante las puntuaciones: elevó la del ahora saliente directivo y redujo la de otros candidatos, incidiendo directamente en el resultado final.Además, la Sala estableció que la junta directiva de ISA asumió funciones técnicas que corresponden exclusivamente al Comité de Talento Organizacional. Su papel, recordó el fallo, se limitaba a elegir al presidente a partir de la terna presentada por dicho comité.También se evidenció que fueron desatendidos, sin justificación objetiva, los resultados de la firma cazatalentos, cuyo informe advertía que Carrillo no debía ser considerado para liderar una empresa de la magnitud y complejidad de ISA.
La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió formalmente a las observaciones presentadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, el pasado 26 de febrero, en la que se plantearon dudas sobre la transparencia y seguridad de los sistemas que se usarán en las próximas elecciones del 8 de marzo.En el documento, la entidad explicó que el código fuente de los software de escrutinio, preconteo, sorteo de jurados, consolidación y divulgación de resultados estará disponible para revisión independiente por parte de los auditores de los partidos políticos.Además, aclaró que dicha verificación se realizará en salas dispuestas en la Registraduría, con equipos configurados exclusivamente para ese proceso.La entidad también señaló que, tras la exposición del código, se realiza un proceso de “congelamiento” y custodia del software. Con ello, el día de las elecciones se genera un código de verificación que permite comprobar que el sistema utilizado es exactamente el mismo que fue auditado previamente por partidos, entes de control y misiones de observación electoral.Sobre la posibilidad de que los auditores hagan públicos hallazgos técnicos, la Registraduría aclaró que no se exige la firma de acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, dijo que sí habrá restricciones, como el uso de celulares o grabaciones dentro de las salas de auditoría. Cualquier hallazgo durante las elecciones deberá registrarse en formatos oficiales para su análisis por parte de la entidad.Frente a eventuales fallas en el algoritmo de conteo de votos, la autoridad electoral indicó que, de presentarse reportes debidamente documentados, estos serán evaluados para definir las medidas a adoptar y garantizar la confiabilidad del sistema.En cuanto a la transmisión de datos desde los formularios E-14, la Registraduría explicó que existen controles combinados, tanto humanos como automatizados, que incluyen repetición y confirmación de datos, validaciones internas del sistema y alertas ante inconsistencias en la información reportada por cada mesa.Asimismo, indicó que el sistema genera alertas cuando la suma de votos por partido supera el total registrado en la mesa y que, en el escrutinio, se aplica un proceso de doble digitación para reforzar los controles.La entidad aclaró que el número de votantes puede ser superior al de votos de una urna, debido a que en Colombia un ciudadano puede votar por una corporación y abstenerse en otra.Finalmente, la Registraduría precisó que, tras cada boletín de preconteo, los auditores de las organizaciones políticas recibirán archivos detallados, mesa por mesa, con la votación transmitida, lo que permitirá hacer seguimiento y verificar la evolución de los resultados en cada corte de información.
El precandidato presidencial Roy Barreras informó en la noche de este viernes, 27 de febrero, que la Policía le alertó de un plan que se estaría desarrollando para atentar en su contra.“Según fuentes oficiales hoy a las 12:10 del mediodía una persona anónima llamó desde el número 3189860758 al CAD Centro Automático de Despacho y dijo que quería advertir que ‘están esperando que Roy Barreras se suba a la tarima para matarlo’ y colgó apresuradamente sin identificarse”, detalló Barreras.Ante esto, el exembajador radicó la respectiva denuncia asegurando que no suspenderá o modificará ninguna de los eventos que tiene previsto para el cierre de campaña, pues los inscritos en las consultas pueden adelantar eventos públicos solo hasta el domingo 1 de marzo.“Confío en la policía nacional y su esquema de protección. No serán los criminales los que decidan el futuro de Colombia y mucho menos si pretenden imponer candidatos que les resulten afines o eliminar a quienes hemos dicho que haremos respetar el imperio de la ley”, aseveró Barreras.El precandidato tiene previsto múltiples eventos. El sábado estará en Cali con una caravana de motos por distintos sectores de la ciudad, recorridos por barrios populares y un encuentro con líderes liberales que respaldan su candidatura, así como con directivos sindicales y representantes de centrales obreras del departamento, entre otros.Ese mismo día se trasladará a Pasto, donde encabezará dos encuentros con ciudadanos y simpatizantes.El domingo, liderará una gran caminata en Bogotá cuyo punto de encuentro será el Monumento a Los Héroes Caídos, en el sector del CAN, sobre la avenida El Dorado e irá hasta el Centro de Memoria Histórica.
El candidato al Senado por el Centro Democrático, Carlos Meisel, aseguró en entrevista con Recap de Blu Radio que Colombia requiere una reforma profunda al sistema político, empezando por la manera en que se elige el Congreso. En entrevista con Recap Blu de Blu Radio, planteó cambios estructurales para fortalecer la democracia y recuperar la confianza ciudadana.“Este país necesita depurar cómo se elige el Congreso y las listas cerradas. Necesita democratizar más el sistema político y la justicia, claro que necesita unas reformas”, afirmó el aspirante. Según dijo, el modelo actual presenta fallas que deben corregirse para garantizar mayor transparencia y representación.Meisel también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial, al señalar que la ciudadanía percibe impunidad frente al delito. “Aquí a un delincuente lo están sometiendo y más se demora en llegar el Policía a su casa que el bandido en regresar a ella. La justicia no está operando de manera adecuada”, sostuvo.En materia de oposición al presidente Gustavo Petro, afirmó que su rol ha sido intentar frenar lo que considera decisiones perjudiciales para el país. “He intentado que Petro no le termine de hacer tanto daño al país”, expresó, y agregó que buscaron proteger a los microempresarios durante el debate de la reforma laboral, aunque no lograron los resultados esperados.Sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, el candidato defendió el respeto a la Carta Política. Aseguró que cualquier reforma debe hacerse por los mecanismos que establece la Constitución y rechazó lo que calificó como “atajos tramposos”, en referencia a la propuesta que ha mencionado el mandatario en el escenario político.Finalmente, en relación con el sistema de salud, indicó que la Ley 100 requiere ajustes tras más de 30 años de vigencia, pero defendió su estructura general. A su juicio, el país necesita reformas responsables que corrijan fallas sin desmontar lo que, según afirmó, ha funcionado.
El Centro Democrático le envió un comunicado a sus militantes en el cual advierte que puede haber sanciones para quienes voten por candidatos diferentes a Paloma Valencia, en la Gran Consulta por Colombia, y a sus congresistas al Senado y a la Cámara de Representantes.“El respaldo electoral deberá otorgarse única y exclusivamente a los candidatos a la Cámara y al Senado del partido y a la candidatura de la doctora Paloma Valencia a la Presidencia de la República”, dice el comunicado del partido.Además, el Centro Democrático también explicó cuáles podrían ser eventualmente las sanciones que podrían enfrentar los concejales, ediles, diputados y congresistas que incumplan esta instrucción.“Las eventuales sanciones pueden incluir medidas disciplinarias partidarias, suspensión o pérdida de investidura —según el caso— e incluso la nulidad de la elección, cuando se acredite la vulneración del régimen de bancadas y de la prohibición de doble militancia”, agrega el partido en su comunicado.
Un estudio publicado en 2024 por los investigadores Lucas Marín-Llanes, Manuel Fernández, María Alejandra Vélez, Eduard Martínez-González y Paulo Murillo-Sandoval, de la Universidad de los Andes, analizó el auge de los cultivos de coca y sus efectos en las economías locales, además de cómo se reflejó en impactos ambientales significativos, particularmente en la Amazonía, donde se registraron fuertes incrementos en la deforestación y en la transformación de suelos hacia la ganadería.La investigación analizó el incremento de cultivos que se produjo tras el anuncio, en mayo de 2014, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), realizado en el marco de las negociaciones de paz con las Farc.Según el documento, entre 2014 y el inicio de la implementación del programa en 2017, el área sembrada con coca en el país pasó de 68.000 a 171.000 hectáreas, un aumento cercano al 150 %.Para medir el impacto económico de ese crecimiento, los investigadores utilizaron imágenes satelitales de luminosidad nocturna como indicador indirecto de actividad económica, debido a la ausencia de datos oficiales de Producto Interno Bruto a nivel municipal.Con base en su modelo econométrico, el estudio estima que un aumento de una desviación estándar en los cultivos de coca entre 2014 y 2019 se asoció con un incremento de entre 2,5 % y 3,1 % en el PIB municipal. Los autores aclaran que esta estimación corresponde a variaciones significativas en el área cultivada y no a cambios marginales.El documento también calcula un efecto multiplicador sobre la economía local. De acuerdo con sus estimaciones, por cada dólar adicional generado por la venta de hoja de coca, el PIB municipal aumentó entre 1,17 y 2,30 dólares.En el caso de la base de coca, cada dólar adicional se asoció con un incremento de entre 0,86 y 1,63 dólares en la producción local. Según los investigadores, estos resultados sugieren que el impacto económico no se limita al ingreso directo del cultivo, sino que se expande hacia otros sectores.Los efectos fueron más pronunciados en zonas rurales, donde se concentra la producción, aunque también se observaron incrementos en áreas pobladas, lo que indica que el aumento en la actividad económica no se restringió únicamente a los puntos de cultivo.No obstante, el estudio señala que este crecimiento económico no produjo aumentos estadísticamente significativos en los ingresos fiscales municipales. Es decir, el mayor dinamismo productivo no se tradujo en un incremento del recaudo local.En contraste, los impactos ambientales fueron contundentes. Los investigadores documentaron un aumento del 104 % en las tasas de deforestación y un crecimiento del 302 % en el área transformada de cultivos de coca a pastos para ganado en la Amazonía colombiana.El documento señala que, aunque la coca no siempre es el detonante directo de la deforestación, el auge puede estimular dinámicas productivas, como la expansión ganadera, que agravan la pérdida de bosque.Los autores concluyen que las economías ilícitas pueden generar ganancias económicas de corto plazo y actuar como catalizadores de actividad económica a nivel local. Sin embargo, advierten que estos efectos no necesariamente implican procesos de desarrollo sostenible y pueden venir acompañados de costos ambientales significativos.
La decisión fue comunicada por el Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación del proceso para la desmovilización del Clan del Golfo tras evaluar las condiciones actuales del proceso y del territorio, en el marco de los compromisos adquiridos entre las partes. Según lo informado por el Mecanismo, no están dadas las condiciones para avanzar conforme al cronograma inicialmente establecido.El numeral 3 del acuerdo con el grupo establecía la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en los municipios de Nuevo Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta, y proyectaba el inicio del traslado gradual y progresivo de integrantes del grupo armado ilegal a partir de esa fecha. Sin embargo, el cronograma deberá ser ajustado ante las dificultades expuestas en el marco del proceso.Entre las razones señaladas se encuentran las afectaciones derivadas de la actual ola invernal en los territorios donde se instalarían las zonas. Según informaron, las lluvias han provocado deterioro de vías e inundaciones en predios rurales y urbanos.A esto se suma el fallecimiento de José Gonzalo Sánchez, segundo comandante del Estado Mayor Conjunto del grupo, ocurrido cuando se desplazaba hacia una de las zonas. De acuerdo con lo explicado, este hecho retrasó las labores internas de pedagogía sobre los compromisos alcanzados.Además, la suspensión temporal de los diálogos a partir del 4 de febrero, decisión adoptada por el grupo armado con el propósito de realizar consultas internas y solicitar aclaraciones frente a declaraciones gubernamentales.Ante este panorama, el MTSMV determinó la necesidad de prorrogar el plazo establecido para el ingreso a las ZUT y solicitó a los Grupos de Trabajo correspondientes fijar una nueva fecha para el cumplimiento de este y otros compromisos que permanecen pendientes de ejecución.
La patrullera oceánica ARC “20 de Julio” fue incorporada oficialmente a la Fuerza Naval del Pacífico tras arribar a la Base Naval de Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, luego de navegar 681 millas náuticas desde Cartagena. La ceremonia fue presidida por el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada Nacional, junto a altos mandos navales y autoridades civiles y militares.La llegada de la embarcación hace parte de un proceso de reubicación estratégica que busca fortalecer las capacidades operativas en el Pacífico colombiano, una región clave para el control marítimo, la lucha contra el narcotráfico y la protección de la soberanía nacional.El buque, comandado por el capitán de navío Javier Loaiza Escarraga, inicia así una nueva etapa tras más de 14 años de servicio. Fue la primera patrullera oceánica construida completamente en el país, desarrollada desde 2009 en los astilleros de Cotecmar como parte de la modernización naval.“Esta determinación obedece a una evaluación rigurosa del entorno operacional donde existen dinámicas complejas del crimen organizado transnacional, particularmente el narcotráfico, el tráfico de armas y otras economías ilícitas que emplean rutas oceánicas y fluviales para afectar la estabilidad regional”, dijo el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada.A lo largo de su trayectoria, el ARC “20 de Julio” ha navegado más de 263.000 millas náuticas en el Caribe, el Pacífico, el Atlántico sur y aguas antárticas. Entre sus resultados operacionales se destacan la incautación de más de 50 toneladas de estupefacientes, la interdicción de decenas de embarcaciones ilegales y el apoyo en múltiples misiones de búsqueda y rescate.Además de operaciones militares, la patrullera ha participado en expediciones científicas a la Antártida, convirtiéndose en la primera plataforma oceánica colombiana en apoyar investigaciones sostenidas en ese continente.Con su llegada al Pacífico, la embarcación asumirá nuevas misiones enfocadas en el control del espacio marítimo, la protección de recursos naturales y la presencia institucional en aguas estratégicas, en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta esta región del país.
La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) alertó que varias importaciones están frenadas por demoras en la expedición de vistos buenos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).De acuerdo con el gremio, aunque el Ministerio ha respondido comunicaciones, en la práctica los trámites siguen acumulados desde diciembre de 2025. Las demoras afectan especialmente la entrada de insumos esenciales como sustancias químicas, solventes, alcoholes y otros productos controlados, además de semillas, granos y derivados de cannabis para usos médicos, científicos e industriales.Analdex explicó que, tras una etapa crítica en enero por falta de personal, en febrero se incorporaron nuevos funcionarios. Sin embargo, los tiempos de respuesta aún superan el mes, cuando la norma establece que estos permisos deben resolverse en uno o dos días hábiles.El impacto ya se siente en la cadena de suministro: aumentan los costos por bodegaje y demoras en puertos y, algunas empresas enfrentan el riesgo de quedarse sin materias primas para producir. También advierten inseguridad jurídica, pues las mercancías pueden verse afectadas por vencimientos de plazos administrativos.Ante este panorama, el gremio pidió al Ministerio de Justicia agilizar de inmediato las aprobaciones pendientes y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo intervenir para coordinar una solución conjunta.La propuesta es instalar mesas de trabajo con las entidades de control y el sector privado para implementar un plan de choque que destrabe los trámites y garantice la continuidad del comercio exterior, para generar soluciones que se traduzcan en resultados concretos y rápidos para evitar mayores afectaciones a la economía.
En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.