El Día de la Familia es un beneficio que durante años permitió a los trabajadores formales en Colombia solicitar un día libre remunerado, pero con la implementación total de la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, el derecho dejaría de existir desde julio de 2026.La medida surge del cruce de dos normas: la Ley 1857 de 2017, que creó el Día de la Familia, y la Ley 2101 de 2021, que ordenó reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales de manera gradual. En esta última se dejó claro que el beneficio solo se mantendría mientras se hacía efectiva la reducción total de la jornada.Reducción de la jornada: ¿hasta cuándo puede pedir el Día de la Familia?En este caso, el cambio de la jornada se hará efectivo entre el 15 y el 16 de julio de 2026, cuando quede plenamente implementado el esquema de 42 horas semanales. A partir de ese momento, si la empresa cumple el nuevo límite semanal, ya no estará obligada por ley a otorgar el Día de la Familia.Durante el primer semestre de 2026, los trabajadores aún podrán solicitar el beneficio, con plazo máximo hasta el 30 de junio. Después de esa fecha, dejará de existir para quienes estén cobijados por la reducción de la jornada laboral.Por lo tanto, cada trabajador deberá verificar si su empresa ya aplicó el cambio de horario. Si no lo ha hecho, el derecho seguirá vigente hasta que la reducción laboral se formalice.Cuántos días se pueden pedir antes de la eliminaciónMientras esté activo, el esquema permite dos días libres remunerados al año, es decir, uno por semestre. Hay tres aspectos clave a tener en cuenta antes de que desaparezca el beneficio:Se puede solicitar solo si la empresa no ha completado la jornada de 42 horas.El plazo máximo para pedirlo en 2026 será el 30 de junio.Los festivos nacionales no dependen de este beneficio y se mantienen intactos.Adicionalmente, la norma contempla un nuevo día de descanso que podría reemplazar el Día de la Familia una vez se reduzca la jornada laboral: se trata del día libre por movilidad sostenible, dirigido a quienes usan la bicicleta como transporte habitual al trabajo. Para acceder, se debe presentar certificación y radicar una solicitud formal.
Este lunes, la Policía Nacional de Colombia interceptó una camioneta que transportaba 326 galones de gasolina, al parecer hurtados del poliducto Gualanday–Neiva, en el departamento del Tolima, cuando uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) Hidrocarburos, adelantaban labores de registro, control y verificación sobre el trazado del poliducto.Según relató el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, los uniformados observaron una camioneta en actitud sospechosa y procedieron a realizar la señal de “Pare”.“Al efectuar el registro a persona y al automotor, hallamos en la parte trasera un tanque de almacenamiento hechizo. En su interior eran transportados 326 galones de hidrocarburo tipo gasolina, que, al parecer, habían sido sustraídos momentos antes del poliducto”, explicó el oficial.El combustible estaba camuflado entre víveres y elementos de mercado, estrategia que buscaba evadir los controles de las autoridades, mientras el vehículo se dirigía hacia Bogotá. De inmediato, el conductor, de 40 años, fue capturado, quien permanece a la espera de audiencia virtual en la que se definirá su situación jurídica.El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía 91 Especializada de DECOC–EDA en la ciudad de Cali, por el delito de receptación de hidrocarburos; asimismo, el coronel Vargas Izao subrayó que con este operativo se logró una afectación a las finanzas ilegales superior a los cinco millones de pesos.“Este resultado demuestra la capacidad de despliegue operacional de nuestra institución para proteger infraestructura crítica como oleoductos, poliductos y gasoductos. Seguiremos actuando con contundencia para combatir las economías ilegales que afectan la seguridad ambiental y energética del país”, afirmó el comandante.La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa que atente contra la infraestructura energética a través de la línea 123 o informando a la patrulla más cercana, garantizando absoluta reserva.“Con esta acción, las autoridades refuerzan la ofensiva contra el hurto de hidrocarburos en el Tolima, una práctica que no solo genera millonarias pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las comunidades”, puntualizó el coronel Vargas.
Uno de los temas que sigue generando opiniones divididas entre los ciudadanos y precandidatos a la Presidencia de la República son los bombardeos contra grupos ilegales, pues en anteriores Gobiernos no solo ha cobrado la vida de delincuentes sino también de menores de edad que han sido reclutados. Por eso, el exminsitro de Defensa Juan Carlos Pinzón explicó en entrevista con Recap Blu su posición en caso de ocupar la Casa de Nariño.El precandidato por la Gran Consulta por Colombia no descarta el uso de bombardeos contra grupos armados ilegales. Su postura es tajante: la fuerza legítima del Estado seguirá siendo una herramienta disponible, pero bajo criterios técnicos y jurídicos estrictos."Usted está hablando con la persona que más acciones de bombardeo ordenó en la historia del país para derrotar las amenazas armadas. Por eso les dimos los grandes golpes: 128 jefes del terrorismo, la criminalidad, fueron neutralizados en el tiempo que yo fui ministro. Del jefe de las Farc para abajo", afirmó en Recap Blu, al responder si daría luz verde a este tipo de operaciones incluso en escenarios complejos. ¿Bombardeos así hayan menores de edad?Frente a la pregunta directa sobre si autorizaría bombardeos aun cuando pudiera haber presencia de menores, evitó una respuesta categórica de sí o no, pero reafirmó que las decisiones deben estar en manos de expertos. “Hay que dejarlo a los militares y a los abogados en derecho internacional humanitario. Nada puede hacerse sin una visión judicial de la acción de la fuerza del Estado y sin criterios asociados a la Constitución y los derechos humanos”, explicó.En materia de seguridad, el precandidato marcó distancia tanto de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro como de una “guerra total”. “Ni paz total ni guerra total. Vamos a destruir las organizaciones criminales, pero al mismo tiempo vamos a llevar desarrollo”, señaló, al mismo tiempo que explicó que su estrategia, denominada “Cero Tolerancia con el Crimen, Colombia Sin Miedo”, incluye acciones militares, fortalecimiento de la justicia, inversión social y control territorial con tecnología, como un “muro virtual” en la frontera con Venezuela mediante drones, radares y centros de comando.El futuro de las propuestas de Juan Carlos Pinzón se definirá este domingo, 8 de marzo, cuando los colombianos voten en las consultas y decidan cuál será el candidato a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia.
Este lunes, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió el plan de su cartera y del Gobierno Nacional para reestructurar el sistema de slots, o franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado con el objetivo de promover mayor competencia entre aerolíneas y beneficiar a los viajeros.Según la funcionaria, la iniciativa responde a las múltiples quejas de diferentes sectores, en especial a los usuarios, por el alto valor en los tiquetes en ciertas regiones.“Pero uno tiene dos cosas para hacerlo como Estado: o hacer algo o no hacer nada. Yo no siento que yo deba no hacer nada, hacerme la loca y pasar de agache y que se acabe esto. No, yo creo que sí podemos hacer algo, y así como que tengo que entender la lógica que motiva a las aerolíneas, sobre todo a las grandes, sobre mi obligación mayor, es entender la lógica de los usuarios. Y por los usuarios es que estamos reflexionando sobre qué hacer, cómo incentivar los cambios que generen beneficios a esos usuarios. Más oferta, mejores precios y más conectividad”, estalló la ministra.Y es que esta iniciativa ha recibido críticas desde algunos sectores y choques entre aerolíneas, pues algunas sí consideran que el sistema actual favorece a quienes ya tienen gran parte de los slots disponibles, lo que limita la competencia y puede elevar los precios de los tiquetes.“Uno no se puede asustar con el lobby de quienes tienen un interés comercial, porque aquí hay que entender a todos los actores. Yo tengo que entender a las aerolíneas grandes que tienen un interés comercial, porque recuerden, el tema de la aviación comercial es un oligopolio estructural. Siempre va a haber pocas, y dentro de esas pocas, hay una, dos o tres que tienen una posición dominante. Así es ese mercado”, agregó Rojas.Por ahora, no hay un borrador de decreto listo, pero sí una etapa de análisis profundo para modificar las reglas actuales y abrir más oportunidades a distintas aerolíneas, evitando que pocas compañías dominen los horarios más demandados.Una de las quejas, por ejemplo, ha llegado por parte de la aerolínea JetSMART, que opera en Colombia desde hace dos años con un modelo de tarifas bajas y ultra bajo costo, está entrando a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, lo que implica mayor reconocimiento internacional y cumplimiento de estándares globales de seguridad y operación. En este contexto, la compañía busca competir de manera más directa con las grandes aerolíneas que dominan el mercado colombiano, especialmente en horarios de alta demanda en vuelos domésticos.El CEO y fundador de JetSMART, Estuardo Ortiz, dijo en BLU Radio, que aunque la empresa ha crecido todavía enfrenta limitaciones por la asignación de slots en aeropuertos como El Dorado en Bogotá. Según Ortiz, los grandes competidores controlan una gran mayoría de estos horarios clave, lo que dificulta el crecimiento de aerolíneas más pequeñas y limita la oferta de opciones y precios para los viajeros.Por eso, JetSMART pide que las autoridades revisen cómo se distribuyen esos slots para que haya más competencia real y, potencialmente, los pasajes aéreos puedan bajar de precio. La idea es que con más competencia en horarios atractivos para los pasajeros, no solo se beneficien las aerolíneas nuevas, sino también los viajeros con más opciones y tarifas más accesibles.La IATA, por su parte, insistió en la necesidad de implementar un sistema de monitoreo alineado con los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), que son estándares internacionales para aeropuertos congestionados. Según la asociación, el uso inadecuado o la falta de aplicación de estas normas limita la eficiencia operativa y frena la apertura de espacios más competitivos en los horarios más demandados.
Son marfileños, senegaleses y haitianos, y su sueño de asistir a los partidos de sus selecciones en el Mundial 2026 depende de obtener una visa para viajar a Estados Unidos, un país que actualmente está mucho menos dispuesto a acoger a turistas de ciertas nacionalidades."Se avecinan dificultades, a juzgar por lo que oímos y leemos en la prensa, y estamos preocupados", dijo a la AFP Djibril Guèye, presidente de Allez Casa, el comité de hinchas de la selección senegalesa, que enfrentará a la Francia de Kylian Mbappé y a la Noruega de Erling Haaland cerca de Nueva York.El gobierno de Donald Trump, que ha adoptado una política migratoria restrictiva, congeló en enero los trámites de visados de inmigrante para 75 países, incluyendo cuatro naciones clasificadas a la máxima cita del fútbol: Haití, Irán, Costa de Marfil y Senegal.Para el Mundial, la Casa Blanca ha hecho excepciones —para los jugadores y el cuerpo técnico de las selecciones, así como para sus familiares— y sostiene que esta congelación no afecta a las visas de turista.El gobierno estadounidense también ha implementado un "pase FIFA", que permite a los titulares de entradas agilizar sus citas en la embajada estadounidense. Sin embargo, "su entrada no es una visa", advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio.Entradas, cuenta bancaria:Para ingresar a Estados Unidos es necesario "tener reservas de vuelo y una cuenta bancaria con varios millones de francos CFA", explica Djibril Guèye.Enfatiza que la mayoría de los aficionados de Senegal "no cuenta con estos recursos", a pesar de que el gobierno de la nación africana organiza su viaje y cubre "el transporte, las entradas y el alojamiento".Costa de Marfil también organiza la llegada al Mundial de sus hinchas a través del Comité Nacional de Aficionados de los Elefantes (CNSE), una entidad estatal que centraliza las demandas, presenta las solicitudes de visa a la embajada norteamericana y asiste con la logística del viaje.El presidente del CNSE, Julien Adonis Kouadio, dijo a la AFP que prevé la participación de "500 aficionados" en esta iniciativa. Con los que ya están en Estados Unidos, se esperan entre 1.500 y 2.000 fanáticos marfileños por partido.A los hinchas también les preocupa la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los estadios, encargado de detener, a veces con violencia, a inmigrantes irregulares."No es la llegada a la aduana lo que más nos preocupa, porque estamos bien organizados", añade Kouadio. "Pero, con esta medida de seguridad, corremos el riesgo de no sentir el verdadero espíritu del fútbol. No debemos imponer demasiadas restricciones que impidan que la gente se descontrole".Redadas policiales:Sin embargo, podrán vivir la emoción del Mundial en Canadá, donde Costa de Marfil y Senegal jugarán un partido de la fase de grupos.Por su parte, Haití, que se clasificó para la Copa del Mundo por segunda vez en su historia, tras disputar la de Alemania 1974, disputará sus partidos de la primera ronda en Estados Unidos.Les Grenadiers necesitarán el apoyo de la diáspora, ya que Washington suspendió la emisión de visas para Haití, incluso las de turista, en junio de 2025.Alphonse Occil, un ingeniero haitiano de 34 años residente en Nueva York, ganó una entrada en la lotería para el partido Brasil-Haití del 19 de junio en Filadelfia. "Me arriesgué y valió la pena", dijo a la AFP.Pero, debido a las redadas de ICE, tiene miedo de ir al estadio, pese a estar legalmente en Estados Unidos y haber pagado 500 dólares por su entrada. "Espero que las autoridades tomen medidas para no perturbar el ambiente. La tensión debería disminuir", afirmó.En 2024, la comunidad haitiana en suelo estadounidense ascendía a unas 850.000 personas, según estadísticas oficiales.Esta se concentra principalmente en Florida, particularmente en el barrio de Miami conocido como Little Haití; en la ciudad de Nueva York; así como en el noreste (Delaware, Maryland) y en Ohio (norte).Y algunos de ellos viven bajo una espada de Damocles, mientras la administración Trump busca poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), que impide su deportación a su país, uno de los más pobres del mundo y asolado por la inestabilidad política, la crisis económica y la violencia de las pandillas.
El Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) informó que los tres aviones militares estadounidenses que se accidentaron en Kuwait cayeron "por error" por "fuego amigo" kuwaití y sus tripulantes se eyectaron a tiempo y están "en condición estable"."Durante un combate activo —que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones—, los cazas de la Fuerza Aérea de EE.UU. fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes", informó el Centcom en un comunicado sobre el incidente con tres cazas F-15E Strike Eagle que participaban en la llamada Operación Furia Épica contra Irán.Medios iraníes reportaron esta mañana del derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y que cayó en Kuwait.“Un caza F-15 del ejército agresor de Estados Unidos, que intentaba violar el espacio aéreo del país, fue alcanzado y derribado por la defensa aérea de la República Islámica de Irán”, anunció la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.Mientras, el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el coronel Saud Al-Atwan, dijo en un comunicado que varios cazas de EE.UU. se estrellaron este lunes, pero que sus tripulantes sobrevivieron y fueron trasladados al hospital.El Centcom añadió que Kuwait había reconocido este incidente y agradeció "los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso".EE.UU. e Israel volvieron a lanzar el sábado nuevos bombardeos contra diversos puntos de Irán, especialmente Teherán, en los que han muerto el líder supremo, Ali Jameneí, y varios altos cargos militares y de seguridad.Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han causado al menos 555 muertos. Hasta la fecha, tres militares estadounidenses han fallecido por un ataque iraní y cinco han resultado heridos. Y en Israel hay reportadas 10 personas fallecidas entre el sábado y el domingo.Israel ha extendido los ataques también a Líbano contra el grupo chíi Hizbulá, donde 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del país.
La guerra en Irán ha entrado en una fase crítica tras una ofensiva que ha ampliado el conflicto a por lo menos diez países de Medio Oriente. Mientras el gobierno iraní intenta recomponer su gabinete tras la muerte del líder supremo Ali Jamenei, el profesor Javier Gil, investigador y autor del libro La sombra del ayatolá, advirtió que la República Islámica enfrenta “una amenaza existencial” y que su prioridad es la supervivencia del régimen.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el experto señaló que la actual escalada responde a una estrategia calculada de Teherán frente a lo que considera un intento de cambio de régimen promovido por Estados Unidos e Israel.Irán y la amenaza existencial: la clave del conflicto“Irán se enfrenta a una amenaza existencial. Parece que tanto Israel como Estados Unidos están trabajando para posibilitar un cambio de régimen en el país”, afirmó Gil. Según el analista, la respuesta iraní no es improvisada, sino coherente con la percepción de peligro que tienen las autoridades.En las últimas horas, los bombardeos han impactado a Bahrein, Irak, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Algunos de estos países mantenían relaciones diplomáticas estables con Irán, aunque alojan bases militares estadounidenses.De acuerdo con Gil, la decisión de atacar a monarquías árabes del Golfo Pérsico responde a una lógica estratégica: “Quieren desatar el pánico en la región, en los mercados internacionales, y que esto obligue a Washington a poner fin a la ofensiva militar”. Añadió que, en lugar de concentrarse exclusivamente en Israel, “la mayoría de los misiles y drones iraníes van dirigidos contra países que eran neutrales”.Impacto energético y tensión en el GolfoLa paralización de infraestructuras clave ha incrementado la tensión global. La planta de refinación de Ras Tanura, en Arabia Saudita, fue afectada, mientras que en Qatar dos instalaciones de gas natural licuado resultaron atacadas con drones, suspendiendo temporalmente su producción.El cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán ha obligado a Arabia Saudita a considerar exportaciones alternativas a través del Mar Rojo. Este escenario ha encendido las alarmas en los mercados energéticos internacionales, dado que la región concentra un porcentaje significativo del suministro mundial de petróleo y gas.El origen de la República Islámica y su transformaciónPara comprender la actual guerra en Irán, el profesor Gil contextualizó el origen del régimen. La República Islámica se instauró en 1979, tras la caída del Shah Mohammad Reza Pahlaví.Khomeini, líder de la revolución, prometió que “el islam es la solución” a los problemas del país. Sin embargo, según Gil, el resultado fue un sistema más represivo que la monarquía anterior. “Irán es el segundo país del mundo con mayor número de ejecuciones al año después de China”, señaló, enfatizando que la represión política ha sido una constante.El analista también destacó que, aunque bajo el Shah existían corrupción y violaciones a los derechos humanos, “palidecen en comparación con lo que vino después con la República Islámica”.¿Existe una oposición capaz de reemplazar al régimen?Uno de los interrogantes centrales ante la actual crisis es si existe una alternativa política viable en caso de un colapso del régimen. “No hay una oposición organizada dentro de Irán”, sostuvo Gil. “Si en algo han sido eficientes las autoridades es en asegurarse de que la oposición esté en el exilio o en los cementerios”.Si bien existe un amplio descontento social, las protestas han sido reprimidas sistemáticamente. Las elecciones, explicó, están controladas por el propio sistema: “La trampa es que el régimen elige quiénes se pueden presentar”.El experto aseguró que “hay una mayoría social que rechaza la República Islámica”, pero esa inconformidad no se traduce en una estructura política capaz de asumir el poder.Irán, América Latina y la geopolítica del aislamientoEn cuanto a los vínculos con América Latina, particularmente con Venezuela, Nicaragua y Cuba, Gil afirmó que la relación responde al pragmatismo político.“No les une una agenda común, les une un enemigo común: Estados Unidos”, indicó. Irán, aislado por sanciones internacionales, busca aliados que le permitan sortear restricciones económicas y ampliar su influencia geopolítica.La estrategia, según el académico, ha sido consistente desde los años ochenta: tejer alianzas con actores estatales y no estatales donde existan oportunidades.Un conflicto que redefine el equilibrio regionalLa guerra en Medio Oriente atraviesa un momento decisivo. Israel ha debilitado a aliados clave de Irán como Hezbollah y las milicias en Siria e Irak, lo que deja a Teherán más expuesto que en años anteriores.El desenlace dependerá de múltiples factores: la presión internacional, el comportamiento de los mercados energéticos, la capacidad de resistencia interna del régimen y la reacción de Washington. Por ahora, el mensaje desde Teherán es claro: el gobierno sigue en pie y está dispuesto a escalar el conflicto para garantizar su permanencia.
En la administración de Carlos Fernando Galán, las autoridades no han dudado en sancionar las malas prácticas ciudadanas, imponiendo multas y comparendos para frenar conductas que afectan la tranquilidad y el bienestar colectivo.Acciones como colarse en TransMilenio, arrojar basura en el espacio público o no recoger los excrementos de las mascotas, entre otras, son castigadas y dan lugar a comparendos. Sin embargo, uno de los problemas que más incomoda a la ciudadanía son las largas filas y trámites para pagarlos, aunque ahora es posible saldarlos en minutos y sin salir de casa.Así puede pagar comparendos con LICODesde el Distrito, junto con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), se implementó la plataforma LICO de Liquidación y Cobro, una herramienta que permite a la ciudadanía realizar los pagos en línea, convirtiendo el trámite en un proceso ágil, sencillo y seguro.De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, estos pagos se pueden efectuar siguiendo los siguientes pasos:Ingresar a: lico.scj.gov.coDigitar el número de documento y actualizar los datos.Seleccionar la opción PAGO GOU – PSE.Realizar el pago y recibir el comprobante en el correo electrónico.Según datos de la actual administración, en 2025 el 49,4 % de los pagos de comparendos de convivencia se realizaron por PSE, lo que evidencia confianza ciudadana en la herramienta digital.Por su parte, el secretario distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, señaló: “Hoy los ciudadanos pueden cumplir con sus obligaciones de manera fácil, segura y transparente, sin intermediarios ni filas. Ponerse al día no solo evita sanciones adicionales, también es un compromiso con la convivencia y la seguridad en Bogotá”.¿Qué pasa si no paga los comparendos en Bogotá?De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, si no se pagan las multas en un plazo máximo de seis meses desde su imposición, con los respectivos intereses, el infractor enfrentará restricciones legales hasta ponerse al día.Entre las principales limitaciones están:No podrá ser nombrado ni ascendido en un cargo público.No podrá ingresar a escuelas de formación de la Fuerza Pública.No podrá contratar ni renovar contratos con entidades del Estado.No podrá obtener o renovar el registro mercantil en la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) u otras cámaras de comercio.No podrá obtener o renovar permisos de tenencia o porte de armas.No podrá acceder a permisos otorgados por alcaldías para la venta de bienes.No podrá realizar trámites en oficinas de tránsito y transporte.No podrá acceder a mecanismos temporales de regularización definidos por el Gobierno nacional.No podrá conmutar multas tipo 1 y 2 mediante programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia.Así mismo, la Alcaldía de Bogotá hace un llamado a cumplir la normativa de convivencia y utilizar los canales oficiales para realizar los pagos correspondientes a las infracciones cometidas antes de enfrentar consecuencias legales más profundas.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a dos hombres señalados de participar en tres asonadas ocurridas en marzo, junio y septiembre de 2025 en Argelia y El Tambo, Cauca, en hechos que dejaron retenidos a policías y militares que adelantaban operaciones en la zona.El primer episodio se registró entre el 6 y el 8 de marzo de 2025, en el corregimiento El Plateado, donde 28 policías fueron retenidos. El segundo ocurrió en junio del mismo año, cuando 57 militares fueron llevados a la fuerza desde la vereda La Hacienda hasta el sector Fondas, en El Tambo. El tercer caso se presentó entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025, en el cerro El Tigre, ubicado en el corregimiento Honduras, donde 72 militares fueron retenidos por civiles.De acuerdo con la Fiscalía, Duberney Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo Mena se habrían articulado con la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc con el propósito de movilizar y persuadir a habitantes de la zona para retener ilegalmente a integrantes de la fuerza pública que cumplían actividades operacionales.Según explicó el fiscal del caso, estos hechos estarían relacionados con intereses económicos ilegales en la región. “Al ejercer el control en la zona, siguen generando el cobro o el mal llamado cobro del gramaje, que es el impuesto, como ellos mal lo denominan, para que todos los cultivadores de sustancias a base de hoja de coca le paguen a la estructura criminal (…) Ellos obtienen las finanzas, el lucro criminal, producto del narcotráfico”, afirmó.El funcionario agregó que no se puede generalizar la responsabilidad sobre toda la población del Cañón del Micay: “No podemos criminalizar a toda una población, sino algunas personas que se dedican a esa acción criminal (…) continúan pagándole el tributo, mal llamado tributo, a esas estructuras criminales y también mantener el control sobre las explotaciones mineras ilegales que se efectúan en esa zona del departamento. Entonces, esto es un convenio que tiene beneficios para la estructura criminal”.La investigación señala que los dos procesados habrían cumplido roles de dirección, coordinación y negociación, además de impartir instrucciones para mantener a los uniformados en cautiverio y sostener diálogos con entidades estatales con el fin de obtener concesiones para la estructura armada ilegal y así concretar las liberaciones.Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) expresó su “profunda preocupación” ante las denuncias de posibles vínculos entre integrantes del denominado Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) de las disidencias de las Farc, que comanda alias ‘Calarcá’, y altos funcionarios estatales, así como por presuntas filtraciones de información judicial, militar y de inteligencia.Los indicios, surgidos a partir de dispositivos electrónicos incautados en 2024 a alias ‘Calarcá’, donde hay fotos, documentos y material multimedia en general, de acuerdo con el ICP, apuntan a un “acelerado proceso de captura y cooptación institucional” por parte de estructuras criminales, fenómeno que, advirtió, constituye uno de los mayores riesgos para la democracia en Colombia y otros países de la región.La presunta presencia de colaboradores dentro de entidades judiciales y de seguridad, sumada al posible acceso a información clasificada, reflejaría un deterioro de las capacidades estatales para enfrentar a estos grupos.El Instituto cuestionó, además, que la información divulgada repose en la Fiscalía desde hace más de un año sin avances visibles, y afirmó que las medidas adoptadas bajo la política de paz total habrían permitido no solo el fortalecimiento operativo y económico de las disidencias, sino también su infiltración en instituciones, incluidas las fuerzas militares y organismos de inteligencia.Según la organización, este escenario compromete la seguridad nacional, afecta la independencia institucional y aumenta los riesgos para quienes ejercen la oposición política, quienes enfrentarían posibles escenarios de intimidación, seguimientos irregulares y manipulación judicial.El ICP también hizo un llamado de atención sobre el impacto que esta presunta infiltración podría tener en las elecciones del próximo año. La captura territorial, el acceso a información privilegiada y la cooptación de agencias estatales, advirtió, podrían incidir en la participación ciudadana, la competencia democrática y la seguridad de candidatos y equipos de campaña.Ante la alerta, el ICP exige “garantizar la integridad electoral y la libertad política de todos los sectores, especialmente de la oposición”, lo cual “debe ser una prioridad del Estado y de la comunidad internacional”.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presentó ante la Contraloría General de la República y la Cámara de Comercio de Villavicencio el plan de acción con el que se ejecutarán las obras definitivas en los principales puntos críticos de la vía al Llano, especialmente el kilómetro 18, afectado por un deslizamiento en octubre. El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Roberto Uparela, entregó un balance detallado sobre las labores en curso y las inversiones previstas.En materia de corto plazo, informó que las labores de atención inmediata cuentan con 2.356 millones de pesos aprobados, además de 4.000 millones provenientes del convenio vigente con el Invías.“Seguimos trabajando en las horas de mitigación del talud del kilómetro 18 porque, de alguna manera, esto que hicimos es una vía completamente temporal. Mantenemos, incluso, la vía original, que está debajo de una parte del derrumbe porque parte también para mantener aún la estabilidad fue conservar la pata de lo que se había derrumbado y sobre ella extendimos una capa de asfalto”, señaló Robeto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la ANI frente a las medidas a corto plazo.En el mediano plazo, continuarán las obras de mitigación que se extnderán para mantener la movilidad en este importante corredor vial, mientras que el largo plazo se concentrará en diseños y estudios que permitirán ejecutar las obras definitivas. Los estudios para la estabilización del kilómetro 18 serán realizados directamente por Coviandina, en el marco del proyecto concesionado Bogotá–Villavicencio y Chirajara Fundadores.Para el plan de largo plazo, según Uparela, contempla una inversión de 100.000 millones de pesos destinados a dos intervenciones prioritarias: la estabilización definitiva del talud del kilómetro 18 y la terminación del puente Naranjal en el sentido Bogotá–Villavicencio, que es la propuesta que hace la ANI.Los estudios y diseños para una labor definitiva podrían tardar de 7 a 8 meses de ejecución, y luego de este tiempo comenzarían las obras en el kilómetro 18. “Claramente buscaremos hacerlas en la mayor agilidad del caso y, por supuesto, controlando en la generalidad todos los otros puntos críticos que tiene igualmente ese corredor. Sobre lo que también estamos trabajando en la obtención de recursos frescos que permitan también su intervención”, añadió el vicepresidente frente a los lapsos de tiempo que se requieren y el plan de acción que van a realizar.Para los puntos críticos se tienen 28.500 millones que se están ejecutando con la Unidad Nacional de Riesgos, 45.000 millones de pesos que se invierten a través de INVÍAS y los 100.000 millones de pesos brindados por el Ministerio de Hacienda para atender los puntos críticos.La ANI estima finalizar las obras de mitigación a finales de este año y parte del próximo, mientras que los trabajos definitivos tanto en el talud como en el puente Naranjal iniciarían en el transcurso de 2026.
La reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro aún está en vilo. El lunes 24 de noviembre, la decisión de los magistrados quedó en empate, luego de que la Sala Plena apartara del expediente al magistrado Héctor Carvajal, al considerar que estaba impedido porque había sido consultor de Colpensiones en el pasado.El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció al respecto. “Lo que ha pasado con la reforma pensional es inaudito y antidemocrático. El magistrado Ibáñez ha puesto todas las trabas (…) Se van a seguir los conductos democráticos, de la ley, pero que quede claro que al magistrado no hay quien lo investigue, porque debería llevarse ante la Comisión de Acusaciones del Congreso”, dijo.La ponencia del magistrado Ibáñez sostiene que la reforma debe caerse porque la Cámara de Representantes cometió errores en el trámite. Tras el empate, la Sala Plena decidió llamar al conjuez Carlos Pablo Márquez.El presidente Gustavo Petro también se pronunció, acusando a magistrados de la Corte Constitucional de moverse políticamente para tumbar la reforma pensional. El mandatario señaló que esto sería un golpe al Estado social de derecho y una expresión de aversión hacia el derecho de los trabajadores a pensionarse, y advirtió que hundir la reforma también pondría en riesgo a los fondos privados.
La Contraloría General de la República inició un proceso de vigilancia y control fiscal sobre la adquisición de aeronaves Gripen E y un proyecto estratégico para la modernización de la Fuerza Aérea, pero que ha generado inquietudes en diferentes sectores políticos y técnicos. Las aeronaves, de configuración monoplaza y biplaza, hacen parte de la propuesta seleccionada por el Ministerio de Defensa para renovar su flota, decisión que ahora será examinada con especial detalle por el organismo de control.El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, solicitó formalmente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, remitir copia del contrato firmado con la empresa que asesoró al Ministerio durante el proceso de selección. También pidió anexar los soportes de todas las alternativas analizadas, incluidas las ofertas de fabricantes y otras opciones consideradas antes de la decisión final. Según el jefe del ente de control, es necesario esclarecer los criterios técnicos, legales y económicos que llevaron a escoger los aviones Gripen.Rodríguez explicó que el Ministerio de Defensa no entregó la información completa sobre el contrato de los aviones Gripen argumentando que tiene carácter reservado por motivos de seguridad nacional, razón por la cual propuso una mesa de trabajo para revisar directamente los documentos y explicar los fundamentos de la contratación. La reunión quedó programada para el próximo 4 de diciembre en las instalaciones de la Contraloría.“Muchas de las circunstancias que iban a ser expuestas son objeto de reserva por temas de seguridad nacional”, señaló el contralor, quien indicó que envió una nueva comunicación al ministro identificando , con nombre y número de cédula, a los funcionarios de la entidad que tendrían acceso a la información clasificada. Añadió que, en esa mesa de trabajo, el Ministerio deberá entregar todos los detalles que justificaron la firma del contrato.El contralor también advirtió que, una vez analizados los documentos y las explicaciones del Ministerio, la Contraloría definirá las acciones correspondientes. “Me parece importante que se realice esa mesa con el señor ministro de Defensa; él deberá asistir, o de igual manera las personas que tengan que ver en ello, y allegarnos toda la información”, enfatizó el contralor.
Ante las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara de Representantes, los senadores Paloma Valencia (Centro Democrático) y Germán Blanco (Partido Conservador) presentaron el informe de ponencia que propone archivar el Proyecto de Ley 302 de 2025 Senado – 020 de 2025 Cámara, con el cual se busca mantener vivo el Ministerio de la Igualdad, luego de que la Corte Constitucional tumbara la primera ley que lo creó.Según el documento, desde su creación en 2023 el Ministerio se ha caracterizado por derroche, burocracia e ineficiencia, con una estructura administrativa que incluye 5 viceministerios, 20 direcciones y 32 direcciones territoriales, además de una planta autorizada de 744 empleos, de los cuales 541 ya están vinculados sin concurso de carrera administrativa.El informe señala que el Ministerio incrementó de manera significativa el uso de órdenes de prestación de servicios, pasando de $69.500.000 en 2024 a $9.055 millones en 2025, según respuesta citada en el texto.La ponencia también cuestiona la tercerización de recursos mediante una fiducia creada en 2023 —el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial— que opera bajo reglas de derecho privado.De acuerdo con los informes de supervisión mencionados, el Fondo ha concentrado su gestión en la vinculación de personal y contratos, sin ejecutar programas o proyectos orientados a superar la desigualdad.El documento subraya que el Ministerio ha transferido al Fondo la mayor parte de su presupuesto en los años 2023, 2024 y 2025, llegando hasta un 93,8 % en 2023 y un 83,9 % en 2024, lo que, según los autores, vuelve innecesaria la existencia de una estructura ministerial tan robusta.La ponencia afirma que existe una duplicidad de funciones, pues mientras el Ministerio mantiene cientos de funcionarios, el Fondo también contrata personal para tareas relacionadas con la ejecución de programas del sector.Otro punto crítico es la baja ejecución presupuestal. El documento señala que, a tres años de operación, la entidad no ha alcanzado una ejecución del 10 %, y que en 2025 la ejecución de inversión a octubre es de solo 2,7 %, con proyectos que registran 0 % de avance.El informe concluye que el Ministerio no ha sido capaz de cumplir sus funciones y afirma que “la desigualdad no se soluciona con burocracia innecesaria y costosa”. Por estas razones, la ponencia solicita que las Comisiones Primeras archiven el proyecto de ley.
La Registraduría respondió a la reciente publicación en redes del presidente Gustavo Petro en la que cuestionó una de las estrategias pedagógicas de la entidad en las votaciones que ya iniciaron en el extranajero para Congreso y consultas interpartidistas.En su trino, el mandatario aseguró que se trataba de una “propaganda exagerada de la registraduría en los puestos de votación internacional. Busca aumentar votos por las consultas. Hay millones conmigo que no queremos votar por las consultas presidenciales porque el Consejo Nacional Electoral excluyó arbitrariamente candidatos” y acompañó el texto con una fotografía de uno de los puestos de votación.Allí se ve el respectivo cubículo de cartón con el letrero, en colores rojo y amarillo, donde le indica al votante que, en el caso de las consultas, solo debe votar por un candidato pues las tres condiciendas están en el mismo tarjetón.“El voto fundamental es el del Congreso y también votar en doble casilla anula el voto”, agregó Petro, quien en varias ocasiones ha pedido no votar en la consulta luego de que no se avalara la participación de Iván Cepeda, hoy en primera vuelta.Ante esto, la Registraduría explicó que la imagen en los cúbicos es un instructivo pedagógico para evitar que los votantes anulen el voto, marcando en varias consultas al mismo tiempo y recordó que hace cuatro años, se anularon más de 260.000 votos por errores similares.La entidad aclaró además que dicho instructivo está solo en cubículo, es decir cuando la persona ya decidió votar o no la consulta, y no en la mesa donde reciben las cédulas y entregan los cartones. Cabe recordar que cada persona deberá pedir el tarjetón de la consulta, si así lo desea, pues este no será entregado por el jurado.
Crece la preocupación entre las autoridades y la comunidad de Algeciras, Huila, ante el aumento de homicidios registrados en lo corrido del año. En apenas dos meses, el municipio ya suma 10 muertes violentas.Esta cifra resulta alarmante para un territorio que no supera los 25.000 habitantes y que históricamente ha sido afectado por la violencia y por la presencia de grupos armados al margen de la ley."Lamentablemente, en los dos primeros meses del año se registran 10 homicidios, una cifra bastante alta para el poco tiempo que llevamos. Recordemos que el año anterior se cerró con 30 homicidios, siendo la época más violenta registrada, según las estadísticas, en el municipio de Algeciras", señaló Alexander Martínez Ballesteros, alcalde de Algeciras.Aunque las autoridades judiciales y de investigación trabajan para esclarecer los móviles y responsables de estos homicidios, estas muertes podrían estar vinculadas a la disputa de grupos disidentes por el control territorial."Hasta ahora, las investigaciones no han arrojado un diagnóstico oficial sobre estas muertes violentas. Sin embargo, según información de la comunidad, estarían relacionadas con grupos disidentes que operan en el territorio, en disputa por un estratégico corredor vial que comunica con el departamento del Caquetá", señaló el alcalde.Ante este panorama, el mandatario local no solo expresó su preocupación, sino que indicó que se están coordinando acciones de manera articulada con el Gobierno departamental, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para la Paz y la ONU, con el objetivo de evitar que siga derramándose más sangre en el municipio.Pero, además, según la MOE, este municipio del nororiente del Huila presenta riesgo electoral por problemas de seguridad que podrían afectar las votaciones del próximo domingo, 8 de marzo.
Millones de colombianos elegirán el nuevo Congreso de la República el próximo 8 de marzo, en la primera jornada electoral de este 2026. De acuerdo con la Registraduría del Estado Civil, las urnas se abrirán desde las 8:00 de la mañana y todos los registrados por el censo electoral deberán acudir a su puesto de votación para hacer efectivo su derecho al voto.¿Cómo saber el puesto de votación 2026?Hacer este trámite no es complicado y solo demora unos minutos, además que se podrá hacer a través del celular. Por eso, deberá seguir los siguientes pasos para conocer dónde deberá votar para el próximo 8 de marzo:Ingrese a www.registraduria.gov.coDe click en el botón de ‘Elecciones 2026’.Vaya a la sección de ‘Puesto de Votación’.Se abrirá una parte donde tendrá que poner su número de cédula.Ahí aparecerá su departamento, municipio, localidad y dirección exacta, además del puesto y mesa en que deberá hacerlo.Este proceso se puede hacer desde el celular y debe consultarlo antes de ir a ejercer su derecho al voto de este 8 de marzo.¿Se puede cambiar el puesto de votación?Sí, pero no para la jornada electoral de este 8 de marzo, pues esto fue habilitado hasta hace algunas semanas. De cara a la primera vuelta presidencial, la Registraduría habilitará puestos en donde podrá hacer el cambio de su puesto para ese día y así tener su lugar mucho más cerca.¿Habrá ley seca por las elecciones del 8 marzo?Sí. De acuerdo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, la medida comenzará a aplicar desde el sábado, 7 de marzo, e irá hasta la 6:00 de la mañana del lunes 9. Durante ese tiempo se prohibirá la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales.Link para consultar jurado de votaciónIngrese a la página de la Registraduría: https://www.registraduria.gov.co/Dele ‘click’ en el apartado de ‘Electoral’.En la parte de ‘Trámites y servicios’, de click en ‘Jurado de Votación’.Ingrese su número de cédula.Ahí aparecerá si usted fue o no designado como en la siguiente imagen. En caso de ser sí, tendrá datos de puesto de votación y horario.
Colombia enfrenta una emergencia silenciosa que no permite excusas. En los últimos 12 años, 29 puentes han colapsado o sufrido daños graves en el país. Lo más preocupante es que 18 de esos casos ocurrieron entre 2023 y lo que va de este año 2026. Y solo en los dos primeros meses de este año ya se han caído cinco estructuras: dos en Córdoba, dos en Antioquia y una en Magdalena. Para los gremios transportadores, estas cifras no son coincidencia: reflejan una falla estructural en la gestión y el mantenimiento de la infraestructura vial.“Se interrumpe absolutamente todo el tránsito de vehículos grandes, pequeños, buses, volquetas de todo tipo. Entonces, genera daño en la logística de entregar la mercancía en los sitios donde se necesita, perjuicios a la economía nacional, a la economía del que necesita la mercancía que nosotros transportamos y a nosotros los transportadores, porque no podemos terminar nuestro viaje. Es negligencia absoluta de la señora Ministra de Transporte”, señaló Alfonso Medrano Solano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros.Al revisar las responsabilidades, el panorama es aún más delicado. De los 29 puentes afectados, 13 están a cargo del Instituto Nacional de Vías (INV), 9 corresponden a la Agencia Nacional de Infraestructura, seis son responsabilidad de administraciones departamentales y uno del Ejército Nacional. En 2026, cuatro de los cinco colapsos registrados recaen nuevamente sobre Invías, lo que intensifica los cuestionamientos sobre prevención, supervisión y mantenimiento.Las consecuencias no son solo cifras en un informe técnico. Cada puente que cae paraliza corredores estratégicos, encarece el transporte de carga, retrasa el traslado de pasajeros y afecta el abastecimiento de alimentos e insumos. Empresas transportadoras, conductores, auxiliares y cientos de familias ven comprometido su sustento diario. Además, el cierre de vías impacta el comercio regional y profundiza la crisis económica en las zonas afectadas.“El transporte no puede operar sobre una infraestructura incierta. La movilidad es un derecho, pero también es una variable crítica de estabilidad económica. Esto no es solo una emergencia vial, es una emergencia logística nacional en la que el gobierno tiene que intervenir lo más pronto posible”, denunció Elkin de Jesús Villegas Gil, Director Ejecutivo AGREM.Los gremios exigen al Gobierno nacional, a través de Invías y la ANI, bajo la coordinación del Ministerio de Transporte, tres acciones concretas: declarar la emergencia como prioridad institucional con intervención técnica inmediata y cronogramas claros; implementar medidas transitorias que mitiguen las pérdidas económicas sin fomentar la informalidad; y definir presupuestos y tiempos reales para soluciones definitivas. Advierten que no puede repetirse el escenario de 2023 y 2024, cuando puentes militares instalados como solución temporal terminaron operando por años, como ocurre en la vía Cúcuta–Pamplona.El sector transportador insiste en que la prolongación de esta crisis no solo deteriora la economía regional, sino que pone en riesgo la sostenibilidad del servicio público de transporte.
Colombia perdió a una de las mujeres más influyentes en el sector de las TIC: Ingrid Paola Hernández Sierra, de quien se confirmó su fallecimiento en la mañana de este lunes 2 de marzo.Ingrid Hernández se desempeñaba como asesora de Presidencia en el cargo de coordinadora de Transformación Digital desde 2022, donde impulsó la agenda de modernización tecnológica del Estado colombiano. Abogada con especialización en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Derecho Económico y un MBA, se posicionó como una de las voces técnicas más influyentes en materia de política digital y seguridad en el ciberespacio.Con más de 15 años de experiencia en el sector TIC, fue pieza clave en la formulación y redacción de la Ley 1341 de 2009, el marco que redefinió la regulación de las telecomunicaciones en Colombia. En su paso por el Ministerio de las TIC acompañó investigaciones a operadores, la puesta en marcha del Registro TIC y la implementación de sistemas de gestión del espectro radioeléctrico, aportando una visión integral que combinó regulación, supervisión y operación.¿Quién era Ingrid Hernández?Ingrid fue una asidua analista invitada del programa Blu 4.0. Su influencia trascendió en debates públicos sobre transformación digital que el espacio ha abordado ampliamente. Varias voces del sector TIC expresaron sus condolencias tras conocerse esta pérdida.“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Ingrid Hernández, coordinadora de Transformación Digital de @infopresidencia. Una líder visionaria que comprendió que la tecnología es, ante todo, una herramienta para servir y transformar vidas. Su compromiso por abrir camino a más mujeres en el sector TIC deja una huella imborrable”, escribió la ministra de las TIC, Carina Murcia, en su cuenta de X.“Un día triste en el ecosistema digital. Se nos fue @Ingrid_HdezS. La conocí aprox. en sept. de 2022, cuando iniciaba su trabajo en @infopresidencia. Respetando el rol de cada uno, nos volvimos amigos y colegas para impulsar agenda en Transformación Digital”, agregó Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI.“La Junta Directiva de ASOTIC y su presidenta @GaleMallol lamentan profundamente el fallecimiento de Ingrid Hernández y se unen en solidaridad con su familia y seres queridos”, expresaron desde la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia.
Jaime Parra, conocido como alias ‘El Médico’, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz que dentro de la organización se practicaron interrupciones de embarazo sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres, incluidas menores reclutadas.“Como médico de la extinta organización y encargado de la política de salud en esta organización, reconozco que tengo responsabilidad en la formulación e implementación de la política de la planificación obligatoria que inicialmente se planteó para hombres y mujeres, pero que terminó recayendo solamente en ellas”.“Adicionalmente, reconozco que se practicaron interrupciones de embarazos sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres”, añadió. Luego de leer los relatos de víctimas, Parra asegura que sus decisiones tuvieron consecuencias graves para las víctimas.“Esto les generó un daño psicológico y en su salud física del cual soy consciente luego de leer los relatos de las víctimas”. El exintegrante del Secretariado también aceptó que los hechos investigados en el macrocaso 7 sí ocurrieron.“Los hechos señalados en el macrocaso 7 ocurrieron; reconocerlos es un deber, un compromiso ético y moral con el país y con las víctimas”. Además, admitió que muchos menores fueron expuestos a situaciones que no debieron vivir.“En lugar de protegerlos, no supimos garantizar plenamente sus derechos ni su bienestar. Fueron expuestos a experiencias que nunca debieron vivir”. Finalmente, sostuvo que nada de lo ocurrido debió pasar, y que “asume la responsabilidad” como antiguo integrante del exsecretariado.“Este reconocimiento no borra el dolor ni las consecuencias, pero es un paso necesario para aportar a la verdad, dignificar a las víctimas y contribuir a que los hechos como esto no se repita nunca más”.
Wilmar Mejía era hasta hace tres meses director de inteligencia de la DNI. Resultó salpicado en un escándalo revelado por Noticias Caracol, en el que junto al general Juan Miguel Huertas fue señalado de presuntos vínculos con cabecillas de las disidencias de alias Calarca. Según dicha información, el funcionario al parecer filtraba datos reservados y acercaba a la organización criminal con miembros de la fuerza pública. Incluso fue identificado, presuntamente, en los archivos de Calarácon el alias de 'El Chulo'. El negó todas estas acusaciones en su contra y aseguró que había conocido a cabecillas de las disidencias en el marco de su trabajo por La Paz en distintas regiones del país.Tres meses han pasado desde que fue suspendido de su cargo por orden de la Procuraduría. En su contra hay incluso una investigación interna en la entidad a la que pertenece. Pero hoy el organismo de control levantó dicha suspensión argumentando que no hay pruebas suficientes, que se trata de una medida cautelar y no una sanción, y que tanto él como Huertas han colaborado con las investigaciones. Con esto, la Dirección Nacional de Inteligencia debe reintegrar a Mejía en su cargo y Blu Radio conoció que así ocurrirá, con una resolución que será expedida en las próximas horas en la que vuelve a ser nombrado como director de inteligencia.El presidente Gustavo Petro ha defendido a estos servidores públicos a pesar de la gravedad de las denuncias. Incluso tanto Mejía como Huertas fueron vistos en casa de Nariño el pasado 23 de febrero y acudieron allí para una reunión con el mandatario. Este encuentro tenía como objetivo, según fuentes cercanas, que Petro conociera en qué iba el proceso legal de ambos; sin embargo, por temas de agenda, no se habría materializado.
En una operación conjunta en zona rural de Buenaventura, la Policía, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la Armada, capturó en flagrancia a cuatro integrantes del ELN y decomisó material de guerra que, según inteligencia, iba a ser entregado al grupo criminal Los Shottas.El procedimiento se desarrolló mediante una diligencia de registro y allanamiento en la vereda San Cipriano, donde fueron detenidos alias 'Pelusa', 'Flaco', 'El Viejo' y 'El Mono'. De acuerdo con las investigaciones, el armamento iba a fortalecer el componente sicarial y de extorsión de “Los Shottas”, estructura que disputa el control de economías ilegales en el puerto.Durante el operativo, las autoridades incautaron dos fusiles, un revólver, siete proveedores de fusil, una granada de fragmentación, 88 cartuchos de diferentes calibres y elementos de intendencia militar, como uniformes y chalecos.Según la investigación, el arsenal sería utilizado para reforzar acciones como homicidios selectivos, extorsiones y control violento del territorio, en medio de la disputa criminal que Los Shottas mantienen con Los Spartanos por rutas de narcotráfico y zonas estratégicas de acopio.Las autoridades destacaron que el golpe debilita la presunta alianza entre el ELN y estructuras delincuenciales urbanas en el Pacífico, evidenciando una articulación logística para sostener rentas ilícitas.Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las detenciones. Posteriormente, un fiscal les imputó cargos por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y municiones, y se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
A menos de seis meses de que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Corte Constitucional ha proferido un fallo trascendental al declarar inexequibles los artículos 100 y 101 de su Plan Nacional de Desarrollo (PND). Estos artículos eran la base legal de las llamadas Asociaciones Público Populares, un modelo de contratación directa con organizaciones comunitarias que el mandatario ha promovido como pilar de su "economía popular".La demanda que originó esta decisión fue liderada por la abogada y académica Carolina Deik, quien junto a un equipo de juristas argumentó que estos artículos violaban principios fundamentales de la contratación estatal en Colombia. El eje central del fallo radica en la reserva de ley, señalando que el Congreso no puede delegar al Ejecutivo la creación de modalidades de contratación de forma ambigua.Deik explicó en entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que la Constitución de 1991 asigna exclusivamente al Congreso la facultad de expedir el estatuto general de contratación: “Había otros [argumentos], por ejemplo, el de legalidad, que en contratación estatal existe una reserva de ley para que fuera el propio Congreso el que expidiera ese estatuto general de la contratación”, explicó Deik.Uno de los puntos más críticos señalados es que el artículo 100 permitía convertir procesos que hoy son abiertos y competitivos en asignaciones a dedo. "La norma pasa de una modalidad de mínima cuantía que está regulada, que está abierta a competencia y la convierte en una modalidad de contratación directa con el agravante de que lo hace sin determinar claramente quiénes son los que pueden optar o acudir a este mecanismo”, advirtió Deik.Para los demandantes y ahora para la Corte, este modelo ponía en riesgo la selección objetiva de los contratistas. Según la abogada, el régimen de contratación debe “evitar la excesiva discrecionalidad en la asignación de los contratos"."Lo que se busca con el régimen existente es que haya selección objetiva. Eso es lo primordial”, aseveró.Escuche la entrevista aquí:
Este lunes 2 de marzo de 2026, en Mañanas Blu de Blu Radio, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, salió al paso de las críticas que ha generado el decreto 0174 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica por la ola invernal en Córdoba.El decreto, firmado por el Ministerio de Agricultura, ha sido señalado por sectores políticos como una “expropiación exprés”. Sin embargo, Harman insistió en que la medida no crea nuevas facultades, sino que agiliza herramientas ya existentes para atender a los damnificados por las lluvias.Decreto 0174 de 2026: compra rápida por emergencia, no expropiación masiva“Cuando se está hablando de la facultad de una enajenación rápida por riesgo, ya la establece la ley 1523”, explicó el funcionario. Según detalló, el decreto lo que hace es asignar esa competencia a la ANT para predios rurales en el contexto específico de la calamidad pública.Harman fue enfático en desmentir que se trate de una estrategia para avanzar en expropiaciones. “Llevo cuatro años diciendo que vamos a expropiar y hoy, a razón concreta de la implementación de la política de compra y entrega de tierras, hemos respetado las condiciones asociadas a la propiedad privada”, afirmó.En términos prácticos, la diferencia está en los tiempos. Mientras un proceso ordinario puede tardar entre cuatro y cinco meses, con la emergencia podría resolverse en alrededor de un mes. El objetivo, dijo, es reubicar a familias afectadas en tierras altas y productivas dentro de Córdoba, evitando zonas inundables.“No vamos a llegar a tierras que la gente no quiera vender”, afirma Felipe HaurmenLa frase más contundente llegó cuando fue consultado sobre qué pasaría si un propietario se niega a vender. “No vamos a llegar a tierras que la gente no quiera vender”, respondió. Explicó que actualmente hay más de 60.000 hectáreas ofertadas por privados en Córdoba y cerca de 28.000 hectáreas preseleccionadas provenientes de la Sociedad de Activos Especiales.El director precisó que cuentan con un presupuesto cercano a 500.000 millones de pesos para compra de tierras y que cualquier ampliación dependerá de la disponibilidad fiscal autorizada por Hacienda.Además, aclaró que las facultades policivas se aplicarán en casos de bienes baldíos de la Nación, como ciénagas y playones sin títulos legítimos. “Esos sí son bienes válidos de la Nación”, puntualizó.Con esto, el Gobierno busca responder a la emergencia en Córdoba sin abrir, según su versión, un frente de confrontación con propietarios privados. El debate, sin embargo, sigue abierto.Escuche la entrevista completa: