Cuando se habla de cámaras de fotodetección, no se trata solo de equipos que capturan imágenes de vehículos; son herramientas tecnológicas diseñadas para detectar infracciones de tránsito automáticamente, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.Estos dispositivos identifican comportamientos como exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo y falta de documentación obligatoria como SOAT o revisión técnico-mecánica, todo sin necesidad de un policía de tránsito. Desde ahora, Tunja contará con nuevos puntos donde operarán estas cámaras, por lo que los conductores deben conocer esta información antes de transitar por esos sectores.De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial de la ciudad, la implementación de cámaras de fotodetección forma parte de una estrategia para afrontar el preocupante índice de siniestros viales registrado en la ciudad en los últimos años.Ubicación de las cámaras de fotodetección en TunjaLas autoridades han priorizado cinco ubicaciones estratégicas, identificadas a partir de estudios técnicos y la colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estos puntos están catalogados con los más altos índices de tránsito y riesgo para conductores y peatones y son los siguientes:Avenida Norte con calle 59.Avenida Norte con calle 53.Avenida Norte con calle 41.Avenida Oriental con carrera 7.Ruta nacional 55 (BTS).Estos dispositivos operarán las 24 horas del día e iniciarán operación el lunes 16 de marzo del 2026. Esta tecnología es capaz de captar comportamientos contrarios a las normas de tránsito. Además, habrá señalización previa hasta 300 metros antes de cada cámara, para alertar a los conductores y facilitar la reducción gradual de la velocidad.Las infracciones que podrán detectar incluyen el exceso de velocidad, el cruce de semáforo en rojo, la falta de SOAT o revisión técnico-mecánica vigente, entre otras conductas sancionables. Los comparendos identificados por estos equipos serán cargados al sistema en un plazo aproximado de tres días y podrán ser consultados por los ciudadanos a través del SIMIT.El proceso de socialización incluye campañas pedagógicas y jornadas informativas en cada uno de estos puntos, con el fin de que conductores, pasajeros y peatones comprendan cómo funcionan estas cámaras y cuál es su propósito: prevenir accidentes y salvar vidas.
Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo, informó en primicia que el Gobierno del presidente Gustavo Petro enviará este viernes, 6 de febrero, una delegación oficial a Quito con el objetivo de destrabar la crisis arancelaria que amenaza el intercambio binacional. La misión buscará frenar la aplicación de aranceles del 30 % anunciados por ambos países y restablecer el diálogo político.Blu Radio conoció que la comitiva estará encabezada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. También participarán delegados de los ministerios de Justicia, Energía y Comercio, así como representantes de Ecopetrol, en una señal clara de que la discusión no solo involucra asuntos comerciales, sino también temas de seguridad y cooperación energética.Horas antes del anuncio del viaje, la canciller Villavicencio confirmó que ya existen negociaciones en curso con el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Según explicó, Colombia presentó una propuesta que incluye medidas relacionadas con seguridad y otros compromisos bilaterales, y se espera que este fin de semana se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones.La jefa de la diplomacia colombiana aseguró además que el país está dispuesto a retirar la medida arancelaria aplicada a un grupo de productos ecuatorianos, siempre y cuando Ecuador haga lo propio. Este gesto recíproco sería la base para desactivar la escalada comercial que se desató tras el primer anuncio del mandatario ecuatoriano y que derivó en represalias mutuas.El objetivo central de la visita es resolver las diferencias que originaron la imposición de los aranceles y evitar un impacto mayor en los sectores productivos de ambos países, especialmente en las regiones fronterizas. Empresarios y gremios han advertido que la medida podría afectar el comercio, el empleo y la estabilidad económica en zonas históricamente dependientes del intercambio binacional.De los resultados del primer encuentro en Quito dependerá incluso la posibilidad de una reunión directa entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Los tres integrantes del equipo de campaña del senador Jairo Castellanos que habían sido secuestrados tras el ataque armado en Fortul, Arauca, fueron dejados en libertad, confirmaron las autoridades. El hecho se registró en medio del atentado contra el esquema de seguridad del congresista, en el que dos de sus escoltas fueron asesinados, situación por la cual se mantiene una recompensa de hasta $200 millones para dar con los responsables.Horas antes de conocerse la liberación, el senador Castellanos había reaparecido públicamente a través de un video en el que denunció el secuestro de sus colaboradores y pidió garantías para sus vidas. Allí, el congresista hizo un llamado urgente tanto a los captores como a las autoridades para que se respetara la integridad de su equipo de trabajo.“En el mismo acto cobarde fue secuestrado nuestro equipo de campaña, encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (…) Les pido de corazón que respeten su vida y que los regresen al seno de sus familias”, expresó Castellanos en su mensaje, en el que insistió en la necesidad de proteger a las personas retenidas.Tras la liberación, el mismo Castellanos anunció la buena noticia por medio de su cuenta de X:"Anunciamos a la opinión pública que nuestro equipo que se encontraba secuestrado, integrado por Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, fueron liberados y ya se encuentra libres y en camino a encontrarse con sus familias". "Damos gracias a Dios por su regreso con vida. Solicitamos que se adelanten las investigaciones correspondientes y que se llegue hasta los responsables de estos actos tan repudiables", agregó.
El senador Jairo Castellanos reapareció luego del atentado del que fue víctima este jueves. A través de un videos el congresista también denunció el secuestro de tres integrantes de su equipo de campaña tras un violento ataque en el departamento de Arauca, en el que fueron asesinados dos de sus escoltas. Visiblemente afectado, el congresista hizo un llamado urgente a los captores y a las autoridades para que se garantice la vida de sus colaboradores.“En el mismo acto cobarde nos han secuestrado el equipo de campaña encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (...) “Les pido de corazón que respeten su vida, que los regresen al seno de su familia”, afirmó Castellanos, quien pidió con vehemencia que se respete la integridad de las personas retenidas. , agregó el senador.El ataque ocurrió cuando una camioneta del esquema de seguridad del congresista fue atacada a tiros en una carretera de Arauca. En el hecho murieron dos escoltas que, según Castellanos, llevaban años acompañándolo y formaban parte de su entorno más cercano. “Ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia y para levantar la voz de la región”, expresó.Entretanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que habló con el senador tras el atentado y aseguró que se encuentra a salvo, aunque profundamente conmovido por lo ocurrido. “Estaba llorando por la muerte de sus escoltas y por los atentados contra la camioneta y parte de su escolta”, señaló el funcionario, quien también informó que otra camioneta del esquema de seguridad desapareció durante el ataque.Según explicó el ministro, el atentado se produjo contra una caravana que se desplazaba desde Norte de Santander para encontrarse con Castellanos, quien actualmente se encuentra en Yopal, capital del departamento de Casanare. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado quiénes serían los responsables del ataque, aunque en Arauca opera históricamente el ELN.En su declaración, el senador del partido Alianza Social Independiente (ASI) también exigió al Gobierno garantías para ejercer la política en los territorios.“Necesitamos condiciones para hacer política limpia, para hablar con las comunidades, recorrer las regiones y no tener que hacerlo desde apartamentos grabando videos”, reclamó, al tiempo que lamentó la persistencia de la violencia política en el país.El hecho se produce en un contexto de alta tensión electoral. Apenas un día antes, Human Rights Watch advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas está marcado por graves hechos de violencia, entre ellos el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
2:30 de la tarde. La hora exacta en la que el silencio clínico de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Federico Lleras Acosta, sede Francia, fue quebrado por el sonido del miedo.Un hombre ingresó abruptamente al área más sensible del centro asistencial. En su mano, un cuchillo. Frente a él, personal médico, auxiliares de enfermería y recién nacidos luchando por vivir. En segundos, la UCI neonatal se convirtió en escenario de pánico.Según confirmó la institución, el agresor, padre del recién nacido, amenazó de muerte al personal de salud, violando de forma grave la misión médica. Bajo intimidación, logró sustraer al bebé, desatando una emergencia de alto riesgo dentro y fuera del hospital.Mientras algunos funcionarios intentaban proteger a los demás pacientes, otros resultaron lesionados física y emocionalmente. Uno de ellos estuvo a punto de ser atacado directamente con el arma blanca.La huida fue corta. Gracias a la activación inmediata de los protocolos de seguridad y a la reacción conjunta con la Policía Nacional, el hombre fue capturado a pocas cuadras del hospital.Minutos después, el alivio: el bebé fue recuperado sano y salvoActualmente, el menor permanece bajo estricta vigilancia médica especializada, con exámenes de rigor para garantizar que el violento episodio no haya comprometido su estado de salud. Por su parte, el presunto responsable quedó a disposición de la autoridad judicial y enfrentará un proceso por secuestro, violencia intrafamiliar, lesiones personales, agresión a la misión médica y tentativa de homicidio, entre otros delitos que podrían derivarse de la investigación.En un pronunciamiento contundente, la gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, Martha Palacios Uribe, rechazó de manera categórica lo ocurrido y lanzó un llamado urgente a la comunidad:“Hoy se puso en riesgo la vida de nuestros funcionarios, del personal de seguridad y del equipo de salud que día a día trabaja por salvaguardar la vida. La UCI neonatal es un área fundamental y lo ocurrido es un hecho extraordinario y profundamente lamentable. Rechazamos cualquier acto de violencia o agresión contra la misión médica”, afirmó.Palacios confirmó que el hospital ya inició las acciones legales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, así como las notificaciones a las entidades competentes para el restablecimiento de los derechos del menor y de los trabajadores afectados, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).“Hoy garantizamos la atención integral del neonato y el acompañamiento a nuestros funcionarios, quienes no solo fueron agredidos físicamente, sino también emocionalmente”, agregó la gerente.El Hospital Federico Lleras Acosta reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de los pacientes y el respeto absoluto por la misión médica, tras un episodio que dejó al descubierto la vulnerabilidad incluso de los espacios destinados a salvar vidas.
En el cierre de la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2026, Atlético Nacional recibió al América en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Los dirigidos por Diego Arias sumaron tres nuevos puntos tras imponerse 2-1.El partido comenzó con goles tempraneros. El marcador se abrió al minuto 12, cuando Milton Casco aprovechó un error del arquero Jorge Soto y anotó el 1-0 para Nacional. Dos minutos después, al 14, América empató el encuentro: Omar Bertel desbordó por la izquierda, envió el centro y Dylan Borrero definió dentro del área para el 1-1 parcial.El segundo tiempo inició con el marcador igualado. Sin embargo, al minuto 61, la figura del partido, Juan Manuel Rengifo, marcó el gol de la victoria. Tras el tanto, América de Cali buscó la remontada, pero no lo consiguió. Al minuto 70, Nicolás Hernández fue sancionado con tarjeta roja por una falta sobre Juan Manuel Zapata.En el minuto 73, el cuadro escarlata sustituyó a Dylan Borrero y Kevin Angulo por Jan Lucumí y Andrés Mosquera. Más adelante, al 85, también salieron Yeison Guzmán y Tilman Palacios, quienes fueron reemplazados por Yojan Garcés y Joel Romero. Pese a las variantes, América no logró empatar el compromiso.Con este resultado, Nacional consiguió su segundo triunfo consecutivo en la liga, mientras que América obtuvo su primera derrota, que se añade a sus dos primeras victorias y al empate previo frente a Once Caldas.El conjunto verdolaga se ubica en la sexta posición de la tabla con 6 puntos y dos partidos pendientes. Por su parte, América conservó los 7 puntos con los que inició la jornada y se mantiene cuarto en la clasificación. De manera provisional, y con el cierre de la fecha, Pasto, Bucaramanga, Tolima, América, Internacional de Bogotá, Atlético Nacional, Deportivo Cali y Llaneros serían los ocho equipos que avanzarían a los play-offs de la Liga BetPlay.La próxima jornada será la quinta y se abrirá el sábado a las 8:30 de la noche con el partido entre Junior y Boyacá Chicó.
El Tribunal Administrativo de Antioquia se volvió a pronunciar sobre la acción popular que interpuso la Alcaldía de Medellín para que el Gobierno nacional salde la deuda con la red hospitalaria que, hasta hoy, no ha sido pagada. Ahora se ha iniciado el proceso de incidente de desacato contra varios funcionarios que no han dado respuesta ante el incumplimiento.En la más reciente decisión, se otorgaron dos días al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; al ministro de Hacienda, Germán Ávila; al superintendente de Salud, Bernardo Camacho; y a los interventores de varias EPS para que explicaran las acciones implementadas con el fin de cumplir las medidas cautelares ordenadas. Dicho plazo ya se cumplió.Debido a que no se conoce respuesta por parte de los funcionarios del Gobierno nacional, ya se iniciaron los trámites para formalizar el incidente de desacato por el no pago de los recursos destinados a los hospitales públicos y privados de la capital de Antioquia.Hay que recordar que esta decisión judicial llega luego de que se responsabilizara a la Nación y a las EPS intervenidas por la crisis del sistema de salud, bajo el argumento de que la falta de recursos ha puesto en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.Según recoge la demanda, muchos hospitales en Medellín están recibiendo apenas una fracción de los recursos que se les adeudan por los servicios prestados. Esto ha generado una crisis de liquidez extrema, como en el caso del Hospital General de Medellín, al que se le adeudan cerca de 200.000 millones de pesos.
Cerca de 400 policías participaron en un operativo de seguridad adelantado en el barrio 7 de Agosto, en el centro-occidente de Bogotá, una zona que ha sido señalada por las autoridades como punto crítico por la presencia de actividades delincuenciales.La intervención estuvo acompañada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y dejó como resultado tres capturas en flagrancia, el cierre temporal de siete establecimientos comerciales y la incautación de armas y municiones, entre otros objetos.El operativo se concentró principalmente en pagadiarios y comercios del sector, espacios que, según las autoridades, han sido utilizados por estructuras criminales para esconder armas, municiones y vehículos robados, así como para ejercer control sobre personas vulnerables.De acuerdo con el balance entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, durante la jornada fueron identificadas y registradas 1.800 personas y verificados 476 vehículos que transitaban por la zona. Además, se realizaron tres capturas en flagrancia: una por porte ilegal de armas y municiones, y dos más por el delito de falsedad marcaria.En el procedimiento también se incautó un arma traumática, 13 cartuchos calibre 38 y seis cartuchos calibre 12, y se logró recuperar una motocicleta que había sido hurtada días atrás. Adicionalmente, se impusieron seis comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito y se ordenó la suspensión temporal de la actividad económica de siete establecimientos que no cumplían con los requisitos legales para su funcionamiento.El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que este tipo de intervenciones buscan recuperar zonas afectadas por la delincuencia y garantizar la seguridad de quienes viven y trabajan allí. “La apuesta aquí es proteger estas zonas y garantizar que podamos proteger a la comunidad donde, infortunadamente, se cuelan esos delincuentes y buscan desarrollar sus actividades criminales”, afirmó.Galán explicó que estos operativos de gran escala se seguirán realizando en diferentes puntos críticos de la ciudad, de acuerdo con las capacidades de la Policía y las necesidades de seguridad de cada sector. “Es una presencia que requiere la ciudadanía y que nos está pidiendo, y con la Policía estamos logrando impactar estas zonas y garantizar la seguridad de los ciudadanos”.Durante su intervención, el alcalde también insistió en la necesidad de una reforma de fondo al sistema judicial. Señaló que no es razonable que personas capturadas por delitos graves, especialmente aquellos cometidos con armas de fuego, queden en libertad por no tener antecedentes. “Una persona que pone en riesgo la vida de otra con un arma no debería quedar libre. Tiene que haber garantías también para la sociedad”, enfatizó.Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo Flórez, explicó que estos resultados son posibles gracias al refuerzo de pie de fuerza que recibió la Policía Metropolitana de Bogotá a finales de 2025, con la asignación de cerca de mil nuevos uniformados. Según Restrepo, esto ha permitido desplegar operativos más flexibles y focalizados en zonas de alto impacto.Restrepo advirtió que en estos sectores los delincuentes buscan esconder municiones, motos robadas y ejercer control ilegal en pagadiarios. “Estas tareas no solo son de registro y control, sino también de protección a la gente que vive en estas zonas, debilitando a las organizaciones criminales”, concluyó.
El próximo jueves 5 de febrero, Bogotá vivirá su primera jornada de Día sin Carro y sin Moto de 2026, una medida que restringe la movilidad de vehículos particulares entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.Esta iniciativa, que surge del mandato de la consulta popular del año 2000, busca incentivar medios sostenibles de transporte. La secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz, destacó que para el 70 % de los bogotanos todos los días son días sin carro al usar transporte público o bicicleta, e invitó al resto de la ciudadanía a 'conectarse con la ciudad desde otra perspectiva'.Excepciones para motocicletas de mensajería y domiciliosUna de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos es la operación de los servicios de entrega. Según el decreto distrital, las motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas o establecimientos de comercio que prestan servicios de mensajería y domicilio están exentas de la restricción y podrán circular con normalidad para cumplir sus labores.Además de los domiciliarios, también podrán transitar los vehículos eléctricos, de emergencia, transporte escolar, transporte para personas con discapacidad, vehículos de carga (bajo regulación habitual) y aquellos destinados a servicios públicos domiciliarios.Sanciones y transporte público por Día sin Carro en BogotáQuienes incumplan la medida y transiten en vehículos no autorizados se exponen a una multa de 633.000 pesos y la inmovilización del automotor. Para los usuarios del Pico y Placa Solidario, el Distrito confirmó que se les repondrá el día al final de su periodo adquirido.Para garantizar el desplazamiento, TransMilenio dispondrá de su flota máxima con más de 10.000 buses y 163 cabinas de TransMiCable. "Tendremos disponible toda nuestra capacidad operativa para responder a la demanda", señaló María Fernanda Ortiz, gerente de la entidad. Adicionalmente, estarán habilitados 683 kilómetros de ciclorrutas y más de 37.000 taxis para cubrir las necesidades de movilidad.
La Defensoría del Pueblo destacó el Auto 002 de 2026 proferido por la Corte Constitucional, mediante el cual se exige a las autoridades nacionales y territoriales dar cuenta de las acciones adoptadas para atender los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 017 de 2025, emitida para el municipio de Tibú.Según recordó la Defensoría, dicha alerta temprana advirtió con antelación la configuración de graves escenarios de riesgo para la población civil, derivados, por un lado, del incremento de la confrontación armada entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc, y por otro, de la consolidación del control territorial ejercido por el ELN, a través de la imposición de normas de conducta, restricciones a la movilidad y control de la vida comunitaria.La entidad señaló que estos riesgos se materializaron entre diciembre de 2025 y enero de 2026, periodo en el que se registró un recrudecimiento de la violencia armada y una profundización de la crisis humanitaria en el Catatumbo.Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo alertó el 31 de diciembre de 2025 al Ministerio del Interior que los riesgos señalados en la Alerta Temprana 017 de 2025 se estaban presentando en el territorio, y reiteró la urgencia de implementar el plan de acción recomendado para mitigar las amenazas contra la población civil.“Estas afectaciones fueron constatadas de manera directa por la Defensoría del Pueblo durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero del 2026 en el Catatumbo, en conjunto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, en calidad de Comisión Humanitaria”, indicó la entidad.En ese contexto, la Defensoría resaltó el Auto como un respaldo judicial a las advertencias realizadas y explicó que, mediante esta providencia, la Corte Constitucional requirió al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra, para que informen sobre las medidas adoptadas para proteger a la población y garantizar sus derechos fundamentales.Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional a cumplir de manera estricta lo ordenado por la Corte y exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar de forma inmediata las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones a los derechos de las comunidades del Catatumbo.
Iván Cepeda anunció que, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) niega su inscripción como precandidato en la consulta del Frente por la Vida, interpondrá una acción de tutela. “Llamo a la ciudadanía y a los movimientos sociales a defender nuestra candidatura y los derechos políticos. Convoco a una movilización jurídica y política y, si se anula mi participación, acudiré a la tutela”, dijo desde Cúcuta durante un evento de campaña.La consulta del Pacto Amplio, que ahora se denomina Frente por la Vida a petición del exministro Juan Fernando Cristo (quien aún evalúa si se suma), está conformada por cuatro precandidatos: Camilo Romero, Iván Cepeda, Roy Barreras y Daniel Quintero. Sobre este último persiste un lío jurídico, luego de que la Registraduría rechazara su inscripción. Ante la falta de alternativas legales, se ha planteado que su esposa, Diana Osorio, asuma la candidatura con el respaldo del Partido del Trabajo.En este escenario, queda abierta la puerta para una eventual participación de Juan Fernando Cristo y también suena el nombre de Luis Gilberto Murillo. El exministro del Interior aseguró, a través de su cuenta de X, que las conversaciones avanzan positivamente y que será en la III Asamblea Nacional de En Marcha, prevista para el viernes 30 de enero, cuando informe a los delegados sobre los avances y la decisión que adopte. El plazo para definir su participación vence el próximo 6 de febrero.Cepeda también se pronunció en redes sociales, donde señaló que en esta consulta participarán “para profundizar la democracia y defender la vida, la equidad, la paz, la justicia social y la soberanía nacional”.
Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Nicolás Maduro al manifestar que el venezolano está secuestrado en Estados Unidos desde el 3 de enero, generaron críticas y rechazo de diferentes ámbitos políticos. Para la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez, el mandatario colombiano no solo incurrió en una grave torpeza diplomática, sino que además optó por ponerse “del lado del convicto” en referencia al líder venezolano, investigado por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.En entrevista con Recap Blu, Ramírez cuestionó con dureza el momento y el contenido de las afirmaciones de Petro, justo cuando se acerca una reunión clave con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. A su juicio, el jefe de Estado colombiano estaría buscando quedar bien con Maduro, aun a costa de deteriorar la relación con Washington y de “hacer quedar muy mal a Colombia” en el escenario internacional.“Maduro es un convicto, una persona con procesos abiertos por narcotráfico y conspiración. Y el presidente de Colombia decide ponerse de su lado, no del lado de la justicia”, afirmó la exfuncionaria.Ramírez también aseguró que existen “secretos inconfesables” entre Petro y Maduro, los cuales, según ella, podrían estar relacionados con la financiación de la campaña presidencial. En ese contexto, interpretó las declaraciones del mandatario como un intento de “cuidarse la espalda” frente al régimen venezolano, especialmente ante la posibilidad de que surjan revelaciones ante la justicia norteamericana.La exvicepresidenta también alertó sobre el riesgo de una nueva crisis diplomática, similar a la vivida en enero de 2025, cuando Colombia devolvió aviones con deportados desde Estados Unidos. Según Ramírez, estas provocaciones podrían incluso llevar a la cancelación de la reunión bilateral prevista, pese a que —en su concepto— el propio Petro habría solicitado el encuentro por preocupación sobre su futuro político después de dejar el poder en 2026."Sí creo que podrían eventualmente en Estados Unidos decidir cancelar esa reunión bilateral, que me parece que además la buscó fue el presidente Gustavo Petro, fue él el que pidió una llamada con el presidente Trump", concluyó.
La polémica por la compra de los aviones de combate Gripen volvió a escalar al marco judicial. Un juez ordenó, por segunda vez, que el presidente Gustavo Petro haga pública toda la información relacionada con este contrato, una operación financiada con recursos del Estado y que ha permanecido bajo reserva.La orden judicial responde a una tutela interpuesta por el candidato presidencial David Luna, quien desde diciembre pasado ha insistido en que la ciudadanía tiene derecho a conocer los términos de una de las adquisiciones más costosas en la historia del sector defensa.Aunque el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá ya había ordenado la divulgación del contrato, el Gobierno no acató el fallo, lo que llevó a Luna a solicitar un incidente de desacato para forzar su cumplimiento.En su nuevo pronunciamiento, la justicia fue enfática en señalar que no existe justificación para mantener en secreto un contrato que compromete millonarios recursos públicos. El juez reiteró que el acceso a la información es un principio constitucional y que la reserva no puede utilizarse para limitar el control ciudadano ni el escrutinio democrático sobre decisiones de alto impacto fiscal.Más allá del debate político, el fallo deja un mensaje contundente al Gobierno: las decisiones judiciales deben cumplirse. Ahora, el Gobierno enfrenta la presión de revelar el contrato o asumir las consecuencias legales por desacatar nuevamente una orden de la justicia.
Durante la presentación del informe 'Los impactos de la violencia en la situación de derechos humanos en Colombia', el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para el país, José Luis Caballero, lanzó una de las radiografías más severas sobre la realidad colombiana: el país es el más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo.“Colombia es el país más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo, donde la acumulación de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales han perpetuado la exclusión de grupos históricamente marginados”, aseguró el presidente.Según la Comisión, la extrema concentración de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales históricas han perpetuado la exclusión de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas, así como de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y víctimas del desplazamiento forzado.El informe advierte que una de las particularidades de la desigualdad en Colombia es que las acciones del Estado no logran modificar de manera significativa la distribución del ingreso.“Los bajos niveles de recaudación y la distribución del gasto tienen como contrapartida una limitada inversión social, lo que impacta directamente en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”, subrayó.El informe también cuestiona que la respuesta estatal haya priorizado durante años la persecución militar y judicial de los grupos armados, sin una presencia integral y sostenida del Estado en los territorios.“Esta ausencia prolongada del Estado en diversas regiones del país permitió la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales que ejercen control sobre la cotidianidad de las comunidades”, señaló.Según la CIDH, uno de los efectos más graves de este escenario es la violencia sistemática contra personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales, comunitarios y periodistas.“Los ataques en contra de estas personas revelan un patrón sostenido que incluye homicidios, amenazas, desplazamientos forzados y otras violaciones. Todas estos procesos van degradando a nivel local el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática”, aseguró.El informe también señala la responsabilidad del Estado en la perpetuación de este orden violento, especialmente a través de políticas de seguridad asociadas a la “guerra contra las drogas”."Con el objeto de contrarrestar el narcotráfico y las economías ilegales, las políticas de seguridad del Estado, impulsadas por el Plan Colombia, se concentraron en la represión militar y las aspersiones con glifosato. Esta estrategia derivó en la relación de la fuerza pública con grupos paramilitares, masacres, los “falsos positivos”, entre otras acciones que impactaron de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, agravando la pobreza y los desplazamientos forzados”, agregó.Frente a este panorama, la CIDH advierte en que si bien el acuerdo de paz abrió una oportunidad histórica para transformar estas raíces, “los avances muestran un progreso desigual, marcado por demoras significativas en componentes clave como la Reforma Rural Integral, el Capítulo Étnico y el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”.
Luego de conocerse el atentado contra el senador Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus escoltas que se movilizaban en la camioneta del congresista, el Gobierno reaccionó. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de se cuenta de X que se ofrecen hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables de este ataque ocurrido en Arauca."Toda la fuerza pública disponible está adelantando operaciones para rescatar con vida a los 4 integrantes de su equipo de trabajo quienes se transportaban en un Volkswagen Amarok blanco, de platón, placas THZ-973", agregó el ministro.Vale recordar que en Arauca, donde ocurrió el atentado, tiene una fuerte presencia la guerrilla del ELN, pero las autoridades no se han pronunciado aún sobre los autores del ataque.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti informó que otra camioneta del esquema de seguridad de Castellanos, quien está haciendo campaña para volver a ser elegido senador, desapareció durante el ataque."Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él. Él se encuentra en Yopal (capital del departamento de Casanare). El atentado sucedió con una caravana que venía de Norte de Santander para encontrarse con él", precisó el ministro.El miércoles pasado, Human Rights Watch (HRW) advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas de este año se vio "empañado" por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay.Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.Igualmente, en agosto pasado el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, sufrió un atentado del que salió ileso cuando desconocidos atacaron a tiros su vehículo, que recibió ocho impactos de bala, en el departamento sureño del Huila.
La Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, se pronunció frente al informe de la Contraloría General de la República que advirtió un presunto daño fiscal por 4.037 millones de pesos, derivado del uso de recursos para adecuar una planta privada de almacenamiento, secado y trilla de arroz en el corregimiento de Valencia, en Valledupar, Cesar.El principal punto de diferencia entre ambas partes está en la naturaleza de los recursos. Mientras la Contraloría sostiene que los dineros del contingente arancelario COL RICE tienen carácter público y, por tanto, no podían destinarse a bienes privados, Fedearroz afirmó que estos recursos no hacen parte del Fondo Nacional del Arroz y que corresponden a ingresos privados provenientes de subastas realizadas en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.“Así las cosas, los dineros que la federación percibe por su participación en esta sociedad extranjera, son privados y han sido invertidos en varios proyectos en beneficio de los agricultores, los cuales para su ejecución han tenido en todos los casos el aval del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, se lee en el documento.El gremio defendió que la inversión en infraestructura como la planta de Valencia beneficia directamente a los productores y no genera un provecho particular para la Federación. En este sentido, Fedearroz aseguró que la operación y mantenimiento de la infraestructura han sido asumidos completamente por la federación como parte de su labor gremial.Frente al señalamiento de la Contraloría sobre un posible incremento patrimonial injustificado, Fedearroz respondió que la planta fue construida inicialmente con recursos propios en 2016 y que algunos equipos fueron entregados por el Ministerio de Agricultura en comodato, es decir, un contrato gratuito mediante el cual una parte entrega a otra un bien mueble o inmueble para que haga uso de él durante un tiempo o para un fin específico.Otro punto clave de la respuesta es el estado del proceso. Fedearroz recalcó que los hallazgos no están en firme y hacen parte de una etapa preliminar que aún permite contradicción y defensa. Por ello, anunció que sustentará técnica y jurídicamente su actuación ante el organismo de control, al considerar que existe una diferencia de interpretación sobre la naturaleza de los recursos.En cuanto a las observaciones administrativas adicionales, como fallas en supervisión contractual o actualización de pólizas, el gremio indicó que ya adoptó correctivos internos, varios de los cuales fueron reconocidos por la Contraloría como beneficios del proceso auditor.
El presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Defensa y demás autoridades ubicar a los cuatro integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos quienes se movilizaban en un vehículo Volkswagen Amarok y de quienes no se tiene información tras el atentado en Arauca.“Se le brindará todo el apoyo en materia de seguridad para proteger la vida del congresista y su equipo de trabajo”, dijo Petro tras conversar con el congresista.En conversación con Blu Radio, el director de la UNP aseguró que, según información, preliminar dos personas habrían resultado muertas, pero de ellos, solo uno sería miembro de la entidad. Las autoridades no han llegado a la zona porque es de difícil acceso y el senador no se encontraba al interior del vehículo al momento del ataque.Por ahora, la UNP espera información oficial, pero el vehículo asignado al legislador quedó en pérdida total. Su esquema será reemplazado y de ser necesario tendrá un reforzamiento tras una evaluación del riesgo.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que ya estableció contacto con Castellanos y que se encuentra bien, pero conmovido por el asesinato de varios integrantes de su esquema de seguridad. "Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él (...) Vamos a estar al frente de todas las investigaciones posibles de qué se trata esto", dijo.
El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró en entrevista en Mañanas Blu 10:30 que el contexto regional, especialmente tras los recientes cambios políticos en Venezuela, abre un escenario más favorable para enfrentar a los grupos armados ilegales que operan entre ambos países, sin que ello implique —según explicó— un giro radical en la estrategia de paz total del Gobierno nacional.Patiño respondió a las críticas que surgieron luego de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, encuentro tras el cual se anunciaron capturas contra cabecillas como alias ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo; ‘Pablito’, del ELN, e ‘Iván Mordisco’, del Estado Mayor Central. Para algunos sectores, estas acciones marcarían un viraje hacia una política de seguridad más dura. Sin embargo, el comisionado fue enfático en que “no hay un cambio de rumbo”, sino una reafirmación de la lucha contra el narcotráfico compatible con los procesos de paz en curso.“Ha habido desinformación al señalar que el Gobierno frenó la ofensiva contra el narcotráfico por los diálogos. Por el contrario, la reunión con Estados Unidos fue una oportunidad para ratificar que esta política sigue siendo prioritaria y que se puede fortalecer con cooperación internacional”, explicó Patiño.Uno de los puntos de mayor tensión recientes fue la suspensión del diálogo con el Clan del Golfo, tras el anuncio de una orden de captura contra su máximo jefe. El comisionado atribuyó el episodio a un malentendido sobre las zonas de ubicación temporal y aseguró que ya se trabaja en superar el impasse. “Los comandantes están dando instrucciones para una concentración gradual de sus estructuras. Eso muestra que el proceso sigue avanzando”, afirmó.Sobre las extradiciones, Patiño recordó que durante el actual gobierno se han autorizado más que en administraciones anteriores y que solo se suspenden cuando hay negociaciones avanzadas que así lo ameritan. “No hay contradicción entre la política de paz y la lucha contra el narcotráfico. Son complementarias”, sostuvo.El funcionario también se refirió al escenario venezolano como un factor clave. Según dijo, la salida de Nicolás Maduro del poder y los acercamientos del nuevo gobierno con Estados Unidos cambian sustancialmente el panorama para Colombia. “Antes, muchos grupos armados se movían con facilidad en territorio venezolano y encontraban protección política. Hoy el contexto es distinto. Es un panorama más favorable para combatirlos y para avanzar en negociaciones desde una posición más sólida”, afirmó.Patiño subrayó que la paz total no es un proyecto de corto plazo ni condicionado al calendario electoral, sino una apuesta de largo aliento que combina presión institucional, diálogo y transformación territorial. “Con quienes se levantan de la mesa, debe haber ofensiva. Con quienes avanzan en procesos serios, debemos consolidar rutas hacia la dejación de armas y la vida civil”, concluyó.En medio del debate por la seguridad y el rumbo del Gobierno, el comisionado insistió en que el país no está ante un giro improvisado, sino frente a una estrategia que busca equilibrar autoridad del Estado y salidas negociadas al conflicto, ahora con un entorno regional que, según dijo, juega a favor.
El Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, emitió el primer pronunciamiento tras el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en Arauca. El funcionario confirmó el asesinato de varios escoltas y anunció el inicio de investigaciones urgentes para esclarecer el ataque ocurrido en el municipio de Fortul.El ataque armado se registró este jueves cuando una caravana de vehículos oficiales se desplazaba desde Norte de Santander con destino a Yopal, Casanare. Según el reporte oficial, el grupo tenía como objetivo encontrarse con el congresista Castellanos en la capital casanareña. Durante el trayecto por el departamento de Arauca, los vehículos fueron interceptados y atacados, dejando un saldo trágico.El ministro Benedetti confirmó que logró comunicarse directamente con el legislador tras los hechos. "Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos, él está bien, pero estaba profundamente conmovido, llorando por la muerte de sus escoltas", relató el titular de la cartera política. Además, el ministro reveló que la situación de orden público es compleja, pues todavía "hay una camioneta que está perdida" y no ha sido localizada tras la emboscada.Medidas de seguridad y estado actual del senador CastellanosA pesar del impacto contra su equipo de protección, el senador Jairo Castellanos se encuentra a salvo en Yopal. Fuentes cercanas a su despacho indicaron que el congresista esperaba la llegada de los vehículos atacados para continuar con su agenda regional. La preocupación del Ejecutivo se centra ahora en el paradero de los funcionarios que aún no han sido reportados y en el refuerzo de la seguridad del parlamentario."La Policía y el Gobierno garantizarán su seguridad y adelantarán todas las investigaciones posibles para dar con los autores de este hecho", enfatizó Benedetti. El Ministerio del Interior y la Fuerza Pública mantienen el monitoreo en la zona para determinar la autoría del atentado y recuperar el vehículo desaparecido.
Hombres fuertemente armados irrumpieron en el centro de salud local y se llevaron por la fuerza a un médico y una enfermera con rumbo desconocido. Según las Fuerzas Militares, este hecho ocurrió en una zona cercana al campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que recientemente fue blanco de una operación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.La inteligencia militar sostiene que el rapto de los profesionales de la salud tiene como fin exclusivo brindar asistencia médica a los combatientes afectados por las detonaciones. El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó la situación y calificó el acto como un secuestro preventivo por parte del grupo armado.Estado de salud de los guerrilleros del ELN tras el bombardeoEl operativo militar contra la estructura del ELN dejó un saldo inicial de siete muertos en combate, cuyos cuerpos ya se encuentran en Medicina Legal. No obstante, el reporte oficial estima que entre 20 y 25 integrantes de la organización resultaron afectados, de los cuales entre 12 y 15 habrían sido extraídos por sus propios compañeros tras quedar heridos.Información recopilada por inteligencia militar sugiere que dentro del grupo de lesionados se encuentra un cabecilla de la estructura. Las autoridades indican que este jefe guerrillero habría perdido su pierna derecha como consecuencia del impacto de las bombas lanzadas durante la operación aérea.Por ahora, el Ejército mantiene la vigilancia en la zona para intentar dar con el paradero del personal civil y garantizar su liberación, mientras se evalúan los daños definitivos en la capacidad logística del grupo ilegal en el norte del departamento.
Un violento ataque armado se registró en las últimas horas en el departamento de Arauca, donde fueron asesinados dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes hacían parte del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos del partido ASI.El hecho ocurrió en inmediaciones del municipio de Fortul, cuando las víctimas se movilizaban en un vehículo oficial que fue interceptado y atacado con armas de fuego.Blu Radio supo, a través de uno de los asesores que acompaña al congresista, que este se encuentra a salvo en Yopal y que, al momento del ataque, esperaba la llegada del esquema de seguridad que posteriormente fue atacado.Así quedó el carro tras el atentado en AraucaImágenes que circularon tras el atentado evidencian la gravedad del ataque, con el automotor impactado por múltiples disparos, lo que da cuenta de la intensidad de la acción criminal.El vehículo en el que se movilizaban era una Toyota Land Cruiser Prado, la cual terminó con múltiples impactos de bala, las llantas pinchadas y varias ventanas rotas.En imágenes y videos publicados en redes sociales se observan múltiples impactos de bala en la carrocería, especialmente en las puertas laterales y la parte trasera, así como los vidrios completamente destruidos, con fragmentos esparcidos en el interior y el exterior del vehículo. El puerta trasera aparece abierta y deformada, lo que evidencia la violencia del ataque.El automotor quedó detenido a un costado de la vía, con rastros visibles de la acción armada en el asfalto y la estructura del vehículo. Augusto Rodríguez, director de la UNP, confirmó que el ataque fue ejecutado por una estructura criminal cuya identidad aún no ha sido establecida y que las autoridades avanzan en la recolección de datos para determinar con claridad lo sucedido.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que logró comunicarse con el senador, quien le expresó encontrarse profundamente afectado por lo ocurrido y, según relató, rompió en llanto durante la conversación.Asimismo, Benedetti confirmó que el vehículo atacado hacía parte de una caravana que se desplazaba desde Norte de Santander hacia Yopal para reunirse con el congresista. De igual manera, el ministro informó que otro automotor que integraba esa caravana permanece desaparecido: "hay una camioneta que está perdida" y no ha sido localizada tras la emboscada.
Este jueves fue atacado un vehículo del esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos en Fortul, en el departamento de Arauca. Al parecer, según se ha podido conocer, dos de sus escoltas fueron asesinados.Blu Radio conoció, de la voz de uno los asesores que acompaña al congresista esta tarde, que este se encuentra a salvo en Yopal y precisamente estaba a la espera de la llegada del esquema de seguridad que fue atacado.El ministro del Interior, Armando Benedetti, pudo hablar con el senador, quien le manifestó estar muy afectado, incluso, estaba llorando al momento de la llamada.A su vez, Benedetti confirmó que el carro atacado venía en una caravana desde Norte de Santander hacia Yopal para encontrarse con el senador.También reveló el ministro que otro vehículo que hacía parte de la caravana se encuentra perdido."He hablado con el senador Jairo Castellanos tras el atentado que sufrió una de las camionetas de su esquema de seguridad. Él está bien, pero profundamente conmovido por el cruel asesinato de miembros de su esquema. La Policía y el Gobierno garantizarán su seguridad y adelantarán todas las investigaciones posibles para dar con los autores de este hecho", escribió en su cuenta de X el ministro Benedetti.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
El invierno dejó de ser una advertencia y pasó a convertirse en una emergencia de alcance departamental. Las autoridades del Tolima declararon alerta general ante el recrudecimiento de la temporada de lluvias, luego de confirmar que el 100 % del territorio presenta algún tipo de afectación , con deslizamientos, desbordamientos de ríos, vías colapsadas y comunidades en riesgo.La decisión se adoptó tras un consejo extraordinario de gestión del riesgo, liderado por la gobernadora Adriana Magali Matiz, luego de una semana marcada por precipitaciones persistentes y atípicas. Según el balance oficial, el departamento pasó de tener cerca del 80 % de sus municipios afectados a un escenario de impacto total, lo que obligó a activar un monitoreo permanente y medidas de respuesta inmediata.Actualmente, 22 municipios se encuentran en alerta naranja por amenaza de deslizamientos, mientras que nueve están en alerta roja , el nivel más alto de riesgo. Estos son: Anzoátegui, Ataco, Chaparral, Planadas, Prado, Purificación, Mariquita, Santa Isabel y Venadillo.Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima, explicó que la declaratoria no es un trámite administrativo, sino una fase de reacción activa ante la magnitud de la emergencia.“Desde la Gobernación del Tolima estamos realizando un monitoreo permanente y una respuesta acorde a la actual temporada de lluvias. En las últimas horas, a través de nuestro centro de monitoreo y la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, hemos atendido emergencias en varios municipios”, señaló la funcionaria en diálogo con Blu Radio.Mayorquín detalló que en Dolores se reportó una vivienda afectada en el casco urbano. En Villahermosa , un deslizamiento bloqueó la vía que conduce a la vereda Yarumal; y en Ataco , se presentó un hundimiento de terreno en la carretera hacia la vereda La Reforma.“Tenemos 22 municipios en alerta naranja y nueve en alerta roja por deslizamientos. En estos territorios el riesgo es alto y se requiere máxima precaución por parte de la comunidad”, recalcó.Las autoridades advirtieron que, de continuar las lluvias con la misma intensidad, no se descartan evacuaciones preventivas , especialmente en zonas rurales y sectores cercanos a ríos y laderas inestables. El llamado a la ciudadanía es a evitar transitar por vías afectadas, no intentar cruzar ríos crecidos y mantenerse atentos a la información oficial.La emergencia invernal también tuvo impacto en otros frentes abordados durante el consejo. En materia de salud pública , se reforzó el cerco epidemiológico contra la fiebre amarilla y se anunció una estrategia para aliviar la crisis en la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS. Entre las medidas está la habilitación del Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima, como punto alterno, con el fin de evitar largas filas a la intemperie en medio de las lluvias.Mientras tanto, los organismos de socorro permanecen en alistamiento permanente y el departamento continúa bajo vigilancia diaria, en un invierno que ya dejó de ser estacional para convertirse en una amenaza constante.