El presidente Gustavo Petro, afirmó este miércoles que su país importará gas venezolano a un menor precio, en un contexto en el que Venezuela ha dado indicios de apertura al capital extranjero por la venta de crudo."Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato", expresó Petro durante un acto de Gobierno en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima.El Parlamento venezolano aprobó hace dos semanas una reforma a la ley de hidrocarburos que abre el sector a la inversión privada y extranjera, después de años de control estatal.El pasado 21 de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, estimó que los ingresos venezolanos por venta de crudo aumentarán "en un 37 %" este 2026 y ha anunciado la creación de dos fondos soberanos para el manejo del dinero, que, anticipó, contarán con un mecanismo de transparencia.Petro dijo el pasado 3 de febrero que en la reunión de ese día en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó la posibilidad de que Ecopetrol participe en la reactivación económica de Venezuela.Según Petro, en ese proyecto Colombia "puede ayudar mucho" porque hace unos meses tuvo contactos energéticos con Venezuela y tras los cambios en ese país luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, "Estados Unidos vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol" participe.El presidente explicó entonces que el plan contempla el uso de energía eléctrica limpia producida en Colombia, así como la reactivación de gasoductos, oleoductos y conexiones eléctricas ya construidas, que permitirían impulsar sectores como el gas, el petróleo y la industria de fertilizantes en alianza con empresas venezolanas, entre ellas la petroquímica Monómeros.En 2007, Colombia y Venezuela acordaron, por medio de las estatales Ecopetrol y PDVSA, la compraventa y transporte de gas natural a través del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte Antonio Ricaurte, infraestructura que salió de operación en 2015.
Ante el anuncio de la Universidad Nacional de estar adecuando un osario en la capilla Cristo Maestro del campus en Bogotá para alojar los restos óseos que serían de Camilo Torres, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó nuevos detalles investigaciones insistiendo en que, por ahora, no están los resultados definitivos.“En este momento continuamos a la espera de los resultados de los últimos análisis para que el equipo forense de la Unidad de Búsqueda pueda emitir el informe integral de identificación y el reporte de lo acaecido”, reiteraron.En esa línea, la Unidad recordó que la investigación en esa entidad inició en 2019 tras la recibir una solicitud formal por parte del sacerdote jesuita Javier Giraldo, cofundador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y uno de los investigadores claves del legado de Camilo Torres.Desde ese momento, tras la recolección de varias pruebas y testimonios, dieron con la localización de un punto en Bucaramanga donde estarían los restos.“El 19 de junio de 2024 se llevó a cabo la recuperación de un cuerpo que, según indicios asociados y morfológicos como edad, sexo biológico, talla, contextura y signos de trauma violento, podría corresponder al sacerdote desaparecido”, agregó la Unidad.Cabe recordar que el padre murió el 15 de febrero de 1966, meses después de haberse sumado al ELN. Esto ocurrió en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander.Desde ese momento, la información que se tenía es que los militares se habían quedado con su cuerpo; sin embargo, a finales del pasado mes de enero luego de un comunicado del ELN, la Unidad de Búsqueda así como Medicina Legal, informaron el hallazgo.Este miércoles, la entidad reveló además que el equipo conformado por investigadores humanitarios, médicos forenses, antropólogos, odontólogos y genetistas, han adelantado múltiples estudios y recuperado pruebas.“Es así como la inspección inicial practicada al cuerpo de Camilo Torres Restrepo, tras su fallecimiento en el año 1966, describe lesiones que coinciden con traumatismos óseos identificados en las estructuras recuperadas por el equipo forense de la Unidad de Búsqueda”, detalló la entidad en un comunicado.Así mismo, la Unidad aseguró que ha cotejado muestras óseas con material genético del cuerpo que sería de Torres con el de otros de sus familiares, también exhumados por la entidad en diciembre del 2024.Para esto han contando con el apoyo de varios laboratorios genéticos, uno de ellos ubicado en Estados Unidos, así como de Medicina Legal.Con estos avances y mientras se esperan los resultados definitivos, la Unidad insistió en que la disposición final de los restos, si se confirma plenamente su identidad, será definida por la persona que solicitó adelantar su búsqueda.“Contar con el informe final integral de identificación es una condición ineludible para avanzar en el proceso de entrega digna y culturalmente pertinente del padre Camilo Torres Restrepo a su buscador, quien según los protocolos de la entidad es la única persona que puede tomar la decisión de la disposición final del cuerpo”, puntualizaron.
En medio de la crítica al Gobierno del presidente Gustavo Petro, Juan Manuel Galán sorprendió al mencionar el nombre del único funcionario que, a su juicio, se salva de la actual administración. “Me parece que es honesto, que es íntegro”, dijo en entrevista con Recap Blu, antes de revelar el nombre: Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). “Es un tipo decente, honesto, que le puso la cara a un tema muy complicado y ha sostenido la caña a pesar de la guerra que le han hecho”, agregó.Vale recordar que Carrillo asumió la dirección de la UNGRD luego del escándalo de corrupción que se destapó en el país por cuenta de la carrotanques en La Guajira, que llevaron a juicio a su exdirector Olmedo López y el exsubdirecdor Sneyder Pinilla.Calificación al Gobierno PetroAunque Carrillo se salva en esta administración, Galán dio una muy baja calificación al Gobierno Petro. Cuando se le pidió ponerle una nota de 1 a 10, fue contundente: “Insuficiente en todo”. Incluso evitó asignar un número específico y reiteró que, en su concepto, la administración actual está “rajada”. En ese sentido, cuestionó la alta rotación de ministros, los cambios en manuales de funciones para nombramientos y las dificultades en la política exterior, mencionando como ejemplo la situación de la Cancillería.Más allá de la crítica, Galán planteó lo que sería su apuesta si llega a la Presidencia: reducir el poder del Gobierno central y transferir mayor autonomía a las regiones. Propuso avanzar en un modelo de regionalización que permita a las regiones ejecutar macroproyectos ambientales, de infraestructura y seguridad. Defendió que las regiones puedan consolidarse como verdaderas entidades territoriales con capacidad de gestión.¿Qué cambiaría del país?El dirigente también señaló uno de los problemas estructurales del país: el sistema de financiamiento de la política. A su juicio, mientras no se reforme la manera en que se financian partidos y campañas, cada Gobierno seguirá llegando con sus propios contratistas, desmontando lo anterior y dejando obras inconclusas o “elefantes blancos”, como lo ha advertido la Contraloría.Sobre gobernabilidad, Galán aseguró que buscaría acuerdos amplios en el Congreso, incluso con sectores ideológicamente distintos. Destacó que durante su paso por el Legislativo logró sacar adelante 17 leyes mediante consensos, entre ellas la ley de enfermedades huérfanas, la regulación del cannabis medicinal y la norma que facilita el acceso gratuito al software lector de pantalla JAWS para personas con discapacidad visual. “Colombia necesita un verdadero acuerdo nacional”, concluyó el precandidato de la Gran Consulta por Colombia.
La Corte Constitucional pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz y de Justicia y Paz trabajar de manera articulada para evitar nuevas confusiones o problemas de competencias con los exparamilitares que se acogen a cualquiera de los sistemas.Esto llega luego de la controversia generada en noviembre de 2023, cuando el exparamilitar Salvatore Mancuso fue admitido en la JEP bajo el término de “bisagra” al considerarse un enlace clave para comprender cómo operaron las alianzas ilegales entre los grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.La admisión generó todo un debate jurídico e incluso tensión entre ambas jurisdicciones pues Mancuso, tras su regreso a Colombia desde Estados Unidos en febrero de 2024, aún tenía cuentas pendientes con Justicia y Paz y de este dependió, inicialmente, si podía quedar en libertad condicionada o no.Para la Corte, tanto la JEP como Justicia y Paz deben implementar un mecanismo efectivo de articulación y colaboración armónica que les permita compartir hallazgos, coordinar actuaciones y avanzar de manera conjunta en el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en este tipo de casos.“Por esta razón, la Corporación exhortó a las autoridades judiciales de la JEP y de Justicia y Paz a que diseñen e implementen un mecanismo de articulación efectivo de colaboración armónica y comunicación permanente que les permita aprovechar recíprocamente sus respectivos hallazgos y avances”, dice el comunicado.El pedido llega en medio de la decisión del alto tribunal de no emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la interpretación “bisagra” al considerar que el debate dejó de tener vigencia tras la emisión del auto 1319 de 2024, el cual determinó que el procesamiento de un comandante paramilitar correspondía a la jurisdicción de Justicia y Paz y no a la JEP desapareciendo así el término “bisagra” como criterio válido.La discusión se generó también luego de una demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Carlos Salazar, Julio César Prieto, Rafael Alfredo Colón Torres y Pablo Emilio Romero cuestionando la inclusión de comandantes paramilitares en la JEP bajo el argumento de que actuaron materialmente incorporados a la fuerza pública.Los demandantes insistieron en que este tipo de admisiones equiparaba el tratamiento que se le daba a los grupos ilegales con el dado a los miembros de la fuerza pública y superaba los límites fijados por la norma que creó la JEP y detalló su funcionamiento.
El francés Camilo Castro pasó un "calvario" de cinco meses en una cárcel de Venezuela, donde fue acusado de espía y estuvo constantemente amenazado de tortura por sus "vampiros" carceleros.En libertad desde noviembre, este profesor de yoga de 41 años cuenta a la AFP ese tiempo "de asco, odio y rencor", pero "también de amor, de esperanza, de compasión con todo un pueblo"."Hoy estoy bien, pero mañana no. Puede ser que en 30 segundos me ponga a llorar. Resisto gracias a la meditación, al amor de mis amigos y de mi familia", dice desde la periferia de París.Decidió hablar para tratar de ayudar a "los cientos de venezolanos que aún están presos".La Corte Penal Internacional investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que Naciones Unidas ha denunciado "detenciones arbitrarias" y casos de "torturas y desapariciones forzada".Maduro fue depuesto el 3 de enero durante una incursión militar de Estados Unidos. Delcy Rodríguez heredó el poder y, bajo presión de Washington, impulsa una amnistía general que abarque los 27 años de la era chavista.¿Cómo terminó encarcelado en Venezuela?En 2025, Camilo Castro vivía en Colombia. Intentó renovar su visa de estadía saliendo del país para luego volver a ingresar. Llegó a la frontera con Venezuela "el 26 de junio al amanecer" y quedó detenido. "Comenzó el calvario"."Hombres encapuchados" lo llevaron en auto a Maracaibo (oeste). "Me metieron en un subsuelo, una cárcel construida en un estacionamiento. Pasé allí toda la noche, entre paredes llenas de humedad, baños en un estado lamentable con montones de cucarachas, heces acumuladas durante meses", describe.Nota que hay "muchas manchas de sangre en las paredes", además de una mesa "con diferentes objetos de tortura, botellas de agua, trapos, bolsas plásticas, gas lacrimógeno, insecticida"."Al día siguiente me someten a interrogatorio con un agente de la DGCIM (contrainteligencia militar) que me impresiona mucho. Me dice que no se cree el cuento del profesor de yoga que vive en Colombia. Me dice que voy a pasar muchos años preso, que soy un espía", refiere."Me dice que tiene la forma de 'abrirme' y que le pagan para eso", narra Castro, a quien rociaron escopolamina, una sustancia utilizada para la sumisión química.Luego, es trasladado por carretera hasta la sede de la DGCIM en Caracas.Allí queda detenido "en un sótano, en el piso. Esposado y encapuchado" todo el tiempo. Al cabo de cinco días le ofrecen "salir al sol". Es "uno de los más hermosos recuerdos de mi vida", afirma.Pero la tregua apenas dura un instante. Enviado a la cárcel del Rodeo 1, a las afueras de Caracas, donde hay decenas de detenidos políticos y muchos extranjeros, al principio siente alivio porque no mandan los criminales."'Aquí todos somos como tú, a todos nos secuestraron, sabemos por lo que acabas de pasar, nadie te va a hacer daño, aquí no hay delincuentes'", le dice uno de los presos.Cómo es vivir en una cárcel venezolanaEl día a día es difícil, con poca comida y enfermedades. "Todo el tiempo teníamos diarrea, infecciones en la garganta y en los pulmones. No teníamos baños (sino un hueco en el piso) y nos daban agua solo dos veces al día. Permanentemente había un olor que no se iba", recuerda.Castro dice que entró en un "mundo del absurdo" en el que la música folklórica venezolana sonaba "a volumen muy alto" y varias veces a la semana se difundía propaganda de inspiración socialista durante dos y hasta cinco horas."Muy a menudo nos humillaban en la noche. Nos sacaban a todos en fila india, esposados y con capucha. Nos insultaban", evoca Castro.Los interrogatorios, las consultas médicas, los "falsos juicios", todo se hacía de noche."Son verdaderos vampiros. Lo hacen para quebrarnos (...) nunca se puede descansar de verdad". "Se pierde toda noción de libertad, de responsabilidad, de autonomía. Te deshumanizan", reflexiona.De qué se le acusaba al francésDurante los simulacros de juicio, "un juez que parecía un vendedor de drogas" lo acusa de "terrorismo", de ser "agente de la CIA, de la DEA" y de colaborar con conspiradores.También fue sometido a interrogatorios con polígrafo en los que le repetían "las mismas cuatro preguntas durante horas".Y constantemente pesaba sobre él el riesgo de ser "castigado" en el cuarto piso, donde los presos eran "esposados, a menudo desnudados, no había colchonetas, había que dormir en el piso"."En esas celdas de castigo, muchas veces se torturaba a la gente", con palizas. Se les aplicaba "asfixia con gases lacrimógenos" o con insecticida en una bolsa plástica en la cabeza, en medio de "risas y humillaciones verbales", refiere Castro."Otra penitencia posible era la intubación forzada (por la boca) con el pretexto de alimentarte. Tubos en la nariz, en el ano... Soldados y también los directores participaban con un cierto placer en esas torturas", relata.En un momento, Castro quiso protestar para que le permitieran tener los libros que le ofrecía el consulado de Francia. Pero el consejo de otro hombre que llevaba 20 años preso le hizo cambiar de opinión. "Me dijo: 'Te van a torturar. En un minuto te destruyen el cuerpo, y en cinco minutos destruyen la existencia. Olvídate de los libros, están escritos, podrás leerlos un día. Sé inteligente'".Camilo Castro ha pedido ser reconocido como víctima en Francia. Pero dice también que quiere volver a Venezuela, lugar del cual tiene "evidentemente, malos recuerdos", pero al cual ya quedó "unido".
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, arribó este martes a Washington para una nueva visita oficial al presidente de EE.UU., Donald Trump, y arrancó la agenda con una reunión con los enviados especiales para temas de medio oriente.Durante el encuentro, el primer ministro y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner abordaron diversos asuntos regionales de interés común, de acuerdo con su oficina de prensa.Asimismo, intercambiaron impresiones sobre la primera ronda de negociaciones que los emisarios estadounidenses mantuvieron con Irán el viernes pasado, agregó la misma fuente.El encuentro sucedió luego de que Netanyahu llegara a la Blair House, la residencia para invitados del presidente de Estados Unidos, custodiado por una gran cantidad de elementos del servicio secreto.Previo a su llegada a Estados Unidos, Netanyahu advirtió que le presentará a Trump la perspectiva de Israel "sobre las bases de las negociaciones, principios importantes" que, en su opinión, "lo son no solo para Israel sino para todos los que en el mundo desean la paz y la seguridad en Oriente Medio".Israel quiere que Irán acceda no solo a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y finalice cualquier apoyo con milicias en la región como Hizbulá.Irán rechaza estas exigencias y dice solo estar dispuesto a ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones.Esta tarde, Trump dijo que Irán quiere "un acuerdo" en materia nuclear y de lo contrario sería algo "tonto", cuando fue consultado sobre el tema en una entrevista exclusiva con la cadena Fox.El mandatario destacó la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico como un factor de presión sobre Teherán y que hay una "enorme flotilla" en camino a la región.El portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque llegaron a la región del Golfo Pérsico el 26 de enero de 2026, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).La Administración estadounidense describió el despliegue como una medida de "vigilancia y disuasión" frente a posibles acciones de Irán y señaló que se evalúa el envío de un segundo portaaviones si las negociaciones nucleares con Teherán no avanzan.
Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a un sospechoso para interrogarlo en relación con la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, después de que el FBI difundiera nuevos videos de vigilancia del exterior de su vivienda.El Departamento de Policía del Condado de Pima, con la ayuda del FBI, detuvo a un individuo para interrogarlo en relación con el secuestro de Nancy Guthrie, según declararon oficiales a medios locales.De acuerdo con un funcionario citado por ABC, el individuo fue detenido en un lugar al sur de Tucson, y las autoridades se preparan para realizar un registro en un sitio asociado con el sospechoso, como parte de las diligencias en curso.El avance en el caso se produjo tras la publicación de las primeras imágenes de vigilancia, que muestran a un hombre enmascarado acercándose a la puerta principal de la vivienda de Guthrie, mientras los investigadores continuaban las labores de búsqueda en el vecindario.Este lunes se vencía un supuesto plazo para que la familia de la periodista pagara seis millones de dólares en bitcóin por la liberación de su madre, que fue exigida en una nota enviada a una televisora local pero sin prueba de vida de la mujer.Guthrie fue vista por última vez por sus familiares la noche del sábado 31 de enero después de cenar en casa de una de sus hijas. La puerta del garaje se abrió a las 21:48 (4:48 GMT del domingo) y se cerró dos minutos después.En la madrugada del domingo, aproximadamente a las 1:47 (8:47 GMT), la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. A las 2:12 hora local (9:12 GMT) un software detectó a una persona en la cámara, pero no había video disponible, explicó el alguacil Nanos la semana pasada. A las 2:28 hora de Tucson (9:28 GMT), la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.La familia supo de la desaparición de la mujer después de recibir un reporte de que no asistió a la iglesia la mañana del domingo, como acostumbraba a hacerlo, e inmediatamente reportó el hecho a las autoridades.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró estar "devastado" por el tiroteo de este martes en la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste del país, que ha dejado al menos diez personas muertas, y extendió sus condolencias a las familias y amistades de las víctimas."Estoy devastado por los terribles tiroteos de hoy en Tumbler Ridge, British Columbia. Mis plegarias y más profundas condolencias están con las familiares y los amigos de los que han perdido a seres queridos en estos actos de violencia", expresó Carney en un mensaje en X.Al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, según informó la Policía, y 25 personas resultaron heridas.Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era transportada a un hospital.Tumbler Ridge es una población de menos de 3.000 habitantes, lo que implica que el tiroteo tiene un fuerte impacto en la pequeña comunidad a la espera de que se revelen las identidades de las víctimas."Nuestra capacidad de unirnos en tiempos de crisis es lo mejor de nuestro país: nuestra empatía, nuestra unidad y nuestra compasión", recordó Carney.
El pasado lunes 9 de febrero, lo que se esperaba fuera un viaje tranquilo entre Sao Paulo y Río de Janeiro se convirtió en un momento de confusión para los pasajeros. Sergio Antonio Lopes, piloto de LATAM Airlines de 60 años, fue arrestado dentro del avión, a la vista de todos, en el Aeropuerto de Congonhas, minutos antes del despegue. El hombre enfrenta cargos que lo señalan como líder de una red de trabajo infantil y explotación sexual que habría operado durante al menos ocho años.Al parecer, la operación fue coordinada con la aerolínea y ejecutada hacia las 5:30 de la mañana, luego de que las autoridades confirmaran el horario del vuelo. Como no lograron ubicarlo en su residencia, procedieron a detenerlo en su lugar de trabajo. Todo el procedimiento quedó grabado y el piloto fue esposado mientras los pasajeros observaban con preocupación.Piloto fue capturado previo a despegarLa operación fue liderada por la Comisaría de Represión de la Pedofilia del Departamento de Homicidios y Protección de las Personas (DHPP), en el marco de la investigación denominada “Abróchense los cinturones”.Según las autoridades, el piloto:Pagaba a familiares de menores para recibir imágenes.Compartía el material con terceros.Realizaba transferencias vía Pix entre R$ 50 y R$ 100.Llevaba a menores a hoteles utilizando documentos falsos.Entre las víctimas identificadas hay niños y adolescentes, incluidas tres hermanas de 18, 12 y 10 años.Piloto lideraba red sexual y de trabajo infantilDe acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Sao Paulo, Lopes habría abusado de menores luego de presuntamente “comprarlos” a una mujer de 55 años. Además, algunos familiares, como la abuela de las niñas y otra madre, también fueron detenidos por colaborar en la distribución de material ilegal.La directora del DHPP, Ivalda Aleixo, confirmó que el piloto actuaba sin que su esposa y sus tres hijos tuvieran conocimiento. La red, según la investigación, tenía una estructura organizada y funcionó durante varios años.Entre los cargos que deberá enfrentar se encuentran:Violación de persona vulnerable.Producción y venta de pornografía infantil.Facilitación de prostitución y explotación sexual infantil.Uso de documento falso.Coacción en proceso judicial.Mientras avanza el proceso, las autoridades continúan en la búsqueda de posibles cómplices y nuevas víctimas.
La Justicia no ha estado ajena a la crisis que se está viviendo en Montería, Córdoba, por cuenta de las lluvias. Y es que lo que se ha registrado es que muchos trabajadores en sus casas tienen el agua hasta el cuello, esperando aún que baje un poco el nivel y cuidando lo poco que les quedó, mientras que otros tratan de evacuar las aguas y otros de sacar sus cosas en lancha.Algunos de ellos no han podido ni regresar al trabajo y también han sido impactadas algunas sedes judiciales.Por eso, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el cierre extraordinario de algunos despachos judiciales en el departamento de Córdoba. Se trata del juzgado primero promiscuo municipal de Canalete, el primero promiscuo municipal de Los Córdobas y el primero promiscuo municipal de Puerto Escondido entre el 11 al 18 de febrero del 2026, mientras se realizan las actividades necesarias para continuar con el funcionamiento de la justicia.Según el informe técnico de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, estas sedes requieren trabajos de adecuación para garantizar condiciones seguras de funcionamiento, luego de inundaciones y riesgos estructurales derivados de la emergencia climática.Pero también se ha ordenado una suspensión de términos por este mismo tiempo; se suspenden los procesos, salvo los que tienen relación con las tutelas y habeas corpus. Asimismo, se ha dado a conocer que se mantiene y se reporta la cifra de 127 funcionarios de la justicia que han resultado damnificados.Reporte de afectados en CórdobaEl alcalde Montería, Hugo Kerguelén, indicó que solo en la capital del departamento hay cerca de 5.000 personas alojadas en albergues habilitados en colegios y escenarios deportivos de la ciudad.Según el Gobierno, cerca de 43.000 familias han resultado damnificadas por las lluvias en Córdoba y 24 de los 30 municipios del departamento se han visto afectados, principalmente por la crecida del río Sinú, cuyo caudal se agrandó por lluvias atípicas asociadas a frentes fríos que alcanzaron el sur del mar Caribe.Este miércoles el papa León XIV pidió ayuda para Colombia ante las inundaciones, que afectan también la región de Urabá y el departamento de Sucre, principalmente, y exhortó a "toda la comunidad a sostener con la caridad y la oración a las familias damnificadas".
Acceder a la educación superior en Colombia sigue siendo un desafío para miles de jóvenes. Los altos costos de matrícula, transporte y sostenimiento hacen que muchos abandonen el sueño de formarse profesionalmente. En medio de ese panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se ha convertido en una de las principales puertas de acceso a educación técnica y tecnológica gratuita, especialmente para población vulnerable.Ahora, ese acceso se amplía en Cundinamarca, pues la entidad inauguró oficialmente una nueva sede en Soacha, instalación que beneficiará a personas de cuatro municipios más.Dónde está ubicada la nueva sede del SENA en SoachaLa nueva sede está ubicada en la comuna 3 de Ciudad Verde, en Soacha, sobre un predio institucional de 4.339 m2, con una infraestructura moderna que alcanza los 7.774 m2 construidos.Según el SENA, la obra contó con una inversión superior a $57.900 millones, financiados con recursos propios de la entidad educativa y “destinados a estudios, diseños, construcción, dotación, mobiliario, conectividad y equipos tecnológicos de última generación”.Beneficiará a cuatro municipios más de CundinamarcaEsta sede no solo impactará a Soacha, también beneficiará a habitantes de los municipios de:GranadaTenaSan Antonio del TequendamaSibatéCon la nueva sede, el SENA espera impactar a cerca de 122.000 beneficiarios al año, “ampliando las oportunidades de formación para jóvenes, mujeres y población y especialmente a personas vulnerables”.En video: así se ve la nueva sede del SENA en SoachaLa infraestructura cuenta con 36 ambientes de aprendizaje, 19 especializados y 17 convencionales. Tiene una capacidad para atender a más de 3.200 aprendices diarios en modalidad presencial.Entre los espacios especializados se destacan laboratorios TIC, áreas para industrias creativas, logística y mercadeo, gestión documental, cosmetología y peluquería. Además, dispone de gimnasio, zonas de bienestar y un centro de recursos educativos.Durante su inauguración, el director general del SENA destacó que se trata de “una inversión estratégica para fortalecer el acceso a formación gratuita de calidad en esta zona del país”.Video de la nueva sede del SENA en Soacha
En la antesala de San Valentín, las flores colombianas volvieron a abrirse paso en Washington. La Embajada de Colombia en Estados Unidos, junto con Asocolflores, inició la entrega de arreglos florales a las 535 oficinas del Congreso.El embajador Daniel García-Peña lideró esta jornada en el Capitolio, donde cada senador y representante recibirá un ramo de flores cultivadas en Colombia.Vale recordar que Colombia es el principal proveedor de flores frescas cortadas para el mercado estadounidense. Solo en enero y febrero de 2025 se exportaron cerca de 720 millones de tallos, equivalentes a 52.000 toneladas, para atender la alta demanda de San Valentín en Estados Unidos. La fecha representa uno de los picos más fuertes del año para el sector, que concentra buena parte de sus ventas en este mercado.La industria floricultora genera empleo para cientos de miles de familias en Colombia y también impacta la economía estadounidense en áreas como transporte, distribución y comercio minorista. Por eso, desde Asocolflores destacan que cada temporada no solo se trata de una celebración, sino de una cadena productiva que conecta a ambos países.
El ministro de Justicia, Jorge Cuervo, ya es oficialmente el jefe de esta cartera. Ante los medios de comunicación se refirió a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro a la fiscal general Luz Adriana Camargo, y aseguró que buscará armonizar la relación.“Tengo que reunirme con altas cortes, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría y lo que los una sea el diálogo institucional. Esas discusiones yo no las voy a traer a la agenda del ministerio, aspiro a que se resuelva en instancias institucionales, pero es muy importante que el Gobierno tenga buena relación con todos los actores incluida la Fiscalía”, dijo.El ministro agregó que se reunirá con el procurador Gregorio Eljach y propondrá un debate para reformar las funciones de la Procuraduría y limitar su alcance para destituir funcionarios elegidos popularmente.“Hay que conversar con la rama judicial y esa es un poco la línea de trabajo. Yo pienso que la Procuraduría sea una institución que instruya todos los casos de corrupción y eleve la acusación disciplinaria dependiendo de la competencia, ante jueces penales del circuito o por ejemplo en el caso de gobernadores, ante salas penales tribunales”, explicó.
La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por las afectaciones a la población civil derivadas de la confrontación entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de alias 'Calarcá', y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, dirigido por alias 'Iván Mordisco'.“Actualmente se evidencia la materialización de los riesgos advertidos, particularmente en relación con confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios, vinculación de niños, niñas y adolescentes, y ataques indiscriminados contra la población”, afirmaron en un comunicado.La región ya había sido focalizada en la Alerta Temprana de Inminencia 023 de 2024 y posteriormente en la Alerta Temprana 001 de 2025, donde se advirtió sobre el riesgo para los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad personal. No obstante, la Defensoría señaló que los escenarios previstos se han concretado, agravando la crisis humanitaria en el territorio.“El 28 de enero de 2026 el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez anunció el inicio de un “paro armado” en el municipio de Cartagena del Chairá, sumándose al anunciado por este mismo grupo en diciembre de 2025. Cabe señalar que el sector del Bajo Caguán permanece expuesto a restricciones similares desde octubre de 2025, por órdenes emitidas por integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño, lo que ha generado continuas limitaciones a la movilidad y ha dificultado el acceso de las comunidades a derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la educación”, asegura la Defensoría.Ante este panorama, la Defensoría exigió a los grupos armados excluir de manera estricta a la población civil de las hostilidades y abstenerse de ejecutar acciones que pongan en riesgo a las comunidades. También instó a que no se obstaculicen las acciones humanitarias destinadas a atender y proteger a la población afectada.Finalmente, la entidad reiteró el llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que implementen medidas urgentes que permitan proteger de manera integral a la población en riesgo.
Andrea del Pilar Verdugo Parra, esposa del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, presentó su renuncia al cargo de directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación. La dimisión fue aceptada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en medio de una controversia pública que ha expuesto tensiones internas al interior del Gobierno Nacional y cruces de señalamientos entre altos funcionarios del Estado.La salida de Verdugo se produce luego de las declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien aseguró que el ministro Idárraga tendría “mucho poder” dentro de la Fiscalía, debido al cargo que desempeñaba su esposa en esa entidad. Las afirmaciones fueron hechas en el contexto de la imputación solicitada contra Rodríguez por el caso relacionado con la seguridad del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, diligencia que, según el jefe de la UNP, estaría vinculada a dichas tensiones.El episodio fue interpretado como un caso de “fuego amigo” dentro del Gobierno, luego de que Rodríguez sugiriera, en diálogo con Blu Radio, que su situación judicial tendría relación con disputas internas y con el papel que desempeñan funcionarios cercanos al Ejecutivo en entidades de control y judiciales. En ese mismo escenario, el director de la UNP denunció roces con altos funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia encargado y jefe de la Oficina de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, a quien señaló de haberlo acusado de participar en supuestas “chuzadas”, versión que Rodríguez calificó como falsa.Andrea del Pilar Verdugo Parra es abogada y especialista en Alta Dirección del Estado de la Escuela de Alto Gobierno. Cuenta con más de 15 años de trayectoria en el sector público, con cargos de relevancia en distintas entidades del orden nacional y distrital. Antes de llegar a la Fiscalía, se desempeñó como secretaria general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y ha trabajado en entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Trabajo.Hasta el momento, ni la Fiscalía ni el Ministerio de Justicia han informado si la renuncia guarda relación directa con las declaraciones del director de la UNP o con eventuales consideraciones de carácter institucional.
Federico Restrepo, exgerente de EPM entre 2008 y 2012 e ingeniero civil, ha lanzado una propuesta central en su aspiración al Senado de la República: la creación de un blindaje legal para las juntas directivas de las empresas comerciales e industriales del Estado. Ante la situación actual de compañías como Ecopetrol, Restrepo busca evitar que los gobiernos de turno utilicen su mayoría accionaria para imponer visiones ideológicas que, según él, atentan contra el patrimonio nacional.Un "candado" legal para la estabilidad institucionalLa propuesta de Restrepo consiste en un proyecto de ley que obligue a que todas las empresas de propiedad estatal o mixta, ya sean del orden nacional, regional o local, se sometan a normas estrictas de gobierno corporativo que no puedan ser modificadas a discreción por el gobernante vigente. El candidato argumenta que actualmente los gobiernos actúan como "estado accionista" y cambian estatutos para elegir miembros de junta "a dedo", por lo cual propone que estas entidades mantengan una independencia similar a la del Banco de la República.Para lograr esto, el proyecto plantea modificar cuatro leyes fundamentales: la Ley 142, la Ley 143, la Ley 1118 (específica de Ecopetrol) y la Ley 489 de función pública. El objetivo es que las políticas de gobierno corporativo queden, en palabras del aspirante, "con candado y bajo llave" para preservar el valor patrimonial a largo plazo.Requisitos de idoneidad y periodos cruzadosUno de los puntos más críticos de la iniciativa es la definición de criterios técnicos para quienes integran las juntas y las representaciones legales. Restrepo califica como "un chiste" que en Ecopetrol se nombren personas cuyas declaraciones públicas son contrarias al objeto social de la empresa, como la exploración y explotación de hidrocarburos.Bajo la nueva ley, los miembros de junta deberían cumplir con:Periodos cruzados o traslapados de 4 o 5 años para que su permanencia no coincida exactamente con el periodo del gobierno nacional.Formación y competencia técnica comprobada para el cargo.No haber sido funcionarios públicos en los dos años anteriores a su nombramiento.Independencia política, asegurando que no sean militantes activos que pongan la ideología por encima de la sostenibilidad de la compañía.Pragmatismo frente a la transición energéticaRespecto a la tendencia de fondos activistas y decisiones gubernamentales que buscan frenar proyectos como el fracking, Restrepo aboga por el pragmatismo y realismo. Menciona que incluso gobiernos de izquierda en la región, como los de Brasil y Chile, defienden sus ingresos provenientes de la minería y el petróleo por su importancia económica.Escuche aquí la entrevista:
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza hizo una nueva denuncia sobre presuntas irregularidades en el título universitario de Juliana Guerrero, quien tiene un diploma de la Fundación Universitaria San José.Según Pedraza, Guerrero habría pagado su matrícula y sus derechos de grado después de graduarse. Este sería el primer caso de una estudiante que se gradúa antes de pagar siquiera la matrícula. La congresista explicó que la información la obtuvo tras investigar en bases de datos de la Dian, donde fueron registradas las facturas. “¿Cómo es posible que, si los títulos de Juliana Guerrero tienen fecha del 1 de julio de 2025, ella haya hecho tres pagos posteriores a su ‘graduación’?”, se preguntó Pedraza.Es importante recordar que la congresista Pedraza ya había denunciado que Juliana Guerrero habría obtenido su título universitario sin haber realizado las Pruebas Saber Pro.“Ante el cartel de venta de títulos de esta institución, he solicitado al Ministerio de Educación intervenir de inmediato y remover a las directivas, y a la Procuraduría actuar frente a la omisión en la inspección y control”, dijo la representante a la Cámara, JenniferPedraza.
La erradicación manual de cultivos de coca registró en 2025 uno de sus niveles más bajos de los últimos diez años. Según las cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y diciembre, en todo el país se erradicaron 8.051 hectáreas. El dato confirma una tendencia descendente que se ha profundizado en los últimos años y que marca un punto crítico en la lucha directa contra los cultivos ilícitos.El balance anual muestra una reducción significativa frente a 2024, cuando se habían erradicado 9.403 hectáreas. La caída fue de 1.352 hectáreas menos, es decir, un descenso del 14 % en solo un año. En términos prácticos, significa que durante 2025 se arrancaron, en promedio, casi cuatro hectáreas menos por día que el año anterior.La comparación histórica evidencia un desplome mucho más amplio. En 2020, Colombia alcanzó el pico más alto de erradicación manual, con más de 130.000 hectáreas eliminadas. Desde entonces, la cifra ha caído de forma acelerada: en 2022 bajó a cerca de 68.900 hectáreas, en 2023 se redujo drásticamente a poco más de 20.000 y en 2024 descendió aún más, hasta llegar al mínimo registrado en 2025.El comportamiento mensual del año pasado muestra que la erradicación fue irregular y concentrada en momentos puntuales, principalmente en el segundo semestre. Aunque hubo meses con repuntes temporales, estos no lograron compensar los bajos niveles registrados durante gran parte del año, lo que explica el reducido acumulado final.Traducidas al día a día, las cifras reflejan un escenario preocupante, teniendo en cuenta que cada jornada se erradicó menos de una hectárea por hora en todo el país. El dato pone en evidencia la pérdida de intensidad de una de las principales herramientas históricas contra los cultivos de coca, teniendo en cuenta que este informe tiene en cuenta el método de control de cultivos ilícitos en el que se arranca de raíz cada una de las plantas que conforman el cultivo, incluyendo la erradicación realizada en el marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato.
La denuncia fue presentada por los familiares de Pedro Julio Movilla Galarcio, con el respaldo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes señalaron que la excavación se realizó de manera ilegal en un punto identificado como posible lugar de inhumación de restos humanos.“El pasado 3 de febrero de 2025, en las instalaciones de la antigua Brigada XX, se realizó una excavación ilegal en un punto identificado como posible lugar de inhumación de restos humanos. Esta acción se ejecutó sin autorización judicial, violando las medidas cautelares vigentes impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.Como afirman en su comunicado, tras conocerse la intervención, la JEP adelantó gestiones para recuperar los elementos hallados durante la excavación y someterlos a análisis técnicos. Como resultado de esos estudios, Medicina Legal confirmó recientemente que uno de los objetos presenta rastros de sangre humana.“Este hecho refuerza la hipótesis de que la intervención ilegal buscaba sustraer evidencia y restos humanos del lugar”.Ante estos hechos, familiares y organizaciones plantearon la necesidad de esclarecer si en ese lugar pudo haber estado inhumado Pedro Julio Movilla y si la intervención afectó elementos probatorios.Además, pidieron al Estado garantizar la custodia del predio, impedir nuevas intervenciones de personal en general, reconocer el sitio “como un lugar de importancia histórica y forense para la reparación de las víctimas” y asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.En el comunicado, las organizaciones recordaron que “el 22 de junio de 2022 el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su responsabilidad internacional en la desaparición forzada del líder social Pedro Julio Movilla Galarcio”.Señalaron que en esa sentencia el tribunal ordenó, entre otras medidas, continuar con las acciones de búsqueda. Frente a lo ocurrido afirmaron que “en este sentido, las falencias en la protección y garantía de lugares de interés forense configura un nuevo incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Colombia”.Recordemos además que en entrevista con Blu Radio, Jose Dorado, ex agente de inteligencia, también dijo que en ese lugar había sido desaparecida la ex guerrillera del M19, Irma Franco.
Venezuela empezó a hacer retroceder a los guerrilleros colombianos hacia el otro lado de la frontera, dijo este miércoles a la AFP el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, lo que marcaría un punto de inflexión tras años en que el territorio venezolano representaba un refugio para estos grupos."Están avanzando en operaciones en zona fronteriza y algunos integrantes de los cárteles del ELN, de las disidencias, ya no se sienten seguros en esa zona", indicó Sánchez durante una entrevista en París, preguntado sobre si hubo cambios en Venezuela luego del derrocamiento de Nicolás Maduro.Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros donde diversos grupos armados compiten por el control de las ganancias del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.Estos grupos solían utilizar Venezuela como retaguardia, pero la situación parece haber cambiado ahora tras la captura de Maduro por Estados Unidos a inicios de enero y la llegada al poder de Delcy Rodríguez.Estas operaciones en la Venezuela dirigida por Rodríguez obligan a estos grupos a moverse "hacia el lado colombiano, o en zona un poco más pegada a la frontera", explicó el funcionario colombiano.Esto "nos ha permitido actuar, como lo hicimos ahorita en frontera con Venezuela, en el Catatumbo", agregó Sánchez, respecto a la operación en la que militares colombianos abatieron la semana pasada al menos a 15 rebeldes de la guerrilla ELN.Esta operación se produjo horas después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su par estadounidense, Donald Trump, pactaran en la Casa Blanca una mayor cooperación contra los grupos ilegales y el narcotráfico.Esta cooperación se plasmará "principalmente en inteligencia", explicó Sánchez, quien descartó el despliegue de tropas estadounidenses en Colombia.El objetivo es "cómo articulamos mejor la inteligencia entre Estados Unidos y Colombia para emplear la fuerza colombiana bajo las normas colombianas y el derecho internacional humanitario contra estos grupos criminales que delinquen en Colombia", agregó.Para Sánchez, la inteligencia es clave "para que no haya zonas grises" en el área limítrofe con Venezuela y, en este sentido, indicó que Colombia ya está "articulándose" a nivel diplomático con Caracas, sin dar más detalles."Esperamos que podamos transcender en términos de seguridad", deseó el funcionario, quien consideró el cambio de poder en el país vecino como "una oportunidad única" que "aprovechar" para rehabilitar los canales de comunicación en este ámbito.
Un grupo de oficiales en retiro de la Policía manifestó públicamente su respaldo al general Edwin Masleider Urrego Pedraza, luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara su retiro del servicio este 11 de febrero. Urrego fue señalado por el mandatario como involucrado en un supuesto complot para sabotear su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.A través de un comunicado firmado por compañeros del curso 069 de oficiales, los policías en uso de buen retiro calificaron como “injusta” la salida del general Urrego y destacaron su trayectoria de más de 30 años en la institución.“Manifestamos nuestro respaldo y reconocimiento innegable al brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, a quien conocemos como un oficial íntegro, profesional y ejemplar”, señala el documento. En el texto también aseguran que su hoja de vida ha sido “intachable”, caracterizada por la rectitud, el compromiso institucional y el respeto por los principios que rigen la profesión militar.Los oficiales retirados subrayaron que Urrego “ha honrado el uniforme en cada una de sus responsabilidades” y afirmaron que su nombre seguirá siendo sinónimo de honor y profesionalismo, pese a las circunstancias de su salida.Esta muestra de apoyo llega después de que durante un consejo de ministros realizado en Córdoba, el presidente Gustavo Petro afirmara que ordenó retirar a un general de la Policía al que señaló de tener una “misión extra” en su contra.Según el mandatario, el oficial habría recibido la orden de introducir sustancias psicoactivas en su vehículo con el fin de sabotear la reunión que sostuvo el 3 de febrero con Donald Trump en la Casa Blanca.Aunque inicialmente no reveló el nombre de Urrego, la decisión se oficializó este miércoles mediante el Decreto 0147, firmado por el viceministro de Defensa, Javier Andrés Vaquero, debido a que el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, se encontraba fuera del país.Horas antes de que se hiciera efectiva su destitución, el general Urrego habló en los micrófonos de Blu Radio y rechazó de manera categórica las acusaciones. Calificó los señalamientos como una “locura” y aseguró que nunca ha intentado realizar un acto deshonesto que comprometa su ética ni la honra de la institución.
La historia de Colombia se repite para los gobernadores del país ante la eventual declaratoria de una nueva emergencia económica en las próximas horas por parte del Gobierno nacional, desde la Federación Nacional de Departamentos expresaron su preocupación por la posibilidad de que en esta se establezcan nuevos impuestos que podrían impactar los recursos de los departamentos.Es importante destacar que la intranquilidad por parte de la federación se da tras inconformidades expresadas por los gobernadores de diferentes departamentos semanas atrás por el estado de emergencia que había propuesto el presidente Petro.En este decreto, propuesto en diciembre de 2025, productos como los licores y los cigarrillos tendrían un nuevo gravamen, el cual, según los mandatarios regionales, podría afectar los ingresos estratégicos para financiar educación, salud y deportes de cada uno de sus territorios, ya que tienen como rentas esenciales dichos productos."Esperamos que no se vuelva a intentar violar la Constitución en utilizar los recursos territoriales cuando hay una salvedad expresa constitucionalmente, que advierte que solo se puede usar en caso de guerra exterior, de la cual mediante decretos el gobierno nacional podría utilizar las rentas territoriales... Nosotros sí seguiríamos en la defensa de que los recursos territoriales no pueden ser tocados por un decreto salvo el caso de guerra exterior”, aseguró Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.Desde Fedepartamentos, le proponen al Gobierno nacional buscar otras alternativas con dinero no ejecutado y administrado por parte de este, para que atiendan esta emergencia. Sin embargo, por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro rechazó la propuesta por parte de los gobernadores y aseguró que este dinero requiere un mayor esfuerzo por parte de quienes tienen más capacidad económica en el país.
La emergencia provocada por las fuertes lluvias en Montería y varios municipios de Córdoba mantiene en terreno a la fuerza pública, la Defensa Civil y distintas entidades del Estado, que adelantan un despliegue operacional y humanitario para atender a las comunidades afectadas por las inundaciones.De acuerdo con el balance oficial de las autoridades, a la fecha han sido rescatadas 7.400 personas en medio de las crecientes y desbordamientos. El Ejército Nacional ha evacuado a 4.100 ciudadanos, la Policía Nacional a 2.500 y la Defensa Civil a 800 más, en operaciones desarrolladas en zonas urbanas y rurales anegadas.“El sector Defensa ha desplegado todas sus capacidades con la fuerza pública, la Policía y también con la Defensa Civil. Hemos puesto todas las capacidades de hombres, mujeres y también de transporte”, explicó el ministro de Defensa encargado, Javier Baquero.En paralelo, se ha desarrollado una operación humanitaria que suma 7.900 ayudas entregadas a la población damnificada. El Ejército ha distribuido 4.600, la Defensa Civil 1.800 y la Policía Nacional 1.500, en medio de jornadas de asistencia coordinadas con autoridades locales y departamentales.La Policía, además, ha garantizado la alimentación de 3.000 personas y mantiene acompañamiento permanente en 84 albergues temporales, donde se concentran familias que debieron abandonar sus viviendas. La Defensa Civil, por su parte, ha realizado el censo de cerca de 4.000 afectados, información clave para focalizar la entrega de ayudas y priorizar sectores críticos.En materia de abastecimiento y mitigación del riesgo, el Ejército ha distribuido 30.000 litros de agua potable y removido 310 metros cúbicos de material, labores orientadas a despejar áreas colapsadas y reducir nuevas emergencias. La Policía dispuso un carro tanque en siete municipios para reforzar el suministro en sectores con dificultades de acceso a agua.La Armada Nacional también participa en el operativo con 140 agentes desplegados en la zona. Con cuatro botes tipo zodiak, un bote de apoyo fluvial, un componente de la Compañía de Gestión del Riesgo y una patrulla logística de combate, refuerza tareas de evacuación, transporte, protección de diques y movilidad en áreas completamente anegadas.En el componente logístico y de apoyo, se informó que, en articulación con la Dian y otras entidades del Estado, se han gestionado donaciones por un valor aproximado de 3.500 millones de pesos para los departamentos impactados por la emergencia.“Esto en su conjunto permitirá que podamos atender hoy la emergencia, pero también empezar a construir unas condiciones para que ese territorio se pueda recuperar”, afirmó Baquero Maldonado.El operativo continúa activo en al menos 15 municipios, donde la Defensa Civil mantiene 330 voluntarios apoyados con camiones y botes para operaciones fluviales, mientras las autoridades avanzan en la estabilización de las zonas afectadas y en el acompañamiento a las comunidades que enfrentan los efectos de la temporada de lluvias.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la seguridad del presidente Gustavo Petro es un asunto de Estado y una responsabilidad de todas las instituciones, tras advertencias sobre posibles amenazas en su contra.A través de su cuenta en X, el jefe de la cartera de Defensa fue enfático en que “nada puede ni debe ocurrirle al presidente de la República de Colombia”. Señaló que el mandatario, elegido democráticamente, cuenta con la protección integral del Estado y que cualquier riesgo en su contra compromete directamente la estabilidad institucional y la democracia del país.En ese sentido, Sánchez informó que ordenó a la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía activar y fortalecer todas sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia. La instrucción incluye articulación con Interpol y con organismos internacionales con los que Colombia mantiene convenios de cooperación, con el fin de anticipar, identificar y neutralizar cualquier amenaza que pudiera materializarse contra el jefe de Estado.El ministro explicó que la información que se recopile en los próximos días será evaluada en una Junta de Inteligencia Conjunta, escenario en el que se adoptarán las decisiones correspondientes en materia de inteligencia, contrainteligencia y eventuales operaciones.De manera paralela, anunció que los datos disponibles serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones judiciales necesarias y se identifique a los responsables de las amenazas, con miras a su judicialización.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie, bajo absoluta reserva, cualquier información que pueda resultar útil para la seguridad presidencial, en medio de este proceso de verificación y fortalecimiento de las medidas de protección.