Desde la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro mostró un modelo de los nuevos pasaportes que desde el 1 de abril comenzarán a expedirse en Colombia en el marco de un acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta.“Decían que no íbamos a poder hacerlo. Este es el nuevo pasaporte para Colombia. Es hermoso, tiene mariposas amarillas, coco, pescadores, el pueblo de Colombia en sus dibujos, pero fundamentalmente, este es el cuarto mejor pasaporte del mundo. Pasó ya por todas las entidades calificadoras y los exámenes demorados, debe ser llevado con orgullo. Se hará en Colombia”, dijo.Cabe mencionar que recientemente el contralor Delegado para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, le envió a la canciller Rosa Villavicencio una carta en la que advertía que su despacho “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.En el documento agregaban que el cronograma establecido no garantizaba la superación de los atrasos ni eliminaba el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente.Sin embargo, en conversación con Blu Radio, la canciller descartó una prórroga con Thomas Greg, la empresa que llevaba más de una década a cargo de la elaboración de estos documentos.
Cada día, millones de mujeres sostienen la economía del país desde distintos frentes, cultivan la tierra, lideran emprendimientos, trabajan en la economía popular, enseñan, cocinan, cosen, administran negocios y mantienen en marcha comunidades enteras.Muchas de ellas han aprendido su oficio con años de experiencia, en escenarios formales e informales, construyendo saberes que rara vez se reflejan en un diploma, pero que son fundamentales para la sociedad.Con este panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió la convocatoria nacional Voces de Mujeres 2026, una iniciativa que busca reconocer y certificar la experiencia laboral femenina en todo el país.¿En qué consiste el programa del SENA?La estrategia ofrece 2.000 cupos y estará disponible hasta el 26 de febrero de 2026, dirigida especialmente a mujeres campesinas, de la economía popular, indígenas, pescadoras y trabajadoras de distintos sectores productivos.La certificación permitirá validar conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la trayectoria laboral, sin importar si esta se desarrolló en contextos formales o informales.Las participantes podrán postularse en 20 normas de competencia laboral relacionadas con áreas como el sector agropecuario, gastronomía, turismo, educación, artesanías, comercio, seguridad, medio ambiente, tecnologías de la información, confección y servicios administrativos, entre otros.Según el SENA, el objetivo es fortalecer la empleabilidad de las mujeres, visibilizar sus saberes y aportar al cierre de brechas, reconociendo la experiencia como una forma legítima de formación.¿Cómo certificar la experiencia laboral?Las mujeres interesadas deben ingresar a la página oficial del SENA ubicar el banner de la Certificación “Voces de Mujeres 2026” en la página principal y diligenciar el formulario de inscripción habilitado para la convocatoria.Una vez inscritas, podrán iniciar el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante el cual se validarán sus conocimientos y habilidades en el área escogida.Con esta convocatoria, el SENA busca que miles de mujeres transformen años de trabajo y experiencia en un reconocimiento formal que fortalezca su perfil ocupacional y amplíe sus oportunidades laborales en Colombia.
El respaldo de la Unión Sindical Obrera (USO) a la aspiración presidencial de Roy Barreras no cayó bien en todos los sectores del progresismo. El Partido Comunista Colombiano (PCC) marcó distancia y cuestionó la decisión del sindicato petrolero calificándolo como un desacierto político.Advirtió que podría fragmentar el bloque que se ha venido articulando alrededor de la consulta en la que resultó ganador Iván Cepeda en octubre de 2025.El choque también tiene un componente de fondo: la discusión sobre el rumbo energético del país. Mientras la USO decidió jugársela por Barreras, el Partido Comunista insistió en que el eje del debate debe ser el papel de Ecopetrol en la transición energética y la necesidad de acelerar el paso hacia fuentes limpias, descartando el fracking como alternativa viable. En ese marco, cuestionó que sectores asociados a la política tradicional puedan encarnar los cambios estructurales que, según esa colectividad, requiere el país.El pronunciamiento incluyó además un llamado a reforzar la unidad del Pacto Histórico y a evitar discursos que profundicen las divisiones en la izquierda.
El procurador Gregorio Eljach responsabilizó a varias entidades del Estado por la emergencia invernal en Córdoba, calificó de indignantes las condiciones de las comunidades afectadas y anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones contra los responsables, mientras pidió medidas urgentes en salud, reparación y garantías electorales.Desde Montería, el procurador aseguró que la emergencia por lluvias en el departamento es el resultado de la inoperancia de varias entidades del Estado, por lo que anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones a las que serán expuestos los responsables de esta tragedia.Eljach señaló que es indignante ver que después de 15 días de la tragedia las comunidades siguen viviendo en condiciones inhumanas y a la espera de respuestas y soluciones efectivas, estructurales y reales que les permita recuperarse y retornar a sus hogares.El procurador resaltó que es importante gestionar desde ya estrategias con el fin de mitigar los impactos en la salud que vendrán cuando se logre sacar toda el agua de los territorios, pues con ello vendrán acumulaciones de material orgánico y bacterias, por lo que insistió en la necesidad de medidas preventivas para evitar emergencias en salud pública.Este jueves 19 de febrero Eljach se trasladó a la región donde desde hace varios días funcionarios de las procuradurías delegadas de Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social y para Asuntos Ambientales y Agrarios han estado solicitando información a las entidades encargadas de brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos. La visita del procurador tiene como objetivo evaluar las estrategias para garantizar la reparación de las víctimas y las elecciones del próximo 8 de marzo.
El exembajador y precandidato Roy Barreras está consolidando respaldos de cara a la votación de las consultas. Este miércoles, la Unión Sindical Obrera (USO), uno de los sindicatos del sector petrolero que en la campaña pasada respaldó al hoy presidente Gustavo Petro, anunció oficialmente su apoyo a la candidatura de Barreras para el próximo 8 de marzo.La USO fue un actor político relevante en la elección que llevó a Petro a la Casa de Nariño, incluso realizó aportes económicos a esa campaña, los cuales hicieron parte de investigaciones en curso por violación de topes electorales.En un comunicado, la organización sindical explicó que su respaldo obedece a coincidencias programáticas, especialmente en materia energética.“La USO de manera institucional y mayoritaria considera que el candidato Roy Barreras representa los intereses de nuestros afiliados y afiliadas, por lo cual se adhiere a su candidatura en la consulta del Frente Amplio por la Vida este próximo 8 de marzo”, señala el documento.El sindicato también dejó claro que busca un cambio frente al enfoque energético actual del Gobierno. Aunque reiteró la importancia de avanzar en energías renovables, insistió en que el país no puede “abandonar ni marchitar la producción petrolera y de gas”. En esa línea, mencionaron que Roy Barreras “se compromete con los trabajadores y trabajadoras del petróleo y el gas (…) a reformular las políticas energéticas del país con fundamento en la autosuficiencia, la seguridad y la soberanía energética”.
Desde este 18 de febrero, los colombianos podrán disfrutar de la nueva temporada de ‘A Otro Nivel’ de Caracol Televisión, el programa que busca dar impulso a nuevo cantante profesional de la mano de un equipo de jurados que les ayudarán a los participantes a perfeccionar su trabajo y volverse en grandes talentos.“Vamos a buscar, por primera vez, y como no se ha hecho desde hace muchísimo tiempo en la televisión colombiana un grupo musical. Un grupo musical que se va a ganar 600 millones de pesos y un contrato, durante un año, con Caracol para girar por toda Colombia”, declaró Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol, sobre esta edición.Kike Santander, Pipe Peláez y Gian Marco los jurados de esta ediciónA esta edición se sumaron Kike Santander, Pipe Peláez y Gian Marco como los jurados oficiales gracias a la extensa experiencia. El primero ha sido un importante productor y compositor, mientras los otros dos son importantes cantautores de la región.Conozca el perfil de los jurados de ‘A Otro Nivel’:Kike Santander: el caleño ha sido un importante productor que ha trabajado de la mano de artistas como Alejandro Fernández, Chayanne, Luis Fonsi, Ricardo Montaner, Thalía, Sin Bandera, Alejandro Sanz, entre otros. Se ha dedicado a la música desde 1987 y ha obtenido premios como el Latin Grammy a mejor productor del año.Algunas canciones famosas de Kike Santander:"Let's Get Loud"."Si Tú Supieras"."Rosalinda"."Devuélveme el Amor"."Mi Verdad"."Ave María".Pipe Peláez: el colombovenezolano ha sido uno de los más queridos a lo largo de la música colombiana desde que comenzó en la música desde los 16 años, edad en la que llegó a vivir a Bogotá. Sus primeros éxitos salieron en 1999 y rápidamente escaló como referente que ha ganado premios como Grammy Latino, entre otros.Algunas canciones famosas de Pipe Peláez:"Tan natural"."El amor más grande del planeta"."Cuando quieras quiero"."Loco"."Te amo y te amo"."Mi celosa hermosa".Gian Marco: el artista peruano comenzó su camino en la música a inicios de los 90, desde entonces se consolidó como un referente de la región gracias a su versatilidad con la guitarra, piano y batería para hacer géneros como pop, rock y balada. Su mejor momento fue entre 2003 y 2007 en donde sus canciones llegaron a varios países latino y le dieron la bienvenida a sus seguidores.Algunas canciones famosas de Gian Marco:"Lamento"."Dos historias"."Canción de amor"."Al otro lado de la luna"."Dos historias".
Catorce organizaciones campesinas colombianas participan esta semana en la Amsterdam Cocoa Week y en el Festival Chocoa 2026, uno de los escenarios más importantes del mundo para la industria del cacao y el chocolate. Detrás de esta delegación hay más de 25.000 familias productoras que buscan abrirse espacio en mercados internacionales con cacao fino y de aroma cultivado en distintas regiones del país.Las asociaciones provienen de departamentos como Arauca, Meta, Huila, Boyacá, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Nariño y Putumayo. Varias de estas zonas han estado marcadas por el conflicto armado y por economías ilícitas, pero hoy consolidan el cacao como una alternativa productiva sostenible. En este contexto, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ha acompañado el proceso de fortalecimiento y proyección internacional de estas organizaciones.Los productores que viajaron a Países Bajos fueron reconocidos previamente en los concursos Cacao de Oro y Grano de Oro, distinciones que destacan la calidad, el aroma y la excelencia del grano colombiano. En Ámsterdam compiten y exhiben su producto ante compradores especializados, chocolateros y expertos del sector, con la expectativa de establecer contactos directos y mejorar sus condiciones de comercialización.Cabe mencionar que cerca del 95 % de esta producción se destina a exportación y más de 65.000 familias dependen de esta cadena productiva en más de 500 municipios. Para las organizaciones participantes, la vitrina internacional no solo representa una oportunidad comercial, sino también la posibilidad de consolidar al cacao como cultivo de paz y motor de desarrollo rural en territorios históricamente golpeados por la violencia.
Tras la destitución José Jerí, el Congresó de Perú eligió con 59 votos al congresista José María Balcázar como el nuevo presidente interno venciendo a María del Carmen Alva en una votación en la que participaron 117 representantes; de esta manera, se convirtió en el octavo mandatario en este país en tan solo una década. Es importante recordar que, desde 2021, el nuevo parlamento ha destituido a tres presidentes: Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025) y Jerí, quien solo estuvo cuatro meses en el cargo. Por lo tanto, Balcázar estará en el poder tan solo cinco meses, pues deberá entregar el cargo el 28 de julio al presidente o presidenta que elijan los peruanos el 12 de abril, día en que se llevarán a cabo las eleciones.¿Quién es José María Balcázar, el presidente interino de Perú?Nació el 17 de enero de 1943 y a sus 83 años ha construido una importante carrera política en Perú. Oriundo de Nanchoc, de la provincia de San Miguel del departamento de Cajamarca y es cercano a Reber Joaquín Ramírez, excongreso y alcalde de la región.Arrancó su camino en la política con el cargo de vocal superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y luego en 2019 fue decano de un colegio reconocido de abogados en donde estuvo dos años, esto hasta que entró en las elcciones parlamentarias de 2021 con Perú Libre y entró al Congreso con 6.641 votos para este actual parlamento.En el parlamento se desempeñó como presidente de la Comisión Especial para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, renunció a la bancada en 2022 y entró a formar Perú Bicentenario, poco a poco comenzó a escalar hasta que este 18 de febrero fue elegido por el Congreso como interino.No obstante, en su perfil se han dado diferentes escándalos que lo han salpicado en casos de corrupción, manejo de fondos, manipulación, incluso, de agresión contra mujeres.
Un juzgado de Bogotá admitió para estudio una tutela radicada por Ricardo Esteban Ruiz Castro y Diego Garzón Rincón contra varias entidades denunciando la presunta vulneración de sus derechos por la construcción del osario en la Capilla Cristo Maestro, en el campus de la Universidad Nacional en Bogotá, donde serán ubicados los restos del padre Camilo Torres.Los demandantes alegan que este proyecto afectaría bienes de interés cultural y causaría impactos que, según ellos, no han sido debidamente discutidos ni socializados. Y aunque solicitaron como medida provisional la suspensión inmediata de las obras, el juez no aceptó.Para el despacho, no está demostrado plenamente la existencia de un un perjuicio irremediable o amenaza grave que justifique la suspensión urgente de los trabajos.Durante el estudio de la tutela, uno de los argumentos a revisar será el patrimonio cultural pues los demandantes insisten que la capilla “es un edificio de gran valor arquitectónico, artístico e histórico, construido entre 1949 y 1953 por los arquitectos Edgar Burbano y Alberto Iriarte” y aunque no tenga una declaratoria como tal, cualquier obra necesitaría una autorización previa en materia patrimonial.Estas obras, según la tutela, “implican modificaciones estructurales al inmueble, incluyendo la construcción de paredes de concreto para contener restos humanos”, pues agregan que no tiene los permisos para albergar restos lo que, si no se hace de la manera adecuada, podría comprometer la salubridad pública.A este proceso fueron vinculados, además de la Universidad Nacional, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, el Ministerio de Salud y la Secretaría Distrital de Salud, entidades que deberán responder los respectivos requerimientos del juez.
La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre las debilidades estructurales en la planeación, ejecución y control del Sistema General de Regalías (SGR), que siguen limitando su impacto en el desarrollo territorial del país, pese al volumen histórico de recursos invertidos en la última década.Durante el foro “La paradoja de las regalías”, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que, desde 2012, se han aprobado casi 11.000 proyectos financiados con más de 26,5 billones de pesos en varias regiones del país, pero los resultados sociales no reflejan la magnitud de la inversión."En lugar de financiar proyectos integrales que transformen la calidad educativa, como redes completas de colegios, formación docente, conectividad digital o sistemas de alimentación escolar, los recursos de regalías suelen dividirse en múltiples proyectos de bajo presupuesto y alcance limitado”, explicó Rodríguez.De acuerdo con la Contraloría, el 86 % de los proyectos financiados con regalías no supera los 5.000 millones de pesos, lo que en educación se traduce en intervenciones aisladas: construcción de aulas sueltas, pequeñas dotaciones, reparaciones parciales o programas piloto sin continuidad.El resultado, explicó Rodríguez, es que se invierten miles de millones sin lograr cambios estructurales en cobertura, calidad o permanencia escolar, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, que concentran cerca del 90 % del país y tienen capacidades técnicas muy limitadas.Entre 2022 y 2025, la Contraloría auditó 1.804 proyectos por más de 34.5 billones de pesos, con hallazgos por deficiencias en planeación, retrasos y falta de articulación con los planes de desarrollo. Se identificaron más de 1.900 hallazgos administrativos, muchos con connotación fiscal, disciplinaria y penal.Como resultado de estas auditorías, se han recuperado más de 122.000 millones de pesos y se han rescatado 184 obras por un valor superior a 2.8 billones de pesos a través de la estrategia “Salvando Obras”.“Hablar del Sistema General de Regalías es hablar del desarrollo territorial del país, pero también reconocer que los resultados siguen siendo insuficientes frente a las necesidades reales de las comunidades”, concluyó Rodríguez.El contralor insistió en que los recursos del subsuelo no pueden seguir diluyéndose en proyectos sin impacto y pidió cambios estructurales en la forma de planificar, ejecutar y controlar las regalías. Entre las recomendaciones se incluyen un presupuesto por programas, mayor priorización basada en evidencia de brechas sociales y fortalecimiento del seguimiento y evaluación de resultados.
La Registraduría respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral de este año y defendió su autonomía. El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que nadie le dirá a la entidad cómo organizar las elecciones y recalcó su carácter independiente.En medio de cuestionamientos del mandatario en la red social X sobre posibles riesgos de fraude, el registrador fue enfático: “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”. La declaración se produjo tras varios mensajes del jefe de Estado en los que pidió ajustes en los formularios E14 y auditorías a los softwares de cómputo.Penagos subrayó que la Registraduría es un órgano autónomo e independiente, sin superior funcional. “Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes, y ser órganos autónomos independientes significa que no tenemos superior funcional”, afirmó. Añadió que existen autoridades disciplinarias, fiscales y electorales, pero que no corresponde supeditarse a otros órganos.¿Qué dijo Petro sobre el posible fraude electoral?El presidente advirtió que dejar casillas en blanco en los formularios E14 “lleva al fraude electoral” y sostuvo que deben marcarse con una X para evitar que sean alteradas. También pidió que la auditoría no se limite al software nacional, sino que incluya el que computa y transmite datos desde mesas, municipios y departamentos.Petro cuestionó que el software de cómputo esté en manos de la empresa Thomas and Greg, a la que señaló de haber sido notificada como defectuosa. Además, afirmó que “la única manera de contrarrestar un fraude es con testigos bien preparados para impugnar correctamente en cada mesa de votación”.Registraduría insiste en que garantiza elecciones íntegrasFrente a esos señalamientos, Penagos aseguró que la entidad está implementando el calendario electoral y definiendo las instrucciones para garantizar la transparencia del proceso. “Estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras”, indicó.El registrador también habló de “actitudes de asedio” frente a la entidad y sostuvo que, además de la Constitución y la ley, se requiere “carácter” para ejercer la función pública. Reiteró que la Registraduría sabe cómo llevar a cabo los comicios “de la mejor manera”, en defensa de la institucionalidad electoral del país.
Durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Montería, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las principales amenazas que enfrentan hoy en día los puestos de votaciones, de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo, son la violencia, la compra y venta de votos, el fraude y la desinformación.Según el funcionario, la violencia que enfrenta el país podría estar siendo promovida por grupos ilegales como el denominado Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, los cuales se encuentran en las principales zonas del riesgo, por lo que desde el Gobierno nacional tomaron medidas para garantizar la seguridad y la transparencia durante las votaciones en estos lugares.“Frente a ello, las acciones ofensivas nos han permitido configurar las zonas priorizadas y darles la seguridad. Pero hay otros tipos de delitos que nos preocupan enormemente y es producto de la desinformación de la venta y compra de votos, ¿quién compra y vende los votos?, ¿quién genera una desinformación para que gane un candidato y pierda el otro?”, cuestionó el ministro de Defensa.Es por esto que el ministro de Defensa anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y judicializar a personas responsables por la compra y venta de votos durante esta temporada electoral.Asimismo, hizo un llamado a los colombianos a ejercer un voto libre y responsable, tanto para las elecciones de Congreso de la República y la consulta popular, como para las elecciones presidenciales que se realizan el próximo 31 de mayo.
La Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno nacional para revisar con detalle los recursos disponibles para atender la emergencia invernal en Córdoba y otras regiones del país, insistiendo en que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) debe cumplir una función preventiva, no sólo reactiva.En ese contexto, el contralor Carlos Hernán Rodríguez dio un ultimátum a la entidad para que este viernes 20 de febrero presenten información detallada sobre los 2,6 billones de pesos del presupuesto para la emergencia, con el fin de determinar qué recursos están comprometidos y cuáles pueden usarse de inmediato.“La Contraloría General de la República tuvo una reunión con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y con funcionarios de carácter técnico y estamos pendientes de que mañana nos entreguen la información porque en esa reunión que tuvimos no tuvieron claridad para brindarnos toda la información de ello. La entidad ya ha venido llamando la atención sobre la conveniencia frente a lo que debe ser la ejecución del gasto. Ha llamado la atención sobre dónde se debe recortar. que tiene que ver de manera directa con gastos de funcionamiento”, aseguró.El contralor recordó que las inundaciones son fenómenos recurrentes que requieren planificación y gestión anticipada, por lo que viajó a Córdoba para revisar la situación fiscal y la disponibilidad de recursos, enfatizando en la necesidad de analizar cuáles fondos están comprometidos y cuáles pueden usarse de manera inmediata para atender la emergencia.“Lo que estamos pidiendo simplemente es que se efectúe un barrido juicioso frente a los recursos comprometidos, que es lo único que le permite saber qué porcentaje de recursos tienen disponibles y pueden responder de manera inmediata. Porque los recursos para Córdoba no pueden depender de que se vaya a generar un tributo más adelante que eventualmente se pueda recaudar”, advirtió Rodríguez.Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en CórdobaPor su parte, la Procuraduría General, Gregorio Eljach, informó que la entidad activó un plan humanitario interno con aportes voluntarios de sus funcionarios y el envío de ayudas a las comunidades afectadas. Además, anunció un acompañamiento integral para evaluar la respuesta institucional, la recuperación económica y la infraestructura, así como la garantía de condiciones para las próximas elecciones en las zonas afectadas.“Queremos garantizar que allí las elecciones se hagan de la mejor manera con toda la garantía para los electores, para los aspirantes y que no vaya a haber ningún tipo de falla que ponga en duda la transparencia del proceso allá en esa región”, indicó Eljach.El procurador también alertó sobre los riesgos sanitarios tras las inundaciones, debido a la acumulación de material orgánico y bacterias, e insistió en la necesidad de medidas preventivas para evitar emergencias en salud pública.“Otro aspecto importante es la prevención sobre las afectaciones de la salud de las personas y de los seres vivos en general. Después de esta inundación tan grave, queda mucho material orgánico en descomposición, muchos vapores, muchas bacterias, muchos elementos que afectan la salud humana y de los animales. Eso hay que preverlo, porque en algún momento tiene que secarse y van a empezar a salir problemas serios que hoy no los vemos, pero que seguramente van a llegar y ahí se puede prevenir antes de que suceda”, resaltó.Ambas entidades coincidieron en que la emergencia requiere respuestas inmediatas, pero también soluciones estructurales a mediano y largo plazo para evitar que las inundaciones sigan generando impactos humanitarios, económicos y productivos en las regiones más afectadas por la ola invernal.
En medio de la temporada invernal que golpea a varias regiones del país, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) dieron inicio a una de las obras más esperadas en la subregión de La Mojana: el proyecto vial El Cauchal – Sucre, una intervención clave para mejorar la conectividad en esta zona históricamente afectada por las lluvias y el aislamiento.La obra cuenta con una inversión total de 154.236 millones de pesos, que incluye tanto el contrato de construcción como la interventoría, y tiene como fecha estimada de entrega el año 2028. Con este proyecto, el Gobierno busca saldar parte de la deuda histórica en materia de infraestructura con esta región, donde las precipitaciones han agravado el deterioro de una vía destapada que, en épocas de invierno, se convierte en un tramo intransitable lleno de barro.La situación ha generado graves afectaciones para las comunidades, que en múltiples ocasiones han quedado incomunicadas. La movilidad se ha visto restringida, impactando el transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios de salud y educación, así como la conexión entre municipios.Los estudios y diseños del proyecto concluyeron en noviembre de 2025. Posteriormente, tras un proceso de diálogo con las comunidades y las veedurías ciudadanas, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 se realizaron ajustes técnicos y modificaciones que permitieron optimizar el alcance de la obra en donde su ejecución comienza oficialmente desde hoy.Como resultado de estos análisis, la intervención pasó de 10 kilómetros inicialmente previstos a 13,5 kilómetros. El proyecto se desarrollará en tres tramos: del kilómetro 0 al 6 en el municipio de San Benito Abad; del kilómetro 6 al 10 en Sucre; y del kilómetro 10 al 13 en Majagual.Para ampliar el alcance sin comprometer la calidad ni la vida útil de la vía, se acordó un ajuste técnico que redujo el ancho del pavimento de 8 a 7 metros, sin incluir la berma. Esta decisión permitió disminuir cantidades de obra y reducir la necesidad de adquisición de predios, garantizando eficiencia en el uso de los recursos.Con el inicio de las obras, la comunidad de La Mojana espera que se facilite la conectividad y el desarrollo de la región, especialmente en medio de una temporada de lluvias.
En diálogo con Mañanas Blu, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, detalló cómo se gestó la reciente conversación telefónica entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario electo Donald Trump. Según el diplomático, este acercamiento no fue fortuito, sino el resultado de meses de gestiones diplomáticas intensas, que incluyeron reuniones con 32 senadores y 74 representantes a la Cámara en Washington.El papel crucial del senador Rand PaulLa pieza clave para concretar este diálogo fue el senador republicano por Kentucky, Rand Paul. García-Peña explicó que ha cultivado una relación estrecha con Paul, motivada especialmente por la preocupación del senador sobre la situación en Venezuela. A pesar de que Paul admitió ante el embajador que su relación con Trump puede ser tensa, fue él quien directamente le sugirió al presidente estadounidense hablar con Petro. Aunque el mandatario colombiano ya había enviado cartas e invitaciones previas a Trump, fue la mediación de Paul la que finalmente obtuvo una respuesta afirmativa: "Mire, hable con Petro", le dijo Paul, a lo que Trump respondió estar dispuesto.Una hora de diálogo sobre narcotráfico y seguridadLa llamada, que se realizó desde Bogotá hacia la Casa Blanca el miércoles por la mañana, tuvo una duración de casi una hora. El embajador calificó el encuentro como "excelente" y resaltó que el tono fue sumamente constructivo, dejando de lado los insultos personales que ambos líderes se habían intercambiado en el pasado. "A pesar de diferencias entre Petro y Trump, entienden importancia de hablar", dijo.El tema central de la conversación fue la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. García-Peña subrayó que, aunque existan profundas diferencias ideológicas, ambos mandatarios coincidieron en que el tráfico de drogas es una amenaza común para ambas sociedades. "Son mucho más los elementos comunes que las diferencias" en este flagelo, aseguró el embajador. No obstante, se aclaró que en la charla no se abordaron temas específicos como la Lista Clinton, la descertificación de Colombia o la situación judicial de familiares del presidente Petro.Invitación a la Casa Blanca y el futuro de la relaciónLa mayor sorpresa de la llamada fue la invitación directa de Donald Trump para que Gustavo Petro visite la Casa Blanca. Trump expresó: "Yo he escuchado muchas cosas malas de usted, pero también he escuchado cosas buenas de usted", antes de proponer el encuentro personal para continuar el diálogo.Respecto a la situación en Venezuela, Petro reiteró la voluntad de Colombia de ser parte de la solución para una transición democrática, aunque no se llegó a conclusiones concretas. Finalmente, el embajador enfatizó que esta invitación presidencial supera cualquier obstáculo procedimental, como los temas de visas, y marca el inicio de un nuevo capítulo diplomático basado en el contacto directo y el reconocimiento mutuo.Escuche aquí la entrevista:
La llamada telefónica que tuvieron este miércoles los presidentes Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, rebajó las tensiones diplomáticas entre ambos países, que se habían profundizado desde el sábado pasado con la detención en Caracas del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.Los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos destacaron el "tono constructivo" de la conversación, que se prolongó por una hora y puso fin, al menos de momento, a una escalada verbal en la que Trump incluso afirmó que le sonaba bien hacer en Colombia una operación como la que terminó con la captura de Maduro.Al intervenir en una manifestación en Bogotá que había convocado "en defensa de la soberanía" tras las amenazas de Trump, el presidente colombiano aseguró: "En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro".Trump, por su parte, anunció que se reunirá con Petro en la Casa Blanca y manifestó que fue "un gran honor" hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas administraciones.Temas de conversaciónPetro afirmó a la multitud reunida en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, que habló con Trump sobre varios asuntos de interés bilateral, uno de ellos restablecer las comunicaciones entre ambos Gobiernos, a través de la Cancillería y el Departamento de Estado, que estaban interrumpidas por los constantes episodios de crisis en la relación."Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia", manifestó Petro en su discurso, en el que lamentó "la incomunicación con el Gobierno de Trump" desde que este inició su segundo periodo presidencial en enero de 2025.El presidente también le aclaró a su homólogo estadounidense que no es narcotraficante y le presentó las cifras de su Gobierno en la lucha contra las drogas, al tiempo que destacó la colaboración que tuvo con el ejecutivo de Maduro para enfrentar este flagelo."Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí de por qué se me sindica (de narcotraficante) si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra 'traquetos' (mafiosos) de alto poder y políticos aliados de ellos", dijo.Igualmente le contó del trabajo hecho con el Gobierno venezolano para enfrentar el narcotráfico: "Le hablé que con Maduro habíamos cuadrado operaciones conjuntas, él allá y yo acá, en el Catatumbo", donde operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), disidencias de las Farc y grupos narcotraficantes.Petro es un crítico acérrimo de las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, en las que han sido hundidas decenas de lanchas supuestamente cargadas con drogas y donde han muerto más de un centenar de tripulantes.Esa postura ha deteriorado su relación con EE.UU., que en septiembre le retiró el visado y luego el Departamento del Tesoro lo incluyó, junto con otras personas de su entorno, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, después de que Trump lo acusara de ser un "líder del narcotráfico".Conversación con Delcy RodríguezPetro también informó a Trump de la conversación que tuvo hace dos días con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia."Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia. Y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma y (que eso) no se produzca", destacó.En ese sentido, Petro manifestó que cuando se reúna con Trump en la Casa Blanca "toca hablar" de esa propuesta, pues "la paz de Venezuela es la paz de Colombia y viceversa".
El líder comunitario Jorge Luis Burgos, un reconocido profesor de la zona rural de Montería, capital del departamento caribeño de Córdoba (noroeste), fue reportado este miércoles como el primer líder social asesinado en Colombia en lo que va de 2026.Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), El Profe, como era conocido el docente, fue asesinado en las últimas horas en su vivienda, ubicada en el corregimiento (pueblo) de Tres Palmas.Según las primeras versiones, la víctima "presentaba signos de violencia y estrangulamiento".Indepaz también señaló que en la zona donde fue asesinado el líder social hace presencia el Clan del Golfo, el grupo criminal más grande del país, que tiene una fuerza estimada de 9.000 integrantes y que desde finales de 2025 está en diálogos de paz con el Gobierno de Colombia en una mesa de negociación en Catar.En ese sentido, la entidad recordó que en 2022 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana donde advertía sobre el riesgo inminente para la vida e integridad de poblaciones vulnerables en Montería, derivado del accionar y control de las Clan del Golfo.Durante 2025, 187 líderes o defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según el registro que lleva Indepaz y que suele coincidir con el de entidades oficiales como la Defensoría del Pueblo.En 2024, Colombia volvió a encabezar la trágica lista de los países más peligrosos para los defensores ambientales, con casi 150 activistas asesinados —prácticamente un tercio de las víctimas registradas en el mundo—, según el más reciente informe de la ONG Global Witness.
Luego de la primera llamada entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump tras las tensiones que se habían generado por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y que incluyeron amenazas por parte del mandatario estadounidense sobre un posible ataque a Colombia, varias personalidades reaccionaron a la conversación que tuvieron los jefes de Estado y resaltaron la importancia de la diplomacia para desescalar esa crisis entre los gobiernos.En entrevista con Recap Blu, Juan González, exasesor de Joe Biden y exdirector del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, manifestó que Trump, ante la importancia de dar golpes al narcotráfico, puede tener una "mano dura" con quienes considere que no colaboran con EE. UU. en esa labor. En ese sentido, rescató que esta llamada se haya llevado a cabo en beneficios de los intereses de ambos países, pero resaltó que Trump está esperando que llegue el nuevo presidente en Colombia para "revitalizar la relación" entre las naciones."Los intereses bilaterales es algo que beneficia no solo a Colombia, sino a los Estados Unidos, dado los intereses que tenemos. Obviamente el presidente Trump ha designado narcotráfico como una prioridad para él y colaboración con Colombia es clave en eso y ha sufrido un poco esa colaboración. Yo creo que en este momento el presidente Trump, no obstante las amenazas de posiblemente intervenir en Colombia, el enfoque de él, y él lo ha dicho públicamente, es esperar a que el presidente Petro se salga de la Presidencia en agosto de este año", afirmó González.Por otro lado, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez "celebró" que el mandatario Gustavo Petro haya tenido la iniciativa de llamar a su homólogo Trump para aclarar las diferencias diplomáticas que terminó en la invitación por parte de la Casa Blanca al presidente colombiano en Whasington "próximamente"."Creo que este diálogo entre ellos tiene que servir para restablecer una agenda común de trabajo para acabar el narcotráfico en Colombia y, por supuesto, lograr que en estos seis meses que nos quedan de la administración Petro den lugar a un cambio que permita retomar también el rumbo hacia un sistema democrático de economía de mercado, donde se corrijan fallas que tenía la democracia colombiana, porque eso tampoco lo podemos ocultar, hemos tenido fallas en el funcionamiento de la democracia, pero en eso estábamos realmente avanzando muchísimo", añadió Ramírez.Finalmente, el exembajador de Colombia en Estados Unidos Gabriel Silva Luján calificó la conversación entre los mandatario como un "triunfo para la diplomacia". En ese sentido, manifestó que ojalá ambos gobiernos no pierdan la oportunidad de continuar con dialogos respetuosos y no ideológicos."Es que parte del problema es que el diálogo entre los dos presidentes, y en particular, hay que reconocerlo, el presidente Petro, que ha estado en una actitud de líder antiimperialista desde ya hace muchos meses y eso pues se coge el camino de clase, discursos en privado, al igual que lo hicieron en público. Esa apertura puede fracasar. Hay que actuar pensando en el interés nacional, ni en los intereses electorales del momento, ni en los intereses ideológicos que han caracterizado tanto a Petro", agregó Silva.Por ahora, se espera que se confirme la fecha en la que se produciría ese encuentro en la Casa Blanca entre Trump y Petro tras esa conversación que duró 45 minutos y que, según el mandatario estadounidense, "fue un honor".
Blu radio conoció la denuncia de varios contratistas del Ministerio del Interior que aseguran no han recibido el pago de su sueldo de diciembre del año pasado.“Hoy es 19 de febrero del 2026 y aún no nos pagan y no nos dan razón de cuando se realizará el pago. Tengo hijos, mi espos@ recibe un salario menor al mío y aunque hemos tratado de resolver con créditos, ya los bancos no nos esperan más. Tengo compañeros que no ha recibido pagos desde noviembre y sobre los pagos de enero, no tenemos explicación”, narró una persona afectada.Vía correo electrónico, el Ministerio del Interior explicó a sus funcionarios que las cuentas de cobro correspondientes a diciembre de 2025 fueron constituidas como reserva presupuestal, es decir, que el pago quedó aplazado para este año y debe surtir un trámite administrativo antes de desembolsarse.Explicaron que el 4 de febrero comenzaron a generar las cuentas por pagar y que ese proceso debía quedar listo máximo el 9 de febrero; luego, el 10 y 11 de febrero se solicita el PAC Reserva al Ministerio de Hacienda, trámite clave para que autoricen los recursos. Advierten que, si alguna cuenta es devuelta para ajustes y no queda obligada antes del 10 de febrero, el pago se corre al mes siguiente, porque Hacienda solo habilita dos días para pedir ese PAC. Una vez aprobado, el Ministerio de Hacienda puede tardar entre tres y cinco días hábiles, y solo después de eso tesorería inicia los desembolsos, que, según el cronograma, comenzarían aproximadamente a partir del 23 de febrero de 2026.Cabe mencionar que el PAC es el Programa Anual Mensualizado de Caja del Ministerio de Hacienda que define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional para los órganos financiados con recursos de la nación.Esta situación ha afectado a cerca de 1.400 contratistas del ministerio. Por otro lado, Blu radio conoció otro testimonio de un contratista que trabaja en el despacho del ministro Armando Benedetti; el último pago se lo hicieron el 10 de diciembre, fue correspondiente a noviembre, y desde esa fecha no recibe sueldo.Este medio también contactó al Ministerio de Hacienda para preguntar por su presunta responsabilidad en la falta de pagos; sin embargo, por ahora no hubo respuesta.
En el marco de un evento sobre regalías realizado en el auditorio Jockey Club, en el centro de Bogotá, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach y elcontralor General, Carlos Hernán Rodríguez, se pronunciaron sobre el caso del menor Kevin Acosta y la situación del sistema de salud en el país.El procurador Gregorio Eljach aseguró que la forma en que el presidente de la República y el ministro de Salud se refirieron al caso que generó indignación entre los colombianos y pidió a los funcionarios del Gobierno moderar su lenguaje.“Hago un llamado vehemente a todo servidor público especialmente a quienes se ocupan los cargos de dirección en el Estado. Para no decir nombres, presidente de la república y ministro de salud a que actúen con sentido de sensibilidad y de consideración y respeto por el dolor ajeno. Me refiero al triste y lamentable y no reparable fallecimiento del niño Kevin Acosta que han ofendido e indignado a los colombianos”, aseguró.Eljach afirmó que su mensaje surgía desde lo más profundo de su sentir, al tratarse de un niño y pidió respeto por la memoria del menor y por sus padres. También recordó que Colombia atraviesa un momento convulsionado y que los altos funcionarios deben promover la unidad y el respeto.Por su parte, el contralor Carlos Hernán Rodríguez se refirió a la crisis del sistema de salud, asegurando que la Contraloría había advertido sobre la situación y que esta trajo consecuencias graves, como la muerte del menor.“Llamo al Gobierno nacional para que reflexione en que esto no se trata de justificar lo injustificable. En reflexionar y revisar la muerte que acaba de acontecer de este niño, tiene que ser algo que nos lleve a reflexionar, a no tratar de justificar errores que se han venido cometiendo. Esta es una oportunidad para que se replantee si se ha venido prestando el servicio como debe ser” indicó.Rodríguez señaló que las decisiones tomadas han generado responsabilidades fiscales por varios billones de pesos y que el Gobierno debe revisar en qué está fallando. Además, reiteró que la Nueva EPS no ha entregado los estados financieros necesarios para su auditoría y recordó que la Superintendencia de Salud debe dedicarse a labores de inspección, vigilancia y control, sin coadministrar entidades.
El periodista Ignacio Gómez, miembro del comité de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), calificó como un caso de “censura” la orden judicial que obligó al medio CasaMacondo a retirar una investigación periodística de todas sus plataformas digitales. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Gómez afirmó que la decisión judicial constituye un precedente preocupante para el ejercicio del periodismo y el derecho a la libertad de expresión en Colombia.“En primer lugar, porque es una censura, porque es la despublicación de una publicación que ya se había hecho”, señaló Gómez al explicar por qué la orden judicial no puede considerarse una simple rectificación. Según el periodista, el problema central radica en que la decisión no se fundamenta en la falsedad del contenido, sino en una interpretación judicial que cuestiona la legitimidad de la publicación misma.Gómez enfatizó que el material periodístico no contenía información falsa ni engañosa. “No hay información falsa, engañosa o errada en la información que se pide borrar, sino que se hace para proteger supuestamente la falta a un pacto de confidencialidad inexistente entre el periodista y su fuente”, afirmó. Según explicó, el fallo judicial interpreta erróneamente la naturaleza de una entrevista periodística, especialmente cuando se trata de un ejercicio de contraste con una figura pública de alto nivel.El periodista también aclaró que este caso no corresponde a una situación en la que un medio haya cometido un error informativo. “Cuando una información es errada o equivocada, lo que hay es que reconocer el error y publicar la información correcta, pero sobre la base del reconocimiento del error”, explicó. Sin embargo, insistió en que esa no es la situación actual, pues los hechos relatados en la investigación corresponden a un proceso judicial real y documentado.Gómez detalló algunos de los elementos que, según él, refuerzan la relevancia pública del caso. “El magistrado tuvo un hijo, el magistrado negó la paternidad de ese hijo, el hijo lo demandó, las pruebas dentro del proceso reconocieron la filiación genética en un 99% del magistrado con su hijo”, afirmó. También señaló como relevante la desaparición del expediente antes de que el proceso concluyera formalmente.Desde su perspectiva, el fallo judicial presenta errores graves en su interpretación del ejercicio periodístico. “Hay varios que se podrían llamar yerros en la sentencia de la juez censora”, afirmó. Entre ellos, mencionó la confusión entre una fuente confidencial y una entrevista directa, así como la falta de reconocimiento del interés público en los hechos investigados. “La desaparición de expedientes, la negación de paternidad y otros hechos irregulares alrededor de este proceso […] son un asunto de interés público”, sostuvo.El periodista advirtió además sobre el contexto institucional en el que se produce la decisión, señalando que el caso involucra a un alto funcionario judicial. Esto, según Gómez, agrava el impacto del precedente, especialmente cuando la Corte Constitucional es la instancia encargada de proteger los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión.Finalmente, Gómez expresó preocupación por lo que considera un cierre anticipado de las posibilidades de revisión dentro del país. “Eso prácticamente es un prejuzgamiento que ya deja sin ninguna corte posible este caso en Colombia. Ya solamente puede responderlo una instancia internacional”, afirmó.El caso de CasaMacondo ha reavivado el debate sobre los límites entre la protección de los derechos individuales y la libertad de prensa, así como sobre el papel de la justicia frente a la publicación de información de interés público relacionada con altos funcionarios del Estado. Mientras el medio afectado anunció que solicitará la revisión del fallo, organizaciones y periodistas advierten que lo ocurrido podría marcar un precedente decisivo para el futuro del periodismo en Colombia.
El Consulado General de Colombia en Atlanta tiene a cargo la circunscripción de siete estados, lo que implica que es responsable de la atención y asistencia de todos los colombianos que residen en Misisipi, Tennessee, Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Kentucky, con un potencial electoral de 24.500 connacionales.Atlanta abrirá su puesto de votación desde el 2 hasta el 8 de marzo. Sin embargo, están denunciando falta de jurados para garantizar el funcionamiento de todas las mesas.La encargada de funciones consulares, Andrea Rojas, pidió a los colombianos que se registren para participar como jurados en la jornada del domingo, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., a través del enlace: https://jurados.cancilleria.gov.co/Cabe mencionar que esta labor será certificada y que las mesas de votación para colombianos en Greenville y Charlotte solo estarán disponibles el 8 de marzo, cuando el país decidirá quiénes asumirá el Senado y la Cámara, y también se votarán las tres consultas: Frente por la Vida, la Gran Consulta y la Consulta de las soluciones.
La Asociación de Transportadores de Carga, ATC, encendió las alarmas al revelar lo que califica como un problema estructural en varios de los principales puertos de Colombia: cobros irregulares y las presuntas presiones que estarían afectando de manera directa a los camioneros.Según los transportadores, en medio de procesos como asignación de citas, inspecciones y movimientos en patios de contenedores, se estarían exigiendo pagos que van desde 30.000 hasta 300.000 pesos para agilizar trámites. La regla, es que quien paga, avanza más rápido; quien no lo hace, puede esperar hasta 10 días con el contenedor sobre su vehículo, e incluso arriesgarse a ser vetado y quedarse sin trabajo.“Esta situación es más extorsivo, es un enfoque que le hemos querido hacer ver al Ministerio de Transporte y la Superintendencia de mil maneras, pero parece que no lo comprenden”, señaló Anderson Quiceno, presidente de la ATC, tachando esta situación cómo “una estafa legalizada”.Los casos, principalmente se presentan con mayor frecuencia en puertos estratégicos como Buenaventura, Aguadulce, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Tolú, donde, según la ATC, algunos operadores portuarios estarían realizando estos cobros, obligando a los conductores a asumir costos que no les corresponden.“Son mafias que están organizadas alrededor de las diferentes necesidades de las operaciones portuarias y son cobradas a los transportadores. Es decir, son los camioneros en última los que tienen que sacar plata de su propio bolsillo para poder que les bajen o les suban un contenedor en tiempo oportuno y no se genere precisamente esa crisis alrededor de lo que tiene que ver con los descargues y cargas de los contenedores”, añadió Quiceno.Pero el impacto va más allá de los pagos irregulares. Cientos de camioneros deben permanecer durante días con la carga montada, funcionando en la práctica como bodegas móviles, mientras se resuelven trámites que son responsabilidad de importadores, exportadores o navieras. Ese tiempo perdido no es reconocido ni remunerado.Las cifras que entrega la asociación son alarmantes. Calculan que entre 200 y 300 camioneros pueden llegar a perder semanalmente entre 26 y 30 millones de pesos cada uno, sumando parqueaderos, alimentación, hospedaje y otros gastos derivados de las largas esperas. En conjunto, las afectaciones superarían los 5.000 millones de pesos por semana.Ante este panorama, la ATC exige al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte que reconozcan un problema que, aseguran, lleva décadas sin resolverse y que trasladen las denuncias a las autoridades competentes.“Si esos cobros son legales, pues que los incluyan precisamente dentro de los costos. Hay que reconocerle a los camioneros para que a través del sistema de costos eficientes se los reconozca la empresa de transporte de carga. Pero no ha habido poder humano que haga entender a los funcionarios del ministerio, comenzando por la viceministra, cuál es el problema estructural en los puertos de Colombia”, exigió el Presidente de la ATC.De no haber intervención, plantean una alternativa. Así como las navieras cobran en dólares las demoras en la devolución de contenedores, los camioneros deberían poder cobrar automáticamente por el tiempo que permanecen retenidos con la carga. Para el gremio, se trata de dignificar al eslabón más vulnerable de la cadena logística nacional.
La periodista Gigliola Valero reveló en Mañanas Blu 10:30 cómo estuvo a punto de ser víctima de una estafa bancaria que suplantaba al banco Davivienda a través de una llamada telefónica, en una modalidad de fraude financiero que, según su testimonio, está cuidadosamente estructurada para engañar incluso a personas informadas sobre estas prácticas delictivas.“Me entró una llamada a mi celular de un número que se me pareció conocido”, relató Valero. Aunque asegura que no suele contestar números desconocidos, decidió atender. De inmediato, los interlocutores la llamaron por su nombre y le mencionaron que tenía una tarjeta de crédito de Davivienda, incluso con los dos últimos dígitos correctos. “Todo lo que me decían era cierto”, afirmó.La llamada provenía, aparentemente, del “teléfono rojo” del banco y el perfil de WhatsApp mostraba el nombre de la entidad con “chulo de verificación”. “Yo miraba el WhatsApp y decía: sí es Davivienda, tiene el chulo de verificación”, explicó.El montaje del fraude y la presión psicológicaDurante casi tres horas, los supuestos funcionarios le indicaron que se estaban realizando compras en Falabella con su tarjeta y que su caso estaba “en alerta máxima”. “Me dijeron que había que proteger mi saldo”, contó. La estrategia consistía en hacerle abrir una cuenta de ahorros desde la aplicación del banco y trasladar allí el dinero.“Me hicieron abrir una cuenta de ahorros a cero costo ahí mismo en la aplicación”, señaló. Posteriormente, le pidieron enviar pantallazos al chat verificado, lo que implicó compartir información sensible: “Al mandar los pantallazos les estaba dando la información de cuáles eran mis saldos”.Según su relato, los delincuentes replicaban mensajes de texto similares a los del banco y utilizaban “los mismos tipos de letras”, reforzando la credibilidad del engaño. El momento de alerta llegó cuando le pidieron transferir el dinero a una supuesta cuenta de “tesorería” como “bolsillo de seguridad”. “Yo veía en la pantalla que decía cuenta de ahorros de Jorge Lozano. Yo decía: no señor, aquí no hay ningún bolsillo”, enfatizó.Llamado a reforzar la protección al ciudadanoTras colgar, Valero se comunicó con el canal oficial del banco. “Ahí mismo colgué, llamé al teléfono rojo, al verdadero”, explicó. Aunque reconoce que “los bancos no son policías”, considera que “sí deberían ponerse un poquito más a la altura” frente a modalidades que, según dijo, están “muy bien diseñadas”.“Casi caigo”, concluyó la periodista, quien decidió hacer pública su experiencia para alertar sobre esta modalidad de estafa telefónica y suplantación bancaria, un fenómeno que continúa afectando a usuarios del sistema financiero en Colombia.Escuche la entrevista completa acá: