Juan David Pérez, reconocido deportista colombiano que hace parte de la selección nacional de fútbol 5 para ciegos, publicó un video en sus redes sociales contando, con sorpresa, que él y varios amigos con discapacidad visual fueron seleccionados como jurados de votación para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.Pérez señaló que la citación les llegó sin ningún filtro que considerara sus condiciones, pese a los problemas que representaría para las funciones técnicas y de vigilancia que implica la tarea.“¿Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos?”, dijo en un video en su cuenta de Instagram ante la imposibilidad de desempeñar esas labores sin visión.El deportista acudió a la Registraduría para tramitar su exoneración, presentando los documentos requeridos y el certificado que acredita su condición de discapacidad visual total, pero la la respuesta de la entidad fue que debían presentar un documento “más actualizado”, aunque se trata de una condición médica que no cambia y, por ende, los respaldos no requieren renovación.Ante esto, la Registraduría emitió un pronunciamiento público tras la difusión del video y aclaró que, aunque inicialmente el sorteo los incluyó debido a la falta de información sobre su discapacidad, una vez conocida su condición, Pérez y quienes estaban en la misma situación fueron exonerados de forma inmediata de la responsabilidad como jurados de votación.“Desde la Delegación Departamental de Santander de la Registraduría señalamos que, para el momento en que se realizó el sorteo y designación de jurados de votación en la Registraduría Municipal de Piedecuesta, no se tenía conocimiento de la situación del ciudadano Juan David Pérez Quintero, quien fue postulado por la Alcaldía Municipal como apto para ser nombrado jurado de votación”, aseveró la entidad.Finalmente, la Registraduría ofreció disculpas por el inconveniente y reiteró que aquellos ciudadanos con discapacidades permanentes deben informar formalmente a los empleadores o a quienes generan los listados para evitar su inclusión en el proceso automatizado de selección.
El encuentro se realizó en Bogotá en un espacio de diálogo impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que reunió a jóvenes entre los 18 y 26 años para reflexionar sobre cómo se informan, cómo participan políticamente y cómo enfrentan los riesgos de la era digital.La conclusión fue clara y repetida: la desinformación puede influir directamente en el comportamiento electoral. En un contexto donde las redes sociales amplifican mensajes, los jóvenes reconocen que el riesgo es mayor porque son, al mismo tiempo, consumidores y multiplicadores de contenido.Preocupaciones: polarización y crisis de confianzaEna Barahona, hondureña de 28 años, gerente de una cooperativa y con maestría en economía aplicada, explicó que muchas de las propuestas surgieron de una realidad evidente en redes sociales: la sobreinformación.“Surge de la desinformación que hay actualmente, o de tanta información que existe que a veces nadie sabe cuál es la correcta, cuál no es la correcta. Entonces se crea tanta desinformación que hace que los jóvenes pues a veces repliquen información falsa. Cuando se replica esta información falsa, pues se va creando y creando y la gente pues toda está desinformada”, afirmó.Para Sofía López, de 23 años, funcionaria del Plan Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Uruguay, el problema no es solo la cantidad de información sino el entorno político en el que circula.“Vemos bastante polarización, vemos al mismo tiempo bastante hegemonía, entonces hay ahí como una contracara donde hay dos polos, pero al mismo tiempo muchas veces hay uno que sobrepasa. Al mismo tiempo hay bastante desinformación, donde la gente no sabe dónde obtener información, donde la gente no sabe en qué confiar, en qué no, qué link abrir, cuál no”, señaló. A su juicio, esta combinación está generando un “declive democrático”.Marcos Zúñiga, asesor legislativo de 26 años de Costa Rica, coincidió en que la región atraviesa un momento complejo. “Vivimos en sociedades que además están llenas de polarización, están llenas de odio, de discursos que debilitan también la institucionalidad, que debilitan el sentido mismo de la democracia y que a partir de ahí hay un desafío enorme en la capacidad que tenemos de organizarnos como personas jóvenes en los diferentes espacios de acción en los que nos desenvolvemos”, sostuvo. Además, advirtió que muchas veces las agendas juveniles se usan “casi como accesorios” en campañas políticas, sin traducirse en acciones concretas.Riesgos en Colombia: fake news y campañas suciasEn Colombia, donde el calendario electoral ya avanza, la preocupación es aún más puntual.Sebastián Blanco, politólogo de 23 años, oriundo de Cartagena, fue enfático al señalar que “uno de los principales riesgos, sobre todo en materia de información digital, vendría siendo la fake news y la desinformación que se está creando por parte de bodegas de todos los partidos y de todas las ideologías políticas para difamar candidatos”.Según explicó, estas prácticas no solo ensucian la campaña, sino que pueden “influir de manera negativa en la percepción de las personas” y afectar el comportamiento electoral.Además, hizo un llamado a todos los sectores politicos. “Que realmente empecemos a tener un debate político que gire en torno a las ideas y a las propuestas de país”. Y agregó que se deben priorizar “las ideas y las propuestas por encima de la difamación, el odio y los mensajes que puedan generar sentimientos negativos en la población”.Sin embargo, Sofía López insistió en que el riesgo no es exclusivo de los partidos. También está en los ciudadanos. “Lo que más me preocupa a mí, en lo personal, es la desinformación. Me preocupa que no corroboremos la información, me preocupa que no verifiquemos antes de compartir”, afirmó.Propuestas: reconstruir comunidad y fortalecer el criterioFrente a este panorama, las soluciones planteadas apuntan más allá de las redes sociales.“Antes de llegar a la parte digital tenemos que tener la capacidad de construir en los territorios”, explicó Zúñiga, al referirse a la necesidad de generar espacios en centros educativos donde la democracia se entienda como participación activa, diálogo y construcción de comunidad.Entre las ideas surgieron mesas juveniles de formación y verificación que puedan replicar información responsable en colegios y universidades, así como programas que fortalezcan valores democráticos desde edades tempranas.Barahona insistió en que el papel de los jóvenes es determinante: “El papel que hay que jugar como joven es informarse bien”, buscar fuentes confiables y mantenerse actualizado con criterio, especialmente en épocas electorales.El llamado: discernir y dialogar fuera de las redesLa directora de la OEI en Colombia, Donatella Montaldo, destacó la pluralidad ideológica del grupo y la importancia del momento que vive el país. “Estamos en un momento de máxima polarización, en momentos donde los espacios democráticos cada vez se hacen más estrechos”, afirmó.Sin embargo, aseguró que ver jóvenes dialogando y buscando puntos de encuentro “da mucha esperanza”.Su llamado final para los jóvenes es “que sean capaces de ver lo que en algunas formas es una manipulación, muchos bulos, que doble chequeen esas informaciones que muchas veces pasan desapercibidas y las creen como válidas. Hablar también con sus compañeros, compañeras, fuera de las redes”.
La precandidata presidencial Vicky Dávila aseguró en entrevista con Recap Blu que, pese a las diferencias del pasado con Abelardo De La Espriella, espera que a toda la oposición de vaya bien, incluyendo al abogado, pues recalcó que al único candidato al que considera una amenaza para el país en las próximas elecciones es Iván Cepeda."Que le vaya bien a Abelardo. Yo quiero que les vaya bien a los de la oposición, que le vaya bien al candidato, a la candidata que gane la gran consulta, ojalá sea yo, ojalá podamos cambiar la forma de hacer política y de gobernar. Siendo yo, eso empieza a cambiar en Colombia. Pero yo hoy entiendo que la mayor amenaza es Iván Cepeda, esa es la mayor amenaza", afirmó la también periodista.En esa misma línea, expresó que espera que los colombianos voten por el candidato que más les gusta, pero reiteró que Cepeda afectaría al país por seguir el proyecto del Gobierno de Gustavo Petro."Que elijan lo que quieran, para eso es la democracia y la libertad. Pero eso sí, nunca ni un voto por Cepeda ni por Roy, porque Roy ahí va con nadadito de perro, ahí va. Y le digo sinceramente que Roy también representa cosas muy feas de la política. Hoy la gran amenaza es Iván Cepeda. Ni un voto por Cepeda", agregó.Polémica Ecopetrol, Constituyente y saludEn materia económica y energética, fue contundente frente al manejo de Ecopetrol y cuestionó la continuidad de Ricardo Roa al frente de la petrolera estatal. Propuso reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos, incluyendo fracking “técnico y responsable”, y recuperar el gobierno corporativo de la empresa. "El señor Roa tendría que renunciar y salir ya de la presidencia de Ecopetrol. Es una vagabundería lo que ha hecho la junta, es una vagabundería y un irrespeto a los colombianos y a la industria petrolera lo que está haciendo Gustavo Petro con Ecopetrol", afirmó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro, la precandidata manifestó que no prosperará y sostuvo que el actual gobierno “tiene fecha de vencimiento”. En ese contexto, señaló que la oposición debe mantenerse unida frente a lo que considera una amenaza política representada por Iván Cepeda, a quien calificó como el principal riesgo electoral.Finalmente, sobre la crisis del sistema de salud, Dávila planteó pagar de inmediato las deudas del sistema de salud para normalizar la entrega de medicamentos, mantener las mejores EPS y sacar del sistema a las que no cumplan estándares. "Las mafias enquistadas en el sistema de salud no son de ahora, de Petro. No son de ahora, son de siempre. La plata de la salud se la han robado toda la vida. Hay campañas hoy presidenciales que se han construido robándose la plata de la salud. Todo el mundo lo sabe, pero la justicia nunca les llegó", concluyó.
Desde la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro mostró un modelo de los nuevos pasaportes que desde el 1 de abril comenzarán a expedirse en Colombia en el marco de un acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta.“Decían que no íbamos a poder hacerlo. Este es el nuevo pasaporte para Colombia. Es hermoso, tiene mariposas amarillas, coco, pescadores, el pueblo de Colombia en sus dibujos, pero fundamentalmente, este es el cuarto mejor pasaporte del mundo. Pasó ya por todas las entidades calificadoras y los exámenes demorados, debe ser llevado con orgullo. Se hará en Colombia”, dijo.Cabe mencionar que recientemente el contralor Delegado para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, le envió a la canciller Rosa Villavicencio una carta en la que advertía que su despacho “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.En el documento agregaban que el cronograma establecido no garantizaba la superación de los atrasos ni eliminaba el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente.Sin embargo, en conversación con Blu Radio, la canciller descartó una prórroga con Thomas Greg, la empresa que llevaba más de una década a cargo de la elaboración de estos documentos.
En el centro y norte del Valle del Cauca continúan las emergencias provocadas por las fuertes lluvias, que han generado graves afectaciones en la zona rural del departamento. En total son once municipios los que han reportado novedades, relacionadas con vendavales, inundaciones y daños en vías terciarias.Las emergencias más complejas se han registrado en los municipios de Ginebra, con viviendas destechadas; y y Ansermanuevo, donde la creciente súbita de una quebrada generó daños en el puente que comunica a este municipio con Argelia."En el municipio de Ginebra, se tuvo en el corregimiento de Costa Rica un fuerte vendaval que desprendió la cubierta de aproximadamente 32 viviendas. Ya se hicieron los respectivos censos y en las próximas horas, la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres atenderá con la asistencia humanitaria requerida para estas familias", señaló el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.Más de la mitad de los municipios del Valle se encuentran en alerta por las lluvias, teniendo en cuenta que estas fuertes precipitaciones podrían extenderse hasta el mes de abril."El municipio de Palmira reportó en la vereda El Chontaduro y en la Buitrera fuertes vientos con desprendimiento de cubiertas. Igualmente el municipio de Ulloa, en Calima Darién hubo afectaciones por movimientos en masa y algunos desprendimientos de cubiertas. El municipio del Cerrito con la inundación de un corregimiento. Los municipios de Bolívar, Toro, Restrepo, Vijes, Ansermanuevo y Yotoco han sido los que nos han reportado afectaciones.", finalizó Tenorio.
La Asociación de Transportadores de Carga, ATC, encendió las alarmas al revelar lo que califica como un problema estructural en varios de los principales puertos de Colombia: cobros irregulares y las presuntas presiones que estarían afectando de manera directa a los camioneros.Según los transportadores, en medio de procesos como asignación de citas, inspecciones y movimientos en patios de contenedores, se estarían exigiendo pagos que van desde 30.000 hasta 300.000 pesos para agilizar trámites. La regla, es que quien paga, avanza más rápido; quien no lo hace, puede esperar hasta 10 días con el contenedor sobre su vehículo, e incluso arriesgarse a ser vetado y quedarse sin trabajo.“Esta situación es más extorsivo, es un enfoque que le hemos querido hacer ver al Ministerio de Transporte y la Superintendencia de mil maneras, pero parece que no lo comprenden”, señaló Anderson Quiceno, presidente de la ATC, tachando esta situación cómo “una estafa legalizada”.Los casos, principalmente se presentan con mayor frecuencia en puertos estratégicos como Buenaventura, Aguadulce, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Tolú, donde, según la ATC, algunos operadores portuarios estarían realizando estos cobros, obligando a los conductores a asumir costos que no les corresponden.“Son mafias que están organizadas alrededor de las diferentes necesidades de las operaciones portuarias y son cobradas a los transportadores. Es decir, son los camioneros en última los que tienen que sacar plata de su propio bolsillo para poder que les bajen o les suban un contenedor en tiempo oportuno y no se genere precisamente esa crisis alrededor de lo que tiene que ver con los descargues y cargas de los contenedores”, añadió Quiceno.Pero el impacto va más allá de los pagos irregulares. Cientos de camioneros deben permanecer durante días con la carga montada, funcionando en la práctica como bodegas móviles, mientras se resuelven trámites que son responsabilidad de importadores, exportadores o navieras. Ese tiempo perdido no es reconocido ni remunerado.Las cifras que entrega la asociación son alarmantes. Calculan que entre 200 y 300 camioneros pueden llegar a perder semanalmente entre 26 y 30 millones de pesos cada uno, sumando parqueaderos, alimentación, hospedaje y otros gastos derivados de las largas esperas. En conjunto, las afectaciones superarían los 5.000 millones de pesos por semana.Ante este panorama, la ATC exige al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte que reconozcan un problema que, aseguran, lleva décadas sin resolverse y que trasladen las denuncias a las autoridades competentes.“Si esos cobros son legales, pues que los incluyan precisamente dentro de los costos. Hay que reconocerle a los camioneros para que a través del sistema de costos eficientes se los reconozca la empresa de transporte de carga. Pero no ha habido poder humano que haga entender a los funcionarios del ministerio, comenzando por la viceministra, cuál es el problema estructural en los puertos de Colombia”, exigió el Presidente de la ATC.De no haber intervención, plantean una alternativa. Así como las navieras cobran en dólares las demoras en la devolución de contenedores, los camioneros deberían poder cobrar automáticamente por el tiempo que permanecen retenidos con la carga. Para el gremio, se trata de dignificar al eslabón más vulnerable de la cadena logística nacional.
Quedó lista la obra de reconstrucción y reforzamiento del muro de contención que protege a Centroabastos, la zona industrial de Bucaramanga y unas 150 familias del barrio José Antonio Galán.El proyecto fue promovido desde Centroabastos y materializado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), con una inversión que osciló entre los 27.000 y 28.000 millones de pesos, incluyendo obra, interventoría y estudios previos.Carlos Eduardo Quiroga, gerente de Centroabastos, recordó que durante 20 años enfrentaron crisis recurrentes por las inundaciones generadas por la creciente del río.“Es una obra de reforzamiento de lo que se deterioró desde hace 20 años. Tuvimos una crisis con la inundación por la creciente del río de Oro 2005 y no queríamos volver a pasar lo mismo”, afirmó.Según explicó, la configuración de una curva en el sector generaba que el caudal impactara con fuerza hacia predios vecinos, especialmente hacia Almagrario, lo que provocó emergencias en el pasado.“Lo que hicimos fue generar la problemática, hacer amigos en todas partes y buscar que nos brindaran esta protección. La CDMB fue la que nos prestó atención y construyó la obra”, señaló el directivo.La intervención consistió en la reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha del río de Oro, con una extensión de 866 metros lineales. Durante más de un año trabajaron alrededor de 100 personas en la ejecución del proyecto.La obra incluyó un sistema estructural de avanzada, compuesto por gaviones y 95 anclajes activos que refuerzan el punto más crítico de la margen derecha del afluente. Además, se construyó una estructura especial de estabilización en la parte baja, diseñada para prevenir fenómenos de socavación y erosión lateral provocados por la fuerza del río.También se levantaron estructuras perpendiculares a la margen que permiten la acumulación de sedimentos, formando playas naturales que ayudan a controlar la erosión y disminuir el impacto del caudal sobre la infraestructura.Para Juan Carlos Reyes Nova, gerente de la CDMB, el proyecto trasciende la infraestructura física. “Más de dos millones de santandereanos se ven favorecidos de manera indirecta, de los cuales 1,2 millones hacen parte de la jurisdicción de la CDMB. Esto no es solo infraestructura, es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, recalcó.Con esta obra, se busca mitigar el riesgo de nuevas emergencias en uno de los sectores estratégicos para la economía regional, garantizando mayor estabilidad a la central de abastos y a las empresas asentadas en la zona industrial de Bucaramanga.
La Policía Nacional confirmó que un auxiliar que se encontraba de turno en le Subestación de Puente Iglesias salió de su turno en horas de la tarde del pasado 18 de febrero, decidió ir a las orillas del río Cauca, lugar en donde fue visto por última vez por uno de sus compañeros.La información que se ha conocido hasta el momento es que el auxiliar se lanzó al afluente y nunca más fue visto en la superficie, por lo que se comenzó de inmediato con la búsqueda del joven de 19 años, sin que hasta el momento se hayan encontrado indicios de su paradero.El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, manifestó que las autoridades en esta zona del Suoreste antioqueño comenzaron con diferentes labores para tratar de hallar al joven auxiliar."Terminó su turno y se fue a bañarse pues al río Cauca, a la ribera del río Cauca y uno de los compañeros pues dio informe que el muchacho se había tirado y no volvió a salir al río. Están en la búsqueda, no ha sido encontrado este jovencito, vamos a esperar que resulta de acuerdo a las labores propias de búsqueda con el personal idóneo en la zona", indicó el uniformado.Por ahora, autoridades de gestión del riesgo de Fredonia y Venecia, así como el DAGRAN de la Gobernación de Antioquia se encuentran haciendo presencia en esta zona. Además, se conoció que incluso se ha hecho un recorrido en lancha por el afluente, sin que se haya avistado al uniformado.Hay que mencionar que debido a las fuertes lluvias que hay caído sobre el departamento de Antioquia, uno de los puntos de riesgo para comunidades es precisamente el río Cauca en donde desde hace varios días se había hecho la recomendación de no hacer ningún tipo de actividades como, por ejemplo, nadar.
En medio de una prolongada crisis política, con cambios frecuentes de presidentes y alta rotación de autoridades, Perú ha logrado mantener una estabilidad macroeconómica que llama la atención en la región.Para explicar ese fenómeno, el exministro de Finanzas Luis Miguel Castilla aseguró en Mañanas Blu 10:30 que la clave ha estado en la fortaleza institucional del Banco Central y en el rechazo ciudadano a la inflación.“Creo que ustedes le han dado al clavo porque la estabilidad en el Banco Central es que ya tenemos el presidente que tenemos ya hace 20 años. Ha sido lo que ha permitido, digamos, lidiar con estas aguas tumultuosas políticas que no se ven. Entonces, la independencia y la continuidad y el manejo meritocrático de la política monetaria ha sido clave en el país”, afirmó.¿Cómo lo han logrado?Castilla señaló que existen dos factores determinantes. El primero, la autonomía constitucional del Banco Central, que —según explicó— ha “blindado al Banco Central del poder político”. El segundo, un consenso social amplio en torno a la estabilidad de precios. “La población no tolera la inflación y eso ha percolado a la clase política”, dijo.Esa combinación ha permitido que presidentes de distintas corrientes ideológicas hayan ratificado en el cargo al actual titular del Banco Central. “Tenemos que presidentes de todo el espectro ideológico, incluido desde García hasta Pedro Castillo, en las antípodas ideológicas han ratificado a Julio Velarde. Entonces a mí me tocó ser el segundo en ratificarlo en la época del expresidente Humala, y eso creo que es el secreto, digamos, de por qué hay esa continuidad y ese respeto”, sostuvo.El exministro destacó además un elemento poco común: el alto nivel de conocimiento ciudadano sobre la autoridad monetaria. “Probablemente sea un país insólito donde probablemente el 80% de la población sepa quién es el presidente del Banco Central. Eso no ocurre en todas partes, y eso creo que hace parte de la credibilidad que tiene el manejo monetario en el Perú”, afirmó.Sobre el papel de la informalidad, Castilla reconoció que tiene un doble efecto. “Es bueno y malo”, explicó. “Es malo porque tenemos mucha población vulnerable cuando hay shocks como la pandemia, no tienen ahorros y son mucho más expuestos a los embates de las crisis. Pero lo cierto es que también ha sido una válvula de escape para poder tener una economía resiliente”.A su juicio, Perú ha vivido un fenómeno particular: “el fenómeno de las cuerdas separadas, ¿no? La economía va por un lado, la política va por el otro”. No obstante, advirtió que esa desconexión tiene límites. “Tanto cambio y tanta rotación de autoridades está minando, está minando a la economía, y eso se ve una paralización de toma de decisiones que le pasa factura a la economía”, señaló. Incluso aseguró que el país podría estar creciendo más con los actuales precios de materias primas: “En lugar de crecer 6% con estos precios, las materias primas debemos estar creciendo al doble. Este, creo que ese 3 podría crecer 6”.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Cada día, millones de mujeres sostienen la economía del país desde distintos frentes, cultivan la tierra, lideran emprendimientos, trabajan en la economía popular, enseñan, cocinan, cosen, administran negocios y mantienen en marcha comunidades enteras.Muchas de ellas han aprendido su oficio con años de experiencia, en escenarios formales e informales, construyendo saberes que rara vez se reflejan en un diploma, pero que son fundamentales para la sociedad.Con este panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió la convocatoria nacional Voces de Mujeres 2026, una iniciativa que busca reconocer y certificar la experiencia laboral femenina en todo el país.¿En qué consiste el programa del SENA?La estrategia ofrece 2.000 cupos y estará disponible hasta el 26 de febrero de 2026, dirigida especialmente a mujeres campesinas, de la economía popular, indígenas, pescadoras y trabajadoras de distintos sectores productivos.La certificación permitirá validar conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la trayectoria laboral, sin importar si esta se desarrolló en contextos formales o informales.Las participantes podrán postularse en 20 normas de competencia laboral relacionadas con áreas como el sector agropecuario, gastronomía, turismo, educación, artesanías, comercio, seguridad, medio ambiente, tecnologías de la información, confección y servicios administrativos, entre otros.Según el SENA, el objetivo es fortalecer la empleabilidad de las mujeres, visibilizar sus saberes y aportar al cierre de brechas, reconociendo la experiencia como una forma legítima de formación.¿Cómo certificar la experiencia laboral?Las mujeres interesadas deben ingresar a la página oficial del SENA ubicar el banner de la Certificación “Voces de Mujeres 2026” en la página principal y diligenciar el formulario de inscripción habilitado para la convocatoria.Una vez inscritas, podrán iniciar el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante el cual se validarán sus conocimientos y habilidades en el área escogida.Con esta convocatoria, el SENA busca que miles de mujeres transformen años de trabajo y experiencia en un reconocimiento formal que fortalezca su perfil ocupacional y amplíe sus oportunidades laborales en Colombia.
El respaldo de la Unión Sindical Obrera (USO) a la aspiración presidencial de Roy Barreras no cayó bien en todos los sectores del progresismo. El Partido Comunista Colombiano (PCC) marcó distancia y cuestionó la decisión del sindicato petrolero calificándolo como un desacierto político.Advirtió que podría fragmentar el bloque que se ha venido articulando alrededor de la consulta en la que resultó ganador Iván Cepeda en octubre de 2025.El choque también tiene un componente de fondo: la discusión sobre el rumbo energético del país. Mientras la USO decidió jugársela por Barreras, el Partido Comunista insistió en que el eje del debate debe ser el papel de Ecopetrol en la transición energética y la necesidad de acelerar el paso hacia fuentes limpias, descartando el fracking como alternativa viable. En ese marco, cuestionó que sectores asociados a la política tradicional puedan encarnar los cambios estructurales que, según esa colectividad, requiere el país.El pronunciamiento incluyó además un llamado a reforzar la unidad del Pacto Histórico y a evitar discursos que profundicen las divisiones en la izquierda.
El procurador Gregorio Eljach responsabilizó a varias entidades del Estado por la emergencia invernal en Córdoba, calificó de indignantes las condiciones de las comunidades afectadas y anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones contra los responsables, mientras pidió medidas urgentes en salud, reparación y garantías electorales.Desde Montería, el procurador aseguró que la emergencia por lluvias en el departamento es el resultado de la inoperancia de varias entidades del Estado, por lo que anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones a las que serán expuestos los responsables de esta tragedia.Eljach señaló que es indignante ver que después de 15 días de la tragedia las comunidades siguen viviendo en condiciones inhumanas y a la espera de respuestas y soluciones efectivas, estructurales y reales que les permita recuperarse y retornar a sus hogares.El procurador resaltó que es importante gestionar desde ya estrategias con el fin de mitigar los impactos en la salud que vendrán cuando se logre sacar toda el agua de los territorios, pues con ello vendrán acumulaciones de material orgánico y bacterias, por lo que insistió en la necesidad de medidas preventivas para evitar emergencias en salud pública.Este jueves 19 de febrero Eljach se trasladó a la región donde desde hace varios días funcionarios de las procuradurías delegadas de Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social y para Asuntos Ambientales y Agrarios han estado solicitando información a las entidades encargadas de brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos. La visita del procurador tiene como objetivo evaluar las estrategias para garantizar la reparación de las víctimas y las elecciones del próximo 8 de marzo.
La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre las debilidades estructurales en la planeación, ejecución y control del Sistema General de Regalías (SGR), que siguen limitando su impacto en el desarrollo territorial del país, pese al volumen histórico de recursos invertidos en la última década.Durante el foro “La paradoja de las regalías”, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que, desde 2012, se han aprobado casi 11.000 proyectos financiados con más de 26,5 billones de pesos en varias regiones del país, pero los resultados sociales no reflejan la magnitud de la inversión."En lugar de financiar proyectos integrales que transformen la calidad educativa, como redes completas de colegios, formación docente, conectividad digital o sistemas de alimentación escolar, los recursos de regalías suelen dividirse en múltiples proyectos de bajo presupuesto y alcance limitado”, explicó Rodríguez.De acuerdo con la Contraloría, el 86 % de los proyectos financiados con regalías no supera los 5.000 millones de pesos, lo que en educación se traduce en intervenciones aisladas: construcción de aulas sueltas, pequeñas dotaciones, reparaciones parciales o programas piloto sin continuidad.El resultado, explicó Rodríguez, es que se invierten miles de millones sin lograr cambios estructurales en cobertura, calidad o permanencia escolar, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, que concentran cerca del 90 % del país y tienen capacidades técnicas muy limitadas.Entre 2022 y 2025, la Contraloría auditó 1.804 proyectos por más de 34.5 billones de pesos, con hallazgos por deficiencias en planeación, retrasos y falta de articulación con los planes de desarrollo. Se identificaron más de 1.900 hallazgos administrativos, muchos con connotación fiscal, disciplinaria y penal.Como resultado de estas auditorías, se han recuperado más de 122.000 millones de pesos y se han rescatado 184 obras por un valor superior a 2.8 billones de pesos a través de la estrategia “Salvando Obras”.“Hablar del Sistema General de Regalías es hablar del desarrollo territorial del país, pero también reconocer que los resultados siguen siendo insuficientes frente a las necesidades reales de las comunidades”, concluyó Rodríguez.El contralor insistió en que los recursos del subsuelo no pueden seguir diluyéndose en proyectos sin impacto y pidió cambios estructurales en la forma de planificar, ejecutar y controlar las regalías. Entre las recomendaciones se incluyen un presupuesto por programas, mayor priorización basada en evidencia de brechas sociales y fortalecimiento del seguimiento y evaluación de resultados.
La Registraduría respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral de este año y defendió su autonomía. El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que nadie le dirá a la entidad cómo organizar las elecciones y recalcó su carácter independiente.En medio de cuestionamientos del mandatario en la red social X sobre posibles riesgos de fraude, el registrador fue enfático: “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”. La declaración se produjo tras varios mensajes del jefe de Estado en los que pidió ajustes en los formularios E14 y auditorías a los softwares de cómputo.Penagos subrayó que la Registraduría es un órgano autónomo e independiente, sin superior funcional. “Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes, y ser órganos autónomos independientes significa que no tenemos superior funcional”, afirmó. Añadió que existen autoridades disciplinarias, fiscales y electorales, pero que no corresponde supeditarse a otros órganos.¿Qué dijo Petro sobre el posible fraude electoral?El presidente advirtió que dejar casillas en blanco en los formularios E14 “lleva al fraude electoral” y sostuvo que deben marcarse con una X para evitar que sean alteradas. También pidió que la auditoría no se limite al software nacional, sino que incluya el que computa y transmite datos desde mesas, municipios y departamentos.Petro cuestionó que el software de cómputo esté en manos de la empresa Thomas and Greg, a la que señaló de haber sido notificada como defectuosa. Además, afirmó que “la única manera de contrarrestar un fraude es con testigos bien preparados para impugnar correctamente en cada mesa de votación”.Registraduría insiste en que garantiza elecciones íntegrasFrente a esos señalamientos, Penagos aseguró que la entidad está implementando el calendario electoral y definiendo las instrucciones para garantizar la transparencia del proceso. “Estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras”, indicó.El registrador también habló de “actitudes de asedio” frente a la entidad y sostuvo que, además de la Constitución y la ley, se requiere “carácter” para ejercer la función pública. Reiteró que la Registraduría sabe cómo llevar a cabo los comicios “de la mejor manera”, en defensa de la institucionalidad electoral del país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la conversación telefónica sostenida con el presidente Gustavo Petro. A través de un mensaje en su red social Truth Social, Trump calificó el contacto como un "gran honor" y confirmó que ambos gobiernos ya trabajan en una agenda para un encuentro presencial en Washington D. C.La llamada, que duró aproximadamente 45 minutos, sirvió para que Petro expusiera la visión de Colombia sobre temas críticos que han distanciado a ambas administraciones. Según Trump, el mandatario colombiano tomó la iniciativa para abordar los desacuerdos en materia de lucha contra el narcotráfico y las tensiones diplomáticas derivadas de la captura de Nicolás Maduro."Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradezco su llamada y su tono", manifestó Trump.El acercamiento marca un giro en la relación bilateral, pasando de la confrontación pública a la coordinación institucional. Trump anunció que los delegados de alto nivel de ambos países ya tienen instrucciones de organizar la cumbre oficial."El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.", aseguró el líder estadounidense, quien además destacó el tono conciliador del diálogo.
Blu Radio conoció en primicia que Estados Unidos invitará al presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca. La noticia se conoce tras la llamada entre los presidentes Donald Trump y el mandatario colombiano. De acuerdo con fuentes cercanas a la Casa Blanca, la conversación de este miércoles, 7 de enero, duró 40 minutos.Minutos después de conocerse esta primicia, el mandatario estadounidense confirmó a través de sus redes sociales que se reunirá "próximamente" con el presidente Petro. De hecho, señaló que el secretario de Estado de estados Unidos, Marco Rubio, y representantes de la Cancillería de Colombia ya están "realizando los arreglos necesarios" para llevar a cabo este encuentro diplomático.Asimismo, informó que la llamada con el jefe de Estado colombiano sirvió para aclarar algunos desacuerdos que han tenido en los últimos meses, especialmente, sobre el narcotráfico."Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradezco su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.Las últimas advertencias de Trump a PetroAntes de esta llamada, Donald Trump había realizado amenazas contra el presidente Petro al afirmar que le “sonaría bien” una operación similar a la realizada en Venezuela en Colombia. Además, lo acusó de traficar drogas hacia Estados Unidos y aseguró que “no lo hará por mucho más tiempo”, elevando el tono de confrontación entre ambos mandatarios.Petro respondió con fuertes críticas a la acción militar del gobierno de Trump en la región, a la que calificó como el “secuestro” de Nicolás Maduro, capturado en Caracas tras bombardeos de Washington. El mandatario colombiano rechazó las acusaciones en su contra y afirmó que su nombre no aparece en archivos judiciales sobre narcotráfico, exigiendo a Trump que deje de calumniarlo.La tensión se agravó cuando Trump llamó a Petro un “hombre enfermo” y dijo que “le gusta hacer cocaína”, declaraciones que llevaron a la Cancillería colombiana a calificar los señalamientos como una “injerencia inaceptable” y a exigir respeto. Vale recordar que, desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero de 2025, ambos gobiernos han chocado por temas como aranceles y migración. De hecho, antes no habían tenido ninguna conversación directa, como sí había sucedido con Petro y Biden, al menos en cuatro ocasiones.
El presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense, Donald Trump, sostuvieron este miércoles su primera conversación directa. El diálogo, de aproximadamente 45 minutos, se produce tras la captura de Nicolás Maduro, un hecho que ha profundizado las diferencias diplomáticas entre Bogotá y Washington.La comunicación telefónica se realizó pasadas las 5:30 de la tarde, apenas momentos antes de que Petro se dirigiera a la Plaza de Bolívar para un acto público.La captura de Nicolás Maduro ha sido el eje de la fricción. Mientras que la administración Trump ha respaldado el procedimiento como un avance en la justicia internacional, el presidente Petro ha mantenido una postura de cuestionamiento sobre el impacto de estas decisiones en la estabilidad de la región y en los procesos de paz.Este contacto marca un hito en la relación entre ambos gobiernos, que hasta ahora se había caracterizado por mensajes indirectos y una evidente distancia diplomática. Se espera que en las próximas horas el Gobierno emita un comunicado oficial con detalles adicionales sobre los compromisos o puntos de acuerdo alcanzados durante la breve conversación.Una vez conocida la llamada entre ambos mandatarios, las reacciones no se hicieron esperar. En entrevista con Blu Radio, María Emma Mejía, excanciller de Colombia, señaló que se trata de un paso "más que bienvenido", teniendo en cuenta la crisis diplomática.La excanciller agregó que es importante esperar qué camino toma el país tras la llamada, si el presidente Petro cambia su tono y si las relaciones con Estados Unidos vuelven a tomar importancia en época electoral.“Toca continuar el esfuerzo diplomático. Ver la posibilidad que tiene Colombia de apoyar los pasos que se están dando en Venezuela y esperar que haya unas elecciones donde este tema se convierta en un tema de campaña. Bienvenido que haya ese debate", añadió.El precandidato presidencial Juan Manuel Galán también reaccionó a la llamada entre Petro y Trump, la cual calificó como "un gran avance". "Celebramos que el presidente Petro haya optado por el diálogo directo y franco, no por mensajes en X. Como ciudadano, reconozco que ese es el gesto adecuado y lo aplaudo", publicó en su cuenta de X."Ahora el país espera algo elemental: una buena noticia o, al menos, un parte de tranquilidad. Colombia no puede seguir gobernándose desde la incertidumbre. La cara del santo hace el milagro. El diálogo siempre es la salida", añadió Galán.
Expertos antiexplosivos de la Novena Brigada del Ejército Nacional acordonaron el área sobre la vía que comunica el municipio de La Plata, Huila, con el departamento del Cauca, donde hallaron y detonaron de manera controlada un artefacto explosivo que había sido instalado en el sector, poniendo en riesgo a la fuerza pública y a la población civil.Posteriormente, en la vereda Potreritos, conocida como el cruce de Itaibe, Cauca, sobre la vía La Plata–Paicol, en el occidente del Huila, los uniformados desactivaron un cilindro con explosivos, en una acción terrorista que se le atribuye a presuntos grupos armados organizados que delinquen en la región.“Mediante el empleo del canino antiexplosivos se realizó el reconocimiento del área, arrojando resultado positivo para la presencia de material explosivo, y luego las tropas efectuaron una detonación controlada, neutralizando el artefacto. De manera simultánea, en la vereda Potreritos de Itaibe, Cauca, se logró la ubicación de un artefacto explosivo tipo cilindro, el cual fue destruido mediante detonación controlada, evitando afectaciones a la población civil y a las tropas”, dijo el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.El paso vehicular entre el Huila y el Cauca estuvo restringido por varias horas mientras el Ejército neutralizaba el material explosivo, que representaba un alto peligro para la comunidad.De acuerdo con las autoridades, estas acciones terroristas estarían vinculadas con estructuras armadas ilegales que hacen presencia en la región, teniendo en cuenta que en esta zona del Huila delinque el bloque Isaías Pardo, perteneciente a las disidencias de las Farc.
Durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Montería, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las principales amenazas que enfrentan hoy en día los puestos de votaciones, de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo, son la violencia, la compra y venta de votos, el fraude y la desinformación.Según el funcionario, la violencia que enfrenta el país podría estar siendo promovida por grupos ilegales como el denominado Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, los cuales se encuentran en las principales zonas del riesgo, por lo que desde el Gobierno nacional tomaron medidas para garantizar la seguridad y la transparencia durante las votaciones en estos lugares.“Frente a ello, las acciones ofensivas nos han permitido configurar las zonas priorizadas y darles la seguridad. Pero hay otros tipos de delitos que nos preocupan enormemente y es producto de la desinformación de la venta y compra de votos, ¿quién compra y vende los votos?, ¿quién genera una desinformación para que gane un candidato y pierda el otro?”, cuestionó el ministro de Defensa.Es por esto que el ministro de Defensa anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y judicializar a personas responsables por la compra y venta de votos durante esta temporada electoral.Asimismo, hizo un llamado a los colombianos a ejercer un voto libre y responsable, tanto para las elecciones de Congreso de la República y la consulta popular, como para las elecciones presidenciales que se realizan el próximo 31 de mayo.
La Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno nacional para revisar con detalle los recursos disponibles para atender la emergencia invernal en Córdoba y otras regiones del país, insistiendo en que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) debe cumplir una función preventiva, no sólo reactiva.En ese contexto, el contralor Carlos Hernán Rodríguez dio un ultimátum a la entidad para que este viernes 20 de febrero presenten información detallada sobre los 2,6 billones de pesos del presupuesto para la emergencia, con el fin de determinar qué recursos están comprometidos y cuáles pueden usarse de inmediato.“La Contraloría General de la República tuvo una reunión con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y con funcionarios de carácter técnico y estamos pendientes de que mañana nos entreguen la información porque en esa reunión que tuvimos no tuvieron claridad para brindarnos toda la información de ello. La entidad ya ha venido llamando la atención sobre la conveniencia frente a lo que debe ser la ejecución del gasto. Ha llamado la atención sobre dónde se debe recortar. que tiene que ver de manera directa con gastos de funcionamiento”, aseguró.El contralor recordó que las inundaciones son fenómenos recurrentes que requieren planificación y gestión anticipada, por lo que viajó a Córdoba para revisar la situación fiscal y la disponibilidad de recursos, enfatizando en la necesidad de analizar cuáles fondos están comprometidos y cuáles pueden usarse de manera inmediata para atender la emergencia.“Lo que estamos pidiendo simplemente es que se efectúe un barrido juicioso frente a los recursos comprometidos, que es lo único que le permite saber qué porcentaje de recursos tienen disponibles y pueden responder de manera inmediata. Porque los recursos para Córdoba no pueden depender de que se vaya a generar un tributo más adelante que eventualmente se pueda recaudar”, advirtió Rodríguez.Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en CórdobaPor su parte, la Procuraduría General, Gregorio Eljach, informó que la entidad activó un plan humanitario interno con aportes voluntarios de sus funcionarios y el envío de ayudas a las comunidades afectadas. Además, anunció un acompañamiento integral para evaluar la respuesta institucional, la recuperación económica y la infraestructura, así como la garantía de condiciones para las próximas elecciones en las zonas afectadas.“Queremos garantizar que allí las elecciones se hagan de la mejor manera con toda la garantía para los electores, para los aspirantes y que no vaya a haber ningún tipo de falla que ponga en duda la transparencia del proceso allá en esa región”, indicó Eljach.El procurador también alertó sobre los riesgos sanitarios tras las inundaciones, debido a la acumulación de material orgánico y bacterias, e insistió en la necesidad de medidas preventivas para evitar emergencias en salud pública.“Otro aspecto importante es la prevención sobre las afectaciones de la salud de las personas y de los seres vivos en general. Después de esta inundación tan grave, queda mucho material orgánico en descomposición, muchos vapores, muchas bacterias, muchos elementos que afectan la salud humana y de los animales. Eso hay que preverlo, porque en algún momento tiene que secarse y van a empezar a salir problemas serios que hoy no los vemos, pero que seguramente van a llegar y ahí se puede prevenir antes de que suceda”, resaltó.Ambas entidades coincidieron en que la emergencia requiere respuestas inmediatas, pero también soluciones estructurales a mediano y largo plazo para evitar que las inundaciones sigan generando impactos humanitarios, económicos y productivos en las regiones más afectadas por la ola invernal.
En medio de la temporada invernal que golpea a varias regiones del país, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) dieron inicio a una de las obras más esperadas en la subregión de La Mojana: el proyecto vial El Cauchal – Sucre, una intervención clave para mejorar la conectividad en esta zona históricamente afectada por las lluvias y el aislamiento.La obra cuenta con una inversión total de 154.236 millones de pesos, que incluye tanto el contrato de construcción como la interventoría, y tiene como fecha estimada de entrega el año 2028. Con este proyecto, el Gobierno busca saldar parte de la deuda histórica en materia de infraestructura con esta región, donde las precipitaciones han agravado el deterioro de una vía destapada que, en épocas de invierno, se convierte en un tramo intransitable lleno de barro.La situación ha generado graves afectaciones para las comunidades, que en múltiples ocasiones han quedado incomunicadas. La movilidad se ha visto restringida, impactando el transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios de salud y educación, así como la conexión entre municipios.Los estudios y diseños del proyecto concluyeron en noviembre de 2025. Posteriormente, tras un proceso de diálogo con las comunidades y las veedurías ciudadanas, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 se realizaron ajustes técnicos y modificaciones que permitieron optimizar el alcance de la obra en donde su ejecución comienza oficialmente desde hoy.Como resultado de estos análisis, la intervención pasó de 10 kilómetros inicialmente previstos a 13,5 kilómetros. El proyecto se desarrollará en tres tramos: del kilómetro 0 al 6 en el municipio de San Benito Abad; del kilómetro 6 al 10 en Sucre; y del kilómetro 10 al 13 en Majagual.Para ampliar el alcance sin comprometer la calidad ni la vida útil de la vía, se acordó un ajuste técnico que redujo el ancho del pavimento de 8 a 7 metros, sin incluir la berma. Esta decisión permitió disminuir cantidades de obra y reducir la necesidad de adquisición de predios, garantizando eficiencia en el uso de los recursos.Con el inicio de las obras, la comunidad de La Mojana espera que se facilite la conectividad y el desarrollo de la región, especialmente en medio de una temporada de lluvias.
Blu radio conoció la denuncia de varios contratistas del Ministerio del Interior que aseguran no han recibido el pago de su sueldo de diciembre del año pasado.“Hoy es 19 de febrero del 2026 y aún no nos pagan y no nos dan razón de cuando se realizará el pago. Tengo hijos, mi espos@ recibe un salario menor al mío y aunque hemos tratado de resolver con créditos, ya los bancos no nos esperan más. Tengo compañeros que no ha recibido pagos desde noviembre y sobre los pagos de enero, no tenemos explicación”, narró una persona afectada.Vía correo electrónico, el Ministerio del Interior explicó a sus funcionarios que las cuentas de cobro correspondientes a diciembre de 2025 fueron constituidas como reserva presupuestal, es decir, que el pago quedó aplazado para este año y debe surtir un trámite administrativo antes de desembolsarse.Explicaron que el 4 de febrero comenzaron a generar las cuentas por pagar y que ese proceso debía quedar listo máximo el 9 de febrero; luego, el 10 y 11 de febrero se solicita el PAC Reserva al Ministerio de Hacienda, trámite clave para que autoricen los recursos. Advierten que, si alguna cuenta es devuelta para ajustes y no queda obligada antes del 10 de febrero, el pago se corre al mes siguiente, porque Hacienda solo habilita dos días para pedir ese PAC. Una vez aprobado, el Ministerio de Hacienda puede tardar entre tres y cinco días hábiles, y solo después de eso tesorería inicia los desembolsos, que, según el cronograma, comenzarían aproximadamente a partir del 23 de febrero de 2026.Cabe mencionar que el PAC es el Programa Anual Mensualizado de Caja del Ministerio de Hacienda que define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional para los órganos financiados con recursos de la nación.Esta situación ha afectado a cerca de 1.400 contratistas del ministerio. Por otro lado, Blu radio conoció otro testimonio de un contratista que trabaja en el despacho del ministro Armando Benedetti; el último pago se lo hicieron el 10 de diciembre, fue correspondiente a noviembre, y desde esa fecha no recibe sueldo.Este medio también contactó al Ministerio de Hacienda para preguntar por su presunta responsabilidad en la falta de pagos; sin embargo, por ahora no hubo respuesta.
En el marco de un evento sobre regalías realizado en el auditorio Jockey Club, en el centro de Bogotá, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach y elcontralor General, Carlos Hernán Rodríguez, se pronunciaron sobre el caso del menor Kevin Acosta y la situación del sistema de salud en el país.El procurador Gregorio Eljach aseguró que la forma en que el presidente de la República y el ministro de Salud se refirieron al caso que generó indignación entre los colombianos y pidió a los funcionarios del Gobierno moderar su lenguaje.“Hago un llamado vehemente a todo servidor público especialmente a quienes se ocupan los cargos de dirección en el Estado. Para no decir nombres, presidente de la república y ministro de salud a que actúen con sentido de sensibilidad y de consideración y respeto por el dolor ajeno. Me refiero al triste y lamentable y no reparable fallecimiento del niño Kevin Acosta que han ofendido e indignado a los colombianos”, aseguró.Eljach afirmó que su mensaje surgía desde lo más profundo de su sentir, al tratarse de un niño y pidió respeto por la memoria del menor y por sus padres. También recordó que Colombia atraviesa un momento convulsionado y que los altos funcionarios deben promover la unidad y el respeto.Por su parte, el contralor Carlos Hernán Rodríguez se refirió a la crisis del sistema de salud, asegurando que la Contraloría había advertido sobre la situación y que esta trajo consecuencias graves, como la muerte del menor.“Llamo al Gobierno nacional para que reflexione en que esto no se trata de justificar lo injustificable. En reflexionar y revisar la muerte que acaba de acontecer de este niño, tiene que ser algo que nos lleve a reflexionar, a no tratar de justificar errores que se han venido cometiendo. Esta es una oportunidad para que se replantee si se ha venido prestando el servicio como debe ser” indicó.Rodríguez señaló que las decisiones tomadas han generado responsabilidades fiscales por varios billones de pesos y que el Gobierno debe revisar en qué está fallando. Además, reiteró que la Nueva EPS no ha entregado los estados financieros necesarios para su auditoría y recordó que la Superintendencia de Salud debe dedicarse a labores de inspección, vigilancia y control, sin coadministrar entidades.
El periodista Ignacio Gómez, miembro del comité de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), calificó como un caso de “censura” la orden judicial que obligó al medio CasaMacondo a retirar una investigación periodística de todas sus plataformas digitales. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Gómez afirmó que la decisión judicial constituye un precedente preocupante para el ejercicio del periodismo y el derecho a la libertad de expresión en Colombia.“En primer lugar, porque es una censura, porque es la despublicación de una publicación que ya se había hecho”, señaló Gómez al explicar por qué la orden judicial no puede considerarse una simple rectificación. Según el periodista, el problema central radica en que la decisión no se fundamenta en la falsedad del contenido, sino en una interpretación judicial que cuestiona la legitimidad de la publicación misma.Gómez enfatizó que el material periodístico no contenía información falsa ni engañosa. “No hay información falsa, engañosa o errada en la información que se pide borrar, sino que se hace para proteger supuestamente la falta a un pacto de confidencialidad inexistente entre el periodista y su fuente”, afirmó. Según explicó, el fallo judicial interpreta erróneamente la naturaleza de una entrevista periodística, especialmente cuando se trata de un ejercicio de contraste con una figura pública de alto nivel.El periodista también aclaró que este caso no corresponde a una situación en la que un medio haya cometido un error informativo. “Cuando una información es errada o equivocada, lo que hay es que reconocer el error y publicar la información correcta, pero sobre la base del reconocimiento del error”, explicó. Sin embargo, insistió en que esa no es la situación actual, pues los hechos relatados en la investigación corresponden a un proceso judicial real y documentado.Gómez detalló algunos de los elementos que, según él, refuerzan la relevancia pública del caso. “El magistrado tuvo un hijo, el magistrado negó la paternidad de ese hijo, el hijo lo demandó, las pruebas dentro del proceso reconocieron la filiación genética en un 99% del magistrado con su hijo”, afirmó. También señaló como relevante la desaparición del expediente antes de que el proceso concluyera formalmente.Desde su perspectiva, el fallo judicial presenta errores graves en su interpretación del ejercicio periodístico. “Hay varios que se podrían llamar yerros en la sentencia de la juez censora”, afirmó. Entre ellos, mencionó la confusión entre una fuente confidencial y una entrevista directa, así como la falta de reconocimiento del interés público en los hechos investigados. “La desaparición de expedientes, la negación de paternidad y otros hechos irregulares alrededor de este proceso […] son un asunto de interés público”, sostuvo.El periodista advirtió además sobre el contexto institucional en el que se produce la decisión, señalando que el caso involucra a un alto funcionario judicial. Esto, según Gómez, agrava el impacto del precedente, especialmente cuando la Corte Constitucional es la instancia encargada de proteger los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión.Finalmente, Gómez expresó preocupación por lo que considera un cierre anticipado de las posibilidades de revisión dentro del país. “Eso prácticamente es un prejuzgamiento que ya deja sin ninguna corte posible este caso en Colombia. Ya solamente puede responderlo una instancia internacional”, afirmó.El caso de CasaMacondo ha reavivado el debate sobre los límites entre la protección de los derechos individuales y la libertad de prensa, así como sobre el papel de la justicia frente a la publicación de información de interés público relacionada con altos funcionarios del Estado. Mientras el medio afectado anunció que solicitará la revisión del fallo, organizaciones y periodistas advierten que lo ocurrido podría marcar un precedente decisivo para el futuro del periodismo en Colombia.