El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, se pronunció en Mañanas Blu 10:30 sobre la situación de seguridad en la ciudad y aclaró las razones del cierre del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Según explicó, la decisión no está relacionada con la presencia de grupos armados ilegales, sino con un conflicto puntual derivado de una intervención administrativa.“El cierre del Parque Tayrona, según nos ha informado directamente Parques Nacionales, no obedece a la presencia de grupos armados o algún tipo de confrontación al interior del Parque Tayrona, sino que obedece a un conflicto que hay con una comunidad indígena y una comunidad campesina”, afirmó el funcionario.De acuerdo con George, el pasado 11 de febrero la Unidad de Parques Nacionales, junto con otras entidades, realizó una intervención dentro del parque para desalojar construcciones levantadas de manera ilegal en terrenos que pertenecen al Estado. Tras el procedimiento, se generó una confrontación en la entrada del parque.“Una comunidad hizo unas construcciones en terrenos que pertenecen a Parques Nacionales (…) lo que conllevó a un proceso administrativo que se hizo efectivo el 11 de febrero, y posterior a ese proceso administrativo de demolición se generó ese conflicto”, explicó.Conflicto en la entrada y cierre preventivoEl secretario detalló que, tras el desalojo, integrantes de estas comunidades se ubicaron en los accesos, impidieron el ingreso de visitantes y realizaron cobros. “Hubo un conflicto entre Parques Nacionales y el grupo de indígenas y campesinos, y eso conllevó a que estas comunidades se tomaran la taquilla, prohibieran el ingreso y cobraran unos ingresos”, indicó.En ese contexto, Parques Nacionales emitió una resolución argumentando razones de seguridad. Sin embargo, George señaló que esta redacción pudo generar interpretaciones equivocadas sobre enfrentamientos entre estructuras criminales. “Eso no quiere decir que se desconozca que hay retos (…) pero tiene una diferenciación con el caso específico del Parque Tayrona”, precisó.Seguridad en Santa Marta y presencia de grupos armadosEl funcionario reconoció que Santa Marta y el Magdalena enfrentan problemas estructurales de seguridad. “Es innegable que Santa Marta y el departamento del Magdalena tiene injerencia de grupos armados al margen de la ley”, manifestó.También confirmó la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y confrontaciones con el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales. “Es innegable decir que este grupo lo que ha hecho hasta el momento es fortalecer su línea de extorsión, principalmente”, sostuvo.No obstante, insistió en separar esa problemática del cierre actual del Parque Tayrona.Reapertura del Parque TayronaSobre la reapertura, el secretario señaló que la administración local ha solicitado celeridad. “Lo que hemos pedido es (…) démosle celeridad en cuanto se puede reaperturar el parque”, afirmó, al recordar que el Tayrona recibe más de 900.000 visitantes al año.Las autoridades esperan que la medida sea temporal mientras se supera el conflicto en los accesos y se restablecen las condiciones para el ingreso de turistas.Escuche la entrevista completa acá:
Luego de una reunión entre el Pacto Histórico y el Consejo Nacional Electoral, la colectividad afirmó que sí postulará sus testigos electorales luego de que la entidad electoral atendiera y corrigiera las alertas identificadas en su plataforma de acreditación.El representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que las alertas presentadas por la coalición fueron atendidas de manera inmediata por la entidad electoral en una mesa técnica adelantada durante el viernes 20 de febrero.Tanto la colectividad como Uribe había cuestionado la entrada en funcionamiento de la plataforma, pues señalaron que esta herramienta para la inscripción de testigos fue presentada el 22 de enero, pero apenas entró a funcionar el día 10 de febrero.Situación que llamó su atención, pues manifestó que solo quedaban 13 días para realizar estas inscripciones, lo que para ellos es poco tiempo para subir los listados.Tras esta mesa técnica, el representante indicó que luego de verificar las correcciones y recibir las explicaciones técnicas correspondientes por parte del presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, al igual que la de los ingenieros y expertos responsables de dicha plataforma, el Pacto Histórico iniciará la carga de testigos electorales tanto a nivel nacional como internacional.Finalmente, el congresista señaló que espera que la herramienta tecnológica cumpla su función de garantizar transparencia en el proceso electoral y de esta forma permita que todas las agrupaciones políticas registren sus testigos y ejerzan la debida observación en cada etapa del proceso.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
El Grupo Nutresa aumentó su utilidad neta en un 64,5 % en 2025 en comparación con el año anterior, llegando hasta 1,2 billones de pesos (unos 325 millones de dólares), informó este jueves la compañía en su informe anual de resultados."Los resultados financieros de Grupo Nutresa en el 2025 reflejan la solidez de las capacidades corporativas del Grupo y la exitosa implementación de la estrategia de rentabilización sostenible, en la cual estamos evolucionando el modelo de negocio para ser más eficientes, ágiles y pertinentes para nuestros consumidores", dijo el presidente del Grupo Nutresa, Jaime Gilinski, citado en el informe.El Grupo reportó unas ventas por 20,6 billones de pesos (unos 5.573 millones de dólares), un aumento del 10,7 % en comparación al 2024.Por segmentos, la compañía destacó el crecimiento de las ventas de varios productos en sus mercados internacionales, como el café, que aumentó un 56,6 %, seguido de los chocolates que incrementaron un 50,1 % y las galletas, con un 25,2 % de crecimiento.En Colombia, el mayor crecimiento también se registró en el negocio de café, cuyas ventas aumentaron un 29 %, seguido de helados (12 %), galletas (9,3 %) y chocolates (9,2 %), según el comunicado de la empresa.Del total, las ventas en Colombia fueron de 12,3 billones de pesos (unos 3.328 millones de dólares), con un incremento del 9,9 %, y los ingresos internacionales sumaron 8,3 billones de pesos (unos 2.246 millones de dólares), un aumento del 11,9 %, equivalentes al 40,4 % del total.El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) ajustado se situó en 3,45 billones de pesos (unos 933 millones de dólares), con un margen del 16,8 %, según el comunicado.Nutresa, con sede en Medellín (noroeste), es una industria de alimentos presente en 72 países con un portafolio de 168 marcas de carnes frías, galletas, chocolates, café, helados, pastas y comidas rápidas.El holding incluye empresas en Colombia como las compañías de galletas Noel y Tosh, las marcas cafeteras de Colcafé y Sello Rojo, y los restaurantes El Corral, Papa John's Colombia, Leños y Carbón, y Beer Station, entre otros.La compañía señaló que en 2026 mantendrá su enfoque en el crecimiento rentable, la expansión de mercados y la optimización de costos para fortalecer su competitividad.
Este jueves en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
En medio de un torrencial aguacero, con temperatura alta y una muy marcada humedad en Villa Eliza, Paraguay, la Selección Colombia femenina volvió a tropezar y cayó 1-0 frente a la Selección de Brasil femenina en lo que fue su segunda salida en el hexagonal del Sudamericano Sub 20. Un partido exigente que terminó marcando un panorama desafiante para el equipo dirigido por Carlos Paniagua.El único gol del compromiso llegó en el minuto 53, cuando Vitorinha anotó para el conjunto brasileño. A partir de ese momento, Colombia intentó reaccionar, pero no logró romper la resistencia de su rival. Brasil incluso terminó el partido con diez jugadoras, una circunstancia que no pudo ser capitalizada por el equipo colombiano.Brasil ha ganado todos los partidos de la fase finalCon este resultado, Colombia suma su segunda derrota consecutiva, luego de haber perdido también 1-0 frente a Ecuador. La situación en la tabla de posiciones refleja el reto a futuro: Brasil es primera con 6 puntos; Ecuador es segunda con 3; Paraguay también tiene 3; Venezuela suma 2; Argentina tiene 1; y Colombia es sexta sin unidades. En esta fase final, la tricolor no ha marcado goles.La jornada también dejó la victoria de Paraguay 2-0 sobre Venezuela, un resultado que apretó aún más la clasificación. El próximo compromiso del torneo será entre Argentina y Ecuador, otro duelo que puede modificar las posiciones.Pese a la derrota, Colombia sigue con posibilidades de clasificar al Mundial de PoloniaPara Colombia el calendario continúa. El próximo domingo enfrentará a Paraguay, selección con la que empató en la fase clasificatoria. El miércoles se medirá ante Venezuela, a quien ya venció 1-0 en esa instancia. Y el sábado en 28 de febrero cerrará frente a Argentina.Las partidos de esta semana volverán el próximo domingo, a las 4:00 de la tarde, con Venezuela contra Ecuador, Brasil frente a Argentina a las 6:00 de la tarde y a las 8:00 de la noche Paraguay- Colombia, un partido que podrá sintonizarse por Gol Caracol y Ditu.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano.La nueva legislación excluye de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial" de Venezuela por parte de "Estados, corporaciones o personas extranjeras".Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.Además, se designó una comisión especial conformada por 23 diputados, entre opositores y chavistas, que desarrollará e implementará "mecanismos" para asegurar el cumplimiento de la ley, que ya fue enviada a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para su firma y posterior publicación en la Gaceta Oficial. Los parlamentarios podrán contar con la asesoría de expertos.En el artículo 7, objeto de diferencias entre los parlamentarios y por el cual se postergó el debate la semana pasada, se establece que las personas deben presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía y permite que aquellos que no se encuentren en el país puedan hacer el procedimiento a través de un representante legal.Entretanto, en el artículo 11 se indica que el tribunal competente verificará las condiciones de la amnistía en cada caso y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para que se anulen a través de una "sentencia de reemplazo", en un lapso "que no excederá de 15 días continuos".La legislación también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación.Esta propuesta de amnistía se enmarca en el "nuevo momento político" anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.
Desde la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro mostró un modelo de los nuevos pasaportes que desde el 1 de abril comenzarán a expedirse en Colombia en el marco de un acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta.“Decían que no íbamos a poder hacerlo. Este es el nuevo pasaporte para Colombia. Es hermoso, tiene mariposas amarillas, coco, pescadores, el pueblo de Colombia en sus dibujos, pero fundamentalmente, este es el cuarto mejor pasaporte del mundo. Pasó ya por todas las entidades calificadoras y los exámenes demorados, debe ser llevado con orgullo. Se hará en Colombia”, dijo.Cabe mencionar que recientemente el contralor Delegado para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, le envió a la canciller Rosa Villavicencio una carta en la que advertía que su despacho “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.En el documento agregaban que el cronograma establecido no garantizaba la superación de los atrasos ni eliminaba el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente.Sin embargo, en conversación con Blu Radio, la canciller descartó una prórroga con Thomas Greg, la empresa que llevaba más de una década a cargo de la elaboración de estos documentos.
Las intensas lluvias que han golpeado a Córdoba en las últimas semanas no solo dejaron calles inundadas y cultivos dañados, sino también numerosos hogares con pérdidas materiales. En respuesta a esta situación, la Unidad para las Víctimas inició nuevas jornadas de entrega de ayuda humanitaria en Montería.Las entregas se realizaron en el Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV) y también en zona rural del municipio, donde las fuertes lluvias afectaron especialmente a comunidades campesinas y étnicas que hoy enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.“Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, aseguró el director territorial de Córdoba, Oscar William Balbuena.Durante la jornada, la directora general encargada de la entidad, Alix Aguilar, aseguró que la respuesta institucional continuará mientras persista la emergencia. “Nuestro mensaje es claro: estamos aquí, frente a la emergencia climática, actuamos con solidaridad y compromiso. Seguiremos trabajando desde los albergues para brindar atención y acompañamiento a las víctimas”, afirmó.Desde la Dirección Territorial Córdoba también destacaron que la ayuda fue posible gracias al trabajo conjunto con la DIAN y otras entidades. El director territorial, Oscar William Balbuena, señaló que se trata de una respuesta inmediata ante el impacto de las lluvias en el departamento.“Bajo el liderazgo de la directora general encargada Alix Aguilar, entregamos más de 400 kits de ayuda humanitaria en el departamento de Córdoba. Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, indicó.Entre tanto, la Unidad para las Víctimas anunció que continuará desplegando acciones en el territorio para atender a quienes resultaron damnificados por la temporada invernal.
La Regional Oriente de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intervino en el Meta la que sería la fosa a campo abierto más grande identificada hasta ahora por la entidad en ese departamento.En el lugar fueron localizados y recuperados, al menos, once cuerpos que, según las primeras hipótesis, habrían sido inhumados entre 2004 y 2005, en pleno contexto del conflicto armado.El hallazgo se produjo tras varias visitas previas a una zona rural ubicada a aproximadamente cinco horas de Villavicencio, donde el equipo técnico identificó hundimientos y alteraciones en el terreno que sugerían posibles inhumaciones. Las labores de búsqueda se extendieron durante diez días en enero.Para la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, la dimensión del hallazgo marca un hito en la búsqueda en el departamento. “Aquí, lo importante de este hallazgo, es que estamos hablando de 11 cuerpos encontrados en una fosa a campo abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente es la fosa más grande encontrada en el departamento del Meta, en lo que lleva trabajando la unidad de búsqueda en este territorio”, afirmó.La funcionaria subrayó que el proceso no habría sido posible sin el acompañamiento de las comunidades de la zona, en un contexto de compleja situación de orden público. “Este trabajo no sería posible sin el acompañamiento de las comunidades que ayudan a la unidad de búsqueda a entrar y nos blindan, de alguna manera, como en un espacio humanitario para hacer estas recuperaciones”, explicó.La coordinadora de la Regional Oriente, Adriana Mercedes Pestana, señaló que antes de iniciar la intervención, se “requirió de una evaluación milimétrica de los riesgos asociados a la seguridad del equipo de trabajo y también de la comunidad dado que la zona presenta una compleja situación de orden público”.Por su parte, el antropólogo Juan Camilo Patiño precisó que, hasta el momento, se ha establecido la recuperación de once individuos. Sin embargo aseguró que también se hallaron estructuras óseas aisladas que serán analizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar si el número de personas recuperadas se mantiene o podría aumentar tras los estudios técnicos.
Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que en Colombia podría estarse configurando un riesgo para las garantías democráticas, gremios del sector empresarial defendieron el papel de la Registraduría y las organizaciones electorales recordando al presidente que el sistema que critica es el que le ha permitido ser alcalde, congresista y jefe de Estado.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) aseguró que no es conveniente que existan dudas sobre la legitimidad de la gestión electoral pues esto puede afectar la democracia.“El Registrador Hernán Penagos ha demostrado seriedad, independencia y apego a la Constitución y la ley. Cuidemos la confianza institucional y no empañemos la labor de un ente autónomo, sometido a controles, veeduría y auditoría, con acompañamiento y observación internacional”, indicó.En la misma línea, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, respaldó el trabajo de la organización electoral y afirmó que la obligación del Ejecutivo, en especial de la Presidencia de la República, es defender y fortalecer el sistema electoral y no atacar ni ponerle obstáculos a su funcionamiento.“No son aceptables, los intentos de descalificar a la registraduría y al proceso electoral mismo. Mucho menos viniendo de la cabeza del Estado, quién ha sido beneficiario directo del sistema democrático colombiano, habiendo sido elegido en múltiples ocasiones, congresistas, al alcalde y hasta el presidente de la República. ¿Cuál será la intención detrás del juicioso, intento por desprestigiar la democracia colombiana?”, aseguró a través de su cuenta de X.Los gremios empresariales coincidieron en la necesidad de preservar la confianza en las instituciones electorales y evitar mensajes que puedan debilitar la credibilidad del sistema democrático. Señalaron que el respeto por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las reglas de juego es fundamental para garantizar estabilidad política, seguridad jurídica y un clima electoral propicio.
El jefe de la Misión de Observacion Electoral de la Union Europea en Colombia, Esteban González Pons, se refirió a la controversia entre el presidente y el registrador nacional. Aseguró que la misión no entrará en la discusión política, pero sí analizará a fondo el procedimiento.“Este debate político que se produce en estos momentos en Colombia ante el Presidente y el Registrador nos puede parecer más o menos interesante, pero nosotros lo que vamos a ver es si ese formulario responde a lo que debe responder, si ese formulario es manipulable, si el procedimiento es transparente, si se produce alteración de resultados, el debate político va por encima de nosotros, solo puedo decirle que deseo que por el bien de la institucionalidad quienes ejercen las altas representaciones sean capaces de hablar entre ellos”.Simulacros: balance positivo, pero con advertenciasGonzález Pons valoró positivamente los primeros simulacros electorales realizados hasta ahora en el país. Sin embargo, subrayó que la transparencia y la imparcialidad de la administración electoral serán determinantes en el análisis final.“Tenemos que evaluar, eso sí, la transparencia e imparcialidad de la administración electoral. Y en este momento, la valoración de los primeros simulacros es positiva”.El jefe de la misión insistió en que el sistema debe garantizar coherencia entre lo consignado en las mesas y lo publicado oficialmente, así como la trazabilidad de cualquier modificación.“Para la misión es esencial que el sistema garantice la plena transparencia, que lo consignado en las mesas coincida con lo publicado, que las actas sean accesibles y que cualquier modificación del acta quede registrada para poder ser localizada. La transparencia es la garantía de que cualquier irregularidad pueda detectarse y pueda corregirse”.“No venimos a ver quién gana, sino cómo gana”El jefe de la misión reiteró los principios bajo los cuales actuará la observación europea.“Los principios por los que nos regiremos son el respeto, la humildad, la no injerencia, la independencia y la imparcialidad. Esto es lo que podemos esperar de esta misión de la Unión Europea. Nosotros examinamos el proceso, solo el proceso, pero todo el proceso. No vamos opinar sobre aquello que no sea el proceso electoral, pero no vamos a dejar de opinar sobre nada que se refiera al proceso electoral”.La misión enfatizó que su informe final no evaluará resultados políticos, sino garantías democráticas.Atención especial a elecciones parlamentarias y curules de pazLa misión anunció que prestará especial atención a las elecciones parlamentarias, que calificó como las más complejas del proceso.“Son menos llamativas para la prensa internacional que las presidenciales, pero para la vida política del país son casi tan importantes como las presidenciales. Por eso vamos estar particularmente atentos a las elecciones parlamentarias y que sepan que también vamos a hacer un seguimiento particular de las curules de paz”.Violencia, campaña y desinformaciónGonzález Pons reconoció que el proceso electoral se desarrollará en algunas zonas bajo contextos de violencia y amenazas, pero destacó la fortaleza de la democracia colombiana para organizar elecciones pese a esas dificultades.Además, señaló que los observadores estarán atentos a posibles restricciones al derecho de hacer campaña y al acceso de la ciudadanía a la información. En el entorno digital, la misión también vigilará posibles campañas de desinformación e injerencias externas.“Estamos pendientes de lo que sucede en las redes sociales con un equipo muy profesionalizado, con técnicas muy contrastadas, e intentaremos también ser capaces de determinar si es que en la conversación pública que se produce en las redes sociales hay una alteración del proceso electoral, poderlo constatar”.Compra de votosFinalmente, el jefe de la misión recordó que la compra de votos ha sido un fenómeno recurrente en la discusión electoral colombiana.“Va a ser importante para nosotros decirle a los ciudadanos, y a quien tenga la tentación de comprar votos, que se trata de un delito muy grave, un atentado contra la libertad política y la democracia que debe ser perseguida”.En conclusión, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, aseguró que su informe final se basará únicamente en lo observado en terreno y en el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia, imparcialidad y legalidad.
La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, anunció un requerimiento de cumplimiento inmediato a la Central Hidroeléctrica Urrá para que reduzca la cota del embalse de los actuales 130,5 metros a 128,5 metros, como parte de las medidas adoptadas frente a la contingencia derivada de las recientes condiciones climáticas.Según explicó la funcionaria, las acciones operativas activadas por la represa implican técnicamente la necesidad de disminuir el nivel del embalse. Por ello, el Gobierno ordenó que la reducción se realice de manera inmediata y, una vez cumplida, la empresa deberá recalcular de forma autónoma el volumen real almacenado.Ese recálculo deberá estar acompañado de los estudios técnicos correspondientes y ser presentado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Dentro de ese proceso, la hidroeléctrica tendrá que incluir el denominado “vacío de amortiguación”, es decir, el volumen que debe mantenerse disponible para cumplir con su función de regulación hídrica.La ministra recordó que, al tratarse de una represa multipropósito, Urrá no solo tiene responsabilidades en generación eléctrica y comercialización de energía, sino también en el manejo hidráulico regional. En ese sentido, deberá determinar con precisión cuánto espacio debe dejar libre en el embalse para responder a crecientes y eventos extremos.Adicionalmente, en el plazo de un mes, la empresa tendrá que recalcular su curva guía y ajustar nuevamente cotas y volúmenes, incorporando análisis de lluvias con periodos de retorno de hasta 500 años y escenarios asociados a variabilidad y cambio climático.De acuerdo con el Ministerio, esta medida responde al reconocimiento de una nueva realidad climática caracterizada por eventos más extremos. Por ello, los instrumentos ambientales y los estudios hidráulicos deberán ajustarse a condiciones más exigentes que las consideradas en análisis realizados en décadas anteriores.
Un nuevo episodio de violencia estremeció este martes 6 de enero al departamento de Norte de Santander. Cinco patrulleros de la Policía Nacional fueron secuestrados en el sector de La Llana, zona rural del municipio de Tibú, en pleno Catatumbo, mientras se movilizaban en un bus de transporte público. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la principal hipótesis apunta a estructuras del ELN como responsables del hecho.De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, los uniformados se encontraban de permiso y viajaban de civil cuando fueron interceptados. El funcionario calificó el secuestro como un acto “inhumano” y reiteró que este tipo de acciones reflejan el accionar criminal del ELN, al que señaló de sostenerse en actividades como el narcotráfico, el secuestro y el reclutamiento de menores.“El país debe repudiar este hecho. Estos policías son colombianos que decidieron servir y proteger a la población. No están solos y van a regresar”, afirmó Sánchez en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga. El ministro descartó que se trate de una “pesca milagrosa” en los términos conocidos durante el conflicto con las antiguas Farc, aunque reconoció que la modalidad guarda similitudes, al tratarse de una interceptación ilegal en una vía. También precisó que, con este caso, ya serían 14 los miembros de la fuerza pública que permanecen secuestrados, incluidos policías y funcionarios del CTI, algunos de ellos en poder del ELN.Sánchez explicó que, aunque existen controles militares y policiales en corredores estratégicos del Catatumbo, es imposible cubrir cada tramo del territorio, especialmente ante tácticas de grupos armados que se camuflan entre la población civil. No obstante, indicó que la Defensoría del Pueblo ya se desplazó a la zona y que se mantienen operativos de control en puntos críticos.Uno de los aspectos que generó cuestionamientos fue la movilización de los policías en transporte público. El ministro reconoció que se violaron protocolos de seguridad en una zona de alto riesgo y confirmó que el director de la Policía ordenó una investigación interna. Añadió que se habían dispuesto medios aéreos para el traslado de uniformados en permiso y que esta situación ya fue informada al presidente de la República.En cuanto al contexto regional, el titular de Defensa recordó que el Catatumbo sigue siendo escenario de disputas entre el ELN, disidencias de las Farc —especialmente el frente 33— y otras estructuras criminales, lo que ha agravado la crisis humanitaria. Señaló que en esta zona se han destinado más de 11.000 hombres, con apoyo de drones, inteligencia tecnológica y movilidad blindada, para recuperar el control territorial y desmantelar economías ilícitas.Finalmente, Sánchez aseguró que las autoridades trabajan con todas las capacidades de inteligencia para lograr el regreso seguro de los policías secuestrados y reiteró el llamado a la ciudadanía para que suministre información. “La vida es lo que más nos importa. Este secuestro no puede ser tolerado por ningún colombiano”, concluyó.
Colombia continúa estremecida por uno de los casos que más ha generado impacto en los últimos meses y que ha despertado preocupación por la forma en la que ocurrieron los hechos y por la manera en que la presunta responsable habría salido del país.Aunque Zulma Guzmán, señalada de envenenar a dos menores de edad con frambuesas contaminadas con talio, no se encuentra en Colombia, un juez habría autorizado avanzar en el trámite que permitiría imputarle los respectivos cargos. La decisión busca evitar que la investigación se vea frenada por su ausencia física.El caso, que ha tenido repercusión no solo a nivel nacional sino también internacional por la gravedad de los hechos, continúa su curso mientras autoridades colombianas y extranjeras coordinan acciones para ubicar plenamente a la mujer y definir su situación jurídica.Juez autoriza imputación contra Zulma Guzmán pese a su ausenciaLa determinación fue adoptada por el Juzgado 69 Penal Municipal con función de Control de Garantías, durante una audiencia de emplazamiento realizada el 16 de diciembre de 2025. En esta diligencia se ordenó la publicación oficial del edicto emplazatorio en la página web de la Rama Judicial, conforme a lo establecido en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal.La medida autoriza a la Fiscalía a continuar con el proceso, aun cuando no haya sido posible notificar personalmente a la investigada. El edicto no implica una imputación automática ni una condena, pero sí permite que el ente acusador solicite la declaratoria de persona ausente y avance hacia la imputación formal de cargos.¿Qué significa el edicto?El edicto es una herramienta legal que se utiliza cuando no es posible ubicar a una persona para ser citada de forma directa. Su publicación garantiza el debido proceso y evita que una investigación de alto impacto quede suspendida.De esta manera, la Fiscalía puede continuar con las actuaciones judiciales, incluso si Guzmán no comparece ante los estrados. De cumplirse los requisitos legales, el proceso podrá avanzar bajo la figura de persona ausente.Investigación sigue activa mientras Guzmán permanece en el Reino UnidoMientras en Colombia se cumplen estos trámites, Zulma Guzmán fue ubicada en el Reino Unido, luego de ser rescatada del río Támesis, en Londres, y trasladada a un centro médico. Esta situación ha dificultado, por ahora, las notificaciones formales y el avance de una eventual extradición.Entre tanto, la Fiscalía ha consolidado pruebas clave, entre ellas informes periciales que confirmaron la presencia de talio en los cuerpos de las menores. También se documentaron movimientos migratorios de la investigada y gestiones relacionadas con su salida del país.Además, Colombia activó mecanismos de cooperación internacional, incluida la emisión de una circular roja de Interpol y el envío de antecedentes a autoridades extranjeras.
La Cancillería de Colombia envió ayer, 5 de enero, una nota de protesta formal al Gobierno de Estados Unidos en rechazo a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien calificó de “enfermo” al mandatario colombiano Gustavo Petro y afirmó que no descartaba una intervención similar a la ocurrida en Caracas.El pronunciamiento fue considerado por el Gobierno colombiano como una intromisión inaceptable en los asuntos internos del país y un ataque directo al jefe de Estado. Como parte del manejo diplomático de la crisis, este martes se llevará a cabo una reunión en el Palacio de San Carlos entre la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. El encuentro busca abordar las crecientes tensiones bilaterales y sentar una posición clara frente a los señalamientos del mandatario estadounidense.Desde la Cancillería han asegurado que se apoyará en los organismos multilaterales para enfrentar las amenazas de una posible operación militar de Estados Unidos como la del pasado sábado en Venezuela, señaló este martes la canciller Rosa Villavicencio."Seguimos insistiendo en que debe cumplirse el derecho internacional, deben respetarse los principios de la democracia y deben respetarse también los principios que se han creado en el orden internacional que están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas", expresó la funcionaria en una rueda de prensa en Bogotá.Se conoció el contenido de la carta en la que rechazan enérgicamente las acusaciones ofensivas del presidente Donald Trump contra el mandatario Gustavo Petro, a quien vinculó falsamente con el narcotráfico.La comunicación defiende la soberanía colombiana y la legitimidad democrática de sus instituciones frente a lo que considera ataques a la dignidad nacional. Además, el texto presenta datos estadísticos para demostrar el éxito operativo de Colombia en la incautación de drogas y el desmantelamiento de organizaciones criminales. Finalmente, el mensaje subraya la importancia de mantener una cooperación bilateral basada en el respeto mutuo y el diálogo constructivo a través de los canales oficiales.Esta es la carta firmada por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-PeñaSeñor secretario:Le escribo una vez más para expresar nuestra más enérgica protesta por los términos irrespetuosos utilizados por el presidente Donald J. Trump contra el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y por las acusaciones formuladas hoy, 4 de enero de 2026, contra el Jefe de Estado de nuestra nación soberana, elegido democráticamente. Como se ha dicho anteriormente, el presidente Petro fue elegido por el pueblo colombiano en 2022 mediante elecciones libres y transparentes, liderando la democracia más antigua de América Latina bajo instituciones legítimas y sólidas.La última declaración del presidente Trump, en la que afirma que "Colombia también está muy enferma. Gobernado por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho tiempo...", es profundamente ofensiva para el pueblo colombiano, para nuestros principios democráticos y para la Oficina de la Presidencia de la República, que encarna la dignidad, la autoridad y la plena representación del Estado. Usted conoce muy bien Colombia y su institucionalidad. Sabe que el presidente Petro, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ha liderado la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales con convicción nacional y en cumplimiento del derecho internacional.Hemos compartido repetidamente con usted y con las diferentes agencias las cifras récord alcanzadas bajo nuestra política nacional contra el narcotráfico. Desde el 7 de agosto de 2022 (cuando el presidente Petro asumió el cargo) hasta el 30 de diciembre de 2025, las autoridades colombianas han incautado más de 2.512 toneladas de cocaína a través de operaciones antinarcóticos. Solo en 2025 se interceptaron cerca de 1.000 toneladas, un hito histórico equivalente a aproximadamente 12 mil millones de dosis que se impidió que llegaran a los mercados de consumo. Estos esfuerzos, apoyados por socios internacionales, incluidos los Estados Unidos, han debilitado significativamente a las organizaciones criminales al atacar sus redes financieras, desmantelar laboratorios (se han desmantelado más de 18.000, junto con más de 12 millones de galones de precursores líquidos y 10 millones de kilogramos de precursores sólidos incautados) e interrumpir la cadena de producción y distribución de drogas. También se ha neutralizado a un total de 13.971 personas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales y a organizaciones del narcotráfico.Además, Colombia y Estados Unidos continúan compartiendo inteligencia en materia de seguridad y defensa en el marco de nuestra larga asociación bilateral, basada en el respeto mutuo como naciones soberanas y democráticas, que se rigen por el Estado de derecho. Esta cooperación ha sido esencial para la estabilidad hemisférica durante décadas y se mantiene plenamente operativa en nuestro trabajo diario con diferentes agencias estadounidenses y autoridades globales. Las agencias de seguridad estadounidenses han reconocido de manera consistente la colaboración y el valor de las contribuciones de Colombia a lo largo de los años. La inteligencia colombiana contribuyó a los excelentes resultados obtenidos por la Guardia Costera de Estados Unidos. Las autoridades colombianas también han declarado que, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno de Colombia y sus obligaciones en virtud del derecho internacional, no se ha compartido ni se compartirá información de inteligencia colombiana en relación con los recientes incidentes con embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico.Como declaró el presidente Petro el 12 de noviembre de 2025, “Cualquier comunicación que garantice ser utilizada para incautaciones sin violaciones de los derechos humanos, para generar detenciones respetando la vida y sin ponerla en peligro, será utilizada por la comunidad de inteligencia [internacional] según la coordinación actual con nuestro apoyo, sin excluir a ninguna agencia, incluidas las agencias estadounidenses”.Rechazamos enérgicamente, una vez más, las amenazas de cualquier acción que viole nuestra soberanía nacional.Las amenazas no contribuyen al respeto mutuo ni al diálogo constructivo que debe prevalecer entre naciones soberanas con el fin de encontrar las mejores vías de cooperación en las numerosas áreas en las que, durante años, hemos demostrado ser capaces de trabajar juntos con éxito para afrontar los desafíos transnacionales en beneficio de la seguridad y la prosperidad de nuestra región.Colombia exige respeto. Las diferencias entre Estados deben abordarse a través de los canales diplomáticos, el diálogo y las negociaciones, y como ha declarado anteriormente el presidente Petro, reafirmo nuestra permanente disposición a entablar un diálogo serio y constructivo con el presidente Trump, con usted y con la Administración estadounidense.Atentamente,DANIEL GARCÍA-PEÑA JARAMILLOEmbajador de Colombia
El Gobierno nacional salió a defender el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, en medio de nuevas críticas de gremios de la salud que insisten en que los recursos resultan insuficientes para garantizar la atención a los pacientes. El Ministerio de Salud y Protección Social afirmó que el incremento definido para el próximo año cumple con criterios técnicos, se ajusta a la información disponible y responde a las órdenes de la Corte Constitucional.Según la cartera de Salud, la decisión se adoptó a partir de una metodología “rigurosa”, basada en datos reales de uso y costos del sistema, información reportada por las EPS y fuentes oficiales. El Ministerio sostiene que el proceso incluyó espacios de participación con los actores del sistema y que no se trató de una decisión discrecional o improvisada. En ese sentido, señaló que cuestionar el cálculo de la UPC implica desconocer los estudios actuariales tradicionales y los ajustes técnicos exigidos por la Corte.En paralelo, el Ministerio puso el foco en el manejo de los recursos por parte de las EPS. Aseguró que durante años se han identificado inconsistencias graves en la información reportada por estas entidades, representadas por gremios como Acemi, lo que habría generado pérdidas multimillonarias. Entre los casos mencionados se encuentran pagos asociados a personas fallecidas, detectados tras el cruce de bases de datos oficiales, y reportes de servicios con valores que no corresponderían a los precios reales del mercado.Desde el otro lado, voces del sector salud reiteraron sus reparos. En declaraciones a Blu Radio, representantes gremiales cuestionaron que, pese a los incrementos anunciados, persistan problemas como la falta de redes para el suministro de medicamentos y la negativa de clínicas y hospitales a prestar servicios por deudas acumuladas.Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia: “Si la plata es suficiente, ¿por qué iniciamos, por ejemplo, el nuevo año sin red para el suministro de medicamentos y con varias clínicas y hospitales que no prestan servicios porque no les han pagado? ¿Qué están haciendo con la plata?, ¿para dónde se van los recursos del sistema de salud? Y lo más importante: ¿quién le va a responder a los pacientes y a las familias de los pacientes por el incremento de la enfermedad y por las muertes que está generando la crisis que creó el Gobierno del presidente Petro? La salud no es un favor, es un derecho fundamental.” SeñalóDesde estas organizaciones se advierte que el debate sobre la suficiencia de la UPC no es nuevo y que durante 2025 ya se habían formulado cuestionamientos similares frente a la postura del Gobierno.
En la Alerta Temprana de Inminencia 004 de 2026, que abarca el corregimiento de Rionegro, en el municipio de Puerto Rico, y zonas rurales de El Doncello, la Defensoría advirtió que la subestación policial está ubicada en una zona muy poblada, rodeada de viviendas y frente a la sede Antonio José Sucre de la Institución Educativa Rural, donde estudian 175 niñas, niños y adolescentes que quedarían expuestos ante nuevos ataque.El pasado 29 de enero, un hostigamiento contra esa estación dejó dos uniformados heridos y afectaciones en al menos 13 viviendas, lo que aumentó la preocupación por el impacto que una nueva acción armada podría tener sobre la población civil en esta zona del departamento.Según la Defensoría, el Frente Rodrigo Cadete, del Estado Mayor de Bloques y Frente, representa el principal factor de riesgo en la zona. Señalan que, aunque el grupo armado ilegal participa en diálogos con el Gobierno nacional, no tiene vigente un cese al fuego bilateral.El grupo, comandado por alias ‘Calarcá’, habría endurecido sus mecanismos de control territorial mediante extorsiones, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de comportamiento en zonas rurales.La entidad alertó sobre la posibilidad de nuevos hostigamientos con artefactos explosivos improvisados, “atucos e incluso drones cargados con explosivos. Además, existe información sobre la posible instalación de minas antipersonal en corredores rurales que conectan a Puerto Rico con El Doncello.El escenario ha generado desplazamientos forzados de familias que habitan cerca de la estación policial. A esto se suman amenazas contra personal de salud, a quienes se les ha advertido que no atiendan a miembros de la fuerza pública heridos, y presiones contra lideresas, líderes comunales y personas defensoras de derechos humanos, a quienes el grupo armado señala y exige que promuevan la salida de la Policía del centro poblado.La alerta también advierte un alto riesgo para estudiantes de las sedes Antonio José Sucre y El Rosario, así como para liderazgos sociales, campesinos y juveniles de veredas como Maracaibo I y II, Sevilla y Santa Isabel, en Puerto Rico, y Balsora, Cristales, Las Palmas, Brazuelo y La Laguna, en El Doncello.Ante esta situación, la Defensoría formuló 14 recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado. Entre ellas, la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), el refuerzo de medidas de protección a bienes civiles como escuelas y centros de salud, y acciones humanitarias para prevenir desplazamientos y atender a las víctimas.
El distrito de Medellín avanza en la ejecución de la Cárcel Metropolitana en el corregimiento de San Cristóbal, un proyecto de infraestructura carcelaria que ya alcanza el 10% de avance. Con una inversión total de 675.000 millones de pesos, esta obra se consolida como el segundo proyecto más importante de la ciudad, después del Metro de la 80.La obra es liderada por la Agencia APP de Medellín bajo un esquema de alianza público-privada. La licitación, adjudicada en 2023, fue ganada por el concesionario Carmet Medellín SAS, cuyos socios mayoritarios son la empresa mexicana Prodemex, firma con amplia experiencia en la gestión de penales en México.Javier Rodas, subdirector Agencia APP, habló sobre la financiación de este proyecto entre otros detalles, cómo, por ejemplo, la operación de la cárcel."Lo que hace el concesionario en estos tres primeros años es la financiación y, posteriormente, cuando entra en operación, es ahí donde el distrito de Medellín empieza a hacer la retribución", indicó Rodas.A su vez, ratificó que la función del Estado no delegará."La función estatal no se va a delegar. La función estatal de seguridad, vigilancia y custodia continuará a través del Distrito de Medellín", afirmó Rodas en Mañanas Blu con Camila Zuluaga. ¿Qué dicen desde el concesionario? Johnny Romero, gerente de Carmet Medellín, habló sobre los pornmenores de la construcción del centro carcelario y de su experiencia."Somos eficientes en los estudios y diseños, en la construcción y en la operación y mantenimiento. Tenemos la experiencia para hacer esas eficiencias y transmitirlas aquí", afirmó Romero. Sobre el control de tecnología, Romero dijo que habrá tecnología en cada uno de los edificios del centro carcelario."Donde van a estar concentrados las personas privadas de la libertad hay unos inhibidores de señal. Además, vamos a tener tecnología en cada uno de estos edificios, arcos de detección", explicó Romero. Sobre el impacto social y el objetivo de la obra Javier Rodas dijo que con esta nueva cárcel se estaría solucionando el asinamiento en estaciones de Policía."Se está solucionando el asinamiento que hay en este momento en las estaciones de policía de Medellín, en la estación Candelaria, por ejemplo, en la Sijin, en Laureles", puntualizó.Escuche la entrevista aquí:
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a través de su representante en Colombia, Paula Bernal, manifestó en Mañanas Blu, su profunda preocupación ante la intención de la Aeronáutica Civil de modificar los criterios de asignación de slots (turnos de despegue y aterrizaje) en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Según Bernal, el gobierno prepara una regulación que se apartaría de los estándares internacionales que rigen en más de 300 aeropuertos con altos niveles de congestión en el mundo.El peligro de abandonar los estándares internacionalesLos slots son herramientas de coordinación esenciales para aeropuertos de "Nivel 3", donde la infraestructura actual no es suficiente para satisfacer la demanda. Estos criterios no son impuestos unilateralmente por la IATA, sino que son fruto del consenso con la Asociación Internacional de Aeropuertos y la Asociación Internacional de Controladores Aéreos.Bernal advierte que modificar estas reglas de juego de manera local podría entorpecer la operación, generando un perjuicio directo a los usuarios en forma de congestión, demoras, retrasos y cambios inesperados en las rutas. Además, El Dorado perdería competitividad, pues las aerolíneas internacionales prefieren operar en terminales que sigan el lenguaje común del sector.Amenaza a la seguridad jurídica y tratados bilateralesUno de los puntos más críticos señalados por la directora de la IATA es el impacto en la seguridad jurídica. Colombia cuenta con más de 77 tratados bilaterales de aviación firmados con diversos países, los cuales suelen fundamentarse en el cumplimiento de estos estándares internacionales. Un cambio unilateral en la normativa de slots podría poner en entredicho el cumplimiento de estos compromisos internacionales y afectar las relaciones aéreas del país.Falta de monitoreo y necesidad de expansiónDesde la IATA se enfatiza que el problema en El Dorado no radica en los criterios actuales, sino en la falta de gestión de la autoridad aeronáutica. Bernal reveló que en Colombia no se ha aplicado el monitoreo de los slots en más de 10 años, lo cual impide retirar los turnos mal utilizados por las aerolíneas para entregarlos a otros operadores.La asociación propone que, en lugar de cambiar la norma, se aplique el monitoreo estricto y se trabaje en la ampliación de la capacidad del aeropuerto, siguiendo estudios técnicos que ya han sido entregados al gobierno. Según Bernal, el estándar internacional ya contempla mecanismos para favorecer la aviación regional y a nuevos competidores sin necesidad de romper las reglas globales.Escuche aquí la entrevista:
A través del pago de indemnizaciones, cumplimiento de sentencias de Justicia y Paz, y procesos de reparación a comunidades que han sufrido violencia de forma colectiva, el Gobierno actual ha sido el que más víctimas del conflicto armado ha reparado desde la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Superando a los tres gobiernos anteriores con 2,4, 2,5 y 3,5 billones de pesos en indemnizaciones, respectivamente.En cumplimiento de la función misional asignada por la Ley 975 de 2005, frente al pago de las indemnizaciones judiciales ordenadas en las sentencias de Justicia y Paz, se han ordenado 41.653 pagos de indemnización judicial a 20.298 víctimas, superando los $787 mil millones de pesos, los cuales han sido destinados principalmente a víctimas del Magdalena, Santander, Antioquia, Norte de Santander y Atlántico. Respecto al Gobierno anterior, en el cual se realizaron 16.858 pagos a 14.282 víctimas, por un valor de $357 mil millones de pesos, nuevamente se posiciona la actual administración como la que más indemnizaciones por sentencias de Justicia y Paz ha realizado.Otros dos logros significativos tienen que ver con la reparación a víctimas con pertenencia étnica y víctimas de delitos de violencia sexual. Para el primer caso, se han entregado 316.076 indemnizaciones, lo que representa el 64% del total histórico. Mientras que para las víctimas de violencia sexual, se han entregado 11.124 indemnizaciones, representando el 52% del total de víctimas que han sido indemnizadas por este delito. En este sentido, este ha sido el gobierno que más ha reparado a estas víctimas del conflicto de manera histórica.Estos avances se suman también a la jornada que benefició a víctimas provenientes de Aguachica, Agustín Codazzi, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Pailitas, Pelaya, Tamalameque y Valledupar, en el departamento del Cesar; así como de Maicao, Riohacha y San Juan del Cesar, en La Guajira, en el mes de febrero. Consolidando así, el compromiso del actual Gobierno con el bienestar de las poblaciones que más han sufrido las consecuencias del conflicto en el país.
La Universidad de La Sabana adquirió un predio que estaba en poder de la SAE y que perteneció al extiendo Cartel de Bogotá liderado por Luis Reinaldo Murcia Sierra, conocido con el alias de ‘Doctor Martelo’, y el ex capo Justo Pastor Perafán. La subasta se cerró en 20.000 millones de pesos y es un predio que queda al lado de las intalaciones del INALDE Business School. Según lo confirma Enrique Bayer, presidente de la Asociación de Amigos Unisabana, este predio sería utilizado para la ampliación del campus deportivo, contrucción de residencias universitarias o la ampliación de la Clínica Universidad de La Sabana antes llamada Clínica Teletón.“Se firmó la escritura que da por temrinada la negociación con la SAE de la compra vía subasta de este lote que estaba en manos del gobierno hace muchos años. Tenemos varios proyectos como la contrucción de residencias universitarias. Este lote tiene algo muy interesante es que queda unido a otras cinco hectareas que tiene la universidad”.El lote tiene un area total de 30.000 metros cuadrado de las cuales casi 1.400 corresponden a area construida. Cabe recordad que este predio entró en proceso de exctinción de dominió en el 2011 junto con más predios relacionados con las sociedades vinculadas a Mauricio Sierra, predios como locales comerciales, inmuebles y joyas."En la notaria segunda de Chía se suscribió la correspondiente escritura. Este predio fue recuperado en el 2004 cuando fue incautado y en el 2011 salió la sentencia en primera instancia de exticnión de dominio”, conlcuyó Amelia Pérez, directora de la SAE.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, encendió las alertas frente a lo que calificó como una “narrativa” que podría poner en entredicho la legitimidad de los resultados electorales en Colombia. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la vocera del organismo independiente aseguró que, a dos semanas de los comicios, no existe riesgo de fraude en el sistema de transmisión y consolidación de datos, aunque sí persisten amenazas tradicionales como la compra de votos y dificultades logísticas derivadas de emergencias climáticas.La preocupación surge tras los recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha advertido públicamente sobre posibles vulnerabilidades en el software de transmisión de resultados y ha insistido en que no deben quedar espacios en blanco en los formularios E14.No hay riesgo de fraude en la transmisión de datosBarrios fue enfática al descartar un fraude estructural en el proceso electoral. “No,ese riesgo de fraude no existe. Pueden haber riesgos de que se presenten problemas, pero un riesgo frente a la forma en que se hace el proceso electoral, se transmiten los datos y se consolida la información, ese tipo de riesgo no hay en este momento en el país”, afirmó.La directora explicó que la Registraduría Nacional ha venido realizando simulacros técnicos y reuniones preparatorias que ofrecen “muchísima tranquilidad” sobre la entrega de resultados. En ese sentido, subrayó que la Presidencia de la República no tiene injerencia en la organización electoral.“La Registraduría es un ente autónomo, independiente y así debe ser. Es el árbitro de las elecciones”, puntualizó. Las palabras clave —fraude electoral, resultados electorales, Registraduría, MOE y elecciones en Colombia— han cobrado relevancia en el debate público, especialmente tras los mensajes difundidos en redes sociales por distintos sectores políticos.El antecedente de 2022 y los formularios E14Uno de los puntos más sensibles de la discusión gira en torno al diligenciamiento de los formularios E14, donde los jurados consignan los votos obtenidos por cada candidato. Petro ha sugerido que no deben dejarse espacios en blanco, una postura que, según la MOE, podría generar más problemas que soluciones.Barrios recordó lo ocurrido en las elecciones legislativas de 2022, cuando en redes sociales circuló la idea de marcar con rayas, asteriscos o tachones los espacios sin votación, bajo la premisa de evitar manipulaciones posteriores.“Hacer eso nos va a llevar a lo que precisamente el presidente está señalando con preocupación: que haya errores u omisiones en la transmisión de la información”, advirtió. La razón es técnica. Los formularios pasan por un proceso de escaneo y reconocimiento óptico de caracteres (OCR), además de transmisión telefónica de datos. La presencia de marcas adicionales dificulta la lectura automática y puede generar inconsistencias.“Entre 700 y 800 mil votos no fueron transmitidos hace cuatro años debido a ese desorden que se armó”, explicó. Según Barrios, la llamada “creatividad” promovida en redes sociales provocó retrasos en los escrutinios y complicó la verificación que realizan tanto partidos políticos como la propia MOE.Garantías del sistema electoral colombianoLa directora insistió en que el sistema tiene mecanismos de control cruzado. Si en el E14 aparecen más votos de los que físicamente hay en la urna, se activa un reconteo. Además, los partidos toman fotografías de las actas y la MOE realiza comparaciones estadísticas con base en muestras representativas.“Aquí no hay una confianza ciega hacia nadie. Debe haber confianza en las garantías de cada punto del proceso”, sostuvo. Barrios también señaló que la narrativa de fraude, que hace cuatro años provenía de distintos sectores políticos, hoy adquiere una dimensión distinta al ser planteada desde la Presidencia.“Hay una preocupación muy grande desde la MOE y es que se ponga en duda la legitimidad de los resultados electorales”, manifestó. En Colombia, históricamente las alertas electorales han estado relacionadas con compra de votos, financiación irregular de campañas o corrupción regional, pero no con fallas estructurales en la transmisión de resultados.Pruebas técnicas y combate a la desinformaciónLa MOE acompañará nuevas pruebas técnicas, incluso de los lapiceros que se usarán en las mesas de votación, como respuesta a cadenas virales que sugieren la posibilidad de borrar marcas en los tarjetones.“Nos vamos a ir con un secador, con un encendedor y con algodón mojado para hacer pruebas. Ese tipo de narrativas hay que enfrentarlas desde la evidencia”, explicó. La organización busca así desmontar versiones que circulan por WhatsApp y redes sociales, las cuales —según Barrios— pueden generar desconfianza injustificada en el proceso.El llamado a la responsabilidad institucionalDe cara a las elecciones legislativas y presidenciales, la MOE reiteró la importancia de que los jurados de votación asistan a las capacitaciones y sigan estrictamente las instrucciones oficiales.“El papel de los jurados es absolutamente clave. La garantía para un trabajo limpio, seguro y transparente es seguir estrictamente las instrucciones de la Registraduría”, enfatizó.Finalmente, Barrios expresó su expectativa de que, mediante pedagogía y claridad institucional, se preserve la legitimidad democrática.