El precandidato presidencial Aníbal Gaviria afirmó que quienes promueven la abstención “le tienen miedo a la democracia”, durante una entrevista en Recap de Blu Radio. El aspirante sostuvo que invitar a no participar en mecanismos ciudadanos es deslegitimar el voto. Gaviria cuestionó además el rumbo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que “está dedicado a la campaña política” y que gobernar sería su “tercer objetivo”. También criticó lo que calificó como falta de autocrítica del mandatario. “Un gobernante tiene que aceptar la crítica”, expresó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente, el candidato la consideró innecesaria y contradictoria. “(El presidente Petro) Le prometió al país que no haría eso”, afirmó, y aseguró que se trataría de una estrategia electoral. En su concepto, Colombia necesita estabilidad institucional y acuerdos amplios.En materia de seguridad, calificó la política de “paz total” como un “fracaso absoluto”. Anunció que priorizará el fortalecimiento presupuestal de la fuerza pública. “Si no hay seguridad, los demás derechos se alejan”, advirtió.Frente a la reforma a la salud, defendió cambios estructurales, pero con diálogo y equilibrio. “Una reforma sí había que hacerla, pero no a las patadas”, dijo, al proponer un sistema mixto que construya sobre lo ya existente. Insistió en evitar la politización del debate.También planteó que las EPS deben ser financieramente sólidas y mejorar la atención al usuario. “Se acaban las filas de seis horas… tendrán máximo una hora para atender”, prometió. Señaló que la eficiencia en el servicio será un eje central de su propuesta.En el plano económico, sostuvo que el país debe replantear su mirada sobre la informalidad. “El informal es un héroe”, afirmó, al indicar que el Estado debe adaptarse para facilitar crecimiento y emprendimiento. Prometió aumentar el salario mínimo sin generar efectos negativos en el empleo.Finalmente, Gaviria resaltó el papel del deporte como herramienta social y recordó su cercanía con figuras como Mariana Pajón, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana. “En nuestro Gobierno va a haber un tremendo apoyo al deporte”, aseguró. Destacó que esta política serviría como antídoto frente a la violencia y las drogas.
El expresidente Juan Manuel Santos reapareció en un video difundido en redes sociales para defender el decreto con el que, en 2018, delimitó la llamada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y reconoció como sagrados cientos de sitios para los pueblos indígenas de ese territorio. Su pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de esa norma, decisión que ha generado preocupación entre comunidades ancestrales y organizaciones de derechos humanos.En su mensaje, Santos recuerda que el Decreto 1500 fue el resultado de años de diálogos con los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, y que su propósito fue dar protección jurídica a un sistema de espacios sagrados que ya existía en la tradición indígena. Según el exmandatario, la decisión del alto tribunal representa un retroceso en materia de reconocimiento cultural y de protección de esos territorios espirituales, por lo que llamó a encontrar salidas que mantengan vigentes las garantías para los pueblos de la Sierra.La llamada Línea Negra es la delimitación espiritual y territorial que los pueblos indígenas de la Sierra han trazado sobre 348 sitios sagrados que conectan la cumbre con el mar y que, según sus autoridades, sostienen el equilibrio ambiental y cultural de la región. El decreto expedido en 2018 amplió formalmente esos espacios protegidos y les dio un marco de especial protección en la normativa colombiana.Sin embargo, el Consejo de Estado anuló recientemente esa norma al considerar que, en su expedición, no se garantizó plenamente la participación de otras comunidades étnicas y actores del territorio, lo que abrió un nuevo capítulo de debate jurídico y político alrededor de la Sierra Nevada.Frente a ese escenario, Santos insistió en que el Estado tiene la obligación de honrar los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y proteger los espacios sagrados que hacen parte de su cosmovisión. Su pronunciamiento se suma a los llamados de autoridades tradicionales de la Sierra, que han advertido que la nulidad del decreto pone en riesgo su cultura y su relación histórica con el territorio.Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Petro ya dio instrucciones a la Agencia Nacional de Tierras para buscar, a través de instrumentos legales y, eventualmente, la compra de predios, fórmulas que permitan seguir garantizando la preservación de la Línea Negra pese al fallo del Consejo de Estado, en medio de una discusión que apenas comienza y que tendrá efectos directos sobre la protección de uno de los territorios ancestrales más emblemáticos del país.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó un proyecto de resolución que habilita una nueva oportunidad para que los generadores de energía se acojan al denominado precio de escasez inferior del cargo por confiabilidad. La iniciativa busca ajustar las reglas del mercado mayorista y garantizar la atención de la demanda eléctrica en condiciones críticas, como sequías o fenómenos de El Niño, incentivando la contratación de energía a largo plazo y asegurando la disponibilidad de oferta eficiente.El proyecto plantea mecanismos de transición para plantas existentes y futuras, tanto de corto como de largo plazo, con el objetivo de armonizar el cargo por confiabilidad con los nuevos precios de escasez y asegurar que el sistema cuente con capacidad suficiente para atender la demanda futura.En este contexto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró que no se acogió a esta fórmula porque, según la compañía, iría en contra del planeamiento energético que permite gestionar los embalses y garantizar la continuidad del servicio durante fenómenos climáticos adversos. La compañía señaló que estas medidas pueden generar penalizaciones que incrementen el riesgo sobre los ingresos esperados.“La fórmula propuesta plantea un precio de referencia que genera penalizaciones económicas y desincentiva la inversión en nuevos proyectos de generación, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento en condiciones críticas”, indicó la empresa en un comunicado.A este debate se suman análisis de expertos del sector energético. Julio César Vera, gerente general de Valjer Energy, explicó que el precio de la energía para los usuarios no depende únicamente del mercado de bolsa, sino de varios componentes como generación, transmisión, distribución y comercialización.“El precio final de la energía es la suma de todos los componentes de la cadena. El componente de generación es el que más ruido genera, pero no es el único que determina la tarifa. Si se limitan los beneficios del mercado, se pueden frenar proyectos nuevos y poner en riesgo el cubrimiento de la demanda a mediano y largo plazo”, explicó Vera.Vera advirtió que este tipo de medidas regulatorias podrían afectar la expansión del sistema eléctrico, especialmente de cara a las subastas del cargo por confiabilidad que buscan garantizar el suministro para los años 2029 y 2030.Finalmente, el experto subrayó que las decisiones regulatorias deben equilibrar el beneficio inmediato para los usuarios, pues las medidas deben garantizar un mercado eficiente, competitivo y sostenible.
El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, se pronunció en Mañanas Blu 10:30 sobre la situación de seguridad en la ciudad y aclaró las razones del cierre del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Según explicó, la decisión no está relacionada con la presencia de grupos armados ilegales, sino con un conflicto puntual derivado de una intervención administrativa.“El cierre del Parque Tayrona, según nos ha informado directamente Parques Nacionales, no obedece a la presencia de grupos armados o algún tipo de confrontación al interior del Parque Tayrona, sino que obedece a un conflicto que hay con una comunidad indígena y una comunidad campesina”, afirmó el funcionario.De acuerdo con George, el pasado 11 de febrero la Unidad de Parques Nacionales, junto con otras entidades, realizó una intervención dentro del parque para desalojar construcciones levantadas de manera ilegal en terrenos que pertenecen al Estado. Tras el procedimiento, se generó una confrontación en la entrada del parque.“Una comunidad hizo unas construcciones en terrenos que pertenecen a Parques Nacionales (…) lo que conllevó a un proceso administrativo que se hizo efectivo el 11 de febrero, y posterior a ese proceso administrativo de demolición se generó ese conflicto”, explicó.Conflicto en la entrada y cierre preventivoEl secretario detalló que, tras el desalojo, integrantes de estas comunidades se ubicaron en los accesos, impidieron el ingreso de visitantes y realizaron cobros. “Hubo un conflicto entre Parques Nacionales y el grupo de indígenas y campesinos, y eso conllevó a que estas comunidades se tomaran la taquilla, prohibieran el ingreso y cobraran unos ingresos”, indicó.En ese contexto, Parques Nacionales emitió una resolución argumentando razones de seguridad. Sin embargo, George señaló que esta redacción pudo generar interpretaciones equivocadas sobre enfrentamientos entre estructuras criminales. “Eso no quiere decir que se desconozca que hay retos (…) pero tiene una diferenciación con el caso específico del Parque Tayrona”, precisó.Seguridad en Santa Marta y presencia de grupos armadosEl funcionario reconoció que Santa Marta y el Magdalena enfrentan problemas estructurales de seguridad. “Es innegable que Santa Marta y el departamento del Magdalena tiene injerencia de grupos armados al margen de la ley”, manifestó.También confirmó la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y confrontaciones con el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales. “Es innegable decir que este grupo lo que ha hecho hasta el momento es fortalecer su línea de extorsión, principalmente”, sostuvo.No obstante, insistió en separar esa problemática del cierre actual del Parque Tayrona.Reapertura del Parque TayronaSobre la reapertura, el secretario señaló que la administración local ha solicitado celeridad. “Lo que hemos pedido es (…) démosle celeridad en cuanto se puede reaperturar el parque”, afirmó, al recordar que el Tayrona recibe más de 900.000 visitantes al año.Las autoridades esperan que la medida sea temporal mientras se supera el conflicto en los accesos y se restablecen las condiciones para el ingreso de turistas.Escuche la entrevista completa acá:
Ecopetrol cerró el 2025 con reservas probadas netas de 1.944 millones de barriles de petróleo equivalente, lo que representa un crecimiento del 2,7 % frente a 2024 y la mayor incorporación de reservas de los últimos cuatro años.Según informó la compañía, durante el año se sumaron 300 millones de barriles alcanzando un Índice de Reposición de Reservas del 121 %, es decir, la empresa logró reemplazar más crudo del que produjo. Sin embargo, el promedio de años que durarán las reservas probadas actuales si se mantienen los niveles de producción, está en 7,8 años, una variable que sigue preocupando al sector.Este resultado llega en un contexto donde los precios no han sido los más favorables: el Brent rondó los 68,64 dólares por barril en 2025, cerca de 14 % menos que el año anterior.“Estos resultados, que son los mejores de los últimos cuatro años, demuestran la capacidad y compromiso del Grupo Ecopetrol para mantener la generación de valor en cada uno de sus activos del segmento de exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos”, reseñó Ecopetrol.La mayor parte de la incorporación provino de proyectos en campos como Castilla, Chichimene y Acacías, junto con optimizaciones adelantadas en Rubiales y La Cira–Infantas así como acuerdos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esto permitió maximizar el aprovechamiento de activos existentes sin depender exclusivamente de nuevos hallazgos exploratorios, teniendo en cuenta que el actual Gobierno no ha autorizado más exploraciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que instruirá a varias agencias del Gobierno a identificar y liberar archivos relacionados con objetos voladores no identificados, fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre.Trump indicó en su cuenta de Truth Social que la medida buscará recopilar y hacer públicos documentos sobre asuntos considerados "altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes".La acción involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias federales, y busca transparentar información que durante décadas ha generado especulación sobre fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre, según amplió el mandatario.Las declaraciones de Trump se producen tras los comentarios de Obama en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, donde el expresidente aceptó responder a una ronda de preguntas rápidas sobre vida extraterrestre.Ante la consulta sobre si los extraterrestres son reales, Obama afirmó: "Son reales, pero yo no los he visto", y aclaró que no existen instalaciones secretas bajo tierra, salvo que hubiera una enorme conspiración que incluso ocultara información al presidente de Estados Unidos.Trump criticó esas palabras y aseguró a los reporteros a bordo del Air Force One que Obama "dio información clasificada" y cometió "un grave error".Al mismo tiempo, subrayó que él mismo desconoce si los extraterrestres son reales, pero defendió la necesidad de recopilar y hacer públicos documentos gubernamentales relacionados con Ovnis, UAP y posibles formas de vida extraterrestre.El expresidente Obama posteriormente precisó en Instagram que durante su presidencia no vio "pruebas" de contacto con extraterrestres, aunque señaló que, dado lo vasto del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra.Sus declaraciones reavivaron el debate público sobre la transparencia gubernamental y la existencia de fenómenos aéreos no identificados.El interés por estos temas tiene precedentes históricos: en 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2.
El encuentro se realizó en Bogotá en un espacio de diálogo impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que reunió a jóvenes entre los 18 y 26 años para reflexionar sobre cómo se informan, cómo participan políticamente y cómo enfrentan los riesgos de la era digital.La conclusión fue clara y repetida: la desinformación puede influir directamente en el comportamiento electoral. En un contexto donde las redes sociales amplifican mensajes, los jóvenes reconocen que el riesgo es mayor porque son, al mismo tiempo, consumidores y multiplicadores de contenido.Preocupaciones: polarización y crisis de confianzaEna Barahona, hondureña de 28 años, gerente de una cooperativa y con maestría en economía aplicada, explicó que muchas de las propuestas surgieron de una realidad evidente en redes sociales: la sobreinformación.“Surge de la desinformación que hay actualmente, o de tanta información que existe que a veces nadie sabe cuál es la correcta, cuál no es la correcta. Entonces se crea tanta desinformación que hace que los jóvenes pues a veces repliquen información falsa. Cuando se replica esta información falsa, pues se va creando y creando y la gente pues toda está desinformada”, afirmó.Para Sofía López, de 23 años, funcionaria del Plan Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Uruguay, el problema no es solo la cantidad de información sino el entorno político en el que circula.“Vemos bastante polarización, vemos al mismo tiempo bastante hegemonía, entonces hay ahí como una contracara donde hay dos polos, pero al mismo tiempo muchas veces hay uno que sobrepasa. Al mismo tiempo hay bastante desinformación, donde la gente no sabe dónde obtener información, donde la gente no sabe en qué confiar, en qué no, qué link abrir, cuál no”, señaló. A su juicio, esta combinación está generando un “declive democrático”.Marcos Zúñiga, asesor legislativo de 26 años de Costa Rica, coincidió en que la región atraviesa un momento complejo. “Vivimos en sociedades que además están llenas de polarización, están llenas de odio, de discursos que debilitan también la institucionalidad, que debilitan el sentido mismo de la democracia y que a partir de ahí hay un desafío enorme en la capacidad que tenemos de organizarnos como personas jóvenes en los diferentes espacios de acción en los que nos desenvolvemos”, sostuvo. Además, advirtió que muchas veces las agendas juveniles se usan “casi como accesorios” en campañas políticas, sin traducirse en acciones concretas.Riesgos en Colombia: fake news y campañas suciasEn Colombia, donde el calendario electoral ya avanza, la preocupación es aún más puntual.Sebastián Blanco, politólogo de 23 años, oriundo de Cartagena, fue enfático al señalar que “uno de los principales riesgos, sobre todo en materia de información digital, vendría siendo la fake news y la desinformación que se está creando por parte de bodegas de todos los partidos y de todas las ideologías políticas para difamar candidatos”.Según explicó, estas prácticas no solo ensucian la campaña, sino que pueden “influir de manera negativa en la percepción de las personas” y afectar el comportamiento electoral.Además, hizo un llamado a todos los sectores politicos. “Que realmente empecemos a tener un debate político que gire en torno a las ideas y a las propuestas de país”. Y agregó que se deben priorizar “las ideas y las propuestas por encima de la difamación, el odio y los mensajes que puedan generar sentimientos negativos en la población”.Sin embargo, Sofía López insistió en que el riesgo no es exclusivo de los partidos. También está en los ciudadanos. “Lo que más me preocupa a mí, en lo personal, es la desinformación. Me preocupa que no corroboremos la información, me preocupa que no verifiquemos antes de compartir”, afirmó.Propuestas: reconstruir comunidad y fortalecer el criterioFrente a este panorama, las soluciones planteadas apuntan más allá de las redes sociales.“Antes de llegar a la parte digital tenemos que tener la capacidad de construir en los territorios”, explicó Zúñiga, al referirse a la necesidad de generar espacios en centros educativos donde la democracia se entienda como participación activa, diálogo y construcción de comunidad.Entre las ideas surgieron mesas juveniles de formación y verificación que puedan replicar información responsable en colegios y universidades, así como programas que fortalezcan valores democráticos desde edades tempranas.Barahona insistió en que el papel de los jóvenes es determinante: “El papel que hay que jugar como joven es informarse bien”, buscar fuentes confiables y mantenerse actualizado con criterio, especialmente en épocas electorales.El llamado: discernir y dialogar fuera de las redesLa directora de la OEI en Colombia, Donatella Montaldo, destacó la pluralidad ideológica del grupo y la importancia del momento que vive el país. “Estamos en un momento de máxima polarización, en momentos donde los espacios democráticos cada vez se hacen más estrechos”, afirmó.Sin embargo, aseguró que ver jóvenes dialogando y buscando puntos de encuentro “da mucha esperanza”.Su llamado final para los jóvenes es “que sean capaces de ver lo que en algunas formas es una manipulación, muchos bulos, que doble chequeen esas informaciones que muchas veces pasan desapercibidas y las creen como válidas. Hablar también con sus compañeros, compañeras, fuera de las redes”.
Luto en el mundo del entretenimiento tras conocerse que este 19 de febrero, según reveló People, falleció el reconocido actor Eric Dane a sus 53 años tras varios meses combatiendo la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y terminal que destruye las neuronas motoras."Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida. A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido", fueron las palabras del medio mencionado.Fue en abril de 2025 cuando le diagnosticaron esta compleja enfermedad y pese a la lucha que tuvo, murió este 19 de febrero de 2026. El oriundo de San Francisco no tuvo una vida fácil y a los 7 años perdió a su padre."Descubrió la actuación por casualidad. 'Jugaba waterpolo en el instituto y mi temporada fue corta, así que terminé enganchado a interpretar a Joe Keller en 'Todos mis hijos '. Totalmente en serio. Y me enamoré. Pensé: '¡Es la mejor sensación del mundo!' declaró al Gulf Times ", según dio a conocer People.La exitosa carrera de Eric DaneA lo largo de su carrera, Eric Dane hizo diversos papeles de suma importancia para la industria del entretenimiento. El más recordado fue el del 'Doctor Mark Sloan' en la famosa serie de 'Anatomía de Gray', o el de 'Cal Jobs' e Euphoria, en donde sus personajes generaron emociones profundas en sus seguidores.Gracias a sus papeles, se hizo ganador del premio a mejor actor en Satellite Award y de el Premio del Sindicato de Actores a la Mejor Interpretación del Reparto de una Serie de Drama, demostrando su gran versatilidad a la hora de interpretar a los personajes que tuvo en su poder.
En Barranquilla, una convocatoria de Therian en la Plaza de La Paz causó revuelo entre decenas de personas que llegaron para ver a los humanos que dicen sentirse animales. En medio de los que llegaron con máscaras a modo de "mamadera de gallo", no faltó una animalista que dijo sentirse como una gata.En medio de la multitud, aparecieron varios con máscaras de animales, pero a diferencia de los Therian, estos solo querían "mamar gallo" con la tendencia, como el caso de David Álvarez, un joven que llevaba puesta una careta de caballo."Vine a apoyar a la gente que se identifica y por el parche. Respeto mucho esto de los Therian y si las personas son felices siendo así pues que sean felices", dijo Álvarez.En el sitio también aparecieron unos influencer que aprovecharon para grabar el supuesto enfrentamiento entre dos perros Therian. Esto causó risas entre la multitud.Pero a diferencia de estos que llegaron a mamar gallo, como se dice en la costa, en medio de la "recocha", una mujer con el rostro pintado, dijo que desde la pandemia ella siente que es una gata. "Los gatitos son portadores de buena energía. Me siento gata desde la pandemia, pero ahorita vengo a hacer portadora del mensaje de no al maltrato animal, sí a la vida", indicó Linda Heikera, animalista.
Luego de una reunión entre el Pacto Histórico y el Consejo Nacional Electoral, la colectividad afirmó que sí postulará sus testigos electorales luego de que la entidad electoral atendiera y corrigiera las alertas identificadas en su plataforma de acreditación.El representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que las alertas presentadas por la coalición fueron atendidas de manera inmediata por la entidad electoral en una mesa técnica adelantada durante el viernes 20 de febrero.Tanto la colectividad como Uribe había cuestionado la entrada en funcionamiento de la plataforma, pues señalaron que esta herramienta para la inscripción de testigos fue presentada el 22 de enero, pero apenas entró a funcionar el día 10 de febrero.Situación que llamó su atención, pues manifestó que solo quedaban 13 días para realizar estas inscripciones, lo que para ellos es poco tiempo para subir los listados.Tras esta mesa técnica, el representante indicó que luego de verificar las correcciones y recibir las explicaciones técnicas correspondientes por parte del presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, al igual que la de los ingenieros y expertos responsables de dicha plataforma, el Pacto Histórico iniciará la carga de testigos electorales tanto a nivel nacional como internacional.Finalmente, el congresista señaló que espera que la herramienta tecnológica cumpla su función de garantizar transparencia en el proceso electoral y de esta forma permita que todas las agrupaciones políticas registren sus testigos y ejerzan la debida observación en cada etapa del proceso.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
Las intensas lluvias que han golpeado a Córdoba en las últimas semanas no solo dejaron calles inundadas y cultivos dañados, sino también numerosos hogares con pérdidas materiales. En respuesta a esta situación, la Unidad para las Víctimas inició nuevas jornadas de entrega de ayuda humanitaria en Montería.Las entregas se realizaron en el Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV) y también en zona rural del municipio, donde las fuertes lluvias afectaron especialmente a comunidades campesinas y étnicas que hoy enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.“Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, aseguró el director territorial de Córdoba, Oscar William Balbuena.Durante la jornada, la directora general encargada de la entidad, Alix Aguilar, aseguró que la respuesta institucional continuará mientras persista la emergencia. “Nuestro mensaje es claro: estamos aquí, frente a la emergencia climática, actuamos con solidaridad y compromiso. Seguiremos trabajando desde los albergues para brindar atención y acompañamiento a las víctimas”, afirmó.Desde la Dirección Territorial Córdoba también destacaron que la ayuda fue posible gracias al trabajo conjunto con la DIAN y otras entidades. El director territorial, Oscar William Balbuena, señaló que se trata de una respuesta inmediata ante el impacto de las lluvias en el departamento.“Bajo el liderazgo de la directora general encargada Alix Aguilar, entregamos más de 400 kits de ayuda humanitaria en el departamento de Córdoba. Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, indicó.Entre tanto, la Unidad para las Víctimas anunció que continuará desplegando acciones en el territorio para atender a quienes resultaron damnificados por la temporada invernal.
La Regional Oriente de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intervino en el Meta la que sería la fosa a campo abierto más grande identificada hasta ahora por la entidad en ese departamento.En el lugar fueron localizados y recuperados, al menos, once cuerpos que, según las primeras hipótesis, habrían sido inhumados entre 2004 y 2005, en pleno contexto del conflicto armado.El hallazgo se produjo tras varias visitas previas a una zona rural ubicada a aproximadamente cinco horas de Villavicencio, donde el equipo técnico identificó hundimientos y alteraciones en el terreno que sugerían posibles inhumaciones. Las labores de búsqueda se extendieron durante diez días en enero.Para la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, la dimensión del hallazgo marca un hito en la búsqueda en el departamento. “Aquí, lo importante de este hallazgo, es que estamos hablando de 11 cuerpos encontrados en una fosa a campo abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente es la fosa más grande encontrada en el departamento del Meta, en lo que lleva trabajando la unidad de búsqueda en este territorio”, afirmó.La funcionaria subrayó que el proceso no habría sido posible sin el acompañamiento de las comunidades de la zona, en un contexto de compleja situación de orden público. “Este trabajo no sería posible sin el acompañamiento de las comunidades que ayudan a la unidad de búsqueda a entrar y nos blindan, de alguna manera, como en un espacio humanitario para hacer estas recuperaciones”, explicó.La coordinadora de la Regional Oriente, Adriana Mercedes Pestana, señaló que antes de iniciar la intervención, se “requirió de una evaluación milimétrica de los riesgos asociados a la seguridad del equipo de trabajo y también de la comunidad dado que la zona presenta una compleja situación de orden público”.Por su parte, el antropólogo Juan Camilo Patiño precisó que, hasta el momento, se ha establecido la recuperación de once individuos. Sin embargo aseguró que también se hallaron estructuras óseas aisladas que serán analizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar si el número de personas recuperadas se mantiene o podría aumentar tras los estudios técnicos.
Colombia continúa estremecida por uno de los casos que más ha generado impacto en los últimos meses y que ha despertado preocupación por la forma en la que ocurrieron los hechos y por la manera en que la presunta responsable habría salido del país.Aunque Zulma Guzmán, señalada de envenenar a dos menores de edad con frambuesas contaminadas con talio, no se encuentra en Colombia, un juez habría autorizado avanzar en el trámite que permitiría imputarle los respectivos cargos. La decisión busca evitar que la investigación se vea frenada por su ausencia física.El caso, que ha tenido repercusión no solo a nivel nacional sino también internacional por la gravedad de los hechos, continúa su curso mientras autoridades colombianas y extranjeras coordinan acciones para ubicar plenamente a la mujer y definir su situación jurídica.Juez autoriza imputación contra Zulma Guzmán pese a su ausenciaLa determinación fue adoptada por el Juzgado 69 Penal Municipal con función de Control de Garantías, durante una audiencia de emplazamiento realizada el 16 de diciembre de 2025. En esta diligencia se ordenó la publicación oficial del edicto emplazatorio en la página web de la Rama Judicial, conforme a lo establecido en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal.La medida autoriza a la Fiscalía a continuar con el proceso, aun cuando no haya sido posible notificar personalmente a la investigada. El edicto no implica una imputación automática ni una condena, pero sí permite que el ente acusador solicite la declaratoria de persona ausente y avance hacia la imputación formal de cargos.¿Qué significa el edicto?El edicto es una herramienta legal que se utiliza cuando no es posible ubicar a una persona para ser citada de forma directa. Su publicación garantiza el debido proceso y evita que una investigación de alto impacto quede suspendida.De esta manera, la Fiscalía puede continuar con las actuaciones judiciales, incluso si Guzmán no comparece ante los estrados. De cumplirse los requisitos legales, el proceso podrá avanzar bajo la figura de persona ausente.Investigación sigue activa mientras Guzmán permanece en el Reino UnidoMientras en Colombia se cumplen estos trámites, Zulma Guzmán fue ubicada en el Reino Unido, luego de ser rescatada del río Támesis, en Londres, y trasladada a un centro médico. Esta situación ha dificultado, por ahora, las notificaciones formales y el avance de una eventual extradición.Entre tanto, la Fiscalía ha consolidado pruebas clave, entre ellas informes periciales que confirmaron la presencia de talio en los cuerpos de las menores. También se documentaron movimientos migratorios de la investigada y gestiones relacionadas con su salida del país.Además, Colombia activó mecanismos de cooperación internacional, incluida la emisión de una circular roja de Interpol y el envío de antecedentes a autoridades extranjeras.
La Cancillería de Colombia envió ayer, 5 de enero, una nota de protesta formal al Gobierno de Estados Unidos en rechazo a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien calificó de “enfermo” al mandatario colombiano Gustavo Petro y afirmó que no descartaba una intervención similar a la ocurrida en Caracas.El pronunciamiento fue considerado por el Gobierno colombiano como una intromisión inaceptable en los asuntos internos del país y un ataque directo al jefe de Estado. Como parte del manejo diplomático de la crisis, este martes se llevará a cabo una reunión en el Palacio de San Carlos entre la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. El encuentro busca abordar las crecientes tensiones bilaterales y sentar una posición clara frente a los señalamientos del mandatario estadounidense.Desde la Cancillería han asegurado que se apoyará en los organismos multilaterales para enfrentar las amenazas de una posible operación militar de Estados Unidos como la del pasado sábado en Venezuela, señaló este martes la canciller Rosa Villavicencio."Seguimos insistiendo en que debe cumplirse el derecho internacional, deben respetarse los principios de la democracia y deben respetarse también los principios que se han creado en el orden internacional que están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas", expresó la funcionaria en una rueda de prensa en Bogotá.Se conoció el contenido de la carta en la que rechazan enérgicamente las acusaciones ofensivas del presidente Donald Trump contra el mandatario Gustavo Petro, a quien vinculó falsamente con el narcotráfico.La comunicación defiende la soberanía colombiana y la legitimidad democrática de sus instituciones frente a lo que considera ataques a la dignidad nacional. Además, el texto presenta datos estadísticos para demostrar el éxito operativo de Colombia en la incautación de drogas y el desmantelamiento de organizaciones criminales. Finalmente, el mensaje subraya la importancia de mantener una cooperación bilateral basada en el respeto mutuo y el diálogo constructivo a través de los canales oficiales.Esta es la carta firmada por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-PeñaSeñor secretario:Le escribo una vez más para expresar nuestra más enérgica protesta por los términos irrespetuosos utilizados por el presidente Donald J. Trump contra el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y por las acusaciones formuladas hoy, 4 de enero de 2026, contra el Jefe de Estado de nuestra nación soberana, elegido democráticamente. Como se ha dicho anteriormente, el presidente Petro fue elegido por el pueblo colombiano en 2022 mediante elecciones libres y transparentes, liderando la democracia más antigua de América Latina bajo instituciones legítimas y sólidas.La última declaración del presidente Trump, en la que afirma que "Colombia también está muy enferma. Gobernado por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho tiempo...", es profundamente ofensiva para el pueblo colombiano, para nuestros principios democráticos y para la Oficina de la Presidencia de la República, que encarna la dignidad, la autoridad y la plena representación del Estado. Usted conoce muy bien Colombia y su institucionalidad. Sabe que el presidente Petro, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ha liderado la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales con convicción nacional y en cumplimiento del derecho internacional.Hemos compartido repetidamente con usted y con las diferentes agencias las cifras récord alcanzadas bajo nuestra política nacional contra el narcotráfico. Desde el 7 de agosto de 2022 (cuando el presidente Petro asumió el cargo) hasta el 30 de diciembre de 2025, las autoridades colombianas han incautado más de 2.512 toneladas de cocaína a través de operaciones antinarcóticos. Solo en 2025 se interceptaron cerca de 1.000 toneladas, un hito histórico equivalente a aproximadamente 12 mil millones de dosis que se impidió que llegaran a los mercados de consumo. Estos esfuerzos, apoyados por socios internacionales, incluidos los Estados Unidos, han debilitado significativamente a las organizaciones criminales al atacar sus redes financieras, desmantelar laboratorios (se han desmantelado más de 18.000, junto con más de 12 millones de galones de precursores líquidos y 10 millones de kilogramos de precursores sólidos incautados) e interrumpir la cadena de producción y distribución de drogas. También se ha neutralizado a un total de 13.971 personas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales y a organizaciones del narcotráfico.Además, Colombia y Estados Unidos continúan compartiendo inteligencia en materia de seguridad y defensa en el marco de nuestra larga asociación bilateral, basada en el respeto mutuo como naciones soberanas y democráticas, que se rigen por el Estado de derecho. Esta cooperación ha sido esencial para la estabilidad hemisférica durante décadas y se mantiene plenamente operativa en nuestro trabajo diario con diferentes agencias estadounidenses y autoridades globales. Las agencias de seguridad estadounidenses han reconocido de manera consistente la colaboración y el valor de las contribuciones de Colombia a lo largo de los años. La inteligencia colombiana contribuyó a los excelentes resultados obtenidos por la Guardia Costera de Estados Unidos. Las autoridades colombianas también han declarado que, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno de Colombia y sus obligaciones en virtud del derecho internacional, no se ha compartido ni se compartirá información de inteligencia colombiana en relación con los recientes incidentes con embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico.Como declaró el presidente Petro el 12 de noviembre de 2025, “Cualquier comunicación que garantice ser utilizada para incautaciones sin violaciones de los derechos humanos, para generar detenciones respetando la vida y sin ponerla en peligro, será utilizada por la comunidad de inteligencia [internacional] según la coordinación actual con nuestro apoyo, sin excluir a ninguna agencia, incluidas las agencias estadounidenses”.Rechazamos enérgicamente, una vez más, las amenazas de cualquier acción que viole nuestra soberanía nacional.Las amenazas no contribuyen al respeto mutuo ni al diálogo constructivo que debe prevalecer entre naciones soberanas con el fin de encontrar las mejores vías de cooperación en las numerosas áreas en las que, durante años, hemos demostrado ser capaces de trabajar juntos con éxito para afrontar los desafíos transnacionales en beneficio de la seguridad y la prosperidad de nuestra región.Colombia exige respeto. Las diferencias entre Estados deben abordarse a través de los canales diplomáticos, el diálogo y las negociaciones, y como ha declarado anteriormente el presidente Petro, reafirmo nuestra permanente disposición a entablar un diálogo serio y constructivo con el presidente Trump, con usted y con la Administración estadounidense.Atentamente,DANIEL GARCÍA-PEÑA JARAMILLOEmbajador de Colombia
El Gobierno nacional salió a defender el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, en medio de nuevas críticas de gremios de la salud que insisten en que los recursos resultan insuficientes para garantizar la atención a los pacientes. El Ministerio de Salud y Protección Social afirmó que el incremento definido para el próximo año cumple con criterios técnicos, se ajusta a la información disponible y responde a las órdenes de la Corte Constitucional.Según la cartera de Salud, la decisión se adoptó a partir de una metodología “rigurosa”, basada en datos reales de uso y costos del sistema, información reportada por las EPS y fuentes oficiales. El Ministerio sostiene que el proceso incluyó espacios de participación con los actores del sistema y que no se trató de una decisión discrecional o improvisada. En ese sentido, señaló que cuestionar el cálculo de la UPC implica desconocer los estudios actuariales tradicionales y los ajustes técnicos exigidos por la Corte.En paralelo, el Ministerio puso el foco en el manejo de los recursos por parte de las EPS. Aseguró que durante años se han identificado inconsistencias graves en la información reportada por estas entidades, representadas por gremios como Acemi, lo que habría generado pérdidas multimillonarias. Entre los casos mencionados se encuentran pagos asociados a personas fallecidas, detectados tras el cruce de bases de datos oficiales, y reportes de servicios con valores que no corresponderían a los precios reales del mercado.Desde el otro lado, voces del sector salud reiteraron sus reparos. En declaraciones a Blu Radio, representantes gremiales cuestionaron que, pese a los incrementos anunciados, persistan problemas como la falta de redes para el suministro de medicamentos y la negativa de clínicas y hospitales a prestar servicios por deudas acumuladas.Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia: “Si la plata es suficiente, ¿por qué iniciamos, por ejemplo, el nuevo año sin red para el suministro de medicamentos y con varias clínicas y hospitales que no prestan servicios porque no les han pagado? ¿Qué están haciendo con la plata?, ¿para dónde se van los recursos del sistema de salud? Y lo más importante: ¿quién le va a responder a los pacientes y a las familias de los pacientes por el incremento de la enfermedad y por las muertes que está generando la crisis que creó el Gobierno del presidente Petro? La salud no es un favor, es un derecho fundamental.” SeñalóDesde estas organizaciones se advierte que el debate sobre la suficiencia de la UPC no es nuevo y que durante 2025 ya se habían formulado cuestionamientos similares frente a la postura del Gobierno.
La tensión entre el Gobierno nacional y el sector constructor arrancó el 2026 con un nuevo capítulo. Esta semana, en entrevista con Blu Radio, Camacol volvió a prender las alarmas por los efectos que tendría el aumento del salario mínimo en el mercado de la vivienda de interés social (VIS), justo cuando el Ejecutivo prepara decretos para desindexar algunos precios atados al mínimo legal.El debate no es menor. La vivienda VIS es la puerta de entrada a casa propia para miles de familias de ingresos bajos y medios, y su precio máximo está definido en salarios mínimos. En ese contexto, el Gobierno ha acusado a las constructoras de encarecer artificialmente los inmuebles, mientras el gremio insiste en que el problema se origina en decisiones oficiales.En medio de ese cruce de señalamientos, Guillermo Herrera, presidente de Camacol, apuntó que “Este rollo lo armó el mismo Gobierno”, al referirse al impacto que tuvo el incremento del salario mínimo, por encima de la productividad y la inflación, sobre los costos del sector.¿Por qué Camacol culpa al Gobierno por el precio de la vivienda VIS?Herrera calificó como “inaceptable” que el presidente Gustavo Petro haya acusado a los constructores de estafar a los compradores. Aseguró que el sector no fija los precios de manera arbitraria y recordó que los topes de la vivienda VIS los define el propio Gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo.“El incremento del salario mínimo genera un problema económico muy grande que se llama más inflación”, explicó el dirigente gremial, al señalar que una subida abrupta presiona los costos de producción, especialmente la mano de obra, que representa cerca del 25 % del costo directo de una obra.¿El aumento del salario mínimo encarece automáticamente la vivienda?Según Camacol, no. Herrera fue enfático en que el alza del salario mínimo no implica un aumento automático del precio de la vivienda, y que todo depende del estado del proyecto y de las condiciones pactadas al momento de la venta. Los proyectos próximos a entregarse tendrían un impacto menor, mientras que los nuevos desarrollos sí enfrentarían mayores presiones.Sin embargo, advirtió que un proyecto nuevo podría ver incrementos en costos entre el 10 % y el 15 %, sumando mano de obra e insumos, lo que pone en riesgo la viabilidad financiera y desincentiva nuevas inversiones.¿Qué pasará con las familias que quieren comprar casa en 2026?Camacol alertó que el contexto es especialmente delicado. En 2025, unas 25.000 familias desistieron de comprar vivienda, en buena parte por la suspensión del programa Mi Casa Ya. A eso se suma ahora el posible aumento en tasas de interés, otro factor que podría sacar a más hogares “del bus”, como lo describió Herrera.“A ningún constructor le interesa que las familias desistan”, dijo el presidente de Camacol, quien insistió en que el mayor riesgo es frenar la nueva oferta de vivienda. Mientras tanto, el sector espera los decretos de desindexación para saber si, como dijo Herrera, este “rollo” tiene salida o si apenas está comenzando.
Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que en Colombia podría estarse configurando un riesgo para las garantías democráticas, gremios del sector empresarial defendieron el papel de la Registraduría y las organizaciones electorales recordando al presidente que el sistema que critica es el que le ha permitido ser alcalde, congresista y jefe de Estado.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) aseguró que no es conveniente que existan dudas sobre la legitimidad de la gestión electoral pues esto puede afectar la democracia.“El Registrador Hernán Penagos ha demostrado seriedad, independencia y apego a la Constitución y la ley. Cuidemos la confianza institucional y no empañemos la labor de un ente autónomo, sometido a controles, veeduría y auditoría, con acompañamiento y observación internacional”, indicó.En la misma línea, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, respaldó el trabajo de la organización electoral y afirmó que la obligación del Ejecutivo, en especial de la Presidencia de la República, es defender y fortalecer el sistema electoral y no atacar ni ponerle obstáculos a su funcionamiento.“No son aceptables, los intentos de descalificar a la registraduría y al proceso electoral mismo. Mucho menos viniendo de la cabeza del Estado, quién ha sido beneficiario directo del sistema democrático colombiano, habiendo sido elegido en múltiples ocasiones, congresistas, al alcalde y hasta el presidente de la República. ¿Cuál será la intención detrás del juicioso, intento por desprestigiar la democracia colombiana?”, aseguró a través de su cuenta de X.Los gremios empresariales coincidieron en la necesidad de preservar la confianza en las instituciones electorales y evitar mensajes que puedan debilitar la credibilidad del sistema democrático. Señalaron que el respeto por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las reglas de juego es fundamental para garantizar estabilidad política, seguridad jurídica y un clima electoral propicio.
El jefe de la Misión de Observacion Electoral de la Union Europea en Colombia, Esteban González Pons, se refirió a la controversia entre el presidente y el registrador nacional. Aseguró que la misión no entrará en la discusión política, pero sí analizará a fondo el procedimiento.“Este debate político que se produce en estos momentos en Colombia ante el Presidente y el Registrador nos puede parecer más o menos interesante, pero nosotros lo que vamos a ver es si ese formulario responde a lo que debe responder, si ese formulario es manipulable, si el procedimiento es transparente, si se produce alteración de resultados, el debate político va por encima de nosotros, solo puedo decirle que deseo que por el bien de la institucionalidad quienes ejercen las altas representaciones sean capaces de hablar entre ellos”.Simulacros: balance positivo, pero con advertenciasGonzález Pons valoró positivamente los primeros simulacros electorales realizados hasta ahora en el país. Sin embargo, subrayó que la transparencia y la imparcialidad de la administración electoral serán determinantes en el análisis final.“Tenemos que evaluar, eso sí, la transparencia e imparcialidad de la administración electoral. Y en este momento, la valoración de los primeros simulacros es positiva”.El jefe de la misión insistió en que el sistema debe garantizar coherencia entre lo consignado en las mesas y lo publicado oficialmente, así como la trazabilidad de cualquier modificación.“Para la misión es esencial que el sistema garantice la plena transparencia, que lo consignado en las mesas coincida con lo publicado, que las actas sean accesibles y que cualquier modificación del acta quede registrada para poder ser localizada. La transparencia es la garantía de que cualquier irregularidad pueda detectarse y pueda corregirse”.“No venimos a ver quién gana, sino cómo gana”El jefe de la misión reiteró los principios bajo los cuales actuará la observación europea.“Los principios por los que nos regiremos son el respeto, la humildad, la no injerencia, la independencia y la imparcialidad. Esto es lo que podemos esperar de esta misión de la Unión Europea. Nosotros examinamos el proceso, solo el proceso, pero todo el proceso. No vamos opinar sobre aquello que no sea el proceso electoral, pero no vamos a dejar de opinar sobre nada que se refiera al proceso electoral”.La misión enfatizó que su informe final no evaluará resultados políticos, sino garantías democráticas.Atención especial a elecciones parlamentarias y curules de pazLa misión anunció que prestará especial atención a las elecciones parlamentarias, que calificó como las más complejas del proceso.“Son menos llamativas para la prensa internacional que las presidenciales, pero para la vida política del país son casi tan importantes como las presidenciales. Por eso vamos estar particularmente atentos a las elecciones parlamentarias y que sepan que también vamos a hacer un seguimiento particular de las curules de paz”.Violencia, campaña y desinformaciónGonzález Pons reconoció que el proceso electoral se desarrollará en algunas zonas bajo contextos de violencia y amenazas, pero destacó la fortaleza de la democracia colombiana para organizar elecciones pese a esas dificultades.Además, señaló que los observadores estarán atentos a posibles restricciones al derecho de hacer campaña y al acceso de la ciudadanía a la información. En el entorno digital, la misión también vigilará posibles campañas de desinformación e injerencias externas.“Estamos pendientes de lo que sucede en las redes sociales con un equipo muy profesionalizado, con técnicas muy contrastadas, e intentaremos también ser capaces de determinar si es que en la conversación pública que se produce en las redes sociales hay una alteración del proceso electoral, poderlo constatar”.Compra de votosFinalmente, el jefe de la misión recordó que la compra de votos ha sido un fenómeno recurrente en la discusión electoral colombiana.“Va a ser importante para nosotros decirle a los ciudadanos, y a quien tenga la tentación de comprar votos, que se trata de un delito muy grave, un atentado contra la libertad política y la democracia que debe ser perseguida”.En conclusión, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, aseguró que su informe final se basará únicamente en lo observado en terreno y en el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia, imparcialidad y legalidad.
La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, anunció un requerimiento de cumplimiento inmediato a la Central Hidroeléctrica Urrá para que reduzca la cota del embalse de los actuales 130,5 metros a 128,5 metros, como parte de las medidas adoptadas frente a la contingencia derivada de las recientes condiciones climáticas.Según explicó la funcionaria, las acciones operativas activadas por la represa implican técnicamente la necesidad de disminuir el nivel del embalse. Por ello, el Gobierno ordenó que la reducción se realice de manera inmediata y, una vez cumplida, la empresa deberá recalcular de forma autónoma el volumen real almacenado.Ese recálculo deberá estar acompañado de los estudios técnicos correspondientes y ser presentado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Dentro de ese proceso, la hidroeléctrica tendrá que incluir el denominado “vacío de amortiguación”, es decir, el volumen que debe mantenerse disponible para cumplir con su función de regulación hídrica.La ministra recordó que, al tratarse de una represa multipropósito, Urrá no solo tiene responsabilidades en generación eléctrica y comercialización de energía, sino también en el manejo hidráulico regional. En ese sentido, deberá determinar con precisión cuánto espacio debe dejar libre en el embalse para responder a crecientes y eventos extremos.Adicionalmente, en el plazo de un mes, la empresa tendrá que recalcular su curva guía y ajustar nuevamente cotas y volúmenes, incorporando análisis de lluvias con periodos de retorno de hasta 500 años y escenarios asociados a variabilidad y cambio climático.De acuerdo con el Ministerio, esta medida responde al reconocimiento de una nueva realidad climática caracterizada por eventos más extremos. Por ello, los instrumentos ambientales y los estudios hidráulicos deberán ajustarse a condiciones más exigentes que las consideradas en análisis realizados en décadas anteriores.
En la Alerta Temprana de Inminencia 004 de 2026, que abarca el corregimiento de Rionegro, en el municipio de Puerto Rico, y zonas rurales de El Doncello, la Defensoría advirtió que la subestación policial está ubicada en una zona muy poblada, rodeada de viviendas y frente a la sede Antonio José Sucre de la Institución Educativa Rural, donde estudian 175 niñas, niños y adolescentes que quedarían expuestos ante nuevos ataque.El pasado 29 de enero, un hostigamiento contra esa estación dejó dos uniformados heridos y afectaciones en al menos 13 viviendas, lo que aumentó la preocupación por el impacto que una nueva acción armada podría tener sobre la población civil en esta zona del departamento.Según la Defensoría, el Frente Rodrigo Cadete, del Estado Mayor de Bloques y Frente, representa el principal factor de riesgo en la zona. Señalan que, aunque el grupo armado ilegal participa en diálogos con el Gobierno nacional, no tiene vigente un cese al fuego bilateral.El grupo, comandado por alias ‘Calarcá’, habría endurecido sus mecanismos de control territorial mediante extorsiones, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de comportamiento en zonas rurales.La entidad alertó sobre la posibilidad de nuevos hostigamientos con artefactos explosivos improvisados, “atucos e incluso drones cargados con explosivos. Además, existe información sobre la posible instalación de minas antipersonal en corredores rurales que conectan a Puerto Rico con El Doncello.El escenario ha generado desplazamientos forzados de familias que habitan cerca de la estación policial. A esto se suman amenazas contra personal de salud, a quienes se les ha advertido que no atiendan a miembros de la fuerza pública heridos, y presiones contra lideresas, líderes comunales y personas defensoras de derechos humanos, a quienes el grupo armado señala y exige que promuevan la salida de la Policía del centro poblado.La alerta también advierte un alto riesgo para estudiantes de las sedes Antonio José Sucre y El Rosario, así como para liderazgos sociales, campesinos y juveniles de veredas como Maracaibo I y II, Sevilla y Santa Isabel, en Puerto Rico, y Balsora, Cristales, Las Palmas, Brazuelo y La Laguna, en El Doncello.Ante esta situación, la Defensoría formuló 14 recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado. Entre ellas, la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), el refuerzo de medidas de protección a bienes civiles como escuelas y centros de salud, y acciones humanitarias para prevenir desplazamientos y atender a las víctimas.
El distrito de Medellín avanza en la ejecución de la Cárcel Metropolitana en el corregimiento de San Cristóbal, un proyecto de infraestructura carcelaria que ya alcanza el 10% de avance. Con una inversión total de 675.000 millones de pesos, esta obra se consolida como el segundo proyecto más importante de la ciudad, después del Metro de la 80.La obra es liderada por la Agencia APP de Medellín bajo un esquema de alianza público-privada. La licitación, adjudicada en 2023, fue ganada por el concesionario Carmet Medellín SAS, cuyos socios mayoritarios son la empresa mexicana Prodemex, firma con amplia experiencia en la gestión de penales en México.Javier Rodas, subdirector Agencia APP, habló sobre la financiación de este proyecto entre otros detalles, cómo, por ejemplo, la operación de la cárcel."Lo que hace el concesionario en estos tres primeros años es la financiación y, posteriormente, cuando entra en operación, es ahí donde el distrito de Medellín empieza a hacer la retribución", indicó Rodas.A su vez, ratificó que la función del Estado no delegará."La función estatal no se va a delegar. La función estatal de seguridad, vigilancia y custodia continuará a través del Distrito de Medellín", afirmó Rodas en Mañanas Blu con Camila Zuluaga. ¿Qué dicen desde el concesionario? Johnny Romero, gerente de Carmet Medellín, habló sobre los pornmenores de la construcción del centro carcelario y de su experiencia."Somos eficientes en los estudios y diseños, en la construcción y en la operación y mantenimiento. Tenemos la experiencia para hacer esas eficiencias y transmitirlas aquí", afirmó Romero. Sobre el control de tecnología, Romero dijo que habrá tecnología en cada uno de los edificios del centro carcelario."Donde van a estar concentrados las personas privadas de la libertad hay unos inhibidores de señal. Además, vamos a tener tecnología en cada uno de estos edificios, arcos de detección", explicó Romero. Sobre el impacto social y el objetivo de la obra Javier Rodas dijo que con esta nueva cárcel se estaría solucionando el asinamiento en estaciones de Policía."Se está solucionando el asinamiento que hay en este momento en las estaciones de policía de Medellín, en la estación Candelaria, por ejemplo, en la Sijin, en Laureles", puntualizó.Escuche la entrevista aquí:
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a través de su representante en Colombia, Paula Bernal, manifestó en Mañanas Blu, su profunda preocupación ante la intención de la Aeronáutica Civil de modificar los criterios de asignación de slots (turnos de despegue y aterrizaje) en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Según Bernal, el gobierno prepara una regulación que se apartaría de los estándares internacionales que rigen en más de 300 aeropuertos con altos niveles de congestión en el mundo.El peligro de abandonar los estándares internacionalesLos slots son herramientas de coordinación esenciales para aeropuertos de "Nivel 3", donde la infraestructura actual no es suficiente para satisfacer la demanda. Estos criterios no son impuestos unilateralmente por la IATA, sino que son fruto del consenso con la Asociación Internacional de Aeropuertos y la Asociación Internacional de Controladores Aéreos.Bernal advierte que modificar estas reglas de juego de manera local podría entorpecer la operación, generando un perjuicio directo a los usuarios en forma de congestión, demoras, retrasos y cambios inesperados en las rutas. Además, El Dorado perdería competitividad, pues las aerolíneas internacionales prefieren operar en terminales que sigan el lenguaje común del sector.Amenaza a la seguridad jurídica y tratados bilateralesUno de los puntos más críticos señalados por la directora de la IATA es el impacto en la seguridad jurídica. Colombia cuenta con más de 77 tratados bilaterales de aviación firmados con diversos países, los cuales suelen fundamentarse en el cumplimiento de estos estándares internacionales. Un cambio unilateral en la normativa de slots podría poner en entredicho el cumplimiento de estos compromisos internacionales y afectar las relaciones aéreas del país.Falta de monitoreo y necesidad de expansiónDesde la IATA se enfatiza que el problema en El Dorado no radica en los criterios actuales, sino en la falta de gestión de la autoridad aeronáutica. Bernal reveló que en Colombia no se ha aplicado el monitoreo de los slots en más de 10 años, lo cual impide retirar los turnos mal utilizados por las aerolíneas para entregarlos a otros operadores.La asociación propone que, en lugar de cambiar la norma, se aplique el monitoreo estricto y se trabaje en la ampliación de la capacidad del aeropuerto, siguiendo estudios técnicos que ya han sido entregados al gobierno. Según Bernal, el estándar internacional ya contempla mecanismos para favorecer la aviación regional y a nuevos competidores sin necesidad de romper las reglas globales.Escuche aquí la entrevista: