El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0173 de 2026, que crea un impuesto temporal al patrimonio para financiar la emergencia generada por la ola invernal y los eventos hidrometeorológicos extremos que golpearon a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.La medida se adoptó tras la declaratoria de emergencia económica mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026, ante el impacto de un frente frío entre enero y febrero que superó las previsiones oficiales. La emergencia dejó afectaciones en infraestructura vial, redes eléctricas, acueductos, viviendas y servicios públicos esenciales. El Gobierno estimó un impacto fiscal de 8,3 billones de pesos, mientras que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo dispone de apenas 668 mil millones, ya comprometidos.El nuevo impuesto aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta que posean un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026, equivalentes a $ 10.474.800.000 pesos. La tarifa general será del 0,50 %. Sin embargo, se fija una tarifa diferencial del 1,6 % para bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo, especialmente dedicadas al petróleo y al carbón.Quedan excluidas empresas del sector salud, compañías intervenidas por el Estado y empresas de servicios públicos ubicadas en municipios declarados en calamidad dentro de la zona afectada.El impuesto se liquidará sobre el patrimonio bruto, menos deudas vigentes a esa fecha, y se pagará en dos cuotas iguales: el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026. Los recursos tendrán destinación específica y exclusiva para atender la emergencia y mitigar sus efectos económicos y sociales.
En una operación conjunta contra las economías ilícitas, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron una unidad de producción ilegal de oro en zona rural del municipio de Chaparral, estructura que, según las autoridades, financiaba a un grupo armado organizado residual.El operativo fue adelantado por soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército, junto con la Brigada contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional.De acuerdo con el coronel Hernán Darío Baquero, comandante del batallón, la intervención permitió golpear las finanzas del grupo armado organizado residual Bloque Occidental Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz que, presuntamente, utilizaba esta explotación aurífera como fuente de ingresos.“Llegamos hasta el punto donde se desarrollaba esta actividad ilícita y encontramos un motor industrial, una clasificadora metálica, una manguera de succión y 100 galones de ACPM. Estos elementos eran fundamentales para la extracción ilegal del mineral y tendrían un valor cercano a los 27 millones de pesos”, señaló el oficial.Según las estimaciones entregadas por el comandante, en esta unidad se extraían mensualmente cerca de 1.000 gramos de oro , lo que representaba ingresos aproximados de 593 millones de pesos en el mercado ilegal. Con esta operación, agregó, se evitó que más de 500 millones de pesos ingresaran a las arcas de esa estructura armada.El coronel Baquero enfatizó que este tipo de acciones no solo afectan las finanzas de los grupos armados ilegales, sino que también buscan frenar el grave impacto ambiental que deja la minería ilegal.“Estamos atacando de manera directa las economías ilícitas que tanto daño le hacen al país. La explotación ilegal de yacimientos no solo financia estructuras criminales, sino que destruye el ecosistema. La recuperación ambiental de estas zonas puede tardar más de 10 años”, afirmó.La maquinaria y los elementos hallados fueron destruidos en el lugar, previa coordinación con la Policía Nacional, en cumplimiento de los protocolos establecidos.Con este resultado operacional, la Sexta Brigada reiteró que continuará desarrollando operaciones sostenidas contra la minería ilegal en el sur del Tolima, con el propósito de debilitar las estructuras armadas residuales y proteger los recursos naturales del departamento.
El reloj avanza hacia el 2 de marzo y en las zonas arroceras del Tolima el ambiente no es de cosecha sino de resistencia. A seis días de las elecciones legislativas, productores del cereal confirmaron que se sumarán al paro nacional convocado por el sector y que habrá bloqueos en puntos estratégicos del departamento, una decisión que podría impactar la movilidad entre el centro y el occidente del país y tensionar la jornada democrática prevista para el 8 de marzo.La consigna tiene nombre propio: "Día de la Dignidad Arrocera” En municipios como Armero Guayabal , Lérida, El Espinal, Saldaña, Purificación y Prado, además del peaje del Alto de Gualanday , se prevén concentraciones y cierres viales. La preocupación mayor gira en torno al corredor que conecta con el paso del Alto de La Línea, ruta clave para el transporte de carga y pasajeros entre el centro y el occidente del país."Estamos perdiendo todos”La voz que sintetiza el malestar es la de Manuel Cardozo, representante arrocero del norte del Tolima, quien en entrevista con Meridiano de Blu Radio lanzó una advertencia sin matices:“La situación de los arroceros en Colombia es crítica. Nuevamente los más de 202 municipios arroceros estamos pasando por una crisis económica terrible. Aquí estamos perdiendo pequeños, medianos y grandes. Nadie se salva”.Según explicó, la decisión de ir a paro fue tomada el pasado 21 de febrero en una reunión nacional del Comité de Paro Arrocero, en cabeza de Dignidad Agropecuaria. El reclamo central: el precio pagado al productor no cubre los costos de producción de la actual cosecha.Cardozo cuestionó directamente las resoluciones 42 y 43 del Ministerio de Agricultura. Asegura que, aunque se pactó un precio de 183.000 pesos por carga para la zona centro incluido el Tolima, una resolución posterior permite a los molinos pagar hasta 10.000 pesos menos, es decir, 173.000 pesos, con la promesa de que el Gobierno asuma la diferencia.El problema, afirma, es que casi ningún productor cumple los requisitos para acceder a ese subsidio.“Para acceder a esa diferencia la situación es crítica. Tocan cumplir requisitos que casi el 99 por ciento de los arroceros no tenemos. Con esas opciones lo único que hacen es hundirnos más y no tenemos un horizonte claro”.Importaciones, contrabando y sobreofertaA la caída del precio se suma según los líderes del sector el impacto del arroz importado y el contrabando, factores que estarían generando sobreabastecimiento y presionando a la baja el mercado interno. En un departamento donde el arroz es columna vertebral de la economía rural, la consecuencia es directa: pérdidas acumuladas, créditos bancarios en mora, pagos de insumos, maquinaria y obligaciones laborales que no dan espera.“Hoy estamos vendiendo prácticamente para no perderlo todo”, advierten asociaciones arroceras.La crisis no se limita a los cultivadores. En el sur y centro del Tolima la incertidumbre alcanza a jornaleros, transportadores y comerciantes que dependen de la cadena productiva. El temor es que muchos reduzcan áreas sembradas o abandonen el cultivo, con efectos futuros sobre el abastecimiento de uno de los alimentos básicos de la dieta colombiana.Elecciones en la cuerda flojaEl anuncio del paro adquiere un tinte político inevitable. El 8 de marzo el país elegirá nuevo Congreso, y los arroceros insisten en que no desean bloquear las vías ese día, pero advierten que, si no hay respuestas rápidas y eficaces, la movilización podría escalar.“Recordémosle al país que el próximo 8 de marzo son las elecciones parlamentarias y los arroceros no queremos que para ese día estemos bloqueando las vías. Necesitamos la mirada de todos los sectores porque si no el juego de las elecciones queda en riesgo con nuestro paro y manifestación”, sostuvo Cardozo.El mensaje es directo a candidatos, gremios y ciudadanía: la protesta no es solo por el precio del arroz, sino por la supervivencia de miles de familias campesinas.Mientras se definen los horarios y puntos exactos de cierre en el Tolima, el departamento se prepara para una semana decisiva. El arroz, más que un cultivo, es una forma de vida. Y este 2 de marzo, a la hora cero, sus productores prometen hacerse sentir en las carreteras del país.
El fútbol está en shock tras un lamentable suceso en Villavicencio, que tiene en vilo a la Liga BetPlay, luego de un accidente que puso fin a la vida de un vigilante comunitario y, además, dejó detenido a un jugador de Llaneros FC.El caso tuvo lugar el pasado sábado 21 de febrero, un día después de que el equipo llanero empatara 2-2 con Independiente Medellín. El mediocampista había sido titular en ese compromiso. Sin embargo, horas más tarde, mientras conducía su vehículo por el barrio Pinilla, embistió a un adulto mayor que se movilizaba en bicicleta camino a su trabajo.Prueba de alcoholemia y custodia tras accidente en VillavicencioMarlon Sierra, de 31 años, estaría involucrado en el accidente. Según confirmó la Policía Metropolitana de Villavicencio, la prueba de alcoholemia practicada tras el siniestro arrojó grado uno.Ese resultado derivó en la captura inmediata de Sierra, mientras continúan las investigaciones judiciales. Según los reportes oficiales y versiones recogidas, el ciclista fue trasladado por habitantes del sector a un centro asistencial, pero falleció minutos después por la gravedad de las heridas.La víctima fue identificada como Ángel María León Ladino, reconocido en la zona por más de 20 años de trabajo como vigilante comunitario.Entre los puntos que hoy analiza la Fiscalía y las autoridades se encuentran:El resultado positivo en la prueba de alcoholemia.Las circunstancias exactas del impacto.Las versiones que señalan una posible omisión de auxilio.Algunos testigos aseguraron que el conductor se detuvo metros adelante y no habría asistido directamente a la víctima tras el choque, aspecto que también forma parte del proceso.Llaneros FC espera decisión judicial sobre SierraHasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre medidas disciplinarias. El presidente de Llaneros señaló que serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos.En el entorno del Fútbol Profesional Colombiano, la noticia ha abierto el debate, debido a que se trata de un jugador activo y por el impacto social del caso en la capital del Meta.Mientras avanza la investigación, se mantiene el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la comunidad pide celeridad y claridad en el proceso.
Al menos 2.000 elementos más de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) llegaron este lunes a Jalisco (oeste de México) para reforzar la seguridad, tras la jornada de violencia del domingo por la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el gobernador del estado, Pablo Lemus.“Han llegado 2.000 nuevos elementos (militares) de la Secretaría de la Defensa Nacional a patrullar las calles de Jalisco. Ya están activos estos elementos. Tenemos a todo nuestro personal de seguridad, de Protección Civil a quienes también les reconozco todo su trabajo en calle", señaló en una reunión el mandatario.Lemus afirmó que su gobierno está trabajando "fuertemente" en recuperar de forma paulatina la normalidad en el estado."El sistema de transporte público poco a poco va recuperando su normalidad. Esperamos que muy pronto, es decir, el día de mañana pueda estar trabajando al 100 % el sistema de transporte público. Los servicios públicos municipales se están dando ya también con normalidad por parte de cada uno de los ayuntamientos", aseveró.El domingo, Oseguera Cervantes fue abatido en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, durante un operativo encabezado por fuerzas federales con apoyo de inteligencia estadounidense.El mandatario estatal pidió a la población actuar con "mucha seriedad, con mucha prudencia" y recordó que se cancelaron eventos masivos en el estado hasta nuevo aviso, además de la suspensión de clases presenciales."Este es un momento de unidad mantenernos trabajando en equipo, que la sociedad vea nuestro compromiso por recuperar la paz y la normalidad en el estado de Jalisco”, apuntó.Asimismo, exaltó la "coordinación absoluta" con autoridades federales, estatales y municipales porque el objetivo, dijo es "que la ciudadanía recupere su normalidad, la tranquilidad y la paz".Las autoridades mexicanas confirmaron este lunes que al menos 25 militares fallecieron el domingo, así como 30 miembros del CJNG en diversos enfrentamientos, la mayor parte en Jalisco.Washington acusaba a Oseguera Cervantes de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.
Aunque Bancolombia informó ayer hacia las 7:20 de la noche que estaba realizando “ajustes en sus sistemas” para restablecer plenamente los servicios, lo cierto es que lo que vino después fue una ola de molestias y reclamos de los usuarios.Desde las 7:30 p.m., tanto los canales digitales como los físicos quedaron temporalmente fuera de servicio: la aplicación móvil, la sucursal virtual, las oficinas y otros puntos de atención. La entidad habló de trabajos técnicos necesarios, pero no precisó a qué hora volvería todo a la normalidad, lo que aumentó la incertidumbre entre los clientes.Más tarde, a las 9:52 de la noche, el banco aseguró que algunos servicios ya estaban habilitados: el uso de tarjetas débito y crédito y los retiros en cajeros. Sin embargo, ese fue el último mensaje publicado en su cuenta de X, y para muchos usuarios la situación estaba lejos de resolverse.A esta hora, aunque la plataforma virtual y la aplicación funcionan, las redes sociales siguen llenas de quejas. Varias personas reportan que realizaron transferencias y el dinero no llegó a su destino; otros afirman que recibieron consignaciones que no se reflejan en sus cuentas. También hay casos de movimientos que inicialmente aparecían como rechazados y que ahora figuran como efectivos, generando confusión y preocupación sobre posibles dobles cobros o inconsistencias.Los reclamos se concentran en la falta de información clara y oportuna, así como en el impacto que estas fallas han tenido en pagos, compras y obligaciones financieras. Desde el sábado ya se venían reportando dificultades para ingresar a la aplicación, hacer transferencias y consultar saldos.Mientras la entidad afirma que continuará monitoreando su plataforma tecnológica, los usuarios piden explicaciones más detalladas y garantías de que este tipo de fallas no volverán a repetirse hoy ni en los próximos días.Nestor¿Qué servicios de Bancolombia no estaban funcionando?De acuerdo con lo reportado, ningún servicio estaba en funcionamiento en ese momento. Esto incluye:🔴 App Bancolombia🔴 Sucursal Virtual Personas y Empresas🔴 Pagos y transferencias electrónicas🔴 Retiros y pagos con tarjetas débito🔴 Recargas de la tarjeta Cívica del Metro🔴 Tarjetas débito Cívica de Bancolombia
El Kremlin admitió este martes que la campaña militar rusa en Ucrania continuará después de cumplir cuatro años, porque Rusia aún no ha logrado "todos sus objetivos" en el país vecino."En su totalidad, es cierto que los objetivos no se han logrado. Por ello, continúa la operación militar especial", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.Peskov dio así la razón al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien subrayó que Moscú no había logrado lo que pretendía cuando inició su campaña militar el 24 de febrero de 2022.Eso sí, consideró que el ejército ruso sí alcanzó "el principal (objetivo), que es garantizar la seguridad de la gente que vive en el Este de Ucrania y que estaba en peligro mortal".Con ocasión del aniversario de la guerra, lamentó que la campaña militar contra Kiev "se convirtiera, después de la injerencia directa en ese conflicto de los países de Europa Occidental y EE.UU., en un enfrentamiento mucho más grande entre Rusia y los países occidentales, quienes perseguían y aún persiguen el objetivo de aplastar a nuestro país".Al mismo tiempo, aseguró que, mientras "la operación militar especial continúa, Rusia se mantiene abierta al logro de sus objetivos por medios político-diplomáticos"."Sea como sea, los intereses rusos serán garantizados", afirmó.Más de 200.000 militares rusos muertos en cuatro añosDe hecho, subrayó que la esperanza de lograr un arreglo pacífico en Ucrania no ha abandonado a Rusia "desde el mismo comienzo" de la contienda y culpó a Occidente de que el proceso de paz que comenzó en marzo de 2022 fuera abortado y "se volviera al cauce militar"."Proseguimos los esfuerzos en favor de la paz. Nuestra postura es clara y consecuente. Ahora todo depende de las acciones del régimen de Kiev", señaló.En cuanto a la cuarta ronda de negociaciones con mediación estadounidense, aseguró que aún no existe un acuerdo definitivo sobre las fechas y la sede de la reunión, aunque expresó su confianza de que "el trabajo continúe".Peskov también destacó que la sociedad rusa ha sufrido cambios "fenomenales" en esos cuatro años, que se han traducido en la consolidación en torno al presidente, Vladímir Putin, aunque sondeos independientes apuntan que la mayoría de los rusos desean un urgente cese de las hostilidades."A Rusia se le han abierto los ojos sobre muchos procesos internacionales, sobre cómo entablar relaciones con muchas organizaciones internacionales y capitales", aseveró.Según informaron este martes medios independientes, el ejército ruso ha perdido más de 200.000 hombres en cuatro años de un conflicto, que dura más que la participación soviética en la Segunda Guerra Mundial (1941-1945).El Kremlin se anexionó sobre el papel en 2022 cuatro regiones ucranianas, pero el ejército ruso no ha podido conquistarlas, ya que Kiev aún controla más de la quinta parte de Donetsk y un tercio de Jersón y Zaporiyia.
Cuando Cristopher Landázuri cruzó hacia Colombia en 2019 no tenía trabajo ni casa ni rumbo. Dormía en las calles de Cúcuta, cayó en las drogas y sobrevivía como podía en esa ciudad limítrofe, parte de los 2.219 kilómetros de frontera entre los dos países que se convirtió en una de las principales vías de escape para millones de venezolanos.Hoy, vestido con uniforme verde de operario, riega los parques y habla con serenidad de un futuro que, por ahora, no está en su país de origen."Fui habitante de calle, pasé por las drogas y gracias a un programa de la alcaldía pude rehabilitarme", cuenta a EFE en una entrevista en la que resume su presente en una frase definitiva: "Me enamoré de Cúcuta, me enamoré de Colombia, ya tengo mi vida acá".Como él, millones de venezolanos observan desde Colombia el incierto escenario abierto tras la captura en enero pasado del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores en una operación militar estadounidense que abrió una compleja transición política.Colombia es el principal destino migratorio venezolano en el mundo, con unos 2,8 millones de personas, según cifras oficiales. En total, más de 7,7 millones de venezolanos abandaonaron su país en la última década, de acuerdo con organismos internacionales.Muchos se han instalado en Bogotá, donde han reconstruido su vida como vigilantes, panaderos, repartidores, periodistas o vendedores ambulantes. En el centro de la capital, en mercados y plazoletas donde decenas de migrantes esperan durante horas a que llegue un pedido en sus teléfonos, el miedo sigue presente.Varios repartidores de comida mediante aplicaciones como Rappi o DiDi rechazaron hablar con EFE y algunos se alejaron apenas vieron la grabadora."Si nos ven, nos echan el gancho y nos llevan para El Helicoide", dijo uno de ellos, en alusión a la cárcel en la que organismos de la ONU han de nunciado la existencia de "salas de tortura" y donde han muerto varios detenidos bajo custodia, entre ellos el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez.Volver sí, pero no ahoraAntonio Alexander Hernández, vigilante de 54 años, recibió la noticia de la captura de Maduro en la madrugada del 3 de enero y recuerda que dijo: "Gloria a Dios, llegó lo que esperábamos".Hernández, que asegura haber huido tras ser advertido de que estaba "en una lista para ser capturado", quiere regresar, pero solo si existen garantías. "Pienso volver (...) pero con una ley de amnistía, que nos permita regresar en paz", dice.Una cautela similar tiene Isamar Celín, manicurista en el céntrico sector de Chapinero, quien emigró hace seis años y hoy también trabaja como enfermera particular. Aunque la noticia le produjo "mucha alegría", descarta volver por ahora, en parte por el tratamiento contra el cáncer que recibe su madre en Colombia."Tendría que estar Venezuela al mismo nivel de Colombia para poder trasladarla", explica, consciente de que regresar implica empezar de nuevo. Otros, como Diego Alexander Matute, administrador en Venezuela y hoy panadero en Bogotá, tampoco ven el retorno como una decisión inmediata, pese a su deseo de contribuir a la reconstrucción del país.La vida que lograron construirEn la frontera, donde miles de migrantes siguen cruzando a diario en ambos sentidos por razones laborales, comerciales o familiares, Ariadni Benítez vende cafés desde hace siete años, trabajo con el que logró estabilidad, algo impensable cuando emigró tras una crisis de salud de su hija.Con dos termos bajo el brazo y varios vasos de plástico en la mano, recorre las calles ofreciendo "tinto" (café) a conductores y transeúntes para sacar adelante a su familia."Tengo estabilidad, mis hijas estudiando, por eso no tengo muy pensado regresarme", dice, mientras recuerda que decidió salir de Venezuela después de que su hija enfermara y no encontrara medicamentos.Más allá de la caída de Maduro, el regreso depende de factores personales, familiares y económicos. Beatriz Jhoana Ochoa, que vende empanadas y arepas en un puesto callejero en Cúcuta, viajó recientemente a Venezuela después de ocho años sin regresar y lo que encontró fue un país aparentemente ajeno al terremoto político."Llegué a (la isla) Margarita y todo estaba normal. La gente en la playa, tomando, disfrutando, nadie hablaba del tema", cuenta. Para ella, más allá de quién gobierne, la vida sigue marcada por la necesidad de trabajar: "A mí no me importa si está o no está, yo tengo que trabajar igual", dice.Su reflexión resume el sentimiento de muchos migrantes que, tras años fuera, han logrado reconstruir su vida lejos de Venezuela mientras observan desde la distancia el incierto futuro de un país al que aún no saben si volverán.
En una rápida reacción de la Policía Nacional fue capturado el presunto responsable del homicidio del cantante de música urbana Raúl Archila, ocurrido en el municipio de Málaga, Santander.El joven artista, considerado una promesa del rap en la provincia de García Rovira, fue atacado cuando se movilizaba en una motocicleta por el sector conocido como “La Casita del Pan”.Según informó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, los uniformados reaccionaron tras escuchar varias detonaciones a escasas cuadras de donde realizaban labores de patrullaje.“Los policías escuchan disparos más o menos a dos cuadras. Inmediatamente la patrulla gira y avanza prácticamente en contravía. En ese momento observan a un sujeto que venía en motocicleta y que hace la misma maniobra, por lo que se inicia la persecución”, explicó el oficial.Durante la huida, el señalado accionó un arma de fuego contra los uniformados, quienes respondieron en uso legítimo de la fuerza. El hombre resultó herido.De acuerdo con el coronel Arévalo, en medio de la persecución el sospechoso lanzó el arma en inmediaciones del sector de la Normal de Málaga. Los policías verificaron el objeto y confirmaron que se trataba de un revólver calibre 38, el cual tenía vainillas percutidas.Posteriormente, el hombre ingresó a una vivienda intentando evadir a las autoridades. Sin embargo, otra patrulla que realizaba el cierre perimetral logró interceptarlo cuando intentaba salir por la parte posterior del inmueble.El capturado fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial debido a la herida ocasionada durante el procedimiento.La víctima, Raúl Archila, perdió el control de la motocicleta tras recibir el impacto de bala y se desplomó en el sector de “La Casita del Pan”. Su muerte ha generado consternación entre familiares, amigos y seguidores, quienes lo describen como un joven talento en ascenso dentro de la escena urbana de la región.Las autoridades avanzan en el proceso de judicialización del capturado por el delito de homicidio y en la recolección de pruebas que permitan esclarecer los móviles del crimen.
El Espinal, segunda ciudad en importancia del Tolima, ya no es recordada únicamente por su tradición arrocera, su riqueza musical o sus expresiones folclóricas. En los últimos años, su nombre comenzó a asociarse con un fenómeno que alteró la tranquilidad de sus habitantes, la presencia de estructuras conocidas popularmente como “Los Brujos”, señaladas por autoridades y comunidad de estar vinculadas a economías ilícitas y hechos de violencia.Lo que antes era considerado un remanso de paz empezó a figurar en reportes de seguridad por homicidios selectivos y episodios de sicariato. Según las autoridades, detrás de estos hechos habría redes criminales que utilizan fachadas aparentemente legales para encubrir actividades ilícitas.Uno de los temas más sensibles expuestos por el gobierno departamental es la presunta relación de este grupo con delitos como lavado de activos y otras economías ilegales. De acuerdo con lo manifestado por la administración seccional, la intervención institucional es prioritaria para evitar que estas estructuras continúen afectando la seguridad y la convivencia.Aun así, las cifras recientes muestran un cambio significativo. En lo corrido de 2026 se ha registrado un solo caso de sicariato en el municipio, una reducción que contrasta con periodos anteriores.La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas , atribuye esta disminución a las acciones coordinadas entre la Gobernación, la Fuerza Pública y los organismos judiciales.“Tenemos un problema delicado en El Espinal, donde veníamos registrando sicariatos relacionados con estas estructuras. Este año solo se ha presentado un caso, y eso obedece a las medidas de prevención y control que hemos implementado junto con la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial”, afirmó la mandataria.Matiz también subrayó que los resultados responden a una estrategia integral que incluye trabajo conjunto con la Fiscalía, presencia institucional y acciones preventivas en el territorio.Una problemática que encendió las alertasLa mandataria departamental ha sido enfática en que las investigaciones deben avanzar hasta esclarecer el alcance de estas redes.“A los llamados ‘Brujos’, que todos conocen y a muchos les da temor mencionar, también los estamos investigando. He solicitado a la Fiscalía General de la Nación que designe un fiscal especializado para El Espinal que adelante estas indagaciones”, aseguró.Las advertencias institucionales sobre la influencia de estas estructuras no son nuevas. El secretario de Convivencia, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra Varón, junto con la gobernadora, fueron de los primeros funcionarios en referirse públicamente al fenómeno y a su posible impacto en el aumento de la criminalidad.¿Cómo operaría la estructura?Según lo expuesto por las autoridades y las indagaciones preliminares, estas redes montarían centros de atención telefónica desde donde ofrecen servicios esotéricos a clientes dentro y fuera del país. Aunque este tipo de prácticas no está prohibido por la legislación colombiana, las investigaciones apuntan a que el delito comenzaría cuando se utiliza la información personal obtenida para extorsionar a los usuarios.Las pesquisas también buscan establecer si algunos grupos habrían extendido sus actividades hacia otras economías ilegales, incluyendo microtráfico de drogas y la creación de redes para estafas relacionadas con trámites migratorios.Otra modalidad bajo la lupa es la oferta fraudulenta de supuestos trámites de regularización o expedición exprés de visas mediante redes sociales. Las autoridades investigan recaudos millonarios por servicios que no se concretan.Expansión y efectos regionalesInformes preliminares señalan que estas estructuras no solo operarían en El Espinal , sino que habrían extendido su presencia hacia municipios como Ibagué, Guamo , Saldaña y Melgar, donde también se han reportado alteraciones del orden público.Mientras avanzan las investigaciones, el gobierno departamental insiste en que la prioridad es proteger a la ciudadanía y evitar que estas economías ilegales sigan afectando la seguridad, la confianza institucional y la estabilidad social del centro del Tolima.La reducción de los homicidios en el municipio se presenta como un primer indicador de que la intervención estatal comienza a dar resultados, aunque las autoridades reconocen que el desafío apenas empieza.
Ante los recientes anuncios del sector arrocero sobre un nuevo paro programado para el próximo 2 de marzo, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) manifestó su preocupación por las posibles afectaciones que podría generar una nueva jornada de bloqueos en el país.El gremio recordó que, en 2025, entre marzo y julio, se registraron cierres en 186 vías a lo largo de distintos corredores nacionales, una situación que impactó de manera severa al sector transportador y a múltiples actividades productivas. Según Colfecar, esos bloqueos no solo afectaron la movilidad de mercancías, sino que también generaron pérdidas económicas, retrasos en la cadena logística y dificultades en el abastecimiento.Frente al nuevo escenario, el gremio hizo un llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Agricultura para que activen de inmediato los mecanismos institucionales necesarios y promuevan mesas de diálogo y concertación con los arroceros. El objetivo es evitar que las manifestaciones se traduzcan en cierres de vías que terminen afectando la movilidad de los colombianos, la seguridad alimentaria y el desempeño de la economía nacional.Si bien Colfecar aseguró que respeta las razones que motivan las protestas del sector agrícola, advirtió que otros sectores productivos no pueden convertirse en un “mecanismo de presión” dentro de estas discusiones. En esa línea, solicitó a Dignidad Agropecuaria de Colombia, convocante de las marchas, reevaluar la convocatoria a bloqueos teniendo en cuenta el impacto que podrían generar en la productividad del país y en millones de ciudadanos cuyo sustento depende del transporte por carretera.Colfecar señala que no es fácil el panorama que se vive ahora tras constantes ataques y hechos de inseguridad en las vías del país. Hoy, 24 de febrero, un conductor de vehículo de carga perdió la vida mientras cumplía con su labor en la vía Panamericana, a la altura de Piedra Sentada, en el departamento del Cauca.El hecho ocurrió en medio de un asalto a un carro de valores, cuando se desató un cruce de disparos y el trabajador quedó en medio del fuego. El conductor, que se encontraba prestando un servicio relacionado con el transporte de carga, murió en el lugar de los hechos, convirtiéndose en una nueva víctima de la violencia que marca las historia y las carreteras del país.Desde Colfecar rechazaron de manera contundente este ataque y señalaron que el caso se suma a una larga lista de hechos violentos que han golpeado al sector transportador. El gremio expresó su solidaridad con la familia, compañeros y la empresa del conductor fallecido, y reiteró el llamado al Gobierno para que se adopten medidas urgentes que garanticen condiciones reales de seguridad en las vías nacionales.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
La Fundación Paknam Kima Pai, organización del pueblo Awá, aseguró que los hechos ocurrieron hacia las 9:00 de la noche. De acuerdo con el relato entregado por la exgobernadora del resguardo y actual consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico, hombres armados llegaron al territorio, ubicado sobre la vía principal, en una camioneta y tres motocicletas; descendieron y comenzaron a rodear la vivienda de la lideresa."Ella logró ver desde arriba, pues, que eran estas motos y esta camioneta, y que comenzaron varias personas, hombres, como a rondar su casa, no en grupo, sino a esparcirse para llegar hacia la casa de ella. Al ver ella que las personas eran armadas, entonces ella siente el miedo y lo que hace es huir, salir corriendo con lo que tiene ahí, y sale hacia adentro, a la montaña, que es nuestro resguardo", señaló Paknam Kima Pai, consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico del resguardo indígena.Según la denuncia, la gobernadora corrió hacia una zona interna del territorio y se refugió en otra vivienda elevada, desde donde observó que los hombres habían ingresado a su casa y encendido las luces.Veinte minutos después llegó el esquema de protección colectiva asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ese momento, los hombres armados «se esparcen por la montaña», indicó la fundación. Esa misma noche, la autoridad fue evacuada hacia Villagarzón y no pudo regresar.Al día siguiente, cuando intentó volver acompañada por el esquema de protección, el equipo evidenció, según la denuncia, que aún había presencia de hombres armados rodeando el resguardo, por lo que le impidieron ingresar incluso para recoger sus pertenencias. Desde entonces, permanece fuera del territorio.La Fundación Paknam Kɨma Pai denunció, además, que "destruyeron todo su hogar; la casa, todo le partieron, todo pusieron patas arriba, patas abajo, y ya el resto de las cosas están". Al día siguiente, "volvieron nuevamente y se llevaron una motosierra que era comunitaria".Señalamientos sobre grupo armado y amenazas previasAunque señalan que no hubo identificación de los responsables, la comunidad sostiene que en la zona operan grupos armados ilegales, entre ellos Comandos de la Frontera, por lo que presuntamente podrían estar detrás de la incursión.La gobernadora ya contaba con medidas de protección colectiva de nivel extraordinario debido a amenazas previas. Según la fundación, desde el año pasado se solicitó a la UNP un esquema de protección individual para ella, petición que, aseguran, no ha sido respondida.Disputa territorial y riesgo de desplazamientoLa denuncia también vincula el hecho a un conflicto territorial. Según Paknam Kɨma Pai, el resguardo enfrenta problemas de formalización jurídica y disputas con colonos."El Estado no nos ha legalizado nuestros territorios como pueblo Awá; esa ha sido una de las situaciones. Con la Agencia Nacional de Tierras se han presentado las solicitudes de compra de tierras, y lo que ha hecho ha sido obstaculizar, haciendo unos avalúos irrisorios que no corresponden al valor comercial del predio, y no hemos podido tener también esa garantía de territorio, precisamente por esta situación territorial".Actualmente, el resguardo se encuentra, según advierten, en riesgo de desplazamiento forzado. «Necesitamos que la comunidad pueda vivir tranquila, sin estar inmersa en un conflicto armado que no nos pertenece y que está acabando con nuestra existencia. Necesitamos garantías de supervivencia», concluyó la denuncia.
La Aeronáutica Civil entregó detalles sobre el incidente ocurrido el pasado 20 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un avión Airbus A320 que cubría la ruta hacia San Andrés tuvo que abortar su despegue tras la cercanía de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana en zona de pista. El hecho, que no dejó personas lesionadas, reabrió el debate sobre la seguridad operacional y la capacidad del principal aeropuerto del país, dejando incertidumbre y peticiones por parte del sector de los aviadores y controladores aéreos.Aunque desde el sector aéreo insisten en que tanto el piloto como el controlador actuaron de buena fe y priorizando la seguridad, el episodio generó preocupación entre sindicatos y gremios. Daniel Fernando Gallo, presidente de Sintratac, aseguró que el hecho “deja más preocupaciones que respuestas” y recordó que desde 2017, en un comité de seguridad, se había advertido sobre los riesgos de mantener una base militar dentro de instalaciones civiles, recomendación que, según señaló, también habría sido planteada por organismos internacionales.Además, denunció un déficit en la planta de controladores. Actualmente hay 799 funcionarios, cuando, de acuerdo con estimaciones del sector, El Dorado requeriría entre 1.000 y 1.200 controladores para atender la demanda operativa. La falta de reemplazos ha derivado en turnos extendidos y mayor carga laboral.Desde la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, su director de seguridad, Luis Fernando Orjuela, pidió la implementación urgente de un radar de superficie que permita visualizar en tiempo real los movimientos en pista y puntos de espera. Por su parte, Franklin Urbina, presidente de Adecta, aseguró que la congestión en horas pico, entre las 12 y 2 de la tarde y entre 6 y 8 de la noche, está llevando la operación al límite, en un aeropuerto cuya capacidad ronda los 34 arribos y 40 salidas por hora, pero que enfrenta sobredemanda.Los gremios solicitaron una reunión directa con el presidente Gustavo Petro y pidieron medidas concretas: ampliar la planta de controladores, fortalecer las radioayudas, financiar el radar de superficie y mejorar el monitoreo de los slots para evitar “cuellos de botella”.El incidente, más allá de la maniobra exitosa que evitó consecuencias mayores, volvió a encender las alertas sobre si la infraestructura, el personal y la coordinación operativa en El Dorado están a la altura del crecimiento del tráfico aéreo que registra el país.Los pronunciamientos se dan luego de que la Aeronáutica Civil se pronunciara frente al tema y confirmara que la situación se habría originado por una falla en la transferencia de información entre controladores aéreos. A las 5:36 de la tarde, el Airbus, con 157 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, ya estaba en carrera de despegue en la pista, cuando el helicóptero de la FAC, que había despegado a las 5:17 p. m., cruzó la zona tras recibir autorizaciones sucesivas entre la torre norte y la torre sur. En ese momento se produjo la proximidad que obligó al piloto a realizar una maniobra de emergencia.El fuerte frenado elevó la temperatura de los frenos hasta los 900 grados centígrados, lo que provocó el desinflado de las llantas. La aeronave tuvo que ser retirada de operación y la aerolínea canceló el vuelo.
En una base militar ubicada en una zona montañosa y de difícil acceso en la subregión Occidente del departamento de Antioquia, se registró un reencuentro familiar en medio del servicio militar. El soldado Juan Daniel Manco Agudelo, de 20 años, integrante del Batallón de Infantería N.° 32 Pedro Justo Berrío, recibió una visita inesperada mientras cumplía sus labores en esta unidad.Hasta ese lugar llegó su hermana, la soldado Manuela Manco Agudelo, quien también presta su servicio militar, adscrita al Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.° 4, con sede en la ciudad de Medellín. El encuentro se produjo luego de un desplazamiento aéreo de aproximadamente una hora, que permitió que ambos hermanos se reencontraran tras seis meses sin verse.La visita tuvo como propósito entregar un mensaje de Navidad enviado por su madre, Doralba Agudelo Zapata, quien no pudo desplazarse hasta la base debido a la ubicación y a las condiciones del terreno. El mensaje fue entregado en persona por Manuela a su hermano menor, en un momento que marcó la jornada para ambos soldados.El reencuentro también fue compartido con su madre a través de una videollamada, durante la cual pudo ver nuevamente a sus hijos juntos. Aunque lejos de su hogar, la mujer expresó su orgullo al observarlos cumpliendo su servicio militar en distintas unidades, en una fecha tradicionalmente reservada para la reunión familiar.Además del encuentro entre los hermanos, la jornada permitió la entrega de bolsas de moral a los soldados del batallón, como parte de las actividades realizadas durante la temporada navideña para quienes permanecen en zonas apartadas del país.La historia de los hermanos Manco Agudelo refleja la realidad de muchas familias colombianas que, durante las festividades de fin de año, permanecen separadas debido a compromisos laborales y de servicio, especialmente en regiones de difícil acceso donde continúan las operaciones de seguridad y presencia institucional.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que este miércoles, 24 de diciembre, se registraron tres emisiones de ceniza que alcanzaron hasta 500 metros de altura sobre el volcán Puracé, en el departamento del Cauca.Las emisiones se registraron alrededor de la 1:00 de la madrugada de este miércoles y fueron captadas por la cámara térmica Mina, ubicada a aproximadamente dos kilómetros del volcán, la cual registró la emisión de gases y ceniza desde el Puracé.El volcán Puracé se mantiene en estado de alerta Naranja, y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) advirtió que es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad, las cuales pueden intensificarse o disminuir en relación con los reportes anteriores.No obstante, la entidad aclaró que estas fluctuaciones no implican que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para que se produzca un cambio a alerta Amarilla, es necesaria una evaluación integral de todos los parámetros monitoreados durante un periodo prudencial, que permita identificar tendencias claras hacia una actividad más estable.¿Qué debe tener en cuenta ante las emisiones del volcán Puracé?El Servicio Geológico Colombiano alertó que, aunque aún no se decrete una alerta amarilla por la actividad volcánica, sí se deben aplicar ciertas recomendaciones para prevenir afectaciones ala comunidad. Además, la entidad aseguró que seguirá la evolución del fenómeno e informará sobre los cambios que presente el volcán a través de sus canales oficiales."Con base en lo anteriormente expuesto, desde el SGC recomendamos no acercarse al cráter del volcán Puracé ni a sus alrededores, y seguir atentamente la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios y la información publicada en nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)", señaló la entidad.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró este miércoles tres emisiones de ceniza que alcanzaron hasta 500 metros de altura sobre el volcán Puracé, ubicado cerca de Popayán, en el departamento del Cauca.Según el organismo, se mantiene la ocurrencia de sismos asociados con el movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, tipo largo periodo, pulsos de tremor y tremor continuo.Esta sismicidad se localizó bajo el cráter del volcán Puracé, a menos de un kilómetro de profundidad, y se relaciona con la dinámica interna de los gases y su liberación hacia la atmósfera.De estas señales sísmicas, tres se asociaron con "emisiones de ceniza que generaron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil y que se dispersaron hacia el noroeste y noreste, alcanzando alturas de hasta 500 metros sobre la cima del volcán".Además, se mantuvo el registro de señales sísmicas de baja magnitud asociadas con procesos de la fractura de roca, ubicadas principalmente bajo los volcanes Puracé y Piocollo, con profundidades de entre uno y cuatro kilómetros.Igualmente, se continúan detectando valores importantes de emisión de dióxido de azufre hacia la atmósfera y se siguen registrando niveles de temperatura similares a los presentados en días anteriores en la zona del cráter, posiblemente asociados con la emisión de gases calientes desde el interior del volcán, añadió la información del SGC.Desde el pasado 29 de noviembre, el SGC cambió de amarillo a naranja el estado de alerta del volcán Puracé, debido a un "incremento notorio" en su actividad.El Puracé está ubicado a 27 kilómetros de Popayán, la capital departamental del Cauca, y en su zona de influencia viven principalmente comunidades indígenas y campesinas.Es, además, uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica Los Coconucos y "se caracteriza por ser un estratovolcán (un tipo de volcán cónico y de gran altura, compuesto por múltiples estratos o capas de lava) de los más activos del país", según el SGC.La última erupción de magnitud considerable del Puracé sucedió en marzo de 1977 y desde 2021 viene presentando cambios paulatinos en su actividad.
La Procuraduría General de la Nación informó que adelantará un acompañamiento institucional de carácter preventivo para fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el cumplimiento del Auto 2059 de 2025, relacionado con los derechos de la población recicladora y la prestación del servicio público de aseo en Bogotá.Según el Ministerio Público, la decisión proferida por la Corte Constitucional, dentro del proceso de verificación de la Sentencia T-724 de 2003, representa una oportunidad institucional para anticipar riesgos, preservar los avances en acciones afirmativas a favor de los recicladores y contribuir a la continuidad del servicio de aseo en la capital del país.Recordemos que la Corte amparó “los derechos a la dignidad humana, la igualdad, el trabajo y el mínimo vital” de los recicladores, porque varias entidades del Distrito incurrieron en omisiones que afectan sus condiciones de vida y laborales.A más tardar el 25 de enero de 2026, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico deberá expedir un acto administrativo de carácter transitorio para proteger los derechos de la población recicladora de oficio, pidió la Corte, debido a que el Distrito implementará el cambio de modelo. Esto, mientras se define y adopta el marco regulatorio y contractual definitivo para la prestación del servicio público de aseo en Bogotá.La Procuraduría reconoció el rol técnico, autónomo y especializado de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y destacó la importancia de los desarrollos regulatorios que permitan una transición ordenada y gradual en la prestación del servicio, bajo los principios de progresividad y no regresividad.La entidad aclaró que su actuación estará enfocada en la prevención de riesgos, la facilitación del diálogo institucional y el seguimiento al cumplimiento de las decisiones judiciales, sin coadministrar ni interferir en las competencias técnicas, regulatorias o administrativas de otras autoridades.También reiteró su disposición para acompañar los espacios de articulación interinstitucional, realizar el seguimiento ordenado por la Corte Constitucional y contribuir a la efectividad de las decisiones judiciales, en defensa del interés general, la seguridad jurídica y la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales.
Después de 22 años al frente del principal gremio de la infraestructura en Colombia, Juan Martín Caicedo finaliza su labor y gestión y entrega la dirección a María Consuelo Araújo.El actual presidente de la CCI fue el encargado de poner en marcha la actual estructura del gremio, resultado de la integración de los antiguos colectivos que representaban a constructores, consultores y concesionarios. Además, el sector fortaleció su articulación institucional y amplió su incidencia en la agenda pública.A lo largo de su trayectoria, el dirigente también ocupó cargos de alto perfil en la vida pública y empresarial del país, entre ellos la presidencia de Fenalco, la Alcaldía de Bogotá, un ministerio y dos periodos en el Senado de la República. Su paso por la Cámara de la Infraestructura consolidó al gremio como un interlocutor clave ante el Estado y otros sectores productivos.En el proceso de transición, tanto Caicedo como Araújo coincidieron en subrayar la importancia del papel que deberá desempeñar el gremio en el actual contexto político. Especialmente, resaltaron la necesidad de participar activamente en las discusiones que rodean el escenario electoral, la conformación del nuevo Congreso y la definición del próximo Gobierno.Y así, el gremio inicia una nueva etapa en un momento clave para el país.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que intensificó la vigilancia sobre las principales generadoras hidroeléctricas del país, en medio de la temporada de lluvias atípicas que se registra en distintas regiones. La decisión se adopta como medida preventiva para reforzar el control sobre la operación del sistema eléctrico y evitar posibles afectaciones en la prestación del servicio.En ese sentido, el objetivo central es supervisar la gestión financiera, técnica y administrativa de las compañías, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de la regulación vigente, la continuidad del servicio de energía y la protección efectiva de los usuarios.Por esta razón, la entidad citó en Bogotá a los representantes legales de AES Colombia & CIA. S.C.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P., Empresa Urrá S.A. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Enel Colombia S.A. E.S.P., Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P. e Isagen S.A. E.S.P., quienes deberán presentar información detallada sobre su operación.De acuerdo con la Superintendencia, se verificará la información reportada entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual. La revisión incluye los parámetros de operación de los embalses, tales como volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada. Asimismo, se auditará la veracidad de los datos relacionados con caudales, descargas y vertimientos, con el propósito de confirmar que la información suministrada corresponda a las condiciones reales del sistema.Adicionalmente, el organismo de control exigirá el detalle de los planes de mantenimiento ejecutados y programados, así como los soportes técnicos y documentales que respalden cualquier indisponibilidad que haya impactado la oferta energética.Finalmente, la Superservicios supervisará los modelos técnicos utilizados para la toma de decisiones y la formación de precios de oferta, con el fin de asegurar que respondan adecuadamente a las actuales condiciones hidrológicas y no generen distorsiones en el mercado.
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la “insuficiente comunicación” del riesgo frente a nuevos fenómenos climáticos que podrían afectar a distintas regiones del país en las próximas semanas.La entidad recordó que departamentos como La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Vichada, Meta y Guaviare han sido afectados en el pasado por el polvo del Sahara, un fenómeno que deteriora la calidad del aire y afecta especialmente a niños, mujeres gestantes, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.“Sumado a lo anterior, el nuevo frente frío ocasionaría lluvias intensas, descensos de temperatura y eventuales emergencias asociadas a deslizamientos e inundaciones. Estos eventos, que se presentan cuando aún son recientes las afectaciones ocasionadas por las lluvias en distintos territorios, incrementan la vulnerabilidad de la población y profundizan los riesgos existentes; por lo que es clave una respuesta articulada, preventiva y basada en información clara y oportuna para la ciudadanía”, señala la Defensoría en un comunicado.Por lo anterior, hicieron un llamado a las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que activen planes de prevención. “Fortalecer la comunicación pública del riesgo, emitir lineamientos precisos y oportunos, así como orientar las comunidades sobre acciones de cuidado y prevención”.“La gestión adecuada del riesgo no es solo una obligación institucional, sino una condición fundamental para asegurar los derechos a la salud, a la vida digna y al acceso a información clara. Además, exige acciones inmediatas, coordinadas y eficaces de las autoridades competentes”, concluyó la Defensoría.
Un violento asalto a un vehículo de valores se registró en la mañana de este martes en zona rural de El Patía, en el sur del departamento del Cauca. El ataque ocurrió hacia las 11:50 a.m., en la entrada vial al sector Los Hubos, del corregimiento Piedra Sentada, donde hombres armados interceptaron el automotor y activaron un artefacto explosivo improvisado al paso del vehículo.De acuerdo con información preliminar, unidades de la Policía que se desplazaban desde el Bordo Patía llegaron al lugar tras recibir el reporte del asalto. Sin embargo, al arribar a la zona, habrían sido recibidas con disparos por parte de los atacantes, lo que generó un intercambio armado en medio de la emergencia.En medio de la situación fue asesinado un conductor de carga pesada que transitaba por el sector, convirtiéndose en la víctima mortal del hecho. Las circunstancias exactas de su muerte aún son materia de verificación por parte de las autoridades.Tras cometer el hurto, los responsables escaparon por vías terciarias hacia el sector conocido como Los Hubos, aprovechando la compleja geografía de la zona. Organismos de seguridad adelantan operativos para dar con su paradero.Según fuentes, en esta región tiene injerencia el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias Iván Mordisco.
Un informe de inteligencia advierte que, en lo corrido de 2026, ya se registran 25 ataques con drones cargados con explosivos en Colombia, confirmando que esta modalidad sigue en expansión en zonas con presencia de grupos armados ilegales. El último ataque por parte del ELN, que dejó dos militares heridos, se registró en Tarazá, en el Bajo Cauca Antioqueño.Otro ataque, apenas un día antes, se registró el en zona rural entre Jamundí y Guachené, en el Valle del Cauca, y fue atribuido a las disidencias de las Farc. La cifra se suma al crecimiento sostenido de este tipo de acciones desde 2024, que a la fecha tiene una cifra alarmante.En el consolidado 2024–2026, el informe contabiliza 419 ataques con drones explosivos, con una frecuencia aproximada de un ataque cada día y cuatro horas. El impacto acumulado deja 330 afectaciones entre civiles y uniformados, incluidos muertos y heridos. Solo en 2026, en lo que va del año, un militar y un policía han sido asesinados y 26 militares resultaron heridos.La tendencia evidencia la rápida adaptación tecnológica de los grupos ilegales, que emplean drones para lanzar granadas o artefactos improvisados contra tropas y zonas pobladas, especialmente en el suroccidente del país. Contra estos ataques, la Fuerza Pública poco ha podido hacer, teniendo en cuenta que sus dispositivos antidrones quedan rezagados ante los que usan los criminales, por eso, el Ministerio de Defensa anunció el Proyecto del Escudo Nacional Antidrones.Las cifras reflejan que, pese a los operativos militares, el 2026 comenzó con esta amenaza vigente, lo que mantiene en alerta a las autoridades frente a un tipo de ataque cada vez más frecuente y difícil de neutralizar.
Varios candidatos a la Presidencia se han referido a la posición del presidente Gustavo Petro en los últimos días, quien ha cuestionado algunas decisiones de la Registraduría e incluso ha dicho que podría estar abriéndose la puerta al fraude. Petro ha cuestionado el hecho de que el registrador, Hernán Penagos, ordenara dejar en blanco los espacios de los formularios E-14 en las mesas donde no haya votos por algún candidato o partido; esto se hace para que el procesamiento de la información sea más fácil.Además, el mandatario cuestiona el software de preconteo y escrutinio de mesa, el cual contará con auditoría independiente y cuya información podrá ser consultada por los partidos políticos. Es por eso que varios candidatos a la Presidencia han cuestionado a Petro."Como candidata a la Presidencia tengo plena confianza en el esfuerzo serio y profesional que el registrador, Hernán Penagos, y la Registraduría están haciendo para garantizar el proceso electoral. En vez de andar haciendo acusaciones infundadas sobre un supuesto fraude, el presidente debe garantizar la seguridad y libertad de todos los colombianos para poder ejercer el derecho al voto", dijo la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.Por su parte, el candidato Juan Manuel Galán dice que el sistema electoral colombiano sí es confiable, pero que el Gobierno no ha dado garantías para un proceso libre y justo, teniendo en cuenta la contratación que se dio antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías."La institucionalidad y la Registraduría son garantía de elecciones libres. Lo que no está bien es que el gobierno se gaste más de $14 billones de pesos en contratos antes de las elecciones", dijo Galán.De otro lado, el candidato Roy Barreras dijo que al presidente Gustavo Petro le llevan muchas historias falsas y lo hacen equivocar en algunos casos."Siendo presidente Santos perdimos la elección presidencial con el Centro Democrático, que era la oposición; siendo presidente Iván Duque, con el mismo sistema electoral, ganó Petro. Siendo Petro presidente, ganaron gobernaciones y alcaldías gobernadores de partidos de oposición o distintos al Pacto; es decir, es la prueba de que el sistema electoral funciona independientemente de cualquier gobierno", señaló Barreras.El excontralor Felipe Córdoba también se refirió al caso, exigiéndole al Gobierno garantías para las elecciones."Este Gobierno no puede exigir respeto a las reglas mientras es el primero en desafiar la institucionalidad o intentar acomodar las normas a su conveniencia. La democracia se defiende garantizando que cada colombiano pueda votar en libertad y que las reglas se cumplan para todos por igual, sin excepciones", dijo Córdoba.Y, por su parte, el candidato Leonardo Huerta aseguró que "en una democracia el presidente no solo gobierna, también es el principal garante de la estabilidad institucional. Las autoridades son los agentes garantes de los derechos de las personas; si existen preocupaciones sobre el sistema electoral, es precisamente él quien tiene la responsabilidad de activar mecanismos legales y administrativos para fortalecer las garantías electorales. Lo que no ayuda es tratar de generar incertidumbre en la opinión pública sin anunciar medidas concretas".