El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0173 de 2026, que crea un impuesto temporal al patrimonio para financiar la emergencia generada por la ola invernal y los eventos hidrometeorológicos extremos que golpearon a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.La medida se adoptó tras la declaratoria de emergencia económica mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026, ante el impacto de un frente frío entre enero y febrero que superó las previsiones oficiales. La emergencia dejó afectaciones en infraestructura vial, redes eléctricas, acueductos, viviendas y servicios públicos esenciales. El Gobierno estimó un impacto fiscal de 8,3 billones de pesos, mientras que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo dispone de apenas 668 mil millones, ya comprometidos.El nuevo impuesto aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta que posean un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026, equivalentes a $ 10.474.800.000 pesos. La tarifa general será del 0,50 %. Sin embargo, se fija una tarifa diferencial del 1,6 % para bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo, especialmente dedicadas al petróleo y al carbón.Quedan excluidas empresas del sector salud, compañías intervenidas por el Estado y empresas de servicios públicos ubicadas en municipios declarados en calamidad dentro de la zona afectada.El impuesto se liquidará sobre el patrimonio bruto, menos deudas vigentes a esa fecha, y se pagará en dos cuotas iguales: el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026. Los recursos tendrán destinación específica y exclusiva para atender la emergencia y mitigar sus efectos económicos y sociales.
En una operación conjunta contra las economías ilícitas, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron una unidad de producción ilegal de oro en zona rural del municipio de Chaparral, estructura que, según las autoridades, financiaba a un grupo armado organizado residual.El operativo fue adelantado por soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército, junto con la Brigada contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional.De acuerdo con el coronel Hernán Darío Baquero, comandante del batallón, la intervención permitió golpear las finanzas del grupo armado organizado residual Bloque Occidental Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz que, presuntamente, utilizaba esta explotación aurífera como fuente de ingresos.“Llegamos hasta el punto donde se desarrollaba esta actividad ilícita y encontramos un motor industrial, una clasificadora metálica, una manguera de succión y 100 galones de ACPM. Estos elementos eran fundamentales para la extracción ilegal del mineral y tendrían un valor cercano a los 27 millones de pesos”, señaló el oficial.Según las estimaciones entregadas por el comandante, en esta unidad se extraían mensualmente cerca de 1.000 gramos de oro , lo que representaba ingresos aproximados de 593 millones de pesos en el mercado ilegal. Con esta operación, agregó, se evitó que más de 500 millones de pesos ingresaran a las arcas de esa estructura armada.El coronel Baquero enfatizó que este tipo de acciones no solo afectan las finanzas de los grupos armados ilegales, sino que también buscan frenar el grave impacto ambiental que deja la minería ilegal.“Estamos atacando de manera directa las economías ilícitas que tanto daño le hacen al país. La explotación ilegal de yacimientos no solo financia estructuras criminales, sino que destruye el ecosistema. La recuperación ambiental de estas zonas puede tardar más de 10 años”, afirmó.La maquinaria y los elementos hallados fueron destruidos en el lugar, previa coordinación con la Policía Nacional, en cumplimiento de los protocolos establecidos.Con este resultado operacional, la Sexta Brigada reiteró que continuará desarrollando operaciones sostenidas contra la minería ilegal en el sur del Tolima, con el propósito de debilitar las estructuras armadas residuales y proteger los recursos naturales del departamento.
El reloj avanza hacia el 2 de marzo y en las zonas arroceras del Tolima el ambiente no es de cosecha sino de resistencia. A seis días de las elecciones legislativas, productores del cereal confirmaron que se sumarán al paro nacional convocado por el sector y que habrá bloqueos en puntos estratégicos del departamento, una decisión que podría impactar la movilidad entre el centro y el occidente del país y tensionar la jornada democrática prevista para el 8 de marzo.La consigna tiene nombre propio: "Día de la Dignidad Arrocera” En municipios como Armero Guayabal , Lérida, El Espinal, Saldaña, Purificación y Prado, además del peaje del Alto de Gualanday , se prevén concentraciones y cierres viales. La preocupación mayor gira en torno al corredor que conecta con el paso del Alto de La Línea, ruta clave para el transporte de carga y pasajeros entre el centro y el occidente del país."Estamos perdiendo todos”La voz que sintetiza el malestar es la de Manuel Cardozo, representante arrocero del norte del Tolima, quien en entrevista con Meridiano de Blu Radio lanzó una advertencia sin matices:“La situación de los arroceros en Colombia es crítica. Nuevamente los más de 202 municipios arroceros estamos pasando por una crisis económica terrible. Aquí estamos perdiendo pequeños, medianos y grandes. Nadie se salva”.Según explicó, la decisión de ir a paro fue tomada el pasado 21 de febrero en una reunión nacional del Comité de Paro Arrocero, en cabeza de Dignidad Agropecuaria. El reclamo central: el precio pagado al productor no cubre los costos de producción de la actual cosecha.Cardozo cuestionó directamente las resoluciones 42 y 43 del Ministerio de Agricultura. Asegura que, aunque se pactó un precio de 183.000 pesos por carga para la zona centro incluido el Tolima, una resolución posterior permite a los molinos pagar hasta 10.000 pesos menos, es decir, 173.000 pesos, con la promesa de que el Gobierno asuma la diferencia.El problema, afirma, es que casi ningún productor cumple los requisitos para acceder a ese subsidio.“Para acceder a esa diferencia la situación es crítica. Tocan cumplir requisitos que casi el 99 por ciento de los arroceros no tenemos. Con esas opciones lo único que hacen es hundirnos más y no tenemos un horizonte claro”.Importaciones, contrabando y sobreofertaA la caída del precio se suma según los líderes del sector el impacto del arroz importado y el contrabando, factores que estarían generando sobreabastecimiento y presionando a la baja el mercado interno. En un departamento donde el arroz es columna vertebral de la economía rural, la consecuencia es directa: pérdidas acumuladas, créditos bancarios en mora, pagos de insumos, maquinaria y obligaciones laborales que no dan espera.“Hoy estamos vendiendo prácticamente para no perderlo todo”, advierten asociaciones arroceras.La crisis no se limita a los cultivadores. En el sur y centro del Tolima la incertidumbre alcanza a jornaleros, transportadores y comerciantes que dependen de la cadena productiva. El temor es que muchos reduzcan áreas sembradas o abandonen el cultivo, con efectos futuros sobre el abastecimiento de uno de los alimentos básicos de la dieta colombiana.Elecciones en la cuerda flojaEl anuncio del paro adquiere un tinte político inevitable. El 8 de marzo el país elegirá nuevo Congreso, y los arroceros insisten en que no desean bloquear las vías ese día, pero advierten que, si no hay respuestas rápidas y eficaces, la movilización podría escalar.“Recordémosle al país que el próximo 8 de marzo son las elecciones parlamentarias y los arroceros no queremos que para ese día estemos bloqueando las vías. Necesitamos la mirada de todos los sectores porque si no el juego de las elecciones queda en riesgo con nuestro paro y manifestación”, sostuvo Cardozo.El mensaje es directo a candidatos, gremios y ciudadanía: la protesta no es solo por el precio del arroz, sino por la supervivencia de miles de familias campesinas.Mientras se definen los horarios y puntos exactos de cierre en el Tolima, el departamento se prepara para una semana decisiva. El arroz, más que un cultivo, es una forma de vida. Y este 2 de marzo, a la hora cero, sus productores prometen hacerse sentir en las carreteras del país.
El fútbol está en shock tras un lamentable suceso en Villavicencio, que tiene en vilo a la Liga BetPlay, luego de un accidente que puso fin a la vida de un vigilante comunitario y, además, dejó detenido a un jugador de Llaneros FC.El caso tuvo lugar el pasado sábado 21 de febrero, un día después de que el equipo llanero empatara 2-2 con Independiente Medellín. El mediocampista había sido titular en ese compromiso. Sin embargo, horas más tarde, mientras conducía su vehículo por el barrio Pinilla, embistió a un adulto mayor que se movilizaba en bicicleta camino a su trabajo.Prueba de alcoholemia y custodia tras accidente en VillavicencioMarlon Sierra, de 31 años, estaría involucrado en el accidente. Según confirmó la Policía Metropolitana de Villavicencio, la prueba de alcoholemia practicada tras el siniestro arrojó grado uno.Ese resultado derivó en la captura inmediata de Sierra, mientras continúan las investigaciones judiciales. Según los reportes oficiales y versiones recogidas, el ciclista fue trasladado por habitantes del sector a un centro asistencial, pero falleció minutos después por la gravedad de las heridas.La víctima fue identificada como Ángel María León Ladino, reconocido en la zona por más de 20 años de trabajo como vigilante comunitario.Entre los puntos que hoy analiza la Fiscalía y las autoridades se encuentran:El resultado positivo en la prueba de alcoholemia.Las circunstancias exactas del impacto.Las versiones que señalan una posible omisión de auxilio.Algunos testigos aseguraron que el conductor se detuvo metros adelante y no habría asistido directamente a la víctima tras el choque, aspecto que también forma parte del proceso.Llaneros FC espera decisión judicial sobre SierraHasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre medidas disciplinarias. El presidente de Llaneros señaló que serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos.En el entorno del Fútbol Profesional Colombiano, la noticia ha abierto el debate, debido a que se trata de un jugador activo y por el impacto social del caso en la capital del Meta.Mientras avanza la investigación, se mantiene el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la comunidad pide celeridad y claridad en el proceso.
El internacional marroquí y jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado en Francia por la violación de una joven en febrero de 2023, según informó este martes a la AFP la abogada del jugador y la fiscalía de Nanterre, al norte de la capital francesa."Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio aun cuando yo la niego y todo demuestra que es falsa", reaccionó el jugador en X."Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente", añadió el internacional marroquí de 27 años.¿De qué acusan a Hakimi?A finales de febrero de 2023, la joven de 24 años (la misma edad entonces que el futbolista) había acudido a una comisaría, donde declaró haber sido violada en el domicilio de Hakimi en Boulogne-Billancourt (periferia de París), pero sin realizar denuncia formal."Se ordena un juicio basándose en una acusación sustentada únicamente en la palabra de una mujer que ha puesto obstáculos a todas las investigaciones, que ha rechazado todas las pruebas médicas y búsquedas de ADN, que se ha negado a que se analizara su teléfono móvil y a dar el nombre de un testigo clave", declaró la abogada del jugador, Fanny Colin.Según una fuente policial, la acusación particular había asegurado que el jugador la había besado, le había hecho tocamientos sin su consentimiento antes de violarla.Contactada la abogada de la joven, Rachel-Flore Pardo, ésta no reaccionó por ahora al anuncio del juicio.¿Qué dice la defensa de Hakimi?La defensa del futbolista considera que "los dos peritajes psicológicos" de la víctima "han revelado la falta de lucidez sobre los hechos que afirma denunciar" y subraya en particular "que intentó ocultar a la autoridad judicial varios mensajes intercambiados con una de sus amigas en los que planeaban 'desplumar' al señor Hakimi".Tras las requisitorias de la fiscalía, que había solicitado el envío del futbolista a juicio por violación, la abogada de la víctima declaró que "nada en este expediente permite suponer un intento de extorsión"."No toleraremos ninguna campaña de desprestigio o desestabilización, como desgraciadamente sigue ocurriendo aún con demasiada frecuencia con las mujeres que tienen el valor de denunciar las violaciones de las que son víctimas", añadió."Esperamos este juicio con determinación y combatividad para que se haga justicia", concluyó este martes la abogada de Hakimi.Formado en el Real Madrid, con paso por el Borussia Dortmund y el Inter y pilar de la selección de Marruecos, semifinalista del Mundial 2022 en Catar, el futbolista llegó al PSG en 2021, donde actualmente es segundo capitán, tras el brasileño Marquinhos.Contactado por la AFP, el club parisino no reaccionó de inmediato a la noticia.
El presidente Gustavo Petro anunció que firmará un nuevo decreto que incluiría un impuesto a las ganancias extraordinarias del sector bancario, en el marco de la emergencia económica declarada por su Gobierno.El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta en X, donde aseguró que “poner un impuesto a estas ganancias extraordinarias se volvió pecado y es lo más justo que se pudiera hacer”. La medida, según explicó, buscaría que parte de las utilidades del sistema financiero se destinen a atender necesidades sociales y productivas del país.El pronunciamiento se dio luego de una reunión entre representantes del sector financiero y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, encuentro que terminó sin mayores conclusiones públicas frente a otro de los temas que ha generado tensión: las llamadas inversiones forzosas.En un reciente consejo de ministros, Petro planteó la posibilidad de establecer inversiones forzosas a la banca, es decir, obligar a las entidades financieras a destinar un porcentaje de sus recursos a sectores estratégicos definidos por el Gobierno, como agricultura, industria y economía popular.La propuesta ha sido defendida por el Ejecutivo como un mecanismo para dinamizar el crédito productivo y reducir las brechas sociales. Sin embargo, gremios financieros han advertido que este tipo de medidas podrían afectar la estabilidad del sistema, encarecer el crédito o desincentivar la inversión.El debate no es nuevo en el Gobierno Petro. Desde el inicio de su mandato, el presidente ha cuestionado las altas utilidades del sector bancario, especialmente en contextos de tasas de interés elevadas, y ha insistido en que el sistema financiero debe cumplir un papel más activo en el desarrollo económico.
Las lluvias siguen golpeando al Urabá antioqueño y ahora en San José de Apartadó cientos de familias están afectadas y piden una intervención urgente de las autoridades locales. Se cayó un puente que tiene incomunicadas a 30 veredas. Aunque parecía que las lluvias se habían alejado del Urabá antioqueño, nuevamente llegan con fuerza y provocan graves daños como el puente que colapsó en el corregimiento de San José de Apartadó y que hoy tiene al menos a 30 veredas incomunicadas.Aunque de por sí la situación es sumamente preocupante para cientos de familias que no tienen por donde movilizarse o por donde sacar los productos agrícolas, hay que mencionar que no es el único puente afectado: hay otros dos que mantienen al Urabá antioqueño incomunicado con el resto de Antioquia y con Córdoba.Las dos infraestructuras restantes y que son de vital importancia para el Urabá antioqueño podrían demorar cerca de un mes, por lo que habitantes en el municipio de Apartadó han mostrado su preocupación por lo que sería una obra demorada, hecho que pondría en riesgo su estabilidad económica.Aunque ya las autoridades departamentales están haciendo las gestiones necesarias para poder encontrar una solución pronta con esta nueva emergencia, el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, indicó que los trabajos para los otros dos puentes afectados avanzan y esperan tenerlos listos en menos de un mes.“Nos aprobaron los dos puentes para instalarlo. Nosotros en la gobernación y los municipios vamos a ayudar a hacer las fundaciones, a colocar los viáticos, el transporte que se requiere para que estos puentes queden colocados lo más pronto posible”, aseguró.Hay que mencionar que no solo es la preocupación por estar incomunicados, sino que también por el riesgo que hay con el puente caído, ya que en videos que ha circulado en redes sociales se logra apreciar cómo un hombre en un moto aprovecha que hay un lado del puente que no quedó tan afectado y pasa por allí a pesar de la peligrosidad.Por ahora y a la espera de que se dé una solución definitiva para las 30 veredas incomunicadas, desde la zona del Urabá antioqueño le piden a las personas que no tomen riesgos intentando pasar por lo que queda de puente y así poder prevenir una posible tragedia.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 23 de febrero:La actriz, cantante y bailarina Natalia Bedoya fue invitada este lunes a Bla Bla Blu.La investigadora y periodista de misterio Kelly Torres habló en "Historias que merecen ser contadas" sobre la reina del vudú de Nueva Orleans.
La primera 'Megatoma' de la Fuerza Pública en Cali tuvo lugar en el oriente de la ciudad, específicamente en los barrios Los Naranjos, Alirio Mora, Marroquín 1 y 2. En la comuna 14, con un despliegue de policías, soldados y funcionarios de diferentes entidades.Estas intervenciones en territorio tienen dos objetivos, en primer lugar, contrarrestar los índices de criminalidad en las zonas más vulnerables de la ciudad, y segundo prevenir ataques terroristas, logrando reaccionar a tiempo econtrando explosivos u otros artefactos sospechosos."Tenemos más de 200 hombres y mujeres de diferentes especialidades acompañados por el Ejército Nacional, para hacer capturas, control del tráfico de estupefacientes y verificación de antecedentes. Obviamente vamos a impactar la mayoría de barrios acá de la Comuna 14 y todo el oriente de la ciudad", señaló el coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía de Cali.Esta denominada 'Megatoma' fue liderada por el alcalde Alejandro Eder, quien estuvo en las calles acompañando estos recorridos. Ahí aseguró que esta estrategia se adelantará de manera sorpresiva durante el tiempo que Cali lo requiera."Es una presencia muy fuerte, vamos a asegurar sectores que sabemos que han sido muy golpeados por la violencia, por la criminalidad o por el microtráfico. Estos son esfuerzos sostenidos que se van a mantener durante varias semanas, por lo menos hasta que podamos controlar un poco más, la situación de orden público en Cali.", indicó el mandatario.El alcalde Eder aseguró, además, que espera comunicarse con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en los próximos días para definir qué acciones adicionales se pueden implementar para seguir restaurando la seguridad en la ciudad, tras diferentes hechos violentos e intentos de atentados frustrados de las últimas semanas.
El Espinal, segunda ciudad en importancia del Tolima, ya no es recordada únicamente por su tradición arrocera, su riqueza musical o sus expresiones folclóricas. En los últimos años, su nombre comenzó a asociarse con un fenómeno que alteró la tranquilidad de sus habitantes, la presencia de estructuras conocidas popularmente como “Los Brujos”, señaladas por autoridades y comunidad de estar vinculadas a economías ilícitas y hechos de violencia.Lo que antes era considerado un remanso de paz empezó a figurar en reportes de seguridad por homicidios selectivos y episodios de sicariato. Según las autoridades, detrás de estos hechos habría redes criminales que utilizan fachadas aparentemente legales para encubrir actividades ilícitas.Uno de los temas más sensibles expuestos por el gobierno departamental es la presunta relación de este grupo con delitos como lavado de activos y otras economías ilegales. De acuerdo con lo manifestado por la administración seccional, la intervención institucional es prioritaria para evitar que estas estructuras continúen afectando la seguridad y la convivencia.Aun así, las cifras recientes muestran un cambio significativo. En lo corrido de 2026 se ha registrado un solo caso de sicariato en el municipio, una reducción que contrasta con periodos anteriores.La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas , atribuye esta disminución a las acciones coordinadas entre la Gobernación, la Fuerza Pública y los organismos judiciales.“Tenemos un problema delicado en El Espinal, donde veníamos registrando sicariatos relacionados con estas estructuras. Este año solo se ha presentado un caso, y eso obedece a las medidas de prevención y control que hemos implementado junto con la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial”, afirmó la mandataria.Matiz también subrayó que los resultados responden a una estrategia integral que incluye trabajo conjunto con la Fiscalía, presencia institucional y acciones preventivas en el territorio.Una problemática que encendió las alertasLa mandataria departamental ha sido enfática en que las investigaciones deben avanzar hasta esclarecer el alcance de estas redes.“A los llamados ‘Brujos’, que todos conocen y a muchos les da temor mencionar, también los estamos investigando. He solicitado a la Fiscalía General de la Nación que designe un fiscal especializado para El Espinal que adelante estas indagaciones”, aseguró.Las advertencias institucionales sobre la influencia de estas estructuras no son nuevas. El secretario de Convivencia, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra Varón, junto con la gobernadora, fueron de los primeros funcionarios en referirse públicamente al fenómeno y a su posible impacto en el aumento de la criminalidad.¿Cómo operaría la estructura?Según lo expuesto por las autoridades y las indagaciones preliminares, estas redes montarían centros de atención telefónica desde donde ofrecen servicios esotéricos a clientes dentro y fuera del país. Aunque este tipo de prácticas no está prohibido por la legislación colombiana, las investigaciones apuntan a que el delito comenzaría cuando se utiliza la información personal obtenida para extorsionar a los usuarios.Las pesquisas también buscan establecer si algunos grupos habrían extendido sus actividades hacia otras economías ilegales, incluyendo microtráfico de drogas y la creación de redes para estafas relacionadas con trámites migratorios.Otra modalidad bajo la lupa es la oferta fraudulenta de supuestos trámites de regularización o expedición exprés de visas mediante redes sociales. Las autoridades investigan recaudos millonarios por servicios que no se concretan.Expansión y efectos regionalesInformes preliminares señalan que estas estructuras no solo operarían en El Espinal , sino que habrían extendido su presencia hacia municipios como Ibagué, Guamo , Saldaña y Melgar, donde también se han reportado alteraciones del orden público.Mientras avanzan las investigaciones, el gobierno departamental insiste en que la prioridad es proteger a la ciudadanía y evitar que estas economías ilegales sigan afectando la seguridad, la confianza institucional y la estabilidad social del centro del Tolima.La reducción de los homicidios en el municipio se presenta como un primer indicador de que la intervención estatal comienza a dar resultados, aunque las autoridades reconocen que el desafío apenas empieza.
Ante los recientes anuncios del sector arrocero sobre un nuevo paro programado para el próximo 2 de marzo, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) manifestó su preocupación por las posibles afectaciones que podría generar una nueva jornada de bloqueos en el país.El gremio recordó que, en 2025, entre marzo y julio, se registraron cierres en 186 vías a lo largo de distintos corredores nacionales, una situación que impactó de manera severa al sector transportador y a múltiples actividades productivas. Según Colfecar, esos bloqueos no solo afectaron la movilidad de mercancías, sino que también generaron pérdidas económicas, retrasos en la cadena logística y dificultades en el abastecimiento.Frente al nuevo escenario, el gremio hizo un llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Agricultura para que activen de inmediato los mecanismos institucionales necesarios y promuevan mesas de diálogo y concertación con los arroceros. El objetivo es evitar que las manifestaciones se traduzcan en cierres de vías que terminen afectando la movilidad de los colombianos, la seguridad alimentaria y el desempeño de la economía nacional.Si bien Colfecar aseguró que respeta las razones que motivan las protestas del sector agrícola, advirtió que otros sectores productivos no pueden convertirse en un “mecanismo de presión” dentro de estas discusiones. En esa línea, solicitó a Dignidad Agropecuaria de Colombia, convocante de las marchas, reevaluar la convocatoria a bloqueos teniendo en cuenta el impacto que podrían generar en la productividad del país y en millones de ciudadanos cuyo sustento depende del transporte por carretera.Colfecar señala que no es fácil el panorama que se vive ahora tras constantes ataques y hechos de inseguridad en las vías del país. Hoy, 24 de febrero, un conductor de vehículo de carga perdió la vida mientras cumplía con su labor en la vía Panamericana, a la altura de Piedra Sentada, en el departamento del Cauca.El hecho ocurrió en medio de un asalto a un carro de valores, cuando se desató un cruce de disparos y el trabajador quedó en medio del fuego. El conductor, que se encontraba prestando un servicio relacionado con el transporte de carga, murió en el lugar de los hechos, convirtiéndose en una nueva víctima de la violencia que marca las historia y las carreteras del país.Desde Colfecar rechazaron de manera contundente este ataque y señalaron que el caso se suma a una larga lista de hechos violentos que han golpeado al sector transportador. El gremio expresó su solidaridad con la familia, compañeros y la empresa del conductor fallecido, y reiteró el llamado al Gobierno para que se adopten medidas urgentes que garanticen condiciones reales de seguridad en las vías nacionales.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
La Fundación Paknam Kima Pai, organización del pueblo Awá, aseguró que los hechos ocurrieron hacia las 9:00 de la noche. De acuerdo con el relato entregado por la exgobernadora del resguardo y actual consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico, hombres armados llegaron al territorio, ubicado sobre la vía principal, en una camioneta y tres motocicletas; descendieron y comenzaron a rodear la vivienda de la lideresa."Ella logró ver desde arriba, pues, que eran estas motos y esta camioneta, y que comenzaron varias personas, hombres, como a rondar su casa, no en grupo, sino a esparcirse para llegar hacia la casa de ella. Al ver ella que las personas eran armadas, entonces ella siente el miedo y lo que hace es huir, salir corriendo con lo que tiene ahí, y sale hacia adentro, a la montaña, que es nuestro resguardo", señaló Paknam Kima Pai, consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico del resguardo indígena.Según la denuncia, la gobernadora corrió hacia una zona interna del territorio y se refugió en otra vivienda elevada, desde donde observó que los hombres habían ingresado a su casa y encendido las luces.Veinte minutos después llegó el esquema de protección colectiva asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ese momento, los hombres armados «se esparcen por la montaña», indicó la fundación. Esa misma noche, la autoridad fue evacuada hacia Villagarzón y no pudo regresar.Al día siguiente, cuando intentó volver acompañada por el esquema de protección, el equipo evidenció, según la denuncia, que aún había presencia de hombres armados rodeando el resguardo, por lo que le impidieron ingresar incluso para recoger sus pertenencias. Desde entonces, permanece fuera del territorio.La Fundación Paknam Kɨma Pai denunció, además, que "destruyeron todo su hogar; la casa, todo le partieron, todo pusieron patas arriba, patas abajo, y ya el resto de las cosas están". Al día siguiente, "volvieron nuevamente y se llevaron una motosierra que era comunitaria".Señalamientos sobre grupo armado y amenazas previasAunque señalan que no hubo identificación de los responsables, la comunidad sostiene que en la zona operan grupos armados ilegales, entre ellos Comandos de la Frontera, por lo que presuntamente podrían estar detrás de la incursión.La gobernadora ya contaba con medidas de protección colectiva de nivel extraordinario debido a amenazas previas. Según la fundación, desde el año pasado se solicitó a la UNP un esquema de protección individual para ella, petición que, aseguran, no ha sido respondida.Disputa territorial y riesgo de desplazamientoLa denuncia también vincula el hecho a un conflicto territorial. Según Paknam Kɨma Pai, el resguardo enfrenta problemas de formalización jurídica y disputas con colonos."El Estado no nos ha legalizado nuestros territorios como pueblo Awá; esa ha sido una de las situaciones. Con la Agencia Nacional de Tierras se han presentado las solicitudes de compra de tierras, y lo que ha hecho ha sido obstaculizar, haciendo unos avalúos irrisorios que no corresponden al valor comercial del predio, y no hemos podido tener también esa garantía de territorio, precisamente por esta situación territorial".Actualmente, el resguardo se encuentra, según advierten, en riesgo de desplazamiento forzado. «Necesitamos que la comunidad pueda vivir tranquila, sin estar inmersa en un conflicto armado que no nos pertenece y que está acabando con nuestra existencia. Necesitamos garantías de supervivencia», concluyó la denuncia.
La Aeronáutica Civil entregó detalles sobre el incidente ocurrido el pasado 20 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un avión Airbus A320 que cubría la ruta hacia San Andrés tuvo que abortar su despegue tras la cercanía de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana en zona de pista. El hecho, que no dejó personas lesionadas, reabrió el debate sobre la seguridad operacional y la capacidad del principal aeropuerto del país, dejando incertidumbre y peticiones por parte del sector de los aviadores y controladores aéreos.Aunque desde el sector aéreo insisten en que tanto el piloto como el controlador actuaron de buena fe y priorizando la seguridad, el episodio generó preocupación entre sindicatos y gremios. Daniel Fernando Gallo, presidente de Sintratac, aseguró que el hecho “deja más preocupaciones que respuestas” y recordó que desde 2017, en un comité de seguridad, se había advertido sobre los riesgos de mantener una base militar dentro de instalaciones civiles, recomendación que, según señaló, también habría sido planteada por organismos internacionales.Además, denunció un déficit en la planta de controladores. Actualmente hay 799 funcionarios, cuando, de acuerdo con estimaciones del sector, El Dorado requeriría entre 1.000 y 1.200 controladores para atender la demanda operativa. La falta de reemplazos ha derivado en turnos extendidos y mayor carga laboral.Desde la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, su director de seguridad, Luis Fernando Orjuela, pidió la implementación urgente de un radar de superficie que permita visualizar en tiempo real los movimientos en pista y puntos de espera. Por su parte, Franklin Urbina, presidente de Adecta, aseguró que la congestión en horas pico, entre las 12 y 2 de la tarde y entre 6 y 8 de la noche, está llevando la operación al límite, en un aeropuerto cuya capacidad ronda los 34 arribos y 40 salidas por hora, pero que enfrenta sobredemanda.Los gremios solicitaron una reunión directa con el presidente Gustavo Petro y pidieron medidas concretas: ampliar la planta de controladores, fortalecer las radioayudas, financiar el radar de superficie y mejorar el monitoreo de los slots para evitar “cuellos de botella”.El incidente, más allá de la maniobra exitosa que evitó consecuencias mayores, volvió a encender las alertas sobre si la infraestructura, el personal y la coordinación operativa en El Dorado están a la altura del crecimiento del tráfico aéreo que registra el país.Los pronunciamientos se dan luego de que la Aeronáutica Civil se pronunciara frente al tema y confirmara que la situación se habría originado por una falla en la transferencia de información entre controladores aéreos. A las 5:36 de la tarde, el Airbus, con 157 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, ya estaba en carrera de despegue en la pista, cuando el helicóptero de la FAC, que había despegado a las 5:17 p. m., cruzó la zona tras recibir autorizaciones sucesivas entre la torre norte y la torre sur. En ese momento se produjo la proximidad que obligó al piloto a realizar una maniobra de emergencia.El fuerte frenado elevó la temperatura de los frenos hasta los 900 grados centígrados, lo que provocó el desinflado de las llantas. La aeronave tuvo que ser retirada de operación y la aerolínea canceló el vuelo.
La Procuraduría General de la Nación informó que adelantará un acompañamiento institucional de carácter preventivo para fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el cumplimiento del Auto 2059 de 2025, relacionado con los derechos de la población recicladora y la prestación del servicio público de aseo en Bogotá.Según el Ministerio Público, la decisión proferida por la Corte Constitucional, dentro del proceso de verificación de la Sentencia T-724 de 2003, representa una oportunidad institucional para anticipar riesgos, preservar los avances en acciones afirmativas a favor de los recicladores y contribuir a la continuidad del servicio de aseo en la capital del país.Recordemos que la Corte amparó “los derechos a la dignidad humana, la igualdad, el trabajo y el mínimo vital” de los recicladores, porque varias entidades del Distrito incurrieron en omisiones que afectan sus condiciones de vida y laborales.A más tardar el 25 de enero de 2026, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico deberá expedir un acto administrativo de carácter transitorio para proteger los derechos de la población recicladora de oficio, pidió la Corte, debido a que el Distrito implementará el cambio de modelo. Esto, mientras se define y adopta el marco regulatorio y contractual definitivo para la prestación del servicio público de aseo en Bogotá.La Procuraduría reconoció el rol técnico, autónomo y especializado de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y destacó la importancia de los desarrollos regulatorios que permitan una transición ordenada y gradual en la prestación del servicio, bajo los principios de progresividad y no regresividad.La entidad aclaró que su actuación estará enfocada en la prevención de riesgos, la facilitación del diálogo institucional y el seguimiento al cumplimiento de las decisiones judiciales, sin coadministrar ni interferir en las competencias técnicas, regulatorias o administrativas de otras autoridades.También reiteró su disposición para acompañar los espacios de articulación interinstitucional, realizar el seguimiento ordenado por la Corte Constitucional y contribuir a la efectividad de las decisiones judiciales, en defensa del interés general, la seguridad jurídica y la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales.
Una operación adelantada por la Fuerza Pública en el departamento del Cauca permitió desarticular una de las principales capacidades ofensivas del frente Jaime Martínez, estructura de las disidencias que delinque en esta zona del país.Según confirmó el general Henry Bello, comandante de la Región de Policía número 4, se logró la desactivación de cuatro vehículos cargados con explosivos de alto poder, así como la destrucción de una bodega clandestina utilizada para almacenar material explosivo destinado a ataques mediante drones.“Como resultado de esta acción operacional, se logró desactivar cuatro vehículos que estaban acondicionados con explosivos de alto poder, artefactos explosivos improvisados. Se logra la destrucción de una bodega que servía como almacenamiento de explosivos para la utilización de drones contra la Fuerza Pública y la población civil de los municipios de Buenos Aires, Suárez, Morales y Cajibío”, señaló el general Bello.Las autoridades explicaron que estos artefactos eran preparados para ser utilizados tanto en vehículos como en motocicletas, una modalidad recurrente de este grupo armado criminal para ejecutar atentados en el departamento. En el operativo, además, se logró la incautación de más de 1.500 kilogramos de explosivos de alto poder, material que representaba una amenaza directa para uniformados y comunidades civiles.Entre los elementos incautados se encuentran cuatro vehículos adaptados como carros bomba, algunos de ellos con antecedentes recientes de ataques. Según el reporte oficial, una volqueta de color amarillo había sido utilizada ocho días antes en un atentado contra la estación de Policía del municipio de Buenos Aires. También fue ubicado un furgón color vinotinto, acondicionado con rampas para el lanzamiento de cilindros explosivos de 40 y 100 libras.La operación permitió, además, la incautación de una camioneta KIA blanca, equipada con dos cilindros de 100 libras y un sistema de activación por radiofrecuencia, así como un automóvil tipo sedán Chevrolet Spark negro, que contenía cilindros explosivos de 40 libras listos para ser utilizados en acciones terroristas.
La Procuraduría General de la Nación sancionó al oficial de Migración Colombia, Didier Orlando Palacios Pinilla, con destitución e inhabilidad general por 17 años y seis meses, por facilitar y colaborar con el tráfico de migrantes.Según el ente de control, el funcionario utilizó de manera indebida sellos oficiales y documentación pública para permitir la salida irregular de ciudadanos ecuatorianos que tenían como destino Panamá y Estados Unidos. Los hechos ocurrieron entre marzo y noviembre de 2023.Palacios Pinilla estaba adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, Regional Antioquia, y cumplía funciones en el Puesto de Control Migratorio Marítimo, desde donde habría facilitado en repetidas ocasiones el tránsito ilegal de estas personas.Para la Procuraduría, el comportamiento del funcionario no solo vulneró los controles migratorios del país, sino que afectó directamente los fines esenciales del Estado, por lo que calificó los hechos como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.
A casi dos meses del asesinato de Jaime Esteban Moreno, ocurrido tras una fiesta de Halloween en Bogotá, el caso continúa captando la atención de la opinión pública. Lejos de cerrarse, la investigación ha sumado nuevos elementos que mantienen el debate abierto. En las últimas horas se conoció el contenido de una carta que habría dejado Kleidymar Fernández Sulbarán, conocida mediáticamente como la “mujer del disfraz azul”, poco antes de desaparecer.El mensaje, dirigido a su madre, volvió a poner el foco sobre una historia marcada por versiones cruzadas, denuncias de amenazas y una búsqueda que ya trascendió las fronteras del país. La revelación del contenido de la nota plantea nuevas preguntas sobre el estado emocional de Fernández Sulbarán y el contexto previo a su salida del radar de las autoridades.¿Qué dice la carta que dejó la mujer de azul?Según información revelada por medios como El Tiempo, la carta es breve, pero cargada de significado. “Mami, voy a estar bien. La amo”, fue el mensaje que, de acuerdo con la familia, dejó Kleidymar antes de desaparecer. Para su madre, Tamara Sulbarán, ese texto representa el último contacto directo que tuvo con su hija, pues desde entonces no volvió a recibir llamadas ni mensajes.La aparición de la nota se dio en medio de un ambiente de alta tensión. La familia denunció que, en los días posteriores al crimen, comenzó a recibir mensajes intimidantes con amenazas de muerte. Ese contexto, aseguran, incrementó el temor y la sensación de riesgo alrededor de Kleidymar Fernández Sulbarán.Tamara Sulbarán también relató que su hija habría sido perseguida días antes de su desaparición. Según su testimonio, dos hombres en motocicleta la siguieron hasta un parque del centro de Bogotá, situación que la obligó a huir entre la multitud para evitar una posible agresión. La madre sostuvo que existía un presunto plan para atentar contra la vida de su hija, versión que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades y hace parte del expediente.¿Dónde se encontraría Kleidymar Fernández Sulbarán?Las investigaciones adelantadas por las autoridades colombianas indican que la mujer conocida como la “mujer del disfraz azul” podría estar fuera del país. Los primeros datos recopilados señalan que Fernández Sulbarán habría salido de Colombia en noviembre y que, presuntamente, se encontraría en Venezuela, su país de origen. No obstante, esta información aún no ha sido confirmada de manera oficial.Mientras tanto, sobre Kleidymar Fernández Sulbarán pesa una orden de captura por el delito de homicidio agravado, al ser señalada como presunta determinadora del crimen de Jaime Esteban Moreno. La Fiscalía General de la Nación avanza en los trámites para la emisión de una circular roja de Interpol, lo que permitiría su localización y búsqueda en 196 países.El caso sigue abierto y rodeado de interrogantes. La carta, lejos de cerrar el capítulo, profundiza la incertidumbre y refuerza la necesidad de esclarecer qué ocurrió antes y después del crimen, así como el paradero actual de una de las figuras centrales de esta investigación que aún estremece a Bogotá.
Después de 22 años al frente del principal gremio de la infraestructura en Colombia, Juan Martín Caicedo finaliza su labor y gestión y entrega la dirección a María Consuelo Araújo.El actual presidente de la CCI fue el encargado de poner en marcha la actual estructura del gremio, resultado de la integración de los antiguos colectivos que representaban a constructores, consultores y concesionarios. Además, el sector fortaleció su articulación institucional y amplió su incidencia en la agenda pública.A lo largo de su trayectoria, el dirigente también ocupó cargos de alto perfil en la vida pública y empresarial del país, entre ellos la presidencia de Fenalco, la Alcaldía de Bogotá, un ministerio y dos periodos en el Senado de la República. Su paso por la Cámara de la Infraestructura consolidó al gremio como un interlocutor clave ante el Estado y otros sectores productivos.En el proceso de transición, tanto Caicedo como Araújo coincidieron en subrayar la importancia del papel que deberá desempeñar el gremio en el actual contexto político. Especialmente, resaltaron la necesidad de participar activamente en las discusiones que rodean el escenario electoral, la conformación del nuevo Congreso y la definición del próximo Gobierno.Y así, el gremio inicia una nueva etapa en un momento clave para el país.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que intensificó la vigilancia sobre las principales generadoras hidroeléctricas del país, en medio de la temporada de lluvias atípicas que se registra en distintas regiones. La decisión se adopta como medida preventiva para reforzar el control sobre la operación del sistema eléctrico y evitar posibles afectaciones en la prestación del servicio.En ese sentido, el objetivo central es supervisar la gestión financiera, técnica y administrativa de las compañías, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de la regulación vigente, la continuidad del servicio de energía y la protección efectiva de los usuarios.Por esta razón, la entidad citó en Bogotá a los representantes legales de AES Colombia & CIA. S.C.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P., Empresa Urrá S.A. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Enel Colombia S.A. E.S.P., Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P. e Isagen S.A. E.S.P., quienes deberán presentar información detallada sobre su operación.De acuerdo con la Superintendencia, se verificará la información reportada entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual. La revisión incluye los parámetros de operación de los embalses, tales como volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada. Asimismo, se auditará la veracidad de los datos relacionados con caudales, descargas y vertimientos, con el propósito de confirmar que la información suministrada corresponda a las condiciones reales del sistema.Adicionalmente, el organismo de control exigirá el detalle de los planes de mantenimiento ejecutados y programados, así como los soportes técnicos y documentales que respalden cualquier indisponibilidad que haya impactado la oferta energética.Finalmente, la Superservicios supervisará los modelos técnicos utilizados para la toma de decisiones y la formación de precios de oferta, con el fin de asegurar que respondan adecuadamente a las actuales condiciones hidrológicas y no generen distorsiones en el mercado.
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la “insuficiente comunicación” del riesgo frente a nuevos fenómenos climáticos que podrían afectar a distintas regiones del país en las próximas semanas.La entidad recordó que departamentos como La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Vichada, Meta y Guaviare han sido afectados en el pasado por el polvo del Sahara, un fenómeno que deteriora la calidad del aire y afecta especialmente a niños, mujeres gestantes, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.“Sumado a lo anterior, el nuevo frente frío ocasionaría lluvias intensas, descensos de temperatura y eventuales emergencias asociadas a deslizamientos e inundaciones. Estos eventos, que se presentan cuando aún son recientes las afectaciones ocasionadas por las lluvias en distintos territorios, incrementan la vulnerabilidad de la población y profundizan los riesgos existentes; por lo que es clave una respuesta articulada, preventiva y basada en información clara y oportuna para la ciudadanía”, señala la Defensoría en un comunicado.Por lo anterior, hicieron un llamado a las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que activen planes de prevención. “Fortalecer la comunicación pública del riesgo, emitir lineamientos precisos y oportunos, así como orientar las comunidades sobre acciones de cuidado y prevención”.“La gestión adecuada del riesgo no es solo una obligación institucional, sino una condición fundamental para asegurar los derechos a la salud, a la vida digna y al acceso a información clara. Además, exige acciones inmediatas, coordinadas y eficaces de las autoridades competentes”, concluyó la Defensoría.
Un violento asalto a un vehículo de valores se registró en la mañana de este martes en zona rural de El Patía, en el sur del departamento del Cauca. El ataque ocurrió hacia las 11:50 a.m., en la entrada vial al sector Los Hubos, del corregimiento Piedra Sentada, donde hombres armados interceptaron el automotor y activaron un artefacto explosivo improvisado al paso del vehículo.De acuerdo con información preliminar, unidades de la Policía que se desplazaban desde el Bordo Patía llegaron al lugar tras recibir el reporte del asalto. Sin embargo, al arribar a la zona, habrían sido recibidas con disparos por parte de los atacantes, lo que generó un intercambio armado en medio de la emergencia.En medio de la situación fue asesinado un conductor de carga pesada que transitaba por el sector, convirtiéndose en la víctima mortal del hecho. Las circunstancias exactas de su muerte aún son materia de verificación por parte de las autoridades.Tras cometer el hurto, los responsables escaparon por vías terciarias hacia el sector conocido como Los Hubos, aprovechando la compleja geografía de la zona. Organismos de seguridad adelantan operativos para dar con su paradero.Según fuentes, en esta región tiene injerencia el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias Iván Mordisco.
Un informe de inteligencia advierte que, en lo corrido de 2026, ya se registran 25 ataques con drones cargados con explosivos en Colombia, confirmando que esta modalidad sigue en expansión en zonas con presencia de grupos armados ilegales. El último ataque por parte del ELN, que dejó dos militares heridos, se registró en Tarazá, en el Bajo Cauca Antioqueño.Otro ataque, apenas un día antes, se registró el en zona rural entre Jamundí y Guachené, en el Valle del Cauca, y fue atribuido a las disidencias de las Farc. La cifra se suma al crecimiento sostenido de este tipo de acciones desde 2024, que a la fecha tiene una cifra alarmante.En el consolidado 2024–2026, el informe contabiliza 419 ataques con drones explosivos, con una frecuencia aproximada de un ataque cada día y cuatro horas. El impacto acumulado deja 330 afectaciones entre civiles y uniformados, incluidos muertos y heridos. Solo en 2026, en lo que va del año, un militar y un policía han sido asesinados y 26 militares resultaron heridos.La tendencia evidencia la rápida adaptación tecnológica de los grupos ilegales, que emplean drones para lanzar granadas o artefactos improvisados contra tropas y zonas pobladas, especialmente en el suroccidente del país. Contra estos ataques, la Fuerza Pública poco ha podido hacer, teniendo en cuenta que sus dispositivos antidrones quedan rezagados ante los que usan los criminales, por eso, el Ministerio de Defensa anunció el Proyecto del Escudo Nacional Antidrones.Las cifras reflejan que, pese a los operativos militares, el 2026 comenzó con esta amenaza vigente, lo que mantiene en alerta a las autoridades frente a un tipo de ataque cada vez más frecuente y difícil de neutralizar.
Varios candidatos a la Presidencia se han referido a la posición del presidente Gustavo Petro en los últimos días, quien ha cuestionado algunas decisiones de la Registraduría e incluso ha dicho que podría estar abriéndose la puerta al fraude. Petro ha cuestionado el hecho de que el registrador, Hernán Penagos, ordenara dejar en blanco los espacios de los formularios E-14 en las mesas donde no haya votos por algún candidato o partido; esto se hace para que el procesamiento de la información sea más fácil.Además, el mandatario cuestiona el software de preconteo y escrutinio de mesa, el cual contará con auditoría independiente y cuya información podrá ser consultada por los partidos políticos. Es por eso que varios candidatos a la Presidencia han cuestionado a Petro."Como candidata a la Presidencia tengo plena confianza en el esfuerzo serio y profesional que el registrador, Hernán Penagos, y la Registraduría están haciendo para garantizar el proceso electoral. En vez de andar haciendo acusaciones infundadas sobre un supuesto fraude, el presidente debe garantizar la seguridad y libertad de todos los colombianos para poder ejercer el derecho al voto", dijo la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.Por su parte, el candidato Juan Manuel Galán dice que el sistema electoral colombiano sí es confiable, pero que el Gobierno no ha dado garantías para un proceso libre y justo, teniendo en cuenta la contratación que se dio antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías."La institucionalidad y la Registraduría son garantía de elecciones libres. Lo que no está bien es que el gobierno se gaste más de $14 billones de pesos en contratos antes de las elecciones", dijo Galán.De otro lado, el candidato Roy Barreras dijo que al presidente Gustavo Petro le llevan muchas historias falsas y lo hacen equivocar en algunos casos."Siendo presidente Santos perdimos la elección presidencial con el Centro Democrático, que era la oposición; siendo presidente Iván Duque, con el mismo sistema electoral, ganó Petro. Siendo Petro presidente, ganaron gobernaciones y alcaldías gobernadores de partidos de oposición o distintos al Pacto; es decir, es la prueba de que el sistema electoral funciona independientemente de cualquier gobierno", señaló Barreras.El excontralor Felipe Córdoba también se refirió al caso, exigiéndole al Gobierno garantías para las elecciones."Este Gobierno no puede exigir respeto a las reglas mientras es el primero en desafiar la institucionalidad o intentar acomodar las normas a su conveniencia. La democracia se defiende garantizando que cada colombiano pueda votar en libertad y que las reglas se cumplan para todos por igual, sin excepciones", dijo Córdoba.Y, por su parte, el candidato Leonardo Huerta aseguró que "en una democracia el presidente no solo gobierna, también es el principal garante de la estabilidad institucional. Las autoridades son los agentes garantes de los derechos de las personas; si existen preocupaciones sobre el sistema electoral, es precisamente él quien tiene la responsabilidad de activar mecanismos legales y administrativos para fortalecer las garantías electorales. Lo que no ayuda es tratar de generar incertidumbre en la opinión pública sin anunciar medidas concretas".