A 12 días de las elecciones para Congreso y de las consultas presidenciales, las autoridades se siguen preparando para garantizar el desarrollo normal de la jornada electoral en la que los colombianos elegirán senadores, representantes a la Cámara y a tres candidatos presidenciales.En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar el hecho de que la empresa Thomas Greg and Sons y la empresa ASD formen parte de la Unión Temporal Disproel, que es la encargada del software de escrutinio municipal y departamental.Sobre este asunto, vale la pena recordar que la empresa ASD, que entre otras cosas, está vinculada a procesos electorales en Colombia desde hace más de 25 años, cedió el pasado 20 de febrero, su participación en la Unión Temporal que provee dicha herramienta tecnológica, tras una polémica en la que se ha visto involucrada en Honduras.Como nota al margen, ASD, la misma empresa que ha sido objeto de los más recientes ataques del presidente Gustavo Petro, ha suscrito contratos con entidades del gobierno nacional entre 2022 y 2025 por más de 154 mil millones de pesos.Sobre la polémica por el famoso software de escrutinio, a partir de hoy y durante 3 días, la Registraduría abre la puerta para que los partidos políticos, los veedores y los auditores tengan la posibilidad de revisar el código fuente y verifiquen su funcionamiento, con el fin de despejar dudas sobre cualquier posible actuación irregular que se llegara a detectar.Hay un asunto de fondo, clave del que poco habla el gobierno: del constreñimiento electoral por parte de grupos criminales y de la compra de votos. En las últimas horas, el vicefiscal Gilberto Guerrero y el Registrador Hernán Penagos definieron rutas para combatir esos dos flagelos, que sin duda van a incidir en las elecciones del próximo 8 de marzo.
El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0173 de 2026, que crea un impuesto temporal al patrimonio para financiar la emergencia generada por la ola invernal y los eventos hidrometeorológicos extremos que golpearon a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.La medida se adoptó tras la declaratoria de emergencia económica mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026, ante el impacto de un frente frío entre enero y febrero que superó las previsiones oficiales. La emergencia dejó afectaciones en infraestructura vial, redes eléctricas, acueductos, viviendas y servicios públicos esenciales. El Gobierno estimó un impacto fiscal de 8,3 billones de pesos, mientras que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo dispone de apenas 668 mil millones, ya comprometidos.El nuevo impuesto aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta que posean un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026, equivalentes a $ 10.474.800.000 pesos. La tarifa general será del 0,50 %. Sin embargo, se fija una tarifa diferencial del 1,6 % para bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo, especialmente dedicadas al petróleo y al carbón.Quedan excluidas empresas del sector salud, compañías intervenidas por el Estado y empresas de servicios públicos ubicadas en municipios declarados en calamidad dentro de la zona afectada.El impuesto se liquidará sobre el patrimonio bruto, menos deudas vigentes a esa fecha, y se pagará en dos cuotas iguales: el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026. Los recursos tendrán destinación específica y exclusiva para atender la emergencia y mitigar sus efectos económicos y sociales.
En una operación conjunta contra las economías ilícitas, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron una unidad de producción ilegal de oro en zona rural del municipio de Chaparral, estructura que, según las autoridades, financiaba a un grupo armado organizado residual.El operativo fue adelantado por soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército, junto con la Brigada contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional.De acuerdo con el coronel Hernán Darío Baquero, comandante del batallón, la intervención permitió golpear las finanzas del grupo armado organizado residual Bloque Occidental Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz que, presuntamente, utilizaba esta explotación aurífera como fuente de ingresos.“Llegamos hasta el punto donde se desarrollaba esta actividad ilícita y encontramos un motor industrial, una clasificadora metálica, una manguera de succión y 100 galones de ACPM. Estos elementos eran fundamentales para la extracción ilegal del mineral y tendrían un valor cercano a los 27 millones de pesos”, señaló el oficial.Según las estimaciones entregadas por el comandante, en esta unidad se extraían mensualmente cerca de 1.000 gramos de oro , lo que representaba ingresos aproximados de 593 millones de pesos en el mercado ilegal. Con esta operación, agregó, se evitó que más de 500 millones de pesos ingresaran a las arcas de esa estructura armada.El coronel Baquero enfatizó que este tipo de acciones no solo afectan las finanzas de los grupos armados ilegales, sino que también buscan frenar el grave impacto ambiental que deja la minería ilegal.“Estamos atacando de manera directa las economías ilícitas que tanto daño le hacen al país. La explotación ilegal de yacimientos no solo financia estructuras criminales, sino que destruye el ecosistema. La recuperación ambiental de estas zonas puede tardar más de 10 años”, afirmó.La maquinaria y los elementos hallados fueron destruidos en el lugar, previa coordinación con la Policía Nacional, en cumplimiento de los protocolos establecidos.Con este resultado operacional, la Sexta Brigada reiteró que continuará desarrollando operaciones sostenidas contra la minería ilegal en el sur del Tolima, con el propósito de debilitar las estructuras armadas residuales y proteger los recursos naturales del departamento.
El reloj avanza hacia el 2 de marzo y en las zonas arroceras del Tolima el ambiente no es de cosecha sino de resistencia. A seis días de las elecciones legislativas, productores del cereal confirmaron que se sumarán al paro nacional convocado por el sector y que habrá bloqueos en puntos estratégicos del departamento, una decisión que podría impactar la movilidad entre el centro y el occidente del país y tensionar la jornada democrática prevista para el 8 de marzo.La consigna tiene nombre propio: "Día de la Dignidad Arrocera” En municipios como Armero Guayabal , Lérida, El Espinal, Saldaña, Purificación y Prado, además del peaje del Alto de Gualanday , se prevén concentraciones y cierres viales. La preocupación mayor gira en torno al corredor que conecta con el paso del Alto de La Línea, ruta clave para el transporte de carga y pasajeros entre el centro y el occidente del país."Estamos perdiendo todos”La voz que sintetiza el malestar es la de Manuel Cardozo, representante arrocero del norte del Tolima, quien en entrevista con Meridiano de Blu Radio lanzó una advertencia sin matices:“La situación de los arroceros en Colombia es crítica. Nuevamente los más de 202 municipios arroceros estamos pasando por una crisis económica terrible. Aquí estamos perdiendo pequeños, medianos y grandes. Nadie se salva”.Según explicó, la decisión de ir a paro fue tomada el pasado 21 de febrero en una reunión nacional del Comité de Paro Arrocero, en cabeza de Dignidad Agropecuaria. El reclamo central: el precio pagado al productor no cubre los costos de producción de la actual cosecha.Cardozo cuestionó directamente las resoluciones 42 y 43 del Ministerio de Agricultura. Asegura que, aunque se pactó un precio de 183.000 pesos por carga para la zona centro incluido el Tolima, una resolución posterior permite a los molinos pagar hasta 10.000 pesos menos, es decir, 173.000 pesos, con la promesa de que el Gobierno asuma la diferencia.El problema, afirma, es que casi ningún productor cumple los requisitos para acceder a ese subsidio.“Para acceder a esa diferencia la situación es crítica. Tocan cumplir requisitos que casi el 99 por ciento de los arroceros no tenemos. Con esas opciones lo único que hacen es hundirnos más y no tenemos un horizonte claro”.Importaciones, contrabando y sobreofertaA la caída del precio se suma según los líderes del sector el impacto del arroz importado y el contrabando, factores que estarían generando sobreabastecimiento y presionando a la baja el mercado interno. En un departamento donde el arroz es columna vertebral de la economía rural, la consecuencia es directa: pérdidas acumuladas, créditos bancarios en mora, pagos de insumos, maquinaria y obligaciones laborales que no dan espera.“Hoy estamos vendiendo prácticamente para no perderlo todo”, advierten asociaciones arroceras.La crisis no se limita a los cultivadores. En el sur y centro del Tolima la incertidumbre alcanza a jornaleros, transportadores y comerciantes que dependen de la cadena productiva. El temor es que muchos reduzcan áreas sembradas o abandonen el cultivo, con efectos futuros sobre el abastecimiento de uno de los alimentos básicos de la dieta colombiana.Elecciones en la cuerda flojaEl anuncio del paro adquiere un tinte político inevitable. El 8 de marzo el país elegirá nuevo Congreso, y los arroceros insisten en que no desean bloquear las vías ese día, pero advierten que, si no hay respuestas rápidas y eficaces, la movilización podría escalar.“Recordémosle al país que el próximo 8 de marzo son las elecciones parlamentarias y los arroceros no queremos que para ese día estemos bloqueando las vías. Necesitamos la mirada de todos los sectores porque si no el juego de las elecciones queda en riesgo con nuestro paro y manifestación”, sostuvo Cardozo.El mensaje es directo a candidatos, gremios y ciudadanía: la protesta no es solo por el precio del arroz, sino por la supervivencia de miles de familias campesinas.Mientras se definen los horarios y puntos exactos de cierre en el Tolima, el departamento se prepara para una semana decisiva. El arroz, más que un cultivo, es una forma de vida. Y este 2 de marzo, a la hora cero, sus productores prometen hacerse sentir en las carreteras del país.
La Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó a un paro distrital de 24 horas para el próximo 12 de marzo. La decisión fue anunciada en rueda de prensa, donde el sindicato expuso una serie de desacuerdos con la Secretaría de Educación de Bogotá, especialmente por la expedición de la circular 008.De acuerdo con la organización sindical, la medida afecta la planta de docentes orientadores en los colegios oficiales de la capital. La presidenta de la ADE, Aura Nelly Daza, solicitó la derogatoria de la circular al considerar que los criterios establecidos para definir el número de orientadores por institución no responden a las necesidades reales de cada comunidad educativa.“Nosotros no aceptamos que solamente con un sistema de alerta o un sistema de cifras se esté diciendo cuántos docentes orientadores deben existir en cada una de las instituciones”, afirmó durante la comparecencia ante medios.El sindicato señaló que la reducción de docentes orientadores impacta la atención pedagógica y el acompañamiento psicosocial a los estudiantes, en especial en casos relacionados con convivencia escolar, salud mental y orientación académica.“Ese día no debe haber clase en ninguno de los colegios públicos estatales, porque nos vamos a parar duro”, señaló.En la rueda de prensa, la ADE también manifestó inconformidades frente a lo que describen como un incremento en las exigencias administrativas y controles laborales en los colegios oficiales. Según el gremio, estas disposiciones limitan los espacios de planeación pedagógica y afectan la dinámica institucional.La jornada de paro convocará a docentes, directivos docentes, orientadores, personal administrativo y padres de familia. El sindicato indicó que la movilización busca que la administración distrital revise las medidas adoptadas y abra un espacio de diálogo. Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha emitido un pronunciamiento oficial.
Más de 10.000 millones de pesos en pérdidas económicas se han reportado en el sector turístico del Urabá antioqueño debido a las emergencias de las lluvias. Expertos estiman que se ha reducido en más del 70 % la llegada de visitante a esta subregión de Antioquia.Las fuertes lluvias que, incluso, siguen azotado al Urabá antioqueño han dejado graves afectaciones a miles de familias y el sector turístico no ha sido ajeno a la problemática que hoy los tiene contra la espada y la pared debido a las enormes pérdidas económicas que han provocado las precipitaciones en esta zona de Antioquia.La Corporación Turística Urabá Darién Caribe aseguró que municipios como Turbo, San Juan de Urabá, Arboletes o San Pedro de Urabá se ha visto sumamente afectados por daños en vías y en infraestructura turística, dejando en crisis al sector que a la fecha reporta pérdidas por más de 10.000 millones de pesos.Karen Martínez, directora ejecutiva de la Corporación Turística Urabá Darién Caribe, manifestó que solamente 1.800 han sido cancelados o reprogramados debido a las afectaciones que han generado las lluvias en el Urabá antioqueño.“Más de 600 prestadores de servicio turísticos hoy están en riesgo. Más de un 50% de estos prestadores están con sus establecimientos temporalmente cerrados. En cuanto a la ocupación hotelera, hemos reducido en un 85% la ocupación”, reveló.Las estimaciones que hacen las entidades en esta zona del departamento de Antioquia es que se ha disminuido en cerca de un 70 % la llegada de turistas a la región y que hoy hay cerca de 3.000 empleos están afectados directa o indirectamente debido a la grave crisis por la que pasa el Urabá antioqueño.Ante el crítico panorama para el sector turístico, los afectados le han pedido al Gobierno nacional y a la Gobernación de Antioquia que realicen un plan integral para recuperar la economía del Urabá antioqueño, que hoy atraviesa por momentos difíciles debido a las fuertes lluvias.
Un operativo binacional permitió la incautación de 597 kilogramos de cocaína que eran transportados en un tractocamión en la provincia de Imbabura, en zona fronteriza con Colombia. La incautación se logró tras información suministrada por inteligencia del Ejército, que alertó a las autoridades ecuatorianas sobre el movimiento del vehículo.La operación fue coordinada con la Policía Antinarcóticos de Ecuador y la DEA, lo que permitió ubicar el automotor, capturar a su conductor e incautar además 640 dólares y dos celulares.Según las autoridades, la droga pertenecería a la Estructura Dagoberto Ramos, del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc. El cargamento tendría un impacto económico cercano a los 10.000 millones de pesos en el mercado ilegal internacional.El Ejército señaló que continuará articulando esfuerzos con agencias internacionales para frenar las rutas del narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana y debilitar las finanzas de los grupos armados ilegales.
La Policía española detuvo a una mujer de nacionalidad colombiana y española de unos 40 años, acusada de ser la jefa de una "empresa de servicios" a narcotraficantes, cuando trataba de huir del país con un millón de euros en bolsas de supermercado, informaron este martes fuentes policiales.Paula fue detenida en Madrid el pasado 13 de febrero cuando agentes de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía y de la Brigada antidroga, tras casi dos años de pesquisas, asestaron un importante golpe a toda una estructura criminal que funcionaba como "prestador de servicios" del narco.Junto a ella, en una nave de Alcobendas (norte de Madrid) y en una gasolinera, fueron arrestados el resto de integrantes, once hombres, colombianos en su mayoría y algún holandés.Entre los apresados estaban Gilbert, pareja de Paula y, según los investigadores, jefe "operativo" de la organización, y dos hijos de Paula, quien -según constatan los agentes- estaba al frente de toda la red y manejaba la recaudación de dinero y la contabilidad.Las autoridades desmantelaron esta "organización criminal" que operaba como una red logística contratada por narcotraficantes para recoger, transportar, almacenar y entregar la droga a sus clientes, y descubrieron que Paula era la supuesta jefa.El inspector jefe de UDYCO central, Francisco Podio, y el inspector de la brigada de estupefacientes de Madrid, Manuel LLorente, han asegurado este martes que con toda probabilidad ella fue alertada desde la nave de Alcobendas.Con lo puesto, sin pasaporte pero con un DNI español, la mujer salió ese viernes 13 a toda prisa de su domicilio en la capital en su llamativo Mercedes de alta gama de color negro mate, con varias bolsas de supermercado que contenían paquetes embolsados con billetes de 100, 20 y sobre todo de 50 euros.La mayor incautación en tierra en MadridEn total, eran poco más de un millón de euros que la Policía expuso este martes dispuestos en bolsas transparentes que tenían escrita la cantidad: entre 30.000 y 50.000 euros cada bolsa.Junto al botín incautado del interior del coche y como resultado de esta operación, bautizada como 'Tocada Space', los agentes han mostrado los 2.700 "ladrillos" de cocaína incautados -3.400 kilos, la mayor incautación en tierra de Madrid-; armas de fuego y de guerra, además de una placa Starlink que dotaba a la organización de tecnología satelital para comunicarse con precisión.Entre los efectos intervenidos, varias furgonetas y vehículos de alquiler que la organización había caletado de forma muy sofisticada y con un mecanismo electrónico para ocultar armas y droga.La investigación la iniciaron hace alrededor de dos años unos agentes que sospechan que la organización en un momento paralizó su actividad.En julio pasado, a través de los canales de colaboración con Suecia, Polonia y Portugal a raíz de una aprehensión en un camión procedente de España, se intensificó y se localizó el punto de carga de la droga en una nave industrial ubicada en la localidad de Alcobendas.El pasado día 13, los investigadores detectaron que la organización podría estar preparando un nuevo transporte. Tras un intenso dispositivo de vigilancia, comprobaron cómo repetían el mismo patrón: alquiler de vehículos, desplazamiento al sur de España y regreso a Madrid.
Autoridades clausuraron una fiesta en la que participaban casi 130 personas en el municipio de El Peñol, Oriente de Antioquia. En el lugar fueron hallados 20 menores de edadFueron en total 128 las personas, la mayoría de ellas de municipios aledaños, las que se encontraban participando de la masiva fiesta que se realizaba en la vereda Guamito, sector Los Micos, del municipio de El Peñol, en el Oriente de Antioquia.Hasta esta finca llegaron autoridades como Policía, tránsito y otras dependencias de la Administración Municipal por quejas de ruido de los vecinos del lugar y fueron hallados, entre la masiva fiesta, 20 menores. Pero ese no fue el único hallazgo, según detalló la secretaria de Gobierno del municipio, Rosmira Murillo Henao.“También se inmovilizaron motocicletas que no contaban con los documentos requeridos para transitar. Se incautó también lo que fue licor, también se incautaron estupefacientes”, reveló la funcionaria.La primera información que fue entregada por la Alcaldía de El Peñol, es que la fiesta no contaba con los debidos permisos, por lo que el inmueble fue suspendido por 10 días para su alquiler, pero además, un vehículo fue inmovilizado y por las infracciones descritas por la secretaría de Gobierno se impusieron cinco órdenes de comparendo a diferentes personas que se encontraban en medio de esta rumba.Tanto en El Peñol como en otros municipios, las autoridades han insistido en que si hay excesos en ruido, se haga la respectivas denuncias por medio de la línea 123.
El fútbol está en shock tras un lamentable suceso en Villavicencio, que tiene en vilo a la Liga BetPlay, luego de un accidente que puso fin a la vida de un vigilante comunitario y, además, dejó detenido a un jugador de Llaneros FC.El caso tuvo lugar el pasado sábado 21 de febrero, un día después de que el equipo llanero empatara 2-2 con Independiente Medellín. El mediocampista había sido titular en ese compromiso. Sin embargo, horas más tarde, mientras conducía su vehículo por el barrio Pinilla, embistió a un adulto mayor que se movilizaba en bicicleta camino a su trabajo.Prueba de alcoholemia y custodia tras accidente en VillavicencioMarlon Sierra, de 31 años, estaría involucrado en el accidente. Según confirmó la Policía Metropolitana de Villavicencio, la prueba de alcoholemia practicada tras el siniestro arrojó grado uno.Ese resultado derivó en la captura inmediata de Sierra, mientras continúan las investigaciones judiciales. Según los reportes oficiales y versiones recogidas, el ciclista fue trasladado por habitantes del sector a un centro asistencial, pero falleció minutos después por la gravedad de las heridas.La víctima fue identificada como Ángel María León Ladino, reconocido en la zona por más de 20 años de trabajo como vigilante comunitario.Entre los puntos que hoy analiza la Fiscalía y las autoridades se encuentran:El resultado positivo en la prueba de alcoholemia.Las circunstancias exactas del impacto.Las versiones que señalan una posible omisión de auxilio.Algunos testigos aseguraron que el conductor se detuvo metros adelante y no habría asistido directamente a la víctima tras el choque, aspecto que también forma parte del proceso.Llaneros FC espera decisión judicial sobre SierraHasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre medidas disciplinarias. El presidente de Llaneros señaló que serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos.En el entorno del Fútbol Profesional Colombiano, la noticia ha abierto el debate, debido a que se trata de un jugador activo y por el impacto social del caso en la capital del Meta.Mientras avanza la investigación, se mantiene el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la comunidad pide celeridad y claridad en el proceso.
El Espinal, segunda ciudad en importancia del Tolima, ya no es recordada únicamente por su tradición arrocera, su riqueza musical o sus expresiones folclóricas. En los últimos años, su nombre comenzó a asociarse con un fenómeno que alteró la tranquilidad de sus habitantes, la presencia de estructuras conocidas popularmente como “Los Brujos”, señaladas por autoridades y comunidad de estar vinculadas a economías ilícitas y hechos de violencia.Lo que antes era considerado un remanso de paz empezó a figurar en reportes de seguridad por homicidios selectivos y episodios de sicariato. Según las autoridades, detrás de estos hechos habría redes criminales que utilizan fachadas aparentemente legales para encubrir actividades ilícitas.Uno de los temas más sensibles expuestos por el gobierno departamental es la presunta relación de este grupo con delitos como lavado de activos y otras economías ilegales. De acuerdo con lo manifestado por la administración seccional, la intervención institucional es prioritaria para evitar que estas estructuras continúen afectando la seguridad y la convivencia.Aun así, las cifras recientes muestran un cambio significativo. En lo corrido de 2026 se ha registrado un solo caso de sicariato en el municipio, una reducción que contrasta con periodos anteriores.La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas , atribuye esta disminución a las acciones coordinadas entre la Gobernación, la Fuerza Pública y los organismos judiciales.“Tenemos un problema delicado en El Espinal, donde veníamos registrando sicariatos relacionados con estas estructuras. Este año solo se ha presentado un caso, y eso obedece a las medidas de prevención y control que hemos implementado junto con la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial”, afirmó la mandataria.Matiz también subrayó que los resultados responden a una estrategia integral que incluye trabajo conjunto con la Fiscalía, presencia institucional y acciones preventivas en el territorio.Una problemática que encendió las alertasLa mandataria departamental ha sido enfática en que las investigaciones deben avanzar hasta esclarecer el alcance de estas redes.“A los llamados ‘Brujos’, que todos conocen y a muchos les da temor mencionar, también los estamos investigando. He solicitado a la Fiscalía General de la Nación que designe un fiscal especializado para El Espinal que adelante estas indagaciones”, aseguró.Las advertencias institucionales sobre la influencia de estas estructuras no son nuevas. El secretario de Convivencia, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra Varón, junto con la gobernadora, fueron de los primeros funcionarios en referirse públicamente al fenómeno y a su posible impacto en el aumento de la criminalidad.¿Cómo operaría la estructura?Según lo expuesto por las autoridades y las indagaciones preliminares, estas redes montarían centros de atención telefónica desde donde ofrecen servicios esotéricos a clientes dentro y fuera del país. Aunque este tipo de prácticas no está prohibido por la legislación colombiana, las investigaciones apuntan a que el delito comenzaría cuando se utiliza la información personal obtenida para extorsionar a los usuarios.Las pesquisas también buscan establecer si algunos grupos habrían extendido sus actividades hacia otras economías ilegales, incluyendo microtráfico de drogas y la creación de redes para estafas relacionadas con trámites migratorios.Otra modalidad bajo la lupa es la oferta fraudulenta de supuestos trámites de regularización o expedición exprés de visas mediante redes sociales. Las autoridades investigan recaudos millonarios por servicios que no se concretan.Expansión y efectos regionalesInformes preliminares señalan que estas estructuras no solo operarían en El Espinal , sino que habrían extendido su presencia hacia municipios como Ibagué, Guamo , Saldaña y Melgar, donde también se han reportado alteraciones del orden público.Mientras avanzan las investigaciones, el gobierno departamental insiste en que la prioridad es proteger a la ciudadanía y evitar que estas economías ilegales sigan afectando la seguridad, la confianza institucional y la estabilidad social del centro del Tolima.La reducción de los homicidios en el municipio se presenta como un primer indicador de que la intervención estatal comienza a dar resultados, aunque las autoridades reconocen que el desafío apenas empieza.
Ante los recientes anuncios del sector arrocero sobre un nuevo paro programado para el próximo 2 de marzo, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) manifestó su preocupación por las posibles afectaciones que podría generar una nueva jornada de bloqueos en el país.El gremio recordó que, en 2025, entre marzo y julio, se registraron cierres en 186 vías a lo largo de distintos corredores nacionales, una situación que impactó de manera severa al sector transportador y a múltiples actividades productivas. Según Colfecar, esos bloqueos no solo afectaron la movilidad de mercancías, sino que también generaron pérdidas económicas, retrasos en la cadena logística y dificultades en el abastecimiento.Frente al nuevo escenario, el gremio hizo un llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Agricultura para que activen de inmediato los mecanismos institucionales necesarios y promuevan mesas de diálogo y concertación con los arroceros. El objetivo es evitar que las manifestaciones se traduzcan en cierres de vías que terminen afectando la movilidad de los colombianos, la seguridad alimentaria y el desempeño de la economía nacional.Si bien Colfecar aseguró que respeta las razones que motivan las protestas del sector agrícola, advirtió que otros sectores productivos no pueden convertirse en un “mecanismo de presión” dentro de estas discusiones. En esa línea, solicitó a Dignidad Agropecuaria de Colombia, convocante de las marchas, reevaluar la convocatoria a bloqueos teniendo en cuenta el impacto que podrían generar en la productividad del país y en millones de ciudadanos cuyo sustento depende del transporte por carretera.Colfecar señala que no es fácil el panorama que se vive ahora tras constantes ataques y hechos de inseguridad en las vías del país. Hoy, 24 de febrero, un conductor de vehículo de carga perdió la vida mientras cumplía con su labor en la vía Panamericana, a la altura de Piedra Sentada, en el departamento del Cauca.El hecho ocurrió en medio de un asalto a un carro de valores, cuando se desató un cruce de disparos y el trabajador quedó en medio del fuego. El conductor, que se encontraba prestando un servicio relacionado con el transporte de carga, murió en el lugar de los hechos, convirtiéndose en una nueva víctima de la violencia que marca las historia y las carreteras del país.Desde Colfecar rechazaron de manera contundente este ataque y señalaron que el caso se suma a una larga lista de hechos violentos que han golpeado al sector transportador. El gremio expresó su solidaridad con la familia, compañeros y la empresa del conductor fallecido, y reiteró el llamado al Gobierno para que se adopten medidas urgentes que garanticen condiciones reales de seguridad en las vías nacionales.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
La Fundación Paknam Kima Pai, organización del pueblo Awá, aseguró que los hechos ocurrieron hacia las 9:00 de la noche. De acuerdo con el relato entregado por la exgobernadora del resguardo y actual consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico, hombres armados llegaron al territorio, ubicado sobre la vía principal, en una camioneta y tres motocicletas; descendieron y comenzaron a rodear la vivienda de la lideresa."Ella logró ver desde arriba, pues, que eran estas motos y esta camioneta, y que comenzaron varias personas, hombres, como a rondar su casa, no en grupo, sino a esparcirse para llegar hacia la casa de ella. Al ver ella que las personas eran armadas, entonces ella siente el miedo y lo que hace es huir, salir corriendo con lo que tiene ahí, y sale hacia adentro, a la montaña, que es nuestro resguardo", señaló Paknam Kima Pai, consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico del resguardo indígena.Según la denuncia, la gobernadora corrió hacia una zona interna del territorio y se refugió en otra vivienda elevada, desde donde observó que los hombres habían ingresado a su casa y encendido las luces.Veinte minutos después llegó el esquema de protección colectiva asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ese momento, los hombres armados «se esparcen por la montaña», indicó la fundación. Esa misma noche, la autoridad fue evacuada hacia Villagarzón y no pudo regresar.Al día siguiente, cuando intentó volver acompañada por el esquema de protección, el equipo evidenció, según la denuncia, que aún había presencia de hombres armados rodeando el resguardo, por lo que le impidieron ingresar incluso para recoger sus pertenencias. Desde entonces, permanece fuera del territorio.La Fundación Paknam Kɨma Pai denunció, además, que "destruyeron todo su hogar; la casa, todo le partieron, todo pusieron patas arriba, patas abajo, y ya el resto de las cosas están". Al día siguiente, "volvieron nuevamente y se llevaron una motosierra que era comunitaria".Señalamientos sobre grupo armado y amenazas previasAunque señalan que no hubo identificación de los responsables, la comunidad sostiene que en la zona operan grupos armados ilegales, entre ellos Comandos de la Frontera, por lo que presuntamente podrían estar detrás de la incursión.La gobernadora ya contaba con medidas de protección colectiva de nivel extraordinario debido a amenazas previas. Según la fundación, desde el año pasado se solicitó a la UNP un esquema de protección individual para ella, petición que, aseguran, no ha sido respondida.Disputa territorial y riesgo de desplazamientoLa denuncia también vincula el hecho a un conflicto territorial. Según Paknam Kɨma Pai, el resguardo enfrenta problemas de formalización jurídica y disputas con colonos."El Estado no nos ha legalizado nuestros territorios como pueblo Awá; esa ha sido una de las situaciones. Con la Agencia Nacional de Tierras se han presentado las solicitudes de compra de tierras, y lo que ha hecho ha sido obstaculizar, haciendo unos avalúos irrisorios que no corresponden al valor comercial del predio, y no hemos podido tener también esa garantía de territorio, precisamente por esta situación territorial".Actualmente, el resguardo se encuentra, según advierten, en riesgo de desplazamiento forzado. «Necesitamos que la comunidad pueda vivir tranquila, sin estar inmersa en un conflicto armado que no nos pertenece y que está acabando con nuestra existencia. Necesitamos garantías de supervivencia», concluyó la denuncia.
Los organismos de socorro reportaron un grave incendio estructural que se presentó en horas de la madrugada de este miércoles en el centro de Neiva, donde, según el reporte oficial, hay tres personas que murieron calcinadas al interior del inmueble.La jefe de Gestión de Riesgo del Municipio, Nancy Monje Trujillo, confirmó que, tan pronto fueron alertados de la conflagración, de inmediato se desplazaron dos máquinas y unidades del cuerpo de bomberos oficiales, quienes lograron controlar las llamas que consumieron un segundo de la residencia afectada.“Sobre las c4:30 de la madrugada se recibe una llamada sobre un incendio de tipo estructural que se presentó en la calle 6 No 1H – 41, del barrio San Pedro en el centro de Neiva. Las unidades de Bomberos oficiales, al llegar al lugar, y cuando lograron mitigar el incendio, encontraron tres personas fallecidas, entre ellas, dos adultos mayores y también dos caninos”, informó la funcionaria de emergencias de Neiva.Le puede interesar: Grave incendio en institución educativa en el Salitre, en Bogotá: esto se sabeAgregó la funcionaria de la oficina de gestión de riesgo, Nancy Trujillo, que unidades especializadas en incendios del cuerpo de Bomberos avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas que originaron esta grave emergencia que deja a tres víctimas fatales en plena celebración de la Navidad.Entre tanto, funcionarios de Policía Judicial llegaron hasta el lugar de la emergencia para adelantar los actos urgentes y la inspección judicial de los cuerpos que quedaron prácticamente calcinados y poder establecer la identidad de las víctimas.
El expresidente Álvaro Uribe anunció que el Centro Democrático y su candidata presidencial, Paloma Valencia, presentarán este 24 de diciembre una tutela contra el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional.“El Centro Democrático, encabezado por la candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy TUTELA contra la emergencia económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de enero y, mientras tanto, el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”, señaló Uribe.Es importante recordar que este decreto ha generado una fuerte polémica en el país, pues desde el Gobierno aseguran que se necesitan recursos tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso; sin embargo, otros sectores consideran que es una extralimitación que afectará a los colombianos.Por su parte, la Corte Constitucional no va a hacer sesiones extraordinarias, sino que revisará el tema después del 13 de enero, cuando termine la vacancia judicial.
En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, analizó la situación de orden público en el departamento tras los incidentes registrados en la vía que comunica a Pasto con Chachagüí. El mandatario calificó las acciones de los grupos armados como parte de una "guerra híbrida", la cual busca generar una percepción de control territorial que, según sus declaraciones, estas organizaciones no poseen.Vía PanamericanaFrente a los reportes de población civil atrapada en combates, el gobernador aclaró que lo ocurrido fue una respuesta controlada del Ejército Nacional ante el hallazgo de un artefacto explosivo ubicado en una alcantarilla. Escobar enfatizó que, gracias a la inteligencia militar y policial, se logró detectar la amenaza y detener el tráfico de forma preventiva.Para sustentar su visión de seguridad, el gobernador presentó cifras comparativas: de 63 eventos ocurridos en la vía Panamericana, 60 han tenido lugar en el departamento del Cauca y solo tres en Nariño, los cuales han sido controlados. En este contexto, destacó como un golpe contundente a las estructuras criminales la reciente captura de alias 'Jimmy', un líder terrorista de alto impacto en la región.Procesos de paz y el reto de la sustituciónA diferencia de la situación en departamentos vecinos, Escobar resaltó que en Nariño avanzan dos procesos de paz con los grupos Comuneros del Sur y la 'Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, involucrando el tránsito a la vida civil de unos 260 combatientes. No obstante, reconoció que la columna Franco Benavides, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), no hace parte de estos diálogos y es la responsable de los intentos de ataque en la zona de la cordillera.En cuanto al problema de las drogas ilícitas, el panorama sigue siendo desafiante. Nariño cuenta con aproximadamente 65,000 hectáreas de hoja de coca. Aunque existe un plan para sustituir 20,000 hectáreas, el gobernador admitió que hasta el momento solo se han sustituido entre 400 y 500 hectáreas voluntariamente. Escobar defendió la inversión en infraestructura, como la carretera Roberto Payán-La Guayacana, como el camino para hacer viables productos lícitos como el cacao y la palma.Oposición al glifosato y enfoque en insumosEl mandatario departamental manifestó su rotunda oposición al uso de glifosato mediante drones, asegurando que aún no ha sido notificado oficialmente de tal medida por el Ministerio de Justicia. En su lugar, propuso una estrategia basada en la inteligencia económica."El problema no es el glifosato, el problema es la gasolina y el cemento", afirmó Escobar, explicando que estos son los insumos críticos para la producción de cocaína. Según el gobernador, el control estricto del flujo de combustible y materiales de construcción en zonas de frontera sería suficiente para desarticular el negocio del narcotráfico sin necesidad de disparar un solo tiro.Escuche aquí la entrevista:
Los organismos de socorro reportaron un grave incendio estructural que se presentó en horas de la madrugada de este miércoles en el centro de Neiva, donde según el reporte oficial hay tres personas que murieron calcinadas al interior del inmueble.La jefe de Gestión de Riesgo del Municipio Nancy Monje Trujillo, confirmó que tan pronto fueron alertados de la conflagración de inmediato se desplazaron dos máquinas y unidades del cuerpo de bomberos oficiales quienes lograron controlar las llamas que consumieron un segundo de la residencia afectada.“Sobre las cuatro y 30 de la madrugada se recibe una llamada sobre un incendio de tipo estructural que se presentó en el barrio San Pedro en el centro de Neiva, las unidades de Bomberos oficiales al llegar al lugar y cuando lograron mitigar el incendio encontraron tres personas fallecidas, entre ellas dos adultos mayores y también dos caninos”, informó la funcionaria de emergencias de Neiva.Agregó la funcionaria de la oficina de gestión de riesgo Nancy Trujillo, que unidades especializadas en incendios del cuerpo de Bomberos avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas que originaron esta grave emergencia que deja a tres víctimas fatales en plena celebración de la Navidad.Entre tanto, funcionarios de Policía Judicial llegaron hasta el lugar de la emergencia para adelantar los actos urgentes y la inspección judicial de los cuerpos que quedaron prácticamente calcinados y poder establecer la identidad de las víctimas.
La Aeronáutica Civil entregó detalles sobre el incidente ocurrido el pasado 20 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un avión Airbus A320 que cubría la ruta hacia San Andrés tuvo que abortar su despegue tras la cercanía de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana en zona de pista. El hecho, que no dejó personas lesionadas, reabrió el debate sobre la seguridad operacional y la capacidad del principal aeropuerto del país, dejando incertidumbre y peticiones por parte del sector de los aviadores y controladores aéreos.Aunque desde el sector aéreo insisten en que tanto el piloto como el controlador actuaron de buena fe y priorizando la seguridad, el episodio generó preocupación entre sindicatos y gremios. Daniel Fernando Gallo, presidente de Sintratac, aseguró que el hecho “deja más preocupaciones que respuestas” y recordó que desde 2017, en un comité de seguridad, se había advertido sobre los riesgos de mantener una base militar dentro de instalaciones civiles, recomendación que, según señaló, también habría sido planteada por organismos internacionales.Además, denunció un déficit en la planta de controladores. Actualmente hay 799 funcionarios, cuando, de acuerdo con estimaciones del sector, El Dorado requeriría entre 1.000 y 1.200 controladores para atender la demanda operativa. La falta de reemplazos ha derivado en turnos extendidos y mayor carga laboral.Desde la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, su director de seguridad, Luis Fernando Orjuela, pidió la implementación urgente de un radar de superficie que permita visualizar en tiempo real los movimientos en pista y puntos de espera. Por su parte, Franklin Urbina, presidente de Adecta, aseguró que la congestión en horas pico, entre las 12 y 2 de la tarde y entre 6 y 8 de la noche, está llevando la operación al límite, en un aeropuerto cuya capacidad ronda los 34 arribos y 40 salidas por hora, pero que enfrenta sobredemanda.Los gremios solicitaron una reunión directa con el presidente Gustavo Petro y pidieron medidas concretas: ampliar la planta de controladores, fortalecer las radioayudas, financiar el radar de superficie y mejorar el monitoreo de los slots para evitar “cuellos de botella”.El incidente, más allá de la maniobra exitosa que evitó consecuencias mayores, volvió a encender las alertas sobre si la infraestructura, el personal y la coordinación operativa en El Dorado están a la altura del crecimiento del tráfico aéreo que registra el país.Los pronunciamientos se dan luego de que la Aeronáutica Civil se pronunciara frente al tema y confirmara que la situación se habría originado por una falla en la transferencia de información entre controladores aéreos. A las 5:36 de la tarde, el Airbus, con 157 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, ya estaba en carrera de despegue en la pista, cuando el helicóptero de la FAC, que había despegado a las 5:17 p. m., cruzó la zona tras recibir autorizaciones sucesivas entre la torre norte y la torre sur. En ese momento se produjo la proximidad que obligó al piloto a realizar una maniobra de emergencia.El fuerte frenado elevó la temperatura de los frenos hasta los 900 grados centígrados, lo que provocó el desinflado de las llantas. La aeronave tuvo que ser retirada de operación y la aerolínea canceló el vuelo.
Después de 22 años al frente del principal gremio de la infraestructura en Colombia, Juan Martín Caicedo finaliza su labor y gestión y entrega la dirección a María Consuelo Araújo.El actual presidente de la CCI fue el encargado de poner en marcha la actual estructura del gremio, resultado de la integración de los antiguos colectivos que representaban a constructores, consultores y concesionarios. Además, el sector fortaleció su articulación institucional y amplió su incidencia en la agenda pública.A lo largo de su trayectoria, el dirigente también ocupó cargos de alto perfil en la vida pública y empresarial del país, entre ellos la presidencia de Fenalco, la Alcaldía de Bogotá, un ministerio y dos periodos en el Senado de la República. Su paso por la Cámara de la Infraestructura consolidó al gremio como un interlocutor clave ante el Estado y otros sectores productivos.En el proceso de transición, tanto Caicedo como Araújo coincidieron en subrayar la importancia del papel que deberá desempeñar el gremio en el actual contexto político. Especialmente, resaltaron la necesidad de participar activamente en las discusiones que rodean el escenario electoral, la conformación del nuevo Congreso y la definición del próximo Gobierno.Y así, el gremio inicia una nueva etapa en un momento clave para el país.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que intensificó la vigilancia sobre las principales generadoras hidroeléctricas del país, en medio de la temporada de lluvias atípicas que se registra en distintas regiones. La decisión se adopta como medida preventiva para reforzar el control sobre la operación del sistema eléctrico y evitar posibles afectaciones en la prestación del servicio.En ese sentido, el objetivo central es supervisar la gestión financiera, técnica y administrativa de las compañías, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de la regulación vigente, la continuidad del servicio de energía y la protección efectiva de los usuarios.Por esta razón, la entidad citó en Bogotá a los representantes legales de AES Colombia & CIA. S.C.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P., Empresa Urrá S.A. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Enel Colombia S.A. E.S.P., Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P. e Isagen S.A. E.S.P., quienes deberán presentar información detallada sobre su operación.De acuerdo con la Superintendencia, se verificará la información reportada entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual. La revisión incluye los parámetros de operación de los embalses, tales como volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada. Asimismo, se auditará la veracidad de los datos relacionados con caudales, descargas y vertimientos, con el propósito de confirmar que la información suministrada corresponda a las condiciones reales del sistema.Adicionalmente, el organismo de control exigirá el detalle de los planes de mantenimiento ejecutados y programados, así como los soportes técnicos y documentales que respalden cualquier indisponibilidad que haya impactado la oferta energética.Finalmente, la Superservicios supervisará los modelos técnicos utilizados para la toma de decisiones y la formación de precios de oferta, con el fin de asegurar que respondan adecuadamente a las actuales condiciones hidrológicas y no generen distorsiones en el mercado.
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la “insuficiente comunicación” del riesgo frente a nuevos fenómenos climáticos que podrían afectar a distintas regiones del país en las próximas semanas.La entidad recordó que departamentos como La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Vichada, Meta y Guaviare han sido afectados en el pasado por el polvo del Sahara, un fenómeno que deteriora la calidad del aire y afecta especialmente a niños, mujeres gestantes, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.“Sumado a lo anterior, el nuevo frente frío ocasionaría lluvias intensas, descensos de temperatura y eventuales emergencias asociadas a deslizamientos e inundaciones. Estos eventos, que se presentan cuando aún son recientes las afectaciones ocasionadas por las lluvias en distintos territorios, incrementan la vulnerabilidad de la población y profundizan los riesgos existentes; por lo que es clave una respuesta articulada, preventiva y basada en información clara y oportuna para la ciudadanía”, señala la Defensoría en un comunicado.Por lo anterior, hicieron un llamado a las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que activen planes de prevención. “Fortalecer la comunicación pública del riesgo, emitir lineamientos precisos y oportunos, así como orientar las comunidades sobre acciones de cuidado y prevención”.“La gestión adecuada del riesgo no es solo una obligación institucional, sino una condición fundamental para asegurar los derechos a la salud, a la vida digna y al acceso a información clara. Además, exige acciones inmediatas, coordinadas y eficaces de las autoridades competentes”, concluyó la Defensoría.
Un violento asalto a un vehículo de valores se registró en la mañana de este martes en zona rural de El Patía, en el sur del departamento del Cauca. El ataque ocurrió hacia las 11:50 a.m., en la entrada vial al sector Los Hubos, del corregimiento Piedra Sentada, donde hombres armados interceptaron el automotor y activaron un artefacto explosivo improvisado al paso del vehículo.De acuerdo con información preliminar, unidades de la Policía que se desplazaban desde el Bordo Patía llegaron al lugar tras recibir el reporte del asalto. Sin embargo, al arribar a la zona, habrían sido recibidas con disparos por parte de los atacantes, lo que generó un intercambio armado en medio de la emergencia.En medio de la situación fue asesinado un conductor de carga pesada que transitaba por el sector, convirtiéndose en la víctima mortal del hecho. Las circunstancias exactas de su muerte aún son materia de verificación por parte de las autoridades.Tras cometer el hurto, los responsables escaparon por vías terciarias hacia el sector conocido como Los Hubos, aprovechando la compleja geografía de la zona. Organismos de seguridad adelantan operativos para dar con su paradero.Según fuentes, en esta región tiene injerencia el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias Iván Mordisco.
Un informe de inteligencia advierte que, en lo corrido de 2026, ya se registran 25 ataques con drones cargados con explosivos en Colombia, confirmando que esta modalidad sigue en expansión en zonas con presencia de grupos armados ilegales. El último ataque por parte del ELN, que dejó dos militares heridos, se registró en Tarazá, en el Bajo Cauca Antioqueño.Otro ataque, apenas un día antes, se registró el en zona rural entre Jamundí y Guachené, en el Valle del Cauca, y fue atribuido a las disidencias de las Farc. La cifra se suma al crecimiento sostenido de este tipo de acciones desde 2024, que a la fecha tiene una cifra alarmante.En el consolidado 2024–2026, el informe contabiliza 419 ataques con drones explosivos, con una frecuencia aproximada de un ataque cada día y cuatro horas. El impacto acumulado deja 330 afectaciones entre civiles y uniformados, incluidos muertos y heridos. Solo en 2026, en lo que va del año, un militar y un policía han sido asesinados y 26 militares resultaron heridos.La tendencia evidencia la rápida adaptación tecnológica de los grupos ilegales, que emplean drones para lanzar granadas o artefactos improvisados contra tropas y zonas pobladas, especialmente en el suroccidente del país. Contra estos ataques, la Fuerza Pública poco ha podido hacer, teniendo en cuenta que sus dispositivos antidrones quedan rezagados ante los que usan los criminales, por eso, el Ministerio de Defensa anunció el Proyecto del Escudo Nacional Antidrones.Las cifras reflejan que, pese a los operativos militares, el 2026 comenzó con esta amenaza vigente, lo que mantiene en alerta a las autoridades frente a un tipo de ataque cada vez más frecuente y difícil de neutralizar.