La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su preocupación ante la crisis de reincidencia y los bajos índices de judicialización efectiva en las principales ciudades de Colombia durante 2025. Según el gremio, a pesar de las 104.858 capturas realizadas por la Policía Nacional en las capitales, la gran mayoría de los detenidos recupera la libertad de forma inmediata, lo que debilita la seguridad urbana.Cifras de capturas en ciudades capitales de ColombiaDurante el último año, el esfuerzo operativo de las autoridades locales se concentró en los grandes núcleos urbanos. Bogotá lideró la estadística con 34.270 capturas, seguida por Medellín con 12.222 y Cali con 6.889 registros. Otras ciudades con alta actividad policial fueron Cartagena (5.523), Barranquilla (5.262) y Villavicencio (4.973).Sin embargo, el volumen de detenciones contrasta con la baja tasa de aseguramiento. En Bogotá, el 94 % de las personas capturadas en flagrancia quedaron en libertad, mientras que en Barranquilla la cifra alcanzó el 80 %. Este fenómeno, según la asociación, genera un ciclo de reincidencia que impacta directamente en la confianza ciudadana y en la inversión de recursos locales.Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, señaló que existe un desafío estructural en la articulación entre el esfuerzo policial y las decisiones de los jueces. "Las ciudades están invirtiendo recursos significativos en seguridad, tecnología y pie de fuerza", afirmó Santamaría, advirtiendo que la liberación masiva de capturados genera una "percepción de impunidad" y desmotivación institucional.Para el directivo, garantizar condiciones de seguridad efectivas no es solo una prioridad territorial, sino un asunto "estratégico para la estabilidad nacional", dada la concentración económica y social en las capitales.Ante este panorama, el gremio hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, la Fiscalía y las altas cortes para revisar los criterios de reincidencia y fortalecer la judicialización. Entre las peticiones destacan la necesidad de realizar ajustes normativos que permitan mayor coherencia entre la captura y la medida de aseguramiento, además de priorizar los delitos de alto impacto en contextos urbanos.
El Gobierno Nacional, mediante resolución presidencial, ha formalizado la creación de una Zona de Ubicación Temporal (SUT) en el municipio de Valle del Huamués, departamento de Putumayo, destinada al tránsito a la vida civil de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Este grupo, descrito como una disidencia que se separó de la Segunda Marquetalia a finales de 2024, tendrá un plazo inicial de 10 meses para completar este proceso.El magistrado y negociador del Gobierno, Armando Novoa, explicó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que este espacio es fundamental para materializar los avances logrados en la mesa de diálogos, que incluyen la destrucción previa de 15 toneladas de explosivos y una reducción de homicidios en Nariño y Putumayo. Según Novoa, el ingreso a la zona tiene reglas estrictas: “Las armas se dejan al momento de ingresar. Esas armas se entregan a un mecanismo de monitoreo y verificación que procederá a la destrucción inmediata de las mismas”.El funcionario fue enfático en que este lugar no debe confundirse con modelos de negociación del pasado. “No habrá ni zonas de despeje ni lugares ocupados por estos grupos en armas. Los miembros de la coordinadora entrarán sin armas, sin uniformes y no será una zona de impunidad”, aseguró Novoa, aclarando que la suspensión de órdenes de captura solo se mantiene si no se cometen nuevos delitos.La zona de ubicación se establecerá en una finca de propiedad privada, por la cual el Estado pagará un contrato de arrendamiento. La seguridad externa estará a cargo de la Fuerza Pública, mientras que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA será el ente encargado de verificar la entrega y destrucción del armamento.En esta fase inicial, se espera el ingreso de 200 integrantes de la estructura, repartidos equitativamente: 100 en Putumayo y 100 en una zona similar que se creará próximamente en el departamento de Nariño. Aunque inteligencia militar estima que el grupo cuenta con unos 2.000 miembros (incluyendo redes de apoyo), este primer paso es considerado por el Gobierno como la "noticia del día" para la paz en la región.Finalmente, ante la cercanía de las elecciones del 8 de marzo, Novoa destacó la firma del Acuerdo número 13, mediante el cual el grupo armado se compromete a no afectar el proceso democrático ni el proselitismo electoral. “El grupo armado no afectará el proceso electoral, permitirá la libre circulación de candidatos y el proselitismo. Facilitará que el proceso electoral pueda desarrollarse de manera libre”, afirmó el negociador.Escuche la entrevista aquí:
La Registraduría informó que debido a los hostigamientos de los grupos armados contra el comando de Policía de Río de Oro, Cesar, se tuvo que suspender el proceso de capacitación de jurado de votación.“La Alcaldía Municipal de Río de Oro ordenó a la comunidad suspender cualquier actividad y resguardarse en sus hogares. Además, el Comando de Policía de este municipio está ubicado muy cerca del recinto donde se adelantan las jornadas de capacitación a los jurados de votación”, explicó la Registraduría.En este momento las autoridades evalúan la posibilidad de citar a una reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento Electoral Municipal, para evaluar las medidas que se deben tomar para garantizar el desarrollo de la jornada electoral del próximo 8 de marzo.“Es de señalar que, hasta que no estén dadas todas las garantías de seguridad, la Registraduría Nacional del Estado Civil no podrá asegurar el desarrollo de las jornadas de capacitación a los jurados de votación”, agrega la Registraduría.
Un hombre en Montenegro, Quindío, en medio de una discusión con una mujer, agredió a un perro de raza pequeña. El hecho quedó grabado en video y se evidencia en las imágenes que le propinó una fuerte patada que generó el lamento del animal. Sobre este hecho de agresión, el alcalde de Montenegro, Quindío, Gustavo Pava, confirmó la muerte del perro y la búsqueda del agresor."Un hombre agrede a un perro, el cual posteriormente muere. Por lo sucedido, le dimos instrucciones a nuestro comandante de estación y a nuestro secretario de Gobierno para que tomen las medidas y hagan un llamado a la Fiscalía para que esta persona pague lo que hizo. En Montenegro se deben de espetar los animales, se deben proteger".Fuentes del municipio de Montenegro, Quindío, indicaron que el presunto agresor ya está ubicado y se espera la orden de captura emitida por un juzgado para iniciar su proceso.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 26 de febrero de 2026:El dólar cerró por encima de los $3.760, con un alza cercana a $40 frente a la TRM.Las plataformas digitales de Bancolombia ya operan con normalidad tras las fallas del servicio.Grave ataque en Segovia: un dron con explosivos dejó cinco muertos, entre ellos dos menores.Crece la polémica por el decreto firmado por el Gobierno Nacional.Escuche el programa completo aquí:
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 26 de febrero de 2026:Armando Wouriyu, vocero del comité de firmas de la constituyente, habló sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente del presidente Gustavo Petro.David Adler, coordinador de la Internacional Progresista, se refirió de la iniciativa para llevar ayuda humanitaria a Cuba.Claudia López, candidata presidencial, habló de los resultados de la encuesta Invamer.Escuche el programa completo aquí:
Luego de las afirmaciones hechas por el presidente Gustavo Petro en contra del operador logístico de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo (Unión Temporal ILE 2026), especialmente del Grupo ASD (Asesoría en Sistematización de Datos S.A.S.) que hasta finales de enero hacía parte de esta unión temporal y estaba a cargo del sistema de transmisión telefónica de los resultados del preconteo (TREP), la firma decidió pronunciarse mediante un comunicado.Frente a las versiones de que esta firma estaba denunciada por presunto fraude en el marco de las elecciones presidenciales de Honduras de finales de 2025, ASD aseguró que no tiene investigaciones en curso ni sanciones relacionadas con el proceso electoral del país centroamericano ni con ningún otro proceso en el que haya participado, y calificó como “infundadas” las afirmaciones que señalan lo contrario.“Grupo ASD S.A.S. desplegó en la República de Honduras una plataforma tecnológica diseñada y operada bajo los más exigentes estándares internacionales de seguridad de la información. Dicha plataforma garantizó en todo momento la trazabilidad en tiempo real de los datos electorales, la integridad de cada transacción registrada y la custodia inviolable de la información a lo largo de todo el proceso (...) El proceso electoral en Honduras no registró fraude tecnológico alguno: la evidencia técnica, los registros de auditoría y la declaratoria oficial de los resultados así lo acreditan de manera inequívoca”, se puede leer en el documento.La compañía afirmó también que es una empresa plenamente independiente y que no tiene relación accionaria, de subordinación, control societario ni vínculo de filial o matriz con Thomas Greg & Sons S.A. Señaló que sostener lo contrario constituye una falsedad que distorsiona su realidad jurídica y comercial.Sobre la cesión de su posición contractual en la Unión Temporal ILE, ASD explicó que se trató de una decisión soberana de gestión corporativa, adoptada en ejercicio de su autonomía empresarial y orientada a fortalecer las garantías institucionales del proceso. Precisó que dicha cesión no implica reconocimiento de responsabilidad ni admisión de irregularidad alguna. Destacó que su trayectoria de más de tres décadas en operación electoral respalda la solidez de su actuar.Finalmente, ASD reiteró su respeto por la labor de los medios de comunicación, expresó su confianza en la verificación rigurosa de la información y reafirmó su compromiso con la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho. Indicó que continuará operando con seriedad y rigor técnico, confiando en que la verdad prevalecerá sobre cualquier campaña de desinformación.
A pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud emitieron una circular conjunta con directrices para prevenir posibles brotes de sarampión en Colombia, ante el aumento de casos en varios países del continente.La decisión se da luego de que la Organización Panamericana de la Salud advirtiera sobre un crecimiento sostenido de contagios en la región durante 2025 y 2026. Según el reporte, se han registrado más de 14.800 casos y 29 muertes en América, incluidos fallecimientos en población indígena. Entre los países con mayor número de contagios aparecen Canadá, México, Estados Unidos y Brasil.De hecho, Canadá perdió en noviembre de 2025 su estatus de país libre de transmisión endémica de sarampión, luego de mantener circulación del mismo genotipo del virus durante un año.El Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de los tres países anfitriones, movilizará a millones de viajeros. Por eso, las autoridades colombianas pidieron a gobernaciones, alcaldías, EPS y demás entidades del sistema de salud reforzar la vacunación, especialmente con la triple viral (sarampión, rubéola y paperas), y verificar esquemas completos en viajeros.La recomendación es clara: cualquier persona desde los seis meses de edad que no tenga prueba de vacunación o inmunidad debe aplicarse la dosis al menos dos semanas antes de viajar a zonas con transmisión activa.El Ministerio también pidió fortalecer la vigilancia epidemiológica, informar a la ciudadanía sobre síntomas como fiebre alta, erupción en la piel, tos, congestión nasal y ojos rojos, y activar planes de respuesta antes, durante y después del evento deportivo.La evaluación de riesgo realizada en febrero por la autoridad sanitaria regional concluyó que la probabilidad de propagación del sarampión en América es muy alta, debido a brotes activos, casos importados y baja cobertura de vacunación en algunos grupos
Después del partido entre Santa Fe y Atlético Nacional, disputado anoche y que terminó 2-1 a favor del equipo antioqueño, surgió una nueva polémica por una carta enviada por Luis Eduardo Méndez Bustos, presidente de Independiente Santa Fe, a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.La carta de Santa Fe sobre los árbitrosSe trata de una comunicación en la que Santa Fe solicita que se remita “urgentemente a la FIFA y al señor Gianni Infantino el perfil del árbitro designado, al igual que la terna VAR” del partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la quinta fecha de la Liga. El documento señala, en tono irónico, que estos jueces podrían ser tenidos en cuenta incluso “para dirigir la final” de la próxima Copa del Mundo.Además, el club afirma que asume que “el VAR de ayer tendrá las mismas consecuencias que el VAR que participó en el partido Llaneros vs. Medellín”.El texto también incluye un comentario sarcástico en el que se señala que, si estos árbitros son considerados para el Mundial, tendrían que ser citados con un mes de anticipación, lo que impediría que la Liga colombiana pudiera contar con ellos durante ese periodo.La carta, que se ha vuelto viral y ha sido replicada por varias voces del fútbol colombiano, tiene un claro tono irónico. Luis Eduardo Méndez recurre a este recurso para expresar su inconformidad con el arbitraje del partido y manifestar su protesta ante la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.El comunicado no menciona por nombre a los árbitros del encuentro, sino que se refiere de manera general al árbitro central y a la terna del VAR.Santa Fe jugó por la quinta fecha de la Liga BetPlay ante Atlético Nacional en un partido que había sido aplazado. Actualmente, el equipo es duodécimo en la tabla de posiciones con diez puntos. Su próximo partido será el 5 de marzo frente a Deportes Tolima en Ibagué.
Un operativo militar terminó en tragedia en el corregimiento de Itabe, municipio de Páez, en el departamento del Cauca, luego de que una asonada se desatara tras la captura en flagrancia de un hombre señalado de ser integrante de las disidencias de las Farc.Según la información oficial, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 y del Grupo de Caballería Liviana N.° 11 detuvieron al hombre en la mañana, luego de hallarle material explosivo en su poder. Durante el procedimiento, varias personas se congregaron en el lugar con la intención de obstaculizar la acción y evitar que el capturado fuera trasladado por las autoridades.Ante la tensión en la zona y con el fin de evitar enfrentamientos, los uniformados iniciaron un repliegue a bordo de vehículos militares, uno de ellos blindado. Sin embargo, en medio del desplazamiento se produjo el desprendimiento de un tramo de la vía, lo que ocasionó un accidente en el que se vio involucrado uno de los automotores oficiales.En el siniestro perdió la vida el subteniente César Alberto Sierra Mercado, quien se movilizaba en el vehículo afectado.Los heridos, quienes fueron evacuados por personal médico y bomberos de Paicol, fueron trasladados al Hospital San Antonio de Padua, en el municipio de La Plata, donde reciben atención médica especializada.“El día de hoy, en horas de la mañana, fueron trasladados a la institución varios heridos pertenecientes al Ejército Nacional. En total ingresaron 15 soldados: 14 heridos y uno fallecido. De los 14 lesionados, cuatro ya fueron dados de alta y 10 permanecen en observación médica”, confirmó el doctor José Antonio Muñoz, gerente del Hospital San Antonio de Padua de La Plata.Señaló además que, entre los traumas observados en los soldados que aún permanecen hospitalizados, se encuentran fractura de clavícula, heridas en la cabeza, traumatismos múltiples en miembros inferiores, trauma toracoabdominal, contusiones de tórax y contusiones de rodilla.
Hoy en la Registraduría se inscribió el empresario Santiago Botero como candidato presidencial para la primera vuelta de las elecciones. Su fórmula a la vicepresidencia será Carlos Fernando Cuevas.“Hoy no solo nos inscribimos, hoy iniciamos la batalla formal contra la impunidad que tiene secuestrado este país. Nuestra lucha es por justicia social real: balín para los bandidos, oportunidades para los trabajadores y dignidad para los 27 millones de colombianos que el sistema olvidó”, afirmó Botero.Por su parte, Carlos Fernando Cuevas hizo campaña por el “No” al plebiscito en su universidad y ha sido asesor de diferentes políticos. Anteriormente integró la campaña presidencial de Rodolfo Hernández, donde fue coordinador nacional electoral.Es importante recordar que ya otros candidatos se han inscrito a la primera vuelta de las elecciones a la presidencia, es el caso de la senadora Clara López y del exministro TIC Mauricio Lizcano. El próximo 8 de marzo se harán las consultas interpartidistas y ahí también se definirán otros candidatos a la presidencia.Otros candidatos que irán a la primera vuelta son Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo, Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Maurice Armitage, Miguel Uribe Londoño y Abelardo de la Espriella.
El Gobierno nacional está construyendo el decreto de orden público con las medidas que se implementarán para garantizar la seguridad durante las elecciones legislativas del 8 de marzo, día en el cual los colombianos elegirán a sus congresistas para el periodo 2026-2030, además, ese día se harán las consultas interpartidistas.Entre las medidas que tomará el Gobierno está la ley seca desde el 7 de marzo y el cierre de fronteras."La ley seca desde el 7 de marzo a las 6 p.m. hasta el lunes 9 de marzo a las 6 a.m. Cierran las fronteras el 7 de marzo. Yo he propuesto que sea a las 12 p.m. pero hay que estudiar porque si se hace desde las 6 p.m. como siempre se ha hecho, todas las personas de la frontera me dicen que se afecta muchísimo el comercio hasta el lunes 9 de marzo 6 a.m", dijo el ministro del interior, Armando Benedetti.Por otro lado, el Gobierno convocó para el 4 de marzo en Bogotá a última comisión de seguimiento electoral."Al mismo tiempo el PMU de las elecciones internacionales o en el exterior empiezan desde el lunes desde el domingo al mediodía. Estaremos con el señor Procurador y el señor Registrador o sus delegados para juntar el PMU. Nosotros lo vamos a hacer desde el jueves o el viernes vamos a juntarlos también", explicó Benedetti.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará a Chicago el próximo 7 de marzo para asistir al funeral del reverendo Jesse Jackson, activista por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, fallecido hace diez días a los 84 años."Iré a Chicago este 7 de marzo al funeral del reverendo Jessie (sic) Jackson, excandidato presidencial, gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos", afirmó el mandatario en X sobre este viaje, en vísperas de las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia.El mandatario no explicó cómo viajará a Chicago, ya que el Gobierno estadounidense le retiró el visado en septiembre pasado y este mes le expidió un permiso de cinco días para que pudiera asistir a la reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, que tuvo lugar el 3 de febrero en la Casa Blanca.Petro destacó su cercanía con el congresista demócrata Gregory Meeks, aliado político de Jackson y actual representante por el estado de Nueva York, a quien calificó como su "amigo y compañero en varias luchas comunes", y a quien conoció hace más de diez años por presentación del excanciller colombiano Luis Gilberto Murillo.En su mensaje, el presidente también felicitó al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, por su trabajo en la reconstrucción de apoyos a comunidades étnicas y en el fortalecimiento de las relaciones con aliados en el Congreso estadounidense.Jackson (1941-2026), quien fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. y dos veces candidato a la Presidencia de Estados Unidos, murió el 17 de febrero tras sufrir una enfermedad neurodegenerativa conocida como parálisis supranuclear progresiva (PSP).Las honras fúnebres comenzaron esta semana en Chicago con actos públicos organizados por su familia y su organización Rainbow PUSH Coalition, y continuarán en Carolina del Sur y Washington antes del funeral principal previsto en esa ciudad del estado de Illinois.
La decisión fue adoptada debido a una deuda que, según la gerencia del hospital, supera los 7.500 millones de pesos. El gerente, Willintong Arriaga, explicó que, pese a los acercamientos y acuerdos con el nuevo interventor de la EPS, hasta el momento no han recibido una solución concreta.“A los usuarios les pedimos disculpas, pero también que se pongan en nuestros zapatos. Debemos pagar salarios, comprar medicamentos, combustible y cubrir remisiones. Un traslado de Solano a Florencia puede costar alrededor de cinco millones de pesos. Si no contamos con gasolina, no podemos movilizar las ambulancias”, manifestó el directivo.De acuerdo con Arriaga, hace aproximadamente diez días Asmetsalud habría realizado pagos a otras entidades de salud del departamento, pero no a la ESE Fabio Jaramillo, lo que obligó a suspender la atención regular y mantener únicamente el servicio de urgencias.La situación ha encendido las alertas en el ámbito departamental. El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, aseguró que la deuda de las EPS intervenidas con la red pública y privada del departamento continúa en aumento.“Se suponía que con la intervención la deuda iba a disminuir, pero ocurre lo contrario. Hoy estamos hablando de casi medio billón de pesos que estas EPS le adeudan a la red de salud del Caquetá”, indicó el mandatario.Aunque la crisis del sistema de salud se presenta a nivel nacional, las autoridades locales esperan que se adopten medidas urgentes que permitan garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y evitar afectaciones mayores a los usuarios.
El secuestro de 18 militares del Ejército en un resguardo indígena del Chocó dejó en evidencia la compleja relación entre algunas comunidades y la Fuerza Pública en esta zona del país. Los uniformados fueron retenidos el pasado domingo cuando realizaban una operación contra el ELN, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien calificó lo ocurrido como un “secuestro” y aseguró que los soldados fueron rodeados por más de 200 personas y trasladados por la fuerza hasta un resguardo indígena.Ante este hecho, el general William Caicedo, comandante de la Brigada 15 del Ejército, entregó detalles de lo ocurrido y confirmó que los militares se encuentran con vida. “Básicamente sabemos que están bien. Hemos tenido contacto con la comunidad indígena directamente con el suboficial comandante de la unidad”, explicó el oficial.Comunidades indígenas impidieron operación militar en ChocóSegún lo revelado por el general Caicedo en entrevista con Mañanas Blu, la retención ocurrió cuando una unidad se encontraba en el resguardo La Puria, perteneciente a la comunidad indígena de Río Claro, en el municipio de Carmen de Atrato. “Fueron rodeados por aproximadamente entre 200 y 220 personas y, bajo presión, llevados hasta la escuela de la comunidad indígena, lugar donde se encuentran desde el día anterior”, señaló.Así mismo, Caicedo reiteró que el Ejército no requiere autorización para operar en el territorio nacional. “Usualmente nosotros hacemos las operaciones militares en todo el territorio nacional sin necesidad de autorización alguna”, afirmó. No obstante, reconoció que en varios casos se busca concertar el ingreso con las comunidades, algo que en esta ocasión no fue posible debido a la presencia del ELN en la zona.Ejército señala presencia activa del ELN en la zonaEl objetivo del operativo era una estructura del ELN que, de acuerdo con el Ejército, continúa operando en el área. “Había una estructura del ELN que aún permanece allí, de aproximadamente 16 hombres en armas, con alias Ramiro, cabecilla de comisión, el tercero del Frente Manuel Hernández El Boche”, explicó Caicedo. Según el oficial, este grupo estaría vinculado a extorsiones, quema de vehículos y constreñimientos armados en vías del Chocó.Para el general, la actuación de algunos integrantes de la comunidad resulta contradictoria. “No debería ser así, es todo lo contrario. Deberían capturar, si tienen una guardia indígena, a los miembros de cualquier estructura armada ilegal, porque la legalidad es lo que debe prevalecer”, sostuvo.Caicedo advirtió además que las comunidades estarían siendo instrumentalizadas por el ELN. Recordó que en operaciones recientes se han registrado capturas y muertes en combate, incluso de integrantes de comunidades indígenas. “Sí están siendo instrumentalizados. También se está presentando mucho el delito de reclutamiento ilegal de menores”, denunció.Sobre el armamento de los soldados retenidos, el general aclaró que permanece bajo control militar. “El armamento estaba ubicado a un lado de donde estaban ellos, pero el control lo tenía la unidad”, dijo, explicando que la decisión de desarmarse se tomó para evitar una tragedia. “Eran 500 indígenas contra 18 soldados”, agregó.Mientras avanzan las gestiones de la Gobernación, la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo para lograr la liberación, el Ejército insistió en que no suspenderá sus operaciones. “No vamos a frenar, las operaciones se van a seguir desarrollando”, advirtió Caicedo, quien concluyó con una reflexión: “Cuando se piden garantías de seguridad, pero no se permite que la Fuerza Pública se desplace, se abre el camino para que los grupos armados ilegales ingresen al territorio”.
En una operación coordinada entre la Dijin de la Policía y la Fiscalía, se ejecutaron de manera simultánea siete intervenciones de extinción de dominio que permitieron a las autoridades afectar un total de 431 bienes vinculados a redes de narcotráfico, delincuencia organizada, minería ilegal y grupos armados.Las acciones, que se llevaron a cabo en Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander, Antioquia y Bolívar, llegaron hasta los bienes obtenidos a través de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir y explotación ilícita de yacimientos mineros. El avalúo total de los inmuebles, entre los que se encuentran vehículos, sociedades, animales y activos financieros, supera los $445.115 millones de pesos.Uno de los golpes más significativos se registró en Medellín y varios municipios de Antioquia, donde las autoridades impusieron medidas cautelares sobre un hotel, apartamentos, establecimientos comerciales, vehículos, sociedades, títulos valores y más de 200 semovientes, por un valor cercano a los $375.000 millones. Estos bienes pertenecían a la red de alias ‘Horqueta’, cabecilla del Frente Capitán Mauricio del ELN, señalada de financiarse mediante la explotación ilegal de oro con maquinaria amarilla amparada en sociedades mineras.En Urabá y el Valle de Aburrá también fue afectada la estructura financiera de alias 'Cholo Banano', narcotraficante de cuarta generación al servicio del Clan del Golfo. En total, 81 bienes, entre lotes, casas, apartamentos, cuentas bancarias y vehículos, fueron ocupados con fines de extinción de dominio, con un avalúo de más de $23.000 millones.La operación se extendió a Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander y Nariño, donde fueron ocupados bienes pertenecientes a alias ‘Marlon’ y ‘Gerson’, cabecillas del Estado Mayor Central de las disidencias. Las investigaciones revelaron que varias de estas propiedades funcionaban como laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, cultivos ilícitos, depósitos de armamento y centros logísticos para la expansión criminal.En Pereira, Risaralda, las autoridades golpearon el patrimonio del Grupo Delictivo Organizado Cordillera. Cinco bienes avaluados en más de $5.400 millones, pertenecientes al núcleo familiar de alias ‘Viejo’, ‘May’ o ‘Lalo’, fueron sometidos a medidas cautelares. Según las pesquisas, esta red obtenía estupefacientes en Cauca y Valle del Cauca, los trasladaba a Pereira y los distribuía al menudeo cerca de colegios y zonas comerciales.La ofensiva también alcanzó esquemas de lavado de activos con alcance internacional. En Valle del Cauca y Quindío fueron extinguidos 12 bienes vinculados a la organización liderada por alias ‘Valentina’, señalada de operar un sistema transnacional de recolección de divisas en Estados Unidos y depósitos fraccionados para evadir controles bancarios, modalidad conocida como ‘pitufeo’.En Antioquia y Cartagena, Bolívar, fueron afectados 19 bienes asociados a alias ‘Lindolfo’ y ‘Diego Chamizo’, cabecillas de la Oficina de Envigado. Esta estructura, según las autoridades, ejerce control sobre cerca del 65 % de los combos delincuenciales de Medellín, incluidos grupos como ‘Los Chatas’, ‘Caicedo’ y ‘La Terraza’.Finalmente, en el municipio de El Dovio, Valle del Cauca, fue impactado el aparato financiero del Comando de Frontera, disidencia del GAO-r. Un total de 37 bienes, avaluados en más de $13.600 millones, pertenecientes a alias ‘Flaco Alberto’ y su núcleo familiar, eran utilizados para el procesamiento de drogas, cultivos de coca y ocultamiento de armamento, en una zona estratégica que conecta con corredores del narcotráfico hacia el Pacífico.
En las próximas horas podrían ser liberados los 18 militares del Ejército Nacional que permanecen secuestrados en el municipio de Carmen del Atrato, Chocó, tras una serie de tensiones entre las comunidades indígenas del resguardo La Puria y la fuerza pública.El hecho se registró el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una unidad del Ejército adelantaba operaciones de vigilancia y control territorial en una zona de fuerte presencia del ELN. De acuerdo con la información oficial, cerca de 200 personas rodearon al grupo de soldados y los trasladaron por la fuerza hasta el resguardo indígena, impidiéndoles continuar su misión constitucional.La Defensoría del Pueblo confirmó que acompañará una misión humanitaria con el objetivo de garantizar el retorno seguro de los uniformados a sus hogares y a su unidad militar. Según la entidad, la situación fue comunicada por la Gobernación del Chocó, que activó los canales institucionales para promover una solución pacífica.Aunque no se ha reportado violencia contra los secuestrados, el Ejército Nacional calificó la acción como una vulneración de la libertad y la integridad personal de sus hombres. Las comunidades, por su parte, habrían solicitado la presencia de organismos del Estado y expresaron su inconformidad con las operaciones militares en su territorio, lo que refleja la compleja relación entre las autoridades y los pueblos étnicos en esta región del país.El departamento del Chocó sigue siendo uno de los más golpeados por el conflicto armado y la ausencia estatal. En esta zona confluyen grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que disputan el control de los corredores estratégicos del Pacífico y del occidente antioqueño. Esta realidad ha incrementado la tensión social y la percepción de riesgo entre las comunidades indígenas y afrodescendientes.La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de proteger los derechos humanos tanto de los soldados como de las comunidades, y aseguró que continuará acompañando las gestiones para lograr la liberación de los 18 militares y fortalecer los espacios de diálogo que eviten nuevas crisis humanitarias en el territorio.
El caso de Zulma Guzmán sigue dando de qué hablar y genera preocupación sobre lo que depara el futuro judicial de la mujer señalada como presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, hechos que además dejaron a otros dos jóvenes gravemente afectados, todos en el norte de la ciudad.Aunque en un inicio la mujer había afirmado que no estaba huyendo de las autoridades y que se encontraba en un viaje de negocios en Argentina, recientemente fue detenida en el Reino Unido. La captura se produjo luego de que se activara una alerta roja de Interpol y de que Guzmán fuera identificada, presuntamente, con intenciones de quitarse la vida en el río Támesis, en Londres.Según lo revelado oficialmente, Guzmán fue localizada por las autoridades británicas tras un rastreo internacional que permitió establecer que salió de Colombia y se movilizó por varios países. La Fiscalía había señalado que la mujer viajó a Argentina, Brasil, España y, finalmente, al Reino Unido, país al que llegó en noviembre. Desde entonces, la Agencia Nacional del Crimen británica se mantenía en la búsqueda de su paradero.Relacionan a Zulma Guzmán con otros presuntos casos de envenenamientoEl proceso judicial dio un nuevo giro tras relacionar a Zulma Guzmán con la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas. Oficialmente, Graham murió por cáncer, pero en su organismo se habrían encontrado rastros de talio.De acuerdo con lo que se ha conocido, Graham habría sido envenenada en dos oportunidades con esta sustancia, pese a que el dictamen médico señaló cáncer como causa de muerte. Ante este escenario, los investigadores buscan establecer cómo llegó el químico al entorno familiar en plena pandemia, cuando la familia se encontraba aislada en fincas ubicadas en Sutatausa y Ubaté, en Cundinamarca, zonas a las que no llegan servicios de domicilio.En una entrevista con Focus Noticias, Zulma Guzmán aseguró que las frambuesas hacen parte de su dieta regular. Además, señaló a la familia De Bedout al afirmar que varios caballos de polo, propiedad de Juan de Bedout, habrían sido envenenados con talio en un club.Esta información encendió las alertas de la Fiscalía, pues se trata de un dato que sugiere que Guzmán conocía los efectos de este tipo de sustancias, lo que abre la puerta a una investigación más amplia sobre posibles envenenamientos reiterados.Zulma Guzmán y su situación de salud mental en Reino UnidoMientras la investigación avanza, y tras su detención en el Reino Unido, Zulma Guzmán permanece bajo un régimen de salud mental. La mujer aseguró padecer problemas psicológicos, condición que, le impediría enfrentar de manera inmediata los cargos en su contra por el presunto doble homicidio.Este régimen también permite que el proceso de extradición sea suspendido de forma temporal, mientras las autoridades evalúan el estado de salud mental actual de Guzmán y determinan si está en condiciones de responder ante la justicia colombiana.
Ana Livia Guetio, líder indígena y candidata a la Cámara por las circunscripciones especiales de paz (Curules de Paz), rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de haber sido secuestrada durante 17 horas en el municipio de El Tambo, Cauca. En un relato estremecedor, la lideresa detalló las razones detrás de su retención y denunció la crítica situación de seguridad que enfrentan las mujeres que aspiran a cargos de elección popular en territorios de conflicto.“Principalmente me manifiestan que en la zona donde yo estaba, al parecer, no se permite la participación de políticos, porque han entrado muchos solamente por el voto de las comunidades y no vuelven más”, explicó la candidata.Los captores le expresaron un profundo descontento hacia los políticos tradicionales, a quienes acusan de buscar votos cada cuatro años para luego dejar a las comunidades en el olvido, sin carreteras ni servicios básicos. Le puede interesar: UNP confirma que candidata Ana Guetio ya apareció y que su vehículo fue robadoGuetio intentó explicarles que las Curules de Paz no representan a partidos tradicionales, sino a organizaciones de víctimas, pero notó un gran desconocimiento de la Ley 1448 (Ley de Víctimas) y de la naturaleza de estas circunscripciones especiales."Se está vulnerando los derechos a la misma ley de víctimas y están vulnerando el conocimiento al derecho de la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado", dijo la líder indígena. Por otro lado, Guetio señaló que existe una fuerte resistencia y "celos políticos" cuando una mujer encabeza listas de votación, como es su caso en el Cauca. “Cuando ven una mujer que quiere participar en la política, en su mayoría de veces hemos sido más afectadas con estas persecuciones”, afirmó, tras mencionar que ha recibido constantes amenazas en el pasadoRescatada por la Guardia IndígenaLa liberación de Ana Guetio no fue producto de operativos estatales, sino de la presión y acción directa de su comunidad. “Esta liberación más que todo lo hizo la Guardia Indígena. Dicen que fue la Policía, que fue el Ejército, pero no; con la única persona que yo me encontré fue con la guardia”, sentenció la candidata.Escuche la entrevista:
La liberación del candidato al Senado por el Partido Conservador, Andrés Vásquez, tras permanecer 36 horas retenido en el municipio de Pelaya, Cesar, ha generado una fuerte controversia nacional. En entrevista concedida a Mañanas Blu, el aspirante aseguró que sus captores le exigieron frenar las denuncias públicas que viene realizando contra la organización Sayco Acinpro, entidad encargada del recaudo de derechos de autor en Colombia.Las declaraciones del candidato desataron una inmediata reacción de la Organización Sayco - Acinpro (OSA), que a través de un comunicado oficial rechazó de manera categórica cualquier vinculación con los hechos y anunció que pedirá una investigación exhaustiva.El relato de la retención en PelayaSegún narró Vásquez, el hecho ocurrió a las 5:10 de la mañana cuando salía de su vivienda con destino a una emisora local. “Prendí el carro y se me acercó una persona, me colocó un arma y me dijo: ‘no te voy a asesinar, súbete en la moto que vamos a hablar algo contigo y te traemos’”, relató en la entrevista radial.El candidato aseguró que fue trasladado a una vivienda dentro del mismo municipio, donde permaneció con los ojos vendados y sentado en una silla durante toda la retención. “Fueron 36 horas que me mantuvieron ahí retenido. Pasé toda la noche en una silla”, afirmó.De acuerdo con su testimonio, los captores le indicaron que el acto tenía un carácter “preventivo” y que el objetivo era enviarle un mensaje directo: “Me manifestaron que no querían que yo siguiera con las denuncias contra la empresa privada Sayco y Acinpro”.Vásquez fue enfático al reiterar que esa fue la motivación expresada por quienes lo retuvieron: “Los secuestradores me dijeron que me tenían retenido por un tema preventivo y que no querían que yo siguiera las denuncias contra Sayco y Acinpro en Colombia. Es correcto y lo ratifico”.Denuncias contra Sayco Acinpro y proyecto de leyEl aspirante al Senado ha sido un crítico recurrente del modelo de recaudo de derechos de autor en Colombia. En la entrevista explicó que desde hace una década asesora a comerciantes frente al pago de tarifas, las cuales considera “arbitrarias”.“Esta empresa privada ha venido atropellando a los comerciantes de Colombia, imponiéndoles tarifas totalmente arbitrarias”, sostuvo, agregando que la Superintendencia de Industria y Comercio habría impuesto sanciones recientes a la organización.Además, vinculó el episodio con el debate legislativo del Proyecto de Ley 258, que según indicó busca convertir en obligación legal el pago a estas entidades recaudadoras. “El principal objetivo de ellos es que en estos momentos hay un proyecto de ley en el Congreso para que sea una obligación pagarles por ley. A eso le tienen miedo, que yo llegue al Senado y exponga los argumentos jurídicos”, manifestó.Cuando fue cuestionado sobre la responsabilidad de señalar indirectamente a una organización como Sayco Acinpro en un hecho criminal, Vásquez aclaró: “Yo no lo estoy vinculando. Usted me pregunta qué me dijeron los captores. Ellos manifestaron que me retenían para que dejara las acusaciones contra la empresa privada”.Sin embargo, también anunció que interpondrá una denuncia pública contra Rafael Manjarres, compositor y presidente de Sayco, por declaraciones que, según él, lo señalarían de actuar ilegalmente en el negocio de asesoría sobre derechos de autor.Sayco Acinpro rechaza insinuacionesEn respuesta a las declaraciones del candidato, la Organización Sayco - Acinpro emitió un boletín fechado el 27 de febrero de 2026 en el que “registra como hecho positivo el regreso del señor Andrés Vásquez” y recalca que la libertad es un valor superior en el Estado Social de Derecho.No obstante, la entidad fue contundente en rechazar cualquier insinuación que la vincule con la retención. En el comunicado, la organización “recrimina la insinuación capciosa que hace el mencionado señor, referenciando a nuestra institución, lo cual rechazamos de plano”.Conunicado de Sayco AcinproSAYCO - ACINPRO REGISTRA POSITIVA LIBERACIÓN DE ANDRÉS VÁSQUEZ Y RECRIMINA SUS INSINUACIONES QUE RELACIONAN A LA ENTIDADBogotá, Febrero 27 de 2026La Organización Sayco - Acinpro, OSA, registra como hecho positivo el regreso del Señor Andrés Vásquez, presuntamente retenido en el municipio de Pelaya (Cesar), por cuanto la libertad, como valor superior de cualquier colombiano es un bien para proteger y un derecho de orden mayor en un Estado Social de Derecho, que tutela la constitución colombiana.La Organización Sayco - Acinpro, OSA, recrimina la insinuación capciosa que hace el mencionado señor, referenciando a nuestra institución, lo cual rechazamos de plano porque como ciudadanos de bien, es en los estrados judiciales en donde hemos venido enfrentando la labor delictuosa que adelanta el Señor Vásquez, trabajando para empresas de dudosa reputación, apropiándose de los derechos de los autores con maniobras amañadas y sin amparo legal alguno, acción que continuaremos enfrentando encumplimiento de nuestros lineamientos estatutarios y en defensa del conglomerado cultural que representamos.Reiteramos que nada tiene que ver nuestra organización con este hecho que no deja de presentar características muy particulares, y exigimos a las autoridades una investigación exhaustiva que descarte un posible montaje, simulacro u autosecuestro.
La precandidata presidencial Paloma Valencia calificó como “preocupante” el nivel de hostigamiento contra su colectividad, luego de que una mujer fuera capturada con un arma de fuego en medio de un acto político realizado en el municipio de Honda, Tolima. El hecho ocurrió durante una actividad de campaña en la que también participaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez.En entrevista con Mañanas Blu, la también senadora explicó que el episodio fue detectado por el equipo de seguridad mientras ella intervenía ante la ciudadanía. “Yo no vi la señora ni vi los episodios. Lo que entiendo es que el equipo de seguridad se da cuenta de una señora que llega a la manifestación, que como que estuviera grabando con su celular, pero no miraba el celular ni ponía atención a lo que estaba grabando”, relató.Mujer armada a pocos metros de la tarimaSegún la versión entregada por Valencia, la actitud de la mujer despertó sospechas entre los uniformados. Aunque simulaba grabar el evento, su mirada estaba dirigida hacia otros puntos del lugar. “La señora tenía el celular como si estuviera filmando, pero ella estaba mirando hacia otros lados, estaba como poniendo atención a otras cosas que no eran su filmación”, afirmó.El esquema de seguridad decidió realizar una requisa preventiva. Fue entonces cuando se encontró en su morral una pistola y, según indicó la precandidata, un paquete con una sustancia que sería Tusi. La mujer fue conducida por las autoridades y posteriormente se conoció que se trataría de una dragoneante del INPEC, quien, de acuerdo con un comunicado oficial de la entidad, asistió al evento “en una actuación estrictamente personal e individual”.Valencia señaló que la mujer se encontraba a una distancia aproximada de cuatro a cinco metros de la tarima. “Es muy intimidante pensar que una señora armada esté llegando tan cerca donde estamos el presidente Uribe, todos los candidatos del partido y la comunidad”, expresó.Investigación en curso y posibles delitosDe acuerdo con la senadora, el país se encuentra bajo un decreto que restringe el porte de armas, por lo que la mujer podría estar incursa en el delito de porte ilegal. “No sé si su pistola tenía o no tenía salvoconducto. De todas maneras, hay que recordar que está rigiendo un decreto que prohíbe el transporte de armas”, indicó.Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de que las autoridades analicen el contenido del celular incautado. “Me imagino que lo lógico que debiera pasar es que su celular y toda la información que ella tenía esté siendo evaluada para determinar cuál era la razón por la que lleva un arma a un evento político”, sostuvo.El caso ha generado inquietud en el contexto electoral, a pocos días de las votaciones previstas para el 8 de marzo, en medio de una intensa agenda de campaña en distintas regiones del país.“El nivel de hostigamiento es preocupante”Más allá del hecho puntual en Honda, Paloma Valencia denunció una serie de situaciones que, según dijo, evidencian un clima adverso para el Centro Democrático en varias zonas del país.“La verdad, el nivel de hostigamiento del que estamos siendo víctimas es preocupante”, afirmó. Recordó que en el Cauca uno de sus candidatos fue declarado “objetivo militar”, que en municipios como Santander de Quilichao han aparecido vallas atribuidas a grupos ilegales advirtiendo que su partido no puede ingresar, y que en Neiva fue vandalizada una sede política.También mencionó episodios en Soacha y Duitama donde, según su versión, simpatizantes fueron agredidos. “La gente llorando después de que la apedrearan y la gritaran y se les tiraran encima como si los fueran a matar”, narró.En ese sentido, exigió garantías al Gobierno Nacional. “Nosotros exigimos garantías y exigimos que este gobierno nos deje hacer la política”, puntualizó.
Las autoridades en Manizales capturaron al exalcalde de Filadelfia y actual subgerente de Inficaldas, William Jairo Noreña Vázquez, de 50 años, por un hecho violento ocurrido al interior de una residencia-hotel ubicada en inmediaciones de la Plaza de Bolívar, establecimiento donde, según versiones conocidas, prestan servicios trabajadoras sexuales y mujeres transgénero.De acuerdo con el informe de la Policía, una llamada a la línea de emergencias alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, las patrullas encontraron a dos personas lesionadas y procedieron a la captura en flagrancia del dirigente político.El reporte oficial indica que, según las versiones recopiladas en el sitio, el exmandatario habría accionado un arma de fuego contra las dos personas. Una resultó herida en un glúteo y la otra en una pierna y en el abdomen.Durante el procedimiento fue incautada una pistola con cinco municiones. La Policía precisó que el arma contaba con permiso de porte vigente, aunque actualmente rige suspensión general de estos permisos por la temporada electoral.En la plazoleta del comando ubicado en el barrio Linares, la institución presentó oficialmente al capturado, realizó la reseña y el registro fotográfico como parte del protocolo judicial.Le puede interesar: Capturan en Caldas, Antioquia, a hombre buscado por Interpol mediante circular azulEl detenido deberá comparecer en audiencias concentradas ante un juez de control de garantías, quien definirá la legalidad de la captura, la eventual imputación de cargos y si procede o no una medida de aseguramiento.Las autoridades no entregaron mayores detalles sobre el curso de la investigación. No obstante, este medio conoció que el caso podría estar relacionado con un presunto intento de hurto, escenario en el que el exalcalde habría utilizado su arma en lo que considera defensa propia. Además, en un video que circula en redes sociales y que, al parecer, fue grabado por el propio implicado, se escucha mencionar que habría accionado el arma porque intentaban despojarlo de dinero en efectivo y presuntamente lo habrían amenazado con un arma blanca.Por ahora, el capturado mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
La Sección Quinta del Consejo de Estado puso fin a la elección de Jorge Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. ESP (ISA), compañía a la que llegó en agosto de 2024.El proceso judicial se originó tras la admisión, en 2025, de una demanda de nulidad electoral presentada por el diputado Luis Peláez, quien cuestionaba la experiencia acreditada por Carrillo y en la actuación de la Junta Directiva.El alto tribunal determinó que, durante el proceso de selección, se introdujo una modificación sustancial en la matriz de evaluación cuando ya se había realizado una primera calificación de los aspirantes, en la cual Carrillo ocupaba los últimos lugares.Ese cambio alteró de manera determinante las puntuaciones: elevó la del ahora saliente directivo y redujo la de otros candidatos, incidiendo directamente en el resultado final.Además, la Sala estableció que la Junta Directiva de ISA asumió funciones técnicas que corresponden exclusivamente al Comité de Talento Organizacional.Su papel, recordó el fallo, se limitaba a elegir al presidente a partir de la terna presentada por ese comité.También se evidenció que fueron desatendidos, sin justificación objetiva, los resultados de la firma cazatalentos, cuyo informe advertía que Carrillo no debía ser considerado para liderar una empresa de la magnitud y complejidad de ISA.Sin embargo, el Consejo de Estado aclaró que Jorge Carrillo sí cumplía con los 15 años de experiencia exigidos para el cargo, que era uno de los argumentos de los demandantes.La Sala dispuso modular los efectos de la nulidad y ordenó retomar el proceso desde el momento previo a la modificación de la matriz de evaluación, es decir, no empezará desde cero sino desde el listado aprobado por el Comité de Talento Organizacional en las sesiones del 23 y 24 de enero de 2024. Quedan por fuera de este proceso quienes se retiraron.
En el municipio de Pelaya, Cesar, sobre las 11:10 p.m., apareció en la carrera 9 con calle 10 el candidato al Senado Andrés Fernando Vásquez Vargas, del Partido Conservador, quien denunció haber sido retenido contra su voluntad y tras permanecer desaparecido durante varias horas, un hecho que condenó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.De acuerdo con la versión entregada por el propio aspirante al Congreso, un hombre que se movilizaba en motocicleta lo interceptó y posteriormente lo trasladó, al parecer, a una residencia desconocida en el área urbana del municipio. Allí habría permanecido retenido por varias horas.Vásquez indicó que la retención estaría relacionada con procesos jurídicos que adelanta contra la organización Sayco y Acinpro. Sin embargo, precisó que las personas que lo retuvieron no se identificaron como integrantes de ninguna estructura criminal con injerencia en la zona.Tras su aparición, se conoció que será trasladado a Aguachica para rendir entrevista formal ante las autoridades y ampliar su declaración. Posteriormente, manifestó su intención de desplazarse de inmediato hacia la ciudad de Bucaramanga. Las autoridades avanzan en la verificación de los hechos para establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.