El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, confirmó que, tras más de diez años de investigación, se logró la plena identificación científica de los restos atribuidos al sacerdote y guerrillero Camilo Torres Restrepo.Según explicó, el proceso enfrentó un escenario técnico extremo, marcado por cuerpos mezclados, restos incompletos, deterioro avanzado y sustancias que afectaban el material genético. Ante estas condiciones, los expertos realizaron una reconstrucción genética compleja a partir de múltiples estructuras óseas exhumadas entre 2016 y 2024.La investigación incluyó muestras de linaje materno obtenidas de familiares directos. Estas fueron trabajadas en laboratorios especializados tras exhumaciones realizadas en Bogotá y La Habana, lo que permitió establecer la vinculación genética mediante comparación de perfiles mitocondriales.“Las muestras tomadas de la abuela materna Isabel Gaviria Cobaleda y de la madre Isabel Restrepo de Torres, exhumadas en Bogotá y la Habana, Cuba, fueron trabajadas para establecer la vinculación por linaje materno en el proceso”, dijo el director de Medicina Legal.Cortés destacó que el resultado no se basa en probabilidades simples, sino en una coincidencia genética robusta. De acuerdo con el informe, existe una certeza “844 millones de veces más probable” de que los restos correspondan a un hijo biológico de la familia Torres a que pertenezcan a un individuo al azar dentro de una población de referencia.“No estamos hablando de probabilidades someras, estamos ante una coincidencia genética entre el perfil de la abuela materna, el padre y las muestras exhumadas en el año 2024, sustentadas por la ciencia forense. Los restos analizados corresponden genéticamente a un hijo biológico de Calixto Torres Sumaña y nieto de Isabel Gaviria Cobaleda, a que sean de un individuo al azar en una población”, agregó.
La Aeronáutica Civil inició una investigación formal para determinar las causas de lo que el coronel Álvaro Bello, director técnico de la entidad, calificó como un “evento no deseado de seguridad operacional” ocurrido en el Aeropuerto El Dorado. El incidente involucró a un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y un avión de la aerolínea LATAM que transportaba a más de 150 pasajeros.El momento de la emergenciaEl suceso tuvo lugar cuando el avión de Latam iniciaba su carrera de despegue. Según el coronel Bello, en diálogo con Mañanas Blu, la tripulación de la aeronave civil se percató del desplazamiento del helicóptero militar y se vio obligada a realizar una maniobra de emergencia: “La tripulación de esta aeronave se percata del desplazamiento del helicóptero... inicia ese abortaje. Eso se llama técnicamente un abortaje del decolaje”. Esta maniobra implica no solo aplicar frenos, sino reducir potencia para controlar el avión en tierra y evitar una colisión.A pesar de la gravedad de la situación, Bello aseguró que hubo una separación entre ambas máquinas y que, “afortunadamente para nosotros en Colombia, no se materializó el accidente”.Fallas en la comunicación: El "traslapo"Uno de los puntos críticos bajo investigación es el cambio de frecuencia del helicóptero entre las torres de control Norte y Sur. Bello explicó que se presentó un fenómeno conocido como "traslapo de comunicación", que ocurre cuando varias estaciones hablan simultáneamente, saturando la frecuencia.El coronel detalló que “el helicóptero cambia la frecuencia de la torre norte y se pasa a la frecuencia de la torre sur. En ese momento... simultáneamente la torre de control sur estaba emitiendo unas instrucciones... la aeronave de la Latam había recibido una instrucción para iniciar su carrera”.Controversia por la altitud de vueloOtro aspecto en disputa es la altura a la que cruzó el helicóptero. Mientras que la autorización indicaba 9,500 pies, herramientas de monitoreo como FlightRadar sugirieron que volaba significativamente más bajo, entre 8,800 y 8,900 pies. Ante esto, Bello señaló que los datos de dichas aplicaciones no son precisos y que la autoridad está recopilando la información técnica real para tener precisión sobre el desplazamiento.Escuche aquí la entrevista:
La Registraduría adelanta el simulacro nacional de escrutinios para las elecciones del Congreso y las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. La idea es evaluar la funcionalidad del software que estará en funcionamiento para el proceso electoral.“Durante estas pruebas técnicas, que se realizan con el 100 % de las mesas de votación que instalará la entidad el próximo 8 de marzo, se verifica las soluciones informáticas para la consolidación de resultados en los escrutinios de los diferentes niveles, así como la plataforma de seguimiento y control en la web de los escrutinios”, explica la Registraduría.En estos simulacros estarán representantes de los partidos políticos, delegados de los órganos de control y misiones internacionales.“Instalamos las 3.337 comisiones escrutadoras a nivel nacional y los 1.104 municipios están operando con normalidad. Se iniciaron las comisiones generales para poder consolidar cada uno de los departamentos. En Corferias, fueron instaladas 280 comisiones escrutadoras y nueve comisiones escrutadoras del exterior. Hasta el momento, el balance de este simulacro en el que hemos realizado las diferentes pruebas de carga y operabilidad de cada uno de los sistemas, es de total éxito”, aseguró el registrador, Hernán Penagos.
Un operativo binacional permitió la incautación de 597 kilogramos de cocaína que eran transportados en un tractocamión en la provincia de Imbabura, en zona fronteriza con Colombia. La incautación se logró tras información suministrada por inteligencia del Ejército, que alertó a las autoridades ecuatorianas sobre el movimiento del vehículo.La operación fue coordinada con la Policía Antinarcóticos de Ecuador y la DEA, lo que permitió ubicar el automotor, capturar a su conductor e incautar además 640 dólares y dos celulares.Según las autoridades, la droga pertenecería a la Estructura Dagoberto Ramos, del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc. El cargamento tendría un impacto económico cercano a los 10.000 millones de pesos en el mercado ilegal internacional.El Ejército señaló que continuará articulando esfuerzos con agencias internacionales para frenar las rutas del narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana y debilitar las finanzas de los grupos armados ilegales.
Lo que debía ser uno de los momentos más solemnas y espirituales de una boda terminó convirtiéndose en un episodio de comedia que ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales.Esto se dio en Brasil durante una boda celebrada en una playa de ese país. El protocolo de la ceremonia se rompió cuando llegó el momento de la bendición final. El sacerdote, siguiendo el rito, extendió su mano hacia el novio para impartirle el gesto sagrado y, para sorpresa de los asistentes, el novio, quizás traicionado por los nervios del momento, confundió la mano extendida del clérigo con una invitación a "chocar los cinco". Sin dudarlo, el joven respondió al gesto con una palmada, transformando instantáneamente la bendición en un momento de informalidad.ReaccionesLa reacción fue inmediata: el gesto provocó risas entre los invitados, rompiendo la formalidad de la ceremonia y contagiando de alegría el evento. La escena fue captada en video y, como era de esperarse, terminó volviéndose viral en redes sociales, donde miles de usuarios han compartido y comentado la confusión del novio.Vea aquí el momento en video:
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió a las elecciones legislativas y presidenciales asegurando que, hasta el momento, no se ha encontrado ninguna evidencia sobre presuntas irregularidades del registrador, Hernán Penagos.“Con una presencia activa en sus eventos, incluyendo los simulacros, que es el más reciente, no hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir con carácter concluyente, con carácter definitivo, que hay alguna irregularidad en lo que viene haciendo el señor registrador”, dijo Eljach.Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro ha cuestionado algunas decisiones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, señalando que, supuestamente, algunas de ellas podrían abrir la puerta al fraude.El procurador también se refirió a una pregunta que hizo el presidente en las últimas horas, en la que planteaba si era posible que los militares fueran testigos electorales.“Es un tema controversial porque es una cercanía bastante provocativa a las urnas. Yo creo que hay sectores más independientes, como por ejemplo los estudiantes universitarios o los del último año. Pero hasta donde yo entiendo no hacen falta jurados para las votaciones ni hacen falta testigos”, agregó Eljach.
Patrullas de las fuerzas especiales del Ejército de Perú encontraron este lunes el helicóptero de la Fuerza Aérea que desapareció el domingo en el sur del país y confirmaron que este sufrió un accidente en el que fallecieron las 15 personas que iban a bordo, entre las cuales había siete menores de edad.Los restos de la aeronave, un Mi-17 de fabricación rusa, fueron encontrados en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, en la sureña región de Arequipa, donde se estrelló por razones aún desconocidas alrededor de las 16.30 hora local (21.30 GMT) del domingo, momento en el que los controladores aéreos perdieron contacto con su tripulación.En el helicóptero, que se desplazaba desde la ciudad de Pisco a Chala para cumplir con labores de búsqueda y rescate de personas afectadas por las inundaciones que azotan la región de Arequipa, viajaban cuatro tripulantes y once pasajeros, según detalló la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en un comunicado.El piloto del helicóptero fue identificado como el mayor Sergio Paúcar, quien iba acompañado por el alférez Luis Huertas, la suboficial de primera Kamila Chapi Anchapuri y el suboficial Leiner Aguirre Huamán.Entre los pasajeros, se encontraba el coronel Javier Nole, junto a tres adultos más, seis adolescentes y un niño de tres años."El Alto Mando de la institución expresa sus más sentidas condolencias y total solidaridad a los familiares de nuestros valerosos compañeros de armas y de los pasajeros fallecidos en este trágico accidente", indicó la FAP.Agregó que se ha dispuesto la inmediata activación de la Junta de Investigación de Accidentes, con el fin de determinar las causas exactas del suceso.Las fuertes lluvias caídas durante los últimos días en el sur de los Andes peruanos han causado recurrentes inundaciones en Arequipa, una de las principales ciudades del país, al desbordarse las torrenteras, cauces secos por los que discurren los aluviones derivados de estas precipitaciones.Producto de ello, y antes de producirse este accidente aéreo, habían fallecido al menos dos personas en la región de Arequipa a causa de estos aluviones e inundaciones, mientras se reportaban cerca de 150 damnificados y en daños en casi medio millar de viviendas.
Marcela Meléndez asumió esta semana como nueva directora de Fedesarrollo, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el centro de pensamiento económico en más de cinco décadas de historia. En su primera entrevista para Mañanas Blu 10:30 tras asumir el cargo, Meléndez dejó clara una de sus principales preocupaciones: la seguridad como condición indispensable para el desarrollo.“Yo creo que no hay manera de que el país se ponga en una senda virtuosa de crecimiento y reducción de la pobreza y la desigualdad mientras no aborde el tema de seguridad con todas las ramificaciones que tiene”, afirmó.¿Qué relación tiene la seguridad y el crecimiento económico?Para la nueva directora, el problema de orden público no solo es un asunto de defensa o justicia, sino un obstáculo estructural para la economía. Explicó que la inseguridad impacta las finanzas públicas, la inversión privada y la productividad.Por un lado, señaló que los recursos destinados a atender la violencia se desvían de sectores clave como educación, salud e infraestructura. Por otro, advirtió sobre el efecto en las empresas: “El tema de seguridad le pega, no solo por los costos ineficientes que a veces hay que asumir para protegerse (…) sino también porque hay una incertidumbre muy grande sobre cómo se recupera la inversión que uno realiza”.Además, subrayó el impacto social de largo plazo. “Cuando tú has tenido tanta gente golpeada por la violencia y expuesta a un trauma violento, pues esas personas tienen un reto mayor que otras para engancharse en el mercado laboral”, explicó, advirtiendo que esto profundiza la desigualdad en un país ya marcado por brechas estructurales.Orden fiscal y reformas pendientesMeléndez también puso sobre la mesa los retos macroeconómicos inmediatos. Habló de la necesidad de “ordenar la casa desde lo macrofiscal” y de mantener niveles de deuda sostenibles. A su juicio, existe un desbalance entre ingresos y gastos que obligará al próximo gobierno a tomar decisiones difíciles.En esa línea, fue clara sobre el debate tributario: “Creo que no” es posible que el próximo presidente gobierne sin una reforma tributaria. Más allá de aumentar o reducir impuestos, planteó que el país debe revisar la complejidad del sistema y corregir distorsiones que afectan la actividad productiva.El salario mínimoEn cuanto al incremento del salario mínimo, señaló que en Colombia no funciona como un verdadero mínimo, pues cerca del 50 % de los trabajadores gana menos que ese valor. Alertó sobre los efectos colaterales de aumentos elevados, especialmente por la indexación del salario mínimo a pensiones, subsidios y vivienda de interés social.“Son grandes preguntas que hay que contestar alrededor de una decisión que no solamente es simbólica”, explicó, insistiendo en la necesidad de analizar las implicaciones fiscales y distributivas.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El nuevo hospital de Usme acumula cerca de 37 meses de retraso frente a la fecha inicial de entrega y supera los $280 mil millones en inversión, según advirtió la Contraloría de Bogotá durante una visita de seguimiento realizada este 23 de febrero de 2026.De acuerdo con el informe del organismo de control, el proyecto fue contratado el 25 de febrero de 2020 e inició obras en mayo de ese año, con una fecha de entrega prevista para el 3 de mayo de 2023. Sin embargo, tras múltiples prórrogas, suspensiones, adiciones y modificaciones contractuales, el plazo se extendió hasta finales de 2025 y posteriormente hasta junio de 2026, prácticamente duplicando el tiempo inicialmente pactado.Aunque el avance físico reportado supera el 97 %, persisten problemas técnicos en el sistema eléctrico y en la energización total del hospital, aspectos clave para su operación integral. Sin la certificación eléctrica completa, el centro asistencial no puede prestar todos los servicios en condiciones normales, lo que obliga a una apertura gradual.La Administración Distrital anunció que algunos servicios especializados comenzarán a funcionar en las próximas semanas; el área de urgencias entrará en operación en abril y hospitalización, unidades de cuidados intensivos y cirugía lo harán en junio. No obstante, esta puesta en marcha por fases confirma que la infraestructura no será entregada totalmente terminada en un solo momento, como se proyectó inicialmente.El contralor distrital, Juan Camilo Zuluaga Morillo, señaló que, si bien es positivo que cerca de 500.000 habitantes del sur de la ciudad empiecen a recibir atención en la nueva sede hospitalaria, no se pueden normalizar retrasos de esta magnitud en proyectos estratégicos. “Un hospital no se mide por el porcentaje de construcción, sino por su capacidad real y oportuna de prestar un servicio completo a la ciudadanía”, afirmó, según el comunicado oficial.La Contraloría indicó además que existen controversias contractuales en trámite ante tribunales de arbitramento y reiteró que continuará ejerciendo vigilancia fiscal para garantizar la culminación total del proyecto con responsabilidad técnica, financiera y jurídica, así como para determinar eventuales responsabilidades por los retrasos y sobrecostos registrados.
La Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó a un paro distrital de 24 horas para el próximo 12 de marzo. La decisión fue anunciada en rueda de prensa, donde el sindicato expuso una serie de desacuerdos con la Secretaría de Educación de Bogotá, especialmente por la expedición de la circular 008.De acuerdo con la organización sindical, la medida afecta la planta de docentes orientadores en los colegios oficiales de la capital. La presidenta de la ADE, Aura Nelly Daza, solicitó la derogatoria de la circular al considerar que los criterios establecidos para definir el número de orientadores por institución no responden a las necesidades reales de cada comunidad educativa.“Nosotros no aceptamos que solamente con un sistema de alerta o un sistema de cifras se esté diciendo cuántos docentes orientadores deben existir en cada una de las instituciones”, afirmó durante la comparecencia ante medios.El sindicato señaló que la reducción de docentes orientadores impacta la atención pedagógica y el acompañamiento psicosocial a los estudiantes, en especial en casos relacionados con convivencia escolar, salud mental y orientación académica.“Ese día no debe haber clase en ninguno de los colegios públicos estatales, porque nos vamos a parar duro”, señaló.En la rueda de prensa, la ADE también manifestó inconformidades frente a lo que describen como un incremento en las exigencias administrativas y controles laborales en los colegios oficiales. Según el gremio, estas disposiciones limitan los espacios de planeación pedagógica y afectan la dinámica institucional.La jornada de paro convocará a docentes, directivos docentes, orientadores, personal administrativo y padres de familia. El sindicato indicó que la movilización busca que la administración distrital revise las medidas adoptadas y abra un espacio de diálogo. Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha emitido un pronunciamiento oficial.
En medio de una operación conjunta en zona rural de Belén de Umbría, tropas del Ejército, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, capturaron a alias ‘Chucky’, integrante del Clan del Golfo y considerado una ficha clave en la estructura criminal en Risaralda.De acuerdo con las autoridades, el hombre tenía un amplio prontuario y cumplía un doble rol dentro del grupo armado. Por un lado, ejercía presión sobre comunidades rurales para citarlas a reuniones y generar intimidación; por otro, adelantaba labores de reclutamiento mediante plataformas digitales, donde contactaba adolescentes y jóvenes de distintas regiones del país.Durante el procedimiento, los uniformados hallaron archivos digitales que presuntamente eran enviados a las víctimas potenciales como material de captación. Tras ganar su confianza, les solicitaban datos personales con el fin de llevar un registro de quienes serían incorporados de forma forzada a la organización.Alias ‘Chucky’ tenía orden de captura vigente por uso de menores en la comisión de delitos y enfrentaba investigaciones por homicidio, fabricación, tráfico o porte de armas, actos sexuales con menor de 14 años y violencia intrafamiliar.
La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $8.839 millones en la administración de bienes y sociedades bajo extinción de dominio que estuvieron a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.De acuerdo con el ente de control, en desarrollo de la auditoría se establecieron 22 hallazgos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal y 17 presunta incidencia disciplinaria. Las observaciones están relacionadas con deficiencias en la gestión de bienes, fallas en los procedimientos de desalojo y debilidades en los sistemas de información que afectan el manejo de inventarios y la articulación entre las áreas responsables.La Contraloría evidenció omisiones en la aplicación de normas y procedimientos internos, así como incumplimientos en los lineamientos para la ejecución de desalojos, la elaboración de estimados de renta y los procesos de comercialización y rendición de cuentas. También se identificaron falencias en el seguimiento y control de los contratos de arrendamiento y en la supervisión de las funciones de los depositarios.El análisis reveló contratos vigentes sin las pólizas exigidas, subarriendos no autorizados, descuentos improcedentes y falta de control sobre reparaciones y obligaciones de los arrendatarios. Estas situaciones, según el informe, habrían generado afectaciones económicas y riesgos en la conservación del patrimonio administrado.En cuanto a los vehículos bajo custodia, el órgano de control detectó debilidades en los procesos de enajenación, comercialización, asignación y chatarrización, lo que habría ocasionado pérdida de valor. Además, se estableció que varios automotores permanecieron almacenados en patios por más de seis años, generando costos de bodegaje por $1.090 millones entre 2021 y 2025.
A pocos días de las elecciones parlamentarias, la defensora del Pueblo, Iris Marín, envió un mensaje de calma al país en medio de las advertencias sobre presuntos riesgos de fraude electoral. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la funcionaria fue enfática: “No vemos en este momento ningún riesgo muy específico que pueda generar esta alarma”, aunque reconoció un panorama complejo en materia de orden público en varias regiones.La declaración se produce en un contexto de creciente tensión política, tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en el proceso electoral. Frente a ello, Marín sostuvo que es válido plantear inquietudes, pero pidió prudencia en la forma de hacerlo. Más de 670 municipios bajo algún nivel de riesgo electoralLa Defensoría del Pueblo actualizó su mapa de alertas tempranas y advirtió un deterioro en las condiciones de seguridad desde octubre pasado. Según explicó Marín, el país fue clasificado en cinco niveles de atención: “cuidados intensivos, urgencias, cita prioritaria, permanente y ordinario”, como una forma pedagógica de describir la gravedad de los riesgos.“Pasamos de 62 municipios a 69 que requieren acción inmediata; de 162 a 168 que requieren acción urgente; y de 425 a 433 que requieren acción prioritaria”, detalló. En total, cerca de 670 municipios presentan algún tipo de riesgo que podría afectar el desarrollo normal de las elecciones parlamentarias.Las zonas más críticas se concentran en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado, como el Cauca, Caquetá, Catatumbo, Guaviare, el sur de Bolívar y algunos municipios de Antioquia. Allí, explicó la defensora, persisten dinámicas de “gobernanza armada” que interfieren con el libre ejercicio de la actividad política.Grupos armados y presiones a candidaturasUno de los puntos más sensibles abordados en la entrevista fue la presunta injerencia de grupos armados ilegales en la campaña electoral. De acuerdo con la Defensoría, tanto el Clan del Golfo como el ELN y las disidencias de las FARC estarían ejerciendo presiones en distintos territorios.Marín aclaró que la finalidad principal de estas estructuras no es ideológica, sino territorial. “Lo que buscan es mantener control territorial y poblacional. No indica necesariamente una posición ideológica, sino presiones para mantener ese control”, señaló.No obstante, reconoció que en algunos casos se evidencian afectaciones específicas. En Montes de María, por ejemplo, “el Clan del Golfo ha hecho hostigamientos especialmente a movimientos alternativos, movimientos de izquierda o candidaturas de origen campesino comunitario”. En el Cauca, en contraste, se han instalado vallas atribuidas a disidencias de las FARC en contra de candidatos del Centro Democrático.La defensora insistió en que no existen elementos para afirmar que determinadas candidaturas estén colaborando con grupos ilegales. “No podemos hacer afirmaciones categóricas sobre cuál es el interés sobre cierto candidato. Tampoco queremos incurrir en estigmatización”, puntualizó.Inscripción anómala de cédulas y riesgo en zonas minadasOtro foco de alerta es la inscripción masiva y anómala de cédulas en municipios con presencia armada. Marín citó el caso de Cartagena del Chairá, en Caquetá, donde en pocos días se registraron más de 1.300 inscripciones en un solo puesto de votación.“Hemos notado, como lo ha indicado también la MOE, una inscripción de cédulas anómala en ciertos municipios del país donde hay presencia de grupos armados que podrían estar interfiriendo con esa finalidad para lograr el apoyo de ciertos candidatos”, explicó.En el Catatumbo, además, la situación se agrava por la confrontación entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC. “Se minan muchos caminos cerca de escuelas. Esos caminos minados son caminos minados también para centros electorales”, advirtió. Allí, según relató, las campañas deben incluso pedir autorización para realizar actividades proselitistas.El riesgo, dijo, es que el día de las elecciones se impida la instalación de mesas o se condicione el voto. “Son zonas completamente controladas, o que van a dejar que se pongan las mesas pero para que se vote por los candidatos de su conveniencia”, alertó.Llamado a la calma frente a denuncias de fraude electoralPese a este complejo panorama en materia de seguridad, la defensora fue categórica al descartar evidencias de fraude electoral estructural. “No vemos sombra de fraude por ningún lado”, sostuvo, al tiempo que destacó la actuación de la Registraduría Nacional.“Lo que hemos visto es a la Registraduría muy atenta, muy transparente con este tipo de situaciones”, afirmó. En ese sentido, consideró que las quejas deben tramitarse por los canales institucionales, sin generar desconfianza generalizada.“Hay que hacer en este momento un llamado a la calma. La forma como se presentan las observaciones y las preocupaciones no debe generar una duda o una incertidumbre generalizada sobre el proceso electoral”, enfatizó.Marín recordó que, en el pasado, cuando se han presentado irregularidades en el conteo o inconsistencias puntuales, “los organismos de control y las autoridades de justicia lo han resuelto”. Por ello, reiteró que el camino es fortalecer la institucionalidad y no debilitarla con sospechas infundadas.
Cuando Cristopher Landázuri cruzó hacia Colombia en 2019 no tenía trabajo ni casa ni rumbo. Dormía en las calles de Cúcuta, cayó en las drogas y sobrevivía como podía en esa ciudad limítrofe, parte de los 2.219 kilómetros de frontera entre los dos países que se convirtió en una de las principales vías de escape para millones de venezolanos.Hoy, vestido con uniforme verde de operario, riega los parques y habla con serenidad de un futuro que, por ahora, no está en su país de origen."Fui habitante de calle, pasé por las drogas y gracias a un programa de la alcaldía pude rehabilitarme", cuenta a EFE en una entrevista en la que resume su presente en una frase definitiva: "Me enamoré de Cúcuta, me enamoré de Colombia, ya tengo mi vida acá".Como él, millones de venezolanos observan desde Colombia el incierto escenario abierto tras la captura en enero pasado del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores en una operación militar estadounidense que abrió una compleja transición política.Colombia es el principal destino migratorio venezolano en el mundo, con unos 2,8 millones de personas, según cifras oficiales. En total, más de 7,7 millones de venezolanos abandaonaron su país en la última década, de acuerdo con organismos internacionales.Muchos se han instalado en Bogotá, donde han reconstruido su vida como vigilantes, panaderos, repartidores, periodistas o vendedores ambulantes. En el centro de la capital, en mercados y plazoletas donde decenas de migrantes esperan durante horas a que llegue un pedido en sus teléfonos, el miedo sigue presente.Varios repartidores de comida mediante aplicaciones como Rappi o DiDi rechazaron hablar con EFE y algunos se alejaron apenas vieron la grabadora."Si nos ven, nos echan el gancho y nos llevan para El Helicoide", dijo uno de ellos, en alusión a la cárcel en la que organismos de la ONU han de nunciado la existencia de "salas de tortura" y donde han muerto varios detenidos bajo custodia, entre ellos el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez.Volver sí, pero no ahoraAntonio Alexander Hernández, vigilante de 54 años, recibió la noticia de la captura de Maduro en la madrugada del 3 de enero y recuerda que dijo: "Gloria a Dios, llegó lo que esperábamos".Hernández, que asegura haber huido tras ser advertido de que estaba "en una lista para ser capturado", quiere regresar, pero solo si existen garantías. "Pienso volver (...) pero con una ley de amnistía, que nos permita regresar en paz", dice.Una cautela similar tiene Isamar Celín, manicurista en el céntrico sector de Chapinero, quien emigró hace seis años y hoy también trabaja como enfermera particular. Aunque la noticia le produjo "mucha alegría", descarta volver por ahora, en parte por el tratamiento contra el cáncer que recibe su madre en Colombia."Tendría que estar Venezuela al mismo nivel de Colombia para poder trasladarla", explica, consciente de que regresar implica empezar de nuevo. Otros, como Diego Alexander Matute, administrador en Venezuela y hoy panadero en Bogotá, tampoco ven el retorno como una decisión inmediata, pese a su deseo de contribuir a la reconstrucción del país.La vida que lograron construirEn la frontera, donde miles de migrantes siguen cruzando a diario en ambos sentidos por razones laborales, comerciales o familiares, Ariadni Benítez vende cafés desde hace siete años, trabajo con el que logró estabilidad, algo impensable cuando emigró tras una crisis de salud de su hija.Con dos termos bajo el brazo y varios vasos de plástico en la mano, recorre las calles ofreciendo "tinto" (café) a conductores y transeúntes para sacar adelante a su familia."Tengo estabilidad, mis hijas estudiando, por eso no tengo muy pensado regresarme", dice, mientras recuerda que decidió salir de Venezuela después de que su hija enfermara y no encontrara medicamentos.Más allá de la caída de Maduro, el regreso depende de factores personales, familiares y económicos. Beatriz Jhoana Ochoa, que vende empanadas y arepas en un puesto callejero en Cúcuta, viajó recientemente a Venezuela después de ocho años sin regresar y lo que encontró fue un país aparentemente ajeno al terremoto político."Llegué a (la isla) Margarita y todo estaba normal. La gente en la playa, tomando, disfrutando, nadie hablaba del tema", cuenta. Para ella, más allá de quién gobierne, la vida sigue marcada por la necesidad de trabajar: "A mí no me importa si está o no está, yo tengo que trabajar igual", dice.Su reflexión resume el sentimiento de muchos migrantes que, tras años fuera, han logrado reconstruir su vida lejos de Venezuela mientras observan desde la distancia el incierto futuro de un país al que aún no saben si volverán.
El candidato presidencial Iván Cepeda cuestionó el informe de la Silla Vacía que reveló que los archivos encontrados en los computadores de Raúl Reyes en 2008 y en los que él fue mencionado, son un montaje. Según el candidato, se trata de pruebas falsas y modificadas.La polémica nace por esta afirmación tajante de la Silla Vacía tras una investigación sobre la validez de los archivos de Raúl Reyes, recuperados luego de un bombardeo en el que murió en Ecuador en marzo del 2008: "La mención de Iván Cepeda en computador de las Farc no fue un montaje", haciendo referencia a un supuesto mensaje que el senador habría enviado a alias 'Ingrid Storgen' para que las Farc respaldaran una marcha de las víctimas el 6 de marzo de 2008. "Hay una serie de versiones que intentan ligar esa movilización que fue gigantesca, que se realizó en muchas ciudades de Colombia y en el exterior con las Farc. Ahora ¿qué es lo que mostró la justicia? que el das hizo un intento para generar en la opinión pública esa sensación a través de la operación de las chuzadas... y después apareció el cuento de qué en el computador de Reyes, y en otras piezas que había una USB, aparecía supuestos correos en los cuales gente de las Farc decía que yo estaba pidiendo colaboración para que las Farc intervinieran en esa movilización. Que es lo que mostró la justicia, la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría que ese material está en la USB y en el computador fue manipulado por qué por qué no se respetó lo que se llama la cadena de custodia es decir la prueba no fue tratada rigurosamente o la supuesta prueba y por lo tanto fue manipulada", dijo a Noticias Caracol. La periodista Jineth Prieto aclaró que la decisión de la Corte Suprema de justicia de declarar los archivos ilegales no se basó en que el contenido fuera falso o manipulado sino en que los dispositivos fueron recogidos ilegalmente por personal no autorizado y sin presencia de las autoridades de Ecuador."No es cierto que la Corte haya dicho que fue una operación ilegal y que por tanto eso no deja cuestionado lo que ella válida como una prueba, no, lo que la justicia determinó es que no se respetó la cadena de custodia, eso es muy importante, ¿por qué? porque entonces el material fue manipulado y por eso en varios procesos no me refiero a uno sino en varios procesos la corte suprema, la Fiscalía y la Procuraduría coincidieron en decisiones en la que dejan claramente establecido que ese material no tiene validez probatoria", agrego Cepeda.La Silla Vacía asegura que se llega a esta conclusión luego de acceder a los archivos originales del entonces das por 3 fuentes distintas, procesar los archivos de la ONG inglesa The International Institute For Strategic Studies y revisar informes de inteligencia nacionales e internacionales que se emitieron con base en esos documentos.Y finalizó: "Jamás, ni he tenido ningún contacto. Mis contactos con la gente que perteneció a las extintas Farc se dio en la mesa de conversaciones de paz entre el año 2013 y el año 2016, cuando se produjo el proceso de paz y luego la implementación de acuerdo de 2016"El candidato anunció que acudirá a la CIDH para denunciar el uso de esta información con el fin de someterlo a un proceso ante la justicia de Estados Unidos.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante las próximas horas se esperan lluvias de variada intensidad en varias regiones del país debido a la incidencia indirecta de un frente frío ubicado sobre las Antillas Mayores.El reporte fue respaldado por el meteorólogo de turno Mirovan Sverko Navarrete y el hidrólogo Juan Carlos Garzón Riveros, quienes detallaron las zonas donde se prevén los mayores acumulados de precipitación.Regiones donde lloverá con mayor intensidadSegún el Ideam, las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la interacción del frente frío con otros sistemas, así como por el ingreso de humedad desde el hemisferio sur asociado a un sistema de alta presión y zonas de inestabilidad.De acuerdo con el pronóstico nacional, se esperan precipitaciones moderadas a localmente fuertes, con probabilidad de actividad eléctrica dispersa, en amplias zonas del:Centro, occidente y sur del Caribe colombianoRegión AndinaPacífico colombianoLos mayores acumulados están previstos en departamentos como La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba en el Caribe; así como en Chocó y Antioquia.En la región Andina, el Ideam señaló probabilidad de lluvias en Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Huila. También se estiman precipitaciones en Valle del Cauca, Cauca y Nariño.En el sur del país, las lluvias más importantes podrían presentarse en el occidente de Caquetá y en Putumayo.Por su parte, lluvias de menor consideración son probables en los piedemontes de Arauca, Meta y Amazonas, mientras que se prevén lloviznas puntuales en sectores del sur de Vichada, Vaupés y Guaviare.Lluvias registradas en las últimas horasEn su balance más reciente, el Ideam indicó que durante las últimas seis horas se registraron precipitaciones de moderadas a localmente fuertes en sectores del Pacífico, la región Andina y el sur del Caribe.Las lluvias más significativas, algunas acompañadas de actividad eléctrica, se presentaron en departamentos como Bolívar, Cesar, Córdoba, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.En contraste, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina reportó cielo entre despejado y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, el Ideam prevé un incremento relativo en la nubosidad, los vientos y el oleaje en esta zona por la incidencia del frente frío, con probabilidad de lluvias intermitentes.Más de 550 municipios en alerta por deslizamientosEl informe también incluye el estado de las alertas vigentes en el país.En total, 552 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia. De estos, 130 están en alerta roja. Los departamentos con mayor número de municipios en esa condición son Antioquia (32), Chocó (26) y Santander (15), según detalló la entidad.En cuanto a alertas hidrológicas, el Ideam mantiene avisos por inundaciones y crecientes súbitas en áreas hidrográficas como Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico y Amazonas, con niveles que van desde amarillo hasta rojo.Adicionalmente, 16 municipios presentan algún nivel de alerta por incendios en regiones Andina, Caribe y Orinoquía, aunque ninguno está en alerta roja.
Desde el próximo 1 de abril comenzará a implementarse en Colombia el nuevo modelo de pasaportes. El anuncio se hizo en la Casa de Nariño, donde el presidente Gustavo Petro, la canciller Rosa Villavicencio, la directora de la Imprenta Nacional, Viviana León, la embajadora de Portugal en Colombia, Catarina Arruda, y otros funcionarios presentaron las nuevas libretas que empezarán a ser expedidas.El proceso de producción tendrá cuatro fases. El documento es elaborado inicialmente por la Casa de la Moneda de Portugal. Luego es trasladado a Colombia y, en virtud de un contrato por 13.000 millones de pesos firmado por la Imprenta Nacional, las libretas son transportadas desde el Aeropuerto El Dorado hasta la sede de la entidad. Allí cada pasaporte es cosido y personalizado con los datos biográficos y biométricos de los ciudadanos, además del respectivo grabado de seguridad. Posteriormente, en el marco del contrato de transporte, son distribuidos a los distintos puntos de entrega en el país.El secretario jurídico de la Cancillería, Uberney Marín, se refirió al estado legal del convenio para la elaboración de los documentos y aseguró que el proceso avanza sin inconvenientes. “En este momento se adelanta el proceso sin ningún contratiempo y jurídicamente ya están en ejecución los contratos, son válidos y están en perfecta ejecución”, afirmó.Según lo pactado en el acuerdo con Portugal, en un plazo de diez años la Imprenta Nacional deberá asumir completamente la elaboración de los pasaportes en Colombia, incorporando la tecnología y el conocimiento transferido por ese país europeo.Con este nuevo esquema, después de más de una década, la empresa Thomas Greg & Sons dejará de producir estos documentos. La compañía ha estado en el centro de una controversia con el Gobierno, en medio de cuestionamientos del presidente Petro, quien ha señalado a la firma en el marco de presuntas irregularidades electorales.La canciller Rosa Villavicencio aclaró que los pasaportes actualmente vigentes seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que los ciudadanos no deberán cambiar el documento de manera inmediata, salvo que esté próximo a expirar.
Roy Barreras abre su camino para las elecciones del próximo 8 de marzo y, en su charla con el panel de Blu Radio, el candidato habló sobre el problema de las drogas en el país y la difícil situación diplomática que enfrentó Colombia con Estados Unidos tras los rifirrafes entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.Barreras fue tajante y afirmó que se presentaron contradicciones en el escenario internacional. Su postura busca combatir a las mafias con la fuerza del Estado, pero primero es necesario revisar una guerra que por décadas ha dejado miles de muertos y ha fracasado.Barreras afirma que EE.UU. debe tener gesto con ColombiaColombia ha enfrentado meses difíciles, donde la disputa en redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump puso al país contra las cuerdas y no es para menos, pues Estados Unidos ha sido el principal aliado de Colombia en la lucha contra las drogas.Para Estados Unidos, el gobierno de Petro no hizo más que permitir que el narcotráfico creciera sin control y eso llevó a Trump a imponer sanciones contra Colombia y su presidente, entre ellas incluir a Petro en la lista Clinton.Ante eso, Barreras defendió una postura pragmática con Estados Unidos, misma que espera esté basada en respeto y en canales diplomáticos, y no en redes sociales como ocurrió anteriormente. De hecho, criticó que al presidente colombiano se le haya vinculado con señalamientos sin derecho a la defensa y apuntó: “Un gesto con Colombia es sacar a Petro de la lista Clinton”.De acuerdo con Barreras, la soberanía es una línea roja que no se debe cruzar; aun así, insistió en que Colombia debe mantener relaciones inteligentes con EE.UU., China, Europa y Asia. “No por Twitter ni por agresiones verbales”, dijo, al subrayar que la prioridad debe ser el bienestar de los colombianos.Roy Barreras aclara su postura sobre las drogasBarreras fue tajante al referirse a la relación entre política y crimen. “Cualquier político que reciba plata de la mafia es cómplice de los crímenes de los narcotraficantes”, afirmó. Para él, el narcotráfico es “una maldición que destruye todo lo que toca” y no puede seguir siendo tratado como un mal inevitable.En ese escenario, defendió una respuesta fuerte del Estado: persecución directa a las organizaciones criminales, fortalecimiento de la capacidad operativa y leyes de sometimiento a la justicia. “Ojalá se sometan, pero si no, el Estado tiene que ser capaz de someterlos por la fuerza”, dijo, aclarando que no se trata de acuerdos de paz, sino de autoridad legítima.Al mismo tiempo, planteó la necesidad de regular la hoja de coca para quitarles el negocio a las mafias y darle usos medicinales y farmacéuticos. “Ellos ponen la nariz y nosotros ponemos los muertos”, resumió al criticar la hipocresía de los países consumidores.
El exministro de Defensa Diego Molano se refirió al reintegro del general Juan Miguel Huertas, decisión tomada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que, según él, representa un riesgo para la estructura, la meritocracia y la estabilidad de la carrera militar en Colombia. En entrevista con Mañanas Blu, el exministro expuso los antecedentes de la salida de Huertas en 2022, las razones que motivaron su retiro, las implicaciones del llamado a calificar servicios y los efectos que la llamada “puerta giratoria” estaría generando dentro de las Fuerzas Militares.La salida de Huertas en 2022: razones reservadas y discreción presidencialMolano recordó que la desvinculación del general Huertas en 2022 se dio dentro del procedimiento regular de evaluación de altos oficiales. Explica que la Junta de Generales presenta información al Ministerio de Defensa, que a su vez la eleva al presidente de la República, para que éste tome decisiones sobre llamados a calificar servicios.Según el exministro, la salida del oficial respondió a una valoración integral que incluía desempeño, inteligencia y contrainteligencia. Aunque evitó revelar detalles por la demanda vigente contra el Ministerio, señaló que la determinación se tomó dentro del marco legal y con información relevante recibida en ese momento.“Con información que fue conocida y la valoración por discreción del presidente se tomó la decisión de llamarlo a calificar servicios”, afirmó Molano. El exministro insistió en que la discrecionalidad presidencial es un elemento central en estos procesos:Investigaciones y el operativo frustrado: lo que se sabía y lo que noFrente a las declaraciones del presidente Petro sobre una presunta vinculación del general Huertas con el ELN en Arauca, Molano fue cauteloso. Aseguró que esa información es materia de investigación y que, por la demanda en curso, no puede referirse a detalles específicos.En cuanto al operativo que Petro aseguró fue saboteado por presencia de un helicóptero, el exministro aclaró que este se desarrolló en 2023, ya dentro de la actual administración, y no durante su gestión.“No, el operativo se presentó el año pasado… fue una operación contra alias 'Calarcá', señaló, subrayando que su retiro del cargo ocurrió antes de esos hechos.Aunque reconoció que esa información fue considerada posteriormente, insistió en que la decisión de retiro de Huertas en 2022 no se basó únicamente en ese episodio.¿Qué implica un llamado a calificar servicios?Molano explicó que esta figura, aunque frecuentemente interpretada como sanción, es un procedimiento habitual dentro de la Fuerza Pública. Puede obedecer a motivos administrativos, falta de funciones disponibles o información relevante para la continuidad en el servicio.“Un llamado a calificar servicios implica que él pasa a la vía civil… y no sigue ejerciendo ningún mando ni control”, detalló el exministro. Agregó que estas decisiones se toman para garantizar el cumplimiento de los propósitos del mando militar y la integridad institucional. Por ello, llamó la atención sobre los riesgos que implica revertirlas sin una valoración sólida.Puerta giratoria en las Fuerzas Militares: un riesgo para el mérito y la seguridadUno de los puntos más críticos de la entrevista se centró en el reintegro de oficiales retirados que participaron en campañas políticas. Molano advirtió que esta práctica puede socavar los principios de la carrera militar y generar incentivos negativos dentro de la institución.“Es un procedimiento muy grave… porque desvía el proceso de la carrera militar”, afirmó. En sus palabras, permitir que oficiales retirados, involucrados en política o investigados por posibles delitos, regresen al servicio activo, impacta la objetividad en los ascensos y erosiona la tradición militar basada en honor, preparación y mérito.Además, planteó un impacto directo en la seguridad nacional, especialmente si existen investigaciones por sabotaje de operaciones o vínculos con grupos ilegales:El alcance de la discrecionalidad presidencial y los límites institucionalesMolano reconoció que el presidente tiene la facultad legal para reintegrar oficiales, incluso si existen advertencias de inteligencia. Sin embargo, señala que la decisión debe mantenerse alineada con el honor militar y la protección de las Fuerzas Armadas.“La decisión del Comandante Supremo debería ser siempre tener en las Fuerzas aquellas personas que mantienen el honor militar”, sostuvo. Advirtió que mezclar política y carrera militar constituye un riesgo institucional y podría afectar la moral y la operatividad de la fuerza pública.La reacción del presidente Petro y la necesidad de esclarecer los hechosFinalmente, Molano cuestionó la respuesta del mandatario en redes sociales frente al caso. Considera que el Gobierno intenta trasladar responsabilidades hacia administraciones anteriores, cuando lo pertinente sería avanzar en la investigación sobre el operativo bloqueado y las presuntas irregularidades asociadas.“Hoy es fundamental que se profundice en una investigación… allí es donde debería acelerarse para que el país conozca la realidad”, concluyó.
La Unión Europea (UE) enviará observadores a Colombia a partir de enero para que acompañen las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo, confirmó este lunes el registrador nacional (autoridad electoral), Hernán Penagos."La Unión Europea nos acaba de confirmar que estará desde el mes de enero con un despliegue muy grande de observadores internacionales que acompañarán no solamente el proceso preelectoral sino el proceso electoral", expresó el registrador en una conferencia de prensa en Bogotá.Penagos, que lidera la institución que organiza las elecciones en Colombia, resaltó el hecho de que "la Unión Europea, que tiene uno de los despliegues más altos de observación en el mundo" certifique "el acompañamiento desde enero va a ser de la mayor utilidad"."No solamente vamos a revisar algunas recomendaciones que nos han dado desde las elecciones pasadas, sino las que se presenten para el próximo año. Así que esta reunión de observación internacional nos es muy útil porque asegura que esas importantes organizaciones en el mundo van a acompañar no solamente (en las elecciones) de Congreso sino de Presidencia en primera y segunda vuelta", explicó Penagos.Para el funcionario, esto significa que hay una "posibilidad de que no solamente ellos (la UE) sino muchas otras observaciones del mundo vengan a participar"."Con el cuerpo diplomático radicado en Colombia también nos reunimos la semana pasada, a instancias del Nuncio Apostólico, presentándoles todo nuestro esquema de acciones para la integridad electoral, de manera que esas misiones diplomáticas también conozcan de manera muy detallada cómo y de qué manera vamos a desplegar acciones que permitan absoluta transparencia e integridad", añadió.Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y el 31 de mayo será la primera vuelta de las presidenciales, con una segunda ronda el 21 de junio en caso de que sea necesaria.
La revelación periodística de que las disidencias de las antiguas Farc han infiltrado organismos de seguridad colombianos, entre ellos el Ejército, provocó este lunes una condena generalizada en el país, mientras que el presidente Gustavo Petro minimizó las denuncias, que atribuyó a la CIA y tachó de "falsos informes".Petro se desmarcó así de un informe de Noticias Caracol, según el cual el jefe del Comando de Personal del Ejército, general Juan Miguel Huertas, cercano al presidente, y Wilmar Mejía, un licenciado en educación física convertido en funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tienen vínculos con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las disidencias de las Farc.Pese a que se trata de una investigación periodística basada en comunicaciones entre el jefe del EMBF, Alexander Díaz, alias Calarcá, y otros guerrilleros, que estaban en computadores, teléfonos celulares y memorias USB incautados a jefes de las disidencias, el presidente, que guardó silencio durante todo el día, dijo en su cuenta de X que lo publicado son "versiones de supuestos informes de inteligencia" que tachó de "falsos".La CIA en ColombiaPetro sostuvo que Noticias Caracol ha cometido varios "errores" al publicar esa información y deslizó que "la fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo con los intereses del gobierno de su país en todo el mundo".Según la denuncia del canal de televisión, Huertas supuestamente ofreció protección a los disidentes y les propuso crear una empresa de seguridad de fachada para facilitarles movilidad en vehículos blindados y el porte de armas legales.Huertas fue retirado del Ejército en 2021 y al año siguiente se unió a la campaña presidencial de Petro, que este año lo reintegró al servicio activo.Al defenderlo, el presidente insistió en que existen "bandas delincuenciales en el Ejército dirigidas por oficiales de alto rango" que manipulan informes para "sacar del camino" a quienes representan un riesgo para sus intereses, y aseguró que la CIA "también cae en esos errores" porque "no sabe que el gran narcotráfico penetra el poder político de la nación"."Y tal como temíamos, Petro salió con la peor respuesta posible: negarlo todo. En lugar de ponerse del lado de las denuncias y las pruebas. En lugar de decir 'haré todo para determinar a los responsables y sancionarlos' nos dice 'es falso, nos persiguen porque somos buenos'", criticó la representante a la Cámara Cathy Juvinao, del partido Alianza Verde.La Fiscalía promete investigarLa Fiscalía General, criticada también por no investigar, pese a que las comunicaciones publicadas por Noticias Caracol están en poder de las autoridades desde que fueron incautadas a jefes de las disidencias, el 23 de julio de 2024, prometió tomar cartas en el asunto.En un comunicado divulgado esta noche, esa entidad señaló que ni el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, "ni ninguna otra dependencia de la entidad (...) recibió durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia".Por eso, Camargo "dispuso la intervención inmediata" para investigar "posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales".La financiación de la campaña de PetroEn sus mensajes en X, Petro no se refirió a otra revelación de Noticias Caracol, sobre el presunto apoyo de jefes de las disidencias de las Farc a su campaña presidencial de 2022.Ese apoyo supuestamente se dio por medio de la hoy vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, indica un chat entre alias Iván Mordisco, el criminal más buscado en Colombia y jefe del Estado Mayor Central (EMC), y otros guerrilleros.Márquez negó hoy "categóricamente" esa versión y aseguró que "no existe ninguna prueba fehaciente" de ese supuesto apoyo.Clase política pide claridadDesde diferentes vertientes políticas se hicieron este lunes llamados a que se esclarezca el supuesto entramado de connivencia de un general del Ejército y un funcionario de inteligencia con la guerrilla.El exjefe negociador de paz del Gobierno con las Farc, Humberto de la Calle, pidió "toda la claridad y transparencia y la toma de decisiones eficaces para extirpar esa situación".Entretanto, el exministro de Defensa, exembajador en Estados Unidos y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón aseguró que la relación entre Petro, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) "es evidente"."Todo el que reciba dineros del narcotráfico es cómplice de sus crímenes y como tal debe ser tratado", sostuvo por su parte el candidato presidencial y exembajador de Colombia en el Reino Unido Roy Barreras.
El informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que puso al descubierto que en los computadores, USB y celulares decomisados a alias Calarcá en julio del 2024 hay información de una presunta relación entre las disidencias y altos funcionarios del Estado ahora tiene repercusiones internacionales.Portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que el Gobierno de Donald Trump está al tanto de la información y que es necesario que el Gobierno y las entidades de control agilicen las tareas para esclarecer la situación.“Estamos al tanto de informes que alegan vínculos entre altos funcionarios de la Administración Petro y disidentes de las FARC (Organización Terrorista Extranjera). Dada nuestra histórica y estrecha cooperación en materia de seguridad, instamos a la Administración Petro, a la Fiscalía y a otras instituciones colombianas a investigar exhaustivamente estas acusaciones y tomar las medidas pertinentes”, informó el portavoz a periodistas de la Casa Blanca.Y es que el proyecto de la Paz Total así como la expansión de los grupos ilegales en Colombia, han sido temas sobre los que la administración Trump ha tenido la lupa puesta. Incluso el deterioro en materia de seguridad, aumento de cultivos de hoja de coca y presuntas relaciones con narcotraficantes, son algunos de los motivos detrás de la desertificación y la incursión en la lista Clinton del presidente Gustavo Petro.Otra de las molestias de Estados Unidos ha sido la negativa del Gobierno de avalar extradiciones de narcotraficantes como alias ‘Araña’, líder de los Comandos de Frontera; alias 'HH', comandante de Comuneros del Sur y Willinton Henao Gutiérrez, alias 'Mocho Olmedo', cuyo polémico tratamiento por parte del Gobierno también fue revelado por Noticias Caracol.Mocho Olmedo es el segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC y, según la Unidad Investigativa, estuvo 55 días protegido por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en Bogotá. Durante ese tiempo no fue llevado a la cárcel La Picota, a pesar de tener órdenes de captura y una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.La DNI justificó su custodia alegando “motivos de seguridad nacional” y defendió que se trataba de proteger una “fuente humana”. Sin embargo, esta situación generó fuertes críticas porque no hubo una orden judicial clara para mantenerlo en ese lugar ni un registro oficial del paradero durante las 8 semanas.La Corte Suprema de Justicia intervino al detectar la irregularidad y exigió explicaciones a la Fiscalía. Finalmente, el 8 de abril de 2025, la DNI entregó a “El Mocho Olmedo” a la Fiscalía, y fue trasladado a la cárcel La Picota.
En Yarumal, Antioquia, se dio el rescate de 17 menores de edad que estaban bajo custodia de Lev Tahor, una secta ortodoxa judía conocida internacionalmente por estar asociada a casos de abusos, matrimonios forzados de menores y violaciones, sin embargo, cinco de ellos contaban con circular amarilla de Interpol por desaparición e igualmente ingresaron por el filtro de Migración sin problema a Colombia.“Ellos ingresan en dos grupos, por dos terminales áreas diferentes. Ocho por el aeropuerto de Rionegro y el resto por el de Cartagena. Desde que un ciudadano o ciudadana presente los documentos suficientes para entrar al país, si es una nacionalidad restringida pues la visa. Pero si un ciudadano presenta los documentos y pasa la entrevista en Migración y no salta alarma que indique que puede ser pasible a un rechazo, cualquier ciudadano puede entrar”, explicó en diálogo con Recap de Blu Radio, Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia - Chocó de Migración Colombia.¿Por qué Migración Colombia no detectó la circular amarilla?De acuerdo con Salazar, cuando ellos ingresaron al país no tenían ninguna alerta ni de Interpol u organización internacional, sino que eso da mucho tiempo después. La secta entró a Colombia a inicios de octubre de 2025 y sin problema en la documentación.“Es importante dar claridad en lo siguiente: en este caso no tenemos ningún niño/niña adolescente que no esté acompañado por sus representantes legales. Lo decimos porque presentan pasaporte y entran regularmente al país y presentan documento de viaje como el pasaporte. El control de ingreso de menores de edad no se hace manera rigurosa, como cuando van a salir del país. Quien tiene el control de su salida es la agencia homologa”, explicó sobre el por qué no se detectó algún tipo de anomalía.Sin embargo, lo curioso es que sí eran sus tutores biológicos y de ahí viene a la circula amarilla de Interpol. Según Salazar, a sus padres se les había retirado la patria potestad y puesta en favor de otra persona, de ahí es donde se motiva esa alerta: la alerta la ponen los que tienen la tutoría, pero ellos se encuentran en Colombia al lado de sus padres biológicos.“Es por esa razón que tienen una circular amarilla. De todos esos menores hay denuncias de desaparición, pero no todos pesaba de la misma manera, porque del rastro hay un proceso del retiro de la patria potestad”, añadió.
La decisión sobre quién encabezaría la lista al Senado de la coalición Ahora Colombia —integrada por el Nuevo Liberalismo, el Partido MIRA y Dignidad y Compromiso— generó una intensa discusión pública. Aunque inicialmente el Nuevo Liberalismo propuso a Alejandro Gaviria como su candidato, la coalición terminó eligiendo por consenso a Juan Sebastián Gómez, actual primer vicepresidente de la Cámara. En entrevista con Recap Blu, Juan Manuel Galán, precandidato presidencial, explicó por primera vez con claridad qué ocurrió detrás de esa determinación.Galán aseguró que su partido veía en Gaviria al aspirante más idóneo para encabezar la lista; sin embargo, al interior de la coalición surgieron reparos, especialmente desde Dignidad y Compromiso. Allí, según Galán, cuestionaron que Gaviria hubiese hecho parte del Gobierno de Gustavo Petro cuando fue ministro de Educación. Ese antecedente, reconoció, se convirtió en la principal resistencia para respaldarlo como cabeza visible de la lista."Ellos en un momento dado expresaron que estaban de acuerdo en que Alejandro fuera parte de la lista al Senado, pero que no compartían la idea de que fuera la cabeza de lista, el vocero de la lista. Entre otras razones expresaron el haber sido parte del Gobierno de Gustavo Petro. Ese fue, digamos, el reparo principal", relató Galán en Recap Blu.Aunque el Nuevo Liberalismo insistió ante el Consejo Nacional del partido en mantener la propuesta de Gaviria, este finalmente desistió. Galán explicó que la decisión no tomó por sorpresa al exministro, pues desde hacía un mes le habían compartido los reparos internos y la necesidad de explorar otros nombres. En ese proceso también se barajó públicamente la opción de Mauricio Gaona, un perfil técnico y académico que el partido veía con buenos ojos, pero que declinó por compromisos personales y profesionales fuera de Colombia.Ante el retiro de Gaviria y la imposibilidad de sumar a Gaona, la coalición se volcó hacia Juan Sebastián Gómez, una figura del Nuevo Liberalismo con trayectoria en cargos locales y departamentales en Caldas y reconocimiento por proyectos como el de perfiles genéticos para investigaciones criminales. Galán destacó que su experiencia, independencia y compromiso con la construcción del partido hicieron que su nombre fuera aprobado por unanimidad como cabeza de lista.¿Qué pasará ahora con Alejandro Gaviria?Una pregunta adicional surgió en la entrevista con Recap Blu: si Gaviria no encabezaba la lista, ¿estaría dispuesto al menos a integrar el tarjetón al Senado? La respuesta de Galán fue clara: el exministro decidió no aspirar al Congreso en esta elección.Aun así, el precandidato confirmó que avanzan en conversaciones para que Gaviria ingrese formalmente al Nuevo Liberalismo y participe en la vida interna del partido, reconociendo su trayectoria académica, su experiencia ministerial y el trabajo conjunto que ambos realizaron en la ley sobre el uso medicinal del cannabis.Con esta decisión, la coalición Ahora Colombia cierra un capítulo complejo, en el que también figuraba con candidata a encabezar la lista al Senado Jennifer Pedraza.