En Honda, Tolima, mientras la precandidata presidencial Paloma Valencia adelantaba un acto de campaña al lado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Policía Nacional capturó una mujer en el punto que se encontraba armada. Según lo conocido, se encontraba de vacaciones y su presencia en el acto obedecía de acuerdo con la institución a una actuación estrictamente personal y ajena a cualquier misión oficial.El evento comenzó casi sobre las 11:00 de la mañana. En la tarima estaban el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la senadora Paloma Valencia y otros dirigentes de la colectividad. La seguridad, según le contó a Blu radio, Holman Guevara, director del partido en el Tolima, superaba los 60 hombres entre Policía, GOES, esquema privado y uniformados de cuadrante."Había una seguridad muy importante, yo creo que la seguridad cumplió con su función. Una señora se acerca con el celular, tratando de dar a entender que estaba grabando el evento y empezó a aproximarse. El de seguridad identifica que no está grabando, entonces dan la orden de intervenirla", contó, pero lo que llamó la atención es que no estaba grabando y esto alertó al esquema de seguridad de la precandidata.Una vez capturada, la Policía encontró que estaba mujer cargaba con una pistola pequeña sin permiso para portarla, que, según Guevera, podría ser una calibre 25 o 22, con cinco cartuchos y, además, tenía en su posesión Tusi."Era una pistola muy fácil de esconder", relató. La captura fue inmediata y silenciosa. Ni el expresidente ni los demás dirigentes en tarima se percataron de lo ocurrido. La caravana continuó sin novedad y solo más tarde, ya en Mariquita (Tolima), se les informó del episodio.La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. También deberá responder por la droga incautada. Actualmente está a la espera de la audiencia de legalización de captura, donde se definirá su situación jurídica."Nos preguntamos qué hacía una señora dragoneante del INPEC, de vacaciones, con un arma de fuego, con cinco cartuchos y con Tusi en sus pertenencias, aproximándose al presidente Álvaro Uribe y a la candidata Paloma (..) El esquema fue muy rápido, muy eficiente, muy eficaz y logró controlar la situación", aseveró.Sin embargo, el episodio causó preocupación sobre las intenciones que podía tener esta mujer y reforzó el debate sobre la seguridad en actos políticos en plena campaña electoral.
El precandidato presidencial Daniel Quintero habló sobre el sistema salud colombiano en entrevista en Recap Blu, donde indicó que la crisis no es reciente y que la actual administración agravó una situación estructural que viene de años atrás.“La salud no está funcionando para nadie. La salud es el sistema quizás más corrupto de este país”, afirmó. Y añadió que: “La salud venía mal y este gobierno terminó de empujarlo, y el otro lo va a rematar”.Según Quintero, el problema no se resuelve con un cambio de presidente, sino con una transformación de fondo. “Lo que necesita el sistema de salud no es un nuevo presidente, lo que necesita el sistema de salud es una reingeniería profunda”, sostuvo.Crisis estructural y falta de liderazgoEl precandidato ubicó la crisis en un problema de liderazgo y diseño institucional. “Ni Santos ni Duque ni Petro, nadie puede con el sistema de salud porque no estamos pensando el sistema como un sistema”, señaló, al insistir en que el modelo actual carece de una visión integral.También advirtió sobre fallas en la prevención y en los determinantes sociales. “Tenemos 2 millones y medio de colombianos que lo que comen no es suficiente ni siquiera para mantener su peso”, afirmó, al relacionar la mala alimentación con la presión sobre hospitales y servicios médicos.Tecnología y datos: la apuesta por la prevenciónQuintero cuestionó que en Colombia no se haya implementado la historia clínica electrónica. “Yo traté hace unos años de que se aprobara en Colombia la historia clínica electrónica, no pasó. Las mafias no dejaron que pasara, porque si hay historia clínica electrónica, entonces podemos saber realmente qué tratamientos hicieron y qué tratamientos no se hicieron”, declaró. Para el precandidato, la tecnología en salud y el acceso a la información médica deben ser un derecho. Relató su experiencia con pruebas genéticas: “Gracias a esa prueba de ADN que yo tengo, yo sé de qué 3 cosas me puedo morir”. Y agregó: “Eso salvaría muchas vidas, evitaría muchos problemas y reduciría el costo del sistema de salud”.En su diagnóstico, la reforma a la salud debe centrarse en prevención, información y rediseño institucional, más que en ajustes superficiales.Vea la entrevista completa acá:
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, analizó en Recap Blu los recientes resultados de la encuesta Invamer, que lo sitúan con una ventaja abrumadora de cara a la consulta del "Frente por la Vida" que se llevará a cabo el 8 de marzo.Con un 68.1% de intención de voto frente al 23% de Roy Barreras, Quintero no solo celebró las cifras, sino que lanzó fuertes críticas al modelo político que, según él, representa su contrincante.La lucha contra las “estructuras invencibles” Quintero fue tajante al describir la figura de Roy Barreras dentro del panorama electoral. Aseguró que, hasta hace pocos días, la percepción general era que él no tendría opción frente a Barreras, a quien calificó como el representante de una “política de estructuras"."Él es de una política asociada a maquinarias y estructuras muy consolidadas que supuestamente son invencibles”, indicó el exalcalde Quintero.Para el exalcalde, su liderazgo en las encuestas es una sorpresa para quienes creían que las estructuras tradicionales dominarían la contienda.“Si esta entrevista me la hubieran hecho antes de ayer, me hubieran dicho, usted no tiene ninguna opción contra Roy Barreras'”, afirmó, subrayando que su campaña, a diferencia de la de su rival, es “pura de opinión” y carece de los apoyos tradicionales del gobierno o de grandes maquinarias.Le puede interesar: Daniel Quintero acusa a Federico Gutiérrez de usar recursos públicos para hacer campañaDurante la entrevista, Quintero se identificó como “El Renacido” o “Lázaro”, argumentando que su presencia en el tarjetón es casi un milagro tras los intentos de la Registraduría y otros sectores por inhabilitarlo. El candidato también reveló las precariedades de su actual campaña. Dijo que no posee cuenta bancaria debido a trabas legales, lo que le impide financiar viajes o publicidad tradicional.“No hay publicidad, pero a quienes me la piden yo les mando el tarjetón por el WhatsApp”, comentó Quintero, destacando que su crecimiento en los sondeos ha provocado que sectores progresistas, liberales e independientes se sumen a su causa al ver que es posible derrotar a las estructuras de Barreras.Finalmente, pese al optimismo por los resultados de Invamer, Quintero advirtió que no se puede confiar."Todos sabemos que ahora empiezan las maquinarias a moverse”, afirmó Quintero, refiriéndose a la aparición de prácticas cómo la compra de votos o el fraude. Ante la falta de testigos electorales propios, hizo un llamado a la ciudadanía y a los simpatizantes del Pacto Histórico para que ayuden a proteger sus votos el próximo domingo.La entrevista aquí:
Con la entrada en vigor del nuevo modelo de pasaporte colombiano en abril de 2026, una de las principales dudas entre los viajeros es qué ocurrirá con los documentos actuales que tienen visas activas.El presidente Gustavo Petro presentó recientemente el rediseño del pasaporte y aseguró que estará entre los cuatro más seguros del mundo. Según explicó, entre las actualizaciones hay una reestructuración del modelo de contratación, con el fin de brindar una mayor protección de los datos personales.El nuevo documento será producido con el apoyo de la Imprenta Nacional y, de acuerdo con el Gobierno, permitirá a Colombia escalar en estándares internacionales de identificación migratoria.¿Qué pasará con los pasaportes actuales?La Cancillería de Colombia aclaró que, aunque el nuevo modelo comenzará a expedirse desde el 1 de abril de 2026, los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta la fecha de vencimiento que aparece en cada libreta.Esto significa que:Si su pasaporte está vigente, no debe cambiarlo por el nuevo diseño.Puede seguir utilizándolo para viajar al exterior sin inconvenientes hasta que expire.En Colombia, los pasaportes ordinarios y ejecutivos tienen una vigencia de 10 años desde su expedición.¿Qué ocurre si hay visas activas?Para quienes tienen visas vigentes estampadas en su pasaporte actual, esto aclara la Cancillería:Si el pasaporte aún está vigente, puede seguir utilizándolo normalmente con sus visas activas.Si el pasaporte se vence antes que la visa, deberá renovarlo, pero podrá viajar portando ambos documentos: el pasaporte nuevo vigente y el pasaporte anterior donde está la visa estampada.Esta práctica es común y aceptada por autoridades migratorias de distintos países, siempre que la visa esté en buen estado y no haya sido anulada.Recomendación para viajerosAunque no es obligatorio cambiar el pasaporte antes de abril si está vigente, la Cancillería recomienda revisar con anticipación la fecha de expiración, especialmente si se tienen viajes programados. Lo ideal es renovarlo al menos seis meses antes de su vencimiento, ya que muchos países exigen ese margen mínimo de validez para permitir el ingreso.Por lo tanto, la implementación del nuevo modelo no afectará la validez de los pasaportes actuales ni de las visas activas. El cambio será progresivo y respetará la vigencia de los documentos ya expedidos.
La Superintendencia Financiera habilitó el correo electrónico continbancolombia@superfinanciera.gov.co para recibir y tramitar de manera prioritaria las quejas de los clientes afectados por las recientes fallas en los servicios de Bancolombia.La decisión se conoció luego de que el banco informara, a las 10:06 de la noche del miércoles, que sus canales no estarían disponibles durante la jornada nocturna como parte de un proceso —según explicó— necesario para estabilizar sus servicios tras los inconvenientes derivados de la actualización tecnológica de su plataforma.A través de su cuenta oficial en la red social X, la entidad financiera señaló que, mientras se adelantan los ajustes, los usuarios podrán realizar algunas operaciones específicas. Entre ellas, transferencias a cuentas inscritas y no inscritas del mismo banco mediante la aplicación Mi Bancolombia, retiros en cajeros electrónicos y pagos con tarjetas débito —físicas o virtuales— y de crédito.En compras presenciales sin contacto, el monto máximo permitido será de 300.000 pesos por tarjeta. Para valores superiores, los clientes deberán insertar el chip en los datáfonos.No obstante, varios servicios permanecerán inhabilitados de manera temporal. Entre ellos están el uso de bolsillos, las transferencias o recepción de pagos por llaves, los envíos a cuentas no inscritas de otros bancos, la consulta de saldos de tarjetas de crédito o productos de inversión, el pago de facturas y las transacciones a través de PSE.El banco también advirtió que los movimientos con tarjeta débito podrían aparecer con descripciones como “compra cuenta ahorros nacional” o “compra cuenta ahorros internacional”. Asimismo, aclaró que el saldo total reflejará la suma de la cuenta más los bolsillos; sin embargo, para pagos con débito o retiros en cajeros, el saldo disponible no incluirá esos recursos.La Superintendencia indicó que hará seguimiento a la situación e informará oportunamente sobre los avances en la normalización de los servicios, mientras recibe y gestiona las reclamaciones de los usuarios a través del canal habilitado.
La Lotería del Valle realizó el sorteo número 4836 en la noche del miércoles 25 de febrero de 2026, manteniendo la expectativa de miles de jugadores en todo el país. En esta edición, el premio mayor fue de $9.000 millones, una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías tradicionales en Colombia.Premio mayor – $9.000 millonesEl número ganador del premio mayor fue: 1971 de la serie 302. El afortunado ganador se quedó con uno de los premios más altos del país en esta categoría.Premios secos del sorteo 4836Además del premio mayor, el sorteo entregó múltiples premios secos en diferentes categorías:Seco de $500 millones1300 – Serie 220Secos de $100 millones8103 – Serie 0197164 – Serie 068Secos de $60 millones5670 – Serie 2071809 – Serie 1348768 – Serie 074Seco de $40 millones5198 – Serie 30425 premios de $30 millones6104 – Serie 0160904 – Serie 1318472 – Serie 1325405 – Serie 2364783 – Serie 1134297 – Serie 1662419 – Serie 2813256 – Serie 2273164 – Serie 0387775 – Serie 2193813 – Serie 1103574 – Serie 0732680 – Serie 0430142 – Serie 1442077 – Serie 2983884 – Serie 2672835 – Serie 0382938 – Serie 0051447 – Serie 2742407 – Serie 1776386 – Serie 1885172 – Serie 0210916 – Serie 2619532 – Serie 2442792 – Serie 094Se recomienda comparar cuidadosamente el billete con la imagen oficial del sorteo 4836, publicada por la entidad, para confirmar cualquier posible acierto.¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Valle?Los premios pueden reclamarse directamente en el punto autorizado o con el lotero que realizó la venta del billete ganador.Para premios superiores a $20 millones, el ganador debe acercarse a las oficinas principales ubicadas en:Calle 9 # 4-50, CaliAllí se realiza el proceso de validación y pago conforme a los requisitos establecidos.Proceso de validaciónVerificación del premio según el listado oficial.Firma del billete con número de cédula y huella.Entrega de copias del billete, documento de identidad y certificación bancaria.Revisión de seguridades y tira de control.Para premios mayores a $20 millones, se solicita además certificación de autenticidad al proveedor impresor.Una vez confirmada la autenticidad, se emite la resolución de pago y el desembolso se realiza mediante consignación bancaria.El pago se efectúa en un plazo máximo de 30 días hábiles, consignando el valor ganado en la cuenta de ahorros del ganador.¿A qué hora juega la Lotería del Valle?La Lotería del Valle se sortea todos los miércoles a las 10:30 p.m., mediante un sistema de baloteras electroneumático que garantiza transparencia y seguridad.La transmisión se realiza en vivo a través del canal regional Telepacífico, lo que permite a los jugadores seguir el sorteo en directo y verificar los resultados oficiales.
La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo anunció este jueves la adquisición del 25 % de las acciones del club español Almería, actualmente en segunda división, prosiguiendo así con la diversificación de sus inversiones.Esa operación refleja la "ambición" del jugador por "entrar en el accionariado de clubes de fútbol profesionales", indica un comunicado, que no precisa los detalles financieros de la operación."La UD Almería es un club español con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento", prosigue el texto.El presidente saudita del club andaluz, Mohamed Al Khereiji, celebró la llegada del antiguo delantero del Real Madrid. "Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí".Ese movimiento inversor fue realizado a través de su nueva filial de inversiones dedicada al deporte, CR7 Sports Investments, recientemente creada en el seno de CR7 SA para reagrupar el conjunto de sus activos en la industria deportiva."Espero trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club", proclamó el cinco veces ganador del Balón de Oro, citado en el comunicado. El Almería ocupa el tercer puesto en la clasificación de la segunda división española, a un punto de la zona de ascenso directo a LaLiga.Cristiano Ronaldo, que milita actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, sigue preparando su futuro para el momento en que cuelgue las botas a través de inversiones en sectores como la hostelería, salud, bienestar y medios de comunicación.De 41 años, el delantero luso participará el próximo verano boreal en su sexto Mundial, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, que será, según confirmó el propio jugador, el último de su carrera.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país responderá "en consecuencia" una vez disponga de todos los detalles sobre el sobre el operativo de Cuba contra una lancha procedente de Florida, que dejó cuatro muertos."No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde", declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves.Rubio apuntó que todos los datos conocidos hasta ahora provienen de las autoridades cubanas y afirmó que la Administración de Donald Trump quiere verificar lo sucedido mediante "información independiente".El jefe de la diplomacia estadounidense negó haber mantenido conversaciones con el Gobierno cubano sobre este asunto y descartó la participación de personal del Gobierno de Estados Unidos en el tiroteo.Afirmó que la embajada estadounidense en La Habana ha solicitado acceso a los sobrevivientes de la lancha, presuntamente ciudadanos estadounidenses, para conocer su situación."Verificaremos de forma independiente y, a medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", dijo.Según el Ministerio del Interior de Cuba, la Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial.El comunicado oficial indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas.El incidente se produjo en horas de la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación tras el ataque y aseguró que los "comunistas rendirán cuentas".Según el diario The New York Times, la lancha atacada no formaba parte de una flotilla ni pertenecía a la Guardia Costera ni a la Armada de Estados Unidos.El mismo periódico apuntó que parece ser una lancha motora Pro-Line de unos siete metros, construida en 1981 y utilizada habitualmente como un barco pesquero con una capacidad de unos diez tripulantes.El incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington impusiese un bloqueo petrolero a la isla e instase a La Habana a alcanzar un acuerdo.En los últimos años se han reportado varios incidentes de este tipo, dos de ellos del año 2022. En un caso, una lancha rápida proveniente de EE.UU. disparó contra fuerzas guardafronteras cubanas cerca de Villa Clara y provocaron heridas a un oficial cubano.
El próximo 8 de marzo, junto con las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes, Colombia celebrará tres consultas interpartidistas para definir candidaturas presidenciales de la derecha, el centro y la izquierda. De acuerdo con la más reciente encuesta de Invamer, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol, los resultados anticipan un panorama con claras ventajas en cada bloque político.Consulta de la derecha: Paloma Valencia lidera con amplia ventajaEn la denominada “Gran consulta por Colombia”, que agrupa a nueve aspirantes, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, encabeza la intención de voto con el 41,6 %.En segundo lugar aparece Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, con el 12,2 %, seguido por el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, quien registra 10,4 %.La medición muestra una ventaja considerable de Valencia frente a sus competidores, consolidándola como favorita para quedarse con el aval de ese sector político en la carrera presidencial.Consulta del centro: Claudia López sin rivalEn la consulta del centro solo se inscribieron dos candidatos. Según el sondeo, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López concentra el 92,9 % de la intención de voto, mientras que Leonardo Huerta alcanza el 7,1 %.Las cifras reflejan un dominio prácticamente absoluto de López en este bloque, lo que la perfila como la virtual ganadora de la consulta centrista.Consulta de la izquierda: Daniel Quintero sorprendeEn la consulta del llamado “Frente por la Vida”, donde participan cinco aspirantes y de la cual el Consejo Nacional Electoral excluyó a Iván Cepeda por un tecnicismo jurídico, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle lidera con el 68,1 % de la intención de voto.El resultado representa una sorpresa política, ya que el exsenador Roy Barreras, quien ha recibido en semanas recientes importantes respaldos de dirigentes y sindicatos, obtiene el 23 % del apoyo entre los electores de izquierda.Participación y contexto electoralLa encuesta también señala que una parte significativa del electorado aún no define si solicitará el tarjetón de las consultas interpartidistas, un factor que podría incidir en los resultados finales.Las consultas del 8 de marzo serán determinantes para configurar el tablero de la primera vuelta presidencial, pues los ganadores de cada bloque se sumarán a otros candidatos que competirán directamente por la Casa de Nariño.Con estos resultados, el escenario electoral empieza a tomar forma, aunque la dinámica política de las próximas semanas podría modificar las tendencias registradas por Invamer.
De cara a las elecciones bipartidistas del próximo 8 de marzo, el precandidato presidencial Daniel Quintero, en diálogo con Recap de Blu Radio, recordó su trabajo cuando fue alcalde de Medellín y sus propuestas de ser elegido presidente, en caso de hacer parte de la lista en la primera vuelta.Bajo su dirección, Medellín se vio envuelta en diferentes casos de corrupción y algunos miembros de su administración se encuentran bajo la lupa de la justicia, como el caso de Aguas Vivas o Buen Comienzo, en donde Quintero dijo que "gracias a Dios no hay nadie condenado"."Yo no estoy involucrado, pues yo no hago parte de eso, pero algunos casos, en la medida que tengo tiempo, trato de investigarlos y de ver si es verdad que ocurrió tal cosa o no. En el caso de Buen Comienzo, ya la Contraloría también informó que no hubo detrimento patrimonial, es decir, no se perdió un solo peso. Ahí habían dicho que se han perdido, la Fiscalía, recuerden, $1.200 millones, y resulta que la Contraloría terminó reconociendo ahorros por 500 millones de pesos. Y además dice algo más, más crítico, y es es que el contrato ni se liquidó ni se pagó. Fue literalmente una estrategia de persecución", dijo el exalcalde y ahora precandidato presidencial.En sus palabras, Quintero aseguró que "nunca había visto" a funcionarios públicos hacerle presión a jueces y uno de ellos, según él, ha sido el actual alcalde Federico Gutiérrez que busca "desprestigiarlo" en su candidatura que "termina siendo algo grosero y violento", a quien además acusó de usar recursos públicos de la Alcaldía de Medellín para hacer campaña con su hermana y algunos de sus allegados."El alcalde sale todos los días con una gorra y una camisa con los mismos logos de la lista de Creemos, que es su partido político en donde está su hermana. Están usando camionetas de la Alcaldía, del Consejo e incluso de la Policía para montar a su hermana en carroza ¿no? Como si fuera un carro de bomberos y ella fuera una héroe. Y la montan con Abelardo de la Espriella por toda la ciudad y la muestran. Hay vallas en toda la ciudad, el alcalde promocionando su lista. Lo que dice uno entonces es: allá hay una confianza plena por parte del alcalde Federico Gutiérrez de que la ley no aplica para él. Él tiene control, al parecer, de la justicia en Medellín. Yo he reclamado garantías al respecto y pues he atendido a todos los procesos con mucho cuidado, con mucha atención, y afortunadamente estoy convencido que que eso lo vamos a ganar y va a terminar dando la vuelta en contra del alcalde Federico Gutiérrez, que fue el que firmó el contrato (el caso de Hidroituango)", dijo Daniel Quintero.Dijo que cuando 'Fico' se volvió alcalde de Medellín contrató a la fiscal seccional que llevaba el caso de Hidroituango ha trabajar con él, que, según él, habían puesto la denuncia contra él y cambian en la Fiscalía el argumento al decir que era su administración la mala por haber terminado el contrato. "Es un proceso que está nulidad, los abogados defensores han pedido que se anule el proceso", dijo.
El sector transportador lanzó una alerta por lo que considera una emergencia silenciosa: la caída y el grave deterioro de puentes en distintas regiones del país. Colfecar resaltó que las cifras son preocupantes, pues en los últimos 12 años se han caído o sufrido daños graves 29 puentes en Colombia. Pero lo más alarmante es que 18 de esos casos (el 62 %) ocurrieron entre 2023 y lo que va de 2026. Y solo en los primeros meses de este año ya van cinco colapsos.“Desde el 2023 al 2025 se cayeron 13 puentes y en lo que va corrido del 2026 ya se han caído 5 puentes. De estos puentes, en total 13 son responsabilidad del INVIAS y 9 están asignados a la ANI. En lo corrido del 2026, debido a la ola invernal, se registraron 5 puentes caídos, lo que ocasionó grandes afectaciones a la movilidad en la región del Uraba Antioqueño, Córdoba y Magdalena”, explicó Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar.Desde el gremio sostienen que detrás de cada colapso hay empresas paralizadas, conductores sin trabajo, retrasos en entregas y sobrecostos que terminan afectando a comerciantes y consumidores.Además, cuestionaron la lentitud en las respuestas. En el caso del puente de Mendihuaca, en Magdalena, se anunció un paso provisional, pero en otras zonas como la vía Necoclí–Arboletes, en Antioquia, la comisión del INVIAS llegó más de 20 días después del colapso y aún no se restablece el tránsito.“Desde 1996 existe el sistema SIPU-COL, administrado por el INVIAS, que contiene el inventario y la información técnica sobre el estado estructural de todos los puentes del país. La información ya existe. Lo que falta es decisión en la asignación presupuestal”, afirmó Hernández, quien aseguró que el país sí tiene como anticiparse a estas emergencias.En este sentido, pidieron revisar los contratos de mantenimiento para que incluyan intervenciones estructurales y no solo arreglos superficiales y que se definan cronogramas y presupuestos claros para soluciones definitivas, no temporales.Colfecar detalló cuáles son los puentes que han colapsado en lo corrido de 2026. El 2 de febrero se cayó el puente El Chima, en Córdoba, afectando la movilidad en la vía Lorica–Chinú. Un día después, el 3 de febrero, se registraron tres colapsos en dos departamentos: en Magdalena cayó el puente Mendihuaca, complicando el tránsito entre Santa Marta y el río Palomino; y en Antioquia se desplomaron los puentes San Juan y Mulatos, en la vía Necoclí–Arboletes, dejando afectados tramos de 63 y 17 kilómetros, respectivamente. Finalmente, el 8 de febrero, también por cuenta de las lluvias, colapsó el puente Jalisco, en Córdoba, afectando la conexión entre Puerto Rey y Montería.Los transportadores dicen que están dispuestos a trabajar con el Gobierno, pero insisten en que no se puede normalizar que los puentes sigan cayéndose. Para ellos, esta ya es otra emergencia que requiere atención urgente.
“Lo que necesitamos es mostrarle a Colombia que no son solamente las malas noticias del Cauca. En el Cauca pasan cosas maravillosas”, afirmó Ana Fernanda Muñoz Otoya, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca.Actualmente, el departamento del Cauca envía café a 99 países y recientemente abrió mercados como Mongolia y Ucrania.“El día que ustedes vayan y se tomen un café en la sala VIP del Corte Inglés en Madrid, el café que se van a tomar es de reincorporados de las Farc del municipio de Cajibío, Cauca. Cuando vayan a un supermercado en Corea del Sur, el café que van a encontrar en las vitrinas va a ser café de la Federación Campesina del Cauca”, señaló Muñoz.El cacao, por su parte, ya es el séptimo renglón de exportaciones del Cauca y entre 2024 y 2025 creció un 79%. Actualmente, el departamento exporta 167 productos y es el segundo en Colombia en bienes de alto desarrollo tecnológico. "Software hecho en el Departamento del Cauca lo utiliza en este momento Disney. Se utiliza en Vietnam para manejar el cultivo del café”, agregó.En paralelo, señalaron que el sector empresarial muestra un crecimiento, ya que, en los últimos cinco años, el número total de empresas en el departamento aumentó 25,5%, mientras que las relacionadas con el turismo crecieron 31%.Desde la cámara de comercio afirman que hoy el turismo representa cerca del 16% del total de empresas del Cauca y el 53% de estas son lideradas por mujeres. Además, más del 44% tiene más de cinco años de operación, en su mayoría microempresas que dinamizan la economía local.En 2025, el departamento registró 5.973 visitantes extranjeros y 1.175 nacionales. La mayor afluencia se concentró en Semana Santa, temporada que consolida a Popayán como uno de los destinos religiosos, culturales y patrimoniales más importantes del país.“Así como ya hay países como Francia, como Inglaterra, como Italia, como Alemania, que están llegando al Departamento del Cauca, necesitamos que los colombianos también lo hagan”, señaló. Según explicó, turistas alemanes llegan a Silvia, españoles visitan Guapi y hasta viajeros rusos están llegando a Piamonte.Aunque la presidenta de la Cámara reconoció que el turismo todavía no tiene un peso determinante en el Producto Interno Bruto del departamento, insistió en que el sector representa una oportunidad estratégica.“El turismo nos permite trascender, hacerle un homenaje a esas culturas y permitir que la gente vaya y crezca aprendiendo en territorio”, afirmó, al referirse a un departamento históricamente atravesado por tensiones y conflictos sociales.La oferta que buscan posicionar combina naturaleza, cultura y experiencias comunitarias. “Tenemos un turismo de aventura maravilloso en el sur del departamento, el parapente en el Balcón de la Empatía es espectacular; podemos ir a ver las ballenas y oírlas cantar debajo del agua”, describió. También destacó el turismo comunitario, “Uno puede recolectar piangua con las mujeres piangüeras o remar en potrillos por el río Guapi”.Frente a la preocupación por la situación de orden público, Muñoz sostuvo que el Cauca no es el único territorio con zonas complejas. "Sí hay zonas que son complejas, pero hay zonas complejas en el Departamento de Cundinamarca, en el Departamento del Valle, en el Departamento de Bolívar, en el Departamento de Antioquia y la gente va, porque ahí también se resaltan las cosas buenas. Esa es la esencia de lo que estamos haciendo hoy: resaltar lo bueno del Cauca”, concluyó.
Tras el fallo que restableció su designación, el rector José Ismael Peña Reyes empezó a conformar su nuevo equipo directivo en la Universidad Nacional de Colombia, con cambios en las principales vicerrectorías del nivel central y en varias sedes regionales. Estos reordenamientos administrativos se dan en un contexto de tensión, luego de que se anunciara un nuevo paro académico en la sede Bogotá, que se extenderá hasta el 20 de marzo.En el nivel central de la institución, Luz Arabany Ramírez Castañeda, profesora titular de la Facultad de Administración de la sede Manizales asumirá la Vicerrectoría General; María Alejandra Guzmán Pardo, profesora asociada de la Facultad de Ingeniería de la sede Bogotá, estará al frente de la Vicerrectoría Académica; y Olga Janneth Gómez Ramírez, profesora asociada y exdirectora de Investigación y Extensión de la Sede Bogotá, dirigirá la Vicerrectoría de Investigación.Por otro lado, Édgar Cortés Reyes, profesor titular de la Facultad de Medicina, fue designado como nuevo secretario general de la universidad y, al mismo tiempo, como vicerrector encargado de la sede Bogotá.En las sedes regionales también quedaron confirmados nuevos nombramientos. Johnny Alexander Tamayo Arias, profesor titular de la facultad de Ingeniería y Arquitectura, será el vicerrector de la sede Manizales; Johanna Vásquez Velásquez, profesora asociada de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, asumirá la Vicerrectoría de la sede Medellín; Mario Augusto García Dávila, profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, es el nuevo vicerrector de la sede Palmira.Además, Jimmy Jolman Vargas Duarte, profesor asociado con experiencia en investigación y extensión, es el nuevo vicerrector de la sede de La Paz y Onésimo del Carmen de Arco Canoles, profesora asociada, es la directora de la sede Tumaco.También se realizaron otros seis nombramientos a nivel nacional, entre esos cambios en la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, la Dirección de la Editorial UNAL, entre otros.Durante el anuncio, el rector también hizo un llamado a la comunidad universitaria a trabajar desde la pluralidad, el diálogo y la excelencia académica, como base para la gestión institucional en los próximos años.
En diálogo con Blu Radio, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, confirmó que los escoltas de la candidata Ana Guetio, desaparecida en el Cauca, reportaron a la entidad que su vehículo fue robado. Según explicó, en este momento se dirigen al municipio de El Tambo en un carro particular. “El vehículo fue robado. Solamente dan ese parte para avisar que están bien”, dijo.Guetio es aspirante a una curul de paz en la Cámara de Representantes. Su equipo denunció que desde la noche del miércoles, no conocían su paradero. Según informaron a través de un comunicado, la candidata se desplazaba hacia el municipio de Morales, en el Cauca, cuando se perdió contacto con ella. En el momento de la desaparición, Guetio cumplía compromisos propios del cierre de campaña en los departamentos de Nariño y Cauca y horas antes había sostenido un encuentro con la comunidad en el municipio de El Tambo.Por ahora, no es claro que fue lo que ocurrió durante las horas en las que no se supo sobre su paradero. En la misma situación está Andrés Vásquez, un candidato conservador al Senado que visitaba a su padre en Cesar y ahora está desaparecido.El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se refirió a esto:“El papá estaba bañándose y escuchó una moto que llegó a la vivienda y cuando salió ya no estaba el candidato, pero si el celular. Le pedimos a la comunidad que si tienen información de comuniquen con el 157. No sabemos las causas de estas desapariciones”.El jefe de la cartera de defensa insistió en que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita deducir qué pasó con los candidatos al congreso. “No tenemos información de qué se trate de un secuestro o esté relacionado con su actividad así que ha medida de que avance, informaremos. En el caso del Cauca estaba acompañado por personal de la UNP y en el César, estaba en su casa y no tenía directamente seguridad”, concluyó.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) reaccionó a la expedición del Decreto 0182 de 2026, norma con la que el Gobierno nacional modifica las reglas de habilitación territorial para las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y ordena la redistribución de afiliados en todo el país.En un comunicado, el gremio señaló que la medida implica cambios estructurales en la operación del aseguramiento que, a su juicio, deberían tramitarse mediante ley y no por decreto. Además, sostuvo que el contenido de la norma reproduce lo establecido en el Decreto 0885 de 2025, que fue suspendido en octubre pasado por el Consejo de Estado.Acemi advirtió que la redistribución masiva de usuarios podría afectar la continuidad y oportunidad en la atención, especialmente en un contexto en el que varias EPS se encuentran bajo medida de intervención y enfrentan dificultades financieras y operativas.Según los cálculos del gremio, la aplicación del decreto llevaría a una mayor concentración de afiliados en Nueva EPS, que actualmente tiene más de 11,5 millones de usuarios y podría recibir alrededor de 2,6 millones adicionales. También indicó que algunas EPS intervenidas registrarían incrementos cercanos al 40 % en su número de afiliados, mientras que las EPS agremiadas que no están intervenidas perderían más de 800.000 usuarios.Para Acemi, la redistribución no se daría en condiciones de equilibrio entre las entidades que ceden y las que reciben población, lo que podría generar impactos en la red de prestación de servicios, la entrega de medicamentos y la programación de procedimientos.El gremio anunció que insistirá en las rutas de defensa legal frente al decreto, al considerar que la medida puede profundizar la situación actual del sistema y afectar a millones de afiliados en diferentes regiones del país.
En medio de lluvias constantes y sobre un terreno con complejas superposiciones de sepulturas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas culminó la tercera fase de intervención forense en el cementerio principal de San Vicente del Caguán, Caquetá. Como resultado, se recuperaron 11 cuerpos que ahora entrarán en proceso de identificación.La acción se desarrolló en el marco del Plan Regional de Búsqueda Caquetá Norte y contempló la intervención de 19 sitios de interés forense tipo fosa. Los cuerpos corresponderían a personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado en zona rural del municipio entre 2002 y 2015, quienes fueron inhumadas como no identificadas o como identificadas no reclamadas.“Los 11 cuerpos recuperados en este campo santo ahora surtirán un proceso de identificación. Este proceso de identificación estará realizado de la mano y bajo el liderazgo incluso del Instituto Nacional de Medicina Legal. Y nos queda a nosotros también este trabajo importante de ubicar a sus seres queridos en los casos en los que de pronto no se tiene conocimiento de quiénes pueden ser y avanzar hacia las entregas dignas de cada uno de ellos”, señaló Yolima Jurado, coordinadora territorial Caquetá de la Unidad.Por su parte, el antropólogo líder de la misión, Juan Pablo Rodríguez, explicó que el cementerio presenta una compleja yuxtaposición de sepulturas, lo que obliga a realizar excavaciones con mayor rigor técnico. A esta complejidad se sumaron las condiciones climáticas adversas, con lluvias persistentes durante las jornadas de trabajo. Por ello, el equipo territorial prevé nuevas fases de intervención en el lugar.Esta fase contó con la participación de población firmante del Acuerdo de Paz, a través de la Corporación Humanitaria Reencuentros y de procesos organizativos como Corpo-Reconciliación. “Su participación incluyó labores de excavación, contraste de información y revisión de evidencias forenses”.Paralelamente, se desarrolló la Ruta de la Memoria, un espacio pedagógico que vinculó a organizaciones sociales, familias buscadoras, sociedad civil y entidades del territorio.“La tarea es titánica, pero a la vez también el llamado es a que todos nos comprometamos, que el ejercicio de haber firmado ese acuerdo de paz no solamente nos comprometa a nosotros como firmantes y al Estado, al gobierno, a quienes estuvimos involucrados en el conflicto, sino que toda la sociedad colombiana también se personalice de lo que ha sido esa firma de ese acuerdo y que es tan importante” aseguró Willington Quiroz, firmante del Acuerdo de Paz de la vereda Agua Bonita.
Luego de las afirmaciones hechas por el presidente Gustavo Petro en contra del operador logístico de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo (Unión Temporal ILE 2026), especialmente del Grupo ASD (Asesoría en Sistematización de Datos S.A.S.) que hasta finales de enero hacía parte de esta unión temporal y estaba a cargo del sistema de transmisión telefónica de los resultados del preconteo (TREP), la firma decidió pronunciarse mediante un comunicado.Frente a las versiones de que esta firma estaba denunciada por presunto fraude en el marco de las elecciones presidenciales de Honduras de finales de 2025, ASD aseguró que no tiene investigaciones en curso ni sanciones relacionadas con el proceso electoral del país centroamericano ni con ningún otro proceso en el que haya participado, y calificó como “infundadas” las afirmaciones que señalan lo contrario.“Grupo ASD S.A.S. desplegó en la República de Honduras una plataforma tecnológica diseñada y operada bajo los más exigentes estándares internacionales de seguridad de la información. Dicha plataforma garantizó en todo momento la trazabilidad en tiempo real de los datos electorales, la integridad de cada transacción registrada y la custodia inviolable de la información a lo largo de todo el proceso (...) El proceso electoral en Honduras no registró fraude tecnológico alguno: la evidencia técnica, los registros de auditoría y la declaratoria oficial de los resultados así lo acreditan de manera inequívoca”, se puede leer en el documento.La compañía afirmó también que es una empresa plenamente independiente y que no tiene relación accionaria, de subordinación, control societario ni vínculo de filial o matriz con Thomas Greg & Sons S.A. Señaló que sostener lo contrario constituye una falsedad que distorsiona su realidad jurídica y comercial.Sobre la cesión de su posición contractual en la Unión Temporal ILE, ASD explicó que se trató de una decisión soberana de gestión corporativa, adoptada en ejercicio de su autonomía empresarial y orientada a fortalecer las garantías institucionales del proceso. Precisó que dicha cesión no implica reconocimiento de responsabilidad ni admisión de irregularidad alguna. Destacó que su trayectoria de más de tres décadas en operación electoral respalda la solidez de su actuar.Finalmente, ASD reiteró su respeto por la labor de los medios de comunicación, expresó su confianza en la verificación rigurosa de la información y reafirmó su compromiso con la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho. Indicó que continuará operando con seriedad y rigor técnico, confiando en que la verdad prevalecerá sobre cualquier campaña de desinformación.
La violencia armada en Colombia se está reorganizando y expandiendo, y amenaza con revertir los avances alcanzados tras la firma del Acuerdo de Paz. Así lo advierte el más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en 2025, presentado ante el Consejo de Derechos Humano.El documento señala que la confrontación entre grupos armados ilegales, organizaciones criminales y la fuerza pública afectó de manera grave territorios como Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como departamentos como Arauca, Cauca, Nariño, Chocó, Caquetá, Huila, Meta, y Antioquia, entre otros.En estos contextos, la población civil quedó atrapada entre desplazamientos, confinamientos, homicidios selectivos, violencia sexual, uso de explosivos y reclutamiento de niños y niñas.La niñez sigue siendo una de las principales víctimas del conflicto. El ACNUDH verificó 150 casos de reclutamiento de niños y niñas en 2025, aunque advierte que la cifra real podría ser mayor por el subregistro . Además, documentó la muerte de 30 menores que se encontraban en situación de reclutamiento en Arauca, Caquetá, Huila, Guaviare y Norte de Santander, incluidos ocho niños y siete niñas fallecidos en bombardeos.El informe también expresa preocupación por el uso de redes sociales para captar menores, exaltando el poder y el dinero asociados a la violencia. “El ACNUDH transmitió estas preocupaciones a Meta y TikTok, llamando a fortalecer la debida diligencia conforme a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos para evitar que sus servicios faciliten violaciones y abusos de los derechos de las niñas y los niños”.Sin embargo, El ACNUDH también documentó casos de reclutamiento en espacios comunitarios, donde integrantes de grupos armados establecieron vínculos afectivos para manipular a niñas con promesas de protección o apoyo económico.En Arauca, Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta se registró el uso de instituciones educativas por parte de grupos armados y enfrentamientos que interrumpieron clases. En Cauca y Putumayo, incluso se utilizaron escuelas para reclutar estudiantes indígenas nasa y murui muina, en riesgo de exterminio físico y cultural. También se reportaron amenazas y desplazamientos de docentes en varios departamentos.La oficina señala que los grupos armados continuan ejerciendo violencia de género, entre ellas violaciones sexuales, embarazos forzados y explotación sexual. “El ACNUDH conoció que estos grupos habían controlado pruebas de infecciones de transmisión sexual, prohibido el uso de métodos anticonceptivos y restringido el acceso a servicios de salud, ocasionando casos de mortalidad materna no registrada”.El informe advierte además sobre explotación sexual y trata contra niñas y mujeres, incluidas mujeres wiwas, arhuacas, jiw y nukak. También documenta feminicidios y castigos contra mujeres acusadas de mantener relaciones con miembros de estructuras rivales, y casos en los que niñas fueron obligadas a prestar labores de enfermería para grupos armados.Otro de los datos más alarmantes es el incremento del desplazamiento forzado masivo, que aumentó un 85% frente a 2024. Solo en Catatumbo, 89.013 personas fueron desplazadas en 2025, en medio de disputas por el control territorial y de economías ilícitas. A esto se suma un aumento del confinamiento del 12 %, especialmente en Chocó, Cauca y Bolívar, donde comunidades enteras vieron restringida su movilidad y acceso a medios de subsistencia.En materia de masacres, la Oficina recibió 87 alegaciones, de las cuales 53 fueron verificadas, con un total de 174 víctimas. El 95% de estos hechos fue atribuido presuntamente a grupos armados no estatales y organizaciones criminales, y en el 75% de los casos la motivación estaría ligada a disputas por economías ilícitas.El informe también registró 207 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos; en 99 casos se verificó que el asesinato estuvo directamente relacionado con su labor. Los principales afectados fueron líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, “lo que evidencia un impacto diferenciado entre quienes defienden los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas”.Alertan además que en Cauca y Valle del Cauca se registraron 44 ataques contra la Fuerza Pública que dejaron 21 civiles y 8 uniformados muertos, además de más de 200 personas heridas. A esto se suma la continuidad del denominado “plan pistola” en departamentos como Antioquia y la región Caribe. Según el Ministerio de Defensa, en 2025 murieron 173 integrantes de la Fuerza Pública y 765 más resultaron heridos.El informe advierte que la política de “paz total”, en donde se han concretado procesos de negociación con grupos armados, no ha logrado frenar violaciones y abusos graves como reclutamiento de menores, el asesinato de líderes sociales, “ni generar procesos de diálogo con participación libre y segura de las comunidades involucradas o colocar los derechos de las víctimas en el centro de las negociaciones”.También expresa preocupación porque procesos por graves violaciones de derechos humanos siguen en la Fiscalía y fuera de la priorización de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que genera incertidumbre jurídica y riesgos para los derechos de las víctimas.El ACNUDH documentó además desapariciones forzadas y privaciones arbitrarias de la libertad como mecanismos de control social. En Buenaventura y el Bajo Calima se reportaron 21 casos de desaparición en 2025. En Arauca, las privaciones de libertad pasaron de 163 en 2024 a 277 en 2025, muchas bajo la denominada “justicia revolucionaria”, con tratos crueles e incluso asesinatos.La Oficina también advirtió que, pese a las comunicaciones enviadas al Ministerio de Defensa sobre 15 situaciones de riesgo en varios departamentos, en la mayoría de los casos las medidas adoptadas fueron insuficientes o tardías para proteger a la población.En los territorios indígenas y afrodescendientes, la ONU expresó especial preocupación por la Sierra Nevada de Santa Marta y el Chocó, donde la disputa armada, el control social y actividades como la minería ilegal y la deforestación amenazan la pervivencia física y cultural de los pueblos.La conclusión del informe señala que la persistencia del conflicto, la violencia y el control social armado están “afectando gravemente a la población civil y debilitando los procesos organizativos y el tejido social de Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas. Las estrategias de control social y territorial empleadas por estos actores, sumadas al aumento de la violencia preelectoral, la polarización, la desinformación y el discurso de odio, generan riesgos para el espacio cívico y el ejercicio de los derechos civiles y políticos”.
Colombia se prepara para regresar al continente blanco entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 con la 12ª Expedición Antártica, un despliegue científico y operativo que marca un antes y un después en la presencia nacional en esa región del planeta. Para el capitán de navío del escalafón complementario Juan Camilo Forero, secretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano y director del Programa Antártico Colombiano, esta travesía llega en el momento de mayor madurez del país en la investigación polar.“Diez años realizando investigación en la Antártica demuestran que el país tiene un compromiso: con el planeta, con la biodiversidad y consigo mismo”, afirma. Para Forero, entender los fenómenos del continente blanco es clave para anticipar los impactos que pueden influir directamente en Colombia. “Comprender la Antártica es comprender cómo podemos vernos beneficiados o afectados por lo que ocurre allá”, sostiene.El salto diplomático y científico del país también es histórico. En los últimos dos años, Colombia fue aceptada como miembro pleno del Comité Científico para la Investigación Antártica (SCAR) y del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP). Forero lo describe como un logro que exige altura.“Ser recibidos por unanimidad debe llenarnos de satisfacción, pero también implica responsabilidad. Hacer buena ciencia nos permite contribuir, recibir cooperación internacional y trabajar con equipos consolidados en el mundo”, explica.La expedición integrará más de 25 proyectos desarrollados por 33 instituciones, todos alineados con los grupos de trabajo del SCAR y organizados en cuatro áreas: Ciencias de la Tierra (35 %), Ciencias de la Vida (30 %), Ciencias Sociales y Humanidades (25 %) y Ciencias Físicas (10 %). Cada iniciativa pasó por un proceso riguroso para garantizar continuidad, solidez y resultados verificables.“Prácticamente, ningún proyecto es aislado. Todos vienen con trayectoria, con fases de implementación. Eso nos da rigurosidad, series de tiempo y resultados que fortalecen la ciencia colombiana”, señaló el capitán.La expedición también incorporará tecnologías de vanguardia: mediciones de CO₂ y calor en el océano Austral, estudios sobre impacto del turismo, inteligencia artificial para navegación segura, sistemas de energía con hidrógeno verde y hábitats científicos que simulan condiciones espaciales. Proyectos emblemáticos como ICEMAN y el Proyecto Colombiano de Arte en la Antártica regresan con más de una década de continuidad.En el componente operativo, el buque ARC Simón Bolívar será el protagonista. Construido en Colombia, se ha convertido en un símbolo del avance nacional en ciencia oceánica.“Más allá de ser un buque, es una declaración del país. Construirlo con manos colombianas y ponerlo al servicio de la ciencia nos da autonomía y nos permite brindar cooperación”, explica Forero.Ese espíritu solidario se reflejará en la presencia de investigadores de Chile, Ecuador, Malasia y México a bordo del buque colombiano. “Eso es lo que más ha llamado la atención: la disposición real del país para apoyar a otros programas”, añade. La expedición contará además con el apoyo aéreo del Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, esencial para movilidad de personal y carga en uno de los entornos más inhóspitos del planeta.
Recientemente, se confirmó la radicación de una queja disciplinaria contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ante la Procuraduría General por los recientes bombardeos y operativos militares contra estructuras de Iván Mordisco, en los que han fallecido al menos 15 menores de edad.La queja, presentada por el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, recoge informes, pronunciamientos de organismos internacionales y declaraciones de la Defensoría del Pueblo, además de antecedentes relacionados con el nombramiento y posesión del actual ministro. El documento advierte posibles faltas disciplinarias derivadas de la planeación, ejecución y supervisión de las operaciones militares en zonas del Amazonas, Arauca y Guaviare.El debate se reavivó luego de que el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, confirmara oficialmente que 15 de los cuerpos analizados tras cuatro operativos militares corresponden a menores de edad. Los exámenes se realizaron entre agosto y noviembre, tras intervenciones contra estructuras armadas en por lo menos tres departamentos.Según la denuncia, durante días existió incertidumbre sobre las edades reales de las víctimas. Sin embargo, este fin de semana la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal ratificaron que entre los fallecidos había siete menores, cifra que posteriormente fue ajustada a 15 tras completar los análisis forenses. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, condenó el reclutamiento forzado perpetrado por las disidencias.A esta petición se sumó Naciones Unidas, que hizo un llamado a la cautela en el uso de bombardeos, pero fue enfática en señalar que la responsabilidad originaria por la muerte de los menores recae en los grupos armados que los reclutan “el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (2000) prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años por parte de grupos ilegales. Y el Estatuto de Roma (2002) considera este reclutamiento un crimen de guerra”, por ello, exigió la liberación inmediata de todos los menores utilizados en actividades de guerra y su protección frente al conflicto.En medio de esta presión nacional e internacional, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió públicamente las actuaciones de las Fuerzas Militares. En entrevista con Mañanas Blu, negó que los tres menores fallecidos el pasado 24 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, hubieran muerto en un bombardeo. Según el ministro, se trató de un combate directo entre tropas y un grupo armado, y no de una operación aérea.La Procuraduría deberá ahora decidir si abre una investigación disciplinaria formal, mientras organizaciones humanitarias insisten en la necesidad de revisar los protocolos militares y reforzar los estándares de protección a menores en zonas de conflicto.
En medio de la polémica generada por los recientes bombardeos contra campamentos de las disidencias de las Farc en el suroriente del país —operaciones ordenadas para debilitar la estructura criminal de alias Iván Mordisco—, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, defendió la legalidad de las acciones en las que, según reportes de la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal, habrían muerto al menos 12 menores de edad.“Todas las operaciones militares se planean en el marco de la doctrina, en este caso en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, afirmó el oficial, al responder a los cuestionamientos que hoy tienen al ministro de Defensa en el centro de un inminente debate de moción de censura en el Congreso de la República.Cubides también sostuvo que la Fuerza Pública no ocultó información sobre la presencia de menores en los lugares atacados y que la identificación de las víctimas corresponde exclusivamente a Medicina Legal, entidad encargada de confirmar las edades y condiciones de los cuerpos hallados.Respecto a los hechos ocurridos en agosto en el departamento del Guaviare, donde la Defensoría reportó la muerte de cuatro menores, el comandante precisó que no se trató de un bombardeo, sino de un combate entre tropas del Ejército y miembros de las disidencias.“Lo que pasó en agosto allá fue un combate de dos horas; recordemos que esa era una zona donde teníamos secuestrados a nuestros soldados”, explicó.De acuerdo con la información consolidada por Medicina Legal, al menos 15 menores de edad han perdido la vida desde agosto en medio de operaciones militares contra las disidencias de las Farc, cifras que han reavivado el debate sobre los límites del uso de la fuerza y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario en el marco de los operativos del Estado.
En entrevista con Mañanas Blu, el ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, respondió a las inquietudes sobre la millonaria compra de los aviones de combate Gripen, un contrato avaluado en cerca de 3.135 millones de euros. El punto álgido de la conversación surgió al cuestionar si existieron comisiones ilegales o intermediarios en la negociación, mencionando rumores que, según los periodistas, salpicaban incluso a la primera dama, Verónica Alcocer.El ministro rechazó tajantemente estas insinuaciones y negó cualquier tipo de pago a terceros. Asimismo, defendió la honorabilidad del proceso llevado a cabo directamente con el fabricante sueco."Aquí están afectando irresponsablemente el buen nombre no solamente de la empresa Saab, del Gobierno, mi nombre", dijo.Ante la insistencia de la mesa de trabajo sobre la cultura histórica de intermediación en contratos de defensa, el ministro fue enfático en que tal conducta constituye un crimen que no será tolerado en esta administración: "Eso es un delito y tenemos que llevarlos, mejor dicho, a que paguen por ello", sentenció, tras confirmar con un rotundo "Nadie, no" a la pregunta sobre si alguien cobró comisiones.Detalles técnicos y justificación de costosMás allá de la polémica, el funcionario explicó la estructura del contrato. Aclaró que la cifra de 16,5 billones de pesos (aproximadamente) no corresponde únicamente a las aeronaves físicas, sino a un paquete integral de capacidad defensiva. Esta distinción es clave para entender la diferencia de precios frente a otras ofertas del mercado o modelos básicos."Lo que se adquiere no son aviones, se adquiere es una capacidad, y esa capacidad incluye que esas aeronaves tienen integrados sistemas de sensores de armas que permiten actuar más efectivamente", explicó el ministro.Para ilustrar el punto, utilizó una analogía sobre la configuración de vehículos, argumentando que los sistemas de guerra electrónica y armamento elevan el costo final: "Comparar el precio de un avión pelado con un avión ya configurado con todas las capacidades [es un error]", puntualizó.Modelo de contratación y financiación a largo plazoEl Ministerio de Defensa confirmó que la negociación se realizó bajo un modelo directo entre el Ministerio de Defensa y la empresa Saab, descartando un acuerdo de gobierno a gobierno en el sentido estricto, aunque hubo acompañamiento estatal. Respecto a la financiación, se detalló que el impacto fiscal se distribuirá a lo largo de casi una década, aliviando la carga inmediata sobre el presupuesto nacional."El pago está hasta el 2032. Se comienza el año entrante. Se destinaron 100 mil millones de pesos y los siguientes años, desde el 2027, con vigencias futuras, ya se comienza a pagar el grueso de ese contrato", detalló el alto funcionario.Sobre la confidencialidad del contrato, el ministro defendió la reserva legal, argumentando motivos de seguridad nacional, aunque reconoció que esto puede generar suspicacias en la opinión pública."Vamos a informar a la opinión porque es necesario... qué es lo que estamos adquiriendo, pero guardando también una reserva que no ponga en riesgo los acuerdos de confidencialidad que hay", concluyó.
A seis semanas de que termine el año, la Contraloría General de la República lanzó una advertencia sobre los riesgos fiscales y jurídicos que enfrenta el Estado por la falta de pago del reajuste a la bonificación de 59.000 servidores judiciales, un derecho establecido desde 2013 y que, para 2025, aún no ha sido actualizado.La delegada para el sector Justicia alertó que el Gobierno nacional no ha expedido el decreto que fija el reajuste anual, pese a que han transcurrido once meses. Esa omisión ha impedido que los funcionarios reciban su salario completo, pues la bonificación, creada por el Decreto 383 de 2013, debe actualizarse cada año con base en el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).La falta de este ajuste, señala el organismo de control, afecta directamente los derechos salariales y prestacionales de los empleados de la rama judicial, quienes pueden acudir a reclamaciones administrativas, demandas o tutelas “ya sea por constitución de pasivos por el retroactivo y presiones sobre las apropiaciones de gasto de personal vigentes y el reajuste en los pagos de parafiscales y del sistema general de seguridad social”.Asimismo, distintas entidades del sector justicia han solicitado en repetidas ocasiones al Ministerio de Hacienda y al Gobierno nacional que definan el reajuste y dispongan los recursos necesarios para iniciar los trámites administrativos y financieros que permitan pagar la deuda acumulada.La Contraloría advirtió que la no expedición oportuna del decreto puede generar pasivos contingentes y ciertos, pues la acumulación de una obligación económica no reconocida durante todo el año podría obligar al Estado a asumir pagos retroactivos elevados, afectando el equilibrio presupuestal de vigencias futuras.Desde el enfoque del control fiscal, esta situación implica un riesgo de gestión de pasivos no revelados oportunamente en los estados financieros, lo que afecta la transparencia y precisión del reporte contable del sector público.El eventual pago retroactivo también ejercería presión sobre las apropiaciones del gasto de personal. Una vez se expida el decreto, las entidades deberán reconocer y cancelar la bonificación acumulada, lo que requeriría recursos adicionales y podría significar un incumplimiento de los principios de planeación y anualidad presupuestal definidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Leyes 38 de 1989 y 179 de 1994).A esto se suma un impacto al principio de sostenibilidad fiscal, dado que la acumulación de obligaciones no reconocidas crea una brecha entre lo presupuestado y las obligaciones reales, poniendo en riesgo las metas de gasto público e incluso afectando la regla fiscal aplicable al sector.
El presidente Gustavo Petro había pedido a través de su cuenta de X la publicación de sus movimientos financieros, cuestionando la decisión del gobierno Trump de incluirlo en la lista Clinton. Cumpliendo esa orden, fue filtrado un documento de la UIAF de 31 páginas en el que se consignan movimientos de cuentas bancarias a su nombre entre 2023 y 2025. El documento contiene pagos de sueldos, abonos a hipoteca, compra de euros, retiros, pagos en tiendas en el exterior, abonos a medicina prepagada y retiros hechos por Jesusita Quirós (secretaria de Petro durante su paso por el Congreso), la ahora embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia y la directora del Dapre, Angie Rodríguez.Pero también aparecen movimientos vinculados a giros a Verónica Alcocer y a Ingrid Carolina Plata Navas, esposa del empresario santandereano Danilo Romero y muy cercana a la primera dama.En el informe se identifican 12 cuentas de ahorros distribuidas de la siguiente forma: seis en Scotiabank; tres en el BBVA; una en el Banco Agrario; otra en la Cooperativa Financiera Confiar; y la última en el Banco Sudameris.De estas, dos son las que registran mayor movimiento entre 2023 y 2025. Una de las cuentas con mayor actividad es una Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción con la que se han hecho “abonos a obligación hipotecaria” sobre un predio en Hacienda Fontanar, Acacia 7 en Chía. En cuanto a ingresos, aparece uno bajo el ítem “abono domiciliación”, que corresponde a los giros del Ministerio de Hacienda por concepto del sueldo del Presidente. Esto en 2023 sumó un poco más de 444 millones de pesos; en 2024, cerca de 618 millones; y en 2025 van alrededor de 205 millones de pesos. Según una tabla que acompaña esos abonos, las consignaciones mensuales del mandatario oscilan entre 26 y 48 millones de pesos, para un total de 1.124 millones de pesos a junio de 2025. Sin embargo, no están reflejados los pagos correspondientes a 2022.El informe también registra compras de divisas por unos 321 millones de pesos y gastos en librerías, droguerías y marcas exclusivas como Gucci, El Corte Inglés, La Rinascente y Ralph Lauren.En los cobros automáticos figuran pagos de un colegio, medicina prepagada, administración del hogar y transferencias con frecuencia a Ingrid Carolina Plata, por montos de 5 millones de pesos. Cabe mencionar que Plata es muy cercana a Alcocer y ha tenido vinculaciones contractuales con la Presidencia a través, por ejemplo, de un contrato de 482 millones entre 2022 y 2024.El documento concluye haciendo énfasis en la seguridad bancaria para identificar quién realizó los retiros con PIN PAD y en cajeros automáticos.