Este lunes, la Policía Nacional de Colombia interceptó una camioneta que transportaba 326 galones de gasolina, al parecer hurtados del poliducto Gualanday–Neiva, en el departamento del Tolima, cuando uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) Hidrocarburos, adelantaban labores de registro, control y verificación sobre el trazado del poliducto.Según relató el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, los uniformados observaron una camioneta en actitud sospechosa y procedieron a realizar la señal de “Pare”.“Al efectuar el registro a persona y al automotor, hallamos en la parte trasera un tanque de almacenamiento hechizo. En su interior eran transportados 326 galones de hidrocarburo tipo gasolina, que, al parecer, habían sido sustraídos momentos antes del poliducto”, explicó el oficial.El combustible estaba camuflado entre víveres y elementos de mercado, estrategia que buscaba evadir los controles de las autoridades, mientras el vehículo se dirigía hacia Bogotá. De inmediato, el conductor, de 40 años, fue capturado, quien permanece a la espera de audiencia virtual en la que se definirá su situación jurídica.El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía 91 Especializada de DECOC–EDA en la ciudad de Cali, por el delito de receptación de hidrocarburos; asimismo, el coronel Vargas Izao subrayó que con este operativo se logró una afectación a las finanzas ilegales superior a los cinco millones de pesos.“Este resultado demuestra la capacidad de despliegue operacional de nuestra institución para proteger infraestructura crítica como oleoductos, poliductos y gasoductos. Seguiremos actuando con contundencia para combatir las economías ilegales que afectan la seguridad ambiental y energética del país”, afirmó el comandante.La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa que atente contra la infraestructura energética a través de la línea 123 o informando a la patrulla más cercana, garantizando absoluta reserva.“Con esta acción, las autoridades refuerzan la ofensiva contra el hurto de hidrocarburos en el Tolima, una práctica que no solo genera millonarias pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las comunidades”, puntualizó el coronel Vargas.
Uno de los temas que sigue generando opiniones divididas entre los ciudadanos y precandidatos a la Presidencia de la República son los bombardeos contra grupos ilegales, pues en anteriores Gobiernos no solo ha cobrado la vida de delincuentes sino también de menores de edad que han sido reclutados. Por eso, el exminsitro de Defensa Juan Carlos Pinzón explicó en entrevista con Recap Blu su posición en caso de ocupar la Casa de Nariño.El precandidato por la Gran Consulta por Colombia no descarta el uso de bombardeos contra grupos armados ilegales. Su postura es tajante: la fuerza legítima del Estado seguirá siendo una herramienta disponible, pero bajo criterios técnicos y jurídicos estrictos."Usted está hablando con la persona que más acciones de bombardeo ordenó en la historia del país para derrotar las amenazas armadas. Por eso les dimos los grandes golpes: 128 jefes del terrorismo, la criminalidad, fueron neutralizados en el tiempo que yo fui ministro. Del jefe de las Farc para abajo", afirmó en Recap Blu, al responder si daría luz verde a este tipo de operaciones incluso en escenarios complejos. ¿Bombardeos así hayan menores de edad?Frente a la pregunta directa sobre si autorizaría bombardeos aun cuando pudiera haber presencia de menores, evitó una respuesta categórica de sí o no, pero reafirmó que las decisiones deben estar en manos de expertos. “Hay que dejarlo a los militares y a los abogados en derecho internacional humanitario. Nada puede hacerse sin una visión judicial de la acción de la fuerza del Estado y sin criterios asociados a la Constitución y los derechos humanos”, explicó.En materia de seguridad, el precandidato marcó distancia tanto de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro como de una “guerra total”. “Ni paz total ni guerra total. Vamos a destruir las organizaciones criminales, pero al mismo tiempo vamos a llevar desarrollo”, señaló, al mismo tiempo que explicó que su estrategia, denominada “Cero Tolerancia con el Crimen, Colombia Sin Miedo”, incluye acciones militares, fortalecimiento de la justicia, inversión social y control territorial con tecnología, como un “muro virtual” en la frontera con Venezuela mediante drones, radares y centros de comando.El futuro de las propuestas de Juan Carlos Pinzón se definirá este domingo, 8 de marzo, cuando los colombianos voten en las consultas y decidan cuál será el candidato a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia.
Este lunes, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió el plan de su cartera y del Gobierno Nacional para reestructurar el sistema de slots, o franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado con el objetivo de promover mayor competencia entre aerolíneas y beneficiar a los viajeros.Según la funcionaria, la iniciativa responde a las múltiples quejas de diferentes sectores, en especial a los usuarios, por el alto valor en los tiquetes en ciertas regiones.“Pero uno tiene dos cosas para hacerlo como Estado: o hacer algo o no hacer nada. Yo no siento que yo deba no hacer nada, hacerme la loca y pasar de agache y que se acabe esto. No, yo creo que sí podemos hacer algo, y así como que tengo que entender la lógica que motiva a las aerolíneas, sobre todo a las grandes, sobre mi obligación mayor, es entender la lógica de los usuarios. Y por los usuarios es que estamos reflexionando sobre qué hacer, cómo incentivar los cambios que generen beneficios a esos usuarios. Más oferta, mejores precios y más conectividad”, estalló la ministra.Y es que esta iniciativa ha recibido críticas desde algunos sectores y choques entre aerolíneas, pues algunas sí consideran que el sistema actual favorece a quienes ya tienen gran parte de los slots disponibles, lo que limita la competencia y puede elevar los precios de los tiquetes.“Uno no se puede asustar con el lobby de quienes tienen un interés comercial, porque aquí hay que entender a todos los actores. Yo tengo que entender a las aerolíneas grandes que tienen un interés comercial, porque recuerden, el tema de la aviación comercial es un oligopolio estructural. Siempre va a haber pocas, y dentro de esas pocas, hay una, dos o tres que tienen una posición dominante. Así es ese mercado”, agregó Rojas.Por ahora, no hay un borrador de decreto listo, pero sí una etapa de análisis profundo para modificar las reglas actuales y abrir más oportunidades a distintas aerolíneas, evitando que pocas compañías dominen los horarios más demandados.Una de las quejas, por ejemplo, ha llegado por parte de la aerolínea JetSMART, que opera en Colombia desde hace dos años con un modelo de tarifas bajas y ultra bajo costo, está entrando a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, lo que implica mayor reconocimiento internacional y cumplimiento de estándares globales de seguridad y operación. En este contexto, la compañía busca competir de manera más directa con las grandes aerolíneas que dominan el mercado colombiano, especialmente en horarios de alta demanda en vuelos domésticos.El CEO y fundador de JetSMART, Estuardo Ortiz, dijo en BLU Radio, que aunque la empresa ha crecido todavía enfrenta limitaciones por la asignación de slots en aeropuertos como El Dorado en Bogotá. Según Ortiz, los grandes competidores controlan una gran mayoría de estos horarios clave, lo que dificulta el crecimiento de aerolíneas más pequeñas y limita la oferta de opciones y precios para los viajeros.Por eso, JetSMART pide que las autoridades revisen cómo se distribuyen esos slots para que haya más competencia real y, potencialmente, los pasajes aéreos puedan bajar de precio. La idea es que con más competencia en horarios atractivos para los pasajeros, no solo se beneficien las aerolíneas nuevas, sino también los viajeros con más opciones y tarifas más accesibles.La IATA, por su parte, insistió en la necesidad de implementar un sistema de monitoreo alineado con los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), que son estándares internacionales para aeropuertos congestionados. Según la asociación, el uso inadecuado o la falta de aplicación de estas normas limita la eficiencia operativa y frena la apertura de espacios más competitivos en los horarios más demandados.
La Registraduría respondió a la reciente publicación en redes del presidente Gustavo Petro en la que cuestionó una de las estrategias pedagógicas de la entidad en las votaciones que ya iniciaron en el extranajero para Congreso y consultas interpartidistas.En su trino, el mandatario aseguró que se trataba de una “propaganda exagerada de la registraduría en los puestos de votación internacional. Busca aumentar votos por las consultas. Hay millones conmigo que no queremos votar por las consultas presidenciales porque el Consejo Nacional Electoral excluyó arbitrariamente candidatos” y acompañó el texto con una fotografía de uno de los puestos de votación.Allí se ve el respectivo cubículo de cartón con el letrero, en colores rojo y amarillo, donde le indica al votante que, en el caso de las consultas, solo debe votar por un candidato pues las tres condiciendas están en el mismo tarjetón.“El voto fundamental es el del Congreso y también votar en doble casilla anula el voto”, agregó Petro, quien en varias ocasiones ha pedido no votar en la consulta luego de que no se avalara la participación de Iván Cepeda, hoy en primera vuelta.Ante esto, la Registraduría explicó que la imagen en los cúbicos es un instructivo pedagógico para evitar que los votantes anulen el voto, marcando en varias consultas al mismo tiempo y recordó que hace cuatro años, se anularon más de 260.000 votos por errores similares.La entidad aclaró además que dicho instructivo está solo en cubículo, es decir cuando la persona ya decidió votar o no la consulta, y no en la mesa donde reciben las cédulas y entregan los cartones. Cabe recordar que cada persona deberá pedir el tarjetón de la consulta, si así lo desea, pues este no será entregado por el jurado.
Las autoridades en Antioquia recibieron información sobre un posible atentado contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que se materializaría este lunes dos de marzo en el proyecto Hidroituango.La alerta fue comunicada por el Ejército Nacional a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y a los equipos de seguridad de ambos mandatarios.Según la información, en la zona fueron detectados sobrevuelos de drones de gran tamaño no identificados y pertenecerían al frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura armada que tiene presencia en el norte del departamento de Antioquia.La amenaza, según los equipos de seguridad, se concretaría durante una rueda de prensa que el alcalde y el gobernador tenían previsto encabezar en el complejo hidroeléctrico. El evento incluía un recorrido técnico por las instalaciones y la revisión de avances del proyecto.Ante la situación, y por recomendación del Ejército Nacional, fue cancelado el viaje que se realizaría con cerca de 100 periodistas. El encuentro estaba programado para las 5:00 a. m. del lunes 2 de marzo, con salida hacia Hidroituango.En una comunicación dirigida a los medios, se informó la suspensión de la actividad por razones de seguridad. Las autoridades señalaron que la medida responde a la necesidad de prevenir riesgos frente a la amenaza que fue detectada.
Varios aviones militares estadounidenses se estrellaron la mañana del lunes en Kuwait, pero sus tripulantes sobrevivieron, indicó el Ministerio de Defensa del país del Golfo en el tercer día de conflicto con Irán."Varios aviones militares de Estados Unidos se estrellaron esta mañana. Confirmamos que todos los miembros de la tripulación sobrevivieron", dijo un portavoz del departamento en un comunicado."Las autoridades iniciaron inmediatamente operaciones de búsqueda y rescate, evacuaron a la tripulación y la transportaron a un hospital para exámenes médicos y tratamiento. Su condición es estable", afirma el comunicado.Irán derriba un caza F-15 de Estados Unidos, según medios iraníesMedios iraníes informaron este lunes del derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y que cayó en Kuwait, mientras que ese país anunció que varias aeronaves estadounidenses se habían estrellado este lunes, pero que sus tripulantes sobrevivieron.“Un caza F-15 del ejército agresor de Estados Unidos, que intentaba violar el espacio del país, fue alcanzado y derribado por la defensa aérea de la República Islámica de Irán”, anunció la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.El medio indicó que los restos de la aeronave cayeron en Kuwait, debido a su proximidad con ese territorio. Mientras, el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el coronel Saud Al-Atwan, dijo en un comunicado que varios cazas de EE.UU. se han estrellado este lunes, pero que sus tripulantes sobrevivieron y fueron trasladados al hospital.El militar agregó que las autoridades competentes están investigando las causas del accidente, e instó al público y a los medios de comunicación a obtener información de fuentes oficiales. Las autoridades iraníes aún no se han pronunciado al respecto; sin embargo, la Guardia Revolucionaria anunció esta mañana una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel, que, junto con Estados Unidos, lanzó una guerra contra el país persa el sábado.Durante la guerra de los 12 días en junio pasado, en la que Israel y Estados Unidos bombardearon el país persa, la televisión estatal iraní también informó del derribo de cazas israelíes, afirmación de la que se retractó más tarde. EE.UU. e Israel volvieron a lanzar el sábado nuevos bombardeos contra diversos puntos de Irán, especialmente Teherán, en los que han muerto el líder supremo, Alí Jameneí, y varios altos cargos militares y de seguridad. El único balance oficial de muertos en Irán, emitido al final del primer día de la guerra, cifra en 200 las víctimas mortales, número que no se ha actualizado hasta ahora.Según la agencia Mehr, al menos 20 personas murieron esta madrugada en bombardeos contra un barrio en el este de la capital.
Un incidente aéreo de alto impacto geopolítico sacudió este lunes la región del Golfo Pérsico, luego de que medios iraníes informaran del presunto derribo de un caza estadounidense que, según esas versiones, cayó en territorio kuwaití. Las autoridades de Kuwait confirmaron la caída de varias aeronaves de Estados Unidos, aunque aseguraron que sus tripulantes sobrevivieron.La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, informó que un caza F-15 de Estados Unidos fue alcanzado por los sistemas de defensa aérea iraníes cuando, supuestamente, intentaba vulnerar el espacio aéreo del país persa. Según el reporte, los restos de la aeronave habrían caído en Kuwait debido a la cercanía territorial.Versiones enfrentadasDe acuerdo con la versión difundida por medios iraníes, el avión derribado era un F-15 de combate que formaba parte de una operación ofensiva. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de Washington sobre un ataque directo de las fuerzas iraníes.Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, coronel Saud Al-Atwan, confirmó que varias aeronaves estadounidenses se estrellaron este lunes, aunque precisó que los pilotos lograron eyectarse con éxito y fueron trasladados a centros hospitalarios. Las autoridades locales indicaron que se abrió una investigación para determinar las causas del incidente y pidieron a la ciudadanía remitirse únicamente a fuentes oficiales.El suceso ocurre en medio de una nueva fase de confrontación regional. La Guardia Revolucionaria iraní anunció recientemente una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en Israel, en el marco del conflicto que involucra también a Estados Unidos.Durante la denominada “guerra de los 12 días” en junio pasado, en la que Israel y EE.UU. bombardearon territorio iraní, la televisión estatal de Irán informó en su momento del derribo de cazas israelíes, versión de la que posteriormente se retractó.En esta nueva escalada, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado bombardeos contra distintos puntos estratégicos de Irán, especialmente en Teherán. Según reportes oficiales iraníes emitidos al término del primer día de ofensiva, el balance preliminar de víctimas mortales ascendía a 200 personas, cifra que no ha sido actualizada.
El ejército israelí afirmó este lunes estar llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y Líbano y advirtió al movimiento islamista libanés Hezbolá que pagará "caro" haber abierto fuego contra Israel.Las fuerzas armadas de Israel lanzaron este lunes una ola de ataques contra Hezbolá después de que el grupo, respaldado por Irán, reivindicara unos disparos de cohetes contra su territorio."En este momento, cientos de aviones de la fuerza aérea están bombardeando simultáneamente Líbano e Irán", dijo el portavoz militar, el general Effie Defrin, en televisión. "Hezbolá abrió fuego anoche. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Les habíamos advertido, y lo pagarán caro".Asimismo, el ejército indicó que había llevado a cabo un "bombardeo selectivo" contra un alto responsable de Hezbolá en Beirut. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó en X que el secretario general del movimiento islamista, Naim Qasem, era "un objetivo designado a abatir".Este lunes temprano, periodistas de la AFP reportaron un bombardeo israelí en la periferia sur de la capital libanesa, feudo de Hezbolá. Los ataques israelíes se produjeron después de lanzamientos de cohetes y drones desde Líbano, el primer ataque contra Israel reivindicado por Hezbolá desde que se firmó un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024, que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes.
Más de 8.000 habitantes de la zona rural del municipio de La Paz cuentan desde ahora con un paso seguro sobre el río Quiratá, tras la instalación de un puente metálico modular en el sector Bocas del Opón, un punto crítico que durante más de 30 años representó riesgo permanente en temporadas de lluvias.La estructura, puesta en servicio por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), conecta a La Paz con los municipios de Landázuri, Vélez y Santa Helena del Opón, facilitando la movilidad en esta zona estratégica que comunica con la Troncal del Carare.“Pudimos culminar el puente modular metálico en Bocas del Opón que va a beneficiar a más de 8.000 personas. Tiene una inversión del Gobierno Nacional de más de 4.700 millones de pesos”, señaló Julián Barajas, asesor de la dirección de la UNGRD.Durante años, las crecientes súbitas del río Quiratá provocaron aislamientos prolongados, emergencias y dificultades para el acceso a servicios básicos y el transporte de productos agrícolas. En temporada invernal, el paso se convertía en un riesgo constante para las comunidades.“Esto era algo que estábamos esperando desde hace 30 añosy hoy es una realidad. Acá hicimos un trabajo donde las comunidades aportamos más de 3.500 jornales en obras de mano que equivale a más de $500 millones de pesos junto con la Gobernación de Santander y gracias a Dios pudimos obtener esta obra”, manifestó Ariosto Duarte, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocas del Opón.El puente corresponde a un sistema modular tipo Bailey, tiene 64 metros de longitud y 4,20 metros de ancho, con tránsito en una sola calzada. Su configuración de panel simple reforzado le permite soportar hasta 52 toneladas, lo que garantiza el paso de vehículos pesados, maquinaria, transporte agrícola y unidades de emergencia.La instalación estuvo a cargo del Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales N. 90 del Ejército Nacional. A esta inversión se suman aproximadamente $2.400 millones en obras civiles de cimentación y cerca de 500 millones en maquinaria amarilla para la adecuación de accesos y conformación de terraplenes. En total, el proyecto representa una inversión cercana a los $8.000 millones.
Crece la preocupación entre las autoridades y la comunidad de Algeciras, Huila, ante el aumento de homicidios registrados en lo corrido del año. En apenas dos meses, el municipio ya suma 10 muertes violentas.Esta cifra resulta alarmante para un territorio que no supera los 25.000 habitantes y que históricamente ha sido afectado por la violencia y por la presencia de grupos armados al margen de la ley."Lamentablemente, en los dos primeros meses del año se registran 10 homicidios, una cifra bastante alta para el poco tiempo que llevamos. Recordemos que el año anterior se cerró con 30 homicidios, siendo la época más violenta registrada, según las estadísticas, en el municipio de Algeciras", señaló Alexander Martínez Ballesteros, alcalde de Algeciras.Aunque las autoridades judiciales y de investigación trabajan para esclarecer los móviles y responsables de estos homicidios, estas muertes podrían estar vinculadas a la disputa de grupos disidentes por el control territorial."Hasta ahora, las investigaciones no han arrojado un diagnóstico oficial sobre estas muertes violentas. Sin embargo, según información de la comunidad, estarían relacionadas con grupos disidentes que operan en el territorio, en disputa por un estratégico corredor vial que comunica con el departamento del Caquetá", señaló el alcalde.Ante este panorama, el mandatario local no solo expresó su preocupación, sino que indicó que se están coordinando acciones de manera articulada con el Gobierno departamental, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para la Paz y la ONU, con el objetivo de evitar que siga derramándose más sangre en el municipio.Pero, además, según la MOE, este municipio del nororiente del Huila presenta riesgo electoral por problemas de seguridad que podrían afectar las votaciones del próximo domingo, 8 de marzo.
Millones de colombianos elegirán el nuevo Congreso de la República el próximo 8 de marzo, en la primera jornada electoral de este 2026. De acuerdo con la Registraduría del Estado Civil, las urnas se abrirán desde las 8:00 de la mañana y todos los registrados por el censo electoral deberán acudir a su puesto de votación para hacer efectivo su derecho al voto.¿Cómo saber el puesto de votación 2026?Hacer este trámite no es complicado y solo demora unos minutos, además que se podrá hacer a través del celular. Por eso, deberá seguir los siguientes pasos para conocer dónde deberá votar para el próximo 8 de marzo:Ingrese a www.registraduria.gov.coDe click en el botón de ‘Elecciones 2026’.Vaya a la sección de ‘Puesto de Votación’.Se abrirá una parte donde tendrá que poner su número de cédula.Ahí aparecerá su departamento, municipio, localidad y dirección exacta, además del puesto y mesa en que deberá hacerlo.Este proceso se puede hacer desde el celular y debe consultarlo antes de ir a ejercer su derecho al voto de este 8 de marzo.¿Se puede cambiar el puesto de votación?Sí, pero no para la jornada electoral de este 8 de marzo, pues esto fue habilitado hasta hace algunas semanas. De cara a la primera vuelta presidencial, la Registraduría habilitará puestos en donde podrá hacer el cambio de su puesto para ese día y así tener su lugar mucho más cerca.¿Habrá ley seca por las elecciones del 8 marzo?Sí. De acuerdo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, la medida comenzará a aplicar desde el sábado, 7 de marzo, e irá hasta la 6:00 de la mañana del lunes 9. Durante ese tiempo se prohibirá la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales.Link para consultar jurado de votaciónIngrese a la página de la Registraduría: https://www.registraduria.gov.co/Dele ‘click’ en el apartado de ‘Electoral’.En la parte de ‘Trámites y servicios’, de click en ‘Jurado de Votación’.Ingrese su número de cédula.Ahí aparecerá si usted fue o no designado como en la siguiente imagen. En caso de ser sí, tendrá datos de puesto de votación y horario.
Colombia enfrenta una emergencia silenciosa que no permite excusas. En los últimos 12 años, 29 puentes han colapsado o sufrido daños graves en el país. Lo más preocupante es que 18 de esos casos ocurrieron entre 2023 y lo que va de este año 2026. Y solo en los dos primeros meses de este año ya se han caído cinco estructuras: dos en Córdoba, dos en Antioquia y una en Magdalena. Para los gremios transportadores, estas cifras no son coincidencia: reflejan una falla estructural en la gestión y el mantenimiento de la infraestructura vial.“Se interrumpe absolutamente todo el tránsito de vehículos grandes, pequeños, buses, volquetas de todo tipo. Entonces, genera daño en la logística de entregar la mercancía en los sitios donde se necesita, perjuicios a la economía nacional, a la economía del que necesita la mercancía que nosotros transportamos y a nosotros los transportadores, porque no podemos terminar nuestro viaje. Es negligencia absoluta de la señora Ministra de Transporte”, señaló Alfonso Medrano Solano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros.Al revisar las responsabilidades, el panorama es aún más delicado. De los 29 puentes afectados, 13 están a cargo del Instituto Nacional de Vías (INV), 9 corresponden a la Agencia Nacional de Infraestructura, seis son responsabilidad de administraciones departamentales y uno del Ejército Nacional. En 2026, cuatro de los cinco colapsos registrados recaen nuevamente sobre Invías, lo que intensifica los cuestionamientos sobre prevención, supervisión y mantenimiento.Las consecuencias no son solo cifras en un informe técnico. Cada puente que cae paraliza corredores estratégicos, encarece el transporte de carga, retrasa el traslado de pasajeros y afecta el abastecimiento de alimentos e insumos. Empresas transportadoras, conductores, auxiliares y cientos de familias ven comprometido su sustento diario. Además, el cierre de vías impacta el comercio regional y profundiza la crisis económica en las zonas afectadas.“El transporte no puede operar sobre una infraestructura incierta. La movilidad es un derecho, pero también es una variable crítica de estabilidad económica. Esto no es solo una emergencia vial, es una emergencia logística nacional en la que el gobierno tiene que intervenir lo más pronto posible”, denunció Elkin de Jesús Villegas Gil, Director Ejecutivo AGREM.Los gremios exigen al Gobierno nacional, a través de Invías y la ANI, bajo la coordinación del Ministerio de Transporte, tres acciones concretas: declarar la emergencia como prioridad institucional con intervención técnica inmediata y cronogramas claros; implementar medidas transitorias que mitiguen las pérdidas económicas sin fomentar la informalidad; y definir presupuestos y tiempos reales para soluciones definitivas. Advierten que no puede repetirse el escenario de 2023 y 2024, cuando puentes militares instalados como solución temporal terminaron operando por años, como ocurre en la vía Cúcuta–Pamplona.El sector transportador insiste en que la prolongación de esta crisis no solo deteriora la economía regional, sino que pone en riesgo la sostenibilidad del servicio público de transporte.
Colombia perdió a una de las mujeres más influyentes en el sector de las TIC: Ingrid Paola Hernández Sierra, de quien se confirmó su fallecimiento en la mañana de este lunes 2 de marzo.Ingrid Hernández se desempeñaba como asesora de Presidencia en el cargo de coordinadora de Transformación Digital desde 2022, donde impulsó la agenda de modernización tecnológica del Estado colombiano. Abogada con especialización en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Derecho Económico y un MBA, se posicionó como una de las voces técnicas más influyentes en materia de política digital y seguridad en el ciberespacio.Con más de 15 años de experiencia en el sector TIC, fue pieza clave en la formulación y redacción de la Ley 1341 de 2009, el marco que redefinió la regulación de las telecomunicaciones en Colombia. En su paso por el Ministerio de las TIC acompañó investigaciones a operadores, la puesta en marcha del Registro TIC y la implementación de sistemas de gestión del espectro radioeléctrico, aportando una visión integral que combinó regulación, supervisión y operación.¿Quién era Ingrid Hernández?Ingrid fue una asidua analista invitada del programa Blu 4.0. Su influencia trascendió en debates públicos sobre transformación digital que el espacio ha abordado ampliamente. Varias voces del sector TIC expresaron sus condolencias tras conocerse esta pérdida.“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Ingrid Hernández, coordinadora de Transformación Digital de @infopresidencia. Una líder visionaria que comprendió que la tecnología es, ante todo, una herramienta para servir y transformar vidas. Su compromiso por abrir camino a más mujeres en el sector TIC deja una huella imborrable”, escribió la ministra de las TIC, Carina Murcia, en su cuenta de X.“Un día triste en el ecosistema digital. Se nos fue @Ingrid_HdezS. La conocí aprox. en sept. de 2022, cuando iniciaba su trabajo en @infopresidencia. Respetando el rol de cada uno, nos volvimos amigos y colegas para impulsar agenda en Transformación Digital”, agregó Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI.“La Junta Directiva de ASOTIC y su presidenta @GaleMallol lamentan profundamente el fallecimiento de Ingrid Hernández y se unen en solidaridad con su familia y seres queridos”, expresaron desde la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia.
Jaime Parra, conocido como alias ‘El Médico’, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz que dentro de la organización se practicaron interrupciones de embarazo sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres, incluidas menores reclutadas.“Como médico de la extinta organización y encargado de la política de salud en esta organización, reconozco que tengo responsabilidad en la formulación e implementación de la política de la planificación obligatoria que inicialmente se planteó para hombres y mujeres, pero que terminó recayendo solamente en ellas”.“Adicionalmente, reconozco que se practicaron interrupciones de embarazos sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres”, añadió. Luego de leer los relatos de víctimas, Parra asegura que sus decisiones tuvieron consecuencias graves para las víctimas.“Esto les generó un daño psicológico y en su salud física del cual soy consciente luego de leer los relatos de las víctimas”. El exintegrante del Secretariado también aceptó que los hechos investigados en el macrocaso 7 sí ocurrieron.“Los hechos señalados en el macrocaso 7 ocurrieron; reconocerlos es un deber, un compromiso ético y moral con el país y con las víctimas”. Además, admitió que muchos menores fueron expuestos a situaciones que no debieron vivir.“En lugar de protegerlos, no supimos garantizar plenamente sus derechos ni su bienestar. Fueron expuestos a experiencias que nunca debieron vivir”. Finalmente, sostuvo que nada de lo ocurrido debió pasar, y que “asume la responsabilidad” como antiguo integrante del exsecretariado.“Este reconocimiento no borra el dolor ni las consecuencias, pero es un paso necesario para aportar a la verdad, dignificar a las víctimas y contribuir a que los hechos como esto no se repita nunca más”.
Wilmar Mejía era hasta hace tres meses director de inteligencia de la DNI. Resultó salpicado en un escándalo revelado por Noticias Caracol, en el que junto al general Juan Miguel Huertas fue señalado de presuntos vínculos con cabecillas de las disidencias de alias Calarca. Según dicha información, el funcionario al parecer filtraba datos reservados y acercaba a la organización criminal con miembros de la fuerza pública. Incluso fue identificado, presuntamente, en los archivos de Calarácon el alias de 'El Chulo'. El negó todas estas acusaciones en su contra y aseguró que había conocido a cabecillas de las disidencias en el marco de su trabajo por La Paz en distintas regiones del país.Tres meses han pasado desde que fue suspendido de su cargo por orden de la Procuraduría. En su contra hay incluso una investigación interna en la entidad a la que pertenece. Pero hoy el organismo de control levantó dicha suspensión argumentando que no hay pruebas suficientes, que se trata de una medida cautelar y no una sanción, y que tanto él como Huertas han colaborado con las investigaciones. Con esto, la Dirección Nacional de Inteligencia debe reintegrar a Mejía en su cargo y Blu Radio conoció que así ocurrirá, con una resolución que será expedida en las próximas horas en la que vuelve a ser nombrado como director de inteligencia.El presidente Gustavo Petro ha defendido a estos servidores públicos a pesar de la gravedad de las denuncias. Incluso tanto Mejía como Huertas fueron vistos en casa de Nariño el pasado 23 de febrero y acudieron allí para una reunión con el mandatario. Este encuentro tenía como objetivo, según fuentes cercanas, que Petro conociera en qué iba el proceso legal de ambos; sin embargo, por temas de agenda, no se habría materializado.
En una operación conjunta en zona rural de Buenaventura, la Policía, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la Armada, capturó en flagrancia a cuatro integrantes del ELN y decomisó material de guerra que, según inteligencia, iba a ser entregado al grupo criminal Los Shottas.El procedimiento se desarrolló mediante una diligencia de registro y allanamiento en la vereda San Cipriano, donde fueron detenidos alias 'Pelusa', 'Flaco', 'El Viejo' y 'El Mono'. De acuerdo con las investigaciones, el armamento iba a fortalecer el componente sicarial y de extorsión de “Los Shottas”, estructura que disputa el control de economías ilegales en el puerto.Durante el operativo, las autoridades incautaron dos fusiles, un revólver, siete proveedores de fusil, una granada de fragmentación, 88 cartuchos de diferentes calibres y elementos de intendencia militar, como uniformes y chalecos.Según la investigación, el arsenal sería utilizado para reforzar acciones como homicidios selectivos, extorsiones y control violento del territorio, en medio de la disputa criminal que Los Shottas mantienen con Los Spartanos por rutas de narcotráfico y zonas estratégicas de acopio.Las autoridades destacaron que el golpe debilita la presunta alianza entre el ELN y estructuras delincuenciales urbanas en el Pacífico, evidenciando una articulación logística para sostener rentas ilícitas.Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las detenciones. Posteriormente, un fiscal les imputó cargos por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y municiones, y se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
A menos de seis meses de que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Corte Constitucional ha proferido un fallo trascendental al declarar inexequibles los artículos 100 y 101 de su Plan Nacional de Desarrollo (PND). Estos artículos eran la base legal de las llamadas Asociaciones Público Populares, un modelo de contratación directa con organizaciones comunitarias que el mandatario ha promovido como pilar de su "economía popular".La demanda que originó esta decisión fue liderada por la abogada y académica Carolina Deik, quien junto a un equipo de juristas argumentó que estos artículos violaban principios fundamentales de la contratación estatal en Colombia. El eje central del fallo radica en la reserva de ley, señalando que el Congreso no puede delegar al Ejecutivo la creación de modalidades de contratación de forma ambigua.Deik explicó en entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que la Constitución de 1991 asigna exclusivamente al Congreso la facultad de expedir el estatuto general de contratación: “Había otros [argumentos], por ejemplo, el de legalidad, que en contratación estatal existe una reserva de ley para que fuera el propio Congreso el que expidiera ese estatuto general de la contratación”, explicó Deik.Uno de los puntos más críticos señalados es que el artículo 100 permitía convertir procesos que hoy son abiertos y competitivos en asignaciones a dedo. "La norma pasa de una modalidad de mínima cuantía que está regulada, que está abierta a competencia y la convierte en una modalidad de contratación directa con el agravante de que lo hace sin determinar claramente quiénes son los que pueden optar o acudir a este mecanismo”, advirtió Deik.Para los demandantes y ahora para la Corte, este modelo ponía en riesgo la selección objetiva de los contratistas. Según la abogada, el régimen de contratación debe “evitar la excesiva discrecionalidad en la asignación de los contratos"."Lo que se busca con el régimen existente es que haya selección objetiva. Eso es lo primordial”, aseveró.Escuche la entrevista aquí:
Este lunes 2 de marzo de 2026, en Mañanas Blu de Blu Radio, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, salió al paso de las críticas que ha generado el decreto 0174 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica por la ola invernal en Córdoba.El decreto, firmado por el Ministerio de Agricultura, ha sido señalado por sectores políticos como una “expropiación exprés”. Sin embargo, Harman insistió en que la medida no crea nuevas facultades, sino que agiliza herramientas ya existentes para atender a los damnificados por las lluvias.Decreto 0174 de 2026: compra rápida por emergencia, no expropiación masiva“Cuando se está hablando de la facultad de una enajenación rápida por riesgo, ya la establece la ley 1523”, explicó el funcionario. Según detalló, el decreto lo que hace es asignar esa competencia a la ANT para predios rurales en el contexto específico de la calamidad pública.Harman fue enfático en desmentir que se trate de una estrategia para avanzar en expropiaciones. “Llevo cuatro años diciendo que vamos a expropiar y hoy, a razón concreta de la implementación de la política de compra y entrega de tierras, hemos respetado las condiciones asociadas a la propiedad privada”, afirmó.En términos prácticos, la diferencia está en los tiempos. Mientras un proceso ordinario puede tardar entre cuatro y cinco meses, con la emergencia podría resolverse en alrededor de un mes. El objetivo, dijo, es reubicar a familias afectadas en tierras altas y productivas dentro de Córdoba, evitando zonas inundables.“No vamos a llegar a tierras que la gente no quiera vender”, afirma Felipe HaurmenLa frase más contundente llegó cuando fue consultado sobre qué pasaría si un propietario se niega a vender. “No vamos a llegar a tierras que la gente no quiera vender”, respondió. Explicó que actualmente hay más de 60.000 hectáreas ofertadas por privados en Córdoba y cerca de 28.000 hectáreas preseleccionadas provenientes de la Sociedad de Activos Especiales.El director precisó que cuentan con un presupuesto cercano a 500.000 millones de pesos para compra de tierras y que cualquier ampliación dependerá de la disponibilidad fiscal autorizada por Hacienda.Además, aclaró que las facultades policivas se aplicarán en casos de bienes baldíos de la Nación, como ciénagas y playones sin títulos legítimos. “Esos sí son bienes válidos de la Nación”, puntualizó.Con esto, el Gobierno busca responder a la emergencia en Córdoba sin abrir, según su versión, un frente de confrontación con propietarios privados. El debate, sin embargo, sigue abierto.Escuche la entrevista completa:
En las últimas horas llegó a la Corte Constitucional un documento de 116 páginas que envió Colpensiones al despacho del magistrado Jorge Ibáñez, quien es ponente en la demanda que pide tumbar la Reforma Pensional.Esto hace parte de las pruebas que pidió Ibáñez dentro del trámite de recusación contra el también magistrado Héctor Carvajal, recusado por Paloma Valencia en donde pide apartarlo de la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024.Allí señalan que, los informes de Héctor Carvajal sirvieron como insumo para definir posiciones jurídicas internas, pensando en la posibilidad en que se hiciera una audiencia entre los procesos judiciales de la Corte y Colpensiones fuera invitada.“En cumplimiento de la función de supervisión de los contratos No. 070 de 2024 y 005 de 2025, el entonces Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales asignado, Doctor Jorge Eliécer Morales Acuña, recibió los siguientes informes del Dr. Héctor Alfonso Carvajal Londoño, que sirvieron de insumo para definir posiciones jurídicas internas de la entidad en relación con algunos temas de la ley”, se lee en los soportes.Colpensiones certificó que todas las comunicaciones y entregables se recibieron en las fechas correspondientes y dentro de los términos contractuales.Con esta documentación que fue allegada al despacho del magistrado Ibáñez, queda entonces que la Sala Plena de la Corte Constitucional se reúna y defina si Carvajal está o no impedido para participar en la discusión de una de las reformas de mayor interés para el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro afirmó este jueves en la apertura de la COP30, en la ciudad brasileña de Belém, que es un error que "se lleve a Europa a invertir en más armas" porque el enemigo no es Rusia sino la crisis climática."El que se lleve a Europa a invertir en más armas, de acuerdo a su producto interno bruto (PIB), es un error de Europa si hace caso, no es un problema de defensa y seguridad, no es Rusia el enemigo, es la crisis climática el enemigo", expresó Petro al intervenir en la reunión de jefes de Estado de la cumbre climática.El mandatario también cuestionó a Europa y dijo que es un error que se lleve a los países de ese continente a "invertir en más armas" porque el enemigo no es Rusia sino la crisis climática."El que se lleve a Europa a invertir en más armas, de acuerdo a su producto interno bruto (PIB), es un error de Europa si hace caso, no es un problema de defensa y seguridad, no es Rusia el enemigo, es la crisis climática el enemigo", expresó Petro.El presidente se refirió así al compromiso de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de dedicar el 5 % del PIB al gasto de defensa, que aceptaron todos sus miembros, menos España, durante la cumbre de La Haya de junio."Son sus nietos, señoras y señores presidentes y primeros ministros de Europa, los que están en riesgo, al igual que todos los hijos y las hijas del enorme y gran civilizatorio pueblo europeo y de la humanidad entera", dijo el mandatario, quien subrayó que Rusia "es parte de Europa".En la COP30, el Gobierno colombiano lleva tres propuestas, que son reconocer la biodiversidad como solución climática, avanzar en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y promover una reforma al sistema financiero internacional que no aumente la deuda de los países del sur global.
Durante la rendición de cuentas sobre la fiscalización de los recursos de regalías en la región de los Llanos, realizada en Villavicencio, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, aseguró que los recursos del subsuelo no están generando prosperidad en la región de los Llanos.El jefe del ente de control reveló que entre 2022 y 2025, la Contraloría General ha auditado 278 proyectos por más de $4 billones en esta región, consolidando 188 hallazgos fiscales por $630.072 millones. Además, se adelantaron 163 procesos de responsabilidad fiscal por más de $670 mil millones y se han emitido 31 fallos con responsabilidad, que superan los $49.000 millones.“Los recursos de las regalías no son de los gobiernos, son de las comunidades y algo que es muy grave, su uso indebido no puede quedar en la impunidad. Estas cifras son un espejo incómodo pero necesario. Detrás de cada hallazgo que realizamos hay una comunidad esperando una obra terminada, un acueducto que funcione, una escuela en condiciones dignas. Estos son síntomas de una enfermedad institucional que se llama ineficiencia”, aseguró el contralor Rodríguez.El ente de control advirtió también que, pese al flujo de recursos, las regalías no siempre se traducen en mejoras para las comunidades. De acuerdo con el contralor, las carreteras no avanzan, los puentes no conectan y los municipios permanecen aislados. Se construyen escuelas sin cumplir los requisitos, mientras los programas de alimentación aumentan gastos sin mejorar la cobertura educativa.En municipios petroleros como Puerto Gaitán, Acacías, Cabuyaro y Aguazul, las regalías representan más de la mitad de los presupuestos locales, lo que los deja vulnerables ante la caída del precio del crudo.El contralor también destacó la vigilancia sobre los proyectos financiados por el OCAD Paz, en los cuales se han auditado 547 iniciativas por $852.770 millones, equivalentes al 56% de los recursos aprobados, con hallazgos por $131 mil millones.La coordinadora general del grupo de regalías, Victoria Eugenia Bolívar Ochoa advirtió que al órgano de control le preocupa la mala planeación y estructuración de los proyectos, pues no están cumpliendo con los objetivos para los cuales se solicitaron los recursos del Sistema General de Regalías.“Los hallazgos están concentrados en el departamento del Meta, por ser el receptor de la mayoría de recursos, luego el departamento de Casanare y tercero, el departamento de Arauca”, indicó.Finalmente, tanto el contralor como la coordinadora aseguraron que la calidad del agua en esta región no cumple con los requisitos mínimos para que las personas puedan consumir. Además, hicieron un llamado a que los gobiernos municipales y departamentales ejecuten de manera correcta y eficiente los recursos con el fin de generar prosperidad y desarrollo.
Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano, calificó como “muy decepcionantes” las ausencias de alto nivel en la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, que se desarrollará en Santa Marta. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, advirtió que la falta de líderes europeos envía “un mensaje preocupante” sobre la importancia que se le está dando a la relación birregional.“Son ausencias muy importantes en una cumbre muy importante y en un momento muy crítico en la relación de América Latina y la Unión Europea”, dijo Shifter. “Manda un mensaje preocupante, que no tiene la prioridad ni la importancia que debería tener”.Según explicó, la falta de figuras como la presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Alemania “es un golpe fuerte”, porque la cita generó “mucha expectativa durante mucho tiempo”. Considera que, aunque el evento se mantenga, “no es lo mismo tener gente del más alto nivel”.¿Es un golpe al presidente Petro?El exdirectivo aclaró que el impacto no se limita al Gobierno colombiano, sino que refleja una crisis general de las cumbres internacionales.“No necesariamente es un golpe para el presidente Petro”, señaló. “Las cumbres están en crisis en todas partes por la fragmentación, la polarización y el nivel de tensión entre mandatarios. Los gobiernos ya no les dan la importancia que antes daban a estos espacios”.A su juicio, las tensiones actuales en la región están influenciadas por “las políticas agresivas de Donald Trump” y por el deterioro del diálogo entre gobiernos de distintos signos ideológicos.Influencia de Estados UnidosConsultado sobre si las recientes sanciones de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro y su círculo cercano pudieron influir en las cancelaciones, Shifter coincidió con el Financial Times en que ese tema “sí tiene mucho que ver”.“Tal vez no es el factor determinante, porque hay muchas cosas pasando, pero sin duda es un elemento”, afirmó. “Europa está cuidando mucho su relación con la administración Trump y no quiere tomar ningún riesgo”.Aunque la Cancillería colombiana ha dicho que las ausencias son normales en eventos de esta magnitud, el analista consideró que el contexto político internacional “no puede separarse” de estas decisiones.Sobre el encuentro que reunirá a Gustavo Petro, Pedro Sánchez y Lula da Silva, Shifter consideró “lamentable” la falta de pluralidad ideológica, aunque cree que el evento sigue teniendo utilidad.“Hubiera sido mucho mejor tener una representación más diversa, pero aun así puede tener algún valor convocarse y conversar sobre los temas en la agenda entre la Unión Europea y América Latina”, dijo.De cara al futuro, Shifter describió el panorama global como “preocupante” y marcado por la falta de cooperación entre países.“No hay evidencia de que se esté impulsando mayor coordinación entre los gobiernos”, afirmó. “Lo que veo es una fragmentación sin precedentes en la región, donde cada país va por su propio lado”.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
En el especial de Mañanas Blu 10:30 AM, el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema, José Roberto Herrera, pidió “despolitizar la tragedia del Palacio de Justicia” al cumplirse 40 años de la toma y retoma del edificio. Señaló que la paz solo será posible si el país deja de exaltar a los protagonistas de la guerra y se promueve el diálogo y el respeto por la vida.“La paz nunca se logrará si politizamos la verdad. Hay que rechazar la violencia y exhortar al diálogo y la justicia”, afirmó Herrera, quien también fue comisionado de la Verdad. A su juicio, el país ha fallado en reconocer integralmente lo ocurrido durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985.Herrera explicó que “la verdad empezó a desaparecer antes de esas fechas”, debido a un pacto de silencio y la manipulación de las escenas del crimen. “Hubo lavados de cadáveres, pérdida de pertenencias y traslado anti-técnico a Medicina Legal. Todo eso borró la evidencia”, indicó.El exmagistrado recalcó que existen dos grandes responsables: el M-19, como autor de una acción terrorista sangrienta, y el Ejército, cuya respuesta fue “violenta y desproporcionada”. “La verdad hay que analizarla integralmente. No se puede decir que hay un único responsable”, subrayó.“El M-19 fue el originador de la tragedia, pero el ingreso de tanques y disparos convirtió aquello en una guerra campal. El único propósito fue aniquilar al enemigo, sin considerar a las víctimas ni a los civiles”, señaló Herrera al recordar los excesos cometidos durante la retoma.Finalmente, mencionó que el expresidente Belisario Betancur asumió la responsabilidad política de los hechos, aunque aseguró que no ordenó el ingreso de tanques ni helicópteros. Sobre el presidente Gustavo Petro, explicó que “reconoció los antecedentes armados del M-19, pero aclaró que no estaba enterado de los hechos y que se encontraba en Zipaquirá”.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, anunció que se están explorando nuevas vías de cooperación con el sistema de Naciones Unidas para continuar acompañando la implementación de las sentencias y decisiones de esta justicia transicional, luego de la reciente decisión del Consejo de Seguridad de la ONU.“A través de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas estamos explorando otras vías contempladas en el Acuerdo de Paz”, explicó Ramelli, quien reiteró la importancia del respaldo internacional para garantizar el cumplimiento de las medidas de reparación, verdad y no repetición.Por su parte, Scott Campbell, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que este organismo mantendrá su disposición de acompañar los procesos de justicia transicional, especialmente los liderados por la JEP, como parte del compromiso de la comunidad internacional con la consolidación de la paz en Colombia.A su turno, la coordinadora residente de la ONU en Colombia, Mireia Villar Forner, destacó que las Naciones Unidas seguirán acompañando los siete años que restan del mandato inicial de la JEP, tal como lo han hecho desde su creación en 2017.“Hemos dejado abierta la posibilidad de explorar mecanismos de verificación de las acciones, algo que aún hay que construir y definir”, añadió Villar, al referirse a las alternativas de cooperación que se diseñarán entre la ONU y la jurisdicción.Con estos anuncios, tanto la JEP como las agencias de Naciones Unidas ratificaron su compromiso de seguir trabajando juntas para garantizar la implementación integral del Acuerdo de Paz y el fortalecimiento del sistema de justicia transicional en Colombia.