Hace unos meses surgió una controversia tras la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de eliminar el inglés como requisito para ser embajador, incluso, sindicatos de la Cancillería alzaron la voz para oponerse a esto.Blu Radio conoció un auto en donde el Consejo de Estado admite para estudio una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, que pidió anular la norma con la que la Cancillería actualizó el manual de funciones de la entidad y suprimió la exigencia de conocimientos en idiomas para el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.Los demandantes sostienen que el cambio afecta la profesionalización del servicio diplomático y vulnera principios constitucionales como la eficacia y la celeridad administrativa.Señalan que un embajador que no domine el idioma del país de destino o una lengua de uso diplomático dependerá de traductores, lo que genera barreras de comunicación, demoras y mayores costos para el Estado.La Fundación también cuestiona el trámite con el que se expidió la resolución y aseguran que el proyecto solo estuvo cinco días en consulta pública y que, pese a recibir observaciones de organizaciones y expertos, el Ministerio no introdujo ninguna modificación antes de expedir el acto definitivo.Otro de los puntos claves de la demanda es que, según los accionantes, la eliminación del requisito habría respondido a una directriz política y no a criterios técnicos.En el documento señalan que, en junio de 2025, el presidente Gustavo Petro a través de un consejo de ministros manifestó públicamente su intención de suprimir requisitos para ser embajador, con el argumento de democratizar el acceso a esos cargos.Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado ordenó notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores y le concedió un plazo de 30 días para responder. Pero además pidió remitir todo el expediente administrativo relacionado con la expedición de la norma.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la emergencia que atraviesa Santa Marta tras las lluvias intensas de los últimos días no puede explicarse únicamente por las condiciones climáticas, sino que pone en evidencia fallas estructurales que incrementan el riesgo para cientos de familias.“Lo que ocurre hoy en Santa Marta, que ocurre en otras partes de la costa, no es solo el resultado de lluvias intensas, ponen en evidencia condiciones estructurales de riesgo relacionadas con el ordenamiento territorial, el sistema de alcantarillado y drenaje urbano”, afirmó la defensora.De acuerdo con el censo preliminar, 410 familias resultaron afectadas, varias perdieron completamente sus viviendas, otras las tienen en condición no habitable y muchas sufrieron la pérdida total de enseres y daños severos en su entorno. La situación es especialmente crítica en barrios ubicados en zonas de alto riesgo.Además, en el corregimiento de Gaira, un deslizamiento de tierra ocasionó la muerte de una mujer y de su hijo. La Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con las familias y con la comunidad, y reiteró la urgencia de adoptar medidas que prioricen la protección de la vida.Estos hechos, advirtió la entidad, ponen de presente los riesgos persistentes que enfrentan las comunidades asentadas en zonas expuestas a inundaciones y deslizamientos.Frente a este panorama, la Defensora hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y distritales para que implementen planes de prevención estructural de manera continua y sostenida, que incluyan el fortalecimiento de la infraestructura de alcantarillado, obras de mitigación del riesgo y, cuando sea necesario, la reubicación segura de las familias asentadas en zonas de alta exposición.
Ese viernes el presidente Gustavo Petro anunció que declarará la emergencia económica en los departamentos de Córdoba y Sucre ante la grave crisis generada por las lluvias. El mandatario no descartó extenderla a todo el país y pide a la Corte Constitucional reactivar el decreto de emergencia económica.El jefe de Estado confirmó que las emergencias dejan hasta el momento 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas y 35.000 hectáreas inundadas en todo el país, siendo la región Caribe la más afectada.
Este viernes quedó definido el tarjetón para votar una de las 3 consultas el 8 de marzo. De acuerdo con el sorteo de la Registraduría, en el primer lugar estará la consulta de las soluciones, en la mitad aparecerán los candidatos de la Gran Consulta por Colombia y al final del tarjetón aparecerán los cinco candidatos del Frente por la Vida.El sorteo dejó en firme la ubicación oficial de cada bloque en el documento que recibirán los ciudadanos en sus mesas de votación. Según explicó la Registraduría, las tres consultas aparecerán claramente diferenciadas en un mismo tarjetón, el cual deberá ser solicitado expresamente por el elector si desea participar en alguno de estos procesos interpartidistas.En la parte superior del tarjetón estará la consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación, que contará con dos candidatos ubicados en ese primer bloque. Más abajo figurará la Gran Consulta por Colombia, que incluye nueve aspirantes organizados en el orden definido por el sorteo. Finalmente, en la parte inferior aparecerá la consulta del Frente por la Vida, con cinco candidatos habilitados.En el caso del Frente por la Vida, el tarjetón sufrió cambios tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no avalar la candidatura de Iván Cepeda. Así, las cinco caras que quedarán impresas son las de Héctor Elías Pineda, Edison Torres, Roy Barreras, Marta Viviana Bernal y Daniel Quintero. Estos nombres ocuparán el último segmento del documento.El proceso también ha estado marcado por movimientos políticos recientes. El retiro de Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo generó un fuerte pronunciamiento de Roy Barreras, quien afirmó que estas decisiones fragmentan el progresismo. Posteriormente, el candidato confirmó una reunión con el presidente Gustavo Petro y anunció que hará un pronunciamiento al país en las próximas horas. A esto se sumó la renuncia de Camilo Romero a la consulta.La Registraduría recordó que cada ciudadano recibirá tres tarjetas el día de la votación: una para la consulta interpartidista —si la solicita—, otra para el Senado y una más para la Cámara de Representantes. Es clave marcar únicamente una opción en la consulta escogida para evitar que el voto sea anulado. Con el sorteo ya realizado, el camino queda despejado para la jornada electoral del 8 de marzo.
Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo, informó en primicia que el Gobierno del presidente Gustavo Petro enviará este viernes, 6 de febrero, una delegación oficial a Quito con el objetivo de destrabar la crisis arancelaria que amenaza el intercambio binacional. La misión buscará frenar la aplicación de aranceles del 30 % anunciados por ambos países y restablecer el diálogo político.Blu Radio conoció que la comitiva estará encabezada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. También participarán delegados de los ministerios de Justicia, Energía y Comercio, así como representantes de Ecopetrol, en una señal clara de que la discusión no solo involucra asuntos comerciales, sino también temas de seguridad y cooperación energética.Horas antes del anuncio del viaje, la canciller Villavicencio confirmó que ya existen negociaciones en curso con el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Según explicó, Colombia presentó una propuesta que incluye medidas relacionadas con seguridad y otros compromisos bilaterales, y se espera que este fin de semana se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones.La jefa de la diplomacia colombiana aseguró además que el país está dispuesto a retirar la medida arancelaria aplicada a un grupo de productos ecuatorianos, siempre y cuando Ecuador haga lo propio. Este gesto recíproco sería la base para desactivar la escalada comercial que se desató tras el primer anuncio del mandatario ecuatoriano y que derivó en represalias mutuas.El objetivo central de la visita es resolver las diferencias que originaron la imposición de los aranceles y evitar un impacto mayor en los sectores productivos de ambos países, especialmente en las regiones fronterizas. Empresarios y gremios han advertido que la medida podría afectar el comercio, el empleo y la estabilidad económica en zonas históricamente dependientes del intercambio binacional.De los resultados del primer encuentro en Quito dependerá incluso la posibilidad de una reunión directa entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Los tres integrantes del equipo de campaña del senador Jairo Castellanos que habían sido secuestrados tras el ataque armado en Fortul, Arauca, fueron dejados en libertad, confirmaron las autoridades. El hecho se registró en medio del atentado contra el esquema de seguridad del congresista, en el que dos de sus escoltas fueron asesinados, situación por la cual se mantiene una recompensa de hasta $200 millones para dar con los responsables.Horas antes de conocerse la liberación, el senador Castellanos había reaparecido públicamente a través de un video en el que denunció el secuestro de sus colaboradores y pidió garantías para sus vidas. Allí, el congresista hizo un llamado urgente tanto a los captores como a las autoridades para que se respetara la integridad de su equipo de trabajo.“En el mismo acto cobarde fue secuestrado nuestro equipo de campaña, encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (…) Les pido de corazón que respeten su vida y que los regresen al seno de sus familias”, expresó Castellanos en su mensaje, en el que insistió en la necesidad de proteger a las personas retenidas.Tras la liberación, el mismo Castellanos anunció la buena noticia por medio de su cuenta de X:"Anunciamos a la opinión pública que nuestro equipo que se encontraba secuestrado, integrado por Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, fueron liberados y ya se encuentra libres y en camino a encontrarse con sus familias". "Damos gracias a Dios por su regreso con vida. Solicitamos que se adelanten las investigaciones correspondientes y que se llegue hasta los responsables de estos actos tan repudiables", agregó.
Cuando se habla de cámaras de fotodetección, no se trata solo de equipos que capturan imágenes de vehículos; son herramientas tecnológicas diseñadas para detectar infracciones de tránsito automáticamente, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.Estos dispositivos identifican comportamientos como exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo y falta de documentación obligatoria como SOAT o revisión técnico-mecánica, todo sin necesidad de un policía de tránsito. Desde ahora, Tunja contará con nuevos puntos donde operarán estas cámaras, por lo que los conductores deben conocer esta información antes de transitar por esos sectores.De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial de la ciudad, la implementación de cámaras de fotodetección forma parte de una estrategia para afrontar el preocupante índice de siniestros viales registrado en la ciudad en los últimos años.Ubicación de las cámaras de fotodetección en TunjaLas autoridades han priorizado cinco ubicaciones estratégicas, identificadas a partir de estudios técnicos y la colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estos puntos están catalogados con los más altos índices de tránsito y riesgo para conductores y peatones y son los siguientes:Avenida Norte con calle 59.Avenida Norte con calle 53.Avenida Norte con calle 41.Avenida Oriental con carrera 7.Ruta nacional 55 (BTS).Estos dispositivos operarán las 24 horas del día e iniciarán operación el lunes 16 de marzo del 2026. Esta tecnología es capaz de captar comportamientos contrarios a las normas de tránsito. Además, habrá señalización previa hasta 300 metros antes de cada cámara, para alertar a los conductores y facilitar la reducción gradual de la velocidad.Las infracciones que podrán detectar incluyen el exceso de velocidad, el cruce de semáforo en rojo, la falta de SOAT o revisión técnico-mecánica vigente, entre otras conductas sancionables. Los comparendos identificados por estos equipos serán cargados al sistema en un plazo aproximado de tres días y podrán ser consultados por los ciudadanos a través del SIMIT.El proceso de socialización incluye campañas pedagógicas y jornadas informativas en cada uno de estos puntos, con el fin de que conductores, pasajeros y peatones comprendan cómo funcionan estas cámaras y cuál es su propósito: prevenir accidentes y salvar vidas.
El exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa lanzó fuertes críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por el rumbo que ha tomado el sistema de salud en Colombia. En entrevista con Recap Blu, aseguró que el mandatario está debilitando el modelo actual porque, a su juicio, “le enferma que haya participación privada en las EPS”.Peñalosa cuestionó la posibilidad de liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS), una alternativa que el presidente ha mencionado en medio de la reforma al sistema. Según el exmandatario, el problema de fondo no es técnico sino ideológico. “A Petro no le gusta ninguna participación privada en nada que tenga que ver con el sector público”, afirmó, señalando que esa visión estaría afectando la estabilidad del modelo.En su intervención, sostuvo que la participación privada puede aportar eficiencia y control de costos, siempre que exista una supervisión estricta del Estado para evitar corrupción y politiquería. También criticó la gestión del Gobierno en las EPS que han sido intervenidas, asegurando que la administración directa por parte del Estado ha generado más burocracia e ineficiencia.Peñalosa defendió un modelo mixto en el que el sector público y el privado trabajen de manera complementaria. Por ejemplo, mencionó experiencias de su administración en Bogotá, donde se desarrollaron hospitales bajo esquemas de asociación con privados para la construcción y el mantenimiento, mientras que la prestación del servicio médico continuó siendo pública. El exalcalde también comparó el debate colombiano con modelos internacionales. Citó casos como el de Suecia y Dinamarca, donde existen esquemas que permiten a las familias elegir entre educación pública o privada con financiación estatal. En su opinión, el mismo principio debería aplicarse al sector salud: priorizar resultados y calidad del servicio por encima de posturas ideológicas.Finalmente, Peñalosa insistió en que el objetivo central debe ser mejorar la atención y garantizar el acceso, especialmente para los sectores más vulnerables. "Si eso se logra mejor con participación privada o pública, hay que hacer lo que funcione”, concluyó, en un debate que sigue marcando el pulso político alrededor de la reforma al sistema de salud.
El Súper Astro Luna es un juego de chance que combina la suerte de un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999, con la elección de un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Esta mezcla entre numerología y astrología lo ha convertido en una de las opciones más llamativas para quienes siguen los resultados del chance en Colombia.Número ganador del Super Astro LunaEl número ganador del chance Super Astro Luna de este jueves 5 de febrero de 2026 es el: 0647 - Cáncer. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 0647Dos últimas cifras: 47Tres últimas cifras: 647Signo zodiacal: CáncerEste sorteo se realiza todos los días, con horarios establecidos según la jornada. De lunes a viernes juega a las 10:40 de la noche; los sábados, a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos, a las 8:30 de la noche. Los resultados pueden consultarse una vez finaliza cada sorteo.El Súper Astro Luna permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para ganar, el número de cuatro cifras apostado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo, junto con el signo zodiacal seleccionado, según la modalidad de juego.Cómo se juega el chance Astro LunaParticipar en el Súper Astro Luna es un proceso sencillo y accesible para cualquier apostador:Elegir un número: se debe seleccionar un número de cuatro cifras.Seleccionar un signo zodiacal: se puede escoger uno de los doce signos disponibles.Aumentar las probabilidades: existe la opción de apostar el mismo número con los doce signos zodiacales. Esta modalidad se conoce como Todos los Signos y debe informarse al asesor al momento de hacer la jugada.Realizar la apuesta: se pueden hacer hasta cuatro apuestas por tiquete.Cuánto cuesta apostarEste chance ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.¿Dónde puedo jugar Súper Astro?Los interesados en participar en el Súper Astro Luna cuentan con distintas alternativas para realizar su apuesta:Puntos de venta físicos: se puede jugar en cualquier punto autorizado a nivel nacional.¿Qué necesita para reclamar un premio de Súper Astro?El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios en todos los casos.Documentos requeridos para cualquier premio:Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):Premios menores a 48 UVT: solo se deben presentar los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).Premios iguales o superiores a 182 UVT: se solicitará una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Últimos sorteos chance Super Astro LunaSorteoFechaResultadoAstro Luna4 Febrero 20260771 - LeoAstro Luna3 Febrero 20263771 - TauroAstro Luna2 Febrero 20260088 - SagitarioAstro Luna1 Febrero 20266568 - VirgoAstro Luna31 Enero 20264697 - SagitarioAstro Luna30 Enero 20263472 - SagitarioAstro Luna29 Enero 20267270 - VirgoAstro Luna28 Enero 20264797 - PiscisAstro Luna27 Enero 20261171 - GéminisAstro Luna26 Enero 20262042 - AcuarioAstro Luna25 Enero 20260824 - SagitarioAstro Luna24 Enero 20262502 - PiscisAstro Luna23 Enero 20264468 - Capricornio
Este viernes Camilo Romero se bajó de la consulta del Frente por la Vida y se unió a la candidatura de Iván Cepeda del Pacto Histórico. Desde Santa Marta anunció que presentó antes de las 6:00 de la tarde la carta de desistimiento ante la Registraduría Nacional. "Conmigo no cuentan para dividir al progresismo", afirmó Romero.El exgobernador de Nariño tomó la decisión minutos antes de que se cerrara oficialmente el plazo para modificaciones en las consultas interpartidistas. Mientras en la Registraduría se realizaba el sorteo de ubicación de los candidatos en el tarjetón, Romero confirmó públicamente que se bajaba de la contienda y, acto seguido, apareció en tarima junto a Iván Cepeda en un evento político en la capital del Magdalena.“Acabo de radicar esta carta que es mi renuncia a la consulta del Frente por la Vida. Es la consecuencia del mensaje que he traído al país: más coherencia, menos codicia (...) La política hoy se define entre el viejo poder del pasado y el futuro que estamos construyendo”, agregó.Su decisión se da en medio de una fractura dentro de los sectores alternativos. En el Frente por la Vida permanecen Roy Barreras, Daniel Quintero, Marta Viviana Bernal, Lucio Torres y Héctor Pineda. La consulta ya había sufrido otros remezones, como la salida del exministro Juan Fernando Cristo, quien cuestionó la falta de unidad y aseguró que la ausencia de ciertos liderazgos debilitaba la opción de construir un bloque progresista sólido.En contraste, Daniel Quintero defendió su permanencia en la consulta y aseguró que, más allá de las diferencias actuales, después del 9 de marzo deberán buscarse mecanismos de unión. La jornada estuvo marcada además por el anuncio del presidente Gustavo Petro, quien informó que no votará en la consulta del 8 de marzo y que solo participará en la elección al Congreso.“Voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”, escribió el mandatario en X.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
La reunión sostenida este viernes en Quito entre las ministras de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y de Colombia, Rosa Villavicencio, finalizó sin una solución a la guerra comercial en la que están inmersos ambos países, con aranceles mutuos del 30 %.De acuerdo a la Cancillería ecuatoriana, en el encuentro, el primero desde el inicio de este conflicto arancelario, se abordaron aspectos en seguridad, control fronterizo y energía, y "se acordó tratar de manera integral los temas pendientes de solución en la relación comercial bilateral", que deberán ser solventados en futuras reuniones.El encuentro, que se confirmó por parte del Gobierno ecuatoriano la mañana de este viernes, tuvo carácter "privado" y sin declaraciones a la prensa de ninguna de las partes.El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió posteriormente un comunicado en el que dio a conocer que no hubo mayores acuerdos en el asunto arancelario, pero sí en seguridad fronteriza, una de las razones esgrimidas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para iniciar este conflicto, al acusar a Colombia de no esforzarse más en evitar que la cocaína producida en su territorio llegue a Ecuador.Así, la Cancillería ecuatoriana señaló que, de manera específica, las ministras de ambos países dialogaron sobre "reforzar las estrategias para luchar contra el crimen organizado transnacional", analizaron el estado de cooperación en materia de energía y mecanismos para hacer más ágil la colaboración judicial.La canciller colombiana Villavicencio acudió a Quito con una delegación integrada también por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y de directivos de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; Minas y Energía; Justicia, así como de la petrolera estatal Ecopetrol.Desde el 1 de febrero están activos aranceles del 30 % en ambos países para las importaciones del otro país, acompañados de sanciones recíprocas en materia energética.La guerra comercial fue declarada por Noboa el pasado 21 de enero, cuando anunció una "tasa de seguridad" del 30 % sobre productos colombianos bajo el pretexto de que el país vecino no estaba colaborando como es debido en la lucha contra el narcotráfico, lo que fue respondido por Colombia con un arancel idéntico a más de 50 productos ecuatorianos.Colombia también suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, clave para mitigar las diferentes crisis energéticas que ha tenido el país en los últimos y que han llevado a racionamientos de energía con cortes programados de hasta 14 horas al día a nivel nacional.En respuesta a ello, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares la tarifa de transporte de crudo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, lo que ya no hace rentable la movilización a través de oleoductos ecuatorianos de alrededor de 10.000 barriles de crudo colombiano al día que se transportaban hasta entonces.Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los 2.800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.
La Defensoría del Pueblo alertó por los enfrentamientos armados entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias al mando de alias 'Calarcá Córdoba', y la Segunda Marquetalia, que desde finales de diciembre se registran en las veredas Linderos y La Libertad, en la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas, zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá.La Defensoría recordó que este territorio ya había sido priorizado en una alerta temprana, y señaló que la continuidad de los enfrentamientos evidencia el deterioro en la seguridad, especialmente en un periodo en el que las familias realizan actividades agrícolas y se movilizan de manera constante por la zona.También informó que estos hechos han sido puestos en conocimiento del Ministerio del Interior en al menos tres ocasiones, mediante comunicaciones en las que se advierte la materialización de riesgos graves y se solicita la adopción de medidas urgentes de protección. No obstante, señalan que hasta el momento no se evidencian respuestas con impacto en el territorio.De acuerdo con la entidad, los enfrentamientos han puesto en riesgo la vida e integridad de la población, por la presencia de minas antipersonal y municiones sin explosionar, así como por amenazas, homicidios selectivos y el riesgo de desplazamiento forzado y confinamiento. La situación es especialmente grave para niños, niñas y adolescentes, ante el peligro de reclutamiento y utilización por parte de los grupos armados.La Defensoría hizo un llamado a los grupos armados a excluir a la población civil de las hostilidades y a abstenerse de cometer acciones que los pongan en peligro, y pidió al Estado acciones inmediatas para proteger a las comunidades y evitar que la situación humanitaria siga agravándose en esta zona del país.“Además, recuerda que en el marco de los compromisos adquiridos en el Ciclo VII de conversaciones, el Estado Mayor de Bloques y el frente hizo expresa su voluntad de desescalar las afectaciones a civiles. Para esta entidad, lo estipulado en los acuerdos debe verse reflejado en acciones permanentes e ininterrumpidas que permitan seguir abonando el camino del diálogo y ofrezcan alivio a las comunidades”, añaden.Por su parte, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA también expresó su preocupación por el aumento de la violencia en la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas, así como en otras zonas del departamento del Caquetá.Según la misión, los hechos registrados en los últimos días representan graves riesgos para la población civil, en especial para líderes y lideresas sociales, y para niños, niñas y adolescentes de la región.La MAPP/OEA rechazó de manera categórica estas acciones y pidió el cese inmediato de la violencia, recordando a los grupos armados su obligación de respetar la vida, la integridad y la movilidad de la población civil. Además, reiteró la necesidad de no obstaculizar la labor de quienes adelantan acciones humanitarias y de construcción de paz en los territorios.
La Asociación Sindical de Servidores Públicos No Uniformados del Ministerio de Defensa, ASSPPMIDEFENSA, que incluye a los administrativos y trabajadores de la cartera, solicitó formalmente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ser incluidos en la mesa técnica donde se discute la nivelación salarial del personal militar.El sindicato, que agrupa a más de 300 trabajadores civiles no uniformados del sector Defensa, aseguró que existe una desigualdad salarial y prestacional frente a los militares, pese a que muchos civiles desempeñan funciones administrativas, operativas y de apoyo con responsabilidades similares y, en varios casos, con altos niveles de riesgo laboral.En la solicitud, la asociación recordó que históricamente los civiles han acompañado a las Fuerzas Militares desde labores administrativas hasta apoyo logístico y operativo, incluyendo conductores, mecánicos y personal de servicios, algunos de los cuales resultaron heridos o perdieron la vida en el marco del conflicto.El gremio también señaló que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los civiles del sector Defensa contaban con mejores condiciones salariales y pensionales, amparadas por normas como el Decreto Ley 1214 de 1990. Sin embargo, tras su inclusión en el régimen general, aseguran haber sufrido un deterioro en sus ingresos, prestaciones y expectativas de pensión, pese a un aumento en la carga laboral.“Muchos de los trabajadores cuentan con más de 20 años de servicio y aún a la espera de una década más para pensionarse, han adquirido enfermedades laborales por estrés y sobrecarga laboral. Con habernos incluido en la Ley 100 de 1993 nos compararon con cualquier otro civil que labora con el Estado a sabiendas que nosotros tenemos un alto grado de riesgo mayor que el de otros ministerios”, aseguró el sindicato en un documento.La organización sindical afirmó estar lista para participar en la mesa técnica y aportar elementos jurídicos y técnicos que permitan avanzar hacia una negociación que, según indican, dignifique el trabajo del personal civil del Ministerio de Defensa, en línea con los principios de equidad laboral y protección constitucional de los derechos de los trabajadores.
Ante la emergencia generada por la primera temporada de lluvias de 2026, el ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activar el Comité Nacional para el Manejo de Desastres con el fin de articular acciones para atender las afectaciones en el sector educativo y asegurar la prestación del servicio.De acuerdo con los reportes oficiales, hasta el momento se registran 426 sedes educativas afectadas en cerca de 15 departamentos por daños en infraestructura y por la interrupción de vías de acceso, lo que ha limitado el desarrollo de las actividades académicas en varias zonas del país.El escenario podría agravarse en los próximos días, según el Boletín 104 del Ideam del 4 de febrero de 2026, que declaró alerta roja por riesgo de crecientes súbitas e inundaciones en las regiones Caribe, Pacífico, Magdalena y Cauca.El Ministerio de Educación orientó a las 97 Entidades Territoriales Certificadas a activar sus Comités Territoriales de Gestión del Riesgo Escolar y las Mesas Territoriales de Gestión Integral del Riesgo Escolar, en el marco de la política de gestión del riesgo en el sector. Entre las medidas impartidas están la identificación de sedes vulnerables, la realización de adecuaciones en infraestructura cuando sea posible, la protección de materiales pedagógicos y la implementación de estrategias de educación en emergencias para dar continuidad a las clases.Debido a la magnitud de la situación, la cartera de Educación planteó la necesidad de desplegar acciones a nivel nacional a través del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y en coordinación con la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias. La activación del comité busca coordinar apoyos interinstitucionales, atender los daños en la infraestructura educativa e iniciar procesos de recuperación para restablecer el servicio en las zonas afectadas.
Leonardo Huerta, precandidato presidencial y abogado con diez títulos académicos, oficializó su participación en la denominada "Consulta de las Soluciones", donde se enfrentará a la exalcaldesa Claudia López el próximo 8 de marzo. Tras recolectar firmas de manera independiente durante siete meses, Huerta se presenta como una alternativa de centro frente a las estructuras políticas tradicionales de Colombia.Quién es Leonardo Huerta y su trayectoria académicaEl aspirante se define como un ciudadano forjado en la educación pública y la academia. "Yo soy un ciudadano que estudió en el INEM de Pereira, que salió adelante estudiando", afirmó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 A.M. Huerta destacó su preparación profesional como una de sus mayores fortalezas para dirigir el país, tras haber aplazado la revisión de su tesis doctoral para enfocarse en la campaña.Además de su faceta como profesor, el precandidato ocupó cargos técnicos como Defensor del Pueblo para el derecho a la salud y Secretario de Educación de Pereira, donde resaltó la entrega de tres instituciones educativas en un solo año.Cómo se financia la campaña de Leonardo HuertaAnte los cuestionamientos sobre el origen de sus recursos, Huerta aclaró que su campaña se sostiene con ahorros personales y la liquidación de su cargo en la Defensoría. "Con esos recursos que suman alrededor de 450 millones de pesos, yo salí a recorrer Colombia", explicó, desmarcándose de las financiaciones de grandes partidos o grupos económicos.Asimismo, aclaró que la reposición de votos no es un beneficio automático ni lucrativo, sino un reembolso de gastos debidamente facturados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).Propuestas de Leonardo Huerta para la PresidenciaUbicado en el centro político, Huerta propone un enfoque de "soluciones inoculpables", alejándose de la polarización entre izquierda y derecha. Su estrategia para ganar la consulta se basa en capitalizar el voto del electorado que busca figuras nuevas. "El outsider es el que nadie conoce. Estoy convencido de que la gente en esta elección va a votar por el outsider", sentenció con optimismo frente a su competencia con López.
El Ejército de Colombia recibió este viernes once vehículos blindados para reforzar las operaciones contra grupos armados ilegales, como resultado de los compromisos de cooperación en defensa alcanzados tras la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump el pasado martes en la Casa Blanca.El acto militar tuvo lugar en el Fuerte Militar de Tolemaida, en el centro del país, y estuvo presidido por el comandante del Ejército, mayor general Royer Gómez, y por el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, quien dejará el cargo la próxima semana tras anunciar su jubilación.La entrega se realizó con motivo del acuerdo de cooperación del Gobierno de Estados Unidos, bajo el Programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés), gracias al cual Colombia ha podido financiar en los últimos años helicópteros, vehículos blindados y otros sistemas destinados a la lucha contra grupos armados ilegales y el narcotráfico.Según informó el Ejército en X, los once vehículos ASV M1117 Guardián "se suman a las 145 unidades ya desplegadas en distintas regiones del país como parte del proceso de modernización de la fuerza".Este será uno de los últimos actos públicos de McNamara al frente de la misión diplomática estadounidense en Bogotá, cargo que ocupa desde el 1 de febrero de 2025, cuando reemplazó como encargado de negocios a Francisco Palmieri ante la demora en la designación de un nuevo embajador.Con más de dos décadas en el servicio diplomático y cuatro asignaciones en Colombia, McNamara, veterano del Ejército estadounidense y graduado de la Academia Militar de West Point, ha desempeñado un papel relevante en la relación bilateral, especialmente durante la reciente crisis entre Washington y Bogotá.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) dio inicio formal a sus actividades en Colombia con miras a las elecciones de Congreso y Presidencia de la República previstas para 2026, marcando el comienzo de un acompañamiento internacional que abarcará todas las etapas del proceso electoral. Este despliegue se realiza en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que ha manifestado su disposición para facilitar el trabajo técnico e independiente de la misión.Como parte de esta fase inicial, el equipo directivo de la Registraduría sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la MOE UE, encuentro orientado a consolidar la articulación institucional y a definir mecanismos de coordinación que permitan un flujo constante y oportuno de información. El objetivo central es garantizar condiciones de apertura, transparencia y acceso a los datos necesarios para el ejercicio riguroso de la observación electoral en el país.Durante la reunión, se confirmó que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea desplegará más de 120 observadores en todo el territorio nacional. Estos expertos internacionales realizarán seguimiento a las diferentes fases del proceso, desde la organización y preparación de los comicios hasta la jornada electoral y las etapas posteriores. La Registraduría Nacional brindará el acompañamiento institucional requerido, subrayando el respeto absoluto por la autonomía y neutralidad que caracteriza a este tipo de misiones.En el marco del encuentro, la autoridad electoral presentó de manera detallada el plan logístico y operativo previsto para las elecciones de 2026. Este contempla la instalación de 13.748 puestos de votación, de los cuales 13.494 estarán ubicados dentro del territorio colombiano y 254 funcionarán en el exterior, con el fin de garantizar el derecho al voto de los ciudadanos residentes fuera del país. Asimismo, se expusieron las estrategias de coordinación interinstitucional diseñadas para asegurar condiciones adecuadas de seguridad durante todo el proceso electoral.Uno de los ejes centrales de la conversación fue el abordaje de asuntos considerados estratégicos para el fortalecimiento de la integridad electoral. Entre ellos se destacaron el uso de herramientas tecnológicas en la organización y supervisión de los comicios, las acciones orientadas al monitoreo y combate de la desinformación, así como las medidas destinadas a proteger el secreto del voto. También se discutió la realización de simulacros electorales, en los cuales la Misión de Observación participará como parte de su labor de evaluación y seguimiento.José Antonio Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, resaltó la importancia de este primer acercamiento institucional. Según indicó, el encuentro evidencia la disposición de la Registraduría Nacional para permitir la presencia de observadores internacionales en todas las fases del proceso. Además, subrayó que mantener un contacto permanente resulta fundamental para asegurar que la información circule de manera adecuada y que la misión pueda dar testimonio informado, objetivo y riguroso sobre la forma en que se organizan y desarrollan las elecciones en Colombia.Finalmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró su compromiso con la transparencia, la integridad y la credibilidad del proceso electoral, así como con el fortalecimiento de la confianza ciudadana. En este sentido, reafirmó su respaldo al trabajo de las misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, reconociéndolas como actores clave para el fortalecimiento de la democracia colombiana y para la garantía de procesos electorales confiables y legítimos.
Durante 2025, 187 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según cifras de Indepaz. Esto refleja un incremento de 14 casos frente a 2024, cuando se registraron 173 homicidios.Según Leonardo González Perafán, director de Indepaz, el departamento del Cauca fue el más afectado, con 40 líderes asesinados, seguido por Antioquia, con 30, y el Valle del Cauca, donde se registraron 17 casos. Estas regiones coinciden con territorios atravesados por disputas armadas, economías ilegales y conflictos por el control social y territorial.González asegura que el contexto actual se ve agravado por la cercanía del periodo electoral, una etapa en la que históricamente se incrementan los riesgos para las comunidades.“En épocas electorales, se magnifican los riesgos y las violaciones contra las poblaciones civiles”, advirtió el director, al señalar que esta situación ya ha sido alertada por la Defensoría del Pueblo mediante alertas tempranas.Además, explicó que los líderes sociales no están siendo asesinados por el simple hecho de ejercer liderazgo, sino por representar y defender causas colectivas en sus territorios.“Las causas pueden ser la ampliación de un resguardo, el fortalecimiento de un consejo comunitario, o la defensa de los derechos de las mujeres, de las comunidades LGBTI, de las víctimas, la implementación de un acuerdo de paz”, aseguró el director.Otro de los factores que ha incrementado el riesgo, según Indepaz, es que a diferencia de lo ocurrido en 2023 y 2024, durante 2025 se terminaron varios ceses al fuego con grupos armados, entre ellos con el ELN, lo que “incrementa el riesgo en la población y las comunidades”.“Los principales grupos son el Estado Mayor Central, que es una disidencia de las Farc liderada por Mordisco, el ejército Gaitianista o Clan del Golfo, el ELN. (…), todos los grupos que intentan pretender ejercer un control social o una gobernanza armada ilegal, es decir, que intentan imponer normas contra las comunidades”, afirmó.Finalmente, las alertas se mantienen encendidas, ya que en lo que va de 2026, se han registrado cuatro líderes sociales asesinados.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que la suspensión de venta de energía a Ecuador es temporal y le atribuyó unas razones distintas a una respuesta recíproca frente a los aranceles del 30 % a productos colombianos anunciados por el jefe del gobierno de Ecuador Daniel Noboa.“No lo queremos por el pueblo ecuatoriano, pueblo hermano; apenas sepamos que nuestra oferta eléctrica es plenamente suficiente en el mediano plazo se restituirá nuestro servicio”, escribió.Cabe mencionar que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció esta mañana que Colombia iniciará este jueves a las 6 p. m. la suspensión de venta de energía a Ecuador.Palma señaló que Colombia ha sido históricamente solidaria con el pueblo ecuatoriano, "incluso en momentos de estrechez energética y condiciones climáticas adversas", pero advirtió que las recientes decisiones del Gobierno de Noboa "desconocen acuerdos vigentes y afectan de manera directa los intereses del pueblo colombiano, lo que obligó al Estado a actuar en defensa de su soberanía energética".El Gobierno colombiano respondió también imponiendo el mismo arancel para una lista de 20 productos que todavía no se ha dado a conocer. Sin embargo, Analdex, el gremio de los exportadores en Colombia, publicó una lista de los que podrían verse afectados. Entre ellos están aceites, cacaos en polvo, arroces, atunes y otros.
El presidente Gustavo Petro se reunió este jueves con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galan en la Casa de Nariño. El encuentro estaba programado para las 10:00 de la mañana, empezó a las 11 y se extendió hasta la 1:30 de la tarde, hasta que el mandatario salió del Palacio Presidencial para acudir a dos eventos que tiene programados en Leticia, Amazonas.Al término de la reunión el alcalde Galán entregó declaraciones: “Esperamos llegar a acuerdos pronto que permitan garantizar que Bogotá tenga los recursos para recuperar el complejo San Juan de Dios pero hay un avance importante a partir de la discusión de hoy”.El segundo tema de la conversación tuvo que ver con los Multicampus educativos en Suba y Kennedy. “Ya la nación avanzó con el Conpes que va a permitir avance en los Confis y vivencias futuras para financiar esos multicampus. Y estamos trabajando para autorizar una intervención inicial previa en los predios habilitados por el distrito”, agregó.Esta reunión se da luego de las tensiones generadas entre el Distrito y el Gobierno nacional por cuenta del incremento de la tarifa de Transmilenio para 2026. El presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que tenía los recursos para evitar el alza; sin embargo, esto nunca se concretó y la administración de Galan subió los precios. Durante el encuentro de hoy no se habló al respecto, según el mandatario local.
De acuerdo con cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se registraron 257 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en Colombia, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.Del total de casos reportados, el 62% corresponde a niños y adolescentes hombres, lo que equivale a 159 víctimas, mientras que el 38% son niñas y adolescentes, es decir, 98 casos.La Defensoría advierte que el grupo con mayor número de reclutamientos es el Estado Mayor Central, estructura liderada por alias ‘Iván Mordisco’, con el 47,1% de los casos, es decir, 121 reclutamientos. Le siguen las disidencias sin especificar, con 40 casos; el ELN, con 30 casos; y el Ejército Gaitanista de Colombia, con 21 casos.Otros grupos señalados son el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, la Segunda Marquetalia, otros grupos sin identificar y estructuras de crimen organizado.El departamento del Cauca concentra el mayor número de reclutamientos, con 93 casos reportados, le siguen Antioquia, con 25 casos, y Chocó, con 22.También se registran 15 hechos en Huila, 14 en Nariño, 10 en Valle del Cauca, 10 en Norte de Santander, además de reportes en Arauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Meta, Risaralda, Santander, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira, Tolima, Bogotá y Vichada.Por meses, la Defensoría identificó que los picos más altos de reclutamiento en 2025 se registraron en junio, con el 13% de los casos, seguido de febrero y marzo, cada uno con el 11%, y enero, abril y septiembre, con el 10% respectivamente. Los meses con menor número de hechos fueron noviembre y diciembre.La Defensoría del Pueblo señaló que cada menor reclutado reclutado que se aleja de su entorno para ir a la guerra, es un proyecto de vida truncado que la sociedad no debe normalizar.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una advertencia a los prestadores de alojamiento turístico en Medellín ante las cancelaciones unilaterales de reservas, detectadas previo a los conciertos del artista internacional Bad Bunny en la capital antioqueña este fin de semana.Según la entidad, a partir de denuncias ciudadanas y reportes en redes sociales, algunos establecimientos estarían cancelando reservas ya pactadas para ofrecer nuevamente los inmuebles a precios más altos, aprovechando la alta demanda turística.La SIC recordó que los prestadores de servicios turísticos, incluidas las viviendas turísticas, están obligados a respetar las condiciones acordadas con los consumidores, so pena de incurrir en infracciones sancionables.Estas conductas podrían, advirtieron desde la Superintendencia, derivar en multas de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, al constituir una vulneración grave de los derechos de los turistas y de las normas que regulan las relaciones de consumo.La entidad explicó que, en caso de incumplimiento de una reserva, el turista tiene derecho a elegir entre la prestación de un servicio de igual calidad o el reembolso o compensación del valor pagado, conforme al artículo 63 de la Ley 300 de 1996.Además, la Superintendencia invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad ante la SIC a través del formulario de PQRSF en su sede electrónica, aportando pruebas que respalden los hechos.La autoridad confirmó que también iniciará investigaciones de oficio frente a los casos denunciados públicamente, con el fin de proteger a los consumidores y garantizar la transparencia en el sector turístico. Finalmente, la SIC reiteró que la libertad económica no es absoluta y debe ejercerse en armonía con la función social de la empresa y el interés general, especialmente en eventos de alta demanda y exposición internacional como este.
Asopostal defendió el decreto que el Ministerio de las TIC sacó a comentarios y con el que se busca ampliar las capacidades del sector de servicios postales en Colombia. Para el gremio, la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la inclusión financiera en regiones donde la banca tradicional tiene baja cobertura.Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal, explicó en Mañanas Blu 10:30 AM de Blu Radio que el origen del debate está en un marco legal vigente desde hace más de una década. “Esto tiene origen en una ley suscrita por Colombia”, afirmó, al recordar que en 2009 se expidió la Ley 1369, que creó un capítulo especial para los servicios postales de pago.De acuerdo con Carreño, dicha norma establece figuras como el giro de efectivo, el depósito postal y las transferencias postales, por lo que el sector viene solicitando que se reglamente un derecho ya existente. En ese sentido, sostuvo que “lo que hemos pedido es que se reglamente ese derecho que tenemos consagrado en un tratado internacional, ratificado por una ley”.El dirigente gremial señaló que el decreto del MinTIC apunta a dar cumplimiento al tratado de Ginebra, lo que permitiría ofrecer el servicio de depósito postal a poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema financiero. “Vamos a permitir que colombianos de estrato 1, 2 y 3 puedan tener el servicio”, indicó.Frente a las preocupaciones por los controles, Carreño aseguró que el sector postal cuenta con mecanismos de supervisión y operación suficientes. “Tenemos control de la Contraloría, nosotros tenemos un sistema muy robusto”, dijo, al tiempo que resaltó que la red postal podría hacer un trabajo complementario con las entidades financieras.Uno de los principales argumentos de Asopostal es la cobertura territorial. Según Carreño, las cifras muestran que el sector financiero cada vez tiene menor presencia en algunas zonas del país, mientras que la red postal cuenta con cerca de 52.000 puntos. “Tenemos una red complementaria que le ha servido al sector financiero”, afirmó.Finalmente, el presidente de Asopostal señaló que el Gobierno nacional tendrá la última palabra sobre el decreto. Confió en que se haga el estudio pertinente y se analicen las observaciones, con el objetivo de fortalecer el acceso a servicios financieros a través del sector postal.