El día 14 de abril, un nuevo asesinato a un líder social consternó al país. Se trata de Jaime Alonso Vásquez, quien fue asesinado sobre las 8:30 a.m. en una pastelería cerca de su casa, y quién falleció producto del ataque en su contra.La Unidad Nacional de Protección, UNP, se pronunció respecto a este caso asegurando que, luego de evidenciar que la vida del líder social podría estar en riesgo, se ordenaron medidas de protección, entre los que estuvieron un teléfono móvil y un chaleco antibalas.Ante esto, la UNP dijo que Vázques habría cuestionado la medida de protección recomendada, por considerar que no era la más adecuada, y por esta razón decidió no acceder a las recomendaciones de seguridad que le fueron entregadas.Además, en la investigación también se traza la ruta de los sucesos que ocurrieron antes del asesinato de este líder social.Desde el año 2021 la UNP tenía conocimiento y estudió por primera vez la solicitud de protección para Jaime Vásquez, esto por liderar el Comité Promotor de la iniciativa de revocatoria junto a un sacerdote llamado Víctor Hugo Peña, y la manera en como se tramitan documentos de identidad a ciudadanos extranjeros con fines electorales.Para el año 2022, el líder social denunció a varios jefes de administraciones ocales de Norte de Santander, por presuntos sobrecostos en contratos de varias entidades administrativas de Cúcuta. Muchas de estas denuncias, fueron interpuestas ante la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Personería e incluso en la Gobernación de Santander.El día de su asesinato, Jaime Vásquez en la madrugada del día anterior, le ordenó a su escolta retirarse haciendo uso de su vehículo personal. Hacia las once de la mañana, en medio de una llamada, le pidió que hiciera un trámite por medio de Nequi y que regresara con la camioneta.El escolta le entregó el vehículo al líder social y este le dijo que al próximo día no iba a necesitarlo porque iba a estar en su casa todo el día. Por último, Vásquez le dijo que requería de su acompañamiento el lunes 15 de abril, para que lo acompañara al aeropuerto en un viaje que tenía preparado a la ciudad de Bogotá.Jaime Vásquez fue asesinado afuera de su casa y se encontró que el día del atentado no portaba el chaleco antibalas que le fue asignado.
Los mensajes de Whatsapp del móvil de Daniel Sancho y el análisis de partes del cadáver de Edwin Arrieta han centrado la sesión de este miércoles del juicio contra el joven español por el supuesto asesinato del cirujano colombiano en Tailandia, en la que han declarado tres testigos de la fase dedicada a policías y médicos forenses.Los nuevos testigos de la Fiscalía declararon en el Tribunal Provincial de Samui en una vista que comenzó alrededor de las 10 hora local (GMT+7) y que duró unas seis horas, tras el receso de cinco días por el Año Nuevo Budista del juicio oral, que se celebra a puerta cerrada desde el 9 de abril.Entre los testigos de hoy declaró el agente Rachata Chaisongkram, del departamento de turismo de la Policía de la provincia de Surat Thani, que se encargó de extraer las últimas conversaciones de WhatsApp entre Sancho y Arrieta. El policía analizó el contenido del móvil del español y tradujo los mensajes con el traductor de Google.En la sesión vespertina también declaró como testigo de la Fiscalía la médico forense del Hospital de Phangan, Pongpaka Kaewprasong, encargada de hacer la primera autopsia de cinco de las partes del cadáver de Arrieta halladas por la policía el 6 de agosto.Estos restos se hallaron en la playa Salad de la turística isla de Phangan, cercana a Samui, muy cerca de la habitación de hotel donde supuestamente tuvo lugar el crimen el 2 de agosto.Allí se encontraban la cabeza y las manos y, según los análisis forenses, la muerte de Arrieta se pudo producir debido a un golpe fuerte en la nuca.El informe que la Policía realizó durante dos meses de investigación indica que se hallaron al menos ocho de las diecisiete partes en las que el cadáver del colombiano fue desmembrado. Entre los restos encontrados, además de la cabeza, están la pelvis y las piernas, si bien no apareció el tórax, clave para la autopsia.Ninguno de los análisis forenses han determinado una causa concluyente de la muerte de Arrieta, que Sancho asegura que se debió a una pelea en el baño de su habitación de hotel, horas después de la llegada del colombiano a la isla, donde habían quedado.Además, durante la sesión de la mañana, dio testimonio el comandante Yuttakan Chenram, de la comisaría provincial de Surat Thani y encargado de recolectar las pruebas encontradas en varias localizaciones de la isla de Phangan.Papel activo de SanchoSancho, de 29 años, volvió a hacer preguntas a los testigos durante su declaración de hoy, según revelaron a EFE varias fuentes, con lo que mantiene un papel bastante activo en su defensa.El joven español ha prescindido además de la interpretación del tailandés al español que había solicitado debido a los problemas que hubo con la traducción por videoconferencia al inicio del proceso la semana pasada, y ahora cuenta con una traductora al inglés en la sala, lo que agiliza y facilita las vistas.Según el calendario oficial de testigos, las declaraciones de la parte de la Fiscalía van ya con bastante retraso, por lo que no se descarta que el juicio pueda alargarse si no se consigue acomodar a todos antes del 25 de abril, cuando comienza la fase de la defensa.Está previsto que mañana acudan al tribunal de Samui como testigos varios de los policías que interrogaron a Sancho desde que se presentó en la comisaría de Phangan la noche del 3 de agosto para denunciar la desaparición de Arrieta y después le detuvieron tras su confesión el día 5.Las tres vistas de esta semana, de miércoles a viernes, se celebran de nuevo a puerta cerrada y con la prohibición del juez de que se den detalles de lo que ocurre en la pequeña sala del tribunal, que acoge a una veintena de personas, incluidos los representantes de la defensa y de la acusación, además de los testigos de ese día.Tanto el padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho, como su madre, la analista de inversiones Silvia Bronchalo, acudieron hoy de nuevo al juicio, que tiene previsto celebrarse hasta el 3 de mayo, además de dos representantes de la Embajada de España que participan como observadores, pues el español se enfrenta a una posible pena de muerte.El joven español confesó inicialmente el asesinato premeditado y el descuartizamiento de Arrieta, al que conoció un año antes por Instagram y con el que había quedado en la turística isla, si bien después se declaró no culpable ante el juez, cuya identidad es confidencial.Le puede interesar:
En una diligencia liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se recopilaron pruebas contundentes que señalan la culpabilidad del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido como 'Macaco', en el asesinato del líder sindical y exconcejal Luis Carlos Olarte Gaviria en Segovia, Antioquia, el 3 de octubre de 2003.Una juez especializada de Bogotá dictaminó una condena de 23 años, un mes y seis días de cárcel para 'Macaco', por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y concierto para delinquir agravado. Además, se le impuso una multa equivalente a 3.600 salarios mínimos y deberá indemnizar a los familiares de la víctima con 500 salarios mínimos legales mensuales por perjuicios y daños morales.El crimen, perpetrado con armas de fuego por miembros del extinto Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, se debió a las constantes denuncias de Olarte Gaviria sobre la extracción ilegal de minerales en la región, en su rol de exconcejal y vicepresidente del sindicato Sintramienergética.En la indagatoria, 'Macaco' admitió su responsabilidad en el hecho, argumentando que la acción fue ejecutada por hombres bajo su mando, siguiendo órdenes de los líderes de la organización ilegal en ese entonces.Esta sentencia, tras una investigación, llevada a cabo bajo los parámetros establecidos en la ley 600 de 2000, el antiguo sistema penal colombiano.
La mujer acusada de estrangular a una joven embarazada para arrancarle del vientre a su bebé hace casi cinco años en Chicago (EE.UU.) fue condenada este martes a pasar cincuenta años en la cárcel tras aceptar su culpabilidad.Clarisa Figueroa, de 51 años, afrontaba más de una docena de cargos, entre ellos homicidio en primer grado, secuestro agravado, agresión agravada contra un menor y desmembramiento de un cuerpo, por el asesinato de la joven de 19 años Marlen Ochoa López, el 23 de abril de 2019.Con ayuda de su hija Desiree, en ese entonces de 24 años, Figueroa estranguló a la joven, embarazada de nueve meses, con un cable, para luego abrirle el abdomen de lado a lado y sacar al bebé del útero, según la acusación de la Fiscalía.Luego Figueroa llamó a emergencias para decir que había dado a luz pero que el niño no respiraba. Al ser interrogada, la mujer negó que Ochoa López hubiera llegado a su casa y aseguró que el niño era suyo.Yovanny Jadiel López, el bebé arrancado del vientre de su madre, murió el 14 de junio tras pasar siete semanas ingresado con respirador artificial debido a los daños cerebrales que sufrió en el ataque. El médico forense certificó su muerte como homicidio.Sentada en una silla de ruedas, Figueroa aceptó hoy su responsabilidad en el asesinato y fue condenada a cincuenta años de cárcel sin derecho a libertad condicional.La jueza Peggy Chiampas dijo a la sentenciada que esperaba que pensara “todos los días” en la familia de sus víctimas y el daño que les había hecho, según informó el periódico Chicago Tribune.Madre e hija atrajeron a la víctima a una casa en el suroeste de la ciudad con la promesa de donarle ropas y un carrito de bebé, entre otros artículos, y una vez dentro la atacaron.El cuerpo de la joven fue arrojado a un contenedor de basura, donde fue encontrado casi tres semanas después.La hija de Figueroa se declaró culpable en enero pasado y aceptó testificar contra su madre a cambio de una sentencia de 30 años de prisión.Piotr Bobak, el novio de Figueroa, que según la Fiscalía limpió la escena del crimen, se declaró culpable el año pasado por un cargo de obstrucción de la justicia y fue sentenciado a cuatro años de prisión.Le puede interesar:
El juicio contra el joven español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia se reanudó este miércoles en la isla de Samui con el testimonio de dos policías que participaron en la investigación del caso y un médico.Los nuevos testigos de la Fiscalía declaran en el Tribunal Provincial de Samui en una vista que comenzó alrededor de las 10 hora local (GMT+7), tras el receso de cinco días por el Año Nuevo Budista o Songkran del juicio oral que se celebra contra el español de 29 años desde el 9 de abril, en medio de una enorme atención mediática.Entre los testigos de hoy se encuentra el jefe de Policía Yuttakan Chenram, de la comisaría provincial de Surat Thani y encargado de recolectar las pruebas de ADN encontradas en varias localizaciones de la isla de Phangan, cercana a Samui y donde tuvo lugar el supuesto asesinato y descuartizamiento de Arrieta el 2 de agosto.Durante la sesión de la mañana, en la que Sancho volvió a poder hacer preguntas al testigo, según ha podido saber EFE, se repasaron asimismo las partes del cuerpo de Arrieta que habían sido halladas en varios lugares de la isla, entre ellos el mar.Según el informe que la Policía realizó durante dos meses de investigación, se hallaron al menos ocho de las diecisiete partes en las que el cadáver del cirujano colombiano fue desmembrado. Entre las partes encontradas están la cabeza y la pelvis, si bien no apareció el tórax, clave para la autopsia.Además, este miércoles declaran en la sesión vespertina el policía Rachata Chaisongkram, del departamento de turismo de la Policía de la provincia de Surat Thani (Samui), y un médico del hospital de Phangan.Según confirmaron a EFE tanto el fiscal, Jeerawat Sawatdichai, como el abogado de la defensa, Aprichat Srinual, durante la sesión de la tarde se analizarán asimismo los mensajes en el teléfono móvil de Daniel Sancho.Las tres vistas de esta semana, de miércoles a viernes, se celebrarán de nuevo a puerta cerrada y con la prohibición del juez de que se den detalles de lo que ocurre en la pequeña sala del tribunal, que acomoda a una veintena de personas, incluidos los representantes de la defensa y de la acusación, además de los testigos de ese día.Tanto el padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho, como su madre, la analista de inversiones Silvia Bronchalo, acudieron hoy de nuevo al juicio, que tiene previsto celebrarse hasta el 3 de mayo, además de dos representantes de la Embajada de España que participan como observadores, pues el español se enfrenta a una posible pena de muerte.En representación de la familia de Arrieta asistió el abogado tailandés Mettapon Suwancarern, que actúa como coacusión junto al fiscal y que dijo a la entrada del tribunal que "tanto él como su equipo" están "preparados" para esta segunda semana del juicio oral centrada en las pruebas forenses.El abogado de oficio a cargo de la defensa de Sancho, Apirchat Srinual, apuntó por su parte que los problemas de traducción en los primeros días han quedado en principio solucionados con una intérprete al inglés en la sala, por lo que éste "parece menos frustrado".El letrado explicó además que Sancho sigue "cooperando" durante las vistas y puede hacer preguntas a los testigos cuando estos terminen su declaración y tras pedir autorización al juez.El joven español confesó inicialmente el asesinato premeditado y el descuartizamiento de Arrieta, al que conoció un año antes por Instagram y con el que había quedado en la turística isla, si bien después se declaró no culpable ante el juez, cuya identidad es confidencial.Le puede interesar:
La Fiscalía General de la Nación declaró el homicidio de Yolanda Paternina, fiscal segunda especializada en Sincelejo, como un crimen de lesa humanidad.Yolanda Paternina fue asesinada cuando estaba investigando los vínculos entre integrantes de las AUC políticos y militares de Bolívar y Sucre que participaron en masacres y asesinatos selectivos cometidos en la región.“El crimen habría obedecido a la verticalidad, eficiencia y eficacia de la fiscal por conocer la verdad de las masacres de Macayepo, El Salado y Chengue, en las cuales alias 'Cadena' y 'Ramón Mojana' estarían vinculados y en contra de quienes, en su momento, se dictaron órdenes de captura. Paternina Negrete habría sido declarada objetivo militar por las AUC”, informó la Fiscalía en octubre de 2020.La Comisión Colombiana de Jurista celebró este avance en la búsqueda de la verdad en el caso de la fiscal Paternina.“Hoy estamos un paso más cerca de alcanzar justicia en el caso de Yolanda. Seguiremos insistiendo para que este crimen no quede en la impunidad”, dijo la Comisión Colombiana de Jurista en su cuenta de X.Cabe mencionar que en octubre de 2020 fue enviado a la cárcel Eder Pedraza Peña por su presunta responsabilidad en este crimen.La investigación estableció que Pedraza Peña habría sido el cabecilla del Bloque Mojana de las Autodefensas Unidas de Colombia y, al parecer, ordenó la conformación de un grupo para ejecutar el atentado a la fiscal Paternina, con el supuesto apoyo de Rodrigo Mercado Pelufo, alias 'Cadena'.La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, evidenció que en contra de Pedraza Peña, alias 'Ramón Mojana', existen otros procesos vigentes por los delitos de concierto para delinquir, desaparición y desplazamiento forzado.
La defensa de John Poulos, ciudadano estadounidense implicado en el caso del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, ha presentado una solicitud ante el Tribunal Superior de Bogotá en busca de la nulidad parcial del juicio en su contra.El objetivo es que se reconozca un supuesto error durante la etapa probatoria, donde se excluyó el testimonio de Santiago Luna Bonilla, otro excompañero sentimental de Trespalacios, el cual según la defensa, arroja luz sobre aspectos relevantes de la vida de la víctima, incluido su consumo de sustancias alucinógenas.El abogado Espíndola, representante legal de Poulos, afirmó que la declaración de Luna Bonilla fue presentada a las autoridades dos días después del trágico suceso. Según Espíndola, este testimonio es crucial para desestimar la teoría de la Fiscalía sobre un posible móvil de celos por parte de Poulos.Sin embargo, el juez a cargo del caso habría denegado la admisión de esta evidencia, lo que la defensa considera un atropello al derecho de defensa y al debido proceso.El abogado también aclaró que la acción de tutela no tiene como fin dilatar el proceso judicial, sino corregir un presunto error judicial.La solicitud fue admitida por el Tribunal Superior de Bogotá. Para el miércoles 17 de abril se tiene prevista la audiencia programada donde se llevarían a cabo los alegatos finales del juicio.
La Fiscalía General de la Nación destinó un equipo especializado de la Unidad Especial de Investigación, UIE, para llevar a cabo la investigación por el asesinato del veedor ciudadano Jaime Vásquez, ocurrido el pasado 14 de abril de 2024 en Cúcuta.Fuentes de la Fiscalía confirmaron que un equipo de la Unidad Nacional se trasladó para trabajar de la mano con la Dijín y el CTI sobre este hecho.De acuerdo con información que tiene el CTI, Vásquez recibió varios disparos en un establecimiento comercial. Posteriormente, fue trasladado al hospital Santa Ana, donde murió tras varios intentos de los médicos de salvar su vida.Vásquez tenía un escolta y un chaleco antibalas que le había destinado la UNP, incluso se movilizaba en una camioneta propia. Sin embargo, al momento de los hechos se encontraba sin ese esquema.El veedor era conocido por diferentes denuncias relacionadas con corrupción en el departamento de Norte de Santander que hacía por medio de redes sociales.Cabe decir que, la Gobernación de Norte de Santander, anunció que ofrecen 50 millones de pesos de recompensa para la persona que ayude a resolver este crimen.Asimismo, fuentes del ente acusador no descartan que grupos armados estén detrás de este hecho. En lo corrido de este 2024 se han presentado dos asesinatos a líderes sociales en el departamento de Norte de Santander.El 10 de enero fue asesinado Giovanny Luna en el barrio Antonio Santos de Cúcuta. Sobre este caso ya se realizaron capturas a miembros de la banda de alias 'Porras'.
Un terrible crimen se registró en la noche del lunes en la localidad de Kennedy, Bogotá, donde dos hombres fueron baleados y luego lanzados desde una camioneta en plena vía pública.El hecho ocurrió en la carrera 81 G con calle 45 Sur, en el Barrio Britalia. Según las autoridades, la Policía recibió una llamada de alerta de residentes del sector, quienes informaron sobre la presencia de dos cuerpos sin vida arrojados desde un vehículo.Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida de Wilson Peña, quien presentaba múltiples impactos de bala. A su lado se encontraba Carlos Medina, gravemente herido también por disparos, quien fue trasladado de inmediato a la Clínica Colsubsidio de Roma.De acuerdo con el coronel Eduardo Cruz, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, tras el hallazgo de las víctimas se inició una persecución que culminó con la captura de los presuntos asesinos.Tres detenidosEn total, tres personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades judiciales.“En total fueron tres los capturados que fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. En lugar donde es ultimado el ciudadano Wilson de Jesús Peña con proyectiles disparados por arma de fuego. En el mismo acontecimiento resulta lesionando el señor Carlos Fernando Medina Montañez, quién es lesionado con proyectiles disparados por arma de fuego, siendo este remitido a la clínica Colsubsidio de Roma”, dijo el coronel.Investigación en cursoLas autoridades se encuentran investigando los motivos del crimen y las circunstancias que lo rodearon. Se espera que en las próximas horas se revele más información sobre este lamentable hecho.
El próximo jueves, 18 de abril, el Juzgado Penal Municipal de San Andrés definirá si se le concede la libertad a José Manuel Gnecco por vencimiento de términos, en el marco del proceso que se adelanta en su contra por el homicidio de su esposa, María Mercedes Gnecco Serrano.La defensa de José Manuel Gnecco presentó el recurso por el proceso que se adelanta por el homicidio de María Mercedes Gnecco Serrano, ocurrido el 05 de octubre de 2021. El abogado Marlon Díaz se basa en que Gnecco ha estado más de 200 días en prisión sin que haya una sentencia.Al respecto, el fiscal Mario Burgos expuso sus argumentos en contra de las intenciones de la defensa de José Gnecco. Incluso, señaló que tienen evidencias de que este sujeto sí estaría detrás de ese homicidio y que no se han cumplido dichos 215 días. Tanto la Procuraduría como las víctimas también rechazaron la solicitud.“Esto es un recurso dilatorio, desde el mes de septiembre de 2023, cuando se apela la decisión de la señora jueza, sobre esa prueba no se pueden contabilizar dichos términos. No han pasado esos 200 días, nos oponemos a dicha solicitud”, dijo el fiscal Mario Burgos.Gnecco está acusado por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; falsedad ideológica de documento privado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Actualmente, se encuentra recluido en un centro penitenciario en la isla de San Andrés.
El concejal asesinado, Carlos Arturo Londoño, perteneciente del Partido Conservador, el día de su muerte dio su última entrevista a un medio local del municipio de Tuluá, Valle, donde se refirió frente a los retos cumplidos en los primeros 100 días y la proyección a futuro como cabildante.En dicha entrevista aseguró sentirse satisfecho con los proyectos presentados por la actual administración por incluir iniciativas y obras que beneficiarían a la comunidad tulueña."Seguimos trabajando por la comunidad, acabamos de aprobar el plan de desarrollo, que es el proyecto de acuerdo más importante que se firma en los cuatro años, ahí el alcalde va a poder comenzar a ejecutar todo lo que prometió en su plan de gobierno y desarrollo", dijo Carlos Arturo Londoño, concejal asesinado.En medio de la entrevista, indicó que su proyección era velar por el bienestar de las madres cabeza de familia que en el pasado fueron víctimas del conflicto armado, la idea contemplaba legalizar algunos terrenos."Venimos trabajando con esta comunidad, son un grupo de personas que se encuentran en el corregimiento de La Marina, estas personas tienen un terreno que está en como dato y por medio de esta organización queremos lograr la titulación para ellos, la idea es que en lo que falta de este año, estas personas logren tener los títulos de sus tierras", expresó el concejal fallecido.Carlos Arturo Londoño, era el vicepresidente del concejo de Tuluá, y este sería su tercer periodo en el hemiciclo de ese municipio. Autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $50 millones de pesos para esclarecer el atentado que además cobró la vida de otra funcionaria pública.Así fue el atentado sicarialEl violento hecho se registró en la noche de este viernes a las afueras del coliseo Manuel Victoria Rojas del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca, cuando hombres armados dispararon indiscriminadamente contra el concejal que se encontraba en el lugar.Londoño murió minutos después del ataque. Los hechos se registraron posterior al evento de los 100 días de gestión del alcalde de ese municipio, Gustavo Vélez.El concejal fue trasladado hasta un centro asistencial para recibir atención médica inmediata debido a la gravedad de sus heridas, pero falleció. Por su parte, a través de su cuenta de X, el actual mandatario, Gustavo Vélez, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional.Otra funcionaria publica que acompañaba al concejal, también resulto herida y murió en un centro asistencial cuando recibía atención médica, se trata de Clarivet Ocampo Fernández, Coordinadora De la Oficina Municipal De Discapacidad.
Luego de los duros cuestionamientos que se emitieron en el 7mo Encuentro y Ferias Renovables Latam en Barranquilla por las ‘trabas’ para implementar proyectos de energías no convencionales en el país, la subdirectora de Evaluación de Licencias Ambientales de la ANLA, Ana María Llorente, confirmó que se encuentran preparando un proyecto de ley que permita acortar tiempos en materia de adjudicación de permisos ambientales.Llorente detalló que, según el decreto 1076, tienen 90 días hábiles para emitir un pronunciamiento sobre una nueva licencia y hasta 60 días para hacer modificaciones, sin embargo, el proyecto de ley haría que se reduzcan estos tiempos por lo menos a la mitad.Llorente también expresó que ya está listo el borrador del proyecto para el cambio de competencias de la ANLA, con el fin de que, de manera estandarizada, se efectúe la celeridad en trámites de evaluación de proyectos de generación de energía eólica/solar mayores a los 50 megavatios.Por su parte, como presidente de la Comisión Accidental para hacer seguimiento a la implementación de los proyectos de energías renovables en el país, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal, anunció que la próxima semana también estarán radicando un proyecto de licenciamiento express, a 2030, que permita sacar adelante los proyectos que hoy se encuentran ‘trabados’.La idea, según explicó Espinal, es la de garantizar la seguridad jurídica que necesitan los proyectos de energías no convencionales para implementarse en el país, obligando al Estado colombiano a diseñar una “ventanilla única” que logre evitar la declinaciones."Para tratar de buscar más seguridad jurídica para que los proyectos de energías no convencionales no se nos vayan, como lo anunció en estos días Celsia, que está preocupado ante la incertidumbre e inseguridad jurídica y que, inclusive, está pensando en declinar varios proyectos que son fundamentales para nuestro país", dijo. Y es que, tal como se reveló en el 7mo Encuentro de Energías Renovables, Latam, la expectativa que hoy tiene la industria de energías renovables en Colombia es cerrar el 2024 con 22 proyectos en operación, de los cuales 13 ya están inyectando energía al sistema y otros nueve entrarían a operar a final de año para atender a un total de 2.5 millones de colombianos en el territorio.Lo anterior son pasos significativos, pero el avance podría ser aún mayor si no fuera porque un proyecto de energías limpias "se está demorando de 3 a 6 años en entrar operación y el 70% del tiempo se va en trámites".
Uno de los 20 delincuentes más buscados del área metropolitana de Bucaramanga fue capturado. Se trata de un hombre conocido con el alias de “Panda”, quien hacia parte de una red de venta de alucinógenos en varios municipios donde, al parecer, tenía apoyo de un líder comunitario.La Policía Metropolitana de Bucaramanga logró capturar a un hombre identificado como Andris Manuel Rosario Hernández conocido con el alias de "Panda", de 37 años, uno de los más buscados por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. El hombre fue capturado en la avenida el Libertador del norte de la capital de Santander.“La captura se desarrolló tras el seguimiento que venía realizando la Policía Nacional a través de uniformados de la Seccional de Investigación Criminal Sijin. El capturado es indiciado de pertenecer al grupo de delincuencia común organizada denominado Los Tamaleros quién era el responsable del expendio y seguridad, así mismo tenían apoyo de un líder comunitario del barrio Claverianos donde comercializaban estupefacientes en presencia de niños, niñas y adolescentes”, dijo el coronel de la Policía Diego Pinzón.Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para seguir entregando información que permita capturar a las personas que aparecen en el cartel de los más buscados del área metropolitana de Bucaramanga entre los que aún quedan 15 personas delinquiendo diariamente.“El capturado es dejado a disposición de la autoridad solicitante para que le defina su situación jurídica. La Policía Nacional continua trabajando incansablemente a través del nuevo modelo de seguridad orientado a las personas y los territorios para garantizar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos y poner a buen recaudo ante la autoridades competentes a los delincuentes”, agregó el Coronel Pinzón.
La sequía generada por el fenómeno de El Niño está afectando a más de 1.600 familias lecheras de Santander que están trabajando a pérdidas debido a que no hay pasto para darle a las vacas y deben comprar otro tipo de productos.Productores de leche de la cuenca de abasto de Sabana de Torres en Santander explicaron que la sequía que se está presentando en este momento redujo por completo el pasto para el ganado y están siendo obligados a darle otro tipo de alimentos que cuestan más del doble, por ese motivo están trabajando a pérdidas en este momento.“Efectivamente, pasto para ganado no hay, estamos utilizando heno, silo de maíz, pero es muy costoso porque la tonelada de silo de maíz está por encima de los 550 mil pesos en el comercio y nos toca complementar con lo que nos brindan los subproductos de la región, pero en este momento pastadas no hay para el ganado”, explicó Ricardo Silvestre, uno de los productores de leche de esta región.En Sabana de Torres, en este momento, se producen 75 mil litros de leche diarios, de los cuales, 60 mil son comercializados por una empresa privada y 15 mil por comerciantes de queso, una cadena de producción que está siendo afectada por la sequía del fenómeno de El Niño en Santander.“En este momento la realidad es que la gran industria no baja el precio tampoco, en los supermercados usted encuentra leche alrededor de los 4.000 pesos o 7.000 mil pesos el litro cuando a nosotros nos pagan a 1.300 pesos o 1600 pesos el litro, ellos comercializan litros de 900 centímetros y a nosotros nos compran litros de 1.000 y eso también nos tiene afectados”, agregó Silvestre.Teniendo en cuenta la situación que están viviendo los lecheros de Santander, se realizó una reunión con la Gobernación departamental para buscar salidas que permitan que las familias puedan seguir en el negocio de la leche, así las cosas, se determinó junto a la Secretaria de Agricultura de la región hacer próximamente una especie de cooperativa u organización de productores de leche que les permita competir con otras empresas privadas.
Por tercer día consecutivo, el Vía Parque Isla Salamanca (VPIS) arde en llamas como consecuencia del incendio que se desató en el sector de Los Guayacanes y cuyas dimensiones hacen concluir a las autoridades que se trata de la conflagración más grande que ha sufrido esta reserva natural en lo corrido del año.La gravedad del asunto radica en que el fuego no solo está arrasando con enea, sino con los manglares del parque, que son vitales para el equilibrio del ecosistema y, más preocupante aún, los bomberos y brigadistas no cuentan con agua cerca para extinguir las llamas de manera oportuna. Para acceder a la zona del incendio, los socorristas deben caminar hasta cuatro horas por un terreno complejo, por lo que piden apoyo de la Fuerza Aérea para hacer traslados en helicóptero que permitan llegar más rápido y contener con mayor prontitud el fuego que, además, está calcinando vivos a múltiples especies de animales.Eric Lechuga, uno de los bomberos encargado de combatir las llamas en el sector de Los Gayacanes, afirma que hasta ahora han logrado controlar el 40% del incendio."Hemos logrado contener el avance en dos direcciones que están determinadas por el viento, pero el incendio se está registrando en una sola zona prendida, ardiendo en todo su alrededor, por lo que se vuelve más complejo el control" dijo Lechuga. Así mismo, también explicó que "luego de que esté controlado, debemos ingresar a toda esa área afectada a apagar los troncos que hayan quedado encendidos y esa labor es más difícil por el tema de que no hay agua".Los brigadistas esperan, por lo menos, dejar controlado el incendio por completo este sábado, para avanzar entonces con la ardua tarea de liquidar de un todo la conflagración.