La Armada Nacional confirmó hace unos momentos por medio de un comunicado oficial la caída al río Magdalena del grumete Julián Fernando Condia Bello, quien hacía parte de las actividades de alistamiento para la llegada del Buque ARC Gloria este domingo a Barranquilla.“La Armada Nacional se permite informar a la opinión pública que, en hechos que son materia de investigación, este 31 de agosto, durante el desarrollo de actividades de alistamiento para la entrada a puerto del Buque Escuela ARC Gloria a la ciudad de Barranquilla por término del crucero de instrucción y entrenamiento de grumetes, cayó al río Magdalena el grumete Julián Fernando Condia Bello”, escribieron en la misiva.“De inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y aeronavales, que se encuentran adelantando las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrieron los hechos”, agregaron.El repentino episodio se registra en medio de la antesala a una cita que contaría con la presencia del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, agendado para condecorar a los comandantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Policía del Atlántico, Armada Nacional, Fuerza Aérea y Ejército. Por lo cual, todavía no ha pasado mucho tiempo desde que se informó su cancelación.La Institución Naval informó que se dispuso equipo multidisciplinario con el fin de brindar el apoyo a la familia del grumete Julián Fernando Condia Bello y, al tiempo, se ordenó el desplazamiento de una comisión para adelantar la verificación preliminar correspondiente y el inicio de la respectiva investigación.De igual manera, la Armada solicita y agradece "el apoyo de toda la comunidad marina y ribereña en el ejercicio de búsqueda y rescate que estamos adelantando con toda nuestra energía y capacidad para poder rescatar con vida a nuestro compañero caído al agua".
Como “doloroso y sumamente aberrante” fue descrito en las últimas horas por la Red de mujeres en el Atlántico el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, niña de solo 10 años de edad de la que no se tenían signos de vida desde hace más de 15 días.Tras la confirmación de su aparición dada por las autoridades, la líder de esta organización, Ruth Pareja, no tardó en exigir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la Fiscalía General de la Nación que garanticen el derecho de la verdad y esclarezcan lo sucedido.“Los niños realmente son dolientes, no importa de dónde sean; por eso tenemos que amparar sus derechos, sobre todo al de la vida. No es posible que una niña de tan solo 10 años haya pasado por este cruel episodio. Tampoco me quiero imaginar todo lo que pudo sufrir”, declaró a Blu Radio.Pareja agregó que se debe garantizar toda una ruta investigativa que inicie desde la Escuela de la menor y posteriormente dé con los responsables.Al mismo tiempo, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, también se unió a las voces de lamento por la muerte de la joven Valeria Afanador en Cajicá.El mandatario escribió por sus redes sociales oficiales que: “A su familia, toda mi solidaridad en este difícil momento. El país no puede fallarle a nuestra niñez”.Sumado a eso, pidió celeridad y total prioridad en este caso a las autoridades competentes para que no haya impunidad.La pequeña Valeria fue encontrada en una zona contigua al río Frío, en Cajicá, lugar del que afirma el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, ya había sido buscada con anterioridad.
En Barranquilla y su área metropolitana crece la expectativa frente a la posible extensión del cese al fuego entre las bandas criminales 'Los Pepes' y 'Los Costeños'. La propuesta busca pasar de 37 a 90 días de tregua, en medio de un ambiente marcado por hechos violentos recientes y los primeros pasos hacia un eventual diálogo de paz urbana. Desde el Gobierno Nacional se exige cese al fuego y a la extorsión para los comerciantes ambulantes del sector.La iniativa de diálogo surgió de la defensa de Digno Palomino, cabecilla de 'Los Pepes', y ya está a la espera de la respuesta oficial de Jorge Elíer Díaz Collazos, alias Castor, líder de 'Los Costeños', actualmente privado de la libertad. Ambos grupos han manifestado de manera unilateral su voluntad de acogerse a un proceso que se articularía con la llamada “paz total” impulsada por el Gobierno Nacional.Camilo Pineda, delegado del Alto Comisionado para la Paz y facilitador en el proceso de paz urbana en Barranquilla, explicó en diálogo con Blu Radio que ya se superó una primera fase de exploración y actualmente se trabaja en un alistamiento institucional que incluirá mecanismos de seguimiento, control y verificación del cese al fuego.Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo. En las últimas 48 horas se han registrado al menos dos homicidios que las autoridades atribuyen a estas estructuras criminales, uno de ellos con la víctima identificada como un vendedor de aguacates. Desde el Gobierno se insiste en que cualquier avance en el proceso debe garantizar no solo la suspensión de muertes, sino también la eliminación del reclutamiento de menores, el tráfico de estupefacientes y la extorsión.“El reto es garantizar la no repetición, sacar a niños, niñas y adolescentes de las dinámicas del conflicto y avanzar hacia una reparación de las víctimas”, señaló Pineda, quien recalcó que no se trata de una mesa formal de negociación, sino de “espacios sociojurídicos por la paz urbana”.El funcionario también advirtió que el proceso debe blindarse frente al calendario electoral del próximo año. “La paz tiene que estar por encima de las diferencias políticas. Aquí la fuerza pública está bien equipada, pero la ecuación necesita una variable adicional: la voluntad de paz”, agregó.Por ahora, Barranquilla permanece a la expectativa de un anuncio oficial en las próximas horas sobre la extensión del cese al fuego y los pasos a seguir en este proceso inédito de diálogo con estructuras criminales urbanas.Escuche aquí la entrevista:
Luego de seis diligencias de allanamiento adelantadas por la Policía Metropolitana de Barranquilla, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, las autoridades en la capital del Atlántico informaron acerca de la captura de nueve presuntos integrantes de la banda ‘Los Costeños’, quienes al parecer serán judicializados por los delitos de extorsión y concierto para delinquir, teniendo en cuenta su supuesta responsabilidad en la intimidación de múltiples comerciantes.Uno de esos detenidos fue interceptado en flagrancia, sostuvo la Policía, por lo que también puede ser llevado a la justicia por el delito de porte ilegal de armas, mientras que otras seis personas hoy privadas de la libertad fueron notificados de nuevos procesos en su contra, dijo la institución que por "delinquir desde estos establecimientos carcelarios".Entre los capturados y notificados se encuentran alias ‘Rasta’, ‘Madane’, ‘Puca’, ‘Chuky’, ‘El Viejo’, ‘El Flaco’, ‘El Gato’, ‘El Moña’ y en flagrancia alias ‘Andersson’.De igual forma, fueron notificados en centro penitenciario alias ‘Otón’, ‘Cirilo’, ‘Botija’ y ‘Chino’, alias ‘El Animal’, y alias ‘Big Cola’, entre los cuales se registran un total 13 anotaciones judiciales por distintos delitos.De acuerdo con un informe de la Policía Metropolitana de Barranquilla, sus investigaciones establecieron que alias ‘Otón’, identificado como jefe de zona de esta estructura, delinquía y ordenaba desde el interior del centro penitenciario La Tramacúa, en Valledupar, los cobros extorsivos a comerciantes de los barrios Chiquinquirá, Rebolo, San José, Montes y San Roque, afectando actividades económicas como tiendas, ferreterías, billares, restaurantes y farmacia.Además, Alias ‘Otón’ contaba con una estructura de al menos 15 personas bajo su mando, responsables de ejecutar acciones criminales en la ciudad.Este grupo delictivo, según la misiva, era el encargado de ejecutar delitos de impacto como extorsión, homicidio y tráfico de estupefacientes, así también presionaban pagos tras recurrir a disparos y quema de fachadas de establecimientos, cuatro de ellos documentados por cámaras de seguridad.Al tiempo, las autoridades incautaron una pistola traumática 9 milímetros (modificada), un proveedor para pistola 9 milímetros y cinco teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía.“Estos resultados son el reflejo del trabajo articulado entre nuestras unidades especializadas y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de debilitar estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los comerciantes y la comunidad en general. Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades para garantizar la seguridad y convivencia en la ciudad de Barranquilla”, afirmó el Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
Los gobiernos local y nacional, y las bandas criminales de Los Costeños y Los Pepes, avanzaron de la fase exploratoria a una etapa de alistamiento institucional para una eventual mesa de diálogo con estas organizaciones que delinquen en el Atlántico, especialmente en el área metropolitana de Barranquilla.Como parte de este nuevo paso se llevó a cabo un conversatorio en la Universidad Autónoma del Caribe, en el que habló la defensa del cabecilla de Los Pepes Digno Palomino y propuso sumarse al cese al fuego que anunció la banda criminal Los Costeños. Incluso, el abogado Yesid Lengua planteó extender el cese de actividades ilícitas más allá del 30 de septiembre, hasta completar 90 días, para demostrar la voluntad de paz."Alarguemos ese término, porque aquí los victoriosos van a ser la propia comunidad y si tenemos la intención, tenemos que darle también herramientas de credibilidad a nuestros vecinos, a nuestros habitantes del departamento del Atlántico y al mismo Estado", dijo el abogado.En el evento también intervino de manera virtual Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor', máximo cabecilla de Los Costeños, quien desde la cárcel de Cómbita, donde está recluido, envío un mensaje a los jóvenes que están delinquiendo para que abandonen la guerra y se unan al camino que se está trazando para la paz.'Castor', en su intervención, también pidió al Gobierno "que enfoque la paz en el futuro de los jóvenes y en cambiar su mentalidad"."Muchachos, hay que cambiar la manera de pensar, hay que cambiar esa ideología de la riqueza que se hace en el dinero. Vamos a creer en una riqueza basada en la familia, en la reconciliación, en el amor, porque son las únicas riquezas que son duraderas en la comunidad", expresó Díaz Collazos.Gobierno afirma que este proceso puede ser un caso de éxitoDesde el Gobierno Nacional destacan que, a diferencia de lo ocurrido en otras ciudades, en Barranquilla este proceso puede ser un caso de éxito porque, además de la voluntad expresada por las bandas, hay voluntad política de las autoridades.El alto comisionado para la Paz Otty Patiño delegó como facilitador del proceso a Camilo Pineda, quien valora el cese de actividades ilícitas que anunciaron Los Costeños, pero que se requiere aún más, como garantizar que los menores de edad no sigan siendo instrumentalizados y que haya garantías de reparación a las víctimas."Ya hoy estamos informados de que hay una voluntad y que se van a hacer unas muestras de paz. Esto va a ser verificado, va a ser estudiado desde Bogotá y desde el ámbito institucional acá en el Distrito de Barranquilla, pero necesitamos más cosas. Aquí la prioridad son los niños, las niñas y los adolescentes y tenemos que sacarlo de la dinámica del conflicto urbano", expresó Pineda.Opinión de gremios de comerciantesOrlando Jiménez, directivo de Undeco Atlántico, propuso acompañar un eventual proceso de diálogo de Los Pepes y Los Costeños e, incluso, pidió a los comerciantes afectados por la extorsión unirse para encontrar una solución pacifica a este conflicto urbano.En cuanto al papel de la Universidad del Autónoma del Caribe, el rector Jorge Senior, aclaró que él no hace parte de ningún tipo de negociación y que la institución solo está facilitando, desde la academia, el escenario para avanzar en este proceso y rescatar a la juventud."Ese es el espacio que estamos abriendo aquí, que todos converjan: los representantes de los actores armados, los representantes de la institucionalidad, los representantes de la sociedad civil y entre todos tratemos de lograr una salida, al menos temporal, tipo tregua o tipo suspensión de actividades delictivas, etcétera", expresó.
Miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla capturaron en el municipio de Bello, Antioquia a Abraham Alfredo López Caballero, conocido como alias ‘Mono Abrahán’, quién, según las autoridades, es el segundo cabecilla de la banda criminal Los Costeños, después de alias ‘Castor’.‘Mono Abrahán’ se convirtió en uno de los delincuentes más buscados de Barranquilla. Este hombre es señalado de haber trasportado a los sicarios que masacraron a 6 personas en el barrio Las Flores de esta ciudad en hechos que ocurrieron en septiembre del 2022 por lo que fue capturado ese mismo año, sin embargo, en el 2024 quedó en libertad por un vencimiento de términos y desde entonces autoridades estaban tras su pista.De acuerdo con las labores de inteligencia de la Policía, este hombre viajó a Medellín para concretar alianzas criminales que le permitieran nuevas rutas para el envío de droga a los Estados Unidos y otros países en asocio con la banda Los Triana."Se encontraba en Medellín de acuerdo a inteligencia realizando alianzas criminales con el grupo delincuencia organizada conocida como 'Los Triana'. El objetivo era buscar rutas de narcotráfico saliendo desde el Caribe colombiano hacia los Estados Unidos y Europa a través de lanchas rápidas que contaminaban buques en mar abierto. Este individuo con 9 años de trayectoria criminal en el grupo delincuencia común organizada conocida como Los Costeños era uno de los hombres más buscados en Barranquilla se le considera un cabecilla principal de esta misma estructura criminal", informó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía metropolitana.Deberá responder ante las autoridades por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y homicidio.
Cada vez son más los episodios de mujeres que son víctimas de abuso sexual al hacer uso del transporte informal, especialmente a través de mototaxis en el área metropolitana de Barranquilla, donde la Policía ha “identificado una preocupante recurrencia de casos” como estos.Ante esta situación, la Policía Metropolitana ha implementado “un servicio de transporte seguro en coordinación con la Línea 155, así como acompañamientos personalizados de la Patrulla Púrpura para garantizar la integridad de las mujeres en sus desplazamientos, y prevenir este tipo de hechos lamentables”."La Policía Nacional en Barranquilla, a través de la Patrulla Púrpura, realizó una jornada pedagógica para identificar situaciones de riesgo relacionadas con la violencia intrafamiliar y de género. Se difundió la línea 155 y se socializaron las rutas de atención y canales institucionales de apoyo para garantizar que las víctimas reciban acompañamiento oportuno y seguro", informó el coronel Ángel Acosta, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.Esta iniciativa se conoce tras la captura de un señalado violador en serie en Soledad, Atlántico, donde se hacía pasar por mototaxista para abusar de las pasajeras, a quienes también les robaba sus pertenencias y luego las extorsionaba para poder devolverles los objetos robados. Este hombre registra múltiples anotaciones judiciales, nueve de ellas por acceso carnal violento.La Policía reporta que, “a la fecha, se han llevado a cabo 723 campañas de sensibilización, impactando a 16.049 personas en diferentes sectores de la ciudad y municipios cercanos, con el objetivo de fomentar una cultura de denuncia y prevenir hechos que atenten contra la integridad de mujeres, niñas y núcleos familiares”.Indica que este año se ha logrado la captura de 2 personas por feminicidio, 52 por delitos sexuales y 210 por violencia intrafamiliar. Además, se han atendido 650 casos, brindando acompañamiento oportuno y orientación sobre las rutas institucionales de atención disponibles.
Lo que para los habitantes de Santo Tomás, Atlántico, es el humedal 'Sapo Grande', desde el 2023 es proyectado por la Alcaldía municipal como la zona en la que será construida una plaza de eventos para actividades culturales, que tendrá museo de arte, zona de parqueadero y un amplio escenario. "Eso es un humedal. Uno se da cuenta hasta donde llega el agua, si camino me puedo ahogar. Cuando llueve se llena aún mas. Aquí no se puede hacer un centro de eventos", alega Henry Huetes, habitante del municipio, quien pide que se reconsidere la obra que por el momento solo tiene una valla en la zona externa y una estructura de cercamiento. La preocupación no podría ser menor, pues el impacto ambiental que se calcula a partir de esta intervención podría incluso llegar a la ciénaga que alimenta a esta zona. Así lo advierte el personero municipal Adolfo Montalvo. "Sabemos pues que este es un humedal del municipio, históricamente conocido como Sapo Grande, el cual podría tener una especial protección", indicó Montalvo. Pero el personero advierte que no solo ha recibido quejas por la posible vulneración ambiental que allí se está presentando, sino también por problemas con el lote, el cual a pesar de ser de una hectárea, tiene un valor de $1000 millones, sumado a que fue colocada una valla informativa en 2023 que indicaba que en cuatro meses estaría lista la obra, pero van dos años y solo hay un cercamiento realizado con unos cuantos ladrillos por el que se habría pagado más de $700 millones. "Vamos a recaudar todo el material probatorio y haremos los requerimientos necesarios que se tengan que hacer a la a la administración municipal para poder acceder y poder entrar a a hacer un estudio de la situación y poderlo poner en conocimiento de las autoridades competentes, que es lo que podríamos nosotros hacer para proteger el patrimonio público del municipio de Santo Tomás", explicó el personero. Entre tanto, el concejal Vladimir Escorcia afirma que la obra es un "monumento a la maleza", pues las obras están suspendidas y no se realiza ni siquiera poda del lote. "Lo que debió ser un lugar de encuentro por la cultura es de detrimento patrimonial. No se encuentran los metrajes pendientes. Era una obra que tenía que estar adecuada para enero o febrero del 2024 y a puertas de casi el 2026 hoy no encontramos nada", expuso el cabildante. A su vez, Iván Osorio, secretario de Planeación del municipio, explicó que la zona de construcción de la plaza de eventos culturales no está catalogada como una zona de inundación, según el plan de ordenamiento territorial, por lo que no habría una vulneración. Que solo es un sector que en los últimos años se ha inundado. "Esto se debe a que pues anteriormente por actividad humana que se realizó ahí algunas extracciones o movimientos de tierra, se generaron unos reservorios y lo que pasa es que cuando llueve, toda el agua que viene de los sectores aledaños se depositan en este sitio", explicó.
En medio de la conmoción que rodea a la familia Canro y Martínez por la muerte de tres de sus miembros el pasado 11 de julio, en medio de un paseo que estaban realizando en San Andrés para celebrar el día del padre, finalmente se conoció el resultado de la necropsia de Medicina Legal, el cual apuntó que se trató de una anoxia por inhalación de fosfina, un gas incoloro que en altas cantidades puede causar la muerte. Ante esto, el hotel Portobelo, en el cual se registró la tragedia, compartió un comunicado este 28 de agosto en el que lamentaron lo sucedido y manifestaron estar bajo conocimiento del informe del instituto. "De acuerdo con la información oficial, el químico que causó la intoxicación corresponde a una sustancia utilizada sin nuestra autorización por la empresa de fumigación Livinsgton & Company E. U., en flagrante violación de los protocolos establecidos. La empresa contratada, en quien confiábamos por su experiencia, reportó haber utilizado sustancias diferentes a las halladas por Medicina Legal en la necropsia, lo que evidencia inconsistencia en su actuación", expuso la administración del hotel. Agregan que la actuación del contratista va en contra de los protocolos que maneja la empresa y también de la normatividad vigente para el caso de fumigaciones. A su vez, manifiestan su disposición en seguir atendiendo cualquier procedimiento dentro de la investigación. De acuerdo con lo dicho por Orlando Canro, padre de una de las víctimas, el olor presentaba un olor como a podrido, pero no les autorizaron el traslado de habitación debido a la alta ocupación que había. Posterior a la tragedia, le indicaron que el cuarto en el que ellos se encontraban no había sido objeto de fumigación, sino el del lado, por lo que piden explicaciones sobre el uso de este químico. Último mensaje Este informe coincide con el último mensaje que Viviana envió a su hija Marjori, a través de una nota de voz, a quien le contó que se sentía incómodos porque la atención no era la mejor y por un mal olor que se percibía en el lugar. "Acabamos de llegar. Este hotel está mohoso. Huele a mojo. No tienen toallas uy no, me dio pena. Me sentí mal con mis papás", contó Viviana en el audio."Yo le dije a la muchacha que por favor me cambiara de cuarto, pero me respondieron todo feo y me dijeron que hoy no, que de pronto mañana. Yo bajé a portería a reclamar. Es que ni siquiera nos llevaron al cuarto", contó la mujer a su hija en lo que fue su última comunicación.
Didier Menco Rojas, de 44 años, es el obrero que hacia el mediodía de este miércoles perdió la vida al desplomarse los plafones del segundo y tercer piso de una vivienda en el barrio Olaya de Barranquilla que se encontraba en remodelación. El siniestro dejó a otro trabajador herido, el cual fue trasladado a un centro asistencial.Vecinos del sector se alertaron al escuchar un fuerte estruendo, el cual relacionaron con el estallido de una bomba.El cuerpo del trabajador quedó atrapado dentro de los escombros, por lo que personal del cuerpo de Bomberos de Barranquilla hizo presencia en el sitio para ayudar con su rescate.“Acudimos al lugar. Hubo la necesidad de trasladar la máquina escalera para hacer la respectiva remoción de los escombros. La idea es quitarle el peso a la estructura y evitar que termine colapsando y afecte tanto a transeúntes como a vecinos del sector”, detalló el sargento Jesús Sánchez, del cuero de Bomberos de Barranquilla.Según autoridades, Didier se encontraba trabajando en el tercer piso de la edificación cuando se produjo el colapso. Por la emergencia Bomberos debieron evacuar las casas aledañas mientras se verifica si hay riesgo de que colapse el resto de vivienda.“Son tres lozas las que hay comprometidas. Hay un riesgo latente por eso todo el personal del edificio donde ocurrió la emergencia fue evacuado al igual que los vecinos que están a los lados”, puntualizó Sánchez.El cuerpo del trabajador que perdió la vida fue llevado a las instalaciones de Medicina Legal en Barranquilla.
En medio de los procesos de diálogo que adelanta el Gobierno con varias bandas delincuenciales del país, Jorge Enrique Díaz Collazos, conocido con el alias de 'Castor' y líder de 'Los Costeños', comunicó al ministro de Justicia y al director del Departamento Nacional de Inteligencia, que contactó a los líderes de las dos bandas delincuenciales de Bucaramanga para establecer una posible tregua entre estas. La información fue transmitida por el abogado de alias 'Castor', quien indicó que esto lo realizó como parte de su compromiso para que avance un eventual desarme en el país. "Mi representado... tomó contacto con los miembros de las estructuras delincuenciales de Bucaramanga a fin de buscar un cese de actividades delincuenciales, iniciado por una reconciliación entre los dos cabecillas de la mencionada ciudad (los del sur y los del Norte de Bucaramanga), con la finalidad de conciliar una tregua entre estos y extender en el territorio, con su limitaciones de movilidad, la paz total que tanto Anela Colombia", explicó en la misiva. De acuerdo con lo que se indica el documento, enviado el pasado 22 de agosto, con esto busca promover una reconciliación entre las facciones delictivas del norte y del sur de esa ciudad, con miras a pactar una tregua que extienda el alcance de la Paz Total.Por lo pronto, desde Bucaramanga, ningún grupo ha planteado públicamente su interés de establecer un cese al fuego o un avance en una negociación con el Gobierno.
En cuestión de meses, la ESE Universitaria del Atlántico pasó de ser el centro de referencia para la atención de pacientes de alta complejidad en el Caribe y la más moderna de la región, a una entidad intervenida por la Superintendencia de Salud que le está tocando evacuar pacientes a otros centros asistenciales, debido a la falta de servicios médicos disponibles en esta red pública departamental.Desde la asociación de usuarios de la ESE UNA afirman que solo en el transcurso de este mes han tenido que mediar para el traslado de más de 15 pacientes que estaban en unidades de cuidados intensivos de la red departamental, pues allí no había cómo garantizarles servicios de oncología, hemodinamia, neurocirugía u otros que estos requerían.Guido Santander, miembro de la asociación, advierte que la situación está llevando a los pacientes a un eventual paseo de la muerte por la ausencia de servicios de alta complejidad."Estamos hablando de pacientes con patologías gravísimas de cáncer en diferentes partes, con problemas neurológicos por accidente de tránsito, con problemas hepáticos, en fin, pacientes de toda índole que el hospital en este momento no puede atender, porque no tiene las condiciones. Entonces, los llevan al hospital, allá duran 10 o 15 días deteriorándose, mientras uno pelea con la EPS para que los manden a donde realmente los puedan atender", contó.La Supersalud había solicitado un plan de mejoramiento ante hallazgos realizados desde el primer año de creación de la red hospitalaria, pero los incumplimientos más bien se acumularon y hoy día hay más de 150.000 millones en déficit financiero para la institución, panorama que llevó a la intervención por parte del Gobierno.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Arboletes es uno de los municipios más afectados por las fuertes lluvias en el Urabá antioqueño. En la localidad ya han cerrado más de la mitad de los hoteles y se reporta escasez de gas y gasolina.La ola invernal que afectó a la subregión del Urabá no solo obligó al cierre de las playa en Arboletes, sino que también ha generado incomunicación del casco urbano del municipio con sus 72 veredas y 8 corregimientos.En medio de la difícil situación generada por las inundaciones, Alejandra Bedoya, secretaria de desarrollo económico del municipio, pidió una pronta ayuda del Gobierno nacional para reactivar la comunicación con Montería, capital del vecino departamento de Córdoba."Le pedimos al Gobierno nacional que nos apoye en la apertura de este puente, que nos comunica con la ciudad de Montería, porque ya hay desabastecimiento, ya que los campesinos tienen dificultad también para acceder a los alimentos", señalóDe acuerdo con la funcionaria, la situación afecta directamente a unas 4.000 personas que, incluso, ya están viendo en riesgo su situación alimentaria."Nos está ya perjudicando la disponibilidad de los alimentos en el área urbana. Todo está más caro, no tenemos gas, y la gasolina también está escasa. Arboletes es uno de los municipios más afectados", agregó Bedoya.En medio del panorama, como en todo el Urabá antioqueño, desde Arboletes, donde ya cerraron 25 de los 42 hoteles del municipio, continúan pidiendo ayudas en alimentos no perecederos, colchonetas, sábanas y otros insumos de primera necesidad.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta para participar en las sesiones de actualización de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PATR).Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.“La misión de la comunidad tenía como propósito participar en un escenario institucional clave para la planeación territorial y la construcción de paz. Sin embargo, durante la retención, la delegación fue objeto de intimidaciones con armas de fuego, revisión de sus celulares y señalamientos estigmatizantes que los vincularon falsamente con actores armados que operan en la zona, generando temor y afectando el ejercicio de su derecho a la participación”, asegura la Defensoría en un comunicado.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.La Defensoría señaló que este tipo de acciones vulnera la integridad de los líderes indígenas y constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario, recordando que el principio de distinción obliga a todos los grupos armados ilegales a no involucrar a la población civil en el conflicto.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
La violencia tiene azotado al Oriente antioqueño. En menos de 48 horas fueron asesinados cuatro personas en Marinilla, Guarne o El Peñol. En menos de una semana ya han sido asesinadas 10 personas en esta zona de AntioquiaEl orden público en el Oriente antioqueño atraviesa por uno de sus momentos más complicados del último año luego de que se conociera el asesinato de cuatro personas en menos de 48 horas en los municipios de Marinilla, El Carmen de Viboral, Guarne y El Peñol.Lo que explican las autoridades es que la crisis de seguridad podría tener relación con una disputa armada que hay entre El Mesa y el Clan del Golfo, no obstante, la preocupación va más allá de eso, ya que en menos de una semana ya son 10 homicidios en la subregión.A pesar de que los cuatro hechos violentos son materia de investigación, el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, mencionó que se están realizando diferentes estrategias para tratar de prevenir hechos delictivos como los que han dejado una decena de personas asesinadas."Con grupos de de apoyo especial, con grupos de reacción motorizadas y un grupo GOES, Tenemos ya determinada una confrontación armada que existe en contra de del grupo Los Mesa por parte del clan del golfo, y asimismo estamos enfocando puros de acción para frenar de manera contundente lo que tiene que ver con la afectación a la vida de estas personas", indicó Muñoz.Hay que mencionar que la racha violenta del fin de semana fue de seis personas asesinadas, uno de los hechos ocurrió cuando dos hombres murieron en la vereda La Madera en medio de un supuesto ataque sicarial, mientras que en el municipio de La Ceja fueron hallados otros dos cuerpos.Se espera que con los homicidios ocurridos recientemente no solo la Fuerza Pública realice diferentes estrategias, sino que también autoridades locales tomen medidas restrictivas con el fin de mitigar las acciones violentas que tendrían como determinadores al Clan del Golfo y El Mesa.
