La Procuraduría General de la Nación abrió una segunda investigación disciplinaria en contra de Olmedo López Martínez, exdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Esto se debe a las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de adquisición de tanques de reserva de agua para La Guajira, donde se asignaron 8.000 millones.La Tercera Delegada para la Contratación Estatal señaló que, según reportes de algunos medios de comunicación, el funcionario habría respaldado la compra de 1.000 unidades destinadas a rancherías del departamento, las cuales no cumplirían con sus objetivos previstos.En este caso, el Ministerio Público informó que Carlos Carrillo, quien asumió la dirección de la entidad en lugar de López, denunció la orden de suministro dejada por su predecesor. Según Carrillo, solo se entregaron 166 de los tanques requeridos, y muchos de ellos presentaban defectos en su estado.La Procuraduría verificará los aspectos del acuerdo legal firmado, incluyendo la presencia o ausencia de las pólizas que se requirieron en su momento y la condición de los tanques almacenados en el batallón Cartagena, además de cualquier incumplimiento en la entrega de los tanques restantes que aún deben ser enviados.El Ministerio Público ordenó practicar unas pruebas con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares por parte del Olmedo López para determinar si constituyen faltas disciplinarias y definir si se actuó, o no, al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, ha denunciado que la administración de Olmedo López dejó pendiente una orden de provisión para la adquisición de 1.000 tanques de reserva de agua destinados a las rancherías de La Guajira. Sin embargo, hasta el momento solo se han entregado 166, y muchos de ellos se encuentran en mal estado, almacenados en las instalaciones del batallón Cartagena.La secretaria general de la UNGRD ha declarado que desconoce los detalles de cómo se formalizó el contrato para los carrotanques. El valor del contrato se estima en 8 mil millones de pesos, y se ha señalado que este no incluye las pólizas correspondientes."Actualmente, solo hay 167 tanques en el batallón. Entiendo que el contrato original era para 1.000 tanques de reserva de agua, pero la intención de la administración anterior era adquirir 8.000. Me informan que no hay pólizas, lo cual es altamente irregular", comentó Carrillo, director de la UNGRD.Además, Carrillo informó que se ha establecido un puesto de mando unificado permanente en La Guajira para supervisar de cerca la crisis en la región.El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo expresó su disposición para reunirse con la fiscal general de la Nación y presentar los hallazgos sobre lo que podría ser uno de los mayores escándalos del país relacionados con los carrotanques en La Guajira.
El documento dio a conocer que más de 100.000 niños después de 2 meses de iniciar clases no han recibido este servicio, también es el caso de 36.000 niños indígenas que cuentan con la ausencia de este.Además, afirman que durante el periodo 2020-2023, se identificaron hallazgos fiscales en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, por un monto total de $47.938 millones, destacando los "sobrecostos mayor valor pagado" con $23.220 millones y la "ejecución contractual" con $15.863 millones.La región Caribe es la que lidera el número de hallazgos con un total de 53, sumando un total de $13.080 millones, seguida por la región centro sur con 25 hallazgos por $13.133 millones.Esta situación afecta directamente a regiones como Sucre, Antioquia y varias comunidades indígenas en Buenaventura, Valledupar, Santa Marta, Huila y La Guajira.El ente de control hace especial énfasis en el caso de los estudiantes indígenas, que cuentan con un desfase de hasta 66 días en la entrega del PAE, por lo que son ya 36.104 escolares sin acceso al servicio alimentario, de un total de 403.070 estudiantes indígenas.Resaltan que esta realidad evidencia la necesidad urgente de implementar medidas eficaces para asegurar que todos los niños y niñas indígenas tengan un acceso equitativo a este servicio y se garantice su derecho a una educación integral y saludable.
En medio de su paso por la ciudad de Barranquilla, el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, reiteró que cerca de $52.900 millones de pesos estaban “a salvo”, luego de que la firma Impoamericana Roger SAS desistiera de un segundo contrato para la compra de 20 nuevos carrotanques y 20 camiones para Cuerpos de Bomberos.Carrillo, sin ánimos de polemizar, aseguró a medios de comunicación que aunque no le correspondía referirse a las actuaciones tanto penales como disciplinarias, su obligación sí era la de evitar que tanto contratos como dineros vayan a empresas “que no nos den seguridad”.Así las cosas, señaló que “la empresa Impoamericana Roger SAS a mí como director no me da ningún tipo de seguridad. Creo que yo jamás hubiera firmado ese contrato, pero finalmente es una buena noticia que el señor Roger desistiera de esos contratos”.Además, Carrillo también indicó que aunque los otros 40 carrotanques adquiridos con esta firma se encuentran inoperantes debido a la falta de pólizas todo riesgo, todavía no descartan su uso para llevar agua a La Guajira, a excepción de las zonas más apartadas.“La operación está detenida porque los carrotanques no contaban con pólizas de seguros, entonces no pueden salir a la calle. También los carrotanques son necesarios para algunos lugares pero es evidente que para algunos lugares un carrotanque de 25 toneladas no puede llegar”, explicó.
Luego de que la Procuraduría hiciera las respectivas verificaciones de la situación de 315 indígenas Wiwa, desplazados por combates entre grupos armados ilegales en el corregimiento Juan y Medio en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, pidieron una intervención urgente por parte de las entidades regionales y nacionales responsables de la atención a víctimas.Hay cerca de 1.000 personas entre indígenas y afrocolombianos desplazados, quienes se encuentran en situación de desplazamiento desde el pasado 25 de febrero de 2024. Asimismo, el ente de control indica que no hay prioridad para esta población y que la escasez de agua, hacinamiento, las malas condiciones para dormir y los brotes de enfermedades respiratorias están afectando a menores de edad, mujeres gestantes y lactantes.El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, afirmó que la atención que se le está prestando a estas víctimas es precario e insuficiente por parte de las autoridades locales, e inexistente por parte del Estado. Así las cosas, Sarmiento hizo una llamada a las entidades nacionales para hacer presencia y capacitar correctamente a las nuevas administraciones sobre la normatividad y procedimientos de atención, con el fin de que el trato a esta población sea adecuado y regido bajo sus costumbres.Por último, pidió ayuda a la fuerza pública en el territorio para restablecer el orden y así evitar más casos de reclutamiento de menores, delitos sexuales para que se puedan generar condiciones de seguridad óptimas para el retorno de estas comunidades lo antes posible.
Según datos, La Guajira es el sexto departamento con mayor población venezolana en Colombia, con un total de 178.541 refugiados y migrantes venezolanos distribuidos en los 15 municipios, alcanzando un 6,2 % de la población venezolana en Colombia. Los municipios con mayor concentración de venezolanos son: Maicao (82.834) y Riohacha (48.933), sumando el 73 % del total de personas venezolanas en el territorio, adicionalmente cerca del 27 % de los refugiados y migrantes de Venezuela en el departamento se encuentran en condición irregular.Son más de 12.000 personas entre ciudadanos venezolanos, colombianos retornados y algunos pertenecientes a la etnia Wayú. El Ministerio Público conformó un equipo liderado por el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, quien se reunirá con los representantes de esa comunidad para conocer los avances en las medidas de atención en salud, servicios públicos, educación y primera infancia.Una vez hecha la diligencia, y se recaude la información necesaria, el equipo de la Procuraduría se reunirá en Maicao con representantes de la Cancillería, Ministerio del Interior, Migración Colombia, ICBF, Gestión del Riesgo, Gobernación de la Guajira, alcaldía municipal, comandantes de fuerza pública y representantes de la comunidad, entre otros. Esto, con el fin de analizar la situación actual, verificar las acciones desplegadas por las entidades del orden territorial y nacional y en determinar aquellos incumplimientos que ameriten la apertura de acciones disciplinarias.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, dio a conocer otro contrato que firmó su antecesor, Olmedo López, con la empresa Impoamericana Roger. Esta vez, para vender 20 carros de Bomberos por 31.600 millones de pesos.Impoamericana Roger es la misma empresa que firmó un contrato con la UNGRD para venderle los 40 carrotanques que llevarían al agua en La Guajira, contrato que no se ha cumplido a cabalidad y que le costó la salida a Olmedo López de la institución.Según los documentos compartidos por Carrillo, estos 20 carros de Bomberos se buscaban adquirir en medio de la situación de emergencia declarada mediante decreto por el presidente Gustavo Petro.
El reconocido intérprete de éxitos como ‘Soy Feliz’, 'Mi hermano y Yo', y ‘Mañanitas de Invierno’, Poncho Zuleta, se fue lanza en ristre contra la presunta contratación irregular de los 40 carrotanques que ejecutó la Unidad Nacional para la Atención del Riesgo y Desastres para llevar agua a La Guajira, señalando que la situación presentada era una completa “vagabundería”.En medio de lo que habría sido una reciente presentación musical, el maestro del folclor vallenato, quien recordemos cuenta con una trayectoria de más de 50 años, aseguró que los vehículos, hasta con supuestas placas ‘chimbas’, estaban repartiendo agua “oxidada”."Nos van a mandar los carrotanques esos chimbiados. Esos carrotanques tienen placas chimbiadas, eso es una vagabundería", dijo Zuleta. Así las cosas, también elevó un llamado al Representante a la Cámara, Alfonso Ape Cuello, pidiéndole que le resolviera la situación, pues el compositor e intérprete también es guajiro."Doctor Ape Cuello, arrégleme la situación, yo soy guajiro, el agua que echaron en esos carrotanques es oxidada, no es consumible". Actualmente, tanto Fiscalía como Procuraduría y Contraloría se encuentran adelantando investigaciones sobre la contratación y funcionamiento de los carrotanques en La Guajira, a fin de verificar posibles sobrecostos y demás hechos que dejan en entredicho la gestión adelantada por Olmedo López, ex director de la entidad.Como se recordará, el nuevo directivo de la cartera, Carlos Carrillo, advirtió en los últimos días que los carrotanques se encuentran sin funcionar porque no tienen pólizas.
La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, sostuvo que el ente de control continúa haciendo todas las averiguaciones y revisando el tema financiero, respecto a la adquisición de carrotanques para el suministro de agua potable en esta época de sequía.Recordó que la Procuraduría, inicialmente, había vinculado a la investigación al exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y había citado al entonces subdirector de la entidad, Víctor Andrés Meza, así como también a Esneider Pinilla para que rindiera declaración jurada, pero este no se presentó y hoy día ya no es testigo, sino que está vinculado formalmente al proceso."Y en el día de mañana vamos a recibir declaraciones del señor Víctor Meza, subdirector general de la Ungrd,ñ. Vamos muy avanzados en la investigación y estamos determinando con mucho cuidado el valor de los carrotanques", dijo.Cabello recordó que el miércoles, la Procuraduría estuvo en la empresa Kenworth de Colombia verificando, precisamente, el valor de los carrotanques para hacer el estudio completo y que en poco tiempo tendrán listo ese estudio técnico de los costos, para entonces entrar a analizar otros temas, como la condición de los carrotanques frente a los terrenos de La Guajira, la existencia o no de agua potable para poder llevar a las poblaciones y si realmente hubo una documentación correcta.
La polémica por la compra y operación de 40 carrotanques para suplir la necesidad de agua potable en La Guajira continúa creciendo. El alcalde de Riohacha, Genaro Redondo, calificó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el proceso como una "chambonada" y un "fiasco”. Rechazó la falta de planeación, articulación y consulta a las autoridades locales.“Exactamente (Es una chambonada). Más bien sí, más bien sí, porque nosotros siempre demandamos que debió haber habido la articulación entre el Gobierno departamental. Es decir, el gobernador y sus alcaldes, para que nosotros hubiésemos tenido también, no el manejo, pero sí el control dónde están los carros, dónde se lleva el agua, cómo se suministra el agua y cómo se está haciendo verdaderamente la tarea. Creo que fue el gran error que tuvo el gobierno con el tema de los carrotanques”, indicó.Compra a sobreprecio y sin articulaciónLos carrotanques fueron adquiridos a un precio elevado, sin la debida articulación entre las entidades nacionales, departamentales y locales. No se consultó a los municipios sobre la necesidad real de los carrotanques, su ubicación o la logística para su operación, según expresó el alcalde en Mañanas Blu.Los vehículos han estado parqueados por falta de pólizas y seguros, lo que ha impedido su uso regular. Además, la capacidad de los carrotanques es limitada, solo pueden realizar un viaje diario y no hay suficiente agua para abastecer a todos los municipios que necesitan el servicio.“Aquí nosotros una de las grandes dificultades es que como son 22.000 sitios poblados. Imagínese usted 22.000 sitios poblados a un kilómetro, a dos kilómetros, a 10 kilómetros, a 15 kilómetros, sin unas buenas vías terciarias, obviamente hay dificultad para llevar el líquido”, dijo el funcionario.Soluciones a largo plazoEl alcalde Redondo y otros líderes de la región han hecho un llamado al Gobierno nacional para buscar soluciones a largo plazo que garanticen el acceso al agua potable para toda la población de La Guajira. Plantearon la necesidad de implementar pozos de agua potable, construir plantas desalinizadoras en la zona costera y mejorar la infraestructura vial para facilitar el transporte de agua.Una de las principales críticas al proceso ha sido la falta de coordinación entre las entidades responsables. Además, no se consultó a las autoridades locales sobre la pertinencia de la compra de carrotanques, lo que ha generado un sentimiento de desconfianza y descontento en la población.Carrotanques parados por falta de pólizaEl nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, durante un debate de control político ante la comisión de ordenamiento territorial del Senado de la República, responsabilizó a Olmedo López, por la crisis de los carrotanques destinados para llevar agua en La Guajira.
Un reciente estudio realizado por Preply, una plataforma de aprendizaje de idiomas que conecta a tutores con cientos de miles de estudiantes en 180 países, reveló cuál es la ciudad más grosera de Colombia.El análisis, que se realizó en 20 ciudades, se llevó a cabo con el fin de poder comprender mejor las razones existentes detrás del lenguaje vulgar, mal hablado o grosero de los colombianos.La ciudad más grosera de ColombiaDe ese modo, revelaron que Medellín es la ciudad más grosera de Colombia, seguida de Manizales y Cali, como se observa en la tabla.NúmeroNúmero de malas palabras por díaMedellín9Manizales8Cali8Bucaramanga7Bello7Santa Marta7Soacha6Pereira6Bogotá6Soledad6San Juan de Pasto6Villavicencio6Buenaventura5Valledupar5Ibagué5Cartagena5Montería5Neiva5Cúcuta4Barranquilla4¿Cuántas groserías dicen por ciudades en Colombia?
El lenguaje es un aspecto crucial de la identidad cultural y la comunicación de cualquier sociedad. En Colombia, de la mano del lenguaje, las groserías representan también a las diferentes regiones a lo largo del país.Un reciente estudio de Preply, una plataforma de aprendizaje de idiomas, reveló el uso del lenguaje vulgar o grosero entre los colombianos, destacando distintas ciudades y factores que influyen en la cantidad de malas palabras utilizadas por los ciudadanos en su día a día.Groserías por ciudades, ¿cuáles son las que más dicen?El estudio abarca 20 ciudades en Colombia y destaca la frecuencia con la que se utilizan malas palabras en cada una. Medellín encabeza la lista con un promedio de 9 malas palabras expresadas al día y le siguen Manizales y Cali con 8 malas palabras diarias.CiudadNúmero de groserías por díaMedellín9Manizales8Cali8Bucaramanga7Bello7Santa Marta7Soacha6Pereira6Bogotá6Soledad6San Juan de Pasto6Villavicencio6Buenaventura5Valledupar5Ibagué5Cartagena5Montería5Neiva5Cúcuta4Barranquilla4Santa Marta, la ciudad más maleducada de Colombia, según estudio; la más educada es una sorpresaInfluencias por edadesLos resultados revelan una relación entre la edad y la frecuencia del uso de malas palabras. Los grupos de edad entre 16 y 24 años son los que más dicen malas palabras al día (7 palabras), seguidos por los grupos de 25 a 34 y 35 a 44 años, con un promedio de 5 palabras diarias. Los grupos mayores, de 45 años en adelante, muestran una disminución en la frecuencia, con cifras de 4, 2, y 4 palabras diarias en los grupos de 45-54 años, 55 en adelante y 65 en adelante respectivamente.Diferencias por géneroEn cuanto al género, el estudio destaca que las mujeres superan a los hombres en el uso de malas palabras. Un 45.44 % de las mujeres dice más de 5 malas palabras al día, mientras que el porcentaje de hombres es de 42.23 %. Entornos de usoEl estudio también aborda los contextos en los que los colombianos suelen utilizar malas palabras: Fuera con amigos: Muy a menudo 37 % | Nunca o casi nunca 22 %.En casa: Muy a menudo 17 % | Nunca o casi nunca 44 %.En el carro: Muy a menudo 18 % | Nunca o casi nunca 44 %.En el lugar de trabajo: Muy a menudo 9 % | Nunca o casi nunca 65 %.Uso de malas palabras hacia otras personasEl análisis revela que los colombianos tienden a usar malas palabras principalmente hacia sus amigos (37.05 %) y a sí mismos (32.87 %). Otros destinatarios incluyen a hermanos (18.92 %), colegas (9.46 %) y parejas (7.77 %).Así se hizo el estudio que determinó cuáles son las ciudades más maleducadas de Colombia
Esta madrugada, en una casa de inquilinato ubicada el Altos de Menga, al norte de la ciudad de Cali, fue asesinada una niña de tan solo seis años. Según testigos del hecho, el padrastro de la menor la atacó y la mató con un cuchillo.Sobre los hechosSe conoció que el hombre ingresó a la vivienda y después de sostener una acalorada discusión con su pareja sentimental asesinó a la niña y emprendió la huida. Así lo manifestaron algunos vecinos que se encargaron de alertar a las autoridades de lo que estaba ocurriendo.Asesinan a niña de 12 años en ataque a bala cometido contra una casa de Soledad, AtlánticoLo capturaronEl asesino fue capturado esta mañana de martes muy cerca del lugar del crimen. Por su parte, la Policía de Cali aseguró que el homicida estaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas.El capturado ya quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
En la tarde del lunes 29 de abril, encapuchados irrumpieron en los comedores donde se atendía desde el bienestar universitario a la comunidad estudiantil de la sede de la Universidad Nacional en Bogotá y, en medio de agresiones verbales y físicas entre los estudiantes beneficiarios del servicio y los encapuchados, uno de los jóvenes resultó herido y tuvo que ser atendido por el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia.Ante la gravedad de los hechos, las directivas de la universidad decidieron suspender todas las actividades académicas presenciales en Bogotá, por lo que los jefes de cada dependencia tuvieron que desarrollar sus actividades en modalidad remota este martes 30 de abril.¿Qué sucede con la toma del edificio Uriel Gutiérrez en la Universidad Nacional?“La vicerrectoría lamenta y rechaza que se utilicen nuevamente vías de hecho, que solo buscan hostigar y amedrentar a la comunidad universitaria, afectando en particular los servicios dirigidos al estudiantado en un aspecto tan importante como son los apoyos de alimentación, que dependen de dicho servicio y que se ha prestado sin interrupción hasta la fecha”, indicó la Universidad Nacional.Las clases y todas las actividades, de acuerdo con la Universidad Nacional, se retomarán a partir del jueves 2 de mayo. Sin embargo, catalogaron como inadmisible que se presenten hechos tan lamentables como el ocurrido.“Instamos a todos los integrantes de la comunidad universitaria a mantener la calma y a canalizar cualquier situación de conflicto o desacuerdo a través del diálogo y el respeto mutuo, propios de los ambientes académicos”, agregó la institución.
Un preocupante panorama de los Farallones de Cali ha revelado la Procuraduría como consecuencia de la minería ilegal. Según el ministerio público, la extracción ilícita de oro ha afectado a diferentes fuentes de agua, especialmente el río Cali y el río Felidia, los cuales abastecen a más de 600.000 habitantes en la zona alta y rural de la ciudad.En estas cuencas fueron encontradas cantidades de arsénico y mercurio superan con creces los límites establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA). En el caso del río Felidia, los monitoreos registraron 17 y 31 partes por millón (ppm) de mercurio y 23 ppm de arsénico.Respecto a esta situación, desde el Departamento de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, se indicó que, de manera constante, se está monitoreando la calidad del agua de los ríos, en diferentes zonas de los mismos, para conocer la calidad del agua.Video: encuentran al guardaparque que estaba perdido en parque Farallones de Cali“El estudio se hace en la cuenca del río, desde que ingresa al perímetro urbano hasta la salida de este. Se ha podido estudiar los ríos Aguacatal, Cañaveralejo, Lili, Meléndez y Pance. El río Cali se caracterizará este mes de mayo, una vez pasen las lluvias que se están presentando en la ciudad”, aseguró Edgar Herrera, coordinador del laboratorio ambiental del Dagma.En la última intervención a la minería ilegal adelantada por las tropas del Ejército en los Farallones de Cali, se destruyeron tres unidades mineras propiedad de la estructura Jaime Martínez y, con esta práctica, se habían deforestado 6 hectáreas del Parque Nacional Natural, con la tala de más de 3.000 árboles y se vertían sobre el río Naya más de 25 kilos de mercurio mensualmente.La Procuraduría convocó una mesa territorial contra la minería ilegal en Cali, donde las autoridades ambientales deberán exponer los avances operativos y la ruta para eliminar la extracción ilícita de oro, antes del inicio de la cop 16 en la capital del Valle.