Hay consternación en la capital antioqueña luego de que en menos de 5 días las autoridades hallaran en dos partes diferentes de la cuidad la misma cantidad de fetos, inclusive uno en estado avanzado de gestación.El más reciente hecho se registró en el Parque de las Luces, centro de Medellín, donde un habitante en condición de calle que estaba reciclando alertó a una patrulla de la policía sobre sobre una bolsa en una caneca de basura que contenía un feto humano.Tras verificar la información, unidades del CTI llegaron para realizar la inspección técnica determinando que se trataba de un embrión con aproximadamente tres meses de gestación.Este hecho que causó revuelo se suma al hallazgo reportado el pasado viernes en el barrio La Esperanza en la Comuna 5 Castilla donde en medio de sus labores un reciclador avistó y reportó un feto femenino de aproximadamente ocho meses de gestación dentro de una bolsa de basura y rodeada de escombros.Estos dos hechos que ya están siendo analizados tanto por parte de expertos forenses como por organismos de seguridad para identificar a los responsables, han generado preocupación en varios sectores sociales de la ciudad quienes han solicitado investigar la procedencia de estos fetos y su relación con posibles prácticas abortivas clandestinas o inseguras.
Luego de recursos legales interpuestos por la representante legal del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Ministerio de Cultura anunció en las últimas horas que no autorizará la solicitud que presentó dicha entidad para vender dos obras de la reconocida artista colombiana Débora Arango, tituladas ‘Rojas Pinilla’ y ‘Madona del Silencio’.Ambas piezas forman parte de la colección de 233 obras que la pintora donó al museo en 1986 y que, en 2004, fueron declaradas Bienes de Interés Cultural de Ámbito Nacional. Según la resolución emitida por esta cartera del Gobierno nacional, la decisión se fundamenta en el carácter irrevocable de la donación y en la necesidad de mantener la unidad de la colección concebida por Arango como un legado integral.“La maestra concibió esta colección como un todo, como una memoria indivisible que pertenece a la ciudadanía. Por eso, nuestro deber es garantizar que siga siendo un patrimonio común, accesible y vivo en su unidad”, afirmó la ministra Yannai Kadamani Fonrodona, quien destacó la importancia de preservar lo público.En uno de los apartes de la resolución 1489 de este 22 de septiembre, firmada por la directora de Patrimonio y Memoria, Mónica Orduña, quedó consignado uno de los argumentos de esta solicitud, en la que se indicó que "si la maestra (Débora Arando) hubiese querido prohibir o limitar la transferencia posterior por el MAMM no hubiera hecho una donación irrevocable, sino una donación sujeta a la condición de no disposición posterior", lo que fue considerado por MinCultura como "una inadecuada interpretación del Código Civil en el artículo 1443.El ministerio recordó que la obra de Arango constituye un testimonio artístico de gran valor que trasciende lo estético. Su declaratoria como Bien de Interés Cultural reconoció tres dimensiones fundamentales: la mirada crítica a la historia colombiana, la fuerza expresiva de su pintura y los valores simbólicos que encarna, entre ellos la memoria, la pluralidad y la voz de las mujeres en el arte nacional.“Argumenta el recurrente que la decisión del Ministerio de no autorizar la enajenación de las dos obras que componen la colección afecta gravemente el patrimonio del MAMM (entidad sin ánimo de lucro), pues lo convierte en un patrimonio sin posibilidad de disposición (...) Plantea como solución entregar (como se deduce su argumentación, en venta) las dos obras, en lugar de buscar alianzas (exposiciones temporales, préstamos, proyectos conjuntos) que sí están previstas en la práctica museológica y en derecho cultural”, se lee en otra parte de la mencionada resolución.La entidad enfatizó que existen mecanismos alternativos para garantizar la circulación y divulgación de las piezas sin comprometer la integridad de la colección, como préstamos temporales o convenios interinstitucionales. “De esta manera, se busca honrar la voluntad de Débora Arango y salvaguardar su legado como patrimonio de la Nación para las generaciones presentes y futuras”, indicaron en un comunicado.
La auditoría financiera, de gestión y resultados de la vigencia 2024 al Inder de la Alcaldía de Medellín dejó en evidencia por parte de la Contraloría Distrital de Medellín presuntas irregularidades en varios aspectos del manejo de recursos públicos por parte de la entidad, los cuales quedaron consolidados en un informe definitivo que se dio a conocer este mes.Estas son las hallazgos y presuntas irregularidades en Inder en 2024Uno de los hallazgos tiene que ver con la falta de conciliación contable por 29.983 millones de pesos, es decir, que esta entidad del deporte no conciliaba sus saldos con otras entidades públicas, lo que generó dicho saldo en las operaciones recíprocas. "La magnitud del saldo pendiente de conciliación representa un riesgo significativo en términos de la presentación razonable de los estados financieros, ya que podría implicar que los saldos de cuentas por cobrar, por pagar y otro rubros del balance general no estén debidamente depurados ni reflejan la realidad económica de las operaciones", dice el informe de la entidad.También, señala este ente de control, se evidenció que pese a que el director Eduardo Silva Meluk viajó a Bogotá en junio de 2024 para participar en el sorteo de grupos del Mundial Femenino Sub 20, los viáticos que le fueron asignados para este evento solo fueron legalizados el 30 de mayo de este año, es decir unos 11 meses después, cuando el plazo establecido es de cinco días. A este se suma otro hallazgo, señalado por la Contraloría, y es que la autorización para los mencionados viáticos fue otorgada por el subdirector administrativo y financiero, yendo en contravía de lo que establecido por el Acuerdo Distrital 28 de 2001 y el Decreto 0547 de 2023, que dictan que este proceso es competencia de la Secretaría Privada de la Alcaldía de Medellín. "Representa una deficiencia en el control interno y un riesgo para la legalidad en el manejo de recursos públicos, por lo que se configura un hallazgo administrativo".Otro de los puntos que encontró el ente de control tiene que ver con el director no presentó el informe ejecutivo requerido, tras su comisión de servicios en Lima, Perú, en septiembre de 2024, lo cual debió haber hecho dentro de los siguientes tres días a la finalización de esta invitación hecha por la Asociación Panamericana de Atletismo.Siguiendo con el mismo funcionario, se detectó que el vehículo asignado para el mismo no tenía reglamento interno de uso ni acto administrativo de asignación formal, lo que puede afectar “la rendición de cuentas y genera incertidumbre sobre la gestión del vehículo”, se lee en el documento. Por otro lado, otro de los hallazgos tiene que ver con que la entidad pagó de manera tardía una cuenta de servicios públicos a EPM por más de 1.500 millones de pesos, generando intereses de mora por 5.383.000 pesos. “El pago de intereses por mora implica una destinación inadecuada del presupuesto, afectando la planificación financiera de la entidad. Por lo tanto, se configura un hallazgo con presunta incidencia fiscal”.Así las cosas, los siete hallazgos consolidados fueron deficiencias en el proceso de conciliación de saldos de operaciones recíprocas, deficiencias en la administración del vehículo oficial asignado al director, pago de intereses por mora en servicios públicos, legalización extemporánea de viáticos para el desplazamiento del director del Inder a Bogotá, falta de competencia de aprobación de viáticos, incumplimiento de la resolución expedida en septiembre de 2024 frente a la presentación de información en la comisión de servicios Lima, Perú; y la no publicación de documentos sobre contratos en la plataforma SECOP II.
El 27 de agosto de 2015 se tomó la decisión de clausurar las obras que se estaban haciendo para tratar de reparar algunas fallas que se tenían en la infraestructura física del Parque Biblioteca Santo Domingo Savio o la también conocida Biblioteca España, sin embargo, pocos esperaban que hoy, 3.679 días después aún esta edificación no esté abierta al público porque las obras aún no han finalizado.A pesar de las constantes promesas, el año pasado el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la Biblioteca España iba a estar lista antes de empezar el 2025, no obstante, su anuncio quedó en limbo y solo fue hasta este 22 de septiembre que se conoció que las obras no han culminado por problemas jurídicos con el contratista que había contratado la Alcaldía de Medellín en 2021.Según reveló el mandatario, el contrato inicial fue por 28.075 millones de pesos, pero se hicieron adiciones superiores a los 17.000 millones de pesos entre 2022 y 2023, es decir, el valor terminó elevado hasta los 45.075 millones de pesos y aún así las obras nunca se terminaron. Gutiérrez indicó que también se hallaron presuntas irregularidades a la hora de escoger el contratista."Fue adjudicado a IDC Inversiones S.A.S., que ha incumplido este contrato y que no terminó la obra. Fue el único proponente en ese proceso. Le entregaron básicamente, siendo el único que se presentó, le entregaron este contrato", aseguró.La información que dio a conocer la Alcaldía es que en 2024 se encontraron con las obras en un 65% y que hasta diciembre del año anterior avanzaron hasta el 98%, no obstante IDC, uno de los dueños del polémico lote de Aguas Vivas que tiene ad portas de un juicio a Daniel Quintero Calle y otros exfuncionarios, incumplió con el contrato y por ello el convenio se suspendió en febrero de 2025, fecha desde que están paradas las obras.El alcalde de Medellín aseguró que IDC es demandado por incumplir el contrato y por ello, entre otras penalidades, deberá pagar los sobrecostos de las obras que comenzarán en las próximas semanas."Nosotros al contratista se le está haciendo efectiva la cláusula penal, donde lo sancionaremos por irresponsabilidad y por dejar una obra inconclusa", señaló.Aunque estos hechos fueron puestos a conocimiento de la Fiscalía General de la Nación en febrero de 2024, y están incluidos en los hallazgos de presunta corrupción relacionados con la anterior administración, también se encontró que el contrato no tenía algunos requerimientos mínimos de seguridad en las instalaciones.El mandatario local insistió que una vez se conocieron las supuestas irregularidades se pusieron nuevos requisitos en las obras que serán adjudicadas en los próximos 15 días por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín y que tendrán una inversión de 3.600 millones de pesos."Donde se exigieron adecuaciones adicionales relacionadas con sistemas contra incendios, zonas seguras y rutas de evacuación adicionales que no habían sido contempladas en el diseño del proyecto cuando entregaron el contrato", reveló.Hay que destacar que para que este proceso se pudiera realizar y se busque un nuevo contratista, el pasado 27 de agosto de 2025 se firmó el contrato de finalización con IDC con el que se habilitó jurídicamente a la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín para contratar nuevamente en la Biblioteca España que lleva más de 10 años cerrada.Sobre lo que falta en las tres construcciones que sobresalen en el Nororiente de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez indicó que la Caja 1 y la Caja 2 se encuentran cercanas a entrar en operación."La Caja 1 tiene una exigencia de red contra incendios adicional en el sótano uno, por lo demás se encuentra ya terminada. La Caja 2 tiene obras finalizadas, tiene pendiente las vidrieras internas del piso tres al cinco, pasamanos y recubrimientos, interiores y pintura", confirmó.El alcalde de Medellín indicó sobre la Caja 3, que es el auditorio, que aunque cuenta con fachada y estructuras finalizadas, aún faltan terminar acabados, redes técnicas y dotación, para la cual se invertirán cerca de 2.000 millones de pesos. Además, otros 2.400 millones de pesos llegarán para los demás elementos de equipamiento que necesita el Parque Biblioteca Santo Domingo Savio.A la espera de conocer el nuevo contratista, el mandatario se refirió al cronograma de entrega de las obras que manejan desde la Alcaldía de Medellín y que por lo menos demoraría cuatro meses para las Cajas 1 y 2."En febrero de 2026 vamos a poder estar habilitando ya Caja 1 y Caja 2 y la Caja 3, que es donde está el auditorio, se entregará a más tardar en mayo del 2026", informó.Por último, señalaron desde la Alcaldía de Medellín que son 4.400 millones de pesos que se destinarán para la dotación de libros, computadores, muebles y demás elementos necesarios para que en febrero de 2026 se abran las puertas para la comunidad.
Autoridades en Medellín investigan de manera articulada con otras regiones de Antioquia un presunto caso de feminicidio de una mujer de 25 años reportada como desaparecida desde el pasado 15 de septiembre.Y es que en aguas del río Cauca, en jurisdicción del municipio de Concordia, fue hallado por areneros en alto grado de descomposición el cuerpo de Marian Chica Ramírez, quien según relato de sus familiares fue vista por última vez con el padre de su hijo de cuatro años de edad.El hombre habría dejado al niño al cuidado de parientes en el Bajo Cauca y luego desapareció llevándose la motocicleta de la víctima. El cuerpo de Chica fue hallado con signos de violencia y precisamente uno de los principales sospechosos por lo ocurrido sería este hombre con quien la mujer habría sostenido una discusión.Esa es la versión que hasta el momento manejan las autoridades, como lo indicó el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía en Antioquia."Parece ser que hubo un tema de discusión con la expareja sentimental, lo cual conllevó pues a que haya una afectación a la integridad de esta persona. Hubo la discusión, como que hubo el ataque, la persona pues la ingresó al vehículo después ya de haber cometido el hecho criminal y la trasladó pues hacia esos lados", señaló el uniformado.Se espera que en las próximas horas el hecho pueda catalogarse como un homicidio para empezar a partir de allí la recopilación del material probatorio que sirva para la judicialización del presunto responsable, pero también para esclarecer los confusos hechos desde que Marian Chica se encontraba en su casa en el barrio Enciso, centro-oriente de Medellín.
Un grave accidente de tránsito ocurrió en la tarde del lunes 15 de septiembre en la glorieta de La Minorista, en el centro de Medellín, donde un habitante de calle perdió la vida tras ser atropellado en dos ocasiones por un bus de Metroplús.De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el hombre intentaba cruzar el carril exclusivo cuando fue impactado por el vehículo. Tras el primer atropello, la víctima quedó tendida en el suelo, mientras varias personas rodeaban el bus y generaban disturbios contra el conductor.En medio de la confusión, el bus arrancó nuevamente a toda velocidad, embistiendo por segunda vez al habitante de calle y dejándolo sin vida a pocos metros del lugar. Posteriormente, el vehículo continuó su recorrido hasta la estación Industriales, donde se detuvo y esperó la llegada de la Policía y de agentes de Movilidad.El Metro de Medellín se pronunció en la tarde del martes 16 de septiembre, lamentando lo ocurrido y aclarando que, según la versión preliminar, el conductor decidió avanzar porque su integridad y la de los pasajeros se vieron amenazadas.“Después del siniestro, se presentaron alteraciones de orden público en los alrededores, cuando algunas personas atacaron el bus en que viajaban varios usuarios. Esto ocasionó que el conductor, al ver amenazada su integridad y la de las demás personas, continuara la marcha”, indicó la entidad en un comunicado.
Según la encuesta realizada por Fenalco Antioquia y el ITM, los hombres destinarán un presupuesto mayor que las mujeres: 246 mil pesos en promedio, frente a 191 mil pesos que invertirán ellas. María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, detalló quiénes serán los más regalados"El cuarenta por ciento manifestó que lo hará a su pareja, el treinta y dos punto cinco por ciento a su familia, el dieciocho punto siete por ciento a sus amigos y el ocho punto siete por ciento a sus compañeros del trabajo", aseguró Bernal.La encuesta también señala que el rango de gasto más común estará entre los 100.000 y 300.000 pesos, aunque cerca del 4 por ciento de los encuestados planea superar los 500.000 en un solo obsequio."A regalar 34,1 %, invitaciones a cenar, el 20,4 % calzado o vestuario, el 12 % por ciento va a regalar flores y bonos, tarjetas de regalo, dinero en efectivo, un 9,4 %", Bernal añadió qué es lo que más obsequiarán los paisas.En cuanto a los hábitos de compra, la mayoría de consumidores prefiere realizar las adquisiciones en la semana previa a la celebración, lo que refleja decisiones de última hora y una planeación de corto plazo.Finalmente, cabe resaltar que los centros comerciales encabezan los lugares de compra con un 40 %, seguidos por las plataformas digitales con un 20 %. El efectivo es el medio de pago más usado, seguido por tarjetas débito y pagos en línea.
Autoridades en la capital antioqueña anunciaron el dispositivo de seguridad para este fin de semana con el fin de garantizar el orden público durante la celebración del Día del Amor y la Amistad.Históricamente, esta fecha ha estado marcada por un incremento en los incidentes de violencia de género. Por ejemplo, durante esta misma celebración en 2024, la línea 123 Agencia Mujer atendió 1.022 casos y se registraron 375 riñas.Por esta razón, bares, discotecas, restaurantes, zonas comerciales y barrios de la ciudad contarán con la asistencia de 600 uniformados de la Policía y el Ejército para garantizar unas fiestas en paz como incluso invitó a disfrutarlas el secretario de Seguridad del distrito, Manuel Villa."Estamos preparados para estar ahí en el territorio, al lado de la ciudadanía, acompañando estas festividades. Las recomendaciones de siempre es, por favor, celebrar, pero celebrar siempre en el marco de la paz, la tranquilidad y la convivencia", mencionó Villa.Para la celebración la Alcaldía también anunció el refuerzo de la disponibilidad de sus mecanismos de atención y protección, como la línea 123 Agencia Mujer que funciona las 24 horas, los siete días de la semana. También, se encuentran el Mecanismo de Defensa Técnica, Protección Integral y Atención Psicojurídica en Territorio.
Tras el fallecimiento el pasado 16 de septiembre del niño Nairkel Aldrain Botía Manrique, quien luchaba por su vida en el Hospital General de Medellín tras la brutal golpiza que le habría propinado su padrastro en el barrio Castilla, las autoridades realizaron modificaciones al proceso judicial que afrontaba el señalado responsable identificado como alias de ‘Lámpara’.Según reveló hace pocas horas la Fiscalía, el hombre de 28 años de edad, tras su captura había sido imputado por los delitos de tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas.Sin embargo, con el fallecimiento del menor de 4 años de edad, el ente acusador modificó dicha imputación y ahora ‘Lámpara’ deberá responder por delito de homicidio agravado consumado.De acuerdo con la información obtenida por la Policía judicial, el hombre sometía a un ciclo de violencia al menor de edad y a su compañera sentimental, algo que incluso fue confirmado por el alcalde Federico Gutiérrez."La madre argumenta que este tipo la amenazaba y le ponía un revolver en la cabeza cada que la golpeaba a ella o al menor, y que amenazaba con asesinarla a ella, a la abuela y al menor", indicó el mandatario.La agresión contra el menor de edad se habría registrado porque al parecer el padrastro se disgustó al ver que el niño no estaba dormido. La víctima fue despojada de su pantalón y recibió varios golpes con un machete y a pesar de que su mamá intentó intervenir fue insultada y amenazada con arma cortopunzante.Según el Código Penal, alias ‘Lámpara’, quien no aceptó los cargos, al ser hallado responsable por la nueva conducta ya imputada podría recibir una pena de entre 30 y 40 años de prisión.
Un grave caso de explotación sexual en República Dominicana al que estaba siendo sometida una mujer colombiana, procedente de Medellín, fue frustrado por parte de autoridades migratorias.Según el relato de la víctima, todo inició cuando estaba estudiando en la ciudad de Medellín y recibió una llamativa oferta económica para ser trabajadora sexual en ese país del Caribe por parte de una mujer colombiana casada con un ciudadano dominicano.Sin embargo, nada de lo prometido se cumplió, pues una vez llegó a República Dominicana fue obligada a asumir una deuda de 3.500 dólares, de la cual ya había pagado aproximadamente 513 dólares, con la imposición de abonos semanales de 150 dólares y gastos adicionales de alojamiento y alimentación.Precisamente para obligarla a cumplir con estas obligaciones era maltratada y humillada, al punto inclusive de quitarle sus documentos, "yo accedí porque la ambición, me debería dar mucho de la ambición, y cuando llegué a República Dominicana, me cobraron una cifra alta de dinero que, obviamente, en el momento yo no tenía cómo pagarla, y me sentí, me trataban mal, me humillan, me quitaron los documentos", narró la mujer.A raíz de lo que vivió en una casa donde convivía con otras mujeres que estaban bajo las mismas condiciones, la colombiana tomó la decisión de dar aviso a un familiar sobre el infierno que estaba y este tras activar la respectiva denuncia a través de una aplicación de Migración Colombia llamada LibertApp, se iniciaron las gestiones con las autoridades dominicanas.Gracias al botón de esta herramienta digital, en los últimos tres años han sido rescatadas 45 víctimas colombianas de trata de personas en diferentes partes del mundo, la mayoría mujeres.
A casi dos meses de conocerse la primera condena contra Brandon Seth Wood, un ciudadano estadounidense por un caso de explotación sexual de menores de edad en Medellín, se conocieron importantes avances en otro proceso judicial por estas mismas situaciones que avanzaba en el país norteamericano.Así lo informó en las últimas horas el alcalde Federico Gutiérrez, quien destacó que un jurado federal de Estados Unidos declaró culpable por tráfico sexual infantil y conducta sexual ilícita en el extranjero a Michael J. Inofuentes, involucrado en el abuso de una niña de 15 años de edad en la capital antioqueña.Según el mandatario, Inofuentes, aprovechando su residencia en Colombia, negociaba encuentros sexuales con la víctima y otras citas en hoteles de la ciudad.Gutiérrez también reveló que este hombre sería sentenciado en enero de 2026 y podría enfrentar una condena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua.“La niñez es sagrada y debe estar protegida siempre. Quien abuse, viole o explote a un menor no merece compasión. Estos depredadores son lo peor de la sociedad y tienen que estar tras las rejas”, publicó el alcalde quien agradeció por estos resultados a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, al Departamento de Estado y diferentes agencias de inteligencia que han participado en procesos investigativos para llevar ante la justicia a los responsables de estos actos.Inofuentes será el segundo condenado luego de Brandon Seth Wood quien estará en prisión por 14 años tras haber sido capturado en abril de 2024 en un hospedaje del barrio Aranjuez, con una adolescente de 15 años a quien le había ofrecido para explotarla sexualmente.
En medio de las tensiones que en los últimos meses han involucrado a la Jurisdicción Especial de Paz y a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos en relación con las labores forenses en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, se mantiene la expectativa por el cumplimiento de un fallo de tutela que ordena a esta entidad del Sistema Transicional reintegrarse a estas tareas que avanzan en el occidente de la ciudad.La decisión conocida a finales de agosto, amparando los derechos reclamados como vulnerados por la familia de Arles Edison Guzmán, una de las víctimas de desaparición durante la operación Orión, entre otros asuntos, instó a “convocar de manera inmediata a una mesa técnica con la Unidad de Búsqueda para que se coordine la participación de dicha entidad en el Plan de Intervención Forense en ejecución actual”, espacio que sigue siendo esperado por parte de la institución como lo indicó su directora, Luz Janeth Forero."Estamos justamente a la espera de la mesa técnica, y por eso para nosotros fue clave venir a observar el polígono, a observar cómo va la excavación para tener muchos insumos para cuando se convoque la mesa técnica", resaltó Forero.La funcionaria resaltó que al recuperar el derecho de acceso a la zona que goza de medidas cautelares, quieren realizar inspecciones en terreno para conocer la actualidad del proceso que sigue liderando el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la JEP, pero tras un intento este 18 de septiembre el ingreso les fue negado.“El ingreso fue condicionado, por parte del despacho relator, al cumplimiento de requisitos que, además de no estar previstos en las órdenes emitidas por el mismo despacho, desconocen y vulneran el carácter humanitario y extrajudicial de la Entidad”, destacaron en un pronunciamiento oficial.Al margen de esta situación, en caso de definirse cómo será su participación tras la mesa técnica, Forero indicó que ya la Unidad de Búsqueda cuenta con un grupo técnico."Entendemos que hay análisis que seguramente el despacho relator tiene que hacer de manera precisa pues para este reinicio. No obstante, nosotros como unidad sí nos estamos preparando, ya tenemos constituido por ejemplo nuestro equipo forense el que abordará de manera directa el trabajo en este lugar", añadió la funcionaria.Hay que recordar que un auto de la JEP de la misma fecha, del 21 de agosto, emitido por parte de la Sección de Primera instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, también prorrogó las medidas cautelares en La Escombrera por 12 meses, hasta inicios de octubre de 2026. Allí se han hallado seis cuerpos.
Compleja es la situación de movilidad desde Medellín hacia el Oriente lejano de Antioquia y su conexión al centro del país, tras el derrumbe de grandes proporciones que cayó en las últimas horas sobre la vía Medellín - Bogotá en jurisdicción de San Luis.Tras una inspección del Invías y otras autoridades de gestión del riesgo se calculó la caída de unos 60 mil metros cúbicos de tierra en el kilómetro 50 del tramo Santuario - Caño Alegre, lo que tendría sin paso esta importante vía durante unos cuatro días. El alcalde de esta localidad César Buitrago, manifestó a Blu Radio que por la situación la única forma de movilizarse es por una vía terciaria, por el municipio de Granada, que está sin pavimentar y tiene restricciones para vehículos pesados. "Nosotros tenemos cincuenta y dos kilómetros de autopista, y ha sido la zona más más accidentada por, uno, por los derrumbes de la, pues, la geografía que presenta o la topografía del terreno, mucha movilidad de vehículo y y a eso se le suma que la autopista en esos tramos está muy anterior", aseguró.Pero a los problemas de los habitantes se suman lo que viven quienes les prestan el servicio de transporte intermunicipal. Según expuso Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, son 14 empresas de buses afectadas."Las empresas que van de recorrido largo de Medellín con conexión hacia Cundinamarca, hacia el Huila y hacia el departamento del Tolima, también hacia el Caquetá, entonces, todo nuestro transporte hoy hacia la capital y hacia estos departamentos están yendo por la vía Medellín Cisneros a salir a Puerto Boyacá. Esto, pues implica una hora y media, a veces hasta dos horas más de recorrido", detalló Echeverri.Frente a la situación, el gobernador Andres Julián Rendón, opinó que esto es lo que ocurre cuando las vías dejan de ser concesionadas para pasar al dominio de la Nación, como por ejemplo la Medellín- Bogotá, que según su opinión cuando estaba a cargo de Devimar."Lo que pasa en la autopista Medellín-Bogotá entre Santuario y Cañalegre es el reflejo de lo que pasa cuando se dejan las vías en manos del instituto, o se dejan las vías en manos del Estado cuando podrían ser vías que fácilmente las podría asumir en su mantenimiento, en su reespecificación, un privado. Esa vía era transitable", indicó.Esta cantidad de tierra equivale a unos 4.285 viajes de volqueta, si se tiene en cuenta que en la zona se dispusieron para estas tareas dos retroexcavadoras y ocho volquetas.
Al conocerse la decisión de un juez de Bogotá de dejar en libertad a José David Celis, principal señalado de la muerte de Laura Valentina Lozano en hechos ocurridos en la madrugada del pasado 21 de febrero en un apartamento de Usaquén, su madre, Nancy Torres, aseguró que es injusto que la justicia diga que este hombre no representa un peligro para la sociedad, afirmando que Colombia necesita un cambio en el sistema judicial.Por otro lado, asegura que en reiteradas ocasiones, según lo dice la madre de Laura Valentina, José David Celis había tenido actitudes de manipulación hacia ella y su mamá. Tanto así como relata, intentó alejar a su hija e imponer una demanda en su contra. Sin embargo, para no entorpecer la investigación, prefiere no contar detalles de hechos anteriores.“¿Cómo es posible que digan que una persona que premeditadamente mata a otra persona no es un peligro para la sociedad? Este señor hoy lo hizo con mi hija. Yo, de alguna forma, tuve la oportunidad de conocer a esta persona. Esa persona es una persona manipuladora. Nosotros vivimos una situación con este caballero hace más o menos un año y yo le dije a mi hija: ‘Vale, aléjate de ahí, demandemos’. Mi hija no me dejó demandar a este tipo”.Entre tanto, como lo cuenta Nancy Torres, José David y Laura Valentina, al momento de la muerte, no tenían una relación. Sin embargo, lo que los mantenía en comunicación era una perrita a la que Laura le había dado hogar de paso y su expareja se ofreció para cuidarla. Cuenta que al llegar a este sitio a recogerla, y después de bajar a la mascota a un vehículo en el que se transportaba, Laura se devolvió al apartamento de este joven por su celular y desde ahí se perdió su rastro.“Mi hija en algún momento sirvió de hogar de paso para una perrita. Ella también salía mucho por su trabajo, por su universidad. Entonces este señor se ofreció a cuidar la perrita y fue otra forma de manipularla. Antes de llegar la cogió y fue: ‘Llame, llame, llame, venga por su perra, venga por su perra’. Fue a recoger a su perra. Ella bajó el animalito, lo metió en el carro de la persona que la estaba transportando y él le había… ella había dejado el celular allá. No sé si él se lo quitó o no, bueno, no sé. El caso es que ya subió nuevamente por el celular y ya nunca volvió a bajar”, relató.Así las cosas, Nancy Torres, madre de Laura Valentina, exige a la justicia que se “reivindique” con ella y la familia. Concluye diciendo que se quedó sin su mano derecha, una mujer luchadora y responsable.
Avanza el segundo día de protestas en Antioquia por parte de los docentes del magisterio por problemas en su sistema de salud, que tras dos años de implementación persiste con fallas en o entrega de medicamentos, citas, procedimientos y trámites, motivo por el que a esta hora una comisión hace presencia en la sede de la Fiduprevisora en Bogotá, a la par que otros de ellos protestaron a las afueras del Fomag en la avenida 33.Una de las afectadas por esta situación y que se sumó a la jornada de protesta por 72 horas narró las dificultades que se vienen evidenciando sin que al parecer haya una respuesta clara por parte de la Fiduprevisora.A la situación se ha sumado en las últimas horas el pronunciamiento de la Gobernación de Antioquia, que indicó que tienen sustento jurídico para no pagarle el salario a quienes participen de la jornada, que solo el primer día fueron 12.000 de los 20.000 docentes con los que cuentan los municipios no certificados del departamento, afectando a 250.000 estudiantes. La secretaria de Educación, Mónica Ospina.Consultada por este medio sobre las implicaciones jurídicas que tendría este anuncio, en especial por el derecho a la protesta que tienen los educadores, Ospina reiteró que estos no contaban con autorización para la manifestación y desescolarización de los estudiantes, que la educación es un derecho fundamental, según la Constitución. No obstante medidas similares en un paro del año 2001, cuando no pagaron los salarios de los docentes que protestaron, generando numerosas demandas contra el Estado.Por lo pronto, los docentes continuarán con las manifestaciones este jueves con un plantón a las afueras del sindicato ADIDA, en el centro de la ciudad.
La comunidad del municipio de Palmira, Valle del Cauca, se encuentra consternada por el asesinato de un estudiante de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso ubicada en el barrio Plaza Campestre.El joven de 17 años se encontraba saliendo de la jornada de clases junto a varios compañeros, cuando a las afueras del colegio fue atacado a disparos por sujetos a bordo de una motocicleta, aunque fue auxiliado por la comunidad y llevado a un centro asistencial, la gravedad de sus heridas le provocaron la muerte."En el sector hay una disputa entre bandas criminales, el homidio del menor se registró en ese lugar, donde está esa disputa entre los del 20 de Julio y los conocidos como los 300 que son las dos bandas que delinquen en la comuna dos de Palmira", explicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policia Valle.Las autoridades han desplegado un equipo especial de investigadores para esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.
El Gobierno nacional aumentó por decreto las inversiones forzosas de los bancos, que ahora se verán obligados a trasladar mayores recursos para financiar a Finagro y, por esa vía, a los productores agropecuarios del país afectados por las lluvias. Esto ocurre en un contexto en el que el Ejecutivo declaró la emergencia económica y tiene la facultad de expedir decretos con fuerza de ley.El decreto se firmó apenas unos días después del anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la imposición de inversiones forzosas para los bancos y tras una reunión entre el Ministerio de Hacienda y los presidentes de las principales entidades financieras del país.Según el censo oficial, más de 46.000 productores agropecuarios se han visto afectados por el frente frío y unas 176.000 hectáreas de cultivos y pasto para ganado están comprometidas.“En virtud de la insuficiencia de recursos del Tesoro Nacional para atender la magnitud de la crisis, es deber del Estado ubicar las fuentes para financiar de forma prioritaria la normalización crediticia y el alivio de pasivos de los productores rurales”, señala el Gobierno en el decreto.A renglón seguido, se anuncia un ajuste al mecanismo de inversiones forzosas para el campo, vigente desde comienzos de los años 90.Hasta ahora, los bancos estaban obligados a comprar Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) de Finagro, pero podían reemplazar o sustituir parte de esas inversiones otorgando créditos de forma directa a pequeños, medianos y grandes productores.Lo que hace el nuevo decreto es restringir ese mecanismo de sustitución. Los bancos ahora solo podrán descontar hasta el 20 % de sus créditos directos, pero con condiciones estrictas: no serán válidos los créditos en mora ni los créditos otorgados a grandes productores.En la práctica, esto implicará mayores recursos para Finagro, que a su vez podrá lanzar nuevos programas de crédito o de alivio de deudas dirigidos a los afectados.“El porcentaje del veinte por ciento (20 %) se estima como el umbral que optimiza el equilibrio entre la generación de recursos adicionales para Finagro y su capacidad operativa efectiva de colocación, atendiendo las condiciones reales del mercado de crédito agropecuario, la demanda esperada de financiamiento en los territorios afectados y la capacidad institucional de estructurar, administrar y ejecutar nuevos programas sin generar cuellos de botella operativos”, agrega el Gobierno.Actualmente, la banca tiene alrededor de 18,6 billones de pesos en Títulos de Desarrollo Agropecuario; sin embargo, no existe un estimativo oficial de cuánto podría aumentar ese saldo con la nueva normativa
