La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el patrullero José Daniel Páez Castro, quien para la época de los hechos estaba adscrito al entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) N.° 13, por una presunta extralimitación de funciones durante una protesta registrada en el departamento de Santander.La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, que adelanta una investigación disciplinaria relacionada con hechos ocurridos en noviembre de 2021 en el corregimiento La Hermosura, jurisdicción del municipio de Bolívar.De acuerdo con el organismo de control, el uniformado habría accionado su arma de dotación durante una manifestación y presuntamente causado lesiones a uno de los participantes. La víctima fue trasladada para recibir atención médica, pero posteriormente falleció.Con la formulación de cargos, la Procuraduría busca establecer si la actuación del patrullero vulneró los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que rigen el uso de la fuerza por parte de los integrantes de la fuerza pública.El Ministerio Público señaló que, de manera provisional, la conducta investigada fue calificada como una falta gravísima cometida a título de dolo, al considerar que existen elementos que ameritan avanzar en el proceso disciplinario.La formulación del pliego de cargos no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad del uniformado, sino una etapa dentro de la investigación que le permitirá ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas que considere pertinentes.El caso está relacionado con las protestas que se registraron en el corregimiento La Hermosura durante 2021, en medio de jornadas de movilización social que tuvieron lugar en diferentes regiones del país.
La Secretaria de Gobierno encendió las alarmas tras los disturbios registrados este viernes en la calle 72, luego de evidenciar el uso de elementos de alta peligrosidad que, según las autoridades, no se habían detectado en protestas anteriores.“Si bien hoy se presentaron desmanes en la calle 72, la dinámica de los violentos fue diferente”, señaló Gustavo Quintero.En ese sentido desde la administración Distrital aseguran que durante los enfrentamientos fueron hallados artefactos con componentes similares a metralla, situación que llevó al Distrito a advertir sobre un cambio en la forma de actuar de los grupos que protagonizaron los desmanes.De acuerdo con Gustavo Quintero, las autoridades consideran que detrás de los hechos violentos existiría un nivel de coordinación previo, debido a la manera en que se desarrollaron los ataques y a los elementos utilizados durante la jornada.La situación se presentó en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, donde el rector, Helberth Choachí, manifestó preocupación por la posible presencia de personas ajenas a la comunidad universitaria participando en los disturbios.“Frente a la denuncia del rector de la Universidad Pedagógica sobre presunta presencia de individuos sospechosos y externos a la Universidad Pedagógica, la Administración Distrital dispuso equipos y agotó rápidamente las etapas que activan el uso de la fuerza. La intervención de la UNDMO, que finalizó a las 3:28, estuvo orientada a la protección de los estudiantes y el campus”, señaló Quintero.
Desde la 1:00 de la tarde un grupo de taxistas bloquearon la salida del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Fue una manifestación que en principio fue pacífica, pero con el pasar del tiempo y los constantes bloqueos sobre la Calle 26 fue necesaria la intervención de las autoridades para evitar aglomeraciones y retrasos en la terminal aérea.Sobre las 6:00 de la tarde un grupo de conductores perteneciente a la empresa Taxi Imperial, que presta los servicios para el aeropuerto, protagonizó algunos bloqueos en le primer piso que resultaron en un enfrentamiento contra agentes del UNDMO en donde también fue necesario el uso de una de las tanquetas para dispersar la situación.¿Por qué bloquearon?Blu Radio conoció que el motivo de los bloqueos es por el disgusto que tienen algunos conductores de taxi con una nueva estrategia que tiene la gerencia de la empresa para mejorar el servicio. Según lo comentado por Julio Jiménez, vocero de la empresa, los conductores se someterán a una estandarización de precios de las carreras y, así mismo, unos cambios que, según afirma, son para mejorar las condiciones laborales. Sin embargo, dice que aproximadamente de un grupo de 1.200 conductores; 850 aceptaron la propuesta, pero el restante manifestó inconformidad.“Son gente vinculada y tienen un contrato con nosotros de prestación de servicios para la para la explotación de los taxis. Pero como ellos cobran lo que ellos quieran, pues no lo regula nadie. Eso es lo que ha pasado y por eso es la explosión que que tienen. Es por eso mismo que hemos perdido el trabajo y los clientes ya se nos fueron”, precisó Julio Jiménez.Por otro lado, según lo comentó en entrevista con este medio, hay algunos taxistas que no están de acuerdo “son conductores que han hecho las cosas de mala manera”. Por ahora, según lo anunciado por la gerencia de la empresa, ya se adelantan acciones en contra de los conductores que hicieron parte de los enfrentamientos, puesto que lo que contempla los contratos, las personas adscritas a la empresa no pueden bloquear, sino simplemente llegar a una conciliación.“En el contrato que ellos firmaron en la empresa está que no pueden bloquear, que no pueden hacer ninguna clase de esto, sino conciliar... Pero en este momento quieren atropellar la buena fe de mucha de mucha gente que quiere hacer las cosas bien. Porque de los 1200 que había, ya 800 están a favor de todo este plan”, concluyó el vocero de la empresa.
Por tercer día consecutivo, el paro minero provocó serias alteraciones al orden público en el Bajo Cauca y por ello la Gobernación de Antioquia decidió ofrecer una millonaria recompensa para identificar y capturar a los responsables de provocar los desmanes en Cáceres, El Bagre, Jardín y Caucasia.Son 50 millones de pesos que se darán por 18 hombres en Caucasia y uno en los municipios de El Bagre y Jardín, lugares en donde se centran los actos vandálicos que afectan a miles de personas que ven con esperanza la posible reactivación de diálogos con el Gobierno nacional.Se espera que en la mañana de este jueves en las instalaciones del campus de la Universidad de Antioquia en Caucasia nuevamente se sienten las partes para avanzar en los 13 de 20 puntos faltantes del pliego de peticiones.Entre ellos se encuentra uno de los más álgidos que motivó en buena medida la movilización social que se mantiene desde el pasado 16 de marzo y son los operativos de la fuerza pública contra maquinaria involucrada en procesos de minería informal.En diálogo con Blu Radio, Juan Sebastián Castro, integrante de la Mesa Minera, indicó que se trata de un punto donde solicitan la presencia de alguien no inferior al propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez."Nosotros esperamos directamente negociar con el ministro de Defensa, porque es que lo que siempre hemos dicho, perdona con fuerte decisión, porque mira lo que nos pasó ahora, el Gobierno nacional se levanta de la mesa y dice, no, lo que pasa es que tenemos que ir a Bogotá a consultar", destacó el líder.Aunque aún no se conocen los delegados de parte del Gobierno nacional que harán parte de este nuevo ciclo de diálogos, lo que sí está claro por parte del gremio minero es que continuarán las movilizaciones con caravanas pacíficas en Caucasia como epicentro, pero también en otros municipios aledaños.Pero regresando al orden público, las situaciones más graves volvieron a ocurrir en el municipio de El Bagre donde por segundo día consecutivo se extendió el toque de queda, pero se registró el bloqueo de vías y el saqueo a supermercados de cadena.No obstante, la novedad más álgida ocurrió en el municipio de Zaragoza, en la vía que comunica a Caucasia con Segovia, donde la comunidad bloqueó el corredor e incluso obligó a retroceder a la Policía en medio del intento por recuperar el tránsito en la zona.Preocupa también el escalamiento en los niveles de confrontación toda vez que la comunidad ya está utilizando contra miembros de la fuerza pública artefactos improvisados para agredirlos a larga distancia.Este es el caso de bazucas caseras armadas con tubos y la colocación de voladores en su interior que son lanzados en dirección de los uniformados, en medio de la celebración de participantes en los desmanes.Líderes mineros como Castro aseguran que no han promovido desde la Mesa acciones violentas, pero sí denuncian incumplimientos a acuerdos y abusos por parte de las autoridades."La situación está muy compleja por parte de nosotros, como siempre lo ofrecemos todo al Gobierno nacional, pero lo que recibimos es fracaso y la ruptura de los acuerdos que ya teníamos porque realmente nosotros estábamos en una manifestación pacífica. Tuvimos ese día la voluntad por el Plan Retorno de abrir la vía por tres horas y lo que recibimos es una agresión", manifestó Castro.La grave situación de seguridad ha provocado nuevos pronunciamientos por parte del gobernador Andrés Julián Rendón, quien aseguró que tanto el Ejército como la Policía se mantendrá en la zona para garantizar el orden público y pidió a la Fiscalía judicializar a los responsables, pero también de parte del Ministerio de Transporte.Esa cartera del Gobierno nacional anunció medidas de protección para el transporte de carga con la activación de acciones urgentes en coordinación con el Ministerio de Defensa y así blindar los corredores con mayores niveles de riesgo."No vamos a permitir que los violentos dominen generando miedo. Aquí las personas que trabajamos para que este país salga adelante somos más, y vamos a estar de la mano con ustedes transportadores para lograr los resultados de una movilización logística oportuna, eficiente y segura", insistió María Fernanda Rojas, ministra de Transporte.Entre las medidas se encuentran el despliegue de unidades especiales y drones para prevenir y controlar asuntos como la quema de vehículos donde al menos cinco tractocamiones fueron incinerados en diferentes puntos en menos de 24 horas.
Sigue la tensión en el Bajo Cauca antioqueño por cuenta de las movilizaciones en medio del paro minero que ya completa más de una semana y pese a las conversaciones con delegado del Gobierno nacional, aún sin tocar los asuntos más álgidos relacionados con los operativos de la fuerza pública contra maquinaria informal destinada a estas labores.Si bien para la tarde de este martes 24 de marzo programaron una caravana que partía desde el sector El Coliseo en el municipio de Caucasia y que, según los organizadores transcurrió sin novedades, las alteraciones al orden público se concentraron en el municipio de El Bagre.Allí se reportaron bloqueos de vías, quema de llantas, lanzamiento de piedras y fuertes disturbios protagonizados por encapuchados que obligaron a la intervención de miembros del antiguo Esmad, principalmente para recuperar la movilidad por el puente La Libertad, una vía principal de la localidad y que comunica a otra zonas como el corregimiento de Palizada en Zaragoza.Como consecuencia de la situación de orden público, casi todos los establecimientos comerciales y educativos cerraron sus puertas mientras la fuerza pública avanzaba en las acciones para recuperar la tranquilidad en la zona. De igual manera ya rige el toque de queda desde las 8 de la noche de este martes hasta las 6 de la mañana de este miércoles 25 de marzo.Las mismas fueron respaldadas por parte del gobernador Andrés Julián Rendón quien reiteró en sus redes sociales que “la libre manifestación llega hasta que se vulneran los derechos de los otros” y ha solicitado al ministro de Defensa el acompañamiento permanente para evitar que la situación se agrave.La Mesa Minera rechazó los actos vandálicos y se desmarcó de los mismos indicando que no los promueven, pero sí solicitaron la presencia inmediata del Gobierno nacional en el territorio, así como a las autoridades departamentales que no sigan generando estigmas a la movilización.Hay que recordar que ya en varios municipios de la región como Tarazá y Cáceres, al igual que en Caucasia, se han implementado medidas como el toque de queda nocturno, prohibición del parrillero hombre y ley seca para evitar situaciones de violencia.
La capital santandereana podría enfrentar hoy una jornada crítica en materia de movilidad. Cientos de motociclistas y trabajadores del transporte informal se convocaron para hacer presencia en varios puntos estratégicos de Bucaramanga, en un rechazo frontal a la entrada en vigor de la resolución 063 de 2026, que prohíbe la circulación de motos en la carrera 33 y la prohibición del parillero en una zona céntrica de la ciudad.El epicentro de la protesta sería la Puerta del Sol, donde el gremio de moteros espera realizar un plantón que amenaza con colapsar el flujo vehicular. No obstante, la lluvia ha retrasado el plan inicial de los motociclistas; además, la Policía Metropolitana y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, ya hacen presencia en los posibles puntos para evitar que se bloqueen las vías.¿Por qué hay tensión con motociclistas en Bucaramanga?La discordia nace de dos medidas específicas impuestas por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, bajo el cumplimiento de una orden del juez 15 administrativo, orientada a erradicar el transporte informal en la ciudad.La primera es la restricción que establece la prohibición de circulación de motocicletas por la carrera 33, entre la avenida Quebrada Seca y la calle 55 en sentido norte–sur, y entre la calle 56 y la avenida Quebrada Seca en sentido sur–norte. Esta medida aplica de lunes a viernes, entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, y de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche, exceptuando los días festivos.Como segunda medida, se tendrá restricción para motocicletas con parrillero o acompañante en la calle 36, en el tramo comprendido entre las carreras 15 y 19, en ambos sentidos viales. En este sector, la medida rige de lunes a viernes, de 6:00 a 8:00 de la mañana y de 6:00 a 8:00 de la noche, sin aplicación en días festivos.¿Cuál es la multa?Lo que más preocupa a los conductores es que, a partir de este lunes 2 de febrero, las sanciones dejan de ser pedagógicas. Quien infrinja estas normas se enfrenta a una multa de $875.000 (15 salarios mínimos), sumada a la inmovilización del vehículo y los costos de grúa.Aunque la medida ya fue demandada por líderes sociales, el director de Tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique, explicó que estas decisiones no responden a un capricho administrativo, sino al cumplimiento de una orden judicial inapelable emitida por el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga.El funcionario subrayó que la administración está obligada a atacar de raíz el fenómeno de los denominados “terminalitos”, tras un estudio técnico riguroso que identificó más de 105 puntos de despacho de transporte ilegal en la ciudad.Según Manrique, la calle 36 es el destino neurálgico de la mayoría de estos viajes informales, lo que justifica la necesidad de generar una afectación directa en este corredor para desincentivar esta práctica.Por ahora no se reportan problemas en la movilidad, pero las autoridades locales se mantienen en alerta ante posibles bloqueos.
En medio del luto que enfrenta el país desde el pasado 10 de enero de 2026, cuando se confirmó el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo, tras un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, miles de seguidores se congregan en el Movistar Arena para darle el último adiós. La tragedia conmocionó a fanáticos y a la industria musical, que hoy acompaña a la familia del artista.El homenaje se realiza este miércoles 14 de enero de 2026 en Bogotá y se desarrolla en dos franjas. La primera va desde el mediodía hasta las 4:00 de la tarde. Posteriormente, se dará inicio a una segunda jornada entre las 6:00 y las 10:00 de la noche, momento en el que finalizará completamente la despedida del intérprete de Aventurero.Fans generan disturbios en homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar ArenaAunque la jornada ha estado marcada por la emotividad y los mensajes de familiares, amigos y colegas del cantante, a las afueras del Movistar Arena se han presentado situaciones de desorden que habrían requerido la intervención de la fuerza pública.Desde el inicio, el equipo de trabajo y los familiares de Yeison Jiménez informaron que el evento sería de ingreso gratuito, pero con aforo limitado y controlado. Esta medida implicaba que no todos los seguidores podrían ingresar al recinto, lo que generó inconformidad entre algunos asistentes.Ante esta situación, varios aficionados habrían intentado ingresar a la fuerza al Movistar Arena, obligando a la intervención del UNDMO para controlar a quienes buscaban colarse y alterar el desarrollo del homenaje al artista.El general José Gualdrón, comandante de la Policía de Bogotá, contó que durante el homenaje a Yeison Jiménez, entre 3.000 y 4.000 personas intentaron ingresar de manera irregular al Movistar Arena, lo que obligó a la Policía a intervenir para restablecer el orden. Indicó que la situación fue contenida y está bajo control.Polémicas alrededor del homenaje al cantanteEste no ha sido el único punto de controversia durante la jornada. En La Kalle se reveló que algunos asistentes llegaron al recinto con hijos menores de edad, pese a que el ingreso de niños estaba prohibido. Según lo denunciado, en lugar de retirarse del lugar, algunos adultos habrían dejado a los menores afuera para que regresaran solos a sus casas, un hecho que generó fuertes críticas.¿Quiénes son los invitados al homenaje de Yeison Jiménez?Al homenaje asisten varios artistas cercanos y colegas del cantante, quienes se sumaron para despedirlo:Luis AlfonsoPipe BuenoFrancyJessi UribeJhonny RiveraPaola JaraNelson VelásquezCiro QuiñonezAlan RamírezLuis Alberto Posada
El presidente Gustavo Petro señaló que la seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá estuvo garantizada durante los desmanes y protestas del Congreso de los Pueblos que dejaron cuatro policías heridos con flechas. El mandatario afirmó que fue un "grupo radical" el responsable de los daños pese a que habían llegado a acuerdos para levantar los bloqueos.Vale recordar que los uniformados fueron atacados cuando intentaban bloquear la avenida El Dorado para impedir el avance de los manifestantes hacia la sede diplomática. En videos y fotografías quedó evidenciado cómo los policías resultaron heridos en piernas, brazos y uno de ellos en la cara por estas flechas."La embajada se cuidó como prometí. Colombia cumple los tratados internacionales", escribió el presidente Petro, recordando que hace más de una semana había expresado que esta edificación no sufriría ninguna afectación por las manifestaciones propalestina, cuando se conmemoró el 7 de octubre dos años del inicio de la guerra en Medio Oriente.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó ante los hechos de violencia contra los policías y aseguró que estos ataques con un "intento de homicidio"."El Estado colombiano, no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública. Quien ataca a un soldado o policía está atacando a una institución, está atacando al Estado", escribió el ministro en X, al mismo tiempo que afirmó que los responsables serán capturados.Entretanto, la Alcaldía de Bogotá denunciará ante la justicia, Defensoría y la ONU los hechos violentos reportados en la inmediaciones de la embajada. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, fue necesaria la intervención de la la fuerza pública ante el uso de artefactos incendiarios, explosivos y flechas. “Siempre que haya violencia y destrucción, en Bogotá vamos a responder con el uso legítimo de la fuerza, como hicimos hoy”, dijo.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó los hechos violentos ocurridos en la tarde de este jueves en el norte de la ciudad, particularmente frente a las instalaciones de la Andi y en el CAI del sector de la avenida Chile, que terminó vandalizado por encapuchados.Asimismo, Galán defendió la intervención de la Policía y la UNDMO una vez se agotaron las vías de diálogo. “Es obligación de los gestores actuar según el protocolo, y es obligación de la Policía y de la fuerza pública atender las instrucciones que se imparten desde la Alcaldía, como lo establece la Constitución”, señaló.El alcalde también lanzó una crítica al Gobierno Nacional y cuestionó el respaldo que, según él, algunos funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo habrían dado a las marchas.“Es importante que el presidente y el Gobierno nos digan claramente, al país y a Bogotá, si están de acuerdo, sí o no, con esos hechos de violencia, con los disturbios, con la destrucción, con el vandalismo. Tienen que ser claros, porque aquí no podemos permitir que la institucionalidad no sea clara frente a la violencia”, aseveró.Las movilizaciones de este jueves generaron caos durante varias horas en la movilidad de ese sector de la ciudad, luego de que los manifestantes se desplazaran desde la sede de la Andi hasta la carrera Séptima con calle 72, bloqueando este importante corredor vial.Finalmente, Galán pidió que el Gobierno se pronuncie de manera clara sobre su postura frente a los desórdenes ocurridos en las protestas, para que tanto la fuerza pública como la ciudadanía tengan certeza de cuál es la posición oficial frente al vandalismo y los intentos de generar caos en la ciudad y en el país.
En la tarde de este jueves 2 de octubre se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en el norte de Bogotá, luego de que una tanqueta de la fuerza pública interviniera en la carrera Séptima con calle 72, donde se desarrollaban las movilizaciones en apoyo a Palestina.La jornada comenzó con una concentración pacífica frente al edificio de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ubicado en la calle 73 # 8-13. Sin embargo, con el paso de las horas, los manifestantes se desplazaron hacia la carrera Séptima con calle 73, bloqueando el tránsito en ambos sentidos de esta importante vía, lo que afectó gravemente la movilidad en el centro financiero de la capital.Durante las protestas, un grupo de personas atacó el CAI de la Policía ubicado en la avenida Chile con carrera Séptima, causando daños en la infraestructura. Este hecho llevó a suspender el proceso de diálogo que las autoridades venían adelantando con los líderes de la movilización.Ante la escalada de los disturbios y los bloqueos, agentes antidisturbios del UNDMO realizaron un operativo para dispersar a los manifestantes, con el fin de recuperar el orden y habilitar el tránsito vehicular en la zona. La intervención incluyó el uso de una tanqueta, lo que generó enfrentamientos entre los uniformados y algunos participantes de la protesta.Incluso, en el lugar se presentó un accidente entre un motociclista y un carro; el conductor de la moto se estrelló contra el vehículo debido al piso mojado.
La disminución de los caudales en las principales fuentes hídricas del Valle del Cauca mantiene en alerta y bajo monitoreo permanente a las autoridades ambientales. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que tanto el río Cauca, a su paso por el departamento, como el río Cali registran niveles inferiores al promedio para esta época del año, como consecuencia de la temporada seca y de los efectos iniciales del fenómeno de El Niño.“El fenómeno de El Niño afecta al territorio nacional, pero al Valle del Cauca en particular con un descenso en las precipitaciones. Los caudales han disminuido porque este año hemos tenido muy baja precipitación.” Mencionó Saúl Ramírez, técnico en Meteorología de la CVC.Pese a esta reducción, la CVC aclaró que, por el momento, las condiciones hidrológicas no representan un riesgo para el abastecimiento de agua potable ni para el mantenimiento del caudal ecológico de los principales afluentes del departamento.“Desde Acuavalle nos estamos anticipando a la llegada del fenómeno de El Niño. Con las directrices impartidas a todos los operarios y con el respaldo del embalse de Sara Brut, tenemos un parte de tranquilidad para todos los usuarios. En estos momentos no habrá desabastecimiento del líquido vital", aseguró, por su parte, el gerente de Acuavalle, Jorge Enrique Sánchez.Aunque el suministro de agua está garantizado, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del recurso. Recomendaron reutilizar el agua cuando sea posible, reparar fugas y evitar su uso innecesario, con el propósito de preservar las reservas hídricas mientras persistan las altas temperaturas y las bajas precipitaciones.
Los informes técnicos que sustentan la investigación de la Fiscalía por una presunta red dedicada a la deforestación de 52 mil hectáreas y al acaparamiento ilegal de tierras en Mapiripán, Meta describen una serie de hallazgos recopilados durante varios años que, según el ente acusador, evidenciarían un patrón de transformación ambiental en una zona de especial importancia ecológica.Entre los señalados aparece el ciudadano italiano Carlos Vigna Taglianti, presidente de Poligrow, empresa que desarrolla un proyecto de palma de aceite en ese municipio desde 2008, por lo que fue recientemente imputado y solicitado una medida de aseguramiento pendiente por decisión el 22 de julio.La Fiscalía sostiene que las labores investigativas permitieron identificar una organización con permanencia en el tiempo y un supuesto acuerdo para desarrollar actividades ilícitas que afectaron los recursos naturales en aproximadamente 52 mil hectáreas y que vincula a más de 10 personas.Uno de los principales soportes del expediente corresponde a un sobrevuelo realizado el 14 de febrero de 2025, en un área de análisis de 918.200 ha, en donde se identificaron varios aspectos que reflejan las dinámicas de los motores de transformación territorial en el sector suroriental del municipio de Mapiripán, Meta, destacándose daños graves en los predios Santa Ana y predios Macondo, vinculados a la red investigada por la Fiscalía.En esos informes, los investigadores concluyen que “como se puede visualizar en las fotografías anteriormente dispuestas, existe una relación entre la pérdida de bosque y la expansión de infraestructura vial en los años en los que se presentó un incremento a la infraestructura vial, se registraron aumentos en el área deforestada”, señalando una coincidencia entre la apertura de vías y el crecimiento de las zonas intervenidas.Los documentos también describen la presencia de economías ilegales en el área analizada. Según uno de los informes, “en el sobrevuelo realizado el pasado 14 de febrero del año 2025 se pudieron evidenciar zonas con presencia de cultivos de uso ilícito”.Los investigadores agregan que “se pudieron evidenciar varios lotes dentro y fuera de los predios de interés con cultivos de coca y campamentos relacionados a la actividad ilegal y que en algunas zonas se alternan con otras actividades como lo son la ganadería y cultivos agroindustriales como la palma”.La investigación igualmente documenta el crecimiento de los cultivos de palma de aceite en la zona de estudio. En ese sentido, precisa que “entre el periodo 2021 y 2023 los cultivos de Palma de Aceite han pasado de 8.140 ha a 9.345 ha sembradas, lo que significa un incremento del 15% de los lotes sembrados”, indicando además que una parte importante de esas plantaciones se ubica sobre áreas de sabanas naturales.Otro de los indicadores incorporados al expediente corresponde a la expansión de la actividad ganadera. Con base en cifras del ICA, los investigadores señalan que “entre 2016 y 2023, los datos del censo bovino del ICA a nivel municipal en Mapiripán muestran un crecimiento sostenido y significativo, pasando de 65.262 a 162.237 animales, lo que representa un incremento del 148,59%”, comportamiento que la Fiscalía incluye dentro del análisis sobre la transformación del uso del suelo en esa región.Finalmente, los informes técnicos describen evidencia obtenida durante los sobrevuelos sobre trabajos recientes en terrenos intervenidos.En uno de los apartes se indica que “se pudo evidenciar la presencia de una maquinaria amarilla haciendo adecuación y limpieza de la vía en lotes recientemente deforestados al margen del tramo vial”, elemento que hace parte del material probatorio recopilado por los investigadores dentro del proceso que continúa en curso.
La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de 6.501 millones de pesos, relacionado con pagos efectuados por la Secretaría Distrital de Movilidad para realizar consultas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) entre los años 2021 y 2024. La investigación busca establecer si estos recursos públicos fueron utilizados de manera innecesaria, teniendo en cuenta que la entidad ya contaba con plataformas internas que contenían información similar.De acuerdo con el organismo de control, durante ese periodo la Secretaría realizó 5.467.476 consultas al RUNT, las cuales fueron tramitadas a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), generando pagos por más de 6.500 millones de pesos. Sin embargo, la Contraloría advirtió que bases de datos institucionales como SIMUR, SIMIT, Fénix y SICON ya disponían de información suficiente para el desarrollo de las funciones de la entidad, por lo que se cuestiona la necesidad de incurrir en dichos gastos.La entidad de control fiscal considera que estos pagos podrían haber vulnerado los principios de economía, eficiencia y necesidad del gasto público, razón por la cual decidió iniciar formalmente el proceso para determinar si existió una afectación al patrimonio del Distrito y establecer las responsabilidades fiscales a que haya lugar.Juan Camilo Corredor Pardo, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, explicó que el propósito de la investigación es verificar si hubo un uso inadecuado de los recursos públicos y garantizar que cada peso invertido responda a criterios de legalidad, eficiencia y necesidad.Como parte del proceso, fueron vinculados varios exsecretarios y funcionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad, así como un directivo de ETB, quienes podrán ejercer su derecho a la defensa durante el desarrollo de la actuación fiscal. La Contraloría señaló que continuará adelantando controles para proteger los recursos públicos y promover una gestión transparente y responsable en las entidades del Distrito.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 8 de julio de 2026:Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, habló sobre las declaraciones del Gobierno de Gustavo Petro frente al reconocimiento de los resultados electorales.Luis Roberto Barroso, presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, se refirió sobre el Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se realiza en Colombia.Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá, abordó sobre el aumento en las tarifas con motivo de la implementación del nuevo marco tarifario establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable.Haizam Amirah Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, habló sobre la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán tras el fin del cese al fuego.Escuche el programa completo aquí:
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos y solicitó medida de aseguramiento al ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, representante legal de Poligrow Colombia S.A.S., al señalarlo como el presunto líder de una organización dedicada al acaparamiento ilegal de tierras baldías, la deforestación y la explotación de recursos naturales en el municipio de Mapiripán, Meta. El empresario fue vinculado a la investigación por los delitos de concierto para delinquir, daños en los recursos naturales y ecocidio, deforestación y fraude procesal en aproximadamente 52 mil hectáreas afectadas.Durante la audiencia, la fiscal del caso sostuvo que la investigación ubica el presunto actuar de la organización entre los años 2008 y 2026. Según explicó, “el señor Carlos Vigna Taglianti, conocido como empresario italiano, en su calidad de representante legal de la sociedad Poligrow, es el líder de una organización criminal dedicada al acaparamiento de tierras de uso baldío, ejerciendo diferentes actividades como ganadería extensiva y la explotación ilícita de recursos naturales”. Agregó que las conductas investigadas se habrían desarrollado en Mapiripán, donde la empresa adelanta un proyecto de palma de aceite.La Fiscalía señaló que uno de los ejes de la investigación corresponde a la presunta acumulación irregular de predios de origen baldío, superando los límites establecidos para la Unidad Agrícola Familiar (UAF). De acuerdo con la delegada del ente acusador, “la presente indagación en contra de Poligrow y su director se centra en la presunta acumulación de tierras baldías de la Nación, superando precisamente ese límite de la UAF mediante complejas maniobras de compraventa y fraccionamiento de predios”.La fiscal indicó que predios como Macondo y Santa Ana hacen parte de las operaciones analizadas dentro del proceso. En ese sentido, aseguró que “Poligrow no compró grandes extensiones a particulares, sino que adquirió múltiples predios de origen baldío a través de diferentes personas o sociedades, asegurándose de que cada predio no superara ese límite de la UAF”, lo que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría permitido crear un mecanismo de aparente legalidad para concentrar grandes extensiones de tierra. Frente al predio Santa Ana, el ente investigador sostuvo que se trataría de un baldío de la Nación, por lo que cuestionó las actividades desarrolladas en ese terreno. La fiscal afirmó que “el predio Santa Ana es baldío, no puede ser objeto de dominio ni herencia. Luego, la actividad ganadera se realizó sobre bienes de la Nación”, y agregó que la investigación permitió inferir una “ocupación y explotación de bienes baldíos de la Nación, simulación de títulos o derechos inexistentes, desarrollo de actividades agroindustriales sin licenciamiento ambiental, generación de daño ambiental grave, consolidación de control territorial mediante ocupación prolongada e intento de legalización de ocupación por vía de instrumentos informales”.La solicitud que terminará de ser sustentada por la Fiscalía el próximo 22 de julio, hace parte de una investigación más amplia sobre un presunto entramado relacionado con la deforestación, el acaparamiento de tierras y la afectación de recursos naturales en Mapiripán, proceso en el que también han sido vinculadas más de 10 personas por los mismos hechos, que permanecen en libertad.