Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, junto a Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, y Jaime Araújo, exmagistrado de la Corte Constitucional, decidieron no participar en las consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo, después de que la Registraduría cerrara este lunes el plazo para confirmar la inscripción de movimientos y partidos políticos con miras a las elecciones presidenciales.Caicedo, quien lideraba un Grupo Significativo de Ciudadanos (GSC) denominado “Caicedo” para recoger las firmas necesarias para su candidatura presidencial, había anunciado su intención de participar en una consulta de la izquierda no petrista y contaba con 2,6 millones de firmas. Sin embargo, la decisión final fue desistir de la iniciativa.Junto a Caicedo, otros nueve movimientos y partidos se retractaron de su participación. Entre ellos están Cambio Radical, Liberal, Conservador, Liga de Gobernantes Anticorrupción, Demócrata Colombiano, Colombia Renaciente, Colombia Justa Libres y dos grupos significativos de ciudadanos. Las razones citadas incluyen análisis internos, deliberaciones de sus órganos directivos y evaluaciones del panorama político.Por otro lado, 19 partidos y movimientos decidieron continuar en la consulta. Entre ellos están el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), AICO, En Marcha, Nuevo Liberalismo, Pacto Histórico (con Iván Cepeda), Oxígeno, Centro Democrático, La Fuerza de la Paz, Ecologistas, de la “U”, Comunes, Esperanza Democrática, y el Partido del Trabajo de Colombia, entre otros. También se mantienen activos 11 GSC que postulan candidatos como David Luna, Daniel Palacios y Claudia Imparables.El registrador nacional, Hernán Penagos, en diálogo con Noticias Caracol, explicó que este lunes fue la fecha límite para que los partidos comunicaran su retiro de la consulta. Precisó que quienes no informen al Consejo Nacional Electoral (CNE) serán contabilizados como participantes y que las consultas se celebrarán junto con las elecciones de Congreso y Senado, usando un solo tarjetón que incluirá todas las coaliciones activas.
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que se suma a la consulta del Pacto Amplio junto a Roy Barreras, Camilo Romero e Iván Cepeda. “Gracias por la invitación; vamos a trabajar para que esta consulta sea la más votada y derrote a la planteada por la extrema derecha”, afirmó.Quintero tendría un impedimento para participar, ya que la Registraduría considera que hizo parte de la consulta del Pacto Histórico realizada en octubre. Aunque presentó su renuncia, esta se dio fuera de los plazos y sin que un partido confirmara formalmente su dimisión. Además, apareció en el tarjetón y obtuvo más de 1,7 millones de votos.Según Quintero, su inscripción a esa consulta estaba condicionada a que el CNE aprobara la personería jurídica del Pacto Histórico. Tras una medida provisional del Tribunal Superior de Bogotá, en septiembre, que permitió la inscripción de precandidatos, se registró ante la Registraduría. Sin embargo, en octubre el tribunal dejó sin efectos esa decisión y declaró improcedente una tutela previa. Esto también le impidió postularse a la Presidencia recolectando firmas.Cabe mencionar que la Registraduría sostiene que la consulta del Pacto Histórico fue interpartidista, lo que impediría también la participación en la contienda de Iván Cepeda y le obligaría a ir solo a primera vuelta, fraccionando los votos de la izquierda. Cepeda asegura que esto no es verdad, pero la decisión final está en manos del CNE.
La senadora Paloma Valencia decidirá este lunes si se une a la Gran Consulta por Colombia para las elecciones presidenciales de 2026.Si decide hacerlo, deberá medirse el 8 de marzo en las urnas con los seis precandidatos de esa consulta: Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo.Valencia tomará la decisión tras una reunión que tendrá este lunes. Sobre el tema, Valencia ha dicho: “Tenemos reunión y con ello decidimos. Consulta o primera vuelta, esas son las opciones”.Las declaraciones las dio en la presentación de la lista a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático.Es importante recordar que este lunes también hubo reunión de la Gran Consulta por Colombia con Juan Carlos Pinzón; sin embargo, hasta el momento no se ha tomado una decisión de fondo sobre su llegada a esa coalición.
Este lunes se cumple el plazo para que los partidos y precandidatos presidenciales decidan si van a ir o no a una consulta interpartidista. Los precandidatos Camilo Romero, Roy Barreras e Iván Cepeda anunciaron que irán a una consulta denominada 'Pacto Amplio'.“Este pronunciamiento permanece abierto a la adhesión posterior de otros partidos políticos, movimientos, nuevas ciudadanías y precandidaturas presidenciales de las izquierdas, el progresismo y el liberalismo socialdemócrata que comparten la tarea histórica de la unidad y estén dispuestos a acordar una base común de identidades programáticas”, dice el comunicado de los precandidatos.Es importante recordar que desde algunos sectores han planteado la duda de si Iván Cepeda podría ir o no a esta consulta. Lo anterior, teniendo en cuenta que el pasado mes de octubre se realizó la consulta del Pacto Histórico, en la que él fue elegido candidato presidencial.Hasta el momento no se sabe si otros precandidatos, como Luis Gilberto Murillo o Juan Fernando Cristo, se unirían a esta consulta del Pacto Amplio.
La justicia de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele mantiene una "guerra" contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido uno a más de mil años de encierro, informó este domingo la Fiscalía.Desde marzo de 2022, Bukele enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.La Fiscalía señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 fueron condenados por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.Uno de los miembros de la pandilla, catalogada como "terrorista" por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros 10 fueron condenados, respectivamente, a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel.Dentro de los crímenes cometidos entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, además de casos de extorsión y tráfico de drogas.Los pandilleros "crearon bases en diferentes sectores" de la provincia de La Libertad que "eran utilizadas para planificar" actos delictivos, agregó.El grupo extorsionaba a "víctimas que tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas", añadió la Fiscalía, afín a Bukele.Samuel Ramírez, líder de un movimiento de familiares de presos detenidos por el régimen de excepción que claman su inocencia, dijo a la AFP que comparte que se le "aplique la ley a los delincuentes", pero cuestionó que la sentencia haya cumplido con el "debido proceso"."Lamentablemente, por ahora, no hay transparencia en los procesos judiciales" en El Salvador, señaló Ramírez, quien consideró que las altas penas son "una estrategia populista de marketing" a favor de Bukele.La "guerra" de Bukele redujo los homicidios a niveles históricos en el país, pero grupos de derechos humanos critican su estrategia al denunciar abusos de las fuerzas de seguridad. Desde 2022 han muerto 454 salvadoreños en cárceles, según oenegés.Pese a las críticas, otros gobiernos de la región han anunciado que implementarán medidas similares contra la delincuencia.Bukele acordó recientemente compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien enfrenta un aumento de la criminalidad en su país y planea construir una prisión similar al Cecot, la megacárcel salvadoreña símbolo del combate a las pandillas.
Con el arribo de 80 nuevos policías, Bucaramanga refuerza su esquema de seguridad durante las festividades de diciembre y en medio de la alerta nacional por los recientes ataques terroristas registrados en el oriente del país. La Alcaldía de Bucaramanga destacó que este refuerzo permitirá blindar la ciudad y fortalecer la presencia institucional en puntos estratégicos.El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que los uniformados, hombres y mujeres provenientes de distintas escuelas del país, llegan capacitados y entrenados para cumplir diversas funciones operativas. “Estos policías entrarán a reforzar la vigilancia de los cuadrantes, que es nuestro eje fundamental en el área metropolitana. En buena hora llegan a una ciudad que necesita fortalecer la seguridad, como lo vienen solicitando los ciudadanos”, señaló el oficial.El despliegue no se limita a los nuevos patrulleros. Las labores de control y vigilancia estarán respaldadas por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), cuyas unidades cuentan con entrenamiento avanzado en tácticas de reacción y control. Bajo el liderazgo del brigadier general Quintero y el alcalde Cristian Portilla, el operativo se desplegó de inmediato en el sector bancario y las zonas comerciales del centro de la ciudad.Durante los recorridos, las autoridades visitaron puntos estratégicos como La Isla, donde interactuaron con comerciantes y transeúntes para entregar recomendaciones de seguridad y cerrar los canales a delitos como el hurto y la extorsión, especialmente en esta época de alta actividad comercial.El comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga reiteró dos servicios clave para la ciudadanía durante la temporada decembrina. El primero es el acompañamiento bancario, un servicio gratuito que puede solicitarse a través de la línea 123 para el retiro de grandes sumas de dinero. El segundo es la lucha contra la extorsión, a través de la campaña del GAULA, invitando a comerciantes y ciudadanos a denunciar cualquier intimidación mediante la línea 165.“Estamos en las calles, de cara a la gente. Con estos nuevos uniformados y el apoyo del GOES, buscamos que cada bumangués se sienta seguro al realizar sus compras y trámites bancarios”, puntualizó el general Quintero.
Con el inicio de la temporada de Navidad y Año Nuevo, la Policía Nacional reforzó su presencia en Antioquia con la llegada de siete oficiales y 299 patrulleros que se suman al dispositivo de seguridad en el departamento. El objetivo es acompañar a la ciudadanía en una de las épocas de mayor movilidad y concentración de personas, especialmente en zonas turísticas y corredores viales estratégicos.El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia, explicó que el refuerzo hace parte del Plan Navidad y se integra a un pie de fuerza que supera los 3.500 uniformados en todo el territorio. Los operativos se enfocan principalmente en municipios del Oriente y el Suroeste antioqueño, donde se incrementan las actividades comerciales y recreativas durante estas fechas."Llevamos a cabo todo el tiempo de manera permanente, contundente, lo que tiene que ver con las capturas por diferentes delitos, la incautación de armas de fuego, lo que tiene que ver con la incautación de pólvora. Continuamos en esa tarea de llevar a cabo esos controles de incautación en este elemento que tanto daño está causando a la comunidad", destacó.Las autoridades mantienen acciones permanentes contra distintos delitos, con capturas, incautación de armas de fuego y controles estrictos al uso y comercialización de pólvora.Según el Sistema de Información Turística de Antioquia, se estima que, por el departamento, se movilicen por vía aérea un millón 300.000 pasajeros, entre vuelos nacionales e internacionales. Por el Aeropuerto Internacional José María Córdova ingresarán cerca de 115.000 viajeros internacionales durante este mes. Desde las terminales de transporte de Medellín se prevé la movilización de un 1.100.000 pasajeros. Igualmente, el sector hotelero proyecta una tasa de ocupación del 70 %. Sobre este punto se refirió el gobernador Andrés Julián Rendón."Para que muchos de los antioqueños y también visitantes que van a ir a las 21 festividades que se van a celebrar en distintos rincones de Antioquia lo puedan hacer de manera segura, para que los retornos puedan transcurrir, no solamente en los viajes de ida, sino los regresos de manera tranquila, sin traumatismos", señaló el gobernador.El dispositivo incluye personal de tránsito y transporte desplegado en las principales vías del departamento, así como 22 zonas de intervención para atención inmediata de emergencias viales. A esto se suman capacidades especializadas como Policía de Turismo, Infancia y Adolescencia, Gaula, Sijín y vigilancia por cuadrantes.La Policía reiteró el llamado a la corresponsabilidad ciudadana: evitar conducir bajo los efectos del alcohol, respetar las normas de tránsito, proteger a los menores y promover la tolerancia como parte de una celebración segura y en paz en todo Antioquia.
Al menos 18 militares fueron retenidos el domingo por pobladores del departamento del Chocó, en el oeste del país, cuando realizaban un operativo contra la guerrilla del ELN, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.El ministro tildó la acción de "secuestro" y detalló en X que los uniformados "fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena".Las detenciones de militares y policías son comunes en Colombia en zonas controladas por grupos armados y con poca presencia estatal.Autoridades sostienen que en estas retenciones participan pobladores, en su mayoría campesinos, que actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales que operan en la zona.Sánchez dijo que los militares estaban en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el Chocó, en una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN)."Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia", anotó el ministro.La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, señaló que tras "la retención de 18 soldados que se encontraban en el cumplimiento de sus deberes legales, por parte de la guardia indígena", llamó a un "consejo de seguridad extraordinario" para buscar la liberación de los uniformados.Sánchez enfatizó que restringir el trabajo militar "pone en grave riesgo, precisamente, a las comunidades que requieren mayor protección"."Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares", añadió el ministro.En septiembre 72 militares fueron retenidos por cientos de pobladores en el Cañón del Micay, un enclave para la producción de cocaína dominado por rebeldes disidentes de las extintas Farc.Un mes antes, otros 33 uniformados fueron liberados tras pasar tres días retenidos en el departamento del Guaviare.Inmersa en una guerra interna de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, Colombia vive su peor crisis de seguridad en la última década.
El caso de Zulma Guzmán sigue dando de qué hablar y genera preocupación sobre lo que depara el futuro judicial de la mujer señalada como presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, hechos que además dejaron a otros dos jóvenes gravemente afectados, todos en el norte del país.Aunque en un inicio la mujer había afirmado que no estaba huyendo de las autoridades y que se encontraba en un viaje de negocios en Argentina, recientemente fue detenida en el Reino Unido. La captura se produjo luego de que se activara una alerta roja de Interpol y de que Guzmán fuera identificada, presuntamente, con intenciones de quitarse la vida en el río Támesis, en Londres.Según lo revelado oficialmente, Guzmán fue localizada por las autoridades británicas tras un rastreo internacional que permitió establecer que salió de Colombia y se movilizó por varios países. La Fiscalía había señalado que la mujer viajó a Argentina, Brasil, España y, finalmente, al Reino Unido, país al que llegó en noviembre. Desde entonces, la Agencia Nacional del Crimen británica se mantenía en la búsqueda de su paradero.Relacionan a Zulma Guzmán con otros presuntos casos de envenenamientoEl proceso judicial dio un nuevo giro tras relacionar a Zulma Guzmán con la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas. Oficialmente, Graham murió por cáncer, pero en su organismo se habrían encontrado rastros de talio.De acuerdo con lo que se ha conocido, Graham habría sido envenenada en dos oportunidades con esta sustancia, pese a que el dictamen médico señaló cáncer como causa de muerte. Ante este escenario, los investigadores buscan establecer cómo llegó el químico al entorno familiar en plena pandemia, cuando la familia se encontraba aislada en fincas ubicadas en Sutatausa y Ubaté, en Cundinamarca, zonas a las que no llegan servicios de domicilio.En una entrevista con Focus Noticias, Zulma Guzmán aseguró que las frambuesas hacen parte de su dieta regular. Además, señaló a la familia De Bedout al afirmar que varios caballos de polo, propiedad de Juan de Bedout, habrían sido envenenados con talio en un club.Esta información encendió las alertas de la Fiscalía, pues se trata de un dato que sugiere que Guzmán conocía los efectos de este tipo de sustancias, lo que abre la puerta a una investigación más amplia sobre posibles envenenamientos reiterados.Zulma Guzmán y su situación de salud mental en Reino UnidoMientras la investigación avanza, y tras su detención en el Reino Unido, Zulma Guzmán permanece bajo un régimen de salud mental. La mujer aseguró padecer problemas psicológicos, condición que, le impediría enfrentar de manera inmediata los cargos en su contra por el presunto doble homicidio.Este régimen también permite que el proceso de extradición sea suspendido de forma temporal, mientras las autoridades evalúan el estado de salud mental actual de Guzmán y determinan si está en condiciones de responder ante la justicia colombiana.
Este martes fue radicada una moción de censura en la Cámara de Representantes contra el ministro de defensa, Pedro Sánchez, ante los recientes hechos violentos que se han registrado en el país en los últimos días.La moción de censura fue radicada por los representantes del Centro Democrático Christian Garcés, Jhon Jairo Berrío y Juan Espinal.“La citación a esta Moción de Censura está justificada ante la grave crisis de seguridad que atraviesa el país, reflejada en los hechos ocurridos la semana pasada con el atentado con explosivos en la ciudad de Cali que dejó un saldo de siete personas fallecidas; la destrucción en Amalfi (Antioquia), de un helicóptero de la Policía por parte de disidencias de las FARC-EP que cobró la vida de trece uniformados; y la explosión ocurrida en Florencia (Caquetá) que deja en evidencia la poca capacidad de acción de la Fuerza Pública”, señalaron los congresistas.Además los representantes a la cámara señalan que el ministro pudo haber incurrido, presuntamente, en omisiones en los casos señalados anteriormente.
En la mañana de este martes, los magistrados Benjamín Ortíz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) radicaron ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), la ponencia con la que terminan la investigación formal por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.En el documento de 554 páginas, los magistrados resuelven el proceso en contra de varios integrantes de la campaña Petro Presidente 2022, entre ellos el gerente de la campaña, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Aidée Mogollón; la auditora María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; así como los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.Aunque en la apertura de la investigación el 8 de octubre del año pasado se incluyó al presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato, cabe recordar que el 27 de junio pasado, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió una tutela en la que determinó que el Primer Mandatario sólo puede ser investigado, sancionado y juzgado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por lo que no está incluído en el proyecto de resolución.Una de las cosas que resolvieron en primer lugar los magistrados tuvo que ver con la fecha de caducidad de la competencia y facultad administrativa del CNE para investigar y sancionar a la campaña.Aunque defensores del presidente Petro y del Pacto Histórico aseguraron que el proceso caducó en los meses de julio (primera vuelta) y agosto (segunda vuelta), los investigadores expusieron en la ponencia que por cuenta de las distintas recusaciones a los integrantes del CNE, así como el tiempo que se tomó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para dirimir el conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusaciones, los términos se suspendieron durante 231 días, por lo que “la misma se configura el 16 de marzo de 2026 para la primera vuelta y el 7 de abril de 2026, para la segunda vuelta presidencial”.Entre los hallazgos hechos por los investigadores, se determinó que la campaña habría violado los topes por dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones quinientos sesenta y ocho mil ciento doce pesos ($2.459.568.112) y financiado con fuente prohibidas por mil quinientos cincuenta y dos millones ochocientos treinta y cuatro mil pesos ($1.552.834.000), en primera vuelta.En segunda vuelta, se presentó violación de topes por quinientos ochenta y tres millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos ochenta y nueve pesos ($583.428.989) y financiación de fuentes prohibidas por quinientos cincuenta y seis millones seiscientos noventa y nueve mil quinientos once pesos ($556.699.511)Es por ello que los magistrados proponen sancionar a Roa, Mogollón y Soto en su calidad de responsables solidarios con una multa de $2.879 millones pesos y la devolución de los recursos pagados por reposición de votos por valor de $3.043 millones. En el caso de los partidos se les impondría una multa por $1.167 millones de pesos.Así mismo, los magistrados proponen dar traslado del expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, así como compulsar copias a la fiscalía para investigar las conductas del gerente Ricardo Roa.Con esta radicación, los magistrados ahora deberán debatir la ponencia y para que se adopte alguna decisión se deberá adoptar con seis votos, sin tener en cuenta que la magistrada Alba Lucía Velásquez fue apartada al haber sido aceptada su recusación por haber sido testigo electoral del Pacto Histórico.
En el recinto de la presidencia del Senado, se llevó a cabo en la tarde de este martes el acto de posesión de María Angélica Guerra López como senadora del partido Centro Democrático. Guerra López asume la curul que ocupaba el senador precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en un acto sicarial el pasado 7 de junio en Bogotá.Acompañada por su su familia, su padre, el exsenador José Guerra De La Espriella; el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo; y el precandidato presidencial, Miguel Uribe Londoño; la senadora Guerra dedicó sus primeras palabras con mucha tristeza para hacer un homenaje a Uribe Turbay.“Miguel era mucho más que un líder político, era un amigo cercano, un hombre de principios firmes y de una pasión genuina por servir (...) Nunca olvidaré cuando con esa energía, calidez y convicción que lo caracterizaban me dijo, te necesito cerca. Hoy esas palabras se han convertido en una llama que permanecerá encendida para siempre, un compromiso inquebrantable de honrar su memoria y trabajar por las causas que defendió, con la misma con la misma firmeza por la familia, la libertad y la democracia”, aseguró la nueva senadora.Guerra López dejó claro que no vino a reemplazar a Miguel Uribe, ya que para ella es irremplazable, sino que llega al Congreso a aportar a su partido, a su proyecto político, en donde tendrá como principios la defensa de los niños, los jóvenes, las madres cabeza de hogar y la familia.“Sí les quiero decir, no es lo mismo asumir este reto con el corazón emocionado que con un corazón destrozado y triste. Como me lo dijo su papá, Señor Miguel dejó la vara alta, por eso le pido a Miguel que sea él que me ilumine y me acompañe en este proceso para hacer las cosas tan bien como él las hizo”, aseguró.La congresista aseguró que llegará a integrar la Comisión Tercera (encargada de asuntos económicos), y continuará con el trámite de los proyectos que estaba impulsando el asesinado parlamentario.
En las últimas horas se concretó una alianza entre el Movimiento Salvación Nacional y el precandidato Abelardo de la Espriella.El acuerdo consiste en que Salvación Nacional coavalará la aspiración presidencial de De La Espriella, quien seguirá recogiendo firmas.“Salvación Nacional ha decidido adherir a la aspiración presidencial del doctor Abelardo de la Espriella y su movimiento de recolección de firmas de Defensores por la Patria. Nuestras amplias coincidencias en el compromiso por la seguridad de los colombianos, el rescate de los valores, la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia contra la dictadura motivan esta unión”, señala un comunicado de Salvación Nacional.Además, Enrique Gómez, sobrino del asesinado líder conservador Álvaro Gómez, será el jefe de debate de la campaña de Abelardo de la Espriella.“Como jefe de debate comprometeré toda mi capacidad en la difusión de las ideas, propuestas y programas de Abelardo”, señaló Enrique Gómez.Es importante recordar que Salvación Nacional es un movimiento político que fue fundado en 1990 por el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella había anunciado recientemente su decisión de aspirar a la presidencia.“Yo no estoy aquí por vanidad ni por dinero. Vine a hacer patria, a poner el pecho por Colombia. Un hombre no puede escapar de su destino. Yo no podría hablarles a mis hijos de honor y patriotismo si le daba la espalda a Colombia en sus horas más oscuras”, dijo tras lanzar su candidatura en entrevista con Mañanas Blu.
Cerca de 50 congresistas le pidieron al Gobierno nacional retirar los GPS de los carros que hacen parte de sus esquemas de protección. La solicitud llegó a los despachos del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección y argumentaban que estos fueron puestos sin autorización, violan la intimidad y ponen en riesgo su seguridad. También pidieron claridad sobre quién accede a la información de su ubicación, como se administra y si tiene cadena de custodia.Blu Radio conversó al respecto con el director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien revelo que no eliminarán estos dispositivos y negó que haya existido algún tipo de filtración con GPS que permitiera que el senador Miguel Uribe Turbay fuera objeto de seguimientos antes de su atentado. Pregunta: Los congresistas dicen que hay violación a la intimidad y riesgo en su seguridad por los GPS en los vehículos blindados, ¿Qué decir de esto?R: Los GPS son los dispositivos que permiten la localización de un vehículo en caso de emergencias. Vienen con los vehículos desde el momento en que son contratados por la UNP a las empresas que lo suministran, no se pone posterior a la asignación de las medidas. Hacen parte de la seguridad de las personas protegidas, por lo tanto, no se pueden retirar. Esa discusión incluso ha estado en CIDH, pero la Corte nunca ha dicho que sea indispensable retirar los GPS porque se entiende que hace parte de la seguridad de la persona. Si una persona desaparece con el esquema, pasadas unas horas se activa un proceso de búsqueda que incluye usar esta herramienta. No sobra ni es utilizada para la violación de la intimidad de los protegidos. Eso ha servido para la recuperación de muchos vehículos, la semana pasada nos robaron 4 en el Cauca. Algunas veces los logramos recuperar.Pregunta: ¿Quién accede a esta información sobre la ubicación y los desplazamientos de los protegidos?R: La información permanece dentro del GPS. No se consulta a menos que se demuestre que el vehículo fue utilizado en una acción ilegal y la Fiscalía lo pida. Ahí ellos pueden observar el historial que guarda. Esa información está en manos de la UNP, no de las empresas. Quedan muy pocas, las antiguas, que aún tienen control en eso. (…) tenemos la necesidad de que en algún momento las autoridades puedan usar esa herramienta o para buscar a la persona o para revisar si hay alguna acción ilegal contra el esquema o algunas personas que cometen irregularidades con los vehículos.Pregunta: ¿En el caso del senador Miguel Uribe hubo filtración de esa información del GPS de su vehículo?R: Nunca hubo ningún reporte, el esquema se manejaba en el ámbito del propio protegido. Estaba su jefe de seguridad de la policía y ninguna autoridad pidió verificación y no tuvo denuncias en Fiscalía para que ese sistema GPS pudiera ser observado.Pregunta: ¿Van a retirar los GPS de los vehículos que brindan protección?R: Para retirarlos habría que modificar las normas de protección y por el momento no se ha pensado en eso. Si las personas están utilizando sus vehículos para cosas lícitas, no tienen nada que temer. Nunca se pasan reportes, ninguna entidad o autoridad observa los GPS de los vehículos.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta de X, otorgó total autonomía a la senadora Paloma Valencia para decidir sobre su ingreso a la denominada Gran Consulta por Colombia. A través de un mensaje breve pero contundente de tres párrafos, el jefe natural del partido aseguró que respaldará cualquier camino que la congresista decida tomar de cara a las elecciones de marzo del próximo año.Reunión clave con precandidatos de la Gran ConsultaEl movimiento político se intensificó el pasado domingo cuando la senadora Valencia se reunió con figuras prominentes de la coalición, tales como Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas. Tras este encuentro, varios sectores dieron por sentada la incorporación de la senadora a este grupo de precandidatos. De hecho, Juan Manuel Galán expresó públicamente en sus redes sociales: "Bienvenida Paloma Valencia a la Gran Consulta. Tu participación fortalece el diálogo democrático y enriquece este espacio de construcción colectiva".Sin embargo, ante la rapidez de los acontecimientos, la senadora Valencia optó por la prudencia inicial, aclarando que el acercamiento se trataba de una invitación formal que debía ser evaluada internamente. La decisión final no sería tomada de forma individual, sino que requeriría una reunión en pleno con el Centro Democrático para alinear las visiones de la colectividad.El respaldo de Álvaro Uribe y el "guiño" políticoAnte la expectativa nacional, Álvaro Uribe reveló que ya se han adelantado diálogos intensos con la bancada parlamentaria y candidatos a corporaciones para discutir esta posibilidad. El punto más relevante de su declaración fue el respaldo absoluto a la senadora: "De mi parte acataré la decisión final de nuestra candidata, la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo".Este mensaje es interpretado como el "guiño" definitivo de Uribe para que Valencia formalice su participación en la consulta interpartidista. La coordinación del proceso continuará bajo la dirección del director del partido, pero la última palabra recae ahora sobre la senadora, quien ha ganado una posición de liderazgo fundamental dentro de su colectividad.Escuche aquí la entrevista:
Las candidaturas de la centroderecha tendrían una sacudida importante, después de una reunión entre Paloma Valencia y los integrantes que impulsan la denominada Gran consulta, es decir, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna y Aníbal Gaviria.De ir a esa medición se le daría fuerza a ese proceso y se podría consolidar un nombre aún con más impulso por tener el respaldo directo del expresidente Álvaro Uribe y, por ende, de una maquinaria electoral más grande.Sin embargo, aún no hay decisión. Paloma Valencia confirmó en Blu Radio la reunión, pero aún falta que la colectividad le dé luz verde.“Me alegra mucho la noticia de que ellos aceptarían mi participación, pero esa es una decisión que yo no puedo tomar sola, yo pertenezco a un partido y cuando una es candidata de un partido no es solo lo que uno quiere, es también lo que quiere su partido, su bancada, los líderes, el presidente Álvaro Uribe; y también estamos muy pendientes de las decisiones en torno a Juan Carlos Pinzón y otras personas que han pedido ingresar, porque queremos una consulta lo más amplia posible, como hemos insistido siempre”, dijo Valencia.Pero otro jugador clave para consolidar la centroderecha es Juan Carlos Pinzón, el exministro de Defensa ha sido invitado a la consulta, pero hasta ahora no se ha sumado. A ese grupo también se uniría el exministro del Interior, Daniel Palacios, pero oficialmente aún no está.Todas estas jugadas impulsarían un bloque claramente opositor, pero que capta un electorado más allá de la derecha, como el que tiene definido Abelardo De la Espriella.Paloma Valencia, quien ha anunciado que pedirá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “un nuevo Plan Colombia para rescatar al país, de esta profunda crisis que está viviendo”, destaca la cohesión frente al petrismo de los que están hasta ahora, y si se suma ella, estaría clara otra figura que tendría el respaldo opositor para la primera vuelta en mayo.“Hemos hablado mucho de la necesidad de unidad del país, para poder enfrentar una elección con un gobierno que tiene ínfulas totalitarias que ponen en riesgo nuestra democracia, que le ha entregado (el país) a los bandidos, que ha hecho pacto con los bandidos. Hay demasiadas cosas graves en este país que implican que hay que tener una unidad frente a lo que viene y en lo positivo hay que tener una unidad para sacar este país adelante”, expresó la candidata.Así las cosas, Valencia, de tener luz verde del Centro Democrático, en la derecha y centroderecha están firmes Abelardo De la Espriella, quien no va a la contienda de marzo; el ganador de la gran consulta, el escogido del partido Conservador y Juan Carlos Pinzón.En simultáneo queda en el aire a quién le darán el respaldo el partido Liberal y Cambio Radical, porque no han definido si tendrán una figura de última hora como candidato; lo que sí está claro es que a consulta no van, pero también podrían darle apoyo a cualquiera que esté fuerte después de marzo, de cara a la primera vuelta.
La eventual consulta para unificar a la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2026 sigue tomando forma y sumando interrogantes. Uno de los nombres que ahora entra con fuerza en la conversación es el de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien confirmó que ve con buenos ojos participar en ese mecanismo, aunque dejó claro que la decisión no depende únicamente de ella.En entrevista en Sala de Prensa, Valencia explicó que recientemente sostuvo un encuentro con varios líderes de la centroderecha y sectores afines, en el que se discutió la necesidad de construir una propuesta unificada para enfrentar lo que considera un momento crítico para el país. Según la senadora, el Gobierno del presidente Gustavo Petro representa “un riesgo para la democracia”, no solo por su relación con grupos armados en el marco de la llamada “paz total”, sino también por lo que califica como una tendencia autoritaria y estatizadora.“Hay demasiadas cosas graves en este país que implican que tenemos que tener una unidad frente a lo que viene”, afirmó Valencia, al insistir en que el tiempo para corregir el rumbo económico y social de Colombia se está agotando. En ese contexto, la consulta aparece como una alternativa para definir una candidatura sólida y competitiva.Sin embargo, la dirigente uribista fue enfática en señalar que no puede tomar una decisión de manera individual. Como candidata del Centro Democrático, cualquier paso debe ser consultado con su partido, su bancada y, especialmente, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Uno no se manda solo. Yo tengo el nombre y la cara, pero el trabajo es de todos”, aseguró, subrayando que el liderazgo político implica escuchar y construir consensos.Valencia reveló que, antes de iniciar consultas internas, quiso tener claridad sobre si su nombre sería aceptado dentro de esa eventual consulta opositora. La respuesta, según dijo, fue positiva, lo que abre la puerta a que en las próximas horas se adelante una discusión formal dentro del Centro Democrático. Incluso, advirtió que el plazo para tomar una decisión es corto y que en uno o dos días podría haber definiciones.Otro de los puntos sensibles es la amplitud de la consulta. La senadora reiteró que no es partidaria de vetos y que la idea es permitir la participación del mayor número posible de aspirantes, entre ellos Juan Carlos Pinzón. No obstante, reconoció que existen tensiones internas, especialmente frente a posibles alianzas con figuras que no generan consenso en todos los sectores.Sobre una eventual ampliación hacia otros espectros políticos, Valencia fue cauta. Aunque habló de “caminar juntos en medio de la diferencia”, dejó claro que hay límites ideológicos. Por ejemplo, descartó con franqueza una alianza con figuras que apoyaron y celebraron la llegada de Petro al poder, al considerar que ese respaldo tuvo consecuencias graves para el país.Más allá de la mecánica electoral, la senadora insistió en que el centro del debate debe ser el modelo de país. Seguridad, lucha contra el narcotráfico, fortalecimiento de la fuerza pública, crecimiento económico, educación y reducción de la pobreza fueron algunos de los ejes que planteó como indispensables para cualquier proyecto de unidad.
El candidato presidencial Roy Barreras, exsenador de la República, lanzó una denuncia directa sobre presiones armadas en zonas rurales del país que, según dijo, buscan incidir en las próximas elecciones.En una entrevista con Blu Radio, Barreras centró su mensaje en lo que considera una falla estructural de la política de “paz total” y en los riesgos que, a su juicio, hoy enfrenta la democracia en territorios donde los grupos armados mantienen control social y armado.Elecciones en Colombia y denuncias de constreñimiento electoralBarreras aseguró que acaba de llegar de regiones como Caquetá y que lo que encontró fue una ciudadanía agotada por la violencia y la extorsión. “La gente está mamada de la extorsión, mamada. Hasta a los médicos los están extorsionando”, afirmó al relatar lo que escuchó en territorio.Pero la advertencia más sensible estuvo relacionada con el proceso electoral. El candidato denunció que grupos armados estarían forzando inscripciones masivas de cédulas en zonas rurales bajo su control. “No solamente están intentando someter el territorio, sino someter la democracia”, dijo textualmente al describir lo que ocurre, según él, en puestos de votación rurales de Cartagena del Chairá y San José del Donello.Barreras pidió de manera directa al registrador nacional y a las autoridades electorales que anulen esas inscripciones, conocidas como trashumancia electoral. “Que trasladen esos puestos electorales a las ciudades capitales donde los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho y no con un fusil en la nuca”, reclamó.Seguridad, paz total y control territorialEl candidato fue especialmente crítico con el enfoque actual de los diálogos con grupos armados ilegales. Según Barreras, las mesas donde no se exige dejación de armas han permitido que esas estructuras crezcan. “Esas son unas mesas de diálogo eternas donde han hecho esos tipos sino crecer y controlar territorios”, aseguró.Al referirse al ELN y a otros grupos, fue contundente: “Eso es puro traquetismo y eso implica que el Estado desde la fuerza pueda someterlos a la justicia”. Aunque dijo creer en la paz, dejó claro que esta no puede significar tolerancia con el crimen ni debilitamiento de la fuerza pública.Recordó además que tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 hubo mejoras visibles en regiones como Caquetá y Cauca, pero que ese avance se perdió. “Eso se perdió porque el Estado no llegó y los grupos criminales volvieron a tomar el territorio”, afirmó.Roy Barreras y la consulta presidencial de 2026En el plano político, Barreras ratificó que competirá en la consulta del Frente Amplio y descartó cualquier posibilidad de bajarse de la carrera. “Voy a ir a la consulta y la voy a ganar”, dijo, respondiendo a versiones que lo ubican como eventual fórmula vicepresidencial.Cerró con un mensaje de unidad y una promesa de campaña: “Colombia necesita un gobierno que le dé garantías a todos, que no odie a nadie y que sea capaz de hacer consenso y diálogo”. Para Barreras, el reto no es solo ganar una elección, sino evitar que el miedo y las armas decidan por los ciudadanos.