El Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín requirió al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, dándole como plazo dos días para que cumpla con el fallo de tutela No. 159 del 30 de octubre de 2025, que ordenó girar los recursos a la Registraduría para realizar la consulta popular que busca que la ciudadanía de ocho municipios del Oriente Antioquia decida si se conforma o no el área metropolitana del Valle de San Nicolás.
La decisión judicial ordena al funcionario atender las disposiciones previamente impartidas y remitir un informe en el que explique las razones por las cuales no se ha acatado la sentencia, mientras que, a la par, cursa una impugnación presentada por esa cartera del Gobierno nacional por dicha decisión, la cual para ese caso deberá ser resuelta por el Tribunal Superior de Medellín en 20 días hábiles.
Este es otro capítulo de la polémica que ha generado el tema entre el gobierno departamental y el nacional. Incluso, desde Antioquia pidieron al procurador general de la Nación ponerle la lupa al tema, como lo dijo el director del departamento de Planeación Eugenio Prieto.
"¿Por qué razón el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, teniendo la responsabilidad de hacerlo, omite esa responsabilidad? Porque el presidente Gustavo Petro dice en diferentes escenarios que las consultas populares son de la esencia del Estado Social de Derecho y de la democracia, pero vulneran los derechos fundamentales a la participación política. También es una pregunta que deberá responder el señor Procurador General de la Nación", cuestionó Prieto.
Vale la pena recordar que la jueza, en primera instancia, le concedió el amparo constitucional a los alcaldes de Rionegro, La Ceja, Marinilla, El Retiro, El Carmen de Viboral, Guarne, La Unión, El Santuario y San Vicente Ferrer, además del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes consideraron vulnerado el derecho a la participación ciudadana.
En total son 6.858 millones de pesos los que requiere la Registraduría para adelantar estas votaciones.
El despacho advirtió que, si la respuesta del ministro no resulta satisfactoria o no se cumple con el fallo dentro del término establecido, se procederá a abrir un incidente de desacato a la acción de tutela.
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