Procuraduría inicia investigación por grave realidad del pueblo Arhuaco en el Caribe

Solo hasta las 4:00 de la mañana de este sábado 1 de noviembre se logró un acuerdo con la comunidad indígena en Cesar para desbloquear una de las vías que de la región Caribe lleva hacia el interior del país, y en el que se urgió la presencia del viceministro del Interior, Gabriel Rondón, para hablar acerca de la posible certificación definitiva de Zarwawiko Torres Torres, como cabildo gobernador de la población.Dice la Gobernación del Cesar que es un avance los diálogos alrededor de este litigio jurídico, al tiempo que se encendieron las alarmas en la Procuraduría, desde donde se habla que esta suspensión ha generado una parálisis en la ejecución de los recursos públicos y la prestación de los servicios básicos.En otras palabras, hay afectaciones en salud, educación, alimentación y agua potable. Al tiempo que, más de 2.000 mujeres gestantes no tienen acceso a programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).“Entre las situaciones evidenciadas se recibió información que más de 2.000 mujeres gestantes no han podido tener accesos a atención a programas de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) más de 5.000 niños sin garantía de alimentación diferencial, más de 500 jóvenes que no han podido ingresar a programas de becas y estudios superiores por no estar certificados, así como niños recién nacidos que no cuentan con su registro, entre otras situaciones de riesgo inminente”, escribió la Procuraduría en un comunicado.Así las cosas, el Ministerio Público instó a las entidades nacionales y territoriales para proteger a la comunidad y garantizar la prestación de los servicios esenciales.“En el marco de sus competencias constitucionales y legales, el órgano de control requirió a las entidades nacionales y territoriales competentes —entre ellas, los ministerios del Interior, Hacienda, Salud y Protección Social, Educación Nacional, Vivienda, Ciudad y Territorio, al Departamento Nacional de Planeación (DNP), al ICBF, las gobernaciones del Cesar, Magdalena y La Guajira y los municipios de estos departamentos con presencia del pueblo Arhuaco— para que informen las acciones inmediatas adoptadas para proteger a la comunidad y garantizar la prestación de los servicios esenciales”, agregó.“La Procuraduría enfatizó que la situación identificada constituye una afectación directa al goce efectivo de derechos fundamentales, especialmente de niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes y adultos mayores, y que las entidades del Estado están en la obligación de garantizar, sin dilaciones administrativas, la continuidad en el acceso a la salud, la educación, el agua potable y la alimentación de las comunidades indígenas, conforme a los principios de progresividad, no regresividad y enfoque diferencial”, también apuntó.De la misma manera, la Procuraduría no descarta acciones disciplinarias o de intervención si se verifica el incumplimiento de las obligaciones en la garantía de derechos de las comunidades indígenas.“El órgano de control mantendrá presencia activa y permanente en el territorio y seguimiento continuo a las respuestas y actuaciones institucionales derivadas de los requerimientos, con el fin de asegurar la adopción de acciones efectivas e interinstitucionales que conduzcan a la protección integral del Pueblo Arhuaco (IKU)”, finalizó.