La revisión realizada por la Corte Constitucional a la Estación de Policía Norte de Bucaramanga dejó al descubierto un panorama crítico de hacinamiento, sobreocupación y permanencia prolongada de personas privadas de la libertad, en condiciones que, según el alto tribunal, vulneran derechos fundamentales y exceden por completo la capacidad de las instalaciones.
Durante la diligencia, la Sala verificó que en la estación permanecían 154 personas privadas de la libertad,153 sindicadas y una condenada, pese a que el lugar tiene capacidad aproximada para apenas entre 15 y 20 personas. Además, la Corte constató que la totalidad de los detenidos superaba el límite legal de 36 horas permitido para este tipo de instalaciones transitorias, encontrando casos de permanencia de hasta dos años.
El informe advierte severas condiciones de sobreocupación, especialmente en tres celdas internas donde los internos debían permanecer en espacios reducidos, utilizando hamacas improvisadas y zonas del piso para descansar. Incluso, se evidenció que un antiguo parqueadero fue adaptado como área de permanencia para detenidos ante la falta de espacio.
La Corte también observó limitaciones en ventilación, acceso a sanitarios y duchas, así como dificultades para garantizar condiciones mínimas de dignidad para la totalidad de la población recluida.
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Otro de los puntos que generó preocupación fue la situación de población vulnerable dentro del centro de detención, incluyendo personas extranjeras, personas con discapacidad, integrantes de la población LGBTIQ+ y ciudadanos con afectaciones en salud mental.
En materia de alimentación, distintas entidades presentes durante la inspección expresaron inquietudes por la calidad de los alimentos suministrados y por las dificultades presupuestales que enfrentan las autoridades territoriales para asumir de manera permanente esta responsabilidad.
La Sala Especial de Seguimiento ordenó la práctica de diversas inspecciones en establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC, así como en centros de detención transitoria del país.
— Corte Constitucional (@CConstitucional) May 15, 2026
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Además, durante la visita se informó que las personas privadas de la libertad no estaban recibiendo visitas familiares y que únicamente se autorizaban encuentros con sus abogados defensores.
La situación vuelve a poner sobre la mesa la crisis carcelaria y de detención transitoria que enfrenta Bucaramanga y otras ciudades del país, donde estaciones de Policía y URI terminan funcionando como cárceles permanentes debido al hacinamiento en los centros penitenciarios nacionales y a los retrasos en los traslados por parte del sistema penitenciario.
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