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El Consejo de Estado ratificó de manera definitiva la anulación de la elección del alcalde de Concepción, Santander, Eduard Abril Borrero, al negar la solicitud de aclaración y adición presentada por su defensa frente al fallo que lo sacó del cargo por doble militancia.
La decisión fue adoptada mediante un auto del 11 de diciembre de 2025 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y está relacionada con la sentencia del 12 de junio de 2025, en la que el alto tribunal concluyó que: “el entonces mandatario incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo, causal que dio lugar a la nulidad de su elección para el período 2024–2027”, señala el auto.
En su análisis, el Consejo de Estado fue claro en señalar que la sentencia no tenía vacíos ni aspectos pendientes por resolver, por lo que no había lugar a aclaraciones ni adiciones, cerrando así cualquier posibilidad de reabrir el debate judicial.
La defensa de Abril Borrero solicitó al alto tribunal que explicara por qué el acuerdo de coalición entre los partidos Alianza Verde, Cambio Radical y En Marcha no fue considerado válido, pese a haber sido recibido por la Registraduría; que se aclarara el grado de responsabilidad del demandado o de la Registraduría Nacional del Estado Civil en ese trámite, y que se precisara la ubicación de una prueba documental citada en la sentencia.
Sin embargo, el Consejo de Estado reiteró que el fallo del 12 de junio ya explicó que el acuerdo no cumplió con los requisitos legales, en particular porque no quedó consignado en el formulario de inscripción de la candidatura. Además, precisó que el proceso de nulidad electoral es de carácter objetivo, por lo que no evalúa responsabilidades personales ni administrativas de los involucrados, ni de las entidades que participan en el proceso electoral.
Aunque negó las solicitudes, el alto tribunal advirtió que la presentación de peticiones impertinentes o recursos improcedentes puede considerarse una maniobra dilatoria y dar lugar a multas de entre cinco y diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Tras la decisión, el municipio de Concepción entra oficialmente en vacancia en la alcaldía. El fallo obliga al gobernador de Santander a ejecutar de inmediato la orden judicial, lo que implica retirar del cargo al alcalde anulado, designar un alcalde encargado y adelantar las actuaciones necesarias para convocar nuevas elecciones, conforme a lo establecido en la ley.
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