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La Fiscalía imputó cargos a un contratista y a un interventor por presuntos hechos de corrupción relacionados con las obras de mejoramiento de la infraestructura del Instituto Tecnológico Dámaso Zapata, en Bucaramanga.
Se trata de Pedro Beltrán Dulcey y Manuel Vesga Moreno, quienes se desempeñaron como interventor y contratista, dentro del contrato suscrito para adelantar trabajos en la institución educativa.
Según la investigación, el 28 de mayo de 2021 la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga firmó con un consorcio un contrato por $10.000 millones cuyo objeto era el mejoramiento de la infraestructura de las instalaciones del Instituto Tecnológico Dámaso Zapata.
Entre los hallazgos se identificó el incumplimiento de las técnicas de relleno de la cancha de fútbol, así como una inadecuada planeación para la demolición y posterior remodelación de varias edificaciones del plantel educativo.
Por estos hechos, los procesados fueron imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Durante las audiencias, ninguno de los imputados aceptó los cargos.
Tras conocerse la decisión judicial, desde la veeduría ciudadana que ha hecho seguimiento al proyecto aseguraron que las irregularidades habían sido advertidas con anterioridad.
Johana Luna, integrante de la veeduría, señaló que desde 2023 se habían presentado alertas a funcionarios de la administración municipal de la época sobre las presuntas inconsistencias en el proyecto.
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“Era de esperarse esta noticia. Desde el año 2023 veníamos alertando a los funcionarios de la Alcaldía sobre estas irregularidades que hoy la Fiscalía confirma y nunca nos escucharon”, afirmó.
Luna aseguró que uno de los cuestionamientos de la comunidad educativa se relacionó con la demolición de algunos edificios sin contar con licencia de demolición y sin que existieran recursos asegurados para su reconstrucción.
Según explicó, “tras la demolición de algunas estructuras, entre ellas el auditorio del colegio, la administración municipal de ese momento tuvo que acudir al Concejo de Bucaramanga para solicitar un crédito por cerca de $82.000 millones con el fin de financiar la reconstrucción de las edificaciones”, aseguró Luna.
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La vocera de la veeduría también cuestionó que se hubiera demolido el auditorio, que, según dijo, aún era funcional para la institución.
“Si no hubieran demolido el auditorio, no habría sido necesario pedir tanto dinero prestado, sino recursos solo para su remodelación”, indicó.
Actualmente, según la veeduría, dentro de las obras proyectadas se contempla nuevamente la construcción de un auditorio y un edificio para las modalidades académicas, que habían sido demolidos durante la ejecución inicial del proyecto.
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