Mientras se resuelve el proceso jurídico que determinará la operación del peaje de La Punta, en la vía que conduce a la Mesa de Los Santos, la Gobernación de Santander avanza en mesas de trabajo con las comunidades para socializar el estado del proyecto y los pasos a seguir. Sin embargo, la más reciente reunión, programada para el 28 de noviembre, no se llevó a cabo debido a que el anterior concesionario, Construvicol, no asistió pese a haber sido citado.
La secretaria de Infraestructura departamental, Jessica Juliana Mendoza, explicó que el diálogo con la comunidad continúa mientras se espera el fallo judicial solicitado por la Procuraduría General de la Nación, que pidió suspender provisionalmente la ordenanza 049 de 2024. Esta norma autorizaba la creación del cobro tipo “tasa–peaje”, decisión que el Ministerio Público cuestionó al considerar que el departamento no tiene competencia para crear ni recaudar este tipo de tarifas.
“Estamos a la espera del fallo para saber si continúa la operación como está o si hay que reestructurar todo el trámite administrativo”, señaló Mendoza.
Agregó que, entre tanto, avanzan en mesas técnicas con las comunidades para revisar el estado del proyecto y garantizar transparencia en el manejo de los recursos.
La funcionaria explicó que el proceso de liquidación de la concesión, que operó durante 20 años, aún no está cerrado. Entre los componentes pendientes se encuentran: la aprobación por parte del Ministerio de Transporte de la caracterización vial entregada por Construvicol, el cierre de la reserva técnica del contrato y la verificación y aval del interventor sobre las cuentas y saldos finales.
Una vez se surtan estos trámites, la Gobernación espera liberar entre $2.000 y $3.000 millones que no fueron ejecutados por la concesión y que, según Mendoza, deberán invertirse únicamente en las vías de injerencia del peaje.
“Tenemos 40 kilómetros en Piedecuesta y 60 kilómetros en Los Santos donde se podrían ejecutar obras, especialmente placa huella. Hoy contamos con 4 km con estudios listos, dos en cada municipio, entregados por Construvicol”, precisó la secretaria, quien añadió que el alcalde de Los Santos presentó 17 kilómetros adicionales de estudios para obras rurales.
La discusión técnica avanza en paralelo al debate jurídico. En noviembre, la Procuraduría solicitó la suspensión provisional de la ordenanza que dio origen al peaje, argumentando que solo el Gobierno Nacional tiene la competencia para establecer este tipo de cobros. Con la medida cautelar, el peaje no podría entrar en operación hasta que el juez tome una decisión definitiva.
El gobernador de Santander defendió el proyecto y cuestionó la oposición que ha generado. “Es un recurso importante para los más vulnerables de Los Santos y Piedecuesta. Se destina a la señalización y al mantenimiento de vías terciarias que antes no tenían presupuesto”, afirmó.
Las comunidades esperan una nueva reunión en diciembre, mientras el proceso continúa su curso jurídico y técnico en busca de una solución definitiva para la operación del peaje.
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