Muerte de interno revive denuncias por extorsión y control ilegal en cárcel de Bucaramanga

La muerte de Cristian Mauricio Basto Viáfara, ocurrida el pasado 22 de noviembre en la cárcel Modelo de Bucaramanga, reactivó una polémica que, desde hace años, ronda los muros del penal: el poder soterrado de los llamados "caciques", reclusos que, según internos y defensores de derechos humanos, ejercen control económico y social dentro de los pabellones mediante prácticas de intimidación y cobro de extorsiones.Basto, de 35 años, cumplía una condena de 15 años desde 2015 y estaba a tan solo 56 días de su libertad definitiva. Sin embargo, hacia las 10:40 de la mañana del pasado sábado, cayó desde el quinto piso del pabellón 2. Aunque fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, murió minutos después por la gravedad de sus heridas.Las circunstancias del hecho siguen sin esclarecerse. Las autoridades carcelarias manejan tres hipótesis: un accidente, un acto voluntario o la intervención de terceros, pero entre los internos y algunos defensores de derechos humanos ha cobrado fuerza una cuarta línea: la presión económica que ejercería un hombre conocido dentro del penal como "caciques", líderes informales que, según múltiples testimonios, han convertido la extorsión en una regla no escrita dentro de la prisión.Le puede interesar: Capturan a mujer en Bucaramanga cuando recibía $8 millones de una extorsiónUna fuente cercana a la investigación confirmó que una de las hipótesis apunta a que Cristian tenía una deuda de tres semanas con uno de estos 'caciques', quien presuntamente cobraba $200.000 semanales por “seguridad” y por permitir ciertos beneficios básicos dentro del pabellón. La deuda alcanzaría los $600.000.Hernando Mantilla, defensor de los derechos carcelarios en Santander, aseguró que el caso de Cristian refleja una estructura de poder que el Estado ha permitido crecer por omisión.“Lo sucedido confirma una problemática nacional. No estoy de acuerdo con la figura de quienes se hacen llamar caciques. No me opongo a que existan liderazgos, pero sí a que se utilicen para explotar a los presos. En La Modelo venden todo. Internos han denunciado que incluso cobran por un vaso de agua”, denunció.Mantilla advirtió que la presión por las deudas habría sido un factor determinante en el desenlace: “El recluso ya tenía orden del juez para salir en libertad total el 19 de enero. Estaba a semanas de recuperar su vida, pero la presión económica dentro del penal pudo llevarlo a tomar una decisión desesperada”.Tras la muerte de Basto, el defensor anunció que presentará una denuncia formal ante los entes de control, solicitando una intervención urgente para desmontar estas redes ilegales que operan dentro del penal.Por ahora, Hernando Mantilla pidió el informe oficial a la directora regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, pero la respuesta inicial es que se debe contar con la autorización de la sede central de la entidad para entregar esa información.