El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en el país llegó a 1.028 casos a 31 de diciembre, lo que representa un aumento del 7 % frente al mismo periodo del año pasado, cuando se registraban 961 personas quemadas. El incremento se presentó en las últimas horas, en especial en los casos que involucran a menores de edad.Según el reporte más reciente del Instituto Nacional de Salud (INS), los menores quemados pasaron de 315 a 324. De estos casos, 33 ocurrieron mientras los niños y adolescentes se encontraban acompañados por adultos que estaban bajo los efectos del alcohol, una situación que las autoridades siguen señalando como uno de los principales factores de riesgo.En el caso de los adultos, el balance indica 704 personas lesionadas por pólvora, de las cuales 300 se encontraban en estado de embriaguez al momento del accidente. Estas cifras confirman la relación directa entre el consumo de licor y la manipulación peligrosa de artefactos pirotécnicos.¿Dónde hay más quemados?A continuación la lista de los departamentos con mayor número de casos reportados con quemados por pólvora:Antioquia: 149 Bogotá: 94Norte de Santander: 66Cauca: 56Cundinamarca: 53Atlántico: 50En cuanto a las lesiones, las quemaduras siguen siendo las más frecuentes y están presentes en el 89 % de los casos. También se registran laceraciones en el 57 % y contusiones en el 20 %. Aunque las cifras de amputaciones y fracturas no han aumentado, las autoridades insisten en mantener la alerta por la gravedad de este tipo de lesiones.Los artefactos que más han provocado accidentes son los totes, voladores y cohetes. Las lesiones no solo afectan a quienes manipulan la pólvora, sino también a personas que observan estas prácticas, siendo comunes las quemaduras de segundo grado.Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no hacer uso de pólvora bajo ningún motivo, especialmente en presencia de menores de edad o de personas en estado de embriaguez, recordando que estos accidentes son prevenibles y pueden tener consecuencias permanentes.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por situaciones recientes que podrían afectar la continuidad en la prestación de servicios de salud y el acceso oportuno a medicamentos en distintos territorios del país. Según la entidad, estos hechos tendrían impactos directos sobre las personas usuarias del sistema y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.En ese contexto, la Defensoría reiteró que todos los actores que hacen parte del sistema de salud, entre ellos EPS, IPS, ESE, gestores y operadores farmacéuticos, deben garantizar redes de atención suficientes, en aplicación de los principios de universalidad y disponibilidad.Asimismo, insistió en la necesidad de mantener espacios permanentes de articulación con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, los agentes interventores y los gestores farmacéuticos, con el fin de dar continuidad a los Puestos de Mando Unificado en Salud y a las mesas de seguimiento territorial lideradas por la entidad.La alerta se produce luego de que hospitales como el Universitario San Rafael de Tunja, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y el Hospital Regional de Sogamoso informaran la suspensión de servicios ambulatorios a partir del 1 de enero de 2026. De acuerdo con esos comunicados, la decisión estaría asociada a causas administrativas y financieras, entre ellas la mora en los pagos, fallas en plataformas de radicación e incumplimientos por parte de la Nueva EPS.A lo anterior se suman comunicaciones dirigidas a afiliados de la Nueva EPS, en las que el gestor farmacéutico Colsubsidio informó que cerrará de manera definitiva el servicio de dispensación de medicamentos para estos usuarios desde la misma fecha.En dichos avisos se indicó que la entrega de medicamentos se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025 y que la continuidad de los tratamientos será asumida por la EPS, sin detallar rutas de transición ni puntos alternos de dispensación.Frente a este panorama, la Defensoría solicitó al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a otras entidades informar las rutas oficiales de contacto por territorio, los mecanismos de articulación con la entidad y las acciones adoptadas para garantizar el acceso continuo a medicamentos y servicios.También pidió reportes detallados sobre pagos de reembolsos por gastos de bolsillo y la implementación de planes de contingencia por parte de EPS intervenidas y gestores farmacéuticos, con el fin de evitar interrupciones abruptas en la atención de los usuarios.
Los pacientes del país recibieron con profunda preocupación el aumento diferencial de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) definido por el Gobierno para 2026. Aunque el reajuste fue mayor para el régimen subsidiado que para el contributivo, las organizaciones advierten que la decisión no soluciona la crisis estructural del sistema y, por el contrario, puede profundizarla.Así lo expresó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia —organización que agrupa a más de 200 asociaciones—, en entrevista con Blu Radio este 31 de diciembre. Desde su experiencia diaria con usuarios del sistema, el dirigente aseguró que el próximo año será aún más crítico para quienes dependen de tratamientos, medicamentos y atención oportuna.Aumento de la UPC no es suficiente para todo el sistema de saludSilva fue enfático al señalar que el Gobierno mantiene una línea que, según él, pone en riesgo la vida de los colombianos. “El gobierno ha sido coherente en su línea de acabar con la salud y la vida de los colombianos”, afirmó, al referirse al ajuste de la UPC y a la situación actual del sistema.De acuerdo con el vocero, el 2025 ya fue “un año desastroso para los pacientes” por la falta de medicamentos, la ausencia de citas médicas y el cierre de servicios. En ese contexto, advirtió que el 2026 “será muchísimo peor”, especialmente para quienes padecen enfermedades de alto costo o catastróficas. Gasto de bolsillo y empobrecimiento de los pacientesUno de los puntos más sensibles es el aumento del gasto de bolsillo. Silva explicó que hoy los hogares destinan entre el 17 % y el 23 % de sus ingresos a salud, pero con un sistema desfinanciado esa cifra podría aumentar hasta un 33 %. “Eso es catastrófico”, señaló.El dirigente puso como ejemplo a los trabajadores independientes, quienes deben asumir de su propio bolsillo aportes, copagos, cuotas moderadoras y medicamentos que no reciben oportunamente. “Al año, algunos pacientes pagan un salario mínimo y otros más de dos salarios mínimos solo para poder atender su salud”, dijo.El Gobierno conduce la "carrera de las muertes"La frase más dura de la entrevista llegó al abordar las consecuencias humanas de la crisis. Silva aseguró que el Gobierno “está conduciendo la carrera de las muertes evitables”, al no garantizar el derecho fundamental a la salud. Recordó que solo entre enero y septiembre de 2025 murieron más de 2.000 pacientes, algunos por fallas directas del sistema.También cuestionó la gestión de las EPS intervenidas, que hoy concentran el 51 % de los afiliados. Según afirmó, “las EPS intervenidas no están atendiendo a la población” y el Gobierno, pese a tener la responsabilidad directa, “es indolente frente al drama humanitario”.Para Pacientes Colombia, el mensaje de quienes viven la crisis es claro: la confianza en el Gobierno se erosiona mientras la salud se deteriora y los pacientes sienten que, literalmente, están quedando fuera de la carrera por la vida.
En diálogo con Mañanas Blu, Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), expresó su profunda preocupación tras el anuncio del gobierno nacional sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Gaitán calificó la situación actual del sistema de salud como "calamitosa", señalando que las decisiones financieras recientes ignoran las realidades operativas y las necesidades urgentes de los ciudadanos.Un ajuste sin concertación y un déficit acumuladoSegún el presidente de Afidro, las mesas técnicas para definir la UPC, ordenadas por la Corte, parecieron ser un simple procedimiento formal carente de un ánimo real de concertación. Gaitán destacó que el comunicado oficial del gobierno se emitió apenas unas horas después de una mesa de diálogo fallida, lo que sugiere que no se tuvo en cuenta nada de lo conversado durante dichas sesiones.Esta falta de acuerdo se suma a un déficit de más de 11 puntos de incremento que ya se arrastraba desde el año anterior. Para Afidro, el ajuste actual se queda corto frente a las proyecciones metodológicas y cuantitativas necesarias, especialmente considerando el impacto del incremento del salario mínimo en la prestación de servicios y la mayor demanda proyectada para 2025 por el envejecimiento de la población.El colapso operativo: carteras morosas y retrasos en medicamentosLa crisis no es solo presupuestal, sino operativa. Gaitán advirtió que el riesgo de colapso del sistema ha escalado del 30% en 2019 al 60% en la actualidad, según cifras de la Contraloría. Este deterioro se traduce en cifras alarmantes: incidencias de más de 250 días para la entrega de medicamentos y carteras que superan los 180 a 200 días de mora en los pagos a los laboratorios."En realidad la cadena se rompió", afirmó Gaitán, explicando que cuando se desfinancia a los prestadores y gestores farmacéuticos, estos dejan de dispensar medicamentos, como ya ha ocurrido con entidades como la Nueva EPS. Esto genera un efecto dominó donde, aunque haya disponibilidad de productos en la industria, los actores del sistema no los solicitan por falta de sostenibilidad financiera.El aumento del gasto de bolsillo y la desigualdadUno de los impactos más críticos para el ciudadano es el incremento del "gasto de bolsillo". Al no encontrar medicamentos por los canales institucionales de sus EPS, los colombianos se ven obligados a acudir a droguerías comerciales y pagar de su propio dinero. Gaitán enfatizó que el gasto de bolsillo es sinónimo de desigualdad, ya que impacta desproporcionadamente a las clases menos favorecidas que no cuentan con los recursos para suplir lo que el sistema debería garantizar.Escuche aquí la entrevista:
Los Simpson, una de las producciones animadas más influyentes de la televisión, cumple en 2025 36 años desde su estreno, ocurrido el 17 de diciembre de 1989 con el episodio titulado El Especial de Navidad.A lo largo de su extensa trayectoria en la pantalla chica, Los Simpson ha contado con la participación de numerosos actores de doblaje que marcaron a generaciones enteras. En Latinoamérica, varias voces mexicanas dieron identidad a la familia amarilla, entre ellas Nancy McKenzie, quien interpretó a Marge Simpson durante las primeras 15 temporadas; Patricia Acevedo, voz original de Lisa Simpson en las primeras 15 temporadas y quien retomó el personaje a partir de la temporada 32; y Humberto Vélez, el icónico actor que dio voz a Homero Simpson en los inicios de la serie y que actualmente regresó para volver a interpretar al protagonista.Además de interpretar a Homero, Vélez ha dado vida a algunos personajes secundarios en la versión original en inglés, aumentando su reconocimiento a nivel internacional.Histórica aparición de un actor de doblaje en Los Simpson con su propio personajeLa icónica serie Los Simpson presentó recientemente un nuevo episodio de su temporada 37, titulado The Fall Guy-Yi-Yi, y volvió a sorprender a su audiencia con un guiño especial que no pasó desapercibido: la inesperada aparición de Humberto Vélez, quien fue incluido con su propio personaje animado dentro de la historia.Durante el capítulo, el actor presta su voz al Hombre Abejorro, un personaje secundario que trabaja como comediante en el famoso Canal 8 de la serie. Sin embargo, su participación va más allá del doblaje, ya que Vélez también aparece representado físicamente en una escena clave del episodio.La secuencia ocurre cuando Homero Simpson y el Hombre Abejorro caen desde la Pirámide del Sol, ubicada en Teotihuacán, México. En ese momento, la cámara cambia de ángulo y muestra a Vélez caricaturizado al estilo de la serie, quien pronuncia la frase: “El dolor de este hombre me quita mis propias penas”.Actualmente, el episodio solo está disponible en Estados Unidos; no obstante, la participación de Vélez fue realizada en español y subtitulada al inglés para su versión original. Este detalle ha sido destacado por numerosos fanáticos como un hito histórico para el doblaje mexicano y latinoamericano.La aparición fue celebrada tanto por seguidores de la serie como por especialistas, quienes la interpretan como un homenaje al legado de uno de los actores de doblaje más antiguos y queridos de Los Simpson. Además, críticos de televisión coinciden en que se trata de un reconocimiento histórico y ampliamente merecido para Humberto Vélez.
Después de casi 4 días de las afectaciones en la vía que comunica la ciudad de Medellín con el Urabá Antioqueño, y de cara al Plan Éxodo por fin de año, se intensifican las labores para permitir el paso por ambos carriles para miles de viajeros que tienen como destino esta zona del país.Las labores de despeje en la vía Medellín – Urabá, avanzan de manera satisfactoria priorizando la atención de los derrumbes de mayor complejidad. Como consecuencia, se registra flujo vehicular moderado y paso controlado a un solo carril en varios puntos del corredor.En la variante de Fuemia, Unidad Funcional 2, jurisdicción del municipio de Dabeiba, se mantiene un cierre preventivo entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, con pasos nocturnos temporales habilitados desde las 9:00 hasta las 10:00 de la noche y desde 2:00 hasta las 3:00 de la madrugada.En este mismo sector, pero en la zona urbana de Dabeiba, persiste una afectación por socavación, razón por la cual las autoridades insisten a los viajeros en acatar de manera puntual las indicaciones de los controladores viales.Por otra parte, la Unidad Funcional 01, que trabaja en el sector túnel falso de Uramita, el tránsito para los vehículos que transitan por esta zona, continúa con paso controlado a un solo carril, bajo supervisión del personal vial. Adicionalmente, entre el sector Guineales y el sector La Llorona se adelantan controles viales y cierres periódicos, debido a la remoción de múltiples derrumbes.Luis Fernando Begué, gobernador encargado de Antioquia, aseguró que se mantienen 16 frentes con maquinaria amarilla en todo el departamento atendiendo emergencias. Sin embargo, hay garantía para la transitabilidad total."Los corredores viales con mayor afluencia de vehículos se encuentran completamente habilitados. Invitamos a todos los conductores de nuestro departamento a hacerlo con prudencia y a celebrar con moderación."Las autoridades reiteran el llamado a los conductores para transitar con precaución, respetar la señalización y atender los controles de tráfico, con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.
El pasado 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro aumentó por decreto el salario mínimo para 2026, el cual fue del 23,7% quedando en $2.000.000 con el auxilio de transporte.El monto anterior se desglosa de la siguiente manera: el ingreso mensual quedó en $1.750.905, más $249.095 del auxilio, que incrementó el 24,5%. No obstante, muchos se preguntan si los peajes y las multas de tránsito se verán afectadas por el aumento del salario mínimo.Pero no todos los costos de la vida cotidiana están atados directamente a ello, pues en los últimos años, varias tarifas dejaron de calcularse con base en este indicador y hoy dependen de otros factores, principalmente la inflación y unidades de valor definidas por la ley.¿Suben los peajes y las multas de tránsito con el salario mínimo?De acuerdo con la ley, el aumento del salario mínimo para 2026 no implica un incremento automático en los peajes ni en las multas de tránsito.En el caso de los peajes, tanto en vías nacionales como en carreteras concesionadas, las tarifas se ajustan principalmente con base en la inflación, Índice de Precios al Consumidor (IPC), o según lo estipulado en los contratos de concesión vigentes.Esto significa que el costo de viajar por carretera no está ligado directamente al salario mínimo, sino a condiciones contractuales y al comportamiento del IPC.Por su parte, las multas de tránsito tampoco se calculan en función del salario mínimo. Estas sanciones están expresadas en unidades de valor básico, las cuales se actualizan anualmente de acuerdo con la inflación reportada oficialmente.¿Qué es el IPC y cómo se calcula?Según el Banco de la República, el Índice de Precios al Consumidor es lo que mide la evolución de los precios de diferentes bienes y servicios que más consumen los colombianos y se conoce como la canasta básica de referencia, que cuenta con más de 400 artículos, los cuales se dividen en 12 grupos de gastos:Alimentos y bebidas.Prendas de vestir.Arriendos.Servicios públicos.Artículos para el hogar.Salud.Transporte.Servicios de información y comunicación.Recreación.Cultura.Educación.Restaurantes y hoteles, y otros bienes o servicios. Para su cálculo, el banco “consulta mensualmente más de 55.000 fuentes de información en 38 ciudades del país, tales como tiendas de barrio, supermercados, plazas de abastos, grandes superficies, y establecimientos especializados en la venta de artículos y en la prestación de servicios”.Asimismo, para facilitar la medición, todos los precios recolectados se agrupan “ponderadamente (dependiendo de su importancia en el gasto de un colombiano promedio) en este indicador, lo que permite fácilmente hacerles seguimiento a los precios a lo largo del tiempo”.Retomando los servicios que suben con respecto al IPC, a los peajes y multas de tránsito, se suma también el SOAT, cuyo valor aumenta por este índice y de la Unidad de Valor Tributario (UVT), y no del salario mínimo.Aumentos de servicios y bines que sí podrían ocurrirAhora bien, aunque la ley eliminó la relación directa entre el salario mínimo y varias tarifas esenciales, sí podrían ocurrir aumentos indirectos en algunos servicios y bienes.Sectores que dependen de mano de obra remunerada con salario mínimo pueden enfrentar mayores costos operativos tras el ajuste salarial. Estos incrementos, aunque no son obligatorios por norma, podrían trasladarse parcialmente a los consumidores.Entre los rubros que podrían registrar ajustes se encuentran los servicios de vigilancia y aseo en conjuntos residenciales, así como otros sectores intensivos en trabajo humano. De igual forma, algunos servicios privados, como consultas médicas particulares o trabajos profesionales independientes, podrían encarecerse debido al aumento general de costos, pese a no estar legalmente obligados a ajustarse con el salario mínimo.
La juez 79 de control de garantías negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos y la sustitución de la medida de aseguramiento, solicitadas por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, quien continúa privada de la libertad en el marco del proceso penal que investiga el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Durante la audiencia, el despacho abordó el problema jurídico central relacionado con el cómputo de los términos para acceder a la libertad, específicamente frente al delito de lavado de activos. La juez explicó que, conforme al artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en este tipo de delitos deben transcurrir 240 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se haya iniciado el juicio oral para que proceda la libertad por vencimiento de términos.Aunque en el caso concreto han transcurrido 342 días desde el 24 de enero, fecha en la que se presentó la acusación contra Ortiz Nova, la juez precisó que del total de ese tiempo deben descontarse 170 días atribuibles a actuaciones de la defensa. En consecuencia, el término legal exigido no se cumple, razón por la cual la solicitud fue negada.Según lo expuesto en la diligencia, dentro de esos 170 días se encuentran aplazamientos solicitados por la defensa y el periodo en el que se tramitó una nulidad promovida por el abogado de la exfuncionaria. Para la judicatura, esos tiempos no pueden ser contabilizados dentro del vencimiento de términos, pues fueron generados por decisiones procesales de la propia defensa.“La ley es clara en señalar que se le atribuye el término a la parte o al sujeto procesal que lo haya propiciado”, sostuvo la juez 79, al señalar que uno de los aplazamientos obedeció a la decisión del entonces apoderado de Ortiz de dar prioridad a otra diligencia judicial, pese a que se conocía que su defendida se encontraba privada de la libertad. En ese sentido, recalcó que lo procedente es permitir que el proceso continúe su curso normal.La juez también fue enfática en señalar que los términos derivados de la resolución de nulidades no pueden ser atribuidos a la judicatura. “No puede ser atribuible a la judicatura, sino a quien postula la nulidad. Porque nulidades contra esos actos de parte, imputación, acusación, pues no son procedentes”, explicó, al indicar que, aunque dichas actuaciones no necesariamente se hayan realizado de mala fe, sí impactan directamente el conteo de los términos.Tras conocerse la decisión, el abogado Mauricio Camacho, defensor de Sandra Ortiz, interpuso recurso de apelación, por lo que la solicitud será revisada en segunda instancia.Ortiz Nova, exconsejera del Gobierno del presidente Gustavo Petro, enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el direccionamiento de recursos públicos de la UNGRD. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con pleno conocimiento de que los dineros estaban destinados al pago de sobornos para el direccionamiento de una orden de proveeduría relacionada con la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable en La Guajira.
Roberto Carlos, exjugador de la selección brasileña y el Real Madrid, confirmó este miércoles que pasó por un procedimiento "preventivo" en el corazón, pero aclaró que no sufrió un infarto y que se encuentra "bien" mientras se recupera en un hospital de São Paulo."Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco", expresó el exlateral izquierdo en un mensaje publicado en inglés y portugués en sus redes sociales.La leyenda del conjunto blanco, de 52 años, dijo que está "confiado", "recuperándose bien" y "ansioso" por recuperar la forma física para reanudar sus compromisos profesionales y personales "en breve"."Agradezco de corazón todos los mensajes de apoyo, cariño y preocupación. Quiero tranquilizar a todos de que no hay motivo para alarmarse. Muchas gracias a todo el equipo médico que cuidó de mí", añadió en su publicación, que acompañó con una foto suya tumbado en una cama de hospital.Roberto Carlos está ingresado en un centro sanitario de São Paulo, donde se encontraba de vacaciones, tras ser intervenido por un problema cardiaco, confirmaron a EFE fuentes del Real Madrid.El exlateral zurdo, que militó en el club merengue durante once años, entre 1996 y 2007, se sometió a una prueba en una pierna en la que padecía un trombo y se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó la intervención.Roberto Carlos, actualmente embajador del Real Madrid, está fuera de peligro, pero como es preceptivo en estos casos, seguirá en observación al menos durante las próximas 48 horas para comprobar que su evolución es positiva.Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, fue campeón mundial con la selección brasileña en 2002, logró dos Copas América y una Copa Confederaciones, así como tres Ligas de Campeones, cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales con el Real Madrid.
La Superintendencia Nacional de Salud emitió un comunicado en el que expone su actuación en relación con la controversia que involucra al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. A través del documento, la entidad reafirmó su independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control del sector salud, en cumplimiento estricto de lo dispuesto en la Constitución y la ley.La aclaración se da en el marco de una creciente polémica en torno a la remoción de la agente interventora de la E.S.E. Hospital San Rafael, ubicado en Leticia, Amazonas. Según la Superintendencia, la decisión de retirar a la interventora fue tomada conforme a la normativa vigente, en especial la resolución 2599 de 2016, que establece los procedimientos para este tipo de medidas. La acción fue recomendada por el Comité de Medidas Especiales de la entidad, tras recibir un informe que documenta el incumplimiento de indicadores técnicos y de gestión en el proceso de intervención del hospital.Este pronunciamiento surge en medio de un nuevo presunto escándalo de corrupción que involucra al Ministro Jaramillo y su esposa. Recientemente, se denunció que la esposa del ministro presuntamente habría ejercido presiones sobre algunos funcionarios del Hospital San Rafael para que firmaran rápidamente un contrato relacionado con un proyecto de un buque hospital destinado a las comunidades más apartadas del Amazonas. Este proyecto, que recibió una asignación presupuestaria de 55.000 millones de pesos el año pasado, se ha visto envuelto en retrasos y controversias.Según las denuncias, las demoras comenzaron debido a errores en la transcripción de textos y discusiones internas en el Ministerio de Salud. Además, los armadores del buque hospital habrían aumentado su precio, lo que generó aún más dificultades en la ejecución del plan.La Superintendencia, en su comunicado, hizo hincapié en que su actuación en el caso del Hospital San Rafael se ha basado exclusivamente en el cumplimiento de las leyes y procedimientos establecidos, según ellos, dejando en claro que no ha existido ninguna interferencia externa en sus decisiones.
La exinterventora del Hospital San Rafael de Leticia, Lina Baracaldo, denunció públicamente haber recibido presiones indebidas y amenazas luego de negarse a firmar un contrato de más de 73.000 millones de pesos para la construcción de un buque hospital en el Amazonas. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Salud, ha quedado en el centro de una polémica que involucra directamente a la superintendente delegada de la Superintendencia de Salud, Beatriz Gómez, esposa del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.Durante una extensa entrevista concedida a Mañanas Blu, con Néstor Morales, Baracaldo relató las circunstancias que rodearon su salida del cargo y expuso lo que califica como una presión sistemática para forzar la firma de un contrato sin garantías presupuestales claras.“Mi actuación como interventora era autónoma. No tenía relación de subordinación con la doctora Gómez, aunque fue ella quien me pidió firmar el contrato o renunciar”, explicó.Interventora de Hospital de Leticia denuncia amenazasTras su remoción, oficializada por el superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán López, Baracaldo denunció haber recibido llamadas intimidatorias. Aunque evitó revelar su ubicación actual por razones de seguridad, confirmó que está valorando acciones legales. “Sí considero que hubo constreñimiento ilegal. Estoy evaluando las vías jurídicas correspondientes”, afirmó.La situación cobra especial gravedad considerando que Baracaldo fue nombrada agente interventora bajo la figura de auxiliar de justicia, lo que implica independencia en su gestión. “Presionar a un interventor para firmar un contrato sin respaldo financiero puede constituir una violación a la autonomía de la función pública”, advirtió.Desacuerdo por contrato millonario del buque hospital de LeticiaEl contrato en cuestión preveía la construcción, dotación y transporte de un buque hospital desde Cartagena hasta Leticia, inicialmente valorado en 55.000 millones de pesos y posteriormente ajustado a 73.000 millones, debido al aumento en los costos del acero, según Cotecmar, la empresa constructora. Lina Baracaldo expresó que su decisión de no firmar el contrato estuvo sustentada en criterios técnicos y financieros. “Como ordenadora del gasto, necesitaba claridad sobre la financiación total del proyecto, incluidas sus fases y el costo operativo anual de hasta 18.000 millones de pesos”, puntualizó.La interventora explicó que el hospital de Leticia se encuentra bajo intervención por problemas financieros, lo que obligaba a evaluar con rigor cualquier compromiso presupuestal.¿Presión desde la Superintendencia de Salud?Baracaldo aseguró que, pese a no tener relación jerárquica con Beatriz Gómez, recibió múltiples comunicaciones de ella y de su equipo presionando para que se suscribiera el contrato.“El proyecto tenía que quedar firmado el 31 de marzo, según decía la doctora Gómez, aunque posteriormente la empresa extendió la cotización. Aun así, la presión aumentó”, dijo la exinterventora.Una llamada grabada entre Baracaldo y la funcionaria fue la que desató la controversia pública. En ella se escucha a Gómez presionando directamente por la firma del contrato. “Las maneras no fueron las mejores. Ya me habían advertido que si no firmaba tenía que irme”, relató.
Lina Baracaldo, interventora del Hospital San Rafael de Leticia, reveló a Noticias Caracol que su salida del cargo el pasado 2 de abril fue una represalia por oponerse a las exigencias de Beatriz Gómez Consuegra, alta funcionaria de la Superintendencia Nacional de Salud y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La denuncia, publicada originalmente por Daniel Coronell en Los Danieles (Revista Cambio), expone presiones para firmar un contrato de 55.000 millones de pesos vinculado a un buque hospital en la región.En audios del 27 de marzo, Beatriz Gómez Consuegra habría exigido la firma inmediata del contrato, pese a las advertencias de riesgos legales y operativos. "Hoy no queda firmado el contrato, doctora, es imposible", argumentó Mario Castro, asesor jurídico. La respuesta, según la grabación, fue contundente: "Usted decide: que quede firmado hoy o me pasa la renuncia". Baracaldo sostiene que su resistencia a ceder ante estas presiones motivó su despido. "Desde la autonomía que tenemos como agentes interventores podemos hacer las evaluaciones correspondientes", aseguró.Además, Lina Baracaldo asegura que llevaba meses alertando sobre irregularidades en el proyecto, insistió en que su rol como interventora le permitía evaluar la conveniencia del contrato: "No hay subordinación con la doctora Gómez". Sin embargo, tras la publicación de los audios, fue reemplazada por Dennis Amparo Vásquez.Sin embargo, Beatriz Gómez Consuegra negó ser la voz en los audios y haber amenazado a los funcionarios, pero en uno de los audios se evidencia un trato autoritario: "¡Me hacen el favor y me respetan! Yo soy la superintendente".Ante la polémica, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, salió en defensa de su esposa, la doctora Beatriz Gómez Consuegra, asegurando que “no ha impartido órdenes ilegales ni arbitrarias. Su actuación como delegada de la Supersalud ha sido completamente legítima, en el marco de las responsabilidades que la Constitución y la ley le asignan, siempre velando por los recursos públicos y la salud de las poblaciones más vulnerables”.Además, el ministro añadió en su cuenta de X: "Desde 2023, el Ministerio de Salud y Protección Social ha trabajado de manera coordinada con el Gobierno Departamental del Amazonas y la Armada Nacional en la planificación y ejecución de este proyecto. Un claro ejemplo de ello es la comunicación oficial recibida el 28 de diciembre de 2023, por parte del entonces Gobernador Electo del Amazonas, Oscar Enrique Sánchez Guerrero, quien expresó su firme apoyo y compromiso para que el Buque-Hospital se convierta en una realidad".
En la era digital, donde las redes sociales se han convertido en fuentes de consulta casi obligadas, la información de salud ha encontrado un nuevo escenario de difusión. Sin embargo, no toda esa información es veraz ni está sustentada en evidencia científica. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre la creciente amenaza de la "infodemia", definida como una sobrecarga de información, muchas veces falsa o engañosa, que se disemina con rapidez y dificulta que las personas accedan a fuentes confiables. Según este organismo, más del 50% de los contenidos sobre salud que circulan en redes sociales carecen de sustento científico comprobado, lo que representa un riesgo real para la toma de decisiones informadas sobre el bienestar personal.En Colombia, esta situación no es ajena. Frente a este panorama, Angélica Salgado, magíster en farmacología de la Universidad Manuela Beltrán, advierte sobre los riesgos de seguir consejos médicos no profesionales que abundan en plataformas como TikTok o Instagram y las claves para informarse bien."Desafortunadamente, el uso de las redes sociales le ha dado foco a muchas personas que no tienen la formación y la capacitación como para dar información verídica", señala Salgado en entrevista con Blu Radio, alertando sobre una tendencia cada vez más peligrosa: la automedicación impulsada por contenido viral.Uno de los puntos más críticos que destaca Salgado es la generalización de los consejos médicos. A través de vídeos cortos y estéticamente atractivos, se presentan productos o rutinas que supuestamente benefician a todos. Pero eso está lejos de ser cierto."Ese video es genérico y hace pensar a todos que ese producto es milagroso, que le sirve a todo el mundo y eso no es cierto", afirma. El cuerpo humano tiene necesidades particulares que dependen de múltiples factores como la edad, el sexo, el nivel de actividad física y las condiciones médicas preexistentes. Incluso el simple consumo de agua puede volverse contraproducente si se hace sin control.Claves para informarse bien sobre salud en redes socialesLa clave para informarse correctamente sobre salud en redes sociales es saber a quién se escucha y cómo se comunica la información. Pero no basta con que quien hable tenga un título profesional. “Debe hablarme con evidencia científica, debe hablarme con calidad en la información. No puede ser solo una opinión”, puntualiza. La ciencia no se sustenta en experiencias personales aisladas, sino en estudios controlados y validados, señaló Salgado.Salgado también recalca la necesidad de un consumo responsable de contenido. Aunque puede despertar curiosidad o interés, un video en redes no sustituye la consulta médica..La salud es un proceso complejo que no se puede reducir a soluciones virales. “La nutrición no se trata solo del alimento y sus nutrientes, sino de la sensación y la relación que yo tengo con la comida, de las cantidades y de las necesidades que yo tengo”, añade, recordando que cada organismo es único.Por lo tanto, la facilidad con la que se comparte contenido en redes sociales obliga al usuario a ejercer un rol activo y crítico. Identificar las fuentes, verificar la formación del emisor y desconfiar de los mensajes absolutistas o milagrosos son medidas básicas para proteger la salud. La automedicación, los remedios caseros mal aplicados y el seguimiento ciego a influenciadores no especializados pueden tener consecuencias irreversibles."Nos estamos poniendo en riesgo", concluye Salgado. "La responsabilidad es de todos: de quienes crean contenido, pero también de quienes lo consumen".
La crisis en el sistema de salud de Colombia sigue siendo motivo de preocupación, ya que la disfunción crónica del sector ha llevado al cierre de unidades asistenciales y a una creciente deuda financiera. Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (ACHC), abordó el tema en La de Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas, donde explicó la gravedad de la situación actual, que, aunque no comenzó recientemente, se ha agravado en los últimos meses. Según Giraldo, “esto no es algo nuevo. Es un asunto crónico de disfunción del sistema de salud, pero indudablemente ha tenido una agudización en el tiempo reciente”.Giraldo detalló que la situación financiera es uno de los elementos clave en la crisis, con una deuda acumulada que asciende a 20,3 billones de pesos colombianos. Este déficit financiero está causando graves impactos en la operatividad de hospitales y clínicas, quienes tienen dificultades para pagar nóminas y adquirir insumos médicos esenciales. No obstante, Giraldo explicó que el problema se ve agravado por la incertidumbre y lentitud de las EPS en cumplir sus obligaciones. Para él, situaciones como esta tienen origen en problemas estructurales que el sector enfrenta desde hace dos décadas. “Las EPS no cumplen plenamente con sus indicadores desde hace más de diez años. Se les dio plazo para cumplir, pero no se logró la mejoría interna”, explicó el directivo en referencia al complicado panorama financiero.En relación con los cierres hospitalarios, Giraldo precisó que, aunque no es común que las instituciones cierren de forma “brutal”, se han registrado ajustes graduales en los servicios prestados. “Cuando se cierran servicios, primero se tramitan los permisos y registros necesarios”, comentó en la entrevista, agregando que en el último año se registró una disminución general de servicios hospitalarios, aunque algunos han logrado recuperarse. Sin embargo, advirtió que si no se implementan medidas inmediatas, podrían acelerarse los cierres de más unidades e incluso de hospitales enteros.La intervención de las EPS tampoco parece ser una solución viable según el análisis realizado por Giraldo. Incluso, afirmó que “ninguna de las intervenciones ha sido exitosa”. Explicó que las EPS intervenidas no reciben los recursos necesarios para su recuperación, lo que termina agravando la situación financiera y generando “una especie de gimnasia financiera que al final del día no va a tener buen resultado”. Actualmente, las EPS intervenidas concentran 10 billones de pesos de la deuda total acumulada.Giraldo también enfatizó que el actual gobierno de Colombia debe asumir su parte de responsabilidad en abordar la coyuntura del sector. Aunque resaltó que los problemas vienen de años atrás, señaló que el Gobierno no puede limitarse a impulsar una reforma al sistema sin atender las necesidades inmediatas. En este sentido, explicó que “la coyuntura es una realidad y la reforma es una expectativa. Las dos cosas se tienen que hacer simultáneamente. La coyuntura la tienen que tratar con un plan extraordinario de liquidez”.Los desafíos de la reforma al sistema de saludEl Gobierno, por su parte, ha defendido que el colapso del sistema no es atribuible únicamente a su gestión y que la crisis estructural existía desde antes. Según Giraldo, la polarización en torno a la discusión de la reforma plantea dificultades adicionales, aunque reconoció que el texto más reciente del proyecto de ley incluye algunos elementos positivos. Declaró que “hay algunas cuestiones que pueden ayudar en este inmediato plazo y a hacer una transición, sobre todo en el tema financiero”, pero insistió en que el énfasis debe estar en atender la crisis actual.Mientras las clínicas y hospitales luchan por mantenerse operativos, el impacto se extiende también al personal de salud y, por supuesto, a los pacientes, que ven reducido su acceso a servicios de calidad. Preocupante es el hecho de que muchas instituciones podrían verse obligadas a retirarse de las redes de EPS debido a las crecientes deudas, según advirtió Giraldo.En este complejo panorama, el sistema de salud colombiano enfrenta dos frentes de batalla: resolver problemas operativos inmediatos y alcanzar una reforma estructural que permita prevenir crisis futuras. Con un déficit financiero que aumenta y servicios esenciales que disminuyen, la urgencia ya no puede ser ignorada. Como Giraldo concluyó en Blu Radio “si estas deudas siguen creciendo, las dificultades se extenderán tanto a la población como al propio talento humano de salud”.Escuche la entrevista completa acá:
Tras el anuncio del Ministerio de Salud sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2024, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, expresó su profunda preocupación por la suficiencia financiera del sistema. El ajuste definido por el Gobierno Nacional establece un aumento del 9,03% para el régimen contributivo, una cifra que el gremio considera insuficiente frente a las necesidades reales de atención de los colombianos,.Un aumento "exiguo" frente a la realidad del gastoPara las EPS del régimen contributivo, el incremento del 9,03% resulta "exiguo", "tímido" e "inconsistente" con el nivel de consumo de servicios de salud que se observa actualmente,. Según Vesga, los cálculos técnicos indicaban que se requería un aumento superior al 17% para cubrir la demanda y el impacto del nuevo salario mínimo, el cual afecta directamente más del 40% del gasto en salud en el país.Esta insuficiencia financiera no es solo una cifra técnica, sino que se traduce en la profundización de una crisis que los ciudadanos ya perciben a través del cierre de servicios y dificultades en la entrega de medicamentos. La presidenta de Acemi advirtió que el sistema arranca el año con un déficit proyectado de cerca de 5 billones de pesos solo para mantener los empleos de los más de 500.000 trabajadores de la salud que ganan un salario mínimo o cifras cercanas a este.El sistema en "sobregiro" financieroLa situación financiera del sector es crítica. Vesga estima que el sistema arrastra un rezago acumulado que podría superar los 30 billones de pesos al cierre de 2025, una cifra equivalente a dos reformas tributarias. "Si no hay una medida de estabilización profunda... vamos a seguir viviendo en sobregiro, andando con el tanque de reserva del carro", afirmó la dirigente gremial.Este estado de insolvencia afecta la operatividad de hospitales, laboratorios y proveedores, quienes terminan atendiendo "a media marcha" debido a la falta de flujo de recursos.La brecha entre regímenes y el peso del hospital públicoResulta paradójico para el gremio que, mientras al régimen contributivo se le asignó un 9,03%, el régimen subsidiado recibió un incremento del 16,48%. Si bien esto responde a una orden de la Corte Constitucional para equiparar las primas, Vesga señala que el 60% de la contratación en el régimen subsidiado se realiza con hospitales públicos, los cuales suelen tener una fuerte injerencia política,.Desacato y regreso a la Corte ConstitucionalUno de los puntos más polémicos ha sido la negativa del Gobierno a reconocer un ajuste retroactivo de la UPC desde el año 2021, a pesar de las mesas de trabajo ordenadas por la Corte Constitucional. Según relató Vesga, tras meses de silencio, el Ministerio de Salud notificó de manera unilateral que el sistema había estado "bien financiado" y que no habría reajustes adicionales.Ante lo que consideran un "diálogo de sordos" con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, Acemi anunció que volverá a la Corte Constitucional para denunciar lo que perciben como un desacato a las órdenes judiciales y una falta de voluntad técnica para salvar el sistema.Escuche aquí la entrevista:
La caída del cabello es, sin duda, una de las preocupaciones más frecuentes entre los hombres a medida que avanzan los años. Aunque la genética sigue siendo el principal factor en la mayoría de los casos, cada vez hay más evidencia que apunta a que los hábitos diarios, especialmente lo que se consume, también influyen de manera directa en la salud capilar.En ese contexto, una investigación realizada por la Universidad de Tsinghua, en China, y publicada en la revista Nutrients, puso sobre la mesa una relación que ha abierto un debate inesperado: el consumo frecuente de ciertas bebidas populares podría estar asociado con un mayor riesgo de calvicie masculina. El estudio aclara que no se trata de una causa directa, pero sí de un vínculo que merece atención, sobre todo por la frecuencia con la que estos productos hacen parte de la rutina diaria.¿Bebidas azucaradas, responsables de la calvicie?El análisis señala que las bebidas azucaradas y los energizantes estarían relacionadas con la pérdida de cabello, principalmente por su alto contenido de azúcar. El consumo excesivo de este componente puede generar resistencia a la insulina, afectar la circulación sanguínea y, con el tiempo, debilitar los folículos pilosos.Los datos también muestran que la alopecia no es un problema exclusivo de edades avanzadas. Aunque cerca del 50 % de los hombres empieza a notar la pérdida de cabello hacia los 50 años, alrededor del 25 % la experimenta desde los 21. Además, el estudio encontró que aproximadamente el 42 % de los consumidores habituales de bebidas energizantes tiene mayores probabilidades de presentar caída capilar.Este panorama resulta llamativo si se tiene en cuenta la popularidad de este tipo de bebidas entre jóvenes y adultos, especialmente en jornadas laborales extensas o rutinas de alto desgaste físico y mental.Por qué el consumo de estas bebidas afecta la salud del cabelloLos investigadores explican que el impacto no se limita únicamente al azúcar. Otros componentes presentes en estas bebidas también influyen en el ciclo de crecimiento del cabello y en la salud del cuero cabelludo, entre ellos:Exceso de Azúcar: El alto consumo de azúcar puede desencadenar la vía de los polioles, resistencia a la insulina, estrés oxidativo e inflamación, todo perjudicial para los folículos pilosos y la salud general.Cafeína y Aditivos: Estos componentes pueden afectar el ciclo natural del crecimiento del cabello y desequilibrar el cuerpo.Impacto Hormonal: El exceso de azúcar y grasas poco saludables (a menudo acompañantes) puede alterar hormonas, acelerando la caídaA estos factores se suman otros elementos que también influyen en la caída del cabello. Estudios realizados en Estados Unidos indican que la ansiedad frecuente desde los 20 años, asociada al aumento de responsabilidades, puede relacionarse con la pérdida capilar. La falta de sueño y una alimentación poco equilibrada también juegan un papel importante.Especialistas coinciden en que adoptar buenos hábitos —como una dieta balanceada, descanso adecuado y actividad física— no garantiza evitar la calvicie, pero sí ayuda a reducir los factores que pueden acelerarla y a cuidar la salud capilar a largo plazo.
El Ministerio de Salud y Protección Social, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud (INS), emitió un nuevo llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención de la fiebre amarilla durante la temporada de vacaciones, periodo en el que aumenta el desplazamiento de personas hacia zonas consideradas de alto y muy alto riesgo para la transmisión del virus.De acuerdo con las autoridades sanitarias, en lo corrido de 2025 se han confirmado 118 casos de fiebre amarilla en el país, con un saldo de 49 personas fallecidas, distribuidas en diez departamentos. Tolima concentra el mayor número de afectados, ya que desde el inicio del brote en 2024 ha reportado 121 casos y 47 muertes. Entre el 26 y el 27 de diciembre de este año se confirmaron tres nuevos casos, de los cuales dos derivaron en fallecimiento.Ante este panorama, el Ministerio de Salud, en articulación con las secretarías de salud departamentales y municipales, EPS e instituciones prestadoras de servicios de salud, adelanta acciones enfocadas en la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud, la prevención de la transmisión, el manejo integral de los casos y la comunicación del riesgo. Estas medidas buscan contener el brote y reducir el impacto de la enfermedad en la población.Las autoridades informaron que desde septiembre de 2024, cuando se inició el brote, se han aplicado cerca de cinco millones de dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla en todo el territorio nacional, logrando coberturas superiores al 95 % en las zonas de muy alto riesgo. No obstante, insistieron en la importancia de mantener las medidas preventivas, especialmente para quienes viajan durante las vacaciones.El Ministerio recordó que la vacunación es gratuita, se aplica en una sola dosis que protege de por vida y debe administrarse al menos diez días antes de la exposición al virus. Además, recomendó el uso de repelente, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, mosquiteros y la eliminación de criaderos de zancudos como acciones complementarias para prevenir la enfermedad.
Tras la decisión de Colsubsidio de dejar de dispensar medicamentos en los territorios en los que tenía contrato en el país, la Nueva EPS, a través de un comunicado, anunció a los nuevos gestores farmacéuticos que garantizarán la continuidad en la dispensación de medicamentos en Colombia."La entidad activó de manera inmediata un plan de contingencia para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos, a través de los gestores: Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas. De esta manera, los nuevos operadores definidos deberán garantizar la entrega en los 11 departamentos del país en los cuales Colsubsidio tenía asignados a 1.642.000 afiliados", explicaron. Afiliados que se encuentran concentrados en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Huila, Tolima, entre otros; buscando, según la entidad, "fortalecer el sistema" para no depender de un solo gestor y poder tener un acceso oportuno, continuo y equitativo de los medicamentos a nivel nacional."Como todo nuevo proceso, esta nueva red se irá acoplando para garantizar una entrega oportuna y sin impacto. Lo importante será superar las dificultades que esta situación haya podido generar en el menor tiempo posible mientras se consolida el nuevo esquema de dispensación de medicamentos", añadieron.Así funcionará la distribución de medicamentos de la Nueva EPSCundinamarca: 199.091 personas | 13 municipios | Cafam / MedicQuindío: 52.755 | 1 | MedicHuila: 134.801 | 1 | DiscolmetsBoyacá: 159.121 | 5 | DiscolmetsCaquetá: 25.664 | 1 | FarmedicallCasanare: 40.636 | 1 | DiscolmetsAntioquia: 335.453 | 21 | Tododrogas / MedicMedellín: 210.085 | 1 | Tododrogas / MedicBogotá: 248.324 | 1 | Cafam / AudifarmaTolima: 93.318 | 2 | MedicValle del Cauca: 104.162 | 2 | MedicMeta: 39.530 | 1 | Discolmets"Los gestores farmacéuticos que ya tienen puntos de dispensación iniciarán la habilitación gradual de nuevas sedes de ser necesario, con el propósito de brindar una respuesta oportuna, eficiente y centrada en las necesidades de los afiliados. Las direcciones, horarios y modalidades de entrega serán confirmados, tan pronto contractualmente quede definido el proceso", aclararon.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) dio a conocer su respuesta oficial a las observaciones presentadas por Acemi en relación con dos informes técnicos: el contraste de información de prestación de servicios a personas con estado de afiliación fallecido y el contraste de registros de medicamentos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).En el documento, la Adres explicó que el análisis sobre servicios prestados a personas fallecidas se realizó con base en la “fecha de prestación del servicio”, dato que las EPS reportan al Ministerio de Salud y Protección Social para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Según la entidad, este campo no corresponde a fechas de autorización, radicación o facturación, sino al momento en que efectivamente se presta el servicio, por lo que las inconsistencias detectadas no pueden atribuirse únicamente a rezagos administrativos.La Adres indicó que el cruce de información con la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) permitió identificar registros de servicios reportados después de la fecha de fallecimiento, incluidos casos con diferencias superiores a un año. La entidad sostuvo que la actualización oportuna de las bases de datos es responsabilidad de las EPS y que la calidad de la información es un elemento central para la sostenibilidad del sistema de salud y para la correcta definición de la UPC.En cuanto al informe sobre medicamentos, la Adres respondió a las observaciones de Acemi relacionadas con el aumento de los valores reportados entre 2022 y 2023, señalando que el contraste se realizó sobre periodos comparables del Plan de Beneficios en Salud.De acuerdo con la entidad, el análisis evidenció incrementos en cantidades y valores reportados, así como inconsistencias frente a la información disponible en otras bases del sistema, como los registros sanitarios y los reportes de comercialización.La Adres también explicó que el contraste incluyó la verificación del cumplimiento de la regulación de precios de medicamentos para la vigencia analizada y que los resultados se elaboraron con base en la información suministrada por las propias EPS. En este punto, la entidad precisó que su función no es corregir los datos reportados, sino analizarlos y advertir posibles inconsistencias para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.Finalmente, la administradora señaló que los hallazgos fueron puestos en conocimiento de los organismos de inspección, vigilancia y control, y reiteró su compromiso de fortalecer el uso de herramientas de analítica de datos para mejorar la trazabilidad y la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud.
A partir del 1 de enero de 2026, Colsubsidio dejará de dispensar medicamentos a los afiliados de Nueva EPS, una situación que mantiene en incertidumbre a millones de usuarios del sistema de salud, especialmente a quienes requieren tratamientos permanentes para enfermedades de alto costo.La medida se da pese a que, hace apenas dos meses, Colsubsidio y la entonces agente interventora de Nueva EPS, Gloria Polanía, habían llegado a un acuerdo de pago con el fin de evitar la suspensión del servicio. No obstante, tras la llegada del nuevo agente interventor, Luis Óscar Gálvez, las droguerías anunciaron que no continuarán con la dispensación debido a deudas pendientes con la entidad.Según lo informado, más de 11 millones de afiliados se verán afectados en 2026. Hasta el momento, Nueva EPS no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la contratación de un nuevo dispensario ni sobre las medidas de contingencia para garantizar la entrega de medicamentos, lo que incrementa la preocupación entre los usuarios.Esperanza Arias, representante de los pacientes de nueve EPS, advirtió que la situación ya tiene efectos graves en varias regiones del país. Señaló que en la región Caribe se encuentran suspendidos los servicios de dispensación por parte de Ético Serrano debido a la falta de acuerdos de pago y al incumplimiento de compromisos, lo que ha provocado la interrupción de tratamientos en pacientes trasplantados, con enfermedades huérfanas y con cáncer.De acuerdo con Arias, esta situación ha generado congestión en los servicios de urgencias, descompensación de pacientes y un riesgo directo para la vida de quienes dependen de medicamentos de alto costo. Añadió que la decisión de Colsubsidio de dejar de entregar medicamentos en varios departamentos del país a partir de enero profundiza la angustia de los usuarios por la falta de un tratamiento oportuno y la interrupción de terapias en curso.La representante de los pacientes aseguró que ha intentado comunicarse con el agente interventor de Nueva EPS, quien le habría indicado que la entidad evalúa qué prestador asumirá la dispensación de medicamentos. Sin embargo, afirmó que hasta ahora no existe información clara sobre quién entregará los medicamentos, en qué condiciones se hará ni si se responderá por los pendientes acumulados a la fecha.Mientras tanto, Colsubsidio reiteró que solo garantizará la entrega de medicamentos hasta el 31 de diciembre de 2025. La ausencia de definiciones oficiales mantiene en vilo a miles de usuarios que, en medio de las festividades de fin de año, manifiestan preocupación por la continuidad de sus tratamientos y por el riesgo que representa una posible interrupción en su atención en salud.
En Colombia, la expectativa por el rumbo del sistema de salud sigue latente tras el hundimiento de la reforma impulsada por el Gobierno Nacional, que prometía mejoras tanto para los usuarios como para los trabajadores del sector. En medio de ese escenario de incertidumbre, un nuevo frente de inconformidad se abre paso desde las universidades y los hospitales del país a pesar de ser aprobado en la reforma laboral.Los estudiantes de medicina anunciaron un plantón nacional para este 29 de diciembre, con el objetivo de exigir que el Gobierno garantice los recursos necesarios para el pago de los médicos internos a partir de 2026. La movilización busca que lo aprobado en el papel se traduzca en una realidad concreta para quienes hoy cumplen extensas jornadas sin recibir remuneración.La iniciativa fue presentada por la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, y quedó aprobada dentro de la reforma laboral. Sin embargo, aunque la norma ya existe, los estudiantes advierten que aún falta la reglamentación y, sobre todo, la asignación presupuestal para que el pago sea efectivo.Pago a internos de medicina: estudiantes saldrán a las callesActualmente, los internos de medicina deben cumplir jornadas de tiempo completo en hospitales y clínicas, sin recibir ningún pago durante su último año de formación. Ante esa situación, estudiantes de medicina se concentrarán en 17 ciudades del país, desde el mediodía, en centros de salud, edificios gubernamentales y plazas públicas.Las protestas se realizarán sin afectar la atención en servicios críticos. Quienes estén asignados a urgencias u otros procedimientos vitales no participarán de manera presencial, mientras que quienes no puedan salir a las calles se sumarán a la jornada a través de redes sociales con el numeral #InternosConPagoYa.Estos serán algunos de los puntos de concentración:Bogotá: Ministerio de SaludCartagena: Hospital Universitario del CaribeBarranquilla: Clínica General del NorteCali: Hospital Universitario del ValleMedellín: Hospital Fundación San Vicente de PaulBucaramanga: Hospital Los ComunerosCúcuta: Hospital Erasmo MeozA ellos se suman ciudades como Villavicencio, Ibagué, Manizales, Popayán, Santa Marta, Neiva, Pasto, Pereira, Sincelejo y Valledupar.¿Qué dice la ley sobre el pago a internos de medicina?De acuerdo con Andrés Salcedo, médico y promotor de la iniciativa, el reconocimiento económico ya es ley, pero aún no se ha convertido en una garantía real. “El pago a internos ya es ley, pero falta reglamentación para que sea realidad en 2026. Nos movilizamos pacíficamente para exigir que MinHacienda autorice a MinSalud garantizar el pago”, aseguró.Con la reforma laboral, los médicos internos, que cursan su último año universitario y prestan servicio en hospitales y clínicas con jornadas extensas, recibirán un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual. Además, serán afiliados a los sistemas de salud y pensión, ya que actualmente solo cuentan con cobertura de ARL.El pago estará a cargo del Estado a través del Adres. Según las estimaciones, la inversión superaría los 146.000 millones de pesos para beneficiar a cerca de 8.600 internos, provenientes de 67 facultades de medicina en todo el país. Mientras tanto, los estudiantes insisten en que la movilización es clave para que la norma no se quede, una vez más, en el papel.
Los problemas digestivos suelen pasar desapercibidos hasta que aparecen síntomas claros y, en muchos casos, dolorosos. Uno de los más frecuentes es la aparición de cálculos en la vesícula biliar, una afección que afecta a miles de personas y que, según algunos especialistas, podría prevenirse con hábitos sencillos incorporados a la rutina diaria.¿Qué son los cálculos en la vesícula y por qué aparecen?Los cálculos en la vesícula, también conocidos como cálculos biliares, son depósitos sólidos que se forman en el interior de este órgano, encargado de almacenar la bilis producida por el hígado. Estas formaciones pueden ser muy pequeñas, similares a un grano de arena, o alcanzar tamaños considerables, comparables al de una pelota de golf. Su aparición suele estar relacionada con una acumulación excesiva de colesterol o bilirrubina en la bilis, así como con una evacuación ineficiente de la vesícula.Aunque muchas personas pueden tener cálculos sin presentar síntomas, en otros casos provocan dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos e inflamación, lo que puede derivar en intervenciones médicas o incluso quirúrgicas.El consejo del endocrino Antonio EscribanoEn este contexto, el endocrino Antonio Escribano compartió una recomendación que ha despertado interés en redes sociales y en el ámbito de la nutrición. El especialista sostiene que consumir una cucharada de aceite de oliva en ayunas puede contribuir a reducir el riesgo de formación de cálculos biliares.Según explica, la ingesta de grasa saludable a primera hora del día estimula el funcionamiento del sistema digestivo, especialmente del duodeno y la vesícula biliar. Esta activación favorece la liberación de bilis, evitando que se estanque y se solidifique, uno de los procesos clave en la formación de cálculos.Cómo incorporar el aceite de oliva a primera hora del díaLejos de recomendar métodos tradicionales, Escribano apuesta por formas poco habituales de consumo que faciliten su integración en la rutina matinal. Algunas de las opciones que plantea son:Añadir una cucharadita de aceite de oliva al café con leche para mejorar su mezcla.Tomarlo junto a un vaso de leche.Incorporarlo a una infusión caliente.Consumirlo solo, en pequeñas cantidades, siempre en ayunas.El endocrino insiste en que estas propuestas buscan ampliar las formas de consumo habituales y aprovechar mejor las propiedades del aceite de oliva.Precauciones y límites de esta recomendaciónAunque la idea resulta llamativa, el propio Escribano subraya que no se trata de un tratamiento médico. Esta práctica no es aconsejable para personas que ya padecen cálculos en la vesícula o enfermedades biliares diagnosticadas, ya que podría desencadenar molestias o episodios dolorosos. Además, reconoce que la evidencia científica específica sobre este hábito aún es limitada, por lo que debe entenderse como una medida preventiva y complementaria dentro de un estilo de vida saludable.El especialista también propone alternativas para otros momentos del día. Una de ellas es combinar frutos secos con una cucharadita de aceite de oliva y un toque de miel.
Recientemente han salido a la luz versiones según las cuales el Gobierno de Gustavo Petro estaría evaluando un aumento del salario mínimo del 19 %. Para el gremio laboral, la cifra representa una expectativa positiva, mientras que para el sector empresarial el impacto podría ser considerable. Aunque por ahora no hay una decisión oficial, el debate ya se instaló en distintos frentes económicos y sociales.Ante ese escenario, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habló con Blu Radio y aclaró que el Gobierno aún no ha definido una cifra concreta. Sin embargo, confirmó que se han analizado varios escenarios posibles, siempre dentro de las variables que permite la Constitución y la ley. Según explicó, todavía no hay datos concluyentes, pero ya se está construyendo el decreto del incremento, lo que ha generado tanto expectativas como preocupaciones.Uno de los puntos que más inquieta tiene que ver con la salud, un rubro que podría impactar directamente el bolsillo de los trabajadores y, en especial, de los pensionados, en caso de que el aumento del salario mínimo se materialice.¿Cuánto le descontarían por salud si el mínimo sube un 19 %?Aunque ni el Ministerio de Trabajo ni el Gobierno Nacional han confirmado que el salario mínimo suba un 19 %, tampoco han descartado esa posibilidad. Actualmente, sin contar el auxilio de transporte, el salario mínimo legal vigente es de $1.423.500. Con un incremento del 19 %, este podría ubicarse alrededor de $1.693.965.Si bien la propuesta va en línea con la intención del presidente Petro de dinamizar la economía y mejorar el poder adquisitivo, uno de los efectos colaterales estaría en los aportes a salud que deberán asumir los colombianos a partir de 2026.La legislación establece que el aporte mensual a salud corresponde al 12,5 % del salario. Este porcentaje se divide entre empleador y trabajador: el primero aporta el 8,5 % y el segundo el 4 %. En ese escenario, con un salario de $1.693.965, el trabajador aportaría cerca de $67.758, mientras que el empleador asumiría $143.987, para un total de $211.745.Esto deberían pagar los pensionados por saludEn el caso de los pensionados, el parágrafo 5 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993 señala que a quienes reciben un salario mínimo solo se les descuenta el 4 %, es decir, $67.758. Por su parte, la Ley 2381 de 2025 establece que quienes perciban más de un salario mínimo y hasta dos SMMLV aportan el 10 %, y quienes ganan más de tres salarios mínimos, el 12 %.¿Cuánto costaría la cuota moderadora en 2026?Otro punto clave es la cuota moderadora. Antes, su aumento estaba ligado al salario mínimo, pero con la Ley 2294 de 2023 el cálculo pasó a regirse por la Unidad de Valor Básico (UVB). Esto implica que el ajuste depende de la inflación sin alimentos ni regulados, certificada por el DANE.Para 2025, Corficolombiana estimó esta inflación en 4,92 %, aunque expertos prevén que cierre alrededor de 5,3 %. Así, si hoy una cuota moderadora cuesta $4.700, en 2026 podría subir a cerca de $4.949.
El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en Colombia continúa en aumento durante la actual temporada decembrina y ya supera, antes de que termine el año, el total de casos registrados en 2024. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el viernes 26 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, se reportaron 904 personas lesionadas en el país, una cifra que supera los 801 casos contabilizados durante toda la temporada del año pasado.Del total de casos reportados en Colombia, 283 corresponden a menores de edad, lo que representa casi un tercio de los lesionados, mientras que 264 adultos resultaron heridos bajo los efectos del alcohol, una combinación que las autoridades consideran especialmente peligrosa durante las celebraciones de fin de año.Los departamentos y ciudades con mayor número de casos son Antioquia, que encabeza la lista con 132 personas lesionadas; seguido por Bogotá, con 81 casos; Norte de Santander, con 58; Cundinamarca, con 49, y Atlántico y Cauca con 47 casos cada uno. En el listado también aparecen Barranquilla, con 37 lesionados; Santander y Valle del Cauca, con 32 cada uno, y Nariño registra 31 casos.Las autoridades han reiterado que ningún tipo de pólvora es segura y que, incluso, los elementos considerados “pequeños” o “tradicionales” pueden provocar quemaduras severas, amputaciones y daños oculares irreversibles.Quemados en BogotáEn el caso de la capital del país, la Secretaría Distrital de Salud informó que, con corte a las 2:00 de la tarde del viernes 26 de diciembre, la cifra de personas lesionadas por pólvora en esta temporada decembrina ascendió a 81 casos. Aunque este número representa una reducción frente a la temporada anterior, las autoridades advierten que la cifra sigue siendo preocupante, especialmente por la afectación a niños y adolescentes.Del total de casos registrados en Bogotá, 20 corresponden a menores de edad. En varios de estos casos, los menores resultaron lesionados mientras observaban la manipulación de pólvora por parte de adultos o en contextos donde no existía la supervisión adecuada.En Bogotá, las lesiones más frecuentes continúan siendo quemaduras en manos, rostro y ojos, así como laceraciones y contusiones que, en algunos casos, requieren procedimientos quirúrgicos y largos procesos de recuperación.Ante este panorama, tanto el Instituto Nacional de Salud como las secretarías de salud departamentales y municipales reiteraron el llamado a no manipular pólvora, a denunciar su venta ilegal y a priorizar celebraciones seguras durante los últimos días del año.