Salud: actualidad en Colombia y el mundo

Una nueva controversia enfrenta al Ministerio de Salud con la Gobernación de Antioquia, luego de que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo calificara al Hospital San Rafael de Itagüí como un “nido de corrupción” supuestamente ligado a la Asamblea Departamental. En respuesta, Martha Cecilia Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia, calificó las declaraciones del alto funcionario como “irresponsables” y aseguró que reflejan una postura “dictatorial” del Gobierno frente a los trabajadores de la salud.“La intimidación es uno de los ejercicios que está utilizando el Gobierno; tiene atragantados a los gerentes de los hospitales y a los trabajadores de la salud. Esas son actitudes dictatoriales que desde la Secretaría y desde la Gobernación no aceptamos”, afirmó Ramírez en entrevista con Mañanas Blu.Las declaraciones del ministro se produjeron durante el Consejo de Ministros del lunes, cuando Jaramillo señaló que varios hospitales de Antioquia habrían sido “entregados al mejor postor” y que el gerente del San Rafael, Luis Fernando Arroyave, tendría familiares en la política. Días antes, Arroyave se había hecho viral al llorar públicamente por las deudas de las EPS que dejaron a su personal sin recibir salario durante cuatro meses.“No hay pruebas de corrupción”La secretaria de Salud rechazó tajantemente los señalamientos de Jaramillo y del presidente Gustavo Petro, quien respaldó las afirmaciones del ministro a través de su cuenta en X. Según Ramírez, el hospital se encuentra en un proceso transparente de saneamiento financiero supervisado por el Ministerio de Hacienda.“Ese es un hospital que cogimos con muchas dificultades, pero llevamos dos años de trabajo en un programa de saneamiento fiscal y financiero, con seguimiento del Ministerio de Hacienda. Afirmar que hay corrupción sin denuncia formal es un acto de atrevimiento e irrespeto”, explicó la funcionaria.Ramírez insistió en que ni la Fiscalía ni la Procuraduría registran denuncias vigentes contra el gerente Arroyave o su equipo. Por el contrario, —dijo— la administración actual sí denunció hechos irregulares de gestiones anteriores. “Nosotros sí pusimos en conocimiento de la Fiscalía las anomalías que encontramos en el pasado, pero actuar sin pruebas, como lo hace el ministro, es una calumnia”, agregó.Crisis financiera y deudas millonarias de las EPSEl conflicto político se desarrolla en medio de una situación crítica para el Hospital San Rafael. La institución enfrenta una deuda superior a 22.000 millones de pesos, principalmente por pagos pendientes de EPS intervenidas por el Gobierno nacional, entre ellas Savia Salud y la Nueva EPS.Savia Salud aseguró haber girado más de 18.700 millones de pesos durante 2025, cifra que, según sus registros, representa más del 80% de lo radicado por el hospital ese año. Sin embargo, Arroyave sostiene que las demoras en las conciliaciones de facturas impiden un flujo real de recursos. La Nueva EPS, por su parte, anunció un giro extraordinario de 1.500 millones de pesos para aliviar parcialmente la crisis.Mientras tanto, el personal médico, de enfermería y servicios generales continúa reclamando salarios atrasados, situación que ha provocado protestas y visibilización en redes sociales. “Los trabajadores de la salud no están pidiendo regalos, solo exigen que se les pague su trabajo. No se puede ridiculizar el sufrimiento de quienes sostienen el sistema, expresó Ramírez, cuestionando la respuesta del ministro cuando ironizó con la frase ‘los ricos también lloran’”.Choque político en AntioquiaEl episodio también ha reavivado tensiones entre el Gobierno nacional y la administración departamental de Andrés Julián Rendón, del Centro Democrático. Aunque Jaramillo aludió a presuntas redes clientelistas en hospitales antioqueños, Ramírez negó que la gestión departamental tenga vínculos indebidos. “El presidente viene de un ejercicio político; su ministro también. Carecen de autoridad moral para acusar de politiquería a Antioquia”, sostuvo.Analistas consideran que estas declaraciones profundizan la distancia entre la Nación y el departamento en un momento crítico para la red pública hospitalaria. El pulso entre Bogotá y Medellín se da además en medio de la incertidumbre por la reforma a la salud, que el Congreso aún no ha definido.Estado de Derecho y llamado al respeto institucionalFinalmente, Ramírez apeló a la institucionalidad: “Si el Gobierno tiene pruebas de corrupción, que las presente ante las autoridades. Pero no puede salir a intimidar a quienes defienden la salud pública”. La funcionaria insistió en que las intervenciones políticas sin sustento técnico dañan la moral del personal de salud y ponen en riesgo la sostenibilidad de los hospitales.La polémica continúa mientras el Ministerio de Salud mantiene silencio sobre posibles denuncias formales y los trabajadores del Hospital San Rafael esperan que las entidades del Estado prioricen los giros pendientes para superar una crisis que, más allá de la política, golpea directamente a médicos, enfermeras y pacientes del sur del Valle de Aburrá.

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Esto solo se puede hacer si las deudas no están vencidas ni se pone en riesgo la atención de los pacientes. El Ministerio de Salud había preguntado si el principio de anualidad (que normalmente obliga a usar el dinero solo en el año en que se recibe) aplica a la UPC.

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