La Vicerrectoría de la Universidad Nacional confirmó el pasado domingo 15 de febrero que llegaron más de 700 personas a la Ciudad Universitaria; estas habrían arribado en 17 buses hacia las 7:00 de la mañana.De acuerdo con lo revelado, en los buses venían personas de comunidades afrodescendientes y campesinas que hacen parte de 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).Ante ello, la solicitud para alojarse dentro del campus fue denegada, al declarar que la Universidad no cuenta con condiciones adecuadas para el alojamiento de personas en sus instalaciones.Los consejos comunitarios y la guardia indígena salieron a las calles este lunes; se ha reportado que se tomaron entidades como la Universidad Nacional, el Ministerio de Educación, el DANE, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).Consejos comunitarios se tomaron la ciudadDe acuerdo con lo revelado por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, las movilizaciones impulsadas por ACONC iniciaron en horas de la mañana del lunes 16 de febrero, lo que ha generado afectaciones en varios puntos de la capital.Algunos manifestantes se ubican en las puertas del Ministerio de Educación y de la ANT, lo que ha impedido la evacuación de las personas que se encuentran en el interior del recinto.De hecho, varios funcionarios y empleados de la Rama Judicial revelaron que integrantes de las comunidades indígenas habrían bloqueado puertas para impedir el acceso y la salida de la sede judicial en Bogotá: "La guardia afro nos tiene secuestrados en los juzgados administrativos".Ante eso, las autoridades han realizado trabajos de sensibilización para evitar bloqueos en los accesos; aunque los voceros han señalado que no quieren apoyo de entidades distritales, sino que requieren la presencia de entidades del orden nacional.Por su parte, en la Universidad Nacional todavía se mantiene el monitoreo preventivo en la parte externa del edificio Uriel Gutiérrez, aunque no se evidencian aglomeraciones ni situaciones que puedan representar afectaciones a la movilidad.En la carrera 30 con calle 26 también se adelantan monitoreos preventivos, pero hacia las 11 de la mañana no se registraban concentraciones ni novedades que afectaran la movilidad.
Una escena de violencia generó alarma en la localidad de Chapinero, en Bogotá, donde un grupo de hombres armados con cuchillos de gran tamaño protagonizó una riña en vía pública, según confirmaron las autoridades, por una gorra. El hecho, ocurrido en la madrugada del domingo, quedó registrado en video y muestra momentos de tensión entre varias personas en plena calle 45 con carrera 13.En las imágenes se observa a varios hombres intimidando a otros ciudadanos con armas blancas de gran tamaño. Incluso, en uno de los momentos más impactantes, uno de los implicados golpea su cuchillo contra el suelo, generando chispas, mientras otro aparece con sangre visible en su ropa, lo que aumentó la preocupación entre quienes presenciaron el altercado.El video también muestra la reacción de una mujer que atendía un puesto de comida en el sector, quien intervino con un palo al notar que, al parecer, intentaban agredir a un hombre que había tropezado y caído al suelo. La escena ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios cuestionan la falta de presencia de autoridades en una zona concurrida de la ciudad.Tras la difusión del material, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el hecho sí ocurrió y que, según las primeras versiones, se trató de una discusión entre personas que estaban en el lugar. Sin embargo, indicó que no hay reportes oficiales de personas lesionadas ni fallecidas, pese a que en el video se observan individuos con aparentes heridas y manchas de sangre.
Luego de varios intentos y años de espera que tenía a la comunidad cansada, finalmente, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que iniciaron las obras de uno de los puentes que daría alivio al norte de Bogotá.El director del IDU, Orlando Molano, aseguró que esta vez el proyecto del puente peatonal de la calle 112 con carrera novena, en la localidad de Usaquén finalmente tiene luz verde a iniciarán sus obras correspondientes.Puente de la calle 112: ¿cuándo será entregado?La obra que hace parte del Acuerdo de Valorización 724 de 2018 y beneficiara a más de 76.000 personas que transitan diariamente por este corredor del norte de Bogotá.El nuevo puente será una estructura metálica de 223,5 metros de longitud y tres metros de ancho, obras que contará con:Rampas en ambos costados.Escaleras en el costado oriental.Un gálibo entre 5,79 metros sobre la vía y 7,39 metros sobre el corredor férreo.La inversión del proyecto supera los 24.000 millones de pesos y el responsable de llevarlo a cabo será el Consorcio Puente Epsilon, con interventoría del Consorcio InterBogotá CPG.Ahora bien, las obras iniciaran con actividades de descapote, tratamientos silviculturales, demolición de pilotes y carpeta asfálticas esxistentes, además de la instalación de redes de alcantarillado y de acueducto adecuado a la obra, por lo que, se espera que de cumplir el cronograma de manera adecuada, la obra estaría en servicio en el año 2027.¿Por que se ha demorado la obra? Tropiezos desde el 2020El puente tiene una historia de tropiezos, pues inicialmente fue adjudicado en marzo de 2020 y debía ser entregado en 2021. Sin embargo, el primer contratista no cumplió con la obra. Luego fue cedido en 2022 y el responsable tampoco concluyó el proyecto en 2023.El IDU sancionó económicamente a las empresas y declaró la caducidad del contrato y tomó posesión de la obra en 2023, pero para ese año, una licitación fue declarada desierta por falta de oferentes.Para octubre de 2024, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán adjudicó nuevamente el proyecto. Ahora, tras la etapa de preconstrucción en 2025, finalmente la fase constructiva arrancó en enero de 2026.Con esto se busca finalmente cumplirle a los bogotanos que día a día se enfrentan a afectaciones en la movilidad debido a los múltiples frentes de obras que se presentan en la ciudad, ahora los vecinos de la calle 112, esperan que tras más de 5 años de espera, finalmente el proyecto se logre concretar.
La noche del 11 de febrero, un ataque armado en la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá, dejó dos personas muertas: el empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón. De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, el hecho fue un crimen “totalmente planeado” y ejecutado con seguimiento previo a las víctimas. El ataque ocurrió en inmediaciones de un gimnasio del sector, una de las zonas comerciales más transitadas de la capital.Las autoridades informaron que el sicario vestía traje y corbata para pasar desapercibido y permaneció alrededor de 15 minutos en el lugar antes de disparar. Según las imágenes recopiladas por cámaras de seguridad, el hombre habría recibido una llamada segundos antes de accionar el arma. Tras el doble homicidio, los responsables huyeron en motocicleta por la carrera Séptima, lo que activó un plan candado en la zona y un operativo de búsqueda apoyado en registros de video y testimonios.Aponte Fonnegra era reconocido en el sector agroindustrial como propietario de la marca Arroz Sonora y directivo de la empresa de empaques Flexo Spring. También lideraba la Fundación Aponte Rojas. Familiares del empresario aseguraron que no había reportado amenazas recientes y pidieron celeridad en las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen. "Yo necesito saber por qué mataron a nuestro hijo. Ustedes se podrán imaginar el dolor de padre, el dolor de madre. Nosotros somos una familia pequeña, dos hijos cada uno con sus nietos. Gustavo Andrés, una persona fuera de serie, todo el mundo lo quería mucho, no tenía enemigos, no sé quién hizo esta maldad", afrimó el padre de la víctima en Noticias Caracol. Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el crimen estaría relacionado con un caso de extorsión, una problemática que, según el gremio arrocero, afecta de manera recurrente al sector. Representantes de esta actividad económica señalaron que los productores han estado históricamente expuestos a este tipo de presiones ilegales, especialmente en regiones donde operan estructuras armadas.De igual forma, se conoció que la víctima había sido secuestrada en la década de los años 90 por grupos guerrilleros, hecho que en su momento marcó su vida personal y empresarial. Este antecedente ahora hace parte de las líneas de investigación que adelantan las autoridades para esclarecer los móviles del crimen.Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el ataque como “milimétricamente planeado” y señaló que equipos especializados de la Policía y la Fiscalía trabajan en la identificación de al menos cuatro personas que habrían participado en la acción criminal.
La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el aumento del salario mínimo en 23% abrió un intenso debate económico y jurídico en el país. Para Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, el fallo evidencia la necesidad de justificar técnicamente una decisión que impacta a millones de trabajadores y empresas.Herrera aseguró que, en el corto plazo, los trabajadores pueden estar tranquilos respecto a sus ingresos. “Seguramente terminaremos el mes de febrero con las mismas condiciones que tenemos al día de hoy”, afirmó, al explicar que el proceso judicial y los tiempos legales hacen improbable un cambio inmediato en el salario.El cuestionamiento central del alto tribunal se relaciona con la forma en que el Gobierno sustentó el incremento. Según el economista, la ley establece criterios claros, como la inflación, la productividad y el crecimiento económico, que deben guiar el ajuste salarial. Con base en cifras del Dane, la inflación en 2025 fue de 5,1% y la productividad de 0,9%, lo que habría llevado a un aumento cercano al 6%. “Si solamente tomáramos estos dos parámetros, estaríamos hablando de 6%, es decir, que entre 6 y 6,05 debería estar el incremento del salario”, explicó Herrera.En su criterio, un aumento superior podría tener efectos negativos. “Parte de la gran preocupación que los economistas tenemos es que si uno supera esos niveles de productividad e inflación, puede contribuir a más inflación”, advirtió.El Consejo de Estado, agregó, no anuló el decreto de inmediato, pero sí exigió al Gobierno justificar claramente su decisión. “El Consejo de Estado necesita un decreto que sea muy claro en cada criterio utilizado”, señaló. Según Herrera, el problema principal es la falta de una explicación cuantitativa sólida: “Lo que está extrañando hoy el Consejo de Estado es que la parte motiva del decreto pareciera nunca haberse justificado claramente de dónde salió el 23%”.El impacto de la medida también preocupa al sector empresarial. Herrera citó estimaciones del gremio Fenalco, que advierten posibles pérdidas de empleo debido al aumento en los costos laborales. “El tejido empresarial en Colombia es 99% pequeñas y medianas empresas, y eso impacta sensiblemente la estructura de costos”, explicó.Para el economista, el principal riesgo es la incertidumbre. “El país necesita certidumbre jurídica, el país necesita confianza inversionista”, afirmó. A su juicio, la inversión y el crecimiento dependen de reglas claras y decisiones sustentadas en criterios técnicos.Mientras el Gobierno evalúa acciones legales y el Consejo de Estado prepara su decisión definitiva, el futuro del salario mínimo permanece en debate. La resolución final no solo definirá el ingreso de millones de trabajadores, sino también la estabilidad económica y la confianza en las instituciones del país.
En medio de la emergencia por inundaciones que mantiene a más de 40.000 familias fuera de sus hogares, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, hizo un llamado a la solidaridad y a la coordinación institucional, luego de que la Comisión de Presupuesto del Concejo negara una solicitud para agilizar el traslado de recursos destinados a la atención de los damnificados.La iniciativa buscaba permitir, por seis meses y exclusivamente en el marco de la calamidad pública, mayor flexibilidad para mover recursos hacia áreas críticas como alimentación, alojamientos temporales, saneamiento, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas. La propuesta no contemplaba nuevos recursos ni endeudamiento, sino reducir trámites que pueden tardar hasta diez días.“Si hoy tuvieras el agua a la cintura, ¿esperarías 10 días para que alguien firme un trámite? Eso fue lo que intentamos evitar. Es mi deber decir con claridad que en una emergencia la rapidez en la ejecución puede marcar una diferencia real para las familias afectadas. El tiempo hoy significa alimentación. Significa techo. Significa seguridad. Significa dignidad. Significa también educación”, expresó el mandatario local al explicar el alcance del proyecto.Kerguelen afirmó que, aunque respeta el análisis jurídico presentado por la Comisión de Presupuesto, la administración continuará actuando dentro del marco legal para atender la emergencia y buscará mecanismos que permitan acelerar la respuesta institucional.“Hay instituciones educativas afectadas. Hay calendarios escolares que requieren atención urgente para no seguir retrasando el proceso académico. Cada día adicional en un alojamiento temporal aumenta las dificultades para muchas familias. Como alcalde, mi prioridad es la gente. Y vamos a seguir actuando dentro del marco legal para atender esta emergencia con la mayor eficiencia posible”, indicó Kerguelen.La Alcaldía recordó que esta emergencia ha afectado a más de 40 mil familias que permanecen fuera de sus hogares y que se necesita atención social especialmente en barrios de la Comuna 1 y 2, así como en la zona rural, incluyendo Las Palomas, Guasimal, Loma Verde y Pueblo Bujo.Kerguelen aseguró que seguirá gestionando los traslados presupuestales necesarios y que insistirá en herramientas que faciliten una atención más rápida y eficaz a las comunidades afectadas por las inundaciones.
Sala de Prensa aborda una agenda marcada por economía, política, crisis humanitaria y testimonios que ponen rostro a las cifras. En esta emisión del domingo 15 de enero de 2026, el análisis y la reportería se cruzan para explicar decisiones clave de Colombia y realidades que impactan a miles de personas.Juan Pablo Herrera, decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia, analizó el fallo del Consejo de Estado sobre el salario mínimo y los alcances reales de la emergencia económica.Pedro Viveros, analista político, revisó el panorama electoral, las consultas interpartidistas y las estrategias que empiezan a definir la carrera presidencial.Juan Camilo Restrepo, experto ambiental de la Universidad del Norte, explicó las causas técnicas de las inundaciones en Córdoba y los retos en gestión del riesgo frente al cambio climático.Daniela Pachón, periodista de Noticias Caracol, relató desde terreno la situación de más de 150.000 damnificados y las historias de pérdida y solidaridad.Alejandra Montoya contó su detención de 128 días por el ICE en Estados Unidos y el impacto de ese proceso en su vida familiar.María Antonia, su hija, compartió el miedo y las secuelas psicológicas tras su reclusión, cuyo testimonio se volvió símbolo nacional.Luis Carlos Rueda cerró con cine y entretenimiento, repasando estrenos de cartelera y novedades en plataformas digitales.Escuche el programa completo aquí:
Una triste noticia estremece al departamento de Antioquia luego de que se conociera la muerte de un joven de 16 años que cayó al vacío al no percatarse de los daños que había en el puente que pasa sobre el río Mulatos, esto en el municipio de Necoclí.Al parecer, el adolescente se transportaba en la madrugada de este 15 de febrero en una motocicleta y cayó al abismo, muriendo debido al fuerte impacto. Los vecinos de la zona y acudieron a tratar de socorrer al joven, pero ya el menor de edad había fallecido.Hay que recordar que la infraestructura que pasa sobre el río Mulatos sufrió graves daños debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre el Urabá antioqueño. El puente colapsó y dejó incomunicados a los municipios de Necoclí y San Juan de Urabá.La estructura de cerca de 60 metros de longitud también comunica a los departamentos de Antioquia y Córdoba, por lo que las autoridades investigan cómo ocurrió este hecho, puesto que habitantes de la zona sabían con anticipación las labores que se adelantan en el puente, esto para tratar de habilitar nuevamente el paso vehicular.Recordemos que ya la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo habilitó un puente, por lo que ya la Gobernación de Antioquia adelanta labores en los cimientos y en aproximadamente un mes se instalará la infraestructura para poder restablecer la movilidad sobre esta vía de carácter nacional.En la zona donde ocurrió el incidente, la población civil le ha pedido a las autoridades locales y departamentales para que señales sean más visibles y no se vuelva a ocurrir este tipo de siniestros que hoy enlutan al Urabá antioqueño.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) por medio de un comunicado mencionó que las lluvias persistentes en la cuenca alta del río Sinú podrían generar incrementos significativos en los niveles del río, especialmente en municipios cercanos como Tierralta, Montería y Lorica.Aunque no se esperan volúmenes similares a los registrados a comienzos del mes de febrero, no se descartan desbordamientos en zonas puntuales en las que ya existen antecedentes de inundaciones.El pronóstico indica que la creciente podría transitar desde el embalse hacia la parte media y baja de la cuenca durante el 20 de febrero, con caudales que superarían los 1.100 metros cúbicos por segundo en puntos como Montería y Lorica, antes de disminuir hacia la desembocadura.“Los aportes de caudal al embalse han disminuido con respecto a los valores máximos presentados (...) Sin embargo, las lluvias en la cuenca aportante al embalse se seguirán presentando, por lo que hay que permanecer alerta ante nuevos incrementos de caudal” anunció la Hidroeléctrica Urrá en el comunicado oficial de la mañana del 15 de febrero.La alerta roja continúa vigente debido a que se prevén más lluvias en la cuenca alta del río Sinú durante los próximos días. La hidroeléctrica también informó que mantendrá monitoreo constante tanto del embalse como de los caudales del río, mientras el Ideam sigue evaluando el comportamiento hidrológico.Las autoridades recomiendan a las comunidades ribereñas mantenerse atentas a los comunicados oficiales, reforzar las medidas de prevención y evitar exponerse en sectores con riesgo de inundación.
Por años, lo que ocurría en el antiguo Bronx, en el centro de Bogotá, fue visto como una leyenda urbana. Muchas personas creían que eran historias usadas para asustar y evitar que ingresaran a ese lugar; y es que esos relatos de torturas, asesinatos y prácticas inimaginables eran rumores difíciles de comprobar. Sin embargo, luego de la intervención del 28 de mayo de 2016, varias de esas versiones dejaron de ser un mito para convertirse en realidad.Entre los testimonios más desgarradores está el de Óscar Rosas, quien afirmó para Los Informantes que fue obligado a cocinar carne humana para los ‘Sayayines’.Rosas pasó de ser un chef con proyección internacional a convertirse en habitante de calle. Su relato reconstruye un descenso marcado por el consumo de drogas desde los 13 años, su paso por restaurantes de prestigio en Estados Unidos, Brasil, Italia y Holanda, y un regreso a Colombia con la intención fallida de cambiar de vida.“Era un problema para mi familia. Yo empecé a consumir a los 13 años”, recordó. Su madre le pidió que se fuera del país para cambiar, pero conoció la heroína y la espiral se profundizó.¿Cómo llegó al Bronx y a los ‘Sayayines’?Cuando regresó a Colombia, Óscar quiso empezar de nuevo, pero las cosas no salieron como esperaba. “Llegué a Bogotá porque quería comprar una finca en Tenjo, formar mi familia, dejar las drogas. Solo iba a fumar marihuana”, relató. La idea no duró mucho y terminó consumiendo en el barrio Santa Fe y luego en el Bronx.Para sostener su consumo, empezó limpiando calles, luego vendiendo y pesando droga. Su talento en la cocina despertó interés entre los ‘Sayayines’. “Yo les cocinaba para la novia, cuando nació el hijo, en fiestas privadas”, explicó.El relato dio un giro más crudo cuando habló del lugar donde estuvo encerrado tres años. Describe el momento en que entendió lo que preparaba: “Saco lo que está en la bolsa de cuero, la extiendo. Cojo el ajo, la cebolla, miro bien la carne y era un cuerpo humano completo, sin pies, sin cabeza, sin manos, sin huesos”. Aunque intentó negarse, recibió amenazas. “No solo lo va a cocinar, lo va a probar y se lo va a comer, o si no, nos lo comemos a usted”.Lo que hallaron las autoridades en el BronxEl operativo de 2016 contó con 2.500 uniformados, según reveló Julián Quintana, agente encubierto que alertó sobre desmembramientos para alimentar a habitantes de calle.La intervención también dejó al descubierto túneles, casas clandestinas y redes de explotación sexual. Aunque el relato de Rosas generó dudas al inicio, los hallazgos confirmaron que allí operaban estructuras criminales con altos niveles de violencia.Rosas logró salir luego de intentar quitarse la vida. “Me declararon loco, porque decía que yo comía gente. Decían que fue una mala traba”, contó. Hoy vive en Santander, junto a su esposa, y lidera una fundación para ayudar a personas con adicciones.
Se aproximan las primeras jornadas electorales del año y, en ese contexto, miles de ciudadanos se desplazarán a los puestos de votación para participar en la elección de los integrantes de las dos cámaras del Congreso de la República correspondientes al periodo 2026-2030.En el caso del Senado, se escogerán 103 senadores, mientras que en la Cámara de Representantes se elegirán 183 congresistas. No obstante, para que las personas habilitadas puedan ejercer su derecho al voto es obligatorio presentar el documento de identidad vigente.Esta exigencia puede convertirse en una dificultad para quienes hayan extraviado su cédula, ya que, si solicitaron un duplicado, el proceso de entrega puede tardar alrededor de 20 días antes de recibir el nuevo documento, por lo que, posiblemente, los afectados no logren votar en las elecciones del 8 de marzo.Cuando la cédula de ciudadanía se pierde en Bogotá, existe la posibilidad de que haya sido entregada al Banco de Documentos Extraviados, administrado por la Secretaría de Gobierno.Antes de iniciar el trámite para obtener un duplicado, se recomienda verificar en el sistema del banco, ya que el documento puede recuperarse sin ningún costo. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, cada semana llegan miles de documentos extraviados a esta entidad.Con corte al 14 de febrero del presente año, se reportan 2.480 documentos bajo custodia, de los cuales 1.631 corresponden a cédulas de ciudadanía que aún esperan ser reclamadas por sus propietarios.¿Cómo consultar y recuperar la cédula en el Banco de Documentos Extraviados?A continuación, se detalla el procedimiento para reclamar la cédula u otro documento perdido que se encuentre en el banco de la entidad:Ingresar al sitio web oficial de la Secretaría de Gobierno.Verificar en la plataforma si la cédula se encuentra registrada.Realizar el registro y programar una cita.Acudir personalmente a la sede ubicada en la calle 11 # 8-17 para reclamar el documento.Es fundamental precisar que el trámite para recuperar la cédula es completamente gratuito, no requiere intermediarios ni implica pagos adicionales. Asimismo, las personas deben presentar una copia de algún documento que permita confirmar su identidad.La mayoría de las cédulas que llegan al banco lo hacen gracias a la solidaridad de los bogotanos; sin embargo, estos documentos solo se conservan durante un periodo máximo de 60 días.
La muerte de Erika Jimena Moreno, una joven trabajadora de 22 años, es materia de investigación en Tunja, Boyacá, luego de que su cuerpo fuera hallado en el apartamento donde residía con su pareja sentimental. Los hechos se remontan al 29 de diciembre de 2025, día en que, según el relato de su padre en entrevista con En Privado Podcast, Faustino Moreno, fue vista con vida por última vez. Don Faustino recordó así esa mañana: "Se baña, se arregla, se peina, se pone bonita y se va... me dice: 'Papá, présteme para el transporte que no tengo'". Tras entregarle 5.000 pesos, la despidió sin imaginar que sería el último contacto.De acuerdo con las cámaras de seguridad del sector, la joven ingresó a su apartamento hacia las 5:00 p.m., “feliz con una bolsa”, y desde ese momento no volvió a ser vista saliendo del lugar. La Fiscalía investiga lo ocurrido dentro de la vivienda durante los seis días siguientes, periodo en el que, presuntamente, su pareja, Walter Camilo Medina Rojas, habría acabado con su vida el mismo 29 de diciembre y permanecido en el inmueble.El padre de la víctima aseguró que el señalado responsable continuó con su rutina habitual mientras el cuerpo permanecía en el apartamento. "Convivía con el cuerpo así normal como si nada, la gente lo veía, él comía delante del cuerpo", relató. Además, indicó que durante esos días el hombre habría utilizado el celular de Erika para enviar mensajes y evitar sospechas. "Él se hacía pasar por ella... pero la forma como escribe, la forma como devuelve los mensajes no son de ella", explicó.El hallazgo se produjo el domingo 4 de enero, hacia las 6:30 p.m., cuando Faustino acudió al apartamento acompañado de la Policía ante la falta de respuestas claras. "En ese momento es cuando yo encuentro el cuerpo de mi hija... yo veo que son las zapatillas de ella porque es que ya está envuelta", narró. Según su testimonio, el cuerpo estaba en el suelo, cubierto con sábanas y cobijas. "La veo muy gorda... de tanto tiempo que ya llevaba el cuerpo se hincha, se inflama... yo sabía, dije: 'es mi hija'", agregó.Las autoridades informaron que Medina Rojas fue captado por cámaras de seguridad saliendo del lugar “con una maleta y un casco” antes de la llegada de la familia. Posteriormente fue capturado en Bogotá ocho días después. En audiencias preliminares, según el padre de la joven, se mostró "muy relajado, muy tranquilo como si nada" y hasta ahora "no acepta cargos".Mientras avanza el proceso judicial, Faustino pidió una condena ejemplar. "Yo le pido a las autoridades que pague por lo que hizo para que sea un ejemplo para Colombia... que haya ley, por favor, que se pague todo lo que hizo como debe ser", expresó.
El crimen de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, ocurrido el pasado 11 de febrero de 2026 en el norte de Bogotá, ha encendido nuevamente la discusión sobre la seguridad en la capital del país y sobre los ataques contra los arroceros. El asesinato no es un hecho aislado; con su caso ya son cinco los empresarios vinculados con el cultivo del arroz que han sido asesinados desde 2023.Aponte fue atacado por sicarios cuando salía de un gimnasio en compañía de su escolta. De acuerdo con los investigadores, el homicidio dejó ver un plan criminal estructurado: hubo seguimientos previos y participación de una organización criminal organizada. El caso encendió la alarma sobre el riesgo que enfrenta el gremio arrocero.Cinco arroceros han sido asesinados desde 2023De acuerdo con información revelada por El Tiempo, las autoridades documentan que, además del asesinato de Gustavo Aponte, existen otros cuatro casos que refuerzan la hipótesis sobre una violencia focalizada contra empresarios del arroz. Las víctimas son:Campo Elías Urrutia, asesinado en diciembre de 2025 en su finca en Tauramena, Casanare. Integraba la junta directiva de Fedearroz.Carlos Yorelmy Duarte Díaz, baleado en 2024 en un restaurante cercano al búnker de la Fiscalía en Bogotá. En su caso se investigan presuntos vínculos con narcotráfico.Mario Patiño, asesinado junto a su hijo en Armenia en 2024.Álvaro Londoño Restrepo y su esposa Zaida Restrepo, atacados en Meta en diciembre de 2023.Los homicidios han generado inquietud sobre un posible patrón criminal dirigido contra el gremio.¿Cuáles son las hipótesis detrás del asesinato de Gustavo Aponte?Entre las líneas de investigación se señala que el motivo del asesinato serían posibles extorsiones; ante ello, se analizan denuncias sobre exigencias de pagos por hectárea sembrada, así como la eventual infiltración de bandas criminales que usarían el negocio del arroz para actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico.Adicionalmente, las autoridades estudian si existen disputas económicas y expedientes judiciales en el entorno financiero de las víctimas. La idea es conocer si hay relación entre los casos o si el homicidio corresponde a motivaciones distintas.El asesinato de Aponte no solo deja a una familia buscando respuestas, sino que profundiza el temor en el sector agrícola del país, donde la alerta no es solo por la productividad, sino también por la seguridad ante el incremento de estructuras criminales.
La Vicerrectoría de la Universidad Nacional informó que llegaron alrededor de 750 personas a la Ciudad Universitaria en 17 buses, aproximadamente a las 7:00 de la mañana de este domingo 15 de febrero. En los buses venían personas de comunidades afrodescendientes y campesinas que hacen parte de 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).Aunque la solicitud para alojarse dentro del campus no fue autorizada, las y los manifestantes ingresaron de manera pacífica y se instalaron en la Concha Acústica. Ante esta situación, la vicerrectora, Carolina Jiménez, estableció contacto con las vocerías de la movilización social, activó el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (CPRAE) y solicitó la activación de los Puestos de Mando Unificado (PMU) nacional y distrital, con el apoyo de las entidades competentes. La primera sesión del PMU se realizará a las 11:00 de la mañana.Los viceministerios para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, y de Educación Superior informaron que no tenían conocimiento previo de esta movilización para presentar exigencias ante el Gobierno nacional. La Universidad reiteró que sus instalaciones no cuentan con condiciones adecuadas para el alojamiento de personas y que los protocolos de emergencia no están diseñados para atender este tipo de situaciones.Las actividades académicas y administrativas continuarán con normalidad, excepto las actividades deportivas en la Concha Acústica, que fueron suspendidas.
En la tarde de este miércoles 22 de octubre, cerca de 30 personas de la comunidad indígena Emberá y comunidad afro trataron de tomarse, nuevamente, los espacios del Parque Nacional sobre la carrera Séptima en Bogotá. Sin embargo, como lo confirmó el Gobierno distrital, las autoridades reaccionaron y evitaron la toma.El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que este hecho se registró sobre la 1:00 de la tarde.“Sobre la 1:00 p. m. más de 30 personas intentaron ocupar el Parque Nacional. Sin embargo, la anticipación y el ejercicio de autoridad de nuestros equipos permitieron anular cualquier forma de toma. Este es un espacio de toda la ciudadanía que seguiremos cuidando”, escribió el secretario.Entre tanto, según el Distrito, algunas personas manifestaron que estaban allí por falta de cumplimiento en los acuerdos y otros indicaron que llegaron al parque presuntamente engañados, al haber recibido información de una supuesta entrega de alimentos.Cabe resaltar que a inicios del mes de septiembre del 2025, más de 300 indígenas de esta comunidad salieron del Parque Nacional hacia los territorios después de una larga conversación con el Distrito. Situación que también se hizo con los indígenas que estaban asentados en el Parque La Florida y la UPI La Rioja.Al momento, confirmaron que hay más de 300 integrantes de esta comunidad en Bogotá que se acogieron a programas del Distrito, como se había propuesto, y algunos otros continúan en albergues temporales a la espera de decidir si regresan o no a los territorios.
En la Zona T de Bogotá (entre las carreras 11 y 15 y calles 80 a 85) se ha identificado una presunta red organizada que instrumentaliza a niños, niñas y adolescentes para la mendicidad ajena y, potencialmente, para la explotación sexual comercial. Ciudadanos, comerciantes y personal de seguridad han reportado la presencia constante de menores controlados por adultos, quienes actúan con aparente impunidad pese a intervenciones policiales.Entre los principales actores destaca un hombre apodado 'El Gordo', señalado como el encargado de distribuir a los menores para mendicidad y que, pese a ser detenido en varias ocasiones, es liberado por falta de pruebas. También se ha observado una pareja que utiliza bebés diferentes cada día y niñas de 8 a 12 años que se acercan selectivamente a hombres extranjeros, bajo la supervisión de adultos.De acuerdo con el secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, en diálogo con Blu Radio, la trazabilidad para localizar a los padres de los menores ha sido complicada:“Entonces empezamos a darnos cuenta de que sí, en efecto, había una persona que estaba presuntamente articulando la explotación de los niños en actividades de mendicidad en la zona. Pero lo que sí despertó todas las alarmas en distintas modalidades era la confusión sobre los padres. No era fácil identificarlos. Un pariente era un amigo. Había muchas versiones encontradas, versiones que eran contradictorias a través del tiempo. Un día era un amigo, otro día un pariente. Y eso fue lo que nos llevó a generar todas estas pruebas”, confirmó Angulo. En la denuncia radicada se incluye un cuadro de trazabilidad que especifica la fecha, lugar y hora en que se estaría desarrollando la actividad de mendicidad con los menores de edad, reconfirmando que la ubicación predilecta para estas prácticas es sobre la Calle 82 y 85 frente al centro comercial Andino.En las fotos anexadas al documento también se observa la presunta presencia de alias El Gordo en algunas bancas de la Zona T, dando indicaciones a los menores que estaban a su alrededor. Por otra parte, la denuncia radicada ante la Fiscalía, que ya cuenta con noticia criminal, confirma que continúan las labores de investigación y recopilación de pruebas.
El alcalde Carlos Fernando Galán fue citado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a una audiencia pública este miércoles 22 de octubre, tras la solicitud formal de iniciar un proceso de revocatoria de su mandato. La iniciativa fue presentada por el concejal Jairo Avellaneda, de Colombia Humana, quien argumenta que en Bogotá existe una “insatisfacción generalizada” por el manejo que el mandatario ha dado a temas como seguridad, basuras y movilidad.De acuerdo con el documento presentado ante el CNE, el proceso se encuentra en la etapa de validación del comité promotor, paso previo a la recolección de firmas. En caso de ser aprobado, los impulsores deberán reunir al menos un millón de apoyos ciudadanos para que la solicitud sea revisada oficialmente por la autoridad electoral.Por qué piden la revocatoria de GalánEl concejal Avellaneda explicó que en la audiencia expondrá los argumentos que sustentan la petición. “Estamos inundados de basuras, la inseguridad está desbordada y la movilidad es un caos”, afirmó, agregando que sindicatos y líderes sociales han expresado su respaldo a la iniciativa.Según el concejal, los problemas que enfrenta la capital van más allá de simples fallas administrativas. “Bogotá atraviesa una catástrofe sanitaria y administrativa”, señaló, al referirse a la acumulación de residuos y los riesgos que esto representa para la salud pública. También criticó el manejo de la seguridad, asegurando que la delincuencia ha aumentado en varios sectores.“Galán ha fallado estrepitosamente; su ineficiencia es evidente y se requiere la revocatoria para restaurar la dignidad de Bogotá”, concluyó Avellaneda.Qué se viene para Galán en el proceso del CNELa audiencia convocada por el CNE se llevará a cabo en horas de la tarde y contará con la participación de los promotores de la iniciativa, quienes deberán sustentar las razones por las cuales consideran que el alcalde ha incumplido su plan de gobierno.Aunque la Alcaldía Mayor de Bogotá no ha emitido aún un pronunciamiento oficial, la citación representa un nuevo frente político para Galán, que deberá defender su gestión ante el organismo electoral.En esta etapa, el CNE no evalúa la procedencia de la revocatoria, sino la validez del comité promotor. Si los formularios son autorizados, los impulsores del proceso tendrán un plazo determinado para recolectar las firmas necesarias.Cabe recordar que la revocatoria de mandato es un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución, mediante el cual los votantes pueden retirar del cargo a un funcionario elegido por voto popular antes de que finalice su periodo, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) anunció la realización de la audiencia pública ambiental del proyecto Accesos Norte Fase II, Unidades Funcionales 1 a 5, a cargo de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S., como parte del proceso de evaluación de la licencia ambiental.El proyecto se desarrollará sobre la Autopista Norte, entre las calles 191 y 245, en jurisdicción del Distrito Capital, con influencia en las localidades de Usaquén y Suba. Su objetivo es mejorar, rehabilitar, ampliar y mantener un tramo de 5,8 kilómetros por calzada, incorporando espacio público, andenes y ciclorrutas. La ampliación se ejecutará sobre el separador central existente, manteniendo los tres carriles actuales e incluyendo uno adicional para el transporte masivo.La convocatoria de la audiencia se realiza en atención a solicitudes respaldadas por más de cien ciudadanos y cuatro organizaciones sin ánimo de lucro, en cumplimiento del artículo 72 de la Ley 99 de 1993 y el decreto 1076 de 2015, que exigen este mecanismo de participación cuando se cumplan dichas condiciones.El proceso contará con dos espacios de diálogo ciudadano. El primero será la reunión informativa, programada para el sábado 8 de noviembre de 2025; el segundo, la Audiencia Pública Ambiental, se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre de 2025, ambos en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (AK 45 #205-59).La participación es libre. Quienes deseen intervenir o presentar ponencias deberán inscribirse previamente hasta el 25 de noviembre, a través del formulario en línea de la Anla, la línea gratuita nacional 01 8000 112 998, el teléfono (601) 254 0100, el correo licencias@anla.gov.co o de manera presencial en las sedes de la CAR y las Personerías de Usaquén y Suba.Ambas jornadas serán transmitidas en vivo por el canal de YouTube de la Anla (@Anla_Col), con interpretación en lengua de señas colombiana, garantizando la accesibilidad y la participación virtual.La audiencia pública ambiental busca que la comunidad conozca los posibles impactos del proyecto y las medidas de manejo propuestas, fortaleciendo la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre proyectos que afectan su entorno.