De escena de película terminó un operativo en el municipio de Fonseca, La Guajira, cuando un capturado intentó huir de la Policía Nacional teniendo las esposas puestas, incluso, estando en la patrulla mientras se adelantaba todo en un sector concurrido de esta población.Todo sucedió luego de que este hombre fuese capturado por las autoridades por su presenta participación en un robo. La Policía lo atrapó y lo puso en la patrulla mientras adelantaba el operativo, ahí fue que aprovechó teniendo las esposas para bajarse de esta y salir corriendo, dejando sorprendidos a todos los que transitaban en ese momento por esta zona.La persona volvió a ser detenido poco después gracias a la rápida reacción de las autoridades y el caso no pasó a mayores. De hecho, este hombre fue trasladado a una estación policial y se generó un informe interno para conocer cómo y por qué logró abrir la patrulla pese a estar esposado y casi escapar de la escena del crimen.Si bien el hecho causó risa en redes sociales, las autoridades lo vieron como un signo de alerta a la hora de llevar el operativo porque en otro contexto y sin el apoyo de la comunidad podría haber escapado.Este caso de inseguridad se sumó a otro que sucedió recientemente cuando se dio un robo a mano armada en una sucursal de un banco, delincuentes lograron llevarse cerca de 21 millones de pesos y el caso llegó a las manos de las autoridades quienes investigan y tratan de dar con los responsables de este hecho que, según cámaras de seguridad, atemorizaron a todos los que se encontraban en ese momento y en dos ventanillas del sitio.Estos casos de inseguridad han generado preocupación en la población y esperan que haya una mayor rigurosidad por parte de las autoridades para evitar que se sigan repitiendo.
Un juez de conocimiento impartió una condena de 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el ‘Negro Ober’, por amenazar a la fiscal que tenía a su cargo el proceso en contra de su esposa, Yulieth Vanesa Rodríguez, alias Johana.Como lo relató en ente acusador, los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de marzo de 2023 cuando el señalado cabecilla de la organización delincuencial los ‘Rastrojos Costeños’ grabó y publicó desde la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, un video en el que intimidaba a la funcionaria judicial y hablaba de posibles acciones criminales si seguía adelante con la judicialización de su pareja.Añadió la Fiscalía que ante la contundencia de las pruebas, alias el ‘Negro Ober’ admitió su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, lo que generó que este nuevo proceso se adelantara con mayor celeridad.En 2023, la Fiscalía imputó a la pareja del ‘Negro Ober’, Julieth Vanessa Martinez Cantillo, alias ‘Johanna’, los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados.
El panorama es preocupante en la red pública hospitalaria del Atlántico, donde las deudas con sus contratistas ya se extienden a los seis meses de salario, según el Sindicato de Trabajadores de la ESE UNA. Apunta el presidente sindical, Edgardo Cera, que enviarán una carta al presidente Gustavo Petro para que los rescate de un posible colapso en las operaciones.De hecho, declaró Cera que hace unos días hicieron una querella ante el Ministerio de Trabajo, pues la gerente interventora Maryury Díaz no mostró muchas intenciones de pagarles en la más reciente mesa de trabajo realizada.“En la carta le manifestamos que intervenga, que se apersone prácticamente de la situación que está pasando aquí y que el Gobierno nos ayude inyectando recursos. Luego, habría que activar los servicios que están prácticamente cerrados como en la consulta externa o las contrataciones con la EPS, en especial las que están intervenidas. Desde allá nos pueden ayudar un poco más”, mencionó a Blu Radio.La situación es tan crítica que, por ejemplo, en el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad hay ahora mismo una facturación total de 4.000 millones de pesos, cuando en realidad sus instalaciones requieren de gastos o mantenimientos estimados en 20.000 millones de pesosEn la misiva fueron presentados reclamos por falta de pago al personal (especialistas, médicos, enfermeras y otros), renuncias del personal médico asistencial, baja en la facturación de los servicios prestados, servicios cerrados (Unidades de cuidados intensivos adultos- pediátrica- neonatales), servicios de Atención de servicios de consulta externa cerrados, servicios tercerizado (Radiología entre otros, UCI adultos en algunas sedes), Falta de confianza del personal médico e incumplimiento de la convención colectiva.Se puede leer en el documento que la liquidación de esta entidad solo acarreará fallas en la prestación de los servicios de salud a la población más necesitada, sumados al aumento del desempleo, dado que la sede Juan Domínguez Romero -CACR Soledad, se encuentra ubicada en un municipio con altos índices de violencia en el Dpto. del atlántico.Señala que en días pasados el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una inversión de $54.000 millones destinada a la recuperación integral de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), que, a la fecha, no han visto materializada, teniendo en cuenta que el pasivo que se refleja asciende a la suma de 210 mil millones de pesos aproximadamente.“Su gobierno que elegimos y seguimos apoyando, tiene el deber, creemos, de colocar personas probas e idóneas al frente de esta entidad capaces de salvarlo. Es necesario arrebatar la salud al monopolio privado que reina en este departamento. Esta acción, se sumaría a los avances que, en este sector, ha tenido su Gobierno, consolidándola como prioridad nacional, mejorando la calidad del servicio de salud a nivel nacional, departamental y municipal”, acotan.“Agradecemos su atención a esta solicitud urgente para proteger instituciones vitales como la nuestra, que trabajan por el bienestar de los pobres y olvidados de esta comarca”, finaliza la carta.
“No está disponible” es la frase que se volvió usual para los más de 400.000 usuarios de la Nueva EPS en el Atlántico, a los que desde el mes de diciembre se les fue suspendida la entrega de medicamentos por la millonaria deuda que esta entidad mantiene con el que era su dispensario médico.Eso deriva en una crisis de pacientes que hoy se están agravando por no continuar con su tratamiento al pie de letra. Tal es el caso de William González, quien dice que optó por tomar una bicicleta desde Soledad para recorrer todos los puntos de Cafam y Nueva EPS en busca de los frascos de Rivaroxabán que necesita su hermana, a la que operaron de corazón abierto y desde hace un año no tiene acceso a sus pastillas.“Se están demorando como seis meses para entregar las medicinas. Uno va y no las hay. Recorrí todas las farmacias desde el Hipódromo, en Soledad. Allá abajo, no las hay, y cuando subo para acá, tampoco. Solo le entregan una parte”, dijo a Blu Radio.La desesperación de William es doble pues a su hermana también le hicieron una cirugía en su columna hace un mes, luego de una caída en su hogar.Casos como este son tratados por el veedor Andrés Meza Pérez, quien hace parte de la Asociación de usuarios de Nueva EPS en el Atlántico. Denuncia que a la crisis de medicamentos se le unen problemas como la agendación de cita con especialistas, las cuales solo están disponibles hasta cinco meses después.“¿Cómo va a ser posible que los códigos y los estatutos del Ministerio de Salud dice que una cita debe ser agendada en no más de 17 días y la dan hasta cinco meses después? No es justo. A veces hay pacientes que están programados para asuntos de una operación y cuando el protocolo se cumple ya es demasiado tarde. Tienen que agendar para mucho tiempo después”, agregó.Meza vive el sufrimiento en carne propia por ser paciente de hemodiálisis, pero su crítica se dirige al Gobierno pues tampoco hay estabilidad de los funcionarios de estas entidades.“Tratamos de minimizar todo esto, pero no podemos porque siempre nos quitan al interventor o cambian a los gerentes. Cuando se tiene algo plasmado luego de meses trabajando, vuelve a suceder. Todo lo que se adelante se pierde, pues una persona no va a firmar lo que otro ya dejó”, concluyó.A las afueras de una sede de la Nueva EPS encontramos -por ejemplo- usuarios que sufren de presión y que desde octubre tienen que comprar medicinas por su cuenta. Del mismo modo, padres de familia a los que a sus hijos con síndrome de down les suspendieron la entrega de hasta pañitos húmedos. Muchos salen molestos y dispuestos a radicar tutelas para solucionar su situación.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) respondió a las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien advirtió sobre una posible intervención de la institución por presuntos retrasos en la formalización laboral y la ejecución de proyectos por 33.000 millones de pesos. La gerencia del hospital aseguró que existe voluntad clara de avanzar en la formalización, pero advirtió que esta debe hacerse con criterios técnicos, financieros y legales que garanticen la sostenibilidad de la entidad.El gerente del HUS, Ricardo Hoyos, explicó que durante la visita de los ministros de Trabajo y Salud se reiteró el compromiso de adelantar un proceso de formalización laboral “responsable, sostenible y ajustado a la ley”, con el fin de preservar la estabilidad institucional y la continuidad en la prestación de los servicios de salud.Frente a los recursos mencionados por el Ministerio, la institución precisó que los cerca de 60.000 millones de pesos anunciados en noviembre pasado no corresponden a incentivos nuevos, sino al pago de una deuda histórica del Gobierno Nacional por la atención brindada a población migrante.“Son recursos por servicios ya prestados y una obligación legal del Estado, no un fondo adicional para ampliar la planta de personal”, señaló la gerencia.El hospital subrayó que cualquier ampliación de la planta implica costos permanentes, especialmente en un contexto de aumento del salario mínimo, por lo que debe garantizarse la sostenibilidad presupuestal a largo plazo. En ese sentido, Hoyos recordó el antecedente del antiguo Hospital Ramón González Valencia, liquidado en 2005 por falta de pagos, como un riesgo que no puede repetirse.La administración del HUS advirtió además que la formalización no puede ejecutarse de manera improvisada ni bajo presiones coyunturales, ya que requiere análisis técnicos, respaldo financiero y la aprobación de la junta directiva, órgano competente para autorizar decisiones estructurales que comprometen el futuro de la institución.Otro de los puntos señalados por el hospital es la crítica situación de cartera. Según la gerencia, sin garantías de continuidad en los pagos del Gobierno Nacional y el cumplimiento oportuno de las EPS, cualquier proceso de formalización representaría un riesgo financiero. Indicó que las EPS intervenidas adeudan cerca de 300.000 millones de pesos, cifra que equivale al 70 % de la cartera y que se incrementó tras las intervenciones.Pese a este panorama, el HUS confirmó que recibió una multa sancionatoria del Ministerio de Trabajo cercana a los 3.000 millones de pesos, aún no ejecutada, y que cuenta con plazo hasta junio para presentar un proyecto base que permita avanzar en la formalización de un grupo significativo de trabajadores. La institución aseguró que este requerimiento está siendo atendido con “seriedad y responsabilidad”.Finalmente, el hospital manifestó preocupación por lo que calificó como discursos con tintes políticos emitidos desde algunos escenarios públicos por parte de los ministerios, en medio de un contexto preelectoral. Según la gerencia, estas manifestaciones generan incertidumbre y afectan la confianza institucional.“El hospital está al día en el pago de salarios, no presenta riesgo financiero inmediato y actúa conforme a la autonomía regional consagrada en la Constitución de 1991”, concluyó el HUS, insistiendo en que la formalización laboral debe ser una política de Estado con respaldo financiero continuo y no una exigencia sin garantías.
Los recientes accidentes ferroviarios ocurridos en España, en Cataluña y Córdoba, que dejaron decenas de víctimas mortales y heridos, han reactivado el debate sobre la seguridad de los distintos medios de transporte. En este contexto, expertos en movilidad, datos de aseguradoras y organismos internacionales permiten comparar el nivel de riesgo asociado a viajar en tren, avión, carretera u otros sistemas de desplazamiento.Y es que, el siniestro ferroviario registrado en el sur de España, en el que fallecieron al menos 42 personas tras el descarrilamiento de un tren Alvia operado por Renfe, se suma a otros episodios ocurridos en los últimos días. En Cataluña, un maquinista perdió la vida y más de 30 personas resultaron heridas cuando un tren impactó contra un muro de contención tras un temporal.¿Cuál es el medio de transporte más seguro para viajar?De acuerdo con estadísticas citadas por organismos internacionales como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) , el avión es el medio de transporte con menor probabilidad de accidentes mortales.Los datos indican que la posibilidad de fallecer en un vuelo comercial es de aproximadamente 1 entre 8 y 11 millones, dependiendo de la fuente. La mayoría de los accidentes aéreos registrados involucran aeronaves privadas o vuelos no comerciales, mientras que los siniestros en aviación comercial son poco frecuentes.Por ejemplo, en 2023, la aviación tuvo uno de los años más seguros para volar, según la IATA."La tasa de accidentes totales fue de 0,80 por millón de sectores en 2023 (un accidente por cada 1,26 millones de vuelos), lo que representa una mejora con respecto a 1,30 en 2022 y la tasa más baja en más de una década", apuntó la asociación.¿Es seguro viajar en tren?El transporte ferroviario presenta también un historial de seguridad elevado, especialmente en países con infraestructuras modernas y sistemas avanzados de señalización y control automático. Las colisiones entre trenes son poco habituales y las vías exclusivas reducen el riesgo de interacción con otros vehículos.Sin embargo, cuando se produce un accidente ferroviario, el número de afectados suele ser alto y la cobertura mediática amplia, lo que incrementa la percepción de riesgo entre la población.¿Qué tan seguros son los otros medios de transporte como barco, autobús, carro, etc.?Según datos recopilados por Generali Seguros, el autobús se sitúa entre los medios más seguros para trayectos terrestres. En España, en 2018 se registraron 12 fallecimientos relacionados con accidentes de autobús, una cifra inferior a la de otros sistemas de transporte.En el caso del transporte marítimo, tanto ferris como cruceros mantienen tasas de siniestralidad bajas. Las estadísticas señalan que la mayoría de las muertes en el mar están vinculadas a embarcaciones recreativas y no a servicios comerciales de pasajeros.Por el contrario, la bicicleta sí ha experimentado un aumento en el número de usuarios, especialmente en entornos urbanos, pero también un crecimiento en las cifras de fallecidos. A diferencia de otros medios, su seguridad depende en gran medida de la infraestructura vial y de la interacción con vehículos motorizados.El automóvil, por su parte, continúa siendo uno de los medios de transporte que más accidentes registra, solamente superado por las motocicletas (al menos en Colombia). Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre enero y septiembre de 2025, fallecieron 3.951 motociclistas en el país.
El mundo sigue conmocionado tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en el sur de España. Entre el dolor por las decenas de víctimas que dejó el siniestro, una historia permitió abrirle paso a la esperanza en millones de personas: una niña de tan solo seis años sobrevivió en medio del caos, quedando sola y descalza sobre las vías del tren.La escena fue descrita por los rescatistas como devastadora. Vagones destrozados, metal retorcido y un silencio que solo se rompía con los gritos de aquellos que pedían ayuda. Ante ese panorama, nadie imaginaba encontrar con vida a una menor que logró salir por una ventana rota y caminar hasta encontrarse con un agente de la Guardia Civil.Niña de 6 años sobrevivió a trágico accidente de tren en EspañaSegún reveló en su momento el diario La Vanguardia, el agente quedó sorprendido al hallar a la niña prácticamente ilesa, sin zapatos y visiblemente desorientada. La menor fue llevada rápidamente a un centro médico, donde recibió tan solo tres puntos de sutura en la cabeza. Su estado de salud, de acuerdo con familiares y autoridades, es estable.Juan Barroso, allegado a la familia, confirmó que la niña se encuentra fuera de peligro, un hecho que ha sido catalogado por muchos como un verdadero milagro. En contraste, el accidente dejó al menos 41 personas muertas, entre ellas los padres, el hermano y un primo de la menor, quienes viajaban en los vagones delanteros, los más afectados por el impacto.Estaba descalza en las vías tras escapar del vagónEl tren se descarriló de forma repentina y cayó por una pendiente pronunciada, por causas que aún son materia de investigación. El interior de los vagones se convirtió en un escenario de terror, según relataron testigos citados por The Associated Press. En medio de ese horror, la niña logró reaccionar, salir del vagón y alejarse del lugar del choque.Las autoridades confirmaron que la familia de la menor llevaba los apellidos Zamorano Álvarez, aunque el nombre de la niña no ha sido revelado para proteger su identidad.El “milagro” que consuela en medio del lutoEl alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández, municipio de origen de la familia, encabezó un minuto de silencio y decretó tres días de luto. En sus palabras, reconoció que el dolor es profundo, pero que la supervivencia de la niña ofrece un pequeño consuelo en medio de la tragedia.Actualmente, la menor se encuentra bajo el cuidado de sus abuelos, hospedados en un hotel de Córdoba, la ciudad más cercana al lugar del accidente. ¿Qué pasó en el descarrilamiento de trenes en Córdoba, España?Este miércoles 21 de enero de 2025 se confirmó que la cifra de muertos aumentó a 45 personas y que decenas más resultaron heridas, luego de que dos trenes expresos descarrilaran cerca del pequeño pueblo de Adamuz, a unos 360 kilómetros al sur de Madrid. El accidente provocó que ambos trenes volcaran y que los vagones delanteros del segundo tren se precipitaran por un terraplén.
Un nuevo hecho de violencia contra la mujer se registró en la noche del martes en Bucaramanga. Una menor de 16 años fue asesinada y otras dos resultaron heridas tras un ataque con arma de fuego que ocurrió adelante de la cancha de tierra del barrio San Miguel.Los hechos se presentaron hacia las 9:38 de la noche en la calle 51, cuando según versiones preliminares y el análisis de cámaras de seguridad del sector, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a las tres mujeres y les dispararon en repetidas ocasiones.La mujer que murió tras recibir múltiples impactos de bala, entre ellos una herida en el centro del cuello que le causó un hematoma, además de lesiones en una rodilla y en la región glútea. Pese a ser trasladada inicialmente a la Clínica Chicamocha, falleció por la gravedad de las heridas.El general Willian Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dio detalles del hecho:"Al parecer había un triángulo amoroso entre uno de los agresores y estas mujeres. Al agresor lo tenemos totalmente identificado, está dedicado a cometer sicariatos y desde la Policía estamos trabajando para capturar a los bandidos".En el mismo ataque resultaron lesionadas Mayra Alejandra Colmenares Amado, con una herida superficial en la región occipital, y Alison Valentina Espitia Argüello, que presentó una fractura ósea. Ambas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Santander, donde permanecen bajo observación médica.De acuerdo con las autoridades, uno de los agresores vestía pantalón blanco y camisa negra, y huyó del lugar junto a su cómplice con rumbo. En el sitio fueron recolectadas seis vainillas calibre 9 milímetros y dos proyectiles.Las primeras hipótesis indican que el crimen estaría relacionado con problemas pasionales, las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y dar con la identificación y captura de los responsables.Este caso vuelve a encender las alarmas sobre la violencia basada en género en el área metropolitana de Bucaramanga, por ello, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier agresión que ponga en riesgo la vida.
La senadora Angélica Lozano se refirió al reciente decreto presidencial que elimina la prima especial de servicios de los congresistas —una bonificación cercana a los 17 millones de pesos mensuales— asegurando que “el decreto es un camino que nunca se había previsto”. La congresista recordó que durante la última década se presentaron 18 proyectos en el Congreso con este mismo propósito: “Doce de reforma constitucional y seis de proyecto de ley. De modo que el decreto sí es algo novedoso”, declaró en entrevista con Mañanas Blu.La medida, firmada por el presidente Gustavo Petro y el Departamento Administrativo de la Función Pública, entraría en vigor el próximo 20 de julio, afectando a quienes resulten electos en los comicios legislativos del 8 de marzo. Lozano celebró la decisión, aunque destacó que el proceso elegido por el Ejecutivo rompe con la tradición institucional: “Personalmente acompaño la decisión, pero sin duda el camino blindado es el de la ley o la reforma constitucional. Este abre una astilla que nunca se habló”.Una lucha de una década por reducir privilegiosLozano, quien ha liderado desde su llegada al Congreso la lucha por reducir los altos salarios de los legisladores, recordó los repetidos intentos frustrados por vía parlamentaria y ciudadana. “En el Congreso, diez años de intentos. El Senado aprobó la eliminación de la prima hace año y medio, pero la Cámara lo hundió al final del trámite”, relató.La senadora también evocó la fallida consulta anticorrupción de 2018, que obtuvo más de 11 millones de votos. “Fue un logro colectivo por encima de todas las diferencias. Logramos el 32% de participación, faltando apenas un punto para hacerla vinculante”, señaló. Para ella, la eliminación de la prima recoge ese mandato ciudadano de austeridad: “Celebro el gesto del Gobierno porque recoge ese mandato que nos unificó por encima de las diferencias”.Riesgos jurídicos y controversia institucionalAunque Lozano destacó el contenido del decreto, alertó sobre su fragilidad legal y los posibles efectos colaterales. “Un decreto es más frágil; es de un gobierno. Y al ser así, deja la puerta abierta a demandas”, advirtió, señalando que la medida podría afectar hasta a 2.500 altos funcionarios cuyos salarios están vinculados al de los congresistas. “País de abogados que somos, habrá controversia jurídica y serán los jueces los que definan”, anticipó.El decreto podría entrar en conflicto con la Ley Cuarta de 1992 y el artículo 187 de la Constitución, disposiciones que establecen el sistema de remuneración para congresistas, magistrados y demás altos dignatarios. “Por eso sorprende el decreto, porque nunca se habló de hacerlo vía ejecutiva”, puntualizó la senadora.Debate político y suspicacias electoralesEl anuncio del decreto coincide con el arranque del periodo electoral, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre sus posibles fines políticos. Lozano misma expresó su sorpresa ante la oportunidad del anuncio: “La sorpresa la guardó para esta época de campaña, donde igualmente es válido, pero no deja de llamar la atención”.En sus declaraciones, la congresista ironizó sobre la coincidencia entre la rebaja de la gasolina y el decreto durante la campaña: “La gasolina subió 8 mil pesos y ahora, mágicamente, en elecciones va a bajar 300. Una coincidencia, bueno para la gente, pero la gente no es boba”. Al referirse al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, con quien ha tenido cruces públicos, señaló: “Él dijo que era una avivatada que el decreto entrara en vigor el 20 de julio. Yo le pregunto, ¿ahora ya no le parece avivatada?”.Impacto político y llamado a la separación de poderesLa senadora también advirtió sobre la creciente concentración de poder en el Ejecutivo. Para ella, el uso recurrente de decretos muestra una tendencia preocupante del presidente Petro: “El presidente ha optado por los ‘decretazos’, por saltarse a las otras ramas del poder. Y el equilibrio institucional es clave para la democracia”, afirmó.Lozano insistió en que el fortalecimiento del Congreso es fundamental para el equilibrio democrático: “Se necesita gente con criterio, que no se venda por ningún puesto, que actúe con rigor y argumentos. Colombia no puede avanzar al son de ningún caudillo”.
En la madrugada de este miércoles se presentó el hecho en el que, según habitantes del barrio San Roque, en el suroriente de Barranquilla, se encontraba departiendo Jonathan José Fontalvo Torres con unos amigos, en la terraza de la vivienda que servía de sede de la danza El Torito Ribeño, de la que era su tamborero.Según residentes del barrio, hasta ese lugar llegó un sicario a pie que le propinó varios impactos de bala a Fontalvo Torres. Acto seguido, el victimario se dio a la huída y en este momento está siendo buscado por las autoridades.Para su hermana, Ingrid Fontalvo, el hecho no tiene explicación, ya que Jonathan, de 41 años, era un hombre trabajador que se dedicaba a la carpintería y a mantener vivo el legado cultural y folclórico de la danza el Torito Ribeño, que lidera su padre, el rey Momo en 2005, Alfonso Fontalvo.“Él era carpintero y no conocíamos que tuviera amenazas. Estamos esperando para ver qué nos dicen las autoridades”, comentó su hermana.La víctima fue trasladada al Hospital de Barranquilla, donde falleció a causa de las heridas.Jonathan Fontalvo era un heredero de la tradición y sin duda hoy su familia, el Carnaval y la danza El Torito Ribereño lamenta su inesperada muerte.El torito RibereñoComo lo destaca Carnaval de Barranquilla, la historia de la danza que dirige Alfonso Fontalvo se remonta al 20 de enero de 1878, “cuando un grupo de jóvenes liderado por Elías Fontalvo fue a la sede de la danza El Toro Grande a pedirles que los dejaran ser miembros del congo, pero fueron recibidos con desdén y rechazados” por su juventud.
Como una “catástrofe” institucional califican la situación que viven alrededor de 550 trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Atlántico a los que no les han renovado sus contratos a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías este 31 de enero. Entre las personas afectadas hay varias mujeres embarazadas y lactantes, denunciaron desde Sintrafamiliar.Alejandro Camargo, presidente de ese sindicato, afirma que el limbo laboral en el que se mantienen más de 550 trabajadores, entre los que se encuentran madres embarazadas o que están en periodo de lactancia, es inédito en los 15 años que tiene trabajando en el ICBF en el Atlántico.“Esto nunca se había visto, que las madres embarazadas y lactantes sean las últimas que contraten. En años anteriores esas personas, máximo el 2 de enero ya tenían contrato para no afectar su hijo, su proceso de maternidad, de lactancia, pero hemos llegado al límite de que a esas mujeres les ha tocado esperar mes y medio, dos y hasta más meses para ser contratadas”, indicó.Agregó el presidente de Sintrafamiliar que lo que se vive en el Centro de Servicios Judiciales Para Adolescentes (Cespa), por ejemplo, es crítico, ya que no hay cómo atender de manera eficiente en este momento a sus internos por el déficit de personal.“En este momento en el Cespa existe una sola nutricionista para tres equipos, dos trabajadoras sociales para cinco equipos. Esto es algo inconcebible. Aquí estuvo la directora nacional en diciembre (Astrid Eliana Cáceres) y dejó unas líneas, pero hoy día solo hemos tenido inconvenientes muy graves”.Camargo subrayó que en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, el paso de cinco directores por el ICBF en el Atlántico, ha generado situaciones como la actual, la falta de una hoja de ruta clara en el plan de acción del Instituto y violencia institucional contra los trabajadores, ya que como él lo afirma, cada uno de ellos quiere imponer sus lineamientos sin valorar al funcionario “por sus conocimientos en políticas sociales, trabajo y respeto por el sentido misional”.Ante esta situación de incertidumbre, señala el presidente de Sintrafamiar, que este jueves muchos trabajadores del ICBF en el departamento de Atlántico realizarán un nuevo plantón en la sede Regional, carrera 46 con calle 61, desde las 2 de la tarde.
En $3.9000 quedó el pasaje que deberán pagar durante este 2026 los usuarios del sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe.La Alcaldía de Cartagena expidió el decreto que fija la nueva tarifa para los usuarios del sistema con un aumento de 500 pesos, es decir, el pasaje pasa de 3.400 a 3.900 pesos, lo que representa una variación del 14,7%.El nuevo valor de la tarifa, que empieza a regir desde el viernes 23 de enero, señaló la Alcaldía, obedece al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor del combustible, que en este caso es Gas Natural, y al aumento del salario mínimo.“Estos factores inciden en rubros como la remuneración a los concesionarios de operación, Sotramac y Transambiental, así como a la empresa contratista que opera TransCaribe Operador (Cartagena Complementaria Social de Indias), así como en acciones necesarias como lavado de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo de la flota, alistamiento, personal de aseo y vigilancia, conductores y operación pública, entre otros”, explicaron en un comunicado sobre el aumento.De igual manera, detallan que en la determinación de la tarifa, el aumento del salario mínimo tiene una participación del 46%, el aumento del IPC del 34%, y el del combustible, del 20%, siendo el salario mínimo el factor de mayor incidencia en el valor final de la tarifa.Convocan plantón en rechazo al incrementoEl anuncio de este incremento generó molestia entre usuarios del sistema que lo calificaron como “desproporcionado”, al tiempo que organizaciones estudiantiles convocaron un plantón para rechazar la implementación de la nueva tarifa este mismo viernes a partir de las 4:30 de la tarde en el Patio Portal.“Sentimos una indignación muy profunda con la decisión del alcalde Dumek Turbay de este incremento injustificado de la tarifa de Transcaribe, que ha quedado como la tarifa más cara del país. Esto representa un golpe durísimo a la clase trabajadora de esta ciudad; cada vez tenemos menos acceso a la ciudad por el gobierno distrital que se ha dedicado a hacer excesivos gastos en show y tarima, sin garantizar derechos básicos como el transporte”, aseguró el Santiago Pombo, integrante de la organización de educación y comunicación popular Fogón Rebelde.Para los organizadores de plantón el servicio que brinda hoy Transcaribe, con buses y estaciones en mal estado, y retrasos en la operación, son otro motivo para rechazar este incremento.“Hace menos de un bus vimos como buses terminaron incinerados por las condiciones paupérrimas de mantenimiento, nos acostumbramos a ver escenas diarias de buses varadas y en mal estado, y sobretodo a ver a los usuarios en hacinamiento, porque la forma en que está organizada este transporte nos trata como ganado”, señaló el joven.
Luego de tres años de separación de cuerpo, ya está lista la separación legal entre Daysuris Vásquez y Nicolás Petro, quienes han sido protagonistas en los últimos años de un escándalo que involucra presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se trata de una decisión proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla, el cual decretó el pasado 18 de diciembre el divorcio del matrimonio civil que se celebró en abril de 2019. Sin embargo, la decisión no habría sido bien recibida por el equipo jurídico de Dayruris, el cual confirmó a Blu Radio que presentará una solicitud de nulidad a esta decisión, debido a que no habrían sido notificados del proceso, lo que no les habría permitido participar del mismo. Vale la pena mencionar que, en el fallo del mencionado juzgado, se cita como un problema jurídico el hecho de que la demandada, en este caso Vásquez, nunca hubiese contestado la demanda. No obstante, al respecto el juez planteó que esta fue notificada "en debida forma". Le puede interesar: Day Vásquez amplía denuncia contra Nicolás Petro por injuria, calumnia y hostigamiento"La demandada se notificó en debida forma y no contestó la demanda, lo que hace entender que está de acuerdo con el divorcio y la propuesta", expone el fallo. Petro Burgos, quien fue el solicitante de la demanda, expuso que solicitaba el divorcio al no tener obligación alimentaria con su ex cónyugue, por lo que solicitaba la liquidación de esa sociedad conyugal, incluyendo una repartición equitativa de los bienes. Petro y Vásquez se habrían separado desde finales de 2022. Su proceso de separación se vio marcado por unas polémicas declaraciones entregadas
El municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, se encuentra de luto tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres hijos de 13, 10 y 6 años. El descubrimiento ocurrió al mediodía del pasado martes, luego de que los vecinos alertaran a las autoridades al no recibir respuesta de la familia.Hipótesis que manejan las autoridades 1. Inhalación de monóxido de carbono: esta es, hasta el momento, la principal hipótesis que maneja la Policía de Bolívar, debido a que el sector estuvo sin servicio de energía eléctrica durante todo el día y la familia habría dejado encendida una planta eléctrica dentro de la vivienda mientras dormían.Así lo planteó el coronel Diego Fernando Pinzón, quien explicó que la familia pudo haber inhalado los gases tóxicos emitidos por el generador durante la noche.2. Intoxicación alimentaria: aunque la inhalación de gases es la línea de investigación más fuerte, el alcalde de Tiquisio, Neil Enrique Cantillo, mencionó una segunda posibilidad, tras analizar si las víctimas pudieron haber consumido un pudín que se encontraba en la nevera, lo que habría provocado una intoxicación letal.Los cuatro cuerpos fueron trasladados al municipio de Magangué, donde Medicina Legal determinará la causa exacta de las muertes.Finalmente, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dispuso un equipo de la Secretaría de Salud para brindar asistencia psicoemocional a los familiares y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario para esclarecer los hechos.
Ana Milena Barón Martínez es la mujer de 37 años que dio la vida por su hijo adolescente en el suroccidente de Barranquilla, tras recibir un mortal disparo en el pecho durante un ataque que iba dirigido contra el menor de edad.El asesinato se produjo hacia las 11:00 de la noche del pasado martes, en la vivienda de la víctima ubicada en la diagonal 75 con carrera 13E, hasta donde llegaron dos jóvenes en motocicleta y armados con una escopeta.Según el reporte preliminar de la Policía, el parrillero se bajó de la moto con la escopeta en mano y apuntó contra el hijo de Ana Milena, pero ella, “en un intento por protegerlo, se interpuso entre él y el agresor, recibiendo un impacto de proyectil a la altura del pecho”.Tras el crimen, los asesinos se dieron a la huida con rumbo desconocido, mientras la mujer fue trasladada al hospital ubicado en el barrio La Manga, donde falleció por la grave herida que sufrió al recibir el impacto de perdigones.El asesino, al parecer, es un joven de 19 años y el ataque estaría relacionado con disputas entre pandillas de adolescentes y jóvenes que han establecido líneas imaginarias en el suroccidente de Barranquilla.
Reforzar los controles sobre los eventos privados que se están organizando en Puerto Colombia, sobre todo aquellos que se realizan sin la expedición de permisos o registro oficiales, es una de las medidas que están tomando las autoridades en este municipio costero del Atlántico tras la matanza registrada el pasado lunes festivo durante una rumba electrónica, donde tres personas fueron asesinadas y otras nueve resultaron heridas.Saúl Leyva, secretario de Gobierno de Puerto Colombia, detalló que durante un consejo extraordinario de seguridad acordaron utilizar drones para vigilar desde el aire las cabañas y zonas donde se realizan estas rumbas a escondidas, mientras personal de Inteligencia de la Policía se enfocará en rastrear por internet las convocatorias de este tipo de fiestas, que suelen promocionarse en redes sociales.Esto último, según indicó el funcionario, es una de las medidas clave tomadas en el municipio, teniendo en cuenta que para el próximo 14 de junio se estaba convocando un evento similar al del pasado fin de semana, por parte de los mismos organizadores de la fiesta en la que ocurrió la balacera."Estamos con un equipo de inteligencia haciéndole seguimiento a cada una de las redes sociales donde han realizado este tipo de invitaciones. Activamos fuentes humanas para que podamos tener en tiempo real este tipo de informaciones y poder de manera contundente atacar este tipo de actividades ilícitas, que finalmente llevan a comportamientos contrarios a convivencia", dijo el secretario de Gobierno.Leyva señaló que la rumba electrónica del pasado puente festivo en la cabaña Villa Olvega fue organizada de forma “clandestina”, pues a pesar de que la convocatoria estaba en redes sociales, su ubicación sólo era conocida por un selecto grupo de personas.Es así como una tercera medida tomada por las autoridades tiene que ver con la instalación de tres puestos de control en Puerto Colombia durante los fines de semana, pues se ha podido establecer que los organizadores de este tipo de eventos están buscando predios rurales para llevarlos a cabo de forma más discreta, sin el control de las autoridades locales.
Alejandra Gómez, hermana de Maciel Gómez, la DJ que murió en una fiesta electrónica en una cabaña del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, el pasado lunes festivo, rompió el silencio y habló sobre la tragedia que viven como familia. De acuerdo con Gómez, su hermana solo se encontraba en el lugar equivocado y que el ataque no iba dirigido hacia ella."Solo puedo decir que lo que le pasó a mi hermana no era para ella y fue por estar en el lugar y momento equivocado. No tenemos enemigos", escribió la hermana de la DJ, quien aprovechó y pidió mayor respeto por la situación de dolor que están viviendo ella y su familia."Respeten el dolor ajeno por Dios. Hay una familia devastada, tanta insensibilidad, tantos juicios sin fundamento", aseveró la joven.Alejandra también aprovechó, en otras publicaciones, para hablar de su hermana, a quien calificó como "talentosa", "consentida", y "su hija mayor"."Eras mi complemento, mi equipo de trabajo, tengo el alma partida en mil pedazos, este dolor será para toda la vida y nunca te voy a superar", escribió Alejandra en sus redes sociales.Medidas de las autoridades tras ataque en cabaña de Puerto ColombiaAnte la falta de control a las fiestas privadas que se realizan en este municipio, se dio a conocer que, hasta con drones, van a vigilar las cabañas que sean usadas para este tipo de fiestas con el fin de ponerle freno a estos encuentros clandestinos.
Tres días completan desaparecidos dos mineros oriundos del corregimiento de Puerto Rico, en zona rural del municipio de Tiquisio en el sur de Bolívar.Según información preliminar, los dos hombres habrían sido secuestrados por el ELN en límites entre los municipios de Morales y Montecristo en una zona conocida como Las Culebras.Lo que se conoce hasta el momento, es que los dos mineros, identificados como Juan Montaño y Jaime Villalba, de 20 y 25 años aproximadamente, se desplazaban hacia su lugar de trabajo el pasado domingo 1 de junio cuando fueron retenidos, al parecer, por integrantes de este grupo armado que delinque en esta zona.Las autoridades no han entregado mayores detalles sobre la situación de los jóvenes, sin embargo se conoció a través de medios digitales del sur de Bolívar que las familias están pidiendo ayuda a la Gobernación de Bolívar e intervención de la iglesia Católica para que ambos sean devueltos a sus hogares lo más pronto posible.
Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres pequeños hijos, de 13, 10 y 6 años, son las víctimas de una terrible tragedia que enluta al municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar. La joven madre fue encontrada muerta, junto a sus tres hijos, al interior de su vivienda durante el mediodía de este martes.De acuerdo al reporte preliminar de la Policía de Bolívar, las primeras hipótesis apuntan a que se trató de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, sin embargo, será Medicina Legal la encargada de entregar el dictamen final.“Presuntamente, las víctimas habrían utilizado una planta eléctrica, al interior de la residencia, para suplir la falta de energía eléctrica que se presenta en el municipio desde el pasado 19 de enero. El equipo habría permanecido encendido durante la noche, generando la inhalación de gases tóxicos: monóxido de carbono”, explicó el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar.Asimismo, el oficial señaló que la investigación quedó a cargo del CTI de la Fiscalía General de la Nación.Le puede interesar: Hospitalizan a niño de 8 años por intoxicación con pólvora en Barranquilla Por su parte, el alcalde de esa población, Neil Enrique Cantillo, detalló que los cuerpos de madre y sus hijos fueron hallados luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades ante la falta de respuesta de la familia durante el día de hoy.“Los vecinos comentan que, en vista que era tarde, y que no se había levantado la familia, proceden a abrir la puerta y encuentran los cuerpos en la habitación. Lamentablemente todos estaban muertos. Por ahora, hay varias versiones. Se hablaba de inhalación de gases, también que habrían consumido un pudín que fue encontrado en la nevera, pero hasta el momento no sabemos”, dijo el mandatario en diálogo con BLU Radjo.La cuerpos de familia fueron trasladados al municipio de Magangué.
Setenta y dos cartuchos calibre 5.56, 40 panfletos y una especie de estatuto disciplinario del Clan del Golfo, hacen parte del material incautado a cuatro personas que se movilizaban en un vehículo en la vía Arjona–Gambote, en el departamento de Bolívar.Los capturados, tres hombres y una mujer, quienes harían parte del GAO Nicolás Antonio Urango Reyes, fueron sorprendidos en medio de un procedimiento de registro y control de uniformados de la Policía de Transito y Transporte.“El procedimiento se desarrolló en la vía que comunica el municipio de Arjona con el peaje de Gambote, específicamente en el puesto de control ubicado en la báscula, donde los uniformados realizaron la inspección que permitió la aprehensión de los sospechosos”, detalló el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar.Entre los capturados se encuentra Duber Esneider Echeverry, de 26 años, alias 'Marcos', señalado como presunto cabecilla financiero de zona.“Este resultado operacional representa una afectación directa a las estructuras criminales que pretenden generar temor y desestabilizar la seguridad en el departamento. Continuaremos ejerciendo controles permanentes en los corredores viales y trabajando de manera articulada con la Fiscalía para proteger la vida y la tranquilidad de los bolivarenses”, señaló el oficial, al tiempo que explicó que sobre alias ‘Marcos’ hay una condena vigente por delitos relacionados con armas de fuego.Los cuatro capturados deberán responder por los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.
La Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Policía Nacional acordaron el lanzamiento de una estrategia de identificación, búsqueda y judicialización de actores criminales, a los que se les acusa de varios homicidios, extorsiones y venta de drogas tanto en la ciudad como en el área metropolitana.Como parte de esta estrategia, se han diseñado y puesto en circulación tres carteles informativos, cada uno con 20 siluetas de personas relacionadas con estos hechos delictivos, sobre quienes se ofrece pago de recompensa a quienes suministren información veraz y oportuna que permita su plena identificación, ubicación y captura.Esta acción focalizada se desarrolla en sectores priorizados de la ciudad de Barranquilla, especialmente en los barrios El Bosque y Simón Bolívar, así como en el municipio de Soledad, zonas donde se han identificado dinámicas criminales que vienen siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.Al respecto habló el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, Yesid Turbay, remarcando que los pagos son desde el millón de pesos en adelante.“Desde la Alcaldía Distrital reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de los barranquilleros. Esta estrategia de recompensa es un mensaje claro para quienes insisten en delinquir: no habrá espacios de impunidad. La información de la ciudadanía es clave para seguir desarticulando estas estructuras criminales y devolverle la tranquilidad a nuestros barrios”, fueron sus palabras.Por su parte, el brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: "Estamos fortaleciendo nuestras capacidades de inteligencia, investigación criminal y trabajo comunitario. Estos volantes hacen parte de una estrategia contundente que busca el apoyo directo de la ciudadanía para identificar a los responsables de graves hechos que atentan contra la vida y la seguridad. Garantizamos absoluta reserva, confidencialidad y una reacción inmediata de nuestras unidades”.La Policía Nacional reitera que toda la información suministrada es completamente confidencial y segura, y puede ser comunicada a través de la Línea de Emergencias 123, la línea directa 323 273 0948, así como a las líneas contra el crimen 317 896 5523 y 321 394 5266, garantizando absoluta reserva.
Luego de entregar los requerimientos legales pendientes y, también pasar una prueba de resistencia en sus palcos, fue aprobada en la mañana de este martes 20 de enero la realización de las corralejas de Sincelejo que iniciarán desde esta tarde hasta el próximo domingo.El tradicional evento estuvo a punto de ser cancelado debido a una medida cautelar proferida por el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia de Sincelejo, en la que se ordenaba paralizar la construcción del lugar por falta de licencia para ello.Sin embargo, a partir de la realización de los trámites por parte de los privados que estaban encargados del montaje de los palcos y las graderías, se logró terminar la construcción de la estructura mientras se tramitaba la documentación requerida para garantizar la seguridad a los asistentes.Esta podría ser la penúltima corraleja que se desarrolle en el marco de las fiestas del 20 de enero, teniendo en cuenta que a partir de julio de 2027 entrarían en vigor las prohibiciones establecidas en la ley 2385 de 2024. Esta ley prohíbe las peleas de gallos, corralejas, coleos y toda clase de actividad de entretenimiento que implique el uso de animales.Por lo pronto, desde el equipo de la Defensa Civil en Sucre aseguran estar listos para atender las emergencias que se puedan generar a partir de estas fiestas.“La Defensa Civil desde sus capacidades operativas y como integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y en este caso para las corralejas de este año, hemos analizado todas las actividades que se van a desarrollar. Se dieron las recomendaciones de las medidas preventivas que esperamos que los promotores de este evento de afluencia masiva las ejecuten para evitar situaciones especiales”, dijo el mayor Mauricio Rodriguez Ardila, director de la dependencia.“Se dispondrá un dispositivo en terreno de dos equipos de respuesta y un funcionario dentro del puesto de mando unificado que será instalado en el sector de las corralejas. odo esto para la coordinación de apoyos en camilla o actividades de atención que se requieran dentro del desarrollo de esta actividad. Habrá disponibilidad operativa en coordinación con la Cruz Roja”, agregó.Para este año se espera la asistencia de por lo menos 7.000 espectadores, mientras que se tiene previsto que el primer toro salga al ruedo desde las 2:00 de la tarde.
Hay luto en el norte de Barranquilla, más específicamente en el conjunto Paseo del Parque, ubicado en el barrio Villa Carolina, donde pasadas las 8:00 de la noche de este lunes 19 de enero se registró la muerte de un niño de 12 años que cayó al vacío desde el noveno piso de esta edificación.De acuerdo a los primeros reportes del caso, el menor estaba intentando hablar y jugar con sus amigos desde el balcón mientras estaba sobre una silla. Luego, en medio de un aparente descuido, terminó perdiendo su equilibrio.La emergencia alertó a todos los vecinos, quienes a su vez dieron pronto aviso a las autoridades pese a que fue demasiado tarde para intentar salvarle la vida.“Considero que fue la brisa. El niño era una persona alegre, vivía siempre con su mamá, una vecina muy buena. Estoy impresionada completamente. Le echo la culpa a la brisa, yo vivo allí y pegan los vientos horrible”, declaró a los medios de comunicación una de las vecinas del conjunto.“Su cuerpecito era delgado. Sé cómo debe sentirse esa madre, estoy llorando por su mamá. Él subirá al cielo. Tengo cinco años desde que se murió mi hijo con la pandemia y todavía lo lloro como si fuera la primera vez. Nadie sabe lo que es la muerte de un hijo o una madre hasta que no lo vive. Lamentando mucho esta tragedia, eso es para que los padres tomen conciencia de no mudarse a pisos tan altos para tener niños pequeños. Se pueden utilizar mallas también”, agregó.La noticia también fue lamentada por comerciantes de la zona, quienes acostumbraban a verlo jugar por las tardes: “Era alegre, divertido. Lo que pasa es que la situación es fuerte. Apenas me estoy enterando, solía verlo cuando salía a caminar, o hacia la Olímpica”.Hasta el punto llegaron uniformados de la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla para ponerse adelante del caso.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, la Consejería Comisionada de Paz recordó que el próximo 20 de enero vence el plazo acordado entre los cabecillas de las bandas criminales ‘Los pepes’, y ‘Los Costeños’ para que dichas estructuras desacelerar los actos de violencia urbanas como gestos de paz, razón por la cual el Gobierno nacional adoptó una serie de decisiones para dar continuidad al proceso.Entre las determinaciones anunciadas, se destaca la continuidad de Camilo Pineda como facilitador del proceso, quien contará con el respaldo del sacerdote católico Cyrillus Swinne, reconocido por su labor comunitaria en el Atlántico, con quien concertó una agenda de trabajo social con epicentro en el barrio La Paz del suroccidente de Barranquilla.La continuidad de Pineda en el cargo estuvo cuestionada luego de que se frenaran, por el momento, los traslados a cárceles de Barranquilla de alias ‘Castor’, ‘el Negro Ober’ y otros lideres de zona de Los Costeños.“El Gobierno indica que avanzará en una agenda de trabajo referente a un espacio de conversación socio jurídico con las autoridades del territorio para definir una hoja de ruta concertada sobre los indicadores, las metas y las acciones más adecuadas para avanzar hacia la construcción de paz, sometimiento a la justicia y tránsito hacia la legalidad de las personas que se acojan a este proceso de paz urbana”.Enfatizó que las medidas de traslados de los integrantes de “Los Costeños” se mantienen aplazadas, sin embargo el proceso de exploración sigue abierto con los líderes de esta estructura, así como con los líderes de "Los Pepes".Asimismo, el Gobierno hizo un llamado a las autoridades territoriales y a la Policía en Barranquilla y el Atlántico para reforzar el cumplimiento de sus competencias en materia de seguridad y combate al crimen, subrayando la importancia de garantizar tranquilidad ciudadana de cara a la celebración de los Carnavales.